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Jefe de estado

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"Esto deja el rol actual de Colombia en una situación actual de aislamiento y de un país que nuevamente se pone de espaldas al concierto Latinoamericano y que volvió a un alineamiento extremo con los Estados Unidos y que a pesar de que puede jugar un rol más constructivo, se ha vuelto a un aislamiento paulatino en la región producto de su política exterior", señala el profesor Eduardo Pastrana de la Pontificia Universidad Javeriana.

El docente destaca que uno de los casos que más se resalta es que "los representantes diplomáticos no hablan inglés, o no conocen la cultura del país sino que han llegado a esa posición como una cuota de favores políticos".

Para la profesora Diana Andrea Gómez, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), esta mirada ideológica no es solo de ahora: "hasta que el Gobierno colombiano se concientice de que estamos en el siglo XXI, en un mundo multipolar y hasta que no tengamos esa visión en política exterior, difícilmente vamos a abrir también la perspectiva".

En su concepto, "nuestra política exterior está enmarcada en la 'Guerra Fría', en una visión distante y alejada de la realidad como desconocer que el Asia Pacífico es la región más dinámica económicamente".

Escuche aquí el programa completo de Análisis UNAL sobre la política exterior del Gobierno de Iván Duque.

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Política exterior de Iván Duque: ¿Colombia volvió a ser un país problema?

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"Esto deja el rol actual de Colombia en una situación actual de aislamiento y de un país que nuevamente se pone de espaldas al concierto Latinoamericano y que volvió a un alineamiento extremo con los Estados Unidos y que a pesar de que puede jugar un rol más constructivo, se ha vuelto a un aislamiento paulatino en la región producto de su política exterior", señala el profesor Eduardo Pastrana de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Gabriel Forero Oliveros - gforero@larepublica.com.co

Después de anunciar que ante la crisis de la pandemia global por el Covid-19, él y su gabinete habían tomado la decisión de decretar el estado de emergencia económica y social en el país, el presidente, Iván Duque, dio a conocer las medidas que se impartirán en el marco de esta situación que está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Nacional.

La primera iniciativa del mandatario fue comunicada el martes al ordenar el aislamiento preventivo obligatorio para los mayores de 70 años entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, sin embargo, esta mañana, Duque, en compañía del equipo del Ministerio de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, compartió el paquete de medidas económicas que contemplan la devolución del IVA a un millón de familias en abril de este año, lo que significa que se adelanta el piloto previsto para 2021.

Adicionalmente, el Presidente comunicó que se harán giros adicionales a los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, para atender a más colombianos.

En total fueron 10 las medidas que dio a conocer el equipo económico de Gobierno:

1. Recursos para salud.
El mandatario señaló que se entregarán recursos que fortalezcan la red hospitalaria para "atender las solicitudes del sector y enfrentar la pandemia". Así, se prevé transferir recursos para que haya más equipos médicos y capacidad de testeo más allá de Bogotá.

2. Acelerar la puesta en marcha del Punto Final
También, el mandatario recordó que se acelerará el esquema de la Ley de Punto Final para inyectarle liquidez al sistema y saldar deudas para que haya más tecnología en la red de salud. De esta forma se prevé asegurar liquidez para la atención del sector.

3. Familias en Acción
Uno de los componentes anunciados es dar un giro adicional para las familias que hacen parte de este programa. Se entregarían recursos a 2,6 millones de hogares y se beneficiarían a 10 millones de colombianos.

4. Jóvenes en Acción
El Presidente también habló de un giro adicional a 204.000 jóvenes de bajos recursos, para darles un respiro en medio de la situación que recrudece la economía.

5. Adulto mayor
La intención en este punto es poder entregar dos giros de dinero a los adultos de este programa, que correspondan al periodo de emergencia sanitaria. En total serían 500.000 adultos, y si bien Duque dijo que habrá limitaciones, recordó que quieren asegurar que no haya muchas limitaciones para esta población.

6. Reconexión de agua desconectada
En compañía del Ministro de Vivienda, el Presidente recordó que durante la emergencia económica y social se hará la reconexión del servicio de agua de forma gratuita, con lo que se espera beneficiar a un millón de personas que no tenían el servicio por falta de pago. Además, se aplicará el congelamiento de la tarifa de agua durante la emergencia.

7. Acelerar devolución del IVA para los pobres
Si bien se preveía hacer la devolución de estos recursos para enero, hoy Duque dijo que se adelantará el programa y con el DNP y Minhacienda se entregarán recursos a 100.000 familias por medio de la devolución del IVA, con lo que se beneficiará a un millón de personas.

8. Ayuda a pago de créditos a empresas y personas
"En compañía del Minhacienda pensamos en un alivio financiero para personas, pequeñas, medianas y grandes empresas que han tenido dificultades en el pago de crédito", señaló el Presidente, quien dio a conocer que estas personas con vencimiento de créditos ahora podrán refinanciar sus deudas durante dos meses con la posibilidad de refinanciar las obligaciones y así no se vean afectados.

9. Línea de Garantías para pequeñas empresas para pagar la nómina
Precisamente, en su rueda de prensa, el Mandatario dijo que en el marco de la emergencia se pusieron líneas de crédito de garantías para proteger la nómina y reducir el riesgo de despidos masivos. Estas se enfocarán en las empresas de diferentes tamaños que hayan hecho contrataciones.

10. Eliminar el IVA para importación de equipos
Siguiendo con la línea del decreto de exención de aranceles para 110 subpartidas del sector salud, el Presidente recordó que se eliminó el IVA para los artículos de salud con el fin de tratar y combatir la crisis del Covid-19.

Al término de la exposición, Duque también dijo que se está trabajando para garantizar el abastecimiento de las ciudades en compañía de las ciudades y los municipios.

Cabe recordar que la medida activada por el Gobierno permite que se expidan decretos con fuerza de ley y deberán tener una "relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente", cita la Constitución.

La última vez que se activó este estado fue en abril de 2017 por la catástrofe climática que se presentó en Mocoa, sin embargo, desde 1991, todas las administraciones han puesto en funcionamiento estee artículo de la Carta Magna, y han dejado herencias como el 4x1.000, tributo que se cobra por las transacciones financieras, y el Fondo de Adaptación.

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Las 10 medidas de Duque para atender la emergencia social y económica por la crisis

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Gabriel Forero Oliveros - gforero@larepublica.com.co Después de anunciar que ante la crisis de la pandemia global por el Covid-19, él y su gabinete habían tomado la decisión de decretar el estado de emergencia económica y social en el país, el presidente, Iván Duque, dio a conocer las medidas que se impartirán en el marco de esta situación que está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Nacional.

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Máxima autoridad de las fuerzas armadas.

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Máxima autoridad de las fuerzas armadas.

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Este viernes 28 de mayo, el presidente Iván Duque llegó a la ciudad de Cali y tras un consejo de seguridad con la administración local y las Fuerzas Armadas, anunció el despliegue de los militares en apoyo a la Policía Nacional en todo el departamento desde este misma noche. El jefe de Estado descartó una vez más decretar la conmoción interior que desde su partido, Centro Democrático, viene pidiendo desde que empezó el paro nacional hace ya un mes.

"Tenemos que defender con las herramientas que nos da la Constitución y la ley. El día de hoy en la ciudad de Cali hemos visto hechos de personas armadas disparando, un testimonio también cruel y doloroso del disparo del ciudadano a un grupo de personas y de personas agrediendo a otro ciudadano, hemos visto expresiones de vandalismo y hemos visto también actos contra la infraestructura pública", detalló Duque.

Por lo anterior, anunció medidas importantes. "A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle".

El presidente aseguró que hay más de siete mil hombres desplegados para esa labor, donde también se incluye el personal de la Armada Nacional. "Y quiero también ser muy claro y enfático en que nuestro país siempre ha mantenido canales para que haya deliberación y concertación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando la Constitución ni los derechos de los ciudadanos", indicó.
¿Qué es el estado de conmoción interior?
En el capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia es donde se ubican los artículos referentes al estado de conmoción interior. Allí lo primero que se expone, es que para declararse se necesita de la firma del jefe de Estado y de todos los ministros de su gabinete. Una vez salga el texto con cada firma, el Gobierno nacional tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. Se trata de una figura creada para atender situaciones específicas como:

- Guerra exterior (estado de guerra exterior).

- Grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (estado de conmoción interna).

- Perturbaciones graves e inminentes, del orden económico, social y ecológico del país, o hechos que constituyan grave calamidad pública (estado de emergencia).
¿Qué puede hacer el presidente con el estado de conmoción?
Primero es claro señalar que, un estado de conmoción no puede durar más de 90 días, de llegar a perdurar más de ese tiempo requiere del concepto previo y favorable del Senado de la República. Según el artículo 213 de la Constitución Política, una vez se dé la declaración, el Gobierno tendrá las facultades extraordinarias para implementar decretos legislativos que suspendan las leyes incompatibles con el estado de conmoción. El presidente podría, según un resumen de El Tiempo, hacer lo siguiente:

- Restringir la movilidad ciudadana.

- Utilizar temporalmente bienes públicos y privados.

- Establecer, mediante decretos legislativos, restricciones a la radio y la televisión.

- Restringir manifestaciones que puedan perturbar el orden público.

- Disponer, con orden judicial verbal o escrita, la interceptación de comunicaciones.

- Disponer, con orden judicial y en algunos casos sin ella, la aprehensión preventiva de personas de quienes se tenga indicio de que cometieron o cometerán un delito.

- Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

- Suspender alcaldes o gobernadores cuando contribuyan a la perturbación del orden público.

- Imponer contribuciones fiscales o parafiscales.

- Modificar el presupuesto.

- Disponer, en algunos casos sin autorización judicial previa, de inspecciones o registros domiciliarios para buscar pruebas judiciales o prevenir los delitos.
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Iván Duque descarta la conmoción interior y anuncia la militarización de todo el Valle del Cauca

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Este viernes 28 de mayo, el presidente Iván Duque llegó a la ciudad de Cali y tras un consejo de seguridad con la administración local y las Fuerzas Armadas, anunció el despliegue de los militares en apoyo a la Policía Nacional en todo el departamento desde este misma noche.

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El presidente electo Iván Duque terminó de revelar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en su Presidencia.

Silvia Constaín, ministra de las TIC Ángela María Orozco, ministra de Transporte Carmen Inés Vásquez Camacho, ministra de Cultura Alicia Arango Olmos, ministra de Trabajo

Alicia Arango Olmos es administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Nació en Cartagena y entre el 2002 y el 2010 se desempeñó como secretaria privada del expresidente Álvaro Uribe. También fue embajadora de Colombia ante la OIT y la ONU y en el 2014 asumió como directora del Centro Democrático.

Juan Pablo Uribe, el nuevo Ministro de Salud

Juan Pablo Uribe ejercía hasta el momento como director general de la Fundación Santa Fe. Es médico cirujano de la Universidad Javeriana, con Maestrías en Salud Púbica y Administración Pública, ambos de la Universidad de Michigan (Ann Arbor, EE. UU.).

Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la salud pública, tanto en el ámbito público como privado. Fue Viceministro de Salud y Director Nacional de Prevención y Promoción en el Ministerio de Salud de Colombia, Director Ejecutivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, coordinador técnico y jefe del área de salud de la Fundación Corona y especialista senior en salud del Banco Mundial para América Latina. También se desempeñó como Gerente de Salud del Banco Mundial para la región de Asia del Este y el Pacífico.

Gloria María Borrero, ministra de Justicia

Borrero Restrepo es abogada de la Universidad Javeriana, especializada en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. En los últimos años, se ha desempeñado como directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Durante su carrera profesional, ha sido consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los ministerios del Interior y Justicia. Borrero también ha asesorado al equipo de diseño del programa de democracia y reforma a la justicia en la Usaid.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía

María Fernanda Suárez es administradora de empresas del CESA y tiene una maestría en Gerencia de Políticas de Georgetown University y ejercía el cargo de vicepresidente ejecutiva de Estrategia y Finanzas en Ecopetrol. Suárez, además, pasó por la dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, fue vicepresidente de inversiones del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, y fue parte de la junta directiva de Isagen y Cenit.

Guillermo Botero, ministro de Defensa

Guillermo Botero, el ahora expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes, será el ministro de Defensa del presidente Iván Duque. Botero desde 2003 asumió la presidencia de la Fenalco donde lideró el apoyo a las políticas en materia económica de Álvaro Uribe, con quien tiene una relación cercana. Es abogado de la Universidad de los Andes, conservador y ha sido, abiertamente, crítico de algunas políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. Además, durante la campaña presidencial dejó claro su rechazo por las propuestas de Petro y asumió la bandera de respaldo al hoy presidente.

Jonathan Malagón, ministro de Vivienda

Malagón es economista de la Universidad Nacional y administrador del London School of Economics de Inglaterra, además tiene un doctorado en Economía de Tilburg University (Países Bajos). Hasta el momento ejercía como vicepresidente técnico de Asobancaria. Antes de esto fue director de Análisis Económico de Fedesarrollo y gerente general de Compartel - MinTIC. También trabajó como investigador de Anif y como consultor del Pnud y el Banco Mundial, entre otras entidades.

Malagón fue designado por Duque para ser el secretario técnico de Vivienda en el equipo de empalme de gobierno.

María Victoria Angulo, ministra de Educación

Angulo se venía desempeñando como secretaria de Educación de Bogotá desde el año 2015. Es oriunda de Ibague y lleva 18 años trabajando en el ámbito de la educación pública. Trabajó en el Ministerio de Educación, donde ejerció como directora de Fomento para la Educación Superior, además de laborar como directora Ejecutiva en la Fundación de Empresarios por la Educación.

En el perfil de Angulo en la página web de la Secretaría de Educación se destaca que es economista social de la Universidad de los Andes, con maestría en Desarrollo Social de la misma universidad, y maestría en Análisis Económico Aplicado en Política Social de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España).

Ricardo Lozano será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ricardo Lozano es geólogo de profesión y experto en cambio climático y biodiversidad. Hasta el momento se desempeñaba como director del Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Además, ejerció como director del Ideam. Duque manifestó que su designación "representa una nueva generación motivada por sembrar en Colombia una cultura de respeto y protección de nuestro patrimonio natural".

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores

Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura y Desarrollo rural

Andrés Valencia Pinzón es Economista de la Universidad de los Andes, y actualmente se desempeña como presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). Duque, al anunciarlo, dijo que contaba con "amplio conocimiento técnico y gerencial". Según se detalla en un comunicado del Centro Democrático, "fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, donde también ocupó el cargo de Representante para Asia, teniendo la responsabilidad de las ventas de café verde y café soluble del Fondo Nacional del Café en los mercados asiáticos".

También fue gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, y trabajó entre 1993 y 2003 en el ministerio de Comercio Exterior, "siendo negociador y coordinador internacional (2001-2003) de temas como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)".

Nancy Patricia Gutiérrez llega al Ministerio del Interior

Es una aguerrida líder política oriunda de Girardot, Cundinamarca. Fue representante a la Cámara y luego llegó a presidir el Senado de la República. Sus primeros pinos en la política los hizo al lado de Germán Vargas Lleras, pero durante el gobierno de Álvaro Uribe hizo su tránsito al uribismo. También aspiró a la Gobernación de Cundinamarca. Es una mujer de las entrañas políticas de Uribe y conoce el manejo del Congreso.

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda

POLÍTICA y ELTIEMPO.COM

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Así quedó conformado el gabinete de ministros de Iván Duque

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El presidente electo Iván Duque terminó de revelar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en su Presidencia. Silvia Constaín, ministra de las TIC Ángela María Orozco, ministra de Transporte Carmen Inés Vásquez Camacho, ministra de Cultura Alicia Arango Olmos, ministra de Trabajo Alicia Arango Olmos es administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

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Hernando Ramos Menza participó en la siembra de setenta hectáreas de aguacate hass en la vereda Santa Rosa de Caldono (Cauca). En ese proyecto trabajan 240 exguerrilleros que, como él, hicieron parte de la columna móvil Jacobo Arenas de las extintas Farc. "Él tenía la esperanza de que trabajando en esa cooperativa algún día podría mejorar su calidad de vida, tener una casa", recuerda Nancy Medina, quien enviudó el 6 de noviembre de 2020, tras cuatro años de convivencia con el excombatiente, que pertenecía a la comunidad indígena nasa.

Ese día, hacia las 11:30 a.m., Ramos estaba, junto a otros mototaxistas, esperando que le saliera una carrera. Él trabajaba de "motorratón", como les dicen en el pueblo, porque el proyecto de aguacate hasta aún no ha dado su primera cosecha. Una señora le pidió que lo llevara a la vereda Santa Rosa y diez minutos después, cuando ella le estaba pagando, tres hombres abrieron fuego, Ramos la empujó para que ninguna bala la alcanzara y él recibió los disparos de fusil y pistola.

Alfonso Díaz, en ese momento gobernador del resguardo San Lorenzo del pueblo nasa, se enteró de lo sucedido a los pocos minutos. Se comunicó con el CTI de Santander de Quilichao (Cauca) y con la Policía para hacer el levantamiento. Como Ramos era del resguardo Pioyá (Caldono) y su asesinato ocurrió en territorio colectivo, las autoridades indígenas asumieron la investigación.

Lo primero que hicieron fue indagar con los mototaxistas quién había llevado a Ramos hasta el lugar del asesinato. Supieron que había sido la señora, cuya identidad nos reservamos porque fue un testigo clave. Las autoridades indígenas la capturaron ese mismo día y obtuvieron una confesión: ella sabía que lo iban a matar y hacía parte del plan, porque esa mañana le dijeron que tenía que llevarlo o, de lo contrario, secuestrarían a sus hijos.

Según cuenta Díaz, ella estuvo dudando casi una hora en el parque principal de Caldono. "Al final la presionaron por medio de una llamada, donde le dijeron que estaban cansados de esperar, que si no lo llevaba iban por sus hijos", relató el exgobernador.

La guardia indígena protegió a la mujer. "La llevamos al casco urbano de Caldono, a medianoche la movimos a otro sitio", contó Díaz. Al otro día consolidaron la información que tenían y los sabedores de la comunidad hicieron una reconstrucción de los hechos a partir de la espiritualidad. Tras la captura, la columna móvil Dagoberto Ramos empezó a presionar a las autoridades indígenas.

Díaz contó que cuando se puso al frente de la investigación recordó los estragos de la guerra que vio cuando era niño. Él tiene 45 años y le tocó ver manos y pies colgados de árboles después de combates entre el Ejército y las Farc. Caldono es el segundo municipio que más sufrió tomas guerrilleras en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. "Eso me dio mucha fuerza para investigar", afirmó.

El segundo capturado por los hechos fue un menor de catorce años que los asesinos utilizaron para que transportara el armamento y pusiera una nota amenazante en el cadáver. "Lo tenemos en un centro de rehabilitación; quedó muy mal psicológicamente", detalló Díaz.

El 13 de noviembre de 2020 la autoridad ancestral ordenó la captura de Luis Esneider Guetio Chilo, Jhon Jairo Guetio Yafue y Jesús Albeiro Chepe Collazos por el homicidio de Ramos. "Amanecimos cerca a sus casas y como a las cuatro de la mañana los capturamos", precisó Díaz. A Guetio no lo encontraron y está prófugo de la justicia.

El 24 de noviembre se reunieron los gobernadores de seis resguardos y condenaron a treinta años de cárcel a cuatro de los implicados, dos de los cuales están prófugos; a la señora, a veinte años, y el menor de catorce años cumplirá una pena de ocho años en un centro especial. Según Díaz, "el objetivo de ellos era asesinar a tres personas más, pero todo eso se frenó". En sus declaraciones, los capturados no contaron quiénes iban a ser las otras víctimas.

Algunos de los implicados señalaron a Ramos de integrar la Segunda Marquetalia, el grupo armado comandado por Iván Márquez, y reconocieron ser parte de la columna móvil Dagoberto Ramos, otra disidencia de las Farc. Después del asesinato apareció en Caldono un panfleto firmado por la Dagoberto Ramos en el que justificaban el homicidio y aseguraban que Ramos era un extorsionista. En Cauca han sido asesinados 42 exguerrilleros.

Por su parte, la Fiscalía investiga 238 homicidios de excombatientes. Aunque el ente investigador le aseguró a este diario que "se han esclarecido 117 asesinatos", solamente hay 23 condenas. Preguntamos qué entendía esa institución por "esclarecimiento", pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. De los 42 casos en Cauca solo hay una condena de la justicia ordinaria.

El rápido accionar de las autoridades indígenas en Caldono fue un buen mensaje para los excombatientes que se reincorporan en ese municipio. "La comunidad rechaza ese tipo de cosas, entonces reaccionan y buscan una armonía entre la vida, la tranquilidad, la felicidad y la integración social de manera muy respetuosa", resaltó Jean Carlo Moreno, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo (Coomeep), integrada por 435 exguerrilleros. "Somos garantes del proceso de paz", agregó Díaz, quien también subrayó que las comunidades nasas de la zona facilitaron la tierra para la instalación de dos zonas veredales donde los excombatientes dejaron sus armas.

Esta semana, Nancy Medina volverá a su trabajo, que dejó tras perder a su esposo. "Siento un poco de alivio porque muchos casos quedan impunes, este no porque pertenecía a una comunidad indígena", dijo. Quiere entrar al proyecto de aguacate en el que su esposo participó, para poder cosechar las frutas que él sembró y sostener a su hijo, de dos años y medio.

Al preguntarle al exgobernador por qué actuaron con tanta diligencia frente al asesinato respondió: "La vida humana no se discute", una frase que aún no ha sido acogida en Colombia.
Le recomendamos leer: ***Los proyectos que los exguerrilleros impulsan en medio de la violencia en Cauca. En Cauca, excombatientes buscan tierra para sus proyectos productivos. La escuela de paz que crearon los indígenas emberá en Dabeiba.

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El homicidio de un excombatiente que la justicia indígena esclareció en 19 días

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Hernando Ramos Menza participó en la siembra de setenta hectáreas de aguacate hass en la vereda Santa Rosa de Caldono (Cauca). En ese proyecto trabajan 240 exguerrilleros que, como él, hicieron parte de la columna móvil Jacobo Arenas de las extintas Farc.

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La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial abrió una indagación tras los videos, que circularon en redes sociales, en los que se vio a civiles armados disparando, al lado de policías, durante manifestaciones en Cali.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 28 de mayo en el sector Ciudad Jardín de la capital de Valle del Cauca, llevaron a que un Juzgado de Instrucción Penal Militar y Policial abriera una indagación preliminar.

(Lea también: En promedio, al día, en el paro se han incautado 42 armas de fuego)

En desarrollo de la investigación, al juzgado se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular, por el momento, a siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión.

Por ahora, su vinculación es en indagación, no obstante, esto podría llevar a que sean citados a indagatoria.

(Le puede interesar: ¿A qué pena se exponen los civiles que dispararon en Cali?)

Por esos hechos, el director de la Dijín de la Policía, general Fernando Murillo, informó en su momento que había 10 policías identificados y que se habían iniciado diligencias por su posible actuación irregular.

Además, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, indicó que la Inspección General le remitió la información a la Procuraduría, que asumió por poder preferente las investigaciones disciplinarias.

Así mismo, se avanza en la identificación de 5 particulares que aparecen en los videos disparando, uno de ellos es el ciudadano Andrés Escobar, quien luego de los hechos salió en sus redes sociales hablando de lo que hizo ese día y por qué.

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Justicia Militar indaga a 7 policías por caso de civiles disparando

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La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial abrió una indagación tras los videos, que circularon en redes sociales, en los que se vio a civiles armados disparando, al lado de policías, durante manifestaciones en Cali.

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Se reglamenta la experiencia adquirida antes de la aprobación del pensum académico, mediante prácticas laborales propias de la profesión, para que sea tenida en cuenta como experiencia profesional.

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Prácticas profesionales, pasantías, judicaturas y monitorías contarán como experiencia laboral

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Se reglamenta la experiencia adquirida antes de la aprobación del pensum académico, mediante prácticas laborales propias de la profesión, para que sea tenida en cuenta como experiencia profesional.

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JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

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JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al Partido Comunista Colombiano como víctima en el caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado.

El alto tribunal concluyó que el partido demostró que sufrió hechos victimizantes durante el conflicto armado, que afectaron a 1.200 personas entre 1958 y 2016.

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Entre ellos, los relatados en el informe entregado a la Sala de Reconocimiento, 'Banderas Rojas en Vuelo Libertario', en el que describen 100 casos representativos de la violencia contra esa colectividad.

El reconocimiento otorgado como víctima colectiva le confiere al Partido Comunista la posibilidad de obrar como interviniente especial dentro de todos los procesos que se realicen en el caso 06, lo que garantizará sus derechos a la justicia, a la verdad plena, a presentar y solicitar pruebas y a la asistencia jurídica y sicológica.

(Lea también: Víctimas de violencia sexual le pidieron a la JEP abrir macrocaso)

En ese informe entregado a la jurisdicción, el partido político expone que durante más de cinco décadas "hubo más de 304 homicidios, 35 desapariciones forzadas, desplazamientos forzados en las tres regiones priorizadas ( Meta, Magdalena Medio y Urabá), que buscaban desestructurar al Partido Comunista y la Juco en el ámbito local, regional y nacional".

Los magistrados Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, y Gustavo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, relatores en el caso 06, concluyeron que el Partido Comunista deberá ser acreditado como víctima colectiva, "en atención a su militancia, simpatía, movilización o identidad compartida con la Unión Patriótica".

En la decisión, los magistrados aclararon que el caso 06 "no se dirige a esclarecer todo tipo de violencia política. En cambio, se centra en esclarecer los hechos cometidos en contra de la UP 'como un movimiento amplio, pluralista y de convergencia democrática, en el que debían tener cabida todas las vertientes políticas y los sin partido'".

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El trámite de acreditación comenzó el 30 de diciembre de 2020 cuandoJaime Caicedo Turriago, en representación del Partido Comunista, presentó un memorial ante la JEP en el que manifestó su voluntad de ser reconocido y acreditado como víctima colectiva en el caso 06.

Además, la colectividad aseguró que en esa misma época fueron víctimas de un sinfín de amenazas que terminaron con homicidios como los de Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda, Teófilo Forero y su esposa Leonilde Mora, también militante del Partido Comunista, el dirigente del comité central Antonio Sotelo y José Antonio Toscano, escolta y militante del PCC.

Desde su apertura, el 26 de febrero de 2019, ante el caso 06 se han acreditado más de 180 víctimas individuales y el movimiento Unión Patriótica fue reconocido como víctima colectiva el 12 de marzo de 2020.

justicia@eltiempo.com

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JEP acredita al Partido Comunista como víctima en el macrocaso 06

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al Partido Comunista Colombiano como víctima en el caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado. El alto tribunal concluyó que el partido demostró que sufrió hechos victimizantes durante el conflicto armado, que afectaron a 1.200 personas entre 1958 y 2016.

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En las más de tres semanas que completa el paro nacional, que comenzó el 28 de abril pasado, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado 88 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de manifestaciones.

(Lea también: Procuraduría pide mantener en firme investidura de Petro ante demanda)

De esas, 78 son procesos contra integrantes de la fuerza pública por su actuación como respuesta a las protestas. En el marco del paro se han conocido centenares de denuncias de violencia policial.

La mayoría están en indagación pero ya se abrió formalmente una investigación disciplinaria contra dos policías por la muerte del joven Santiago Murillo, ocurrida en Ibagué, Tolima, el primero de mayo.

Por este caso, en el ámbito penal, ya fueron capturados dos oficiales de la Policía. La Justicia Penal Militar fue la que empezó esa investigación, pero la Fiscalía General reclamó el caso por competencia, por lo que ahora la Corte Constitucional tendrá que decidir si deja el expediente en la justicia militar, o lo pasa a la ordinaria.

(Le recomendamos: Alcalde de Paipa, segundo con investigación en Procuraduría en el paro)

De otro lado, la Procuraduría tiene abiertos 10 procesos contra funcionarios públicos. De esos, 8 son indagaciones preliminares contra el alcalde de Cartagena, el gobernador de Magdalena, el alcalde de Pereira, el alcalde de Villavicencio, una concejala de La Tebaida (Quindío) y un concejal de Guarne (Antioquia), así como contra el gerente del Hospital San Joaquín del municipio Nariño (Antioquia), y otra indagación más contra el alcalde de Neiva.

Entre tanto, ya hay dos investigaciones abiertas formalmente contra los alcaldes de Paipa (Boyacá) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Además, siguen en trámite ante el órgano de control 228 quejas.

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justicia@eltiempo.com

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Procuraduría lleva 78 procesos contra policías por actuación en paro

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En las más de tres semanas que completa el paro nacional, que comenzó el 28 de abril pasado, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado 88 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de manifestaciones.

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Petición de la Corte Constitucional a la Alcaldía de Cartagena para que ofrezca trabajo a vendedores ambulantes desalojados.

El alto tribunal le pidió a la Alcaldía de Cartagena que se abstenga de vulnerar los derechos fundamentales al trabajo de los vendedores ambulantes que se ven afectados por los operativos de las autoridades.
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El llamado de atención se hizo al atender una tutela instaurada por una comerciante de comidas rápidas en la plaza de La Trinidad del barrio Getsemaní en Cartagena, a quien la policía desalojó de su lugar de ventas, pese a que tenía un permiso escrito. Trabaja en ese lugar desde hace 21 años y ese es su sustento para sobrevivir.

Ave María. La mayor arma de la violencia es el hambre, dijo Gandhi.

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Tres | Llamado de atención de la Corte Constitucional al alcalde de Cartagena. Les revelo por qué

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Petición de la Corte Constitucional a la Alcaldía de Cartagena para que ofrezca trabajo a vendedores ambulantes desalojados. El alto tribunal le pidió a la Alcaldía de Cartagena que se abstenga de vulnerar los derechos fundamentales al trabajo de los vendedores ambulantes que se ven afectados por los operativos de las autoridades.

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Eibar Ancizar Ordóñez habría querido salvarse de la cárcel, al parecer con ayuda de su equipo de defensa, sobornando a su propia hija, de quien abusó sexualmente desde que tenía 7 años y a quien trató de mitómana ante familiares y despachos judiciales. El Tribunal Superior de Bogotá, tras estudiar su recurso de apelación, no solo confirmó su sentencia condenatoria de 21 años de prisión, sino también le compulsó copias a él y su abogada por, supuestamente, haber presionado a la víctima de esta historia hasta lograr su retractación. Una estrategia que, ante la fuerza de las evidencias, de nada sirvió.

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El Juzgado 3° Penal del Circuito de Bogotá, el pasado 10 de diciembre, condenó a Ordóñez por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. El despacho encontró valida la teoría de la Fiscalía, la cual indicó que el hombre abusó de su hija desde que tenía 7 años (en 2009), diciéndole que él iba a "enseñarle a hacer el amor para que no quedara embarazada" y que sería "su mujer" hasta que cumpliera la mayoría de edad. Incluso, la amenazaba diciéndole que la iba a mandar a Canadá si lo denunciaba.

Sin embargo, Ordóñez no aceptó la condena fallada en su contra y apeló la decisión. El expediente quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá, al cual el sentenciado solicitó darle validez al segundo testimonio de la víctima -hoy mayor de edad-, quien primero detalló los episodios de horror que vivió desde 2009 hasta 2015 y, luego, en plena audiencia de juicio oral, se retractó diciendo que "sufre de una enfermedad que la hace mentir y creerse sus falacias". Agregó que la madre de esta, exesposa de Ordóñez, la amenazó porque quería vengarse de él tras haberse quedado con la custodia de sus hijas -incluida la niña de quien abusó sexualmente por años-.

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La defensa de Ordóñez dio la siguiente versión de lo ocurrido: "Los hechos solo sucedieron en la mente de LD* -hija del condenado- y la acusación de su padre estuvo respaldada en el rencor hacia él por el abandono que sentía, mas no por una situación de abuso. En fin, no existe el conocimiento más allá de toda duda razonable y debe primar el principio de la presunción de inocencia, pues este proceso es la consecuencia de la sed de venganza de LD hacia su padre y la de una madre resentida por la pérdida de la custodia de sus hijas".

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá debatió entre ambos relatos y encontró que, contrario a lo expuesto por la defensa de Ordóñez, los primeros detalles entregados por la víctima eran tan fuertes y estaban tan bien hilvanados que no podía tratarse de una mentira. Aún más cuando, antes de retractarse, la víctima dijo que una de las abogadas de Ordóñez se habría acercado a ella con el objetivo de ofrecerle acompañamiento de su propia familia en Bogotá y oportunidades económicas fuera del país.

Ordóñez "sometió a su hija de siete años a actos sexuales abusivos y cuando esta cumplió los once años, vio en ella, no a su hija a quien tenía que criar, proteger y cuidar, sino a su mujer, a la que le debía enseñar sobre la sexualidad, quien tenía que satisfacer sus necesidades eróticas hasta los 18 años, le debía lealtad y fidelidad y tenía que dedicarse a las labores del hogar de manera dócil y servil y, en caso de no hacerlo así, debía ser reprendida con violencia física o con la suspensión del suministro de elementos de necesidad básica", concluyó el Tribunal.

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La génesis de la denuncia contra Ordóñez data de enero de 2015, cuando una de las tías de la víctima fue de visita a la casa del hombre. Entonces, LD estaba entrando en la adolescencia y festejaba su cumpleaños. En medio de la celebración, la víctima le contó a su tía que su padre la había estado abusando desde que era una niña y que la última vez había sido hace 20 días. El 9 de febrero de 2015, LD fue revisada por un médico forense, quien dictaminó que tenía una lesión reciente en sus órganos reproductivos.

"LD expuso (en entrevista con Fiscalía) que lo que más malestar le generaba era que su padre, a cambio de cualquier cosa que ella le pidiera, en particular puso énfasis en el suministro de toallas higiénicas, le exigiera a cambio algún acto sexual. Hizo ahínco en la rabia que le producía el hecho de que ella hiciera el oficio, la comida, las labores del hogar y, además, sus tareas del colegio, y su padre no le agradeciera, sino que solo la buscaba para sexualizarla y, si ella se resistía, la violentaba", agregó el Tribunal Superior de Bogotá.

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Al final, a la víctima le fue otorgada medida de protección y será atendida por la Secretaría Distrital de la Mujer, en Bogotá. Hoy tiene 19 años y dos hijos. Por otro lado, el despacho compulsó copias del expediente a la Fiscalía para que investigue otros delitos posiblemente cometidos por Eibar Ancizar Ordóñez y su abogada Deyaneris María Jiménez, como la posible manipulación a la testigo principal del proceso. El Tribunal consideró que la actuación de la defensora fue tan grave, que incluso pidió compulsar copias disciplinarias en contra de ella por posibles faltas en el ejercicio de la profesión.

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Condenan a hombre que esclavizó sexualmente a su hija y luego la acusó de "mitómana"

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Eibar Ancizar Ordóñez habría querido salvarse de la cárcel, al parecer con ayuda de su equipo de defensa, sobornando a su propia hija, de quien abusó sexualmente desde que tenía 7 años y a quien trató de mitómana ante familiares y despachos judiciales.

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Noticias de Norte de Santander, Colombia y el mundo

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Ratifican condena contra exregistrador Carlos Ariel Sánchez

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El Consejo de Estado negó las pretensiones del exfuncionario, pues consideró que la nulidad originada en la sentencia que invocó el actor no se configuró.

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Las mayorías del Senado de la República le dieron el aval en la plenaria al ascenso del director nacional de la Policía, Jorge Luis Vargas, al pasar del rango de mayor general a general, pese a que tuvo una fuerte críticas de los sectores de la oposición.

Aunque hubo seis ascensos más, el que suscitó más controversia fue el del director de la Policía, porque en concepto de senadores como Iván Cepeda, no podría cambiar de rango porque estaba impedido al ser el responsable del exceso de fuerza que ha tenido la fuerza que dirige en el marco de las protestas sociales que se ven en el país desde finales de abril pasado.

El ponente del ascenso de Vargas, senador Juan Diego Gómez, indicó que sí era legal proceder con la promoción, entre varias razones, entre ellas porque el Juzgado 25 de Bogotá negó las pretensiones de los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, en el sentido de que pedían reversar el ascenso.

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De la misma forma Gómez sostuvo que al general Vargas no se le puede responsabilizar por ser el responsable de las más de 12.000 denuncias que hay contra miembros de la Policía, y respecto a los casos que se han conocido en el marco de las protestas Vargas tampoco puede ser responsabilizado.

Indicó además que el "general Vargas, a nombre suyo y a nombre de todos los policías de Colombia, tenemos que decirle que este Congreso le da un voto de respaldo. El país necesita instituciones fuertes y una Policía comprometida. Y la protesta pacífica hay que protegerla constitucionalmente, pero también hay que decir que los bloqueos, el terrorismo y las expresiones violentas que han querido imponernos no se puede aceptar".

Los otros ascensos aprobados

- Al grado de Vicealmirante del Contralmirante de la Armada Nacional, Francisco Hernando Cubides Granados.

- Al grado de Vicealmirante del Contralmirante de la Armada Nacional, John Fabio Giraldo Gallo.

- Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío de la Armada Nacional, Camilo Ernesto Segovia Forero

- Al grado de Contralmirante del Capitán de Navío de la Armada Nacional, Carlos Andrés Escobar Silva.

- Al grado de Brigadier General del Coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Adolfo Enrique Hernández Ruiz.

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Senado aprobó ascenso a General del director de la Policía, Jorge Luis Vargas

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Las mayorías del Senado de la República le dieron el aval en la plenaria al ascenso del director nacional de la Policía, Jorge Luis Vargas, al pasar del rango de mayor general a general, pese a que tuvo una fuerte críticas de los sectores de la oposición.

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La aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores abrió un boquete constitucional que está siendo capitalizado apenas un mes después de la salida del acto legislativo del Congreso. Expertos y constitucionalistas advertían que, una vez aprobada la cadena perpetua, se iban a presentar proyectos para ampliar su alcance a otros delitos. Y así fue. El Congreso no lleva ni dos semanas de sesiones de la nueva legislatura y ya se conocen dos iniciativas: prisión perpetua para feminicidas y para cargos de narcotráfico. La primera es de la senadora conservadora Esperanza Andrade; la otra viene de tres miembros del Centro Democrático y sería radicada próximamente.
En contexto: Senado aprueba en último debate la cadena perpetua en contra de violadores de menores de edad
Ambas iniciativas llegan justo cuando el panorama de la cadena perpetua en Colombia es una incógnita. La reforma constitucional aprobada en junio pasado está a la espera de una reglamentación que debe venir del Gobierno, que cuenta con el plazo de un año para presentarla al Congreso. Este diario conoció que la vocería del tema se la ha reservado la propia Presidencia y que se está trabajando en un borrador que todavía no está listo. Por otro lado, las demandas en contra de la reforma ya están en la Corte Constitucional y ponen su futuro en puntos suspensivos. El alto tribunal tendrá la última palabra sobre si lo aprobado se acoge a los principios constitucionales.

La iniciativa de cadena perpetua para feminicidas cuenta, además de Andrade, con el apoyo de otros 22 congresistas conservadores y el de María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien apoyó con fervor la reforma que abrió el camino para habilitar la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico colombiano.

El proyecto en cuestión apenas cuenta con dos páginas y el mismo número de artículos y, al igual que la iniciativa relacionada con los violadores y asesinos de menores de edad, plantea la modificación del artículo 34 de la Constitución, que prohíbe las penas de destierro y la cadena perpetua, con excepción, para esta última, en los casos en los que "un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir". La propuesta conservadora pide que la misma medida sea aplicada en la "conducta punible de feminicidio contemplada en los artículos 104A y 104B de la Ley 599 de 2000".

La reforma aprobada al artículo 34 de la Constitución establece que la pena de prisión perpetua tenga un control automático y una revisión a los 25 años, donde se pueda evaluar la resocialización del condenado. En el caso del proyecto de la senadora Andrade, se pide que esta revisión se lleve a cabo a los 20 años. Dentro de las razones expuestas para justificar el proyecto, en ningún momento se establece el porqué de la diferencia de períodos entre ambos casos, que es de cinco años en total. Sin embargo, su autora hace énfasis en que debe tenerse en cuenta la resocialización y que, si las personas condenadas presentan un verdadero cambio, "se tendrá que evaluar su pena".

Al hablar de su proyecto, la senadora reconoce que este tipo de iniciativas tienen "tanto amigos como enemigos", y que estos últimos son los que normalmente señalan que la cadena perpetua no es una verdadera solución para la criminalidad y que solo se estaría aumentando el problema carcelario en el país. "Es cierto que es un sistema en crisis y tenerlos en prisión por siempre es una carga, pero hay que enviar un mensaje para contener ese avance de muerte de mujeres", concluyó Andrade. En esta línea, aseguró que el proyecto es más que necesario, pues "si se entra a comparar el Código Penal y las penas impuestas, los feminicidas pagan mucho menos cárcel que los homicidas comunes".

A pesar de lo controvertido del proyecto, Andrade comentó a este diario que tiene plena confianza en que su propuesta tendrá éxito, precisamente por la experiencia que tuvo la cadena perpetua para violadores. Además, señaló que tiene el apoyo del partido cristiano Colombia Justa y Libres y el Centro Democrático. El partido de gobierno se cocina otro proyecto de acto legislativo de prisión perpetua, pero para delitos relacionados con el narcotráfico, que estará en cabeza de los representantes Edwin Ballesteros, Álvaro Hernán Prada y Gabriel Jaime Vallejo.

Esa iniciativa también implica una reforma al artículo 34 de la Constitución para que "excepcionalmente se permita contemplar la pena para el delito de narcotráfico", explicó a El Espectador el representante Ballesteros. "La propuesta, al igual que la de abuso contra menores, consiste en abrir constitucionalmente la puerta para que el Gobierno, encargado de generar las políticas públicas en materia de seguridad, presente reformas al Código Penal que puedan contemplar hasta la cadena perpetua contra el narcotráfico".

No entra a estudiar cuáles son los delitos relacionados con el narcotráfico que podrán ser castigados con estas penas y, según el representante Vallejo, será el Ejecutivo el que pase al Congreso el proyecto para definir las conductas relacionadas que deban pagarse con cadena perpetua. En este punto Ballesteros fue más allá y aseguró que la intención de este texto es "permitir esta máxima pena frente al narcotraficante que genera un gran impacto social, de criminalidad y cuya conducta es reiterada, no frente al cultivador o usuario. Vamos es por los capos". Las mal llamadas "mulas", personas que llevan droga al exterior en sus cuerpos, tampoco estarían contempladas para una eventual cadena perpetua.

Las críticas contra los proyectos son varias. Una muy importante es que la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la primera excepción, la de violadores y asesinos de menores. En este punto, Andrade señaló que el pronunciamiento de la Corte solo servirá de guía, pero, por las dos vueltas en el Congreso que se necesitan para aprobar una reforma a la Constitución, no se puede esperar. Por su parte, para el uribismo su propuesta urge porque "el narcotráfico sigue destruyendo no solo a las familias colombianas, sino a todo el mundo".

Otros reparos provienen de importantes abogados, que desde el comienzo han rechazado la posibilidad de cadena perpetua en el ordenamiento colombiano. "Esto es populismo punitivo y lo único que busca es caudal electoral. No les importan los niños como decían para aprobar la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores edad", declaró el abogado Francisco Bernate, quien agregó que hay delitos más graves que el narcotráfico para imponerle este tipo de penas. La verdadera pregunta es hasta dónde irá a parar la intención del Congreso para incluir otros delitos en esta camada.

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cadena perpetua para feminicidio y narcotráfico

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Cadena perpetua: ¿ahora para feminicidio y narcotráfico?

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La aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores abrió un boquete constitucional que está siendo capitalizado apenas un mes después de la salida del acto legislativo del Congreso. Expertos y constitucionalistas advertían que, una vez aprobada la cadena perpetua, se iban a presentar proyectos para ampliar su alcance a otros delitos.

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La abogada Natalia Bernal Cano denunció en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a tres magistrados de la Corte Constitucional. Se trata de la mujer que ha buscado por todas las vías que el alto tribunal declare inconstitucional el aborto y a quien la propia Sala Plena ordenó investigar disciplinariamente por presentar recursos infundados e irrespetuosos. En documentos conocidos por El Espectador se evidencia que la denuncia de Bernal fue recibida por el representante verde Mauricio Toro, quien ordenó practicar varias pruebas para determinar si los togados, en efecto, actuaron "arbitrariamente".

(En contexto: Por irrespetuosa, Corte pide investigar a abogada que busca impedir el aborto)

Los magistrados denunciados son Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Gloria Stella Ortiz. Se trata de tres togados que han tenido que proyectar decisiones en los procesos que ha iniciado Bernal Cano. Y esas decisiones siempre han sido contrarias a lo que pide la abogada. El magistrado Linares, por ejemplo, fue el ponente en dos demandas de constitucionalidad que instauró la abogada en 2019 y que reabrieron el debate de la interrupción voluntaria del embarazo sobre normas que ya se había pronunciado la Corte: el Código Civil (que dice que la vida principia al nacer) y el Código Penal (que establece el aborto como delito).

Aunque la abogada recusó en varias ocasiones a Linares, la Sala Plena lo mantuvo al frente del proceso y el magistrado presentó una ponencia que pretendía ampliar las condiciones para el aborto libre en Colombia, algo totalmente contrario a lo que pedía Bernal. Finalmente, esa ponencia no prosperó y las condiciones que impuso la Corte desde 2006 se mantuvieron. Pero al alto tribunal llegó otra demanda en 2019 del movimiento de mujeres Causa Justa, que pide que el aborto deje de ser delito. Ese proceso aterrizó en el despacho del magistrado Antonio Lizarazo, a quien Natalia Bernal también recusó, pero recibió una nueva negativa.

(Lea la última decisión de la Corte sobre aborto: El aborto en Colombia seguirá tal y como estaba, decide la Corte Constitucional)

La ponencia para negar esa recusación fue de la magistrada Gloria Ortiz, quien además le compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigara las "solicitudes irrespetuosas, amenazantes o infundadas hacia los magistrados" que habría hecho Natalia Bernal Cano. Y, como se evidencia ahora, la abogada respondió con una denuncia contra los tres magistrados ante el órgano competente para investigarlos: la Comisión de Acusación del Congreso. En la denuncia, dice el auto que abrió la indagación, Bernal Cano "manifiesta presuntos actos arbitrarios por parte de los magistrados de la Corte Constitucional en las actuaciones judiciales relacionadas con las demandas interpuestas para la penalización del aborto".

Además, "manifiesta que su denuncia a los magistrados de la Corte Constitucional también es por por injuria y calumnia, indica que los magistrados presuntamente adulteraron argumentos de su autoría y elementos probatorios y utilizaron indebidamente acciones públicas de inconstitucionalidad para debatir y evaluar pretensiones distintas", se lee en el auto de la Comisión de Acusación. La abogada le envió varias comunicaciones al Congreso reiterando y ampliando su denuncia. "Me permito solicitarles una especie de medida cautelar pronta, para que antes de que culminen las discusiones en la Corte sobre la despenalización total del aborto me escuchen", escribió, por ejemplo, en febrero de este año.

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Finalmente, el representante Mauricio Toro asumió la investigación esta semana y le respondió a la abogada que no es su función otorgar medidas cautelares, como pedía. Además, ordenó escucharla en una ratificación de la denuncia, para determinar si la conducta que reprocha de los magistrados tiene las condiciones de delito o de falta disciplinaria. Asimismo, el congresista les comunicó a Linares, Lizarazo y Ortiz que este proceso cursa en su contra y le pidió a Presidencia que acredite la calidad de magistrados de los tres.

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Demanda de aborto tiene a magistrados de la Corte Constitucional denunciados en el Congreso

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La abogada Natalia Bernal Cano denunció en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a tres magistrados de la Corte Constitucional. Se trata de la mujer que ha buscado por todas las vías que el alto tribunal declare inconstitucional el aborto y a quien la propia Sala Plena ordenó investigar disciplinariamente por presentar recursos infundados e irrespetuosos.

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En plenaria del Senado, Margarita Cabello, exministra de Justicia de Colombia, ahora será la nueva procuradora general de la Nación. El Senado le dio 83 votos, suficientes para, en los próximos cuatro años, ser la encargada del organismo de control.

Cabello se quedó con la elección luego de vencer Juan Carlos Cortés y Wilson Ruiz, quienes competían por la cabeza del ministerio público. Terna que había sido anticipada por Valora Analitik.

La nueva procuradora es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, es especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado y cuenta con una especialización en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado.

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Cabello se desempeñó como juez penal municipal de Sabanalarga (Atlántico), "juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, cargo que ocupó durante 19 años", según se lee en el portal de la Presidencia de la República.

Entre 2009 y 2012 estuvo a cargo de la Procuraduría Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Las bancadas del Centro Democrático, partidos Conservador, Cambio Radical, de la U, Liberal y Mira apoyaron la designación de la ahora funcionaria, quien reemplazará a Fernando Carrillo.

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Congreso elige a Margarita Cabello como procuradora de Colombia - Valora Analitik

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En plenaria del Senado, Margarita Cabello, exministra de Justicia de Colombia, ahora será la nueva procuradora general de la Nación. El Senado le dio 83 votos, suficientes para, en los próximos cuatro años, ser la encargada del organismo de control.

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Imagen de archivo. Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del covid-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

La noche de este 9 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto 'Ni una más', iniciativa que busca prevenir la violencia contra la mujer desde la etapa escolar y a la que solo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley.

El proyecto, presentado por la representante Ángela Sánchez Leal y la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), propone un ejercicio pedagógico donde se les inculca a los estudiantes de colegios públicos y privados la importancia de respetar a la mujer, además de los parámetros que están establecidos en la ley para su protección.

Lo que argumenta la senadora Castellanos es que,"si bien en Colombia existen 24 disposiciones legales que condenan la violencia contra la mujer, con la ley 'Ni una más' buscamos atacar de raíz esta situación".

En 2019 se registró una mujer víctima de violencia cada tres minutos, según cifras de un informe presentado por Sisma Mujer (2020), de ahí que, "el proyecto de ley esté enfocado explícitamente en la prevención de la violencia contra la mujer".

Además de las normas existentes en Colombia para condenar la violencia contra la mujer, el Congreso vio la obligación la idea de aprobar esta iniciativa, que fomentará la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional a la mujer desde la etapa escolar.

Para las congresistas, el proyecto de ley es necesario dado que, según el informe de Sisma Mujer elaborado en 2020, en 2018 y 2019 se presentaron hechos de violencia intrafamiliar cada 31 y 32 minutos, respectivamente.

Cada 23 y 24 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual en 2018 y 2019, respectivamente. Y cada 13 minutos una mujer fue víctima de violencia de pareja tanto en 2018 como en 2019; en esos años, además, cada tres días una mujer fue víctima de feminicidio íntimo, según Sisma Mujer.

"Si fomentamos en nuestros niños desde temprana edad el respeto hacia la mujer y los mecanismos de protección que tiene la ley colombiana podremos formar hombres más conscientes de la necesidad de cuidar a las mujeres", concluyó la senadora Castellanos.

Tras la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley, las congresistas se pronunciaron en Twitter. Emma Castellanos publicó: "¡Excelente noticia! #NiUnaMás fue APROBADA en último debate para ser ¡Ley de la República! Con esta iniciativa, liderada junto a Ángela Sanchez reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres colombianas, y con la erradicación de toda forma de violencia contra ellas".

Entretanto, la representante Sánchez agregó: "Gracias a la plenaria de la Cámara por aprobar en último debate nuestro proyecto #NiUnaMás que busca prevenir la violencia contra la mujer desde la educación. Gracias senadora por liderar este gran paquete legislativo en favor de la mujer".
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Congreso aprueba 'Ni una más', proyecto que busca prevenir la violencia contra la mujer desde la etapa escolar

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Imagen de archivo. Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del covid-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

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La Cámara de Representantes hundió este martes (01.06.2021) la moción de censura contra el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, promovida por congresistas de la oposición que lo acusaron de ser el "responsable político" de la violencia policial en las protestas que comenzaron el 28 de abril.

La moción de censura fue respaldada por 36 representantes, mientras que 109 la rechazaron. "Por el sí a la moción de censura 36 votos, por el no 109 votos. Ha sido negada la moción de censura tramitada por la Cámara de Representantes contra el señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte", dijo el presidente de esa entidad, Germán Alcides Blanco.

El ministro Molano ya había superado la votación en el Senado que el pasado 27 de mayo lo ratificó como jefe de la Defensa Nacional con 69 papeletas contrarias a la moción de censura, que tuvo el apoyo de 31 legisladores.

La Cámara de Representantes decidió votar la moción, pese a que el respaldo del Senado era suficiente para que Molano continuara como ministro de Defensa, al considerar que los argumentos de la citación ahí eran diferentes.

"109 representantes dijeron no a la moción de censura del ministro Diego Molano. Una vergüenza total con el país y todas la víctimas de este Paro Nacional. ¡Este Congreso defiende las violaciones de los DDHH!", afirmó la representante del partido Alianza Verde, Katherine Miranda.

Por su parte, la representante del partido de Gobierno Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró que el respaldo al ministro fue "arrasador" y que "la mayoría de congresistas respaldamos el restablecimiento de la ley y el orden en las calles de Colombia".

La moción fue convocada por 18 congresistas que denunciaron las "violaciones de derechos humanos" atribuidas a la fuerza pública durante las violentas manifestaciones, que dejan al menos 43 muertes y 129 personas dadas como desaparecidas.

La respuesta de Molano

"La decisión de la Cámara Colombia ratifica la confianza de los colombianos en nuestra fuerza pública. Seguiremos trabajando para garantizar una democracia segura para todos. Refrendo mi compromiso con ella como Ministro de Defensa", declaró Molano en un video.

Molano es el tercer ministro de Defensa del Gobierno del presidente Iván Duque que enfrenta en el Senado una moción de censura, y al igual que sus antecesores, Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo, también citados por denuncias de supuestos abusos de la fuerza pública, recibió el espaldarazo de la mayoría del Congreso.

ama (efe, noticias caracol)

Fecha 02.06.2021

Temas Juan Manuel Santos, América Latina, Colombia, Derechos Humanos, Cámara de Representantes, Wolfgang Kaleck, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Capaz, Solo noticias

Palabras clave Colombia,Cámara de Representantes,mocion de censura,Diego Molano,Germán Blanco,protestas,derechos humanos,América Latina,Latinoamérica,noticiasdw

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Colombia: niegan moción de censura contra Diego Molano | DW | 02.06.2021

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La Cámara de Representantes hundió este martes (01.06.2021) la moción de censura contra el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, promovida por congresistas de la oposición que lo acusaron de ser el "responsable político" de la violencia policial en las protestas que comenzaron el 28 de abril.