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El Congreso peruano aprobó este miércoles una ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.

La ley, que ahora debe ser aprobada por la presidenta Dina Boluarte, beneficia a uniformados que se encuentren denunciados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha contra el terrorismo a finales del siglo pasado contra varios grupos subversivos.

Con 16 votos a favor, 11 en contra y sin abstenciones, la amnistía fue aprobada en segunda votación por la Comisión permanente del Congreso, que sesiona en lugar del pleno luego de que terminara la primera legislatura anual en junio.

"Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que concede amnistía a los miembros de las fuerzas armadas, policía nacional de Perú y de los comités de autodefensa", explicó el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero.

El primer voto del proyecto de ley se había realizado el 12 de junio.

Fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Fernando Rospigliosi, del partido derechista Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

La ley precisa que se concederá, en primer lugar, amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 70 años que cuenten con sentencia o con pena privativa de libertad efectiva o suspendida.

"Los militares presos que tienen más de 70 años se van a la calle. Los procesos abiertos se cierran", aseguró a la AFP Rospigliosi.

- "Impunidad" -

Según sus promotores, el proyecto de ley busca además acabar con procesos judiciales que están abiertos desde hace más de tres décadas, según el congresista y militar retirado Jorge Montoya del partido derechista Honor y Democracia, autor del proyecto de ley.

Sin embargo, sus detractores alertaron sobre su impacto en la búsqueda de la verdad sobre ese periodo violento, que dejó unos 70.000 muertos y enfrentó al estado contra las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

"Dar amnistía a militares y policías no puede ser una razón para impunidad", comentó por su parte el congresista de la bancada socialista Alex Flores en el debate del proyecto de ley.

Tras la aprobación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos añadió en la red social X que "la impunidad no oculta el delito, lo agiganta".

Amnistía Internacional había exhortado horas antes al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.

"Se vulneraría derecho a la justicia de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual", indicó la entidad en X.

Además, "se cerrarían decenas de investigaciones y procesos judiciales, sentando un precedente de impunidad", alertó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ya había instado el 26 de junio al Estado peruano a "abstenerse de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos".

Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al fallecido Fujimori y a 600 militares procesados.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política de 1980 a 2000.

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El Congreso de Perú aprueba una amnistía a militares procesados por crímenes de DDHH en el conflicto

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El Congreso peruano aprobó este miércoles una ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.

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Alcance: Cubre investigados, procesados y condenados sin sentencia firme; concede beneficios humanitarios a mayores de 70 años.

Efecto inmediato: Ordena el archivo de causas penales abiertas y la excarcelación de sentenciados que cumplan los requisitos.

Exclusiones: No se aplica a delitos de terrorismo ni a casos con sentencia firme.

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Como equipo creemos que la nueva ley de amnistía es, en los hechos, un paso atrás en la lucha contra la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos y deja tambaleando los compromisos internacionales del Perú. Esta situación ilustra, mejor que ningún otro, cómo una decisión legislativa puede tensar o de plano romper las garantías constitucionales y el estado de Derecho cuando los cálculos políticos se imponen sobre los estándares de justicia y de derechos humanos.

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También consideramos que con esta norma, se busca eximir de responsabilidad a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno dejando en la impunidad delitos como tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. En un país democrático las leyes no deberían proteger a los responsables de crímenes graves, sino garantizar justicia y reparación para quienes más han sufrido. Aprobar esta amnistía solo agrava la herida de nuestro pasado reciente.

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La aprobación de la ley de amnistía por el Congreso peruano representa una clara vulneración al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. Esta norma busca liberar o exonerar a militares acusados de crímenes graves durante el conflicto armado interno, lo cual impide que las víctimas accedan a justicia.

Desde mi punto de vista, es una medida que promueve la impunidad y contradice la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Perú. Las garantías como el debido proceso, la verdad y la reparación no pueden ser anuladas por decisiones políticas. En un país democrático, los crímenes de lesa humanidad no deben quedar sin sanción.