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1. Introducción, 2. Una breve historia comercial, 3. Reglas comerciales, 3.1. Transferencia de bienes, 3.2. Transporte de los bienes, 3.4. Operación no real contenida en el artículo 44.b de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 3.5. Delito de defraudación tributaria, 4. Conclusiones.

Hace unos días la Sunat anunciaba el éxito de sus procesos penales por defraudación tributaria en la ciudad de Arequipa. Se señalaba que los contribuyentes procesados habrían utilizado facturas falsas y, en consecuencia, su conducta calzaba en lo que se denomina en materia tributaria como "operaciones no reales".

Este trabajo hará un análisis de las operaciones comerciales realizadas bajo el artículo 44.b de la Ley del IGV; sin embargo, no pretende agotarlo dada la diversidad casuística, por lo que nos centraremos en aquella triangulación comercial en la que no solo interviene un vendedor y un comprador, sino, además, un tercero que facilita comprobantes de pago, hecho desconocido por el comprador. Se verá que el comprador no evita que suceda el hecho imponible, sino que más bien lo perfecciona y, como correlato de ello, procede a utilizar los comprobantes para sustentar el crédito fiscal y para efectos de gasto deducible. Veremos si tal conducta del comprador puede subsumirse o no en el delito de defraudación tributaria.

Sin lugar a dudas, la actividad comercial presenta una enriquecida casuística de diversa naturaleza la misma que no puede ser desconocida, sino, más bien analizada a la luz de las tendencias y realidades que en los hechos económicos realizan los intervinientes, a fin de identificar al deudor o infractor tributario, por lo que, el operador jurídico debe interpretar las normas en el sentido que sea más favorable al dinamismo de la economía.

Pedro es un emprendedor, no solo le interesa el desarrollo personal, sino también el de su país; después de mucho trabajo, duro y gratificante a su vez, ha logrado consolidar sus empresas, ahora no solo contribuye con impuestos al país, sino que también ha creado muchos puestos de trabajo.

Un día, como cualquiera, viene una persona (vendedor) a ofrecerle productos (materia prima), le da una muestra de los mismos y el precio, Pedro se interesa en los productos por la calidad y el precio procediendo a realizar el pedido correspondiente.

Después de algunos días el vendedor le trae su pedido, la encargada del almacén de la empresa de pedro verifica que los productos estén en buen estado, la contadora de la empresa verifica que los datos consignados en la factura y demás documentación esté en orden, para ello ingresa a la web de la Sunat, y procede a realizar el pago, por los medios autorizados; luego verificando que todo esté en orden procede a anotarlo en su contabilidad.

Posteriormente, Pedro utiliza esos productos (materia prima) en su cadena de producción y elabora otros productos terminados los cuales los comercializa a sus clientes, y así continua su ciclo comercial generando valor agregado, además de impuestos y puestos de trabajo.

Un mal día le cae la Sunat y procede a fiscalizarlo, para luego realizarle algunos reparos y en consecuencia le desconoce la compra de esta historia (operación no real), la Sunat argumenta que el vendedor no pudo venderle nada ya que no tiene capacidad económica ni logística, el transportista niega haber transportado productos, entre otros aspectos. La Sunat, para presionar a Pedro (ya que se opone a los reparos efectuados) procede a denunciarlo por delito de Defraudación Tributaria, ya que además es quien está en mejor condición de asegurar el pago de impuestos que no efectuó su proveedor.

Pedro está desconcertado, no entiende qué ha sucedido, se supone que todo estaba en orden, al menos para él. Cómo podría Pedro saber que los productos que le vendían no eran en realidad de la empresa que emitía la factura y demás documentación; cómo podría saber que quien le vendió en realidad se prestó las facturas y demás documentación de otra empresa. En todo momento para él la operación fue real. No existe obligación legal que obligue a Pedro ir más allá de lo razonable en su rol empresarial.

3.1. Transferencia de bienes

De acuerdo al código civil, por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador[1]; por su parte, el reglamento de comprobantes señala que el comprobante acredita la transferencia[2]. Asimismo, el código tributario señala que los administrados deben emitir los comprobantes de pago con los requisitos formales de acuerdo a ley, así como también los documentos complementarios[3]; en esa línea el Código Civil precisa que es el vendedor quien entrega la documentación respectiva[4].

De lo señalado, se tiene que el vendedor tiene la obligación no solo de transferir la propiedad sino además de todos aquellos documentos relativos a la transacción comercial y, a su vez que solo el comprobante de pago acredita la transferencia del bien, lo que significa, por otro lado, que la documentación que pueda emitir el comprador, en sí misma, no acreditaría la transferencia de los bienes, sino que, suficiente sería con el comprobante de pago.

En ese sentido, la documentación que pueda emitir el adquiriente, lo que puede acreditar es el destino que se le dio a los bienes adquiridos ya sea en la cadena productiva o circuito comercial. Sobre el fondo del asunto, será innecesario ahondar en mayor documentación para acreditar la transferencia de bienes, ya que, si lo que busca acreditarse es la existencia de los mismos deberá evaluarse no solo la documentación emitida por el vendedor, ya que incluso esta podría ser inexacta, por tratarse, eventualmente de un bien ajeno[5], siendo necesario verificar, entonces, la documentación generada por el comprador, no toda la documentación periférica, sino aquella que acredite de manera directa, la existencia o no, a través del uso dado a los bienes para llegar al destino final.

3.2. Transporte de los bienes

El código civil nos señala las reglas a seguir para la entrega de los bienes, así, nos dice que los gastos de entrega son de cargo del vendedor, salvo que sea un lugar diferente del primigeniamente señalado o pacto distinto[6], ello significa que es el vendedor quien tiene la obligación de asumir los gastos que incurra en la entrega de los bienes, será él quien contrate el transporte y toda aquella logística que implique el traslado de los mismos, razón por la cual no podría exigírsele al adquiriente que explique cómo se transportaron los bienes, ya que para los efectos comerciales, al adquiriente no le es necesario preguntarse cómo llegaron los productos, sino que, estos estén en buen estado y en su almacén, en otras palabras, no puede ser un policía de su proveedor.

En la mente del lector seguramente ronda la idea de la receptación y se preguntará que pasa en esos casos y, seguramente se arriesgará a señalar que sí es necesario que el adquiriente tome sus previsiones; debe recordarse que, para que se configure el delito de receptación el adquiriente debe conocer o por lo menos presumir que los bienes provenían de un delito, luego, si no existe esa posibilidad no podría configurarse el delito bajo comentario.

Reflexión aparte es de señalarse la importancia de un sistema de compliance al interior de la empresa, a fin de prevenir contingencias, de manera que a través de este mecanismo la persona jurídica puede ir más allá de las exigencias legales, evitando asumir costos innecesarios en procesos judiciales dirigidos a demostrar su no responsabilidad en los hechos.

3.3. Presunción de propiedad

Al respecto, el Código Civil refiere que el poseedor es considerado propietario salvo prueba en contrario[7], de manera que si una persona que vende bienes y a su vez entrega la documentación respectiva, de primera intención, debe presumirse que es el propietario de dichos bienes y que actúa en representación del emitente del comprobante y demás documentación, en el entendido de que la operación comercial se realiza de buena fe basada en el principio de confianza, a priori no puede sospecharse del proveedor, ello haría inviable el tráfico comercial tornando lenta y torpe las diversas operaciones comerciales, salvo si la autoridad correspondiente, por ejemplo la Sunat, a través de los medios idóneos así lo advierta.

3.4. Operación no real contenida en el artículo 44.b de la Ley del Impuesto General a las Ventas

El artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) en relación a las operaciones no reales regula tres situaciones:

1. Si bien existe un comprobante de pago, la transferencia nunca se realizó y por lo tanto los bienes no existieron (simulación absoluta).

2. Si bien existe un comprobante de pago, su emisor no realizó la venta del bien, situación conocida por el comprador (simulación relativa con conocimiento de los intervinientes).

3. Si bien existe un comprobante de pago, entregada por el vendedor, su emisor no realizó la venta del bien, situación desconocida por el comprador (simulación relativa con desconocimiento del adquiriente)

Diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha señalado que estaríamos, en estos casos, frente a una simulación, ya sea absoluta o relativa; sin embargo, el artículo 44.b de la Ley del IGV[8] señala que aun en este caso el adquiriente mantiene su derecho al crédito fiscal siempre que se cancele con los medios de pago autorizados, en esa misma línea el artículo 6 numeral 15.4b[9] del reglamento nos da la regla clave, a saber, el conocimiento que tuvo el adquiriente de dicha situación.

De tal manera que, si el adquiriente conocía de esta situación no conservará el derecho a crédito fiscal, caso contrario lo mantendrá, a pesar de que la operación sea no real, ya que en este triángulo comercial el adquiriente no conocía de la simulación, en su fuero interno la transacción comercial estaba perfeccionada, por lo que, para él, la operación es real.

En esa línea de ideas, cuando estemos frente a un hecho económico con apariencia de operación no real, en primer lugar se deberá verificar la transferencia de bienes a través de la existencia de los mismos, una cuestión aparte será que a pesar de que existen los bienes estos, se presuma, provengan de otra operación comercial lícita o ilícita, situación que tendrá que ser acreditada por la Sunat, pero de ninguna manera bajo la premisa de que, como el vendedor no pudo venderle, los productos provienen de otra operación, ya que seguiríamos en lo mismo, por lo que será necesario en este supuesto investigar al vendedor señalado por el adquiriente, una investigación de la manera más amplia, y no meras deducciones.

Por otro lado, es de suma importancia, luego, de verificarse que hubo una transferencia deberá verificarse el conocimiento que pudo tener el adquiriente sobre esta situación, por ejemplo si conocía al emisor de la factura, a fin de mantener o no su derecho al crédito fiscal.

De otra parte, el artículo 44 señala que la operación no podrá ser acreditada con la existencia de bienes que no hayan sido transferidas por el emisor del comprobante de pago, aquí la norma se adelanta a una posible existencia fraudulenta de bienes; sin embargo, si el adquiriente desconoce de tal fraude en esta triangulación comercial, es decir desconoce la simulación contenida en el artículo 44.b, mantendrá su derecho al crédito fiscal; aquí, sin embargo, la existencia corrobora que la operación se llevó a cabo.

3.5. Delito de defraudación tributaria

El Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria, en su artículo 1 señala que:

El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de 8 años (...).

Por otro lado, el artículo 4 precisa que:

La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 (...) cuando:

1. Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos.

Al respecto, Bramont-Arias Torres enseña que "La conducta prohibida consiste en realizar actos fraudulentos frente al acreedor tributario destinados a obtener un resultado que es el dejar de pagar los tributos"[10] además que una de sus modalidades sería de la de utilización de facturas falsas, refiriéndose al artículo 4 de la Ley Penal Tributaria. Debe tenerse en cuenta, que en los hechos, puede presentarse una diversidad de casos, sin embargo para efectos del presente trabajo, nos centraremos en la historia de Pedro.

La conducta fraudulenta materializada en la simulación de un hecho, para obtener crédito fiscal y adicionalmente obtener fraudulentamente sustento de costo gasto para efectos del impuesto a la renta, se hace con la finalidad de dejar de pagar los tributos que la ley señala; sin embargo, consideramos que no toda simulación debe ser sancionada por el derecho penal, sino solo aquella contenida en el artículo 44.a de la Ley del IGV operación no real por simulación absoluta, dado que en el literal b si hubo una efectiva transferencia del bien y por lo tanto el adquiriente si soportó la carga tributaria, cosa distinta será que el proveedor no pague los impuestos por dicha transacción comercial.

Así, la conducta agravada sería la de simular hechos que permitan gozar del crédito fiscal, para ello, Pedro debe haber presentado facturas que contienen operaciones que nunca se realizaron, es decir, no hubo transferencia de bienes, sino más bien una facilitación de facturas. Por otro lado, en relación al literal b, Pedro debe haber intervenido en la simulación, pero no como un mero actor de la operación simulada, sino que decisivamente haya interactuado en el hecho simulado, es decir debe conocer que quien le vendió en realidad no era el emisor del comprobante de pago, conducta que no tendría sanción penal sino más bien administrativa; luego, si pedro desconoce tal simulación mal podría, en primer lugar desconocérsele el crédito fiscal (ya que debe mantenerlo por mandato de ley) y, en consecuencia no habría cometido delito de defraudación tributaria, ya que el hecho sería atípico por ausencia del elemento subjetivo, además por la ausencia del elemento normativo simulación o conducta fraudulenta, ya que en el caso de pedro no concurrirían por lo fácticamente real de la transferencia, a pesar de la no coincidencia entre vendedor y emisor de la factura.

Una cuestión medular a saber es como determinar frente a que modalidad de operación no real estamos, para ello el operador[11] debe tener en cuenta si el hecho es artificioso o impropio para la consecución del resultado obtenido. De manera que no bastará con la simple negación de los intervinientes, ni con la falta de capacidad económica y logística del proveedor, ya que podría tratarse de la venta de bien ajeno; por lo que, además de la causalidad debe determinarse que el bien existió y en efecto fue transferido siguiendo el ciclo comercial del bien, para finalmente determinar si el adquiriente conocía o no de la simulación. Es necesario que haya tenido el conocimiento ya que no bastará con la simple presunción de conocimiento.

En el caso planteado, lo hechos sucedidos antes de que los bienes fueran puestos en el lugar pactado, al no estar a cargo del adquiriente, no se le puede atribuir cualquier irregularidad, dado que no es de su competencia ya que escapa a su control; más allá de la negación de los intervinientes hasta este momento (negación que tendría su justificación, por parte de uno de los intervinientes, en las posibles consecuencias jurídicas), debe irse más allá a fin de verificar si tales circunstancias son o no artificiosas, por lo que se recomienda seguir el trayecto del bien transferido para determinar el paradero de los bienes, además de determinarse si el adquiriente soportó el IGV al momento de la compra y si tenía o no conocimiento de la simulación.

1. Transferencia y existencia, de los bienes, son caras de una misma moneda, esto es, la fehaciencia de la operación comercial, siendo el conocimiento de la simulación la pauta a seguir para determinar frente a qué operación no real estamos.

2. No puede desconocerse la operación por la mera negación de los intervinientes, al poder ser una versión exculpatoria; asimismo, la sola falta de capacidad económica y logística no acredita que la transferencia de los bienes no se haya realizado, ya que podría tratarse de la venta de un bien ajeno. Por lo que deberá seguirse la trayectoria comercial de los bienes.

3. Las irregularidades que se hayan realizado en el traslado de los bienes no son de cargo del adquiriente, salvo pacto distinto.

4. Solo estaremos frente a una conducta delictiva cuando la simulación fue absoluta, dado que en este supuesto el contribuyente no soporta el impuesto correspondiente, sino que busca beneficiarse con el mismo para dejar de pagar los tributos señalados en la Ley.

5. Actualmente la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, tiene el reto de reconocer el Crédito Fiscal obtenido y el gasto deducido, por concepto de operaciones realizadas bajo el artículo 44.b de la Ley del IGV, reafirmando lo previsto en la Ley, ya que, como en el caso narrado, se aprecia la ausencia de dolo, y siendo una operación no real, en los hechos fue real para una de las partes en este triángulo comercial y por lo tanto con arreglo a derecho, en consecuencia debe mantener el derecho a crédito fiscal, luego no se habría realizado el delito de defraudación tributaria.

[1] Artículo 1529 del Código Civil: "Por la compra venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero".

[2] Resolución de Superintendencia 007-99-SUNAT, artículo 1: "El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios (...)".

[3] Artículo 87.3 del Código Tributario: "Los administrados (...) en especial deben: (...) 3. Emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos complementarios a estos (...)".

[4] Artículo 1551: "El vendedor debe entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad o al uso del bien vendido, salvo pacto distinto".

[5] Artículo 1539 del Código Civil: "La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda".

[6] Artículo 1530 del Código Civil: "Los gastos de entrega son de cargo del vendedor y los gastos de transporte a un lugar diferente del de cumplimiento son de cargo del comprador, salvo pacto distinto".

[7] Artículo 912: "El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario (...)".

[8] "(...) Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. En caso que el adquirente cancele la operación a través de los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal. Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento.

La operación no real no podrá ser acreditada mediante:

1) La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o prestados por el emisor del documento; o,

2) La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso".

[9] "Aun habiendo cumplido con lo señalado anteriormente, se perderá el derecho al crédito fiscal si se comprueba que el adquiriente o usuario tuvo conocimiento, al momento de realizar la operación, que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito, no efectuó verdaderamente la operación (...)".

[10] Bramont-Arias, Luis. "El delito tributario: criminalización y tipificación". Disponible aquí. [Consultado el 18 de marzo del 2020].

[11] El Código Tributario a través del artículo XVI del Título Preliminar, otorga a la Sunat facultad para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible.

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¿Comete delito de defraudación tributaria el contribuyente que adquiere bienes de un vendedor que no es el emisor de la factura? | LP

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Sumario: 1. Introducción, 2. Una breve historia comercial, 3. Reglas comerciales, 3.1. Transferencia de bienes, 3.2. Transporte de los bienes, 3.4. Operación no real contenida en el artículo 44.b de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 3.5. Delito de defraudación tributaria, 4. Conclusiones.

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El contador de Rústica y la investigación preliminar de S/.60 millones

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Sumario: I. Preliminares, II. Lluvia de casos (imputación de receptación aduanera a registradores públicos en el ejercicio de sus funciones registrales), III. Aspectos generales del delito de receptación aduanera, 3.1. Las conductas del delito de receptación aduanera, 3.2. Objeto material del delito, 3.3. Tipicidad subjetiva, 3.4. Consumación, IV. Definición del elemento normativo "comercializar" en el delito de receptación aduanera en el acto de "ayudar a comercializar", V. Ejercicio de la función registral como causa de justificación (art. 20° inc. 8 del CP) "vaciamiento" de la antijuricidad a favor de la tipicidad, 5.1. La función registral del RP en el Código Civil art. 2011°, 5.1.1. Base normativa, 5.1.2. Función registral., 5.1.3. Primer momento de función registral, 5.1.3.1. Directivas ampliando la función registral respecto al art. 2011°del CC, 5.1.3.2. Quinto Pleno del Tribunal Registral ("calificación de resoluciones judiciales"), 5.1.4. Segundo momento de la función registral, 5.1.5. Tercer (actual) momento de la función registral, 5.2. ¿Función registral como causa de justificación?, 5.3. Causa de justificación obrar por disposición de ley (art. 20°, inciso 8), VI. Juicio normativo de imputación objetiva en cumplimento de un rol determinado por la norma como "conducta neutral", VII. Juicio normativo de la imputación objetiva en su componente del "principio de confianza", VIII. Aspectos procesales respecto al alcance de la invocación de la excepción de improcedencia de acción., 8.1. Antecedentes del caso materia de análisis , 8.2. ¿Es posible invocar la excepción de improcedencia de acción de oficio en juicio oral?, 8.3. ¿Es posible la mínima valoración probatoria por la parte que la invoca el medio técnico de defensa?, IX. Conclusiones, X. Bibliografía.
Resumen:
El autor analiza el delito de receptación aduanera desde una percepción normativa valorativa. Esto a partir de un caso donde un registrador público es imputado por el último verbo de "ayudar a comercializar". Para el autor, los términos "ayudar" a "comercializar" se valorarán normativamente en la ley especial atendiendo al principio de legalidad y, específicamente, en el mandato de certeza definiéndose normativa y no literalmente. El autor también estudia los subinstitutos de la imputación objetiva como el cumplimento de un rol determinado por la norma como "conducta neutral" y "principio de confianza", que permiten determinar si la conducta en sí atenta o no al ordenamiento jurídico. De ahí que dichos subinstitutos hacen concebir desde una perspectiva moderna al tipo y, lógicamente, al elemento de antijuricidad. Por ello la antijuricidad es absorbida por la primera categoría del injusto penal -tipicidad- y, en esa lógica las causas de justificación (art. 20, inc. 8, del Código Penal), son causas de exclusión de tipicidad y no de antijuricidad. Finalmente, se analiza la sentencia de vista del caso en concreto respecto de la excepción de improcedencia de acción, ¿si es posible o no deducirlo en juicio oral? Y si fuera así, ¿es posible que sea aplicado de oficio?
Marco normativo

Ley de Delitos Aduaneros: Artículo 6° de la Ley N° 28008, agravado por el Artículo 10°, literal b).

Código Penal: Artículo 20°, inciso 8.

Código Civil: Artículo 2011°.

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos: Artículo 32° y Artículo 158°.

Palabras clave: Registrador público, Función registral, Delito de receptación aduanera, Normativización, Tipicidad, Imputación objetiva, Excepción de improcedencia de acción.
I. Introducción

El análisis del presente informe se centrará en responder la siguiente interrogante y, determinar ¿si es posible que un Registrador Público, en el ejercicio de sus funciones registrales pueda cometer el delito de receptación aduanera al inmatricular un vehículo por orden de una Sentencia Judicial, en el supuesto que el vehículo provenía de origen ilícito aduanero? Pues bien, en seguida analizaremos un caso ventilado en la ciudad de Juliaca, en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial-sede Juliaca, de la Corte Superior de Justica Puno.

En las siguientes líneas aremos un análisis de la interpretación normativa valorativa del delito de receptación aduanera que está regulado en el Art. 6° de la Ley N° 28008 " Ley de los delitos aduaneros" (en adelante LDA) "el que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a dos unidades impositivas tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir de los delitos contemplados en esta ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trecientos sesenta y cinco días de multa". Y, agravado por el Art. 10°, literal b) de la LDA, por su calidad de funcionario o servidor público. En atención a este tipo penal a continuación pasaremos analizar el caso en concreto.

Los hechos facticos que constituyen el objeto de la materia de imputación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros, mediante disposición fiscal emitió la acusación el mismo que emerge de la formalización de investigación preparatoria, son los siguientes:

"(...) Collantes Povez, ayuda la comercialización del vehículo de placa de rodaje VU-1956, (...) a territorio nacional eludiendo los controles aduaneros del país, con fecha 28 de junio del 2006 y la simulación del proceso judicial (...) mediante la cual se dispone la inmatriculación del vehículo en la Oficina Registral de Juliaca ".

Entonces, la hipótesis del MP, respecto al Registrador Público (en adelante RP), fue haber inmatriculado un vehículo de origen ilícito aduanero y, en consecuencia, se le imputa el delito de receptación aduanera por el supuesto de " ayudar a comercializar vehículo de contrabando " Art. 6°, agravado por el Art. 10° literal b de la LDA.

II. Lluvia de casos (imputación de receptación aduanera a registradores públicos en el ejercicio de sus funciones registrales)

En seguida presentamos una lluvia de casos en donde el Poder Judicial, mediante las diferentes Cortes Superiores del país se ha pronunciado en varios casos similares con un común denominador -absolviendo a los Registradores Públicos- que se les hayan imputado la supuesta comisión de receptación aduanera en el ejercicio de sus funciones registrales, véase en los siguientes casos.

En el caso del RP "Aramayo Valdivia" (Puno), recaído en el Exp. 626-2006, en su parte resolutiva del auto, lo absolvieron.

También en el caso del RP "Torres Galdós" (Puno), recaído en el Exp. 202-2015-14, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, en su parte resolutiva segunda del auto, de oficio se dispone aplicar el sobreseimiento de la causa bajo los parámetros del literal b) numeral 2 del Art. 344° del CPP a favor de Torres Galdós de la comisión del delito de receptación aduanera agravada.

También en el caso del RP "Feria Zevallos" (Pasco), recaído en el Exp. 00408-2010 y en la Carpeta Fiscal 271-2009-101, el MP en su Dictamen opina que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Pasco se sirva en confirmar la sentencia de grado que absolvió a Feria Zevallos.

También, imputaron a un RP (Lima), caso "Rojas Honorio", por haber registrado vehículos de supuesto origen de contrabando, pero, lo calificaron por un delito distinto -delito de contrabando- a título de cómplice primario, la Corte Suprema mediante la Segunda Sala Penal Transitoria mediante R.N. N° 872-2016/Lima, declararon haber nulidad y, reformándola absolvieron a Rojas Honorio, por el simple argumento de la imposibilidad de complicidad post consumativa.

Las diferentes Cortes Superiores de Justicia de país ya tienen pautas de interpretación y aplicación de estas conductas atribuidas, pese a que estas jurisprudencias no sean vinculantes, pero si son jurisprudencias ilustrativas que sirven para generar seguridad jurídica y predictibilidad al momento de administrar justicia. En las siguientes líneas desarrollaremos el delito de receptación aduanera para determinar que la conducta imputada por el MP no es subsumible a este tipo penal.

III. Aspectos generales del delito de receptación aduanera

A nuestro juicio el delito de receptación aduanera es un delito de infracción de deber general negativo, como tipo penal base Art. 6° de la LDA, la redacción del tipo va dirigido a los ciudadanos comunes portadores de deberes generales negativos; sin embargo, en este caso concreto, se agrava por el Art. 10°, literal b) por la condición de funcionario o servidor público, lo que hace que sea normativamente un delito de infracción de deberes especiales positivos dirigidos a los intraneus portadores de deberes especiales positivos (Salazar, 2019, p. 01), "en normas de comportamiento jurídico-penales que competen a las personas en un contexto social determinado" (Jakobs, 1994, p. 13).

El delito de receptación aduanera es un tipo penal autónomo, por lo que no requiere de un delito previo aduanero, en palabras terminadas como un "delito propiamente dicho", pese a esta afirmación no se puede negar el carácter de accesoriedad y lógicamente de conexión del hecho precedente o el hecho previo de un ilícito aduanero en grado de injusto penal y no de un delito acabado con grado de culpabilidad, por los argumentos señalados el delito de receptación aduanera es un delito subsiguiente.

La conducta subsumida a este tipo penal se consuma en el preciso momento de las comercializaciones de las mercaderías de origen o proveniencias de orígenes ilícitos aduaneros previstos en la LDA (García, 2016, p. 1586) -objeto material del delito-, y ello justifica la accesoriedad desde un plano cuantitativo y cualitativo toda vez que el autor del delito previo de contrabando de cualquiera de los delitos establecidos por la LDA tenga consigo el bien que negociará al receptador y este a la vez podrá cometer este ilícito penal de receptación aduanera con las siguientes conductas -verbos-, y la adecuación a cada verbo no implica de per se la consumación de este delito, en consecuencia, este delito solo podrá agotarse " durante los actos posteriores que tiendan a favorecer la comercialización de las mercancías procedentes del delito aduanero " (García, 2016, p. 1591).

3.1. Las conductas del delito de receptación aduanera

Primera conducta. " Actos de apropiación de las mercancías de origen ilícito aduanero" a) A título oneroso (adquirir el bien receptado) y, b) A título gratuito (recibir en calidad de donación el bien receptado).

Segunda conducta. " Actos de posesión de las mercancías de origen ilícito aduanero" a) Almacenamiento (de las mercaderías de proveniencia de origen ilícito aduanero, solo si se determina la finalidad de negociar con posterioridad) y, b) Ocultación (de las mercaderías de proveniencia de origen ilícito aduanero, solo si se determina la finalidad de negociar con posterioridad). La sola posesión no es pasible a una sanción penal, sino que debe darse en el contexto de las negociaciones de las mercancías he ahí el fundamento de su reprochabilidad. El verbo de la posesión de las mercancías ya sea en su modo de almacenamiento u ocultación se consuma el momento de las negociaciones de las mercaderías y, de no probarse el contexto de las negociaciones, estaríamos de cara ante otro delito como el encubrimiento real.

Tercera conducta. " Actos de comercialización". Dentro de este verbo se encuentras dos conductas a) Venta de la mercancía de origen ilícito aduanero y, b) Ayuda a la comercialización de la mercancía de origen ilícito aduanero. Estas dos conductas se consuman en el instante de la obtención de los beneficios económicos procedentes de las mercaderías, ello no implica que necesariamente la persona que participe en esta fase obtenga un beneficio.

3.2. Objeto material del delito

El objeto material del delito de receptación aduanera es la mercancía que proviene de origen ilícito aduanero y, no solo debe entenderse como mera mercancía, si no que este además debe tener un valor y ello lo determina la LDA, siempre en cuando el valor de la mercadería sobrepase las cuatro unidades impositivas tributarias y, de no ser así, dicha conducta por el valor de la mercadería solo constituirá un injusto administrativo.

3.3. Tipicidad subjetiva

El delito de receptación aduanera solo pueda cometerse a título doloso y, ello implica que el agente al momento de cometer el ilícito penal tenga que conocer la ilicitud de la norma, en efecto el autor receptador también tiene que conocer que esas mercaderías provengan de un origen ilícito penal aduanero que establece la LDA. El dolo en este y como en todos los delitos se interpreta normativamente con el carácter objetivo de imputar con indicios al autor receptador. El delito también, alcanza a aquella persona "a quien debía presumir" las mercaderías deriven de un origen ilícito aduanero.

3.4. Consumación

El delito de receptación aduanera se consuma con la realización de todas las conductas descritas en el tipo penal, siempre en cuando la mercancía provenga de uno de los orígenes ilícitos aduaneros contemplados en la LDA.

VI. Definición del elemento normativo "comercializar" en el delito de receptación aduanera en el acto de "ayudar a comercializar"

En seguida analizaremos brevemente el hecho atribuido al RP ¿si esos hechos son típicos o no? El ilícito en mención tiene diversos verbos rectores como el "adquirir", "recibir", "recepción en donación", "recepción en prenda", "almacenar", "ocultar", "vender"; sin embargo, el MP ha imputado por el ultimo verbo "ayudar a comercializar". A prima facie, por ayudar se entiende en socorrer, cooperar, auxiliar a otra persona dentro de la actividad de comercialización de la mercadería, consiste en el expendio habitual en público o privadamente de mercancías (Gallardo, 2006, p. 337), entonces, adelantando la conclusión, el hecho de inmatricular un vehículo por mandato judicial, no es un acto que importe "...ayudar a comercializar...".

Por ende, la ayuda a comercialización siempre se debe de realizar en el contexto de la venta (compra y venta) ¿Qué cuerpo normativo regula la compra y venta? La ley especial que regula es el Código Civil, de ahí, la necesidad de recurrir al Art. 1529° del CC, a efectos de definir el concepto de comercializar y, no a la real academia española para no caer en una mera interpretación literaria.

El tipo penal de receptación aduanera tiene términos valorativos normativos, como lo es el acto de " comercializar", la valoración de este acto es normativo y no un simple término literal -gramatical-. Al ser un término normativo los conceptos deben entenderse desde una categoría valorativa y, debe ser -entendido bajo el principio de legalidad y específicamente en el mandato de certeza- por lo que se considera que el elemento del tipo " comercializar " requieren una definición normativa y no literal o gramatical. Estos términos normativos del tipo penal de receptación aduanera deben ser de común comprensión para el ciudadano y, de forma previa a que realice el hecho materia de atribución. Es por ello, que sólo a través de una previa definición normativa podría serle exigible al ciudadano el cumplimiento de un deber concreto al que no debe infringir.

En el último verbo típico del ilícito penal en comento se agrupa finalmente bajo el título ayuda a la comercialización de las mercancías. Este último acto, conducta, al que se le debe de dar un contenido normativo, con esta fórmula de "cooperación" o "ayuda" a comercializar, el tipo penal intenta impedir que los que ayudan al autor del delito previo a comercializar las mercancías se beneficien, por razones de accesoriedad, de la falta de castigo por el delito de receptación del autor del delito previo (García, 2016, p. 1590).

Incluso, la misma Corte Suprema mediante la Segunda Sala Penal Transitoria, R.N. N° 872-2016/Lima. Ha definido el término "ayudar", auxiliar, cooperar o coadyuvar. En su fundamento:

" Vigésimo. - Como lo ha señalado adecuadamente la jurisprudencia (SPP. R. N. N° 2939-2015. Fundamento vigésimo segundo), en el uso común del lenguaje "auxiliar" es prestar ayuda, cooperar o coadyuvar. Si se vincula con el objeto de auxilio -en el caso el delito de contrabando-, este consiste en prestar ayuda para el delito se realice, o en términos jurídico penales, se consume. (...)"

Los paréntesis, las negritas y subrayadas son nuestras.

Entonces el término "ayudar", se tiene que definir en la misma lógica de auxiliar, cooperar o coadyuvar para que se consume un ilícito penal, es por ello que se utiliza el termino prestar ayuda. Entonces, una vez definido este término de ayuda, se tiene que pasar a definir normativamente el término "comercializar", para lo cual se tiene que recurrir a una ley especial que define previamente ese concepto. Como ya se adelantó líneas arriba, este acto típico debe interpretarse en el contexto de la comercialización de las mercancías. Y para definir normativamente la comercialización como compra y venta, se debe recurrir necesariamente al CC, la misma que indica:
"Art. 1529º.- Definición
Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero".

La definición normativa del elemento "comercializar", en el acto de "ayuda a comercializar" en el delito de receptación aduanera atendiendo al principio de legalidad y específicamente en el mandato de certeza definiendo normativamente y no literalmente. Entonces queda definido normativamente el termino comercializar (compraventa) se desprende, la persona que va a ayudar a comercializar, tiene que ayudar a negociar, "ello significa intervenir como mediador entre el poseedor del bien proveniente de un hecho equivalente a un injusto penal previo aduanero y otra persona, que debe ser extraña a la comisión del delito, a los efectos de su trasferencia a título oneroso".

5. Ejercicio de la función registral como causa de justificación (art. 20° inc. 8 del CP) "vaciamiento" de la antijuricidad a favor de la tipicidad

En la teoría del delito la categoría de la antijuricidad ha sufrido un vaciamiento a favor de la tipicidad, debido al desarrollo de la moderna teoría de la imputación objetiva, (riesgo permitido, prohibición de regreso, imputación a la víctima, principio de confianza, acciones a propio riesgo) - sub-institutos de la imputación objetiva- que permiten determinar si una conducta en si atenta o no al ordenamiento jurídico, contra la norma y los deberes que están en ella; y, entonces es lógico calificar si esa conducta es contraria a derecho o no, (concepto tradicional de antijuricidad), de ahí que dichos sub-institutos hacen concebir desde una perspectiva moderna al tipo y, lógicamente al elemento de antijuricidad. Por ello la antijuricidad es absorbida por la primera categoría del injusto penal -tipicidad-.

Entonces la antijuricidad se entiende como un determinado comportamiento creador de un riesgo jurídicamente desaprobado, es por ello que la antijuricidad como categoría del injusto penal pasa a un segundo plano a favor de la tipicidad, de ahí el termino de vaciamiento de la antijuricidad. En el caso del RP la -función registral- son hechos institucionales (hechos que generan deberes positivos especiales) por lo tanto su probanza y verificación de ley es obligatorio.

5.1. La función registral del RP en el Código Civil (art. 2011)

5.1.1. Base normativa

"Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del registrador, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el registrador podrá solicitar al juez las aclaraciones o información complementaria que precise, o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro". (Las negritas y las subrayadas son nuestras).

5.1.2. Función registral

En virtud de la Primera Disposición Modificatoria del Decreto Legislativo N° 768, vigente desde julio de 1993, que promulgó el actual Código Procesal Civil, que adicionó un segundo párrafo al Art. 2011° del CC, concerniente a la calificación de documentos de origen judicial, precisando cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordena una inscripción, el RP solo puede solicitar al juez las aclaraciones o la información complementaria que precise. Esta modificación constituyó una innovación distorsionadora, pues restringió la facultad y la función calificadora del RP.

Hasta antes de la modificación, el tema de la calificación de documentos de origen judicial tenía un tratamiento ya definido por parte de los registradores, en los términos que señala la Exposición de Motivos del Art. 2011°. Sin embargo, conforme al texto de la nueva disposición, la facultad de calificar, en los términos previstos en la primera parte del Art. 2011°, no resulta de aplicación cuando se trata de resoluciones judiciales que ordenan la inscripción. Entonces, el RP se encuentra autorizado para realizar una calificación limitada a aspectos puntuales tales como: i) la competencia del órgano jurisdiccional; ii) las formalidades extrínsecas; iii) la adecuación a los antecedentes regístrales y iv) la condición de inscribible del título. Lo que sí estaba claro era que quedaba fuera del ámbito de calificación: a) la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiese dictado; b) los fundamentos o el contenido de la resolución judicial y; c) su adecuación a la ley.

Los documentos judiciales no pueden ser materia de calificación sino en determinados extremos, caso contrario ocurre con los documentos públicos notariales, pues si serian calificables los documentos judiciales evidentemente afectaríamos al " principio jurídico de unidad de jurisdicción ". Por ello, cuando el juez, desestima el pedido de aclaración y reitera el mandato de inscripción, el registrador debe inscribir el título, en cumplimiento estricto del mandato judicial.

5.1.3. Primer momento de función registral
5.1.3.1. Directivas ampliando la función registral respecto al Art. 2011°del CC
La Superintendente Nacional de los Registros Públicos, emitió la Res. N° 066-2000-SUNARP/SN, de fecha 05 de abril del 2000, aprobó en su artículo único la Directiva N o 002-2000-SUNARP/SN, para la debida aplicación del Art. 2011° del CC, precisando la responsabilidad del RP de observar o tachar los partes que provengan de fuero judicial, cuando los mismos se refieran a actos no inscribibles a los que alude el Art. 2021° del CC, o exista incompatibilidad entre la resolución judicial que ordena la inscripción de una posesión y los respectivos antecedentes regístrales. Es decir, la finalidad de la directiva, como lo señala expresamente la misma, fue la de " Facilitar la debida aplicación del segundo párrafo del Art. 2011° del CC. y en tal sentido, precisar la responsabilidad del registrador para observar y/o tachar los partes que provengan de fuero judicial, cuando los mismos se refieran a actos no inscribibles a los que alude el Art. 2021° del CC, o cuando exista incompatibilidad entre la resolución judicial que ordena la inscripción de una posesión y los respectivos antecedentes regístrales ".

La Superintendente Nacional de los Registros Públicos, emitió otra Res. N° 195-2001-SUNARP/SN, del 19 de junio del 2001, donde aprobó el Reglamento General de los Registros Públicos. Cabe resaltar que la última parte del Art. 32°, en citado Reglamento General estableció lo siguiente:

"... En los casos de resoluciones judiciales que ordenen una inscripción, la calificación se efectuará con respecto a su adecuación con los antecedentes del Registro, la formalidad que debe revestir, la competencia de la autoridad judicial correspondiente, salvo los casos de competencia prorrogable, y la naturaleza inscribible del respectivo acto o derecho. Asimismo, el Registrador podrá exigir el cumplimiento de la inscripción de actos previos que resulten indispensables para que se registre la resolución judicial...".
5.1.3.2. Quinto Pleno del Tribunal Registral ("calificación de resoluciones judiciales")
La Superintendente Adjunto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 020-2003-SUNARP/SA, de fecha 10 de octubre del 2003, aprobó precedentes de observancia obligatoria aprobados en sesión del Quinto Pleno del Tribunal Registral, así el Quinto Pleno, señaló en su artículo segundo que " los precedentes antes indicados serán obligatorios a nivel nacional desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución". Entre los precedentes aprobados en la sesión del Quinto Pleno, cabe resaltar, el tercer precedente referido a la " calificación de resoluciones judiciales ", la misma que estableció lo siguiente:
3.- "Calificación de resoluciones judiciales:
El Registrador no debe calificar el fundamento o adecuación a la ley del contenido de la resolución judicial. Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 2011° del Código Civil, el Registrador está autorizado para solicitar aclaración o información adicional al Juez, cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita inscribir o la inadecuación o incompatibilidad del título con el antecedente registral. Si en respuesta a ello el Juez reitera el mandato de anotación o inscripción mediante una resolución, incorpora al fondo del proceso dicha circunstancia, y, en consecuencia, al emitir pronunciamiento sustantivo, el mismo no puede ser objeto de calificación por parte del Registrador, siendo en estos casos, responsabilidad del magistrado el acceso al Registro del título que contiene el mandato judicial, de lo que deberá dejarse constancia en el asiento registral."

La lógica que introdujo el Quinto Pleno, no fue nada novedoso solo siguió los pasos de las siguientes resoluciones previas: Res. N° 452-1998-ORLC/TR del 04 de diciembre de 1998, Res. N o 236- 1999-ORLC/TR del 21 de setiembre de 1999, Res. N° 279-2000-ORLC/TR del 11 de setiembre de 2000, Res. N° 406-2000-ORLC/TR del 21 de noviembre de 2000, Res. N° 435-2000-ORLC/TR del 13 de diciembre de 2000, Res. N o 448-2001-ORLC/TR del 17 de octubre de 2001, Res. N° 160-2001-ORLC/TR del 09 de abril de 2001, Res. 70-2002-ORLC/TR del 04 de febrero de 2002, Res. N° 030-2003-SUNARP-TR-L del 23 de enero de 2003 y Res. N o 216-2003-SUNARP/TR del 04 de abril de 2003. Cabe mencionar que, a la fecha de la publicación del Quinto Pleno, se encontraba vigente el Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado mediante Res. del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 195-2001-SUNARP/SN, del 19 de junio del 2001, la misma que establecía en su Art. 158° lo siguiente:

"Las resoluciones de segunda instancia registral que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, constituirán precedentes de observancia obligatoria en el ámbito de su competencia territorial, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo órgano mediante resolución debidamente motivada o por mandato judicial firme y vinculante. Las resoluciones mencionadas deberán precisar el criterio de observancia obligatoria de manera expresa y se publicarán en el Diario Oficial El Peruano".

El Superintendente Nacional de los Registros Públicos, emitió la Res. N° 087-2003-SUNARP/SN de fecha 01 de marzo del 2004, la misma que aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular estableciendo en su Art. 9° los supuestos de inmatriculación de vehículos.

"(...) punto c) los supuestos de inmatriculación de vehículos para otros casos señalándose en el punto c.2) que documentos deben acompañarse como ser: Resolución judicial de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva o título supletorio, o cualquier otra resolución que a criterio de del juez resulte suficiente para general la inmatriculación de un vehículo, acompañando la resolución de haberse declarado consentida o ejecutoriada. También se adjuntará para esos casos, el certificado de revisión técnica vigente".

Se emitió el Decreto Supremo N° 008-2004-JUS de fecha 27 de julio del 2004, el mismo que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, estableciéndose los supuestos de inmatriculación de vehículos.

5.1.4. Segundo momento de la función registral

Se emitió la Res. de fecha 11 de junio del 2004, recaída en el proceso de Acción Popular No 2145-2003, y, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República en la que se declara inaplicable por infracción a la Constitución Política en el último párrafo del Art. 32° del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. N o 195-2001-SUNARP, el cual señalaba lo siguiente:

"... En los casos de resoluciones judiciales que ordenen una inscripción, la calificación se efectuará con respecto a su adecuación con los antecedentes del Registro, la formalidad que debe revestir, la competencia de la autoridad judicial correspondiente, salvo los casos de competencia prorrogable, y la naturaleza inscribible del respectivo acto o derecho. Asimismo, el Registrador podrá exigir el cumplimiento de la inscripción de actos previos que resulten indispensables para que se registre la resolución judicial...".

La Corte Suprema, señala que el RP, como funcionario administrativo, no está facultado para calificar una resolución judicial ni requerir actos previos para su inscripción, pues ello atentaría contra la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela jurisdiccional efectiva. El Nuevo Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. N° 195-2001-SUNARP/SN., Art. 32° último párrafo, respecto a este la Corte Suprema, indico que este párrafo cuestionada constituye una flagrante afectación a los principios de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela jurisdiccional efectiva, amparados en los incisos 2 y 3 del Art. 139° de la Constitución Política. La Corte Suprema manifiesta que, en sentido general, las resoluciones judiciales son el resultado de un proceso jurisdiccional sujeto al control del juzgador respecto de las partes procesales, la constitucionalidad y legalidad del procedimiento en sí mismo; además que ellas deben ser ejecutadas en sus propios términos sin que sean objeto de modificación o interpretación de ningún tipo.

5.1.5. Tercer (actual) momento de la función registral

Por lo tanto, concluye que el Poder Judicial no puede estar de modo alguno sujeto a las exigencias de una autoridad administrativa, pues lo contrario implicaría distorsionar las garantías previstas en la Constitución. Por todo lo aseverado, la Corte Suprema confirma la resolución apelada que declaró fundada la demanda sobre acción popular y, en consecuencia, inaplicable el último párrafo del Art. 32° de la Res. N° 195-2001-SUNARP/SN, por infracción a la Constitución. Por ende, se emitió el Oficio Circular N° 005-2005-SUNARP-GR/SA, de fecha 17 de febrero del 2005, referido a la declaración de inaplicable por infracción a la Constitución del último párrafo del Art. 32° del Reglamento General de los Registros Públicos.

En respuesta al oficio antes indicado, el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, emitió la Res. N° 065-2005-SUNARP/N de fecha 11 de marzo del 2005, que modifica el " Reglamento General de los Registros Públicos " aprobado por Res. N° 195-2001-SUNARP/SN. Esta fue la modificación:

1.- Se modifica el último párrafo del artículo treinta y dos del citado Reglamento conforme al tenor el siguiente:

Artículo 32.- (parte pertinente)

"... En los casos de resoluciones judiciales que contengan mandatos de inscripción o de anotación preventivas, el registrador y el Tribunal Registral se sujetarán a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2011° del Código Civil.

2.- Se modifica el artículo 158° del mencionado Reglamento conforme al tenor siguiente:

Artículo 158°. - Precedentes de observancia obligatoria. -

Constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los Plenos Regístrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias regístrales, en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior.

Los criterios reiterados existentes en las Resoluciones del Tribunal serán sometidos a consideración del Pleno Registral para su eventual aprobación como precedentes de observancia obligatoria. (...).

La Presidencia del Tribunal Registral es responsable de la implementación de un sistema que identifique claramente las materias sobre las cuales se pronuncien las Salas del Tribunal en sus Resoluciones.

Los precedentes de observancia obligatoria aprobados en el Pleno Registral, conjuntamente con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, (...).

3.- Por último, el inciso b) del artículo segundo de la citada resolución modificatoria estableció que los artículos 31°, 32° y 33° entrarán en vigencia a partir del 11 de abril del 2005 y se aplicarán inclusive a todos los procedimientos regístrales en trámite en ese momento.

La superintendente Nacional de los Registros Públicos, emitió la Res. N° 079-2005-SUNARP/N de fecha 21 de marzo del 2005, mediante la cual se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, que consta de 11 títulos y 169 artículos, estableció lo siguiente:

Artículo 32°. - (última parte)

"... En los casos de resoluciones judiciales que contengan mandatos de inscripción o de anotaciones preventivas, el Registrador y el Tribunal Registral se sujetarán a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2011° del Código Civil...".

El Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, indico respeto del Art. 158° señaló lo siguiente:
Artículo 158°.- Precedentes de observancia obligatoria. -
Constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal Registral en los Plenos Regístrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias regístrales, en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior. (...).

En el caso concreto que se está comentando, sobre la presente inmatriculación de vehículo fue efectuadas durante el año 2006 específicamente el 28 de junio, espacio que se deberá tener presente para la aplicación de la ley especial y penal en el tiempo. Situación normativa con posterioridad a los hechos, el Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 029-2005-SUNARP-SA de fecha 30 de enero del 2012 que aprobó la Directiva N° 02-2012-SUNARP-SA, "Procedimiento para que los Registradores Públicos soliciten las aclaraciones a los Magistrados del Poder Judicial en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 2011° del CC".

"Que, actualmente la SUNARP ha determinado la existencia de una problemática, respecto de la calificación de resoluciones judiciales, debido a que los Registradores en el ejercicio de su función registral, requieren la aclaración de los partes judiciales de acuerdo con el marco legal vigente, lo que en algunos casos, genera que los jueces decreten apercibimientos, conforme el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, generando un conflicto entre dos entidades del Estado cuyo objetivo es servir de mejor manera a la ciudadanía".

5.2. ¿Función registral como causa de justificación?

Ya en el tipo objetivo se estudia el significado de un comportamiento frente al orden jurídico, es decir, si esa conducta ha creado o no un riesgo desaprobado en la norma penal, entonces, el primer nivel de análisis es identificar que norma se aplica al comportamiento -deberes- y, el segundo nivel de análisis es determinar si esa persona ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, en otras palabras, determinar si esa persona infringió o no sus deberes. De que los sub-institutos de la imputación objetiva tienen la función de excluir cuando la conducta carece de significado relevante para el derecho penal.

De todo lo relatado, se desprende que el ejercicio de la función registral -RP-, es una causa de justificación ejercicio legítimo de un derecho del Art. 20° inciso 8 del CP, "por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo". En este supuesto el RP, actúa atípicamente, pues así su comportamiento, aunque sea causal de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, no tiene el contenido para ser reprochado penalmente, entonces estamos de cara ante la exclusión de una tipicidad y lógicamente la de antijuricidad. En la misma línea jurisprudencial la Corte Suprema en una reciente Cas. N° 810-2016-Puno, en su fundamento que desarrolla " el actuar en el ejercicio de un deber o cargo ", Decimoprimero:

11.1. Al respecto, considerando que a través de esto se valida el comportamiento de quien actúa por mandato legal, por lo que resultaría contradictorio ingresar al plano de la antijuricidad lo que implicaría calificar como ilegal algo que está obligado a realizar; en consecuencia, al analizar la relevancia penal del comportamiento, será importante delimitar las funciones inherentes al rol con sujeción al riesgo permitido.

(La negrita y la subrayada son de nosotros).

Las causas de justificación operaran ante la acción típica, justificado por la propia ley, pese a haber dañado o puesto en peligro un determinado bien jurídico que normativamente no es otra cosa que un derecho fundamental el objeto de protección. La ubicación dogmática del obrar por disposición de una ley está ubicada en la tipicidad, en consecuencia, ahí se debe discutir si esa esa conducta fue realizada en el mandato de su cumplimiento de su deber y, se tiene que determinar si ese mandato fue legal o arbitrario, de ahí que las conductas prohibidas deben ser verificables si son aceptados por la sociedad como soportables en consideración a su contexto, es decir, a la situación justificante (Jakobs, 1997, p. 419).

5.3. Causa de justificación obrar por disposición de ley (art. 20°, inciso 8)

Si la ley manda un deber específico y, en el cumplimiento de ese mandato se lesiona o pone en peligro un bien jurídico a ello se le llama el obrar por disposición de la ley. Es así que ¿un acto de "...ayudar a comercializar..." en el cumplimiento de una obligación registral, es decir, el hecho de que un RP inscriba un vehículo, en estricto cumplimiento de sus deberes y funciones? ¿Es un delito actuar en cumplimiento de un mandato judicial, máxime si es que las reglas de comportamiento del servidor público le obligan a respetarlas? (Art. 2011° del CC). En este caso el RP -condición que tiene el encausado- está en la obligación de respetar, cumplir y, acatar las decisiones judiciales; por tanto, ¿ puedo ser procesado por cumplirlas? obviamente no.

La lógica de la persecución penal sin previo análisis normativo en el caso concreto donde se está procesado a un RP, por no haber infringido su deber especial, aun a sabiendas que el RP actuó dentro de una normatividad expresa o tácita ya citada del CC, en este sentido, resulta necesario establecer un criterio de análisis a la tipicidad. ¿Del acto que practica un RP, al inscribir un título por mandato judicial, configura un delito? De los medios de prueba documentales ofrecidos por el propio representante del MP, para acreditar en juicio la responsabilidad penal del RP, se tiene de varias esquelas de observación y aclaración realizados al Juzgado de Paz Letrado por el propio RP, en cumplimiento de sus deberes especiales positivos, frente a la cual se entiende legalmente y únicamente solo le quedaba proceder a la inmatriculación del vehículo, este último aspecto detona que no habría tenido interacción o haya ayudado a comercializar, coadyuvar en un acto ilícito penal eventualmente.

VI. Juicio normativo de imputación objetiva en cumplimento de un rol determinado por la norma como "conducta neutral"

El punto de partida del desarrollo básico es la libertad como concepto es el soporte inherente del concepto normativo-social de la persona, quien además es el ser humano y como tal es titular de derechos, quien cumple la norma y respeta los derechos y libertades de los demás. Toda persona tiene el derecho fundamental reconocido por la constitución, el derecho a la autodeterminación/autoadministración de su personalidad (Caro, 2014, p. 183) y, la libertad de organización en su ámbito personal para decidir enfrentarse y en consecuencia quebrantar la norma - quebrantando su rol - y, con ello generar una imputación penal. Delito no es otra cosa que lo opuesto a la libertad personal, de esa heteroadministración ilegitima de lesionar o poner en peligro otras libertades.

Las conductas neutrales son consideradas irrelevantes para el derecho penal, tolerables en una sociedad de riesgos. Estas conductas son desplegadas dentro de los criterios delimitadores de imputación objetiva y su análisis en el tipo objetivo, razón por la cual, al ser inocuas, no serán punibles. El actuar bajo el cumplimiento de un rol constituye un riesgo permitido que excluye la imputación de la conducta (Villavicencio, 2016, pp. 235-236). En la doctrina el actuar conforme al rol es denominado variadamente como "conductas neutrales" (Kudlich, 2001, pp. 751-753), "conductas cotidianas", "conductas totalmente estereotipadas" (Jakobs, 1996, p. 260), "conductas sin relación de sentidos delictivo", "conductas inocuas o inofensivas" (Schild, 1995), " conductas adecuadas a una profesión u oficio " (Lesch, 2001, p. 986), entre otros.

En ese sentido el prof. Caro John, indica que la idea central radica en afirmar que la conducta neutral tiene la garantía, per se, de no ser punible, aun cuando, en algunos supuestos, puede en si misma coincidir de modo factico con una colaboración o favorecimiento a un delito cometido por un tercero, el mismo prof. indica, quien obra en el marco de un rol social estereotipado o inocuo, sin extralimitarse en sus contornos, no supera el riesgo permitido, su conducta es " neutra y forma parte del riesgo permitido, ocupando una zona libre de responsabilidad jurídico-penal, sin posibilidad alguna de alcanzar el nivel de una participación punible" (Caro, 2004, p. 105), de manera que, si dicha conducta es empleada por terceras personas con finalidades delictivas, la neutralidad de la conducta adecuada al rol prevalece, no siendo imputable objetivamente al portador del rol estereotipado. Por tanto, la conducta del RP es una conducta neutra por haberse practicado dentro de los márgenes de la adecuación social reconocida por el Derecho o dentro del riesgo permitido (Caro, 2010, p. 100).

VII. Juicio normativo de la imputación objetiva en su componente del "principio de confianza"

El mundo social está compuesto de manera normativa, con base a competencias y, no como se venía entendiendo de manera cognitiva con sustento en la relación de mero causalidad, ello implica entender que cada comportamiento se valorara de acuerdo a un contexto determinado (Jakobs, 1996, pp. 9-10). De ahí que per se no cualquier comportamiento que genere lesiones o ponga en peligro bienes jurídicos ya generé imputación, sino que lo determinante será el contexto de cada persona para valorar el comportamiento socialmente adecuado del inadecuado.

Las personas vivimos en sociedades guiados por los roles y deberes ya sean generales negativos, así como como deberes especiales positivos, pues, su infracción constituye la imputación penal, en esa línea de ideas el "principio de confianza" es un principio general del derecho (Feijoo, 2002, p. 290), que excluye la tipicidad del hecho y es un filtro (criterios) de la imputación objetiva como elemento del tipo penal por lo que su verificación es necesaria en todos los casos (Stratenwerth, 1982, pp. 75 a 87), incluso la misma Corte Suprema, mediante en los R.N. N° 608-2004, R.N. N° 552-2004 y R.N. N° 538-2004, ha determinado la atipicidad de los hechos por principio de confianza.

El principio de confianza, según el profesor Jakobs, "significa que se autoriza o se acepta que la persona confíe en el comportamiento correcto de los otros dentro del desarrollo de una actividad riesgosa socialmente aceptada, que se ejecuta de forma colectiva u organizada" (Jakobs, 1997, p. 254), "otorga libertad de acción a pesar del peligro de un desenlace negativo, pues de este peligro ha de responder otra persona...el principio de confianza posibilita la división del trabajo mediante un reparto de responsabilidades" (Jakobs, 1997, p. 219), el principio de confianza es aplicable a aquellas acciones socialmente aceptadas que se guían por la división de trabajos de las personas que son autoresponsables conocedores de sus deberes y respetosos del derecho. De acuerdo a este principio, no es posible imputar objetivamente los resultados producidos a quien ha actuado confiando en que los otros actuarán también dentro del ámbito del riesgo jurídicamente permitido (Bacigalupo, 1999, p. 276).

El prof. Caro John, sostiene que el principio de confianza está comprendido dentro de análisis del riesgo permitido y opera como causal de exclusión de imputación cuando se analiza un comportamiento desde la teoría del riesgo. "Contribuye a una mejor demarcación de las fronteras del riesgo permitido en virtud de lo cual se le considera como un criterio general delimitador de la responsabilidad penal. Quien actúa conforme con las obligaciones inherentes a su rol puede confiar razonablemente en que los demás intervinientes harán lo mismo: comportarse como personas de derecho" (Caro, 2014, pp. 65-66).

De esto se extraen dos requisitos. El primero, que se trate de un escenario de actuación de dos o más personas (sino se analizaría únicamente desde en riesgo permitido); segundo, delimitar los ámbitos de competencia en función al rol de los involucrados en el contexto que el caso amerite. El autor, identifica cuatro criterios delineadores: a) La norma general, el Código Penal. b) Normas especiales, como las que emanan de reglamentos y manuales que establecen competencias funcionales. c) Las normas de lex artis; es decir, aquellas que rigen el desempeño de una profesión. d) Finalmente, las normas de estándar de conducta de aquellos comportamientos cotidianos (Caro, 2014, p. 55).

El fundamento de este principio radica en la regla general que solamente se responde por conductas que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la persona; no forma parte del rol de un ciudadano controlar todos los posibles peligros que se puedan originar en la conducta de terceros (López, 1996, p. 118), en esa misma línea García, indica sobre la relevancia de trabajar bajo este principio en el ámbito de las organizaciones; para que éstas funcionen es necesario la "confianza frente a la licitud de la conducta de terceros" (García, 2003, p. 424).

El principio de confianza limita adecuadamente el deber de garantía; así a pesar que la persona sea RP, no responde por lesión o puesta en riesgo al bien jurídico en el correcto cumplimiento de su deber registral de la administración pública, generado por la inmatriculación de un vehículo, porque en aplicación del principio de confianza no se le puede imputar objetivamente, cuando otros han cometido cualquier ilícito penal aduanero.

El principio de confianza tiene como consecuencia práctica que la persona que actúa dentro del ámbito del riesgo permitido u organiza adecuadamente su ámbito de competencia, no tiene el deber de considerar en su actuar que se le pueda imputar la supuesta conducta antijurídica de un tercero que pertenece a la organización del Poder Judicial (Juzgado de Paz Letrado) y partes litigantes. Es válido y legal entonces que el RP, deba confiar en que los responsables del órgano jurisdiccional y la defensa de los partes -Juez de Paz Letrado y las partes litigantes (Abogados y las partes)-; son entendedores de la complejidad de las conductas prohibidas y de sus deberes generales y positivos regulados previamente tanto como juez a efectos de administrar justicia y abogado en el ejercicio de la defensa, y por lo tanto "se van a comportar respetando las normas ya que ello está garantizado por el Derecho, a no ser que se tenga ya evidencias de lo contrario" (Feijoo, 2002, p. 296).

El principio de confianza permite que el RP, pueda registrar e inmatricular el vehículo de acuerdo al Art. 2011° del CC y las Normas Registrales le permita en cumplimento fiel de ese deber positivo que la norma lo obligan confiar en que los demás (Juez de Paz Letrado y Abogados) actuarán en forma correcta.

En este caso del RP nos encontramos ente un principio de división horizontal de trabajo por lo que el reparto de roles y competencias (deberes positivos) es entre los ámbitos especializados y organizados, así como lo es el rol de Juez de Paz Letrado y el RP, por lo que no es incluso necesario el control por parte del RP, hacia al Juez de Paz Letrado.

VII. Aspectos procesales respecto al alcense de la invocación de la excepción de improcedencia de acción

8.1. Antecedentes del caso materia de análisis

De los actuados durante la investigación preparatoria y, etapa intermedia el RP, no tenía conocimiento del proceso penal, toda vez que él se encontraba desempeñándose como RP de Lima, por ello lo declaran reo contumaz, en consecuencia, él fue detenido y, con posterior traslado a la ciudad de Juliaca, donde se inició el juicio oral. No tuvo la oportunidad de deducir ningún medio técnico de defensa - excepción de improcedencia de acción - en la etapa de investigación preparatoria, ni en la etapa intermedia, porque no estaba informado del proceso penal que se le seguía, tal conforme se puede corroborar en el cuaderno principal -Exp. Judicial-. En esas condiciones se apertura el juicio oral, sin ni siquiera poder haber cuestionado la tipicidad de los hechos imputados con medios técnicos de defensa que la ley lo otorga, sin haber presentado ningún medio probatorio que desvirtué la tesis del MP en su etapa correspondiente.

Culminado el juicio oral el 20 de noviembre del 2018, se emitió la Sentencia del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Román - sede Juliaca, bajo Res. N° 35, decisión final N° 124-2018, donde decide, en la parte primera " de oficio declarar fundada la excepción de improcedencia de acción a favor del (...) RP, de la presunta comisión del delito aduanero, en su modalidad de Receptación Aduanera, en su forma de ayudar a comercializar mercancía (vehículo) de contrabando (...); en consecuencia, disponemos el sobreseimiento definitivo de la presente causa, (...)". Sin embargo, mediante Sentencia de Vista N° 42-2019, emitida por la Sala Superior Penal de Apelaciones de San Román - Juliaca, bajo Res. N° 51-2019, decidieron " declarar nula la sentencia del Juzgado Penal Colegiado (...) con lo demás que contiene".

Hubo unas contingencias previas a la audiencia de apelación de sentencia, a) el MP apeló extemporáneamente de la sentencia; por tanto, la consecuencia lógica radica en que, la acción penal terminó porque la Fiscalía -única titular de la acción penal- dejó que la sentencia de primera instancia quedase consentida., b) la Sala Penal de Apelaciones permitió la participación del Fiscal Superior en la Audiencia de Control de Apelación., c) el Fiscal Superior que participó en la audiencia introdujo en su exposición un argumento no esgrimido en el Recurso de apelación que le fuera rechazado por extemporáneo., e) el actor civil apeló, pero, por mandato expreso de la ley, ósea del Art. 407°.2 del CPP, sólo podía referirse al extremo civil de la pretensión penal; sin embargo, la Sala Penal, permitió que se refiriese a los extremos penales (punitivos) del proceso.

De la actuación procesal indicado a nuestro criterio se afecta el principio de congruencia recursal, por permitir al MP en la audiencia de apelación, introduzca una causal de nulidad que no propuso, ni fundamento en su recurso de apelación. Este criterio ha sido expresado por la propia Corte Suprema mediante la Cas. N° 4630-2012/Lima, de la Sala Civil Transitoria.

En seguida observamos algunos puntos de manera breve, si el MP, apelo extemporáneamente, no le asistía la posibilidad de participar en dicho acto ni, mucho menos, introducir argumentos que no se propusieron en su recurso de apelación extemporáneo, bajo esa lógica para la Fiscalía la sentencia quedó consentida; agotándose cualquier posibilidad de discutir la validez de los argumentos contenidos en ella.

Acto previo a la audiencia de apelación se corre traslado del recurso que lo contiene el Art. 421°.1 del CPP y, es respecto de los extremos que contienen la fundamentación del recurso de apelación y del que contiene la absolución del traslado por lo que la Sala Penal debe pronunciarse. Estos son los extremos que fijan el marco dentro del que debe pronunciarse el superior, a esto se le denomina congruencia recursal por lo que no sería posible incorporar argumentos distintos a los que contenía el recurso de apelación porque, si se introducen, se vulnera el principio antes referido.

De los ítems precedentes ya señalados respecto a la actuación del actor civil, se habría vulnerado la regla expresa contenida en los Arts. 407°.1 y 407°.2 del CPP, pues, se ha permitido que el actor civil argumente respecto de aquellos extremos de los que no son de su competencia. En la sentencia de vista hay una premisa de justificación "que cuando se produce la absolución del imputado no existe la posibilidad de reclamar la reparación civil". Esta lógica a nuestro modesto entender resultaría contraía al contenido del CPP, cuando permite, incluso, que se condene al imputado al pago de una reparación civil (Art. 12°.3 del CPP) aun cuando haya sido absuelto de los cargos punitivos; en el mismo sentido se pronuncia la doctrina nacional (Del Rio, 2010, p. 65).

La Sala Penal cuestiono aspectos formales de la sentencia de primera instancia, indicando luego de producida la actuación probatoria el Juzgado Colegiado no podía amparar una excepción -la de naturaleza de acción- de oficio; debía emitir un pronunciamiento respecto de la fundabilidad, máxime si amparó la precitada excepción en los medios probatorios actuados en el juicio oral.

Al declararse nula la sentencia de primera instancia, surge una pregunta ¿resulta necesario disponer la práctica de un nuevo juicio cuando el delito que se atribuye adolece de tipicidad? Si el estado habría invertido dinero, recursos personales y patrimoniales en un proceso innecesario. ¿ Cuál es el propósito? Si la propia Sala Penal lo anticipo, en la presente causa debe concluir con la absolución del RP -cual fuera la forma-, ya sea por falta de tipicidad o actividad probatoria.

8.2. ¿Es posible invocar la excepción de improcedencia de acción de oficio en juicio oral?

Los medios de defensa técnica como las excepciones pueden ser invocados por el acusado de acuerdo Art. 6°. 1. b) del CPP, con los parámetros que señala en cuanto a su procedencia y oportunidad; sin embargo, el Art. 7° del CPP, indica sobre la oportunidad de los medios de defensa, adicionalmente al pedio por el acusado también puede ser declarados de oficio de acuerdo al numeral 3 de citado Art., "los medios de defensa referidos en este dispositivo", (cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones) "pueden ser declarados de oficio". En esa misma línea la Corte Suprema se pronunció mediante la Cas. Nº 243-2016/La Libertad, "(...) es preciso dejar establecido que si bien los medios de defensa técnicos como las excepciones, pueden resolverse de oficio por el Juez (...)".

La excepción de improcedencia de acción es la máxima garantía de un Estado constitucional de derecho y del principio de legalidad penal (Reyna, 2015, p. 21), por ello los ciudadanos únicamente pueden ser sancionados si sus conductas reúnen todos los elementos del tipo penal, en ese mismo sentido la Corte Suprema, mediante Cas. N° 581-2015/Piura, indico "(...) cuando el hecho esta descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido, se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo: sujetos -activo y pasivo, conducta -elementos descriptivos, normativos o subjetivos- y objeto jurídico o material (...)". Caso contrario si la conducta adolece de algún elemento del tipo se podrá deducir la excepción de improcedencia de acción, la cual según la norma procesal también podrán ser deducidas de oficio.

En el caso del RP, se determinó que el actuó dentro de su rol de "Registrador Publico", por ende, el hecho imputado resultaría atípica, es por ello el Colegiado dedujo de oficio fundada la improcedencia de acción a favor del RP, por cuanto existiría una convergencia entre la conducta y el tipo penal, en ese sentido el juez deberá de declarar sobreseído la causa y, no proseguir con una persecución inútil. Pero la Sala declaro nulo la sentencia del colegiado y, en este extremo indico: "(...) la sentencia (...), se ha emitido en la etapa que corresponde a la emisión de una sentencia (...)", por lo que no es posible la ampliación de excepción de improcedencia de acción.

A nuestro entender si es posible invocar la excepción de improcedencia de acción en juicio oral y también de oficio, la interrogante seria en qué momento del juicio oral se puede deducir la excepción de improcedencia de acción, para efectos de responder hay que tomar en cuenta lo siguiente i) si es deducida por la parte -abogado- entonces será antes de que inicie el juicio oral (oportunidad correspondiente) de conformidad al Art. 7° del CPP y, ii) si es deducida de oficio -juez- conforme al Art. 7°. 3 del CPP, cuando está resuelto manifiestamente procedente, si el juez de oficio va a declarar fundada la excepción de improcedencia de acción esta debe resolver en la sentencia, en ese mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema mediante la calificación de la Cas. N° 6-2015/Arequipa en su considerando sexto.

8.3. ¿Es posible la mínima valoración probatoria por la parte que la invoca el medio técnico de defensa?

La Sentencia de la Sala, en uno de sus fundamentos de la nulidad indico, "(...) utiliza elementos extraídos del material probatorio obtenidos durante el juicio oral (...)", con esta lógica la Sala razona sobre la imposibilidad de aplicar el medio de defensa técnica como la excepción de improcedencia de acción cuando se valore la actividad probatoria respaldándose en los argumentos de la Cas. Nº 112-2012/Tacna y, la Cas. Nº.348-2015/Huánuco. Sin embargo, también existe pronunciamiento respecto a este punto el Pleno Jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Tumbes - 2017, sobre la prohibición de actuación probatoria en una excepción de improcedencia de acción refiere que:

Primera Postura: SI es posible actuar y valorar actos de investigación o de prueba, porque de lo contrario se afectaría el derecho a la defensa y el derecho a probar.

Que, por mayoría, se adhirieron a esta primera postura a razón de que se actúe una mínima actividad probatoria, para resolver una excepción de improcedencia de acción, siempre y cuando el análisis probatorio incida sobre elementos del tipo y no exista contradicción entre sí, ello en aras de lograr una justicia pronta y eficaz.

En el caso en comento la excepción de improcedencia de acción se dedujo de oficio, a partir de una mínima actividad probatoria, en el extremo que acreditaría que la conducta desplegada por el acusado, en el hecho imputado fue conforme a su rol, en tanto que devendría en causal de atipicidad objetiva, más aun si es el estadio en el cual se dedujo este mecanismo de defensa fue en juicio oral, sería imposible no haber desarrollado una actividad probatoria, en ese sentido se deberá de delimitar si al encontrarnos en la etapa, donde se deducirá un mecanismo de defensa este podrá valerse de "mínima actividad probatoria", esto en mérito al derecho de defensa y el derecho a probar.

IX. Conclusiones

Se concluye de la premisa ¿si es posible que un RP, en el ejercicio de sus funciones registrales pueda cometer el delito de receptación aduanera al inmatricular un vehículo por orden de una Sentencia Judicial, en el supuesto que el vehículo provenía de origen ilícito aduanero? No, la conducta atribuida es atípico por las siguientes razones. Para interpretar el tipo penal se tiene que normativizar el injusto penal atribuido al RP, como lo es el delito de receptación aduanera en su último verbo de "ayudar a comercializar". Dicho término "ayudar" a "comercializar", se normativiza en la ley especial Código Civil, atendiendo al principio de legalidad y específicamente en el mandato de certeza definiendo normativamente y no literalmente. Se ha analizado los sub-institutos de la teoría de la imputación objetiva como el "principio de confianza" división horizontal de trabajo por lo que el reparto de roles y competencias es entre los ámbitos especializados y organizados, así como lo es el rol de Juez de Paz Letrado y el RP, por lo que no es incluso necesario el control por parte del RP, hacia al JPL y el juicio normativo en cumplimento de un rol determinado por la norma como "conducta neutral" constituyendo un riesgo permitido que excluye la imputación de la conducta del RP. Estos sub-institutos, permiten determinar si la conducta en si atenta o no al ordenamiento jurídico, de ahí que dichos sub-institutos hacen concebir desde una perspectiva moderna al tipo y, lógicamente al elemento de antijuricidad. Por ello la antijuricidad es absorbida por la primera categoría del injusto penal -tipicidad- y, en esa lógica las causas de justificación Art. 20° inciso 8 del Código Penal, son causas de exclusión de tipicidad y no de antijuricidad.

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Villavicencio, F. (2016). Derecho penal. Parte general. Lima: Grijley.

* El presente trabajo fue parte de un informe solicitado por el Registrador Público Jorge Arturo Collantes Povez, como argumentos de su recurso de casación excepcional ante la Corte Suprema de Justicia de la República.

** Investigador de la Universidad Andina " Néstor Cáceres Velásquez". Juliaca - Perú. Numero de celular 953-488671 y, correo electrónico: [email protected]

[1] Exp. N° 626-2006, Sentencia de Vista, Res. N° 069-2011. Puno, veintiocho de noviembre del dos mil once. Integrado por los jueces superiores. Coayla Flores, Molina Lazo y Machicao Tejada (dd).

[2] Exp. N° 202-2015-14, del Primer Juzgado de investigación Preparatoria de Puno, recaída en el auto de sobreseimiento con Res. N° 20 del trece de abril del dos mil dieciséis. En su fundamento " esta causa de justificación se encuentra sustentada en la misma sustentación que ha efectuado el MP en su requerimiento de acusación, donde señala que luego que el procesado Ladislao Franco Pauro Llutari remitiera a los Registros Públicos de Puno, donde la procesada Torres Galdós era Registradora Pública (...) ordenando la inmatriculación del vehículo a favor (...), a aquella procesada Torres Galdós, pidió al Juez se precise la presencia del vehículo; sin embargo, el procesado Pauro Llutari lo que hizo fue retirarle mediante resolución Judicial la inmatriculación del vehículo, y que frente a ello la procesada Torres Galdós recién procedió a la inmatriculación del vehículo(...) en consecuencia, su actuación se encuentra ajustada a sus obligaciones o deberes que tenía como Registradora Civil, (...), bajo los parámetros del art. 20° numeral 8 del código penal, (...) Por estas razones".

[3] Dictamen N° 39-2015-1°-FSP-PASCO, en su punto IV.- De la revisión del caso en concreto.- "Con relación al primer punto del recurso impugnativo de apelación en contra de la sentencia absolutoria a favor de Julio Eloy Zevallos, respecto a que le señor Fiscal Provincial apelante indico que en autos ha quedado demostrado su responsabilidad penal del acusado, al no haber impedido la inscripción de un vehículo ya inscrito en la localidad de Juliaca, implicando ello receptación aduanera, castigados por el art. 6° de la Ley N° 28008. (...) Julio Eloy Feria Zevallos, en su condición de Registrador Público si efectuó la inmatriculación del vehículo (...) que estaba inscrito en la localidad de Juliaca, conforme se desprende los documentos que obran a fojas 336/341(...). De la misma forma en cuanto a la tipicidad subjetiva se reconoce que la figura de receptación requiere necesariamente de dolo, entendido como conocimiento cierto o presunción de la procedencia ilícita del bien, y la voluntad de aprovecharse de tales efectos. De igual forma de la descripción de las modalidades del tipo objetivo de receptación aduanera, se advierte la existencia de un elemento fáctico consiste en la toma de posesión física del bien o bienes objeto del delito a partir de la cual se desarrolla la conducta del receptor, (...). En consecuencia, en la conducta que ha efectuado el referido absuelto no se ha encontrado la conducta receptadora, (...).

[4] R.N. N° 872-2016/Lima. " La conducta imputada al procesado es la de cómplice primario del delito de contrabando. No obstante, su acción fue la de realizar la inmatriculación de los vehículos que habían ingresado al territorio nacional. Es decir, cuando el delito de contrabando agravado ya se había consumado. En consecuencia, no es posible calificar su intervención como la de complicidad primaria si el delito ya se había consumado, corresponde absolverle de los cargos ".

[5] Publicado en fecha 31 de mayo del 2000 en el Diario Oficial "El Peruano".

[6] El mencionado art. 2021° del CC señala expresamente que "/os actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el plazo de prescripción adquisitiva, no son inscribibles".

[7] Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de Julio del 2001.

[8] Se publico en fecha 20 de octubre del 2003 en el Diario Oficial "El Peruano".

[9] Publicado en fecha 04 de marzo del 2004 en el Diario Oficial "El Peruano".

[10] Publicado en fecha 01 de agosto del 2004 en el Diario Oficial "El Peruano".

[11] Publicado en fecha 12 de febrero del 2005 en el Diario Oficial "El Peruano"

[12] El recurrente solicitó mediante el recurso de acción popular, se declare la inconstitucionalidad, la ilegalidad y la consecuente inaplicabilidad del último párrafo del art. 32 del Nuevo Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. N° 195-2001-SUNARP/SN. Fundamentó el recurso en la infracción del numeral 2 del art. 139° de la Constitución Política, así como del art. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 2011° del CC. En este sentido, el contenido del párrafo en cuestión otorga al registrador público facultades de calificación de un mandato judicial en cuanto a su contenido, lo cual ocasiona retardo de la ejecución de las resoluciones judiciales.

[13] Publicado en fecha 16 de marzo del 2005 mediante el Diario Oficial "El Peruano".

[14] Publicado en fecha 30 de marzo del 2005 en el Diario Oficial "El Peruano".

[15] Publicado en fecha 31 de enero del 2012 en el Diario Oficial "El Peruano".

[16] Delito de Receptación aduanera, según los términos de los Arts. 6° y 10°.b de la Ley 28008.

[17] R.N. N.º 3855-2007-Lima, de 15-05-2009, Primera Sala Penal Transitoria, fundamento jurídico 4.

[18] R.N. Nº 776-2006-Ayacucho, de 23-07-2007, Segunda Sala Penal Transitoria, fundamento jurídico 4.

[19] R.N. Nº 608-2004, Sentencia del 24 de noviembre del 2004 de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

[20] R.N. Nº 552-2004, Sentencia del 25 de noviembre del 2004, de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

[21] R.N. Nº 538-2004. Sentencia del 13 de diciembre del 2004, de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

[22] Cas. N° 243-2016/La Libertad, fundamento décimo.

[23] Cas. N° 581-2015/Piura, f. j. 9.

[24] Primera postura del Acta de Sesión Plenaria, Tumbes, 20 de julio del 2017, f. j. 2.

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La normativización del injusto penal de receptación aduanera. ¿Puede el registrador público en el ejercicio de sus funciones registrales cometer el delito de receptación aduanera? | LP

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La normativización del injusto penal de receptación aduanera ¿Puede el Registrador Publico en el ejercicio de sus funciones registrales cometer el delito de receptación aduanera?* Aldo Calcina Hancco** Sumario: I. Preliminares, II. Lluvia de casos (imputación de receptación aduanera a registradores públicos en el ejercicio de sus funciones registrales), III.

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¿Cómo tramitar la importación de mercancías restringidas y cuáles están prohibidas?

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Mercancías restringidas

Además de la documentación aduanera correspondiente, deben contar con los documentos de control que amparen su ingreso o salida del país. Los permisos y autorizaciones son emitidos por los sectores competentes (entidades del Estado que por norma expresa tienen competencia funcional y técnica para controlar y fiscalizar determinadas mercancías).

Si tienes dudas sobre las restricciones de tu producto, deberás consultar el cuadro de entidades que emiten documentos de control. El documento de control puedes obtenerlo de forma virtual en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) o de manera presencial en cada entidad competente.

Para saber los regímenes tributarios que tendrá tu mercancía, debes ingresar su subpartida nacional en la plataforma Tratamiento arancelario por subpartida nacional, digitar el número de partida arancelaria y marcar "Consultar". Se desplegará un listado de los derechos a pagar y al marcar la opción "Restricciones", obtendrás información de las restricciones determinadas por el sector competente.

Con la subpartida nacional también puedes consultar sobre importación o exportación de mercancías restringidas por cada una de las entidades de control.

Mercancías prohibidas

Las mercancías prohibidas son aquellas que por ley se encuentran impedidas de ingresar o salir del territorio nacional y son establecidas por las entidades competentes. Estas mercancías se clasifican en dos grandes grupos:

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Si estás por traer mercancías al país o enviar mercancías al exterior, ten en cuenta que algunas están prohibidas y otras tienen restricciones para ingresar o salir del territorio nacional. Estas medidas son para proteger la salud y la vida de las personas, preservar los... #gobpe

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A continuación el detalle de las nuevas facultades de la Sunat y obligaciones de los contribuyentes incorporada mediante los Decreto Legislativo Nº 1523 y 1524.

Modificaciones a la faculta de fiscalización

Acceso a los perfiles de acceso al sistema de procesamiento de datos contables

Infracción por no proporcionar información sobre perfiles de acceso a sistemas contables

Comparecencia remota en el procedimiento de fiscalización

Derechos de los contribuyentes vinculados a la Comparecencia remota

Tipos de comparecencia de los contribuyentes

Facultad de supervisar cumplimiento de obligaciones tributarias

Facultad de inspeccionar de forma remota

Medios virtuales para utilizar en las actuaciones remotas

Comparecencia remota en Fiscalización Norma antielusiva XVI

Nuevas obligaciones de los contribuyentes

Obligación de los contribuyentes de concurrir y proporcionar perfiles de acceso a sistemas contables

Consultas tributarias de forma particular remota

Notificación por correo electrónico de actos vinculados a expedientes electrónicos

Presunción de domicilio fiscal para la notificación a personas naturales que no fijen un domicilio fiscal

Presunción de domicilio fiscal de personas jurídicas

Notificación de actos de control de cumplimiento tributario a contribuyentes sin RUC

Modificación de notificación mediante publicación en Web o periódicos

Informe oral en instancia de apelación

Uso de RUC en publicidad virtual

Infracción por no consignar el número de RUC en la documentación mediante la cual se oferte bienes y/o servicios

Nuevos supuestos de Sujetos obligados a inscribirse en el RUC

Terceros facultados a solicitar la inscripción en el RUC

Infracción por no solicitar que se acredite la inscripción o de publicitar el número de registro asignado

Infracción por no solicitar o no verificar el número
de RUC

Inscripción al RUC o reactivación de oficio sujetos que realizan actividad comercial

Cambio de régimen cuando hubo inscripción o reactivación de oficio.

Impugnación inscripción de oficio en el RUC

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Modificaciones al Código Tributario y Ley del RUC: Nuevas facultades de Sunat y obligaciones de los contribuyentes

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A continuación el detalle de las nuevas facultades de la Sunat y obligaciones de los contribuyentes incorporada mediante los Decreto Legislativo Nº 1523 y 1524.

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MARIO ALVA MATTEUCCI SUMARIO

Introducción. 2. La Ley Penal Tributaria, el tipo base y los delitos autónomos. 3. El delito de confección, obtención, venta o facilitación de comprobantes de pago falsos. 4. ¿Por qué se incluyó este delito en la Ley Penal Tributaria?. 5. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado en el delito contenido en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria?. 6. ¿Es un delito de peligro abstracto o concreto?. 7. ¿Cuáles son los documentos con los que se estaría configurando la conducta delictiva?. 8. ¿Cuáles son las figuras delictivas que considera el tipo penal del artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria?. 9. ¿Cuál es la sanción penal por la comisión de las conductas señaladas en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria?.
PALBRAS CLAVE
Comprobantes de pago falsos / notas de crédito / notas de débito / guías de remisión / confección / obtención / venta / facilitación
ABSTRACT
There are taxpayers who use proof of payment, as well as credit notes, debit notes and referral guides, all of which are false, in order to justify expenses or take advantage of a tax credit. The Criminal Tax Law considers the fact of preparing, obtaining, selling, and facilitating the false documents mentioned above as criminal and unlawful conduct. This determines that it is an abstract danger, since it doesn't require a concrete result in a lower tax collection. This will be the reason for the analysis of this report.
KEYWORDS
False payment vouchers / credit notes / debit notes / referral guides / confection / procurement / sale / facilitation
TITLE
Making, obtaining, selling or providing false payment vouchers: criminal implications

Desde hace algún tiempo atrás la administración tributaria ha detectado que existen contribuyentes que empezaron a utilizar comprobantes de pago falsos, al igual que documentos complementarios a éstos como son las notas de crédito y/o débito y también las guías de remisión.

En concordancia con lo indicado anteriormente, se observa que la finalidad que algunos contribuyentes persiguen, es simular operaciones que nunca existieron y que procuran validar, a través del engaño al fisco, ya sea para obtener posteriormente una mayor deducción del gasto para reducir la base imponible sobre la cual se aplica el Impuesto a la Renta, o también efectuar un uso incorrecto del crédito fiscal que no le corresponde, e inclusive el obtener la devolución de tributos o saldos a su favor inexistentes.

Lo antes mencionado se descubre a través de procesos de investigación llevados a cabo por el fisco, sobre todo cuando existen procesos complejos de fiscalización o cruce de información.

Al revisar la Ley Penal Tributaria, aprobada por el Decreto Legislativo N° 813 y normas modificatorias, apreciamos el su artículo 5-C, el cual considera un delito autónomo que sanciona la conducta antijurídica del agente que confeccione, obtenga, venda o facilite comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito, con la finalidad de cometer o posibilitar la comisión de los delitos tipificados en la citada Ley.

El objeto del presente informe es analizar de manera detallada el referido artículo, identificando situaciones en las cuales el agente realice las conductas antijurídicas que son sancionadas con pena de cárcel.

LA LEY PENAL TRIBUTARIA, EL TIPO BASE Y LOS DELITOS AUTÓNOMOS
2.1 LA LEY PENAL TRIBUTARIA APROBADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 813
Es pertinente indicar que en el año 1996, se publicó el Decreto Legislativo Nº 813, por medio del cual se aprobó la Ley Penal Tributaria, ello al amparo de la delegación que el Poder Legislativo otorgó al Poder Ejecutivo mediante la Ley Nº 26557.

La mencionada Ley tuvo como finalidad regular el delito de defraudación tributaria en una Ley especial y no en un cuerpo normativo como es el Código Penal.

La Ley Penal Tributaria ha sido modificada por las Leyes N° 27038[1] y N° 28671[2], al igual que los Decretos Legislativos N° 957[3] y 1114[4].
2.2 EL TIPO BASE DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA
El delito de defraudación tributaria se encuentra regulado en el Título I de la Ley Penal Tributaria, específicamente en el artículo 1º de la referida norma y es considerado, en términos del Derecho Penal como como el tipo base[5], toda vez que reúne los elementos de la descripción de la conducta que se pretende sancionar.

Allí se indica que se considera como una conducta contraria a Ley lo siguiente:

"Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio[6], engaño[7], astucia[8], ardid[9] u otra forma fraudulenta[10], deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa[11] ".

Los otros artículos del Título I de la Ley Penal Tributaria consideran los agravantes, el delito contable y los delitos autónomos.
2.3 LOS DELITOS AUTÓNOMOS EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA
De acuerdo con la información de la doctrina se aprecia que los delitos autónomos son aquellos que tiene lugar por sí solos y no requieren que exista un delito anterior que constituya un precedente.

En la Ley Penal Tributaria se incorporaron algunos delitos autónomos por medio del Decreto Legislativo N° 1114. Prueba de ello son los siguientes artículos:

ARTÍCULO 5-A (proporcionar información falsa al efectuar inscripción o modificación de datos en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).

ARTÍCULO 5-B (almacenaje de bienes para su distribución, comercialización, transferencia u otra forma de distribución, cuyo valor supere las 50 UIT[13], en lugares no declarados al fisco como domicilio fiscal o establecimiento anexo).

ARTÍCULO 5-C (confección, obtención, venta o facilitación de comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito o guías de remisión)[14].

ARTÍCULO 5-D (agravantes de las conductas delictivas señaladas en los artículos 1° y 2° de la Ley Penal Tributaria).

Cabe indicar que la descripción de las conductas contenidas en los artículos indicados anteriormente calificaba originalmente como actos preparatorios, los cuales no eran penalizados[15] en un inicio.

Sin embargo, al haberse incluido los mismos dentro de la legislación penal posteriormente por el Decreto Legislativo N° 1114, éstos actualmente se consideren delitos autónomos y como tales sancionados por el derecho penal.

EL DELITO DE CONFECCIÓN, OBTENCIÓN, VENTA O FACILITACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FALSOS

Dentro de la Ley Penal Tributaria encontramos el texto del artículo 5-C, el cual fue incorporado por el Decreto Legislativo N° 1114 y que califica como un delito autónomo. El citado artículo regula el delito de confección, obtención, venta o facilitación de comprobantes de pago falsos y contiene la siguiente redacción:

"Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, a cualquier título, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria".

De lo que se observa en este tipo penal se incluyen varias conductas llevadas a cabo por parte del agente relacionadas con los comprobantes de pago falsos, al igual que otros documentos como son las notas de crédito o notas de débito, como también con las guías de remisión.

Estas conductas están representadas por la conjugación verbos que describen conductas activas. Estos verbos son confeccionar, obtener, vender, facilitar y todos relacionados con los documentos antes indicados.

Es importante tener en cuenta la forma en la cual se imputa responsabilidad penal al autor de la conducta antijurídica. Así se precisa que "... antes de la tipificación del presente delito se consideraba que aquellos agentes que colaboraban proporcionando material para la comisión del delito tributario, eran partícipes (cómplices) del delito. Sin embargo, ahora la conducta de dichas personas se subsume en el presente tipo penal para atribuirles la comisión del delito a título de autor.

¿POR QUÉ SE INCLUYÓ ESTE DELITO EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA?

Según se aprecia en los considerandos[19] del Decreto Legislativo Nº 1114, que modifica a la Ley Penal Tributaria determina que se ha verificado que "... durante los últimos años se ha detectado un alto porcentaje de contribuyentes que, entre otros supuestos, han venido utilizando intencionalmente comprobantes de pago con información falsa, así como comprobantes de pago adquiridos o confeccionados por parte de terceros con la intención de utilizar indebidamente créditos y gastos tributarios que legalmente no les corresponden, resulta necesario dictar las normas que permitan sancionar eficazmente los delitos tributarios vinculados a dichos actos".

Lo antes mencionado se manifiesta con la existencia de un mercado negro en el cual se comercializan facturas o se "fabrican" facturas que sustentan operaciones inexistentes, ello con la finalidad de dejar de pagar tributos al fisco al inventar gastos inexistentes que lo único que logran es rebajar de manera considerable los ingresos del contribuyente y por consiguiente el tributo por pagar también.

Otro de los considerandos precisa que se "... debe modificar la Ley Penal Tributaria para incluir nuevos tipos penales que permiten considerar como sujetos activos de dichos delitos, no sólo a los deudores tributarios, sino también a terceros que realicen dichas conductas punibles, poniendo en peligro el bien jurídico protegido; establecer circunstancias agravantes y eliminar el tipo atenuado del delito tributario, así como inhabilitar para contratar con el Estado a quienes incurran en tales delitos y eliminar la limitación temporal del tipo agravado referido a la insolvencia patrimonial que imposibilite el cobro de tributos, a fin de reforzar el efecto preventivo general de la Ley Penal Tributaria entre los contribuyentes y terceros vinculados a éstos".

Un último considerando muestra en resumidas cuentas la intención y voluntad del legislador para atacar la evasión al precisar que "...resulta necesario modificar la Ley Penal Tributaria a fin de permitir, entre otros, modificar las conductas ilícitas que ponen en peligro o lesionan el bien jurídico protegido en los delitos tributarios, reduciendo así los márgenes de evasión que existen actualmente en nuestro país".

¿CUÁL ES EL BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO EN EL DELITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA?

Bajo la óptica del delito, se debe tomar en cuenta lo que el Estado busca proteger, de allí que resulte necesaria la figura del bien jurídicamente tutelado, el cual sería el "proceso de ingresos y egresos a cargo del Estado, resultando parcialmente válida la postura de algunos autores que consideran que el bien jurídico está representado solamente por la recaudación tributaria"[20].

Ello implica que lo que se pretende proteger es al propio Estado dentro de su actuación en las Finanzas Públicas.

Cabe precisar que el bien jurídicamente tutelado sería el sistema de recaudación fiscal, en la descripción del tipo penal señalado en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria, se observa que se está criminalizando una conducta preparatoria, la cual está orientada a burlar el sistema de recaudación, generando en cierto modo una defraudación tributaria.

¿ES UN DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO O CONCRETO?

En materia de doctrina podemos apreciar el delito tipificado en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria calificaría como un delito de peligro abstracto, toda vez que no hay de por medio una situación que se verifique con un hecho concreto, el cual se materializa y refleja en una menor recaudación por parte del fisco al recepcionar y procesar una declaración jurada que determine una menor carga impositiva. Además, se aprecia que lo que se sanciona en cierto modo serían los actos preparatorios que están destinados a generar un posible perjuicio en el sistema de recaudación[25].

En la doctrina extranjera apreciamos que JESCHECK y WEIGEND indican con respecto al tema lo siguiente: "Los delitos de peligro abstracto deben diferenciarse de aquellos que materializan un peligro concreto. Aquéllos son delitos de actividad cuyo merecimiento de pena descansa sobre la peligrosidad general de la acción típica para determinados bienes jurídicos. El acaecimiento del peligro mismo no pertenece aquí al tipo; pero al comportamiento correspondiente "le es típicamente propia la producción de un peligro concreto". Según ello, los indicios de la peligrosidad están fijados en la Ley misma mientras que en los delitos de peligro concreto el advenimiento éste como elemento del tipo debe ser comprobado por el juez"[26].

En la doctrina peruana YACOLCA ESTARES indica con respecto al delito materia de análisis en el presente informe que "resulta ser un nuevo delito de peligro en la Ley Penal Tributaria, debido a que no se espera que se lesione el bien jurídico hacienda pública solo ponerlo en riesgo. Su tratamiento penal tributario sería similar al delito contable tributario, que también es un delito de peligro. No obstante, la política criminal que decidió su incorporación como delito tributario, no hace pensar que este nuevo delito será más perseguido que el delito contable[27]. Esto se debe a que una documentación falsa en general por sí solo ya configura el delito contra la fe pública, como fue antes de esta modificación tributaria. Hoy en día, la falsedad de documentos tributarios como los indicados en el nuevo tipo penal tributario, no son más delito contra la fe pública, sino un delito tributario autónomo y pasible de sanción penal y más drástica que el delito contra la fé pública, en busca de una prevención especial y general en los infractores tributarios y la sociedad en general"[28].

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ESTARÍA CONFIGURANDO LA CONDUCTA DELICTIVA?

Dentro del texto del artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria se hace mención a una serie de documentos, dentro de los cuales se considera a los siguientes: (i) Comprobantes de Pago; (ii) Notas de crédito; (ii) Notas de débito; y, (iv) Guías de remisión.
7.1 LOS COMPROBANTES DE PAGO
De acuerdo con lo dispuesto en el texto del artículo 1° de la Ley de Comprobantes de Pago, la cual fuera aprobada por el Decreto Ley Nº 25632[30], se encuentran obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieran bienes en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Inclusive se menciona que esta obligación rige aún en el caso que se presente un supuesto en el que la transferencia o prestación de servicios no se encuentre afecta a tributos. Su exigencia resulta necesaria para efectos que se acrediten las operaciones.

Conforme lo establece el artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, el Comprobante de Pago es un documento que acredita la transferencia de los bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios.

La normativa emitida por la SUNAT y que regula a los comprobantes de Pago es la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias, la que aprueba el Reglamento de comprobantes de Pago.

En el artículo 2° del Reglamento de Comprobantes de Pago se indican los documentos que son considerados como tales. Allí se indica que sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las características y requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento, los siguientes:

a) Facturas.

b) Recibos por honorarios.

c) Boletas de venta.

d) Liquidaciones de compra.

e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras.

f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º.

g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera previa, por la SUNAT.

h) Comprobante de Operaciones - Ley N.° 29972.

i) Ticket POS, el cual se rige por la resolución de superintendencia que lo crea la cual regula, entre otros aspectos, los requisitos de dicho comprobante de pago y la oportunidad de su emisión.
7.2 LAS NOTAS DE CRÉDITO Y LAS NOTAS DE DÉBITO
Otros documentos que también hace mención el tipo penal señalado en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria son las notas de crédito y las notas de débito.

Es pertinente indicar que una NOTA DE CRÉDITO no es un comprobante de pago, sino que es un documento cuya finalidad es sustentar operaciones relacionadas con la emisión de comprobantes de pago.

En este sentido, es posible que se utilicen las notas de crédito para poder sustentar una anulación de venta con devolución de bienes, un descuento, una bonificación, alguna entrega gratuita de bienes, entre otros motivos.

No debemos confundir la nota de crédito con la nota de abono, ya que ésta última alude a un documento de tipo contable, el cual sustenta algún mecanismo de condonación de deuda entre particulares.

La regulación de las notas de crédito se encuentra en el texto del numeral 1 del artículo 10° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

En el caso de la nota de débito debemos precisar que tampoco es un comprobante de pago, sino que es un documento complementario a éste.

Sobre el tema VILLANUEVA GUTIERREZ indica que "las notas de débito (...) se emiten por cobros de suplementos del precio originalmente facturado por distintos conceptos, tales como, gastos complementarios, recuperación de gastos incurridos con posterioridad y otros".

La regulación de las notas de débito se encuentra en el texto del numeral 2 del artículo 10° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
7.3 LAS GUÍAS DE REMISIÓN
Finalmente, un último documento que también se describe en el tipo penal del artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria es la guía de remisión, la cual puede incluir a:

La GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE emitida por el propietario o poseedor de los bienes trasladados, conforme lo regula el numeral 1 del artículo 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

La GUÍA DE REMISIÓN TRANSPORTISTA emitida por el transportista de los bienes trasladados, conforme lo regula el numeral 2 del artículo 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

Tengamos presente que la guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de bienes muebles desde un punto de salida hasta un punto de llegada.

En la doctrina nacional SOTELO CASTAÑEDA y VARGAS LEÓN indican que "La guía de remisión sustenta un significativo número de los traslados de bienes que se producen dentro de nuestro territorio, lo que explica su por lo menos, cuantitativa importancia -ya que de ello no consideramos correcto inferir necesariamente su trascendencia- y la frecuente relación que con ella tienen diversos agentes del mercado"[37].

¿CUÁLES SON LAS FIGURAS DELICTIVAS QUE CONSIDERA EL TIPO PENAL DEL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA

Citemos nuevamente el tipo penal indicado en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria, a efectos de poder identificar las conductas que se consideran antijurídicas y que son sancionadas penalmente.

El artículo 5-C indica que:

"Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, a cualquier título, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria".

Efectuando un desagregado de las conductas indicadas en el artículo en mención apreciamos las siguientes actividades indicas en la conjugación de verbos que revelan acciones, como "... el que confeccione, obtenga, venda o facilite..." lo que será desarrollado a continuación.
8.1 EL QUE CONFECCIONE COMPROBANTES DE PAGO, GUÍAS DE REMISIÓN, NOTAS DE CRÉDITO O NOTAS DE DÉBITO
En el Diccionario de la Real Academia Española se indica que el vocablo confección tiene el siguiente significado:

La CONFECCIÓN de comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito implica necesariamente la elaboración de un diseño de los mismos, la utilización de una imprenta que los confeccione, la consignación de información que haga creer a la persona que los utiliza y sobre todo al fisco que el contenido de las operaciones que allí se consignan son "verdaderas".

A todas luces se aprecia una conducta maliciosa respecto de la persona que ejecuta las labores de confección de comprobantes de pago falsos, toda vez que tiene conocimiento que el uso posterior que se le dé a estos documentos atentará contra la recaudación fiscal a cargo de la Administración Tributaria.

Lo mencionado en el párrafo anterior equivale a decir que el agente, al tener pleno conocimiento de causa, existirá dolo en su actuación.

Téngase presente que la persona que cumple con la confección de estos documentos a todas luces falsos, intentará obtener un provecho económico de los mismos, lo cual necesariamente deberá buscar la manera de "incluirlos en el ciclo económico de las empresas" a efectos que estas procuren "beneficiarse" de algún gasto o crédito fiscal.

Aquí podrían encontrarse a personas que a través de una imprenta, realicen la impresión de documentos que se asemejan a los comprobantes de pago, notas de crédito, notas de débito o las guías de remisión.

También se encontrarían aquí las personas que cuentan con conocimientos de diseño y que encarguen a un tercero únicamente su impresión.
8.2 EL QUE OBTENGA COMPROBANTES DE PAGO, GUÍAS DE REMISIÓN, NOTAS DE CRÉDITO O NOTAS DE DÉBITO
En la consulta al diccionario de la Real Academia Española apreciamos el verbo obtener, el cual indica como significado lo siguiente:
"1. tr. Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, solicita o pretende".
Aquí lo que se aprecia es que se identifica la conducta contraria a norma, relacionada con la OBTENCIÓN de documentos que simulan ser comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito.

Ello también se observa cuando se busca conseguir los mismos por diversos medios, que incluyan inclusive "la entrega" de los mismos a domicilio o en las propias oficinas de las empresas que pretenden "utilizarlos en su propio beneficio" perjudicando al fisco.

En este caso, el documento físico ya existe y es entregado por terceras personas, lo cual implica también dolo, toda vez que existe intencionalidad en el otorgamiento de dichos documentos, a sabiendas que su utilización posterior es incorrecta.
8.3 EL QUE VENDA COMPROBANTES DE PAGO, GUÍAS DE REMISIÓN, NOTAS DE CRÉDITO O NOTAS DE DÉBITO
En la consulta al diccionario de la Real Academia Española apreciamos el verbo vender, implica necesariamente la transferencia de un bien, conforme se indica a continuación:
"1. tr. Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee.

tr. Exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar"[40].

Lo antes mencionado implica que el bien que es materia de comercialización o una simple entrega sin precio alguno a terceros, califica como "documentos" que parezcan o procuren ser "calificados" como comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito.

También se configuraría la conducta en el hecho que el tenedor de los documentos falsos que se asemejan a los verdaderos sean ofrecidos a terceros bajo cualquier medio, siendo lo más común actualmente el internet y las redes sociales, bajo mensajes subliminales en donde se ofrecen ventajas para la reducción de pago de tributos o el incremento de saldos o crédito fiscal.

También en este caso se aprecia que existe el dolo, toda vez que se tiene conocimiento de causa, que la actividad desarrollada es contraria a Ley.

Veamos un extracto de una noticia publicada por el Diario El Comercio con fecha lunes 26 de julio de 2010, cuyo título es "Crece venta de facturas falsas por Internet para evadir impuestos ante la SUNAT".

El extracto de la noticia se copia a continuación:
"Cada vez son más los inescrupulosos que ofrecen por Internet Incluso, estas personas no tienen reparo en poner su nombre, RUC, DNI, correo electrónico y hasta teléfono para que los puedan contactar. Fuentes de la Sunat consultadas por el diario "Gestión" señalan que a pesar de ser un delito, ya que permite, a quien compra las facturas, pagar menos impuesto, al poder utilizar un mayor monto de crédito fiscal gracias a facturas de compras o servicio nunca adquiridos, la tentativa no está sancionada penalmente. "Algunas empresas nos han mostrado los correos que han recibido con estos ofrecimientos para que nosotros podamos hacer el seguimiento", explicaron las mismas fuentes. Preocupa que se trate de un mercado creciente. Hace algunos años las facturas falsas se vendían por un monto de entre 6% y 10% del valor facturado, y ahora están entre 3% y 4%. 8.4 EL QUE FACILITE COMPROBANTES DE PAGO, GUÍAS DE REMISIÓN, NOTAS DE CRÉDITO O NOTAS DE DÉBITO facturas"1. tr. Hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin. de diversos rubros para que terceros puedan conseguir, de manera ilegal, crédito fiscal que les permita pagar menos impuestos a la Sunathttp://www.sunat.gob.pe/ 8.5 ¿HACIA DONDE ESTÁN ORIENTADAS LAS CONDUCTAS DELICTIVAS SEÑALADAS EN EL EN EL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA?
Al consultar el Diccionario de la Real Academia Española podemos observar que el verbo facilitar alude al siguiente significado:

De las dos significados antes citados, apreciamos que el segundo se relaciona con el hecho de proporcionar los bienes que califican como "documentos" que simulan ser comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de débito.

Al igual que en los casos anteriores la conducta del agente es activa y demuestra que existe conocimiento que la facilitación a terceros tiene como finalidad buscar la evasión tributaria, apelando al engaño al fisco.

La parte final del artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria hace alusión al hecho que las conductas delictivas mencionadas el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria.

En este punto debemos indicar que la referida Ley considera el delito de defraudación tributaria.

¿CUÁL ES LA SANCIÓN PENAL POR LA COMISIÓN DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA?

El agente que realice las conductas que son contrarias a ley tipificadas en el artículo 5-C de la Ley Penal Tributaria será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa.

Nótese que en el presente precepto normativo se hace mención a dos tipos de sanciones:

Una sanción relacionada con la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD que estaría representada con el confinamiento de una persona en la cárcel.

La otra sanción que sería de tipo pecuniaria, como son los llamados DÍAS-MULTA.

Sobre esta última sanción debemos consultar lo que señala el texto del artículo 41° del Código penal, el cual determina que la pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días-multa. El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza.

El texto del artículo 43° del Código Penal precisa que el importe del día-multa no podrá ser menor del veinticinco por ciento ni mayor del cincuenta por ciento del ingreso diario del condenado cuando viva exclusivamente de su trabajo.

[1] El contenido completo de esta norma se puede consultar ingresando a la siguiente dirección web: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/leyes/27038.pdf (recuperado el 18.08.17).

[2] El contenido completo de esta norma se puede consultar ingresando a la siguiente dirección web: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/leyes/28671.pdf (recuperado el 18.08.17).

[3] El contenido completo de esta norma se puede consultar ingresando a la siguiente dirección web: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Decretoslegislativos/00957.pdf (recuperado el 18.08.17).

[4] El contenido completo de esta norma se puede consultar ingresando a la siguiente dirección web: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Decretoslegislativos/01114.pdf (recuperado el 18.08.17).

[5] Sobre el tema se puede revisar un trabajo titulado ¿CUÁNDO SE CONFIGURA EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA?. Para poder acceder al mismo se debe ingresar a la siguiente dirección web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2012/01/02/cu-ndo-se-configura-el-delito-de-defraudaci-n-tributaria/ (recuperado el 18.08.2017).

[6] El ARTIFICIO es aquella deformación mañosa de la verdad con la única finalidad de hacer incurrir en un error de apreciación, ya sea a través de, ficciones, fingimientos, tretas, trampas, dobleces, disimulos o simulaciones.

[7] El ENGAÑO es entendido como la falta de verdad en aquello que se dice o se hace, con el único ánimo de poder perjudicar a otro, que sería el Estado. Esta conducta es siempre positiva porque se requiere una acción. Se observa entonces que es la mentira a sabiendas de que se dice una falsedad; no constituye en sí el error, sino que es faltar a la verdad.

[8] La ASTUCIA es la habilidad para engañar o lograr artificiosamente un fin.

[9] El ARDID es el artificio empleado para el logro de un fin.

[10] El vocablo FRAUDULENTO alude a algo engañoso o falaz.

[11] El texto original de la norma en mención era el siguiente: "Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años". Este artículo fue sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, la cual fue publicada en el Diario oficial El Peruano el 31-12-98.

[12] NAGLER, J., "Das Verhältnis des eigenständigen Verbrechens zur Verbrechensqualification", ZakDR, 1940, Página 365. Citado por GÓMEZ MARTÍN, Víctor. La doctrina del "Delictum sui generis": ¿Queda algo en pie? En Revista Electrónica de Ciencia y Criminología. RECPC 07-06(2005). Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-06.pdf (recuperado el 17.08.17).

[13] En el año 2017 la UIT es de S/ 4,050 por lo que el valor de las 50 UIT indicado en este tipo penal sería de S/ 202,500 para este año.

[14] El análisis de este delito se desarrolla en el presente informe.

[15] En la doctrina también se usa el término no punible.

[16] LUNA - VICTORIA LEÓN, César. Criminalización de las infracciones tributarias. El delito tributario. Revista del IPDT. N° 34. Julio de 1998. Página 18. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev34_CLVL.pdf (recuperado el 17.08.17).

[17] GARCIA CAVERO. Percy. Derecho Penal Económico. Parte Especial III. Segunda edición. Instituto Pacífico SAC. Lima, Enero 2016. Página 1494.

[18] PROMETHEO. Portal de noticias del Círculo de Derecho Administrativo - CDA. Análisis sistémico de los delitos incorporados a la Ley Penal Tributaria mediante el Decreto Legislativo N° 1114 el 05.01.2003. Esta información puede ser consultada ingresando a la siguiente dirección web: http://www.prometheo.cda.org.pe/articulo.php?id=37 (recuperado el 15.08.17).

[19] Se pueden revisar en su integridad ingresando al siguiente enlace web: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-de-la-ley-penal-tributaria-decreto-legislativo-n-1114-810120-2/ (recuperado el 22.08.2017).

[20] PAREDES CASTAÑEDA, Enzo Paolo. Los Delitos tributarios en el Perú: Aspectos sustantivos y procesales. Editorial Cultural Cuzco. Lima, mayo del 2007. Página 45.

[21] GARCIA CAVERO, Percy. Derecho Penal Económico. Parte especial. Volumen III. Segunda edición. Lima, 2016. Pacífico editores. Página 1401.

[22] Se puede revisar el texto de la sentencia ingresando a la siguiente dirección web: https://vlex.com.pe/vid/-472438786 (recuperado el 18.08.2017).

[23] YACOLCA ESTARES, Daniel. Nuevos delitos tributarios en el Perú. Información falsa, facturas falsas y almacén no declarado. Lecciones tributarias N° 1 (2013). Esta información puede ser consultada ingresando a la siguiente dirección web: http://revistas.sunat.gob.pe/index.php?journal=lecciones_tributarias&page=issue&op=view&path%5B%5D=10 (recuperado el 16.08.2017).

[24] GARCIA CAVERO. Percy. Ob. Cit. Página 1493.

[25] ALVA MATTEUCCI, Mario. ¿Un contador puede tener responsabilidad penal?: análisis del delito contable en la legislación peruana. Informe publicado en la revista Actualidad Empresarial N° 380, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2017. Página I-3.

[26] JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Volumen I. Traducción de la 5ta edición alemana. Para el Perú: primera edición (octubre 2014). Traducción a cargo de Miguel Olmedo Cardenete. páginas 389 y 390.

[27] Sobre el tema recomendamos revisar un informa que analiza el delito contable. Para acceder al mismo se debe ingresar a la siguiente dirección web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2017/08/14/un-contador-puede-tener-responsabilidad-penal-analisis-del-delito-contable-en-la-legislacion-peruana/ (recuperado el 18.08.17).

[28] YACOLCA ESTARES, Daniel. Nuevo delito tributario de facturas falsas. Informe publicado en la revista Actualidad Empresarial N° 261, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2012. Página I-3.

[29] MARTÍN AMEZ, Fernando. "Diccionario de Contabilidad y Finanzas". Editorial Cultural S.A. Madrid, 1999. Página 45.

[30] Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de julio de 1992 y vigente desde el 01 de setiembre de 1992.

[31] AELE. Análisis Tributario. "Comprobantes de Pago". Edición 2003. Lima. Página 17.

[32] PLAZAS VEGA, Mauricio A. "El Impuesto sobre el valor agregado - IVA". Editorial Temis. Santa fe de Bogotá, 1998. Segunda edición. Página 656.

[33] ARANCIBIA CUEVA, Miguel. Tratamiento contable tributario de las notas de crédito, débito y abono. Artículo publicado en la revista Actualidad Empresarial N° 100, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2005. Página I-1.

[34] GARCÍA QUISPE, José Luis. Notas de crédito. Artículo publicado en la revista Actualidad Empresarial N° 250, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2012. Página I-12.

[35] ALVA MATTEUCCI, Mario; BERNAL ROJAS, Josué; FLORES GALLEGOS, Jorge; CALLE SANCHEZ, José; MORILLO JIMENEZ, Maribel; RIOS CORREA, Miguel y ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Nora. Diccionario de Jurisprudencia Tributaria. Pacífico editores. Primera edición. Abril, 2014. Página 359.

[36] VILLANUEVA GUTIERRREZ, Walker. Tratado del IGV. Regímenes General y Especiales. Doctrina y jurisprudencia. Pacífico editores. Lima, enero 2014. Página 285.

[37] SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo y VARGAS LEÓN, Luis. Poder de policía, guías de remisión, e infracciones: algunas reflexiones a partir de nuestro derecho positivo. Revista Ius et Veritas, año X, número 201. Lima, 2000. Página 143. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/15965/16389 (recuperado el 21.08.2017).

[38] ALVA MATTEUCCI, Mario. ¿Existe obligación de emitir guías de remisión en caso que no exista traslado físico de la mercadería?. El caso de un almacén que es compartido por dos empresas. Informe publicado en la revista Actualidad Empresarial N° 215, correspondiente a la segunda quincena de setiembre de 2010. Página I-3.

[39] Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://dle.rae.es/?id=AE4YgA5 (recuperado el 21.08.2017).

[40] Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://dle.rae.es/?id=bWSrEeQ (recuperado el 21.08.2017).

[41] DIARIO EL COMERCIO. Edición del lunes 26 de julio de 2010. Sección economía. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/crece-venta-facturas-falsas-internet-evadir-impuestos-ante-sunat-noticia-614103 (recuperado el 22.08.2017).

[42] Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://dle.rae.es/?id=HT9f5JQ (recuperado el 21.08.2017).

[43] ROSAS TORRICO, Marcia Amparo. Sanciones penales en el sistema jurídico peruano. Artículo publicado en la Revista Jurídica Virtual Año III - Marzo 2013 N° 4. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7620EFA610E504C205257D270070381F/$FILE/06ROSAS.pdf (recuperado el 21.08.2017).

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LA CONFECCIÓN, OBTENCIÓN, VENTA O FACILITACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FALSOS: Implicancias penales

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MARIO ALVA MATTEUCCI SUMARIO Introducción. 2. La Ley Penal Tributaria, el tipo base y los delitos autónomos. 3. El delito de confección, obtención, venta o facilitación de comprobantes de pago falsos. 4. ¿Por qué se incluyó este delito en la Ley Penal Tributaria?. 5.

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La receptación aduanera como delito autónomo en el derecho penal peruano

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En el artículo 6 de la Ley N° 28008 -Ley de Delitos Aduaneros- se encuentra regulado el delito de receptación aduanera.

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Decreto legislativo 1114 Modificación ley penal tributaria - Articulo 5 A 

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Decreto legislativo 1114 Modificación ley penal tributaria - Articulo 5 A 

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decretos legislativos decreto legislativo n° 1114

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DECRETO LEGISLATIVO N° 1114 - Norma Legal Diario Oficial El Peruano

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Decreto Legislativo que modifica de la Ley Penal Tributaria - Decreto Legislativo N° 813 DECRETO LEGISLATIVO N° 1114

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Sí, si puedes ir preso.

Ten en cuenta que en nuestra normativa las distintas modalidades de evasión tributaria están contempladas en la Ley Penal Tributaria y se consideran delitos sancionados con penas de cárcel, aquí te vamos a explicar cuáles son estos delitos tributarios y sus sanciones.

Ten en cuenta además que SUNAT ha implementado una estrategia para luchar contra la evasión tributaria, siendo una de las más comunes la compra de facturas por servicios no recibidos para disminuir impuestos, frente a ella SUNAT realiza:

1) La Identificación oportuna de los posibles proveedores de facturas falsas desde la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes,

2) La realización de acciones de control a través de la revisión de la información electrónica,

3) La investigación de los casos donde se detecte esta modalidad a través de equipos especializados y

4) La formulación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la presunción de delito tributario.

¿QUÉ SON LOS DELITOS TRIBUTARIOS?

Los delitos tributarios son actos ilícitos que buscan un enriquecimiento indebido evadiendo impuestos y atentan contra el sistema tributario del país. Se encuentran contenidos en la Ley Penal Tributaria promulgada en 1996, Decreto Legislativo N° 813 y el Decreto Legislativo 1114 que la modifica.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS TRIBUTARIOS?

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
Art. 1° - D.L. 813
"El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimiendo con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 a 730 días multa"

Aquí el contribuyente (persona natural o jurídica) deja de pagar sus tributos o parte de ellos pudiendo usar las siguientes modalidades:

Ocultar ingresos, bienes o rentas.

Declarar egresos o pasivos falsos.

No entregar retenciones o percepciones a la SUNAT que hubiera realizada el contribuyente.

Con el objetivo de obtener un provecho económico, causando un daño económico al Estado, este delito se agrava cuando:

Art. 4° - D.L. 813 La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 730 a 1460 días multa cuando: Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios incentivos tributarios, simulando la existencia de hecho que permitan gozar de los mismos. Se simule o provoque estados financieros de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos".

DELITO CONTABLE.

"Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con 180 a 365 días multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables:

Incumple totalmente dicha obligación

No hubieren anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables

Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables.

Destruye u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los documentos relacionados con la tributación"

Aquí el delito describe claramente la acción, si el contribuyente tiene la obligación de llevar libros o registros contables y no los tiene comete este delito, siendo pasible de la sanción, aquí el autor sería el contribuyente, pudiendo ser una persona natural o jurídica y teniendo como cómplice incluso al contador o a los asistentes contables.

Para la consumación del delito no es necesario dejar de pagar impuestos, basta con que no se cuente con los libros o registros contables, debiendo tenerlos, o incluso si hubiera intentado desaparecer estos registros sin lograr consumar la acción por factores externos, se castigaría la tentativa.

DELITO TRIBUTARIO POR BRINDAR INFORMACIÓN FALSA EN EL RUC

Art. 5° A - D.L. 1114 "Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con 180 a 365 días - multa, el que a sabiendas proporcione información falsa con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el Registro único de Contribuyentes, y así obtenga autorización de impresión de Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Créditos o Notas de Debito"

En este tipo penal deben darse dos conductas de forma conjunta:

primero el brindar información falsa al momento de inscribir el RUC o modificar sus datos, y

la segunda, que a raíz de esta declaración falsa se obtenga la autorización de emitir comprobantes de pago, guías de remisión o notas.

Si bien el tipo penal habla de la autorización para imprimir, ahora, que todos los recibos son electrónicos, debemos entender que se refiere solo a la emisión y no a la impresión. Si no tenemos las acciones conjuntas y se tiene solo la declaración falsa estaríamos ante un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

DELITO TRIBUTARIO POR ALMACENAR BIENES NO DECLARADOS

Art. 5° B - D.L. 1114
"Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con 180 a 365 días -multa, el que estando inscrito o no ante el órgano administrador del tributo almacena bienes para su distribución, comercialización, transferencia y otra forma de disposición, cuyo valor total supere las 50 UIT, en lugares no declarados como domicilio fiscal o establecimiento anexo, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. Para este efecto se considera:

1. Como valor de los bienes, a aquél consignado en el comprobante de pago. Cuando por cualquier causa el valor no sea fehaciente, no esté determinado o no exista comprobante de pago, la valorización se realizará teniendo en cuenta el valor de mercado a la fecha de la inspección realizada por la SUNAT, el cual será determinado conforme a las normas que regulan el Impuesto a la Renta.

2. La UIT vigente a la fecha de la inspección a que se refiere el literal anterior."

Este tipo penal se incluyó por la necesidad de combatir la informalidad en el almacenamiento de bienes, ya sean adquiridos o producidos, en locales no declarados ante la SUNAT, dado que la sanción administrativa disminuía estas acciones, sin embargo han considerado solo a los almacenamiento cuya valorización supere las 50 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 250,000.00 soles), que vendría a ser la condición para que la conducta sea reprimida penalmente.

Cabe precisar que se tomará como valor de los bienes aquél consignado en el o los comprobantes de pago, cuando por cualquier causa el valor no sea fehaciente, no esté determinado o no exista comprobante de pago, la valorización se realizará teniendo en cuenta el valor de mercado a la fecha de la inspección realizada por la SUNAT, el cual será determinado conforme a las normas que regulan el Impuesto a la Renta.

El autor de este delito puede ser tanto el contribuyente que cuente con RUC ante la SUNAT como aquel que se encuentra al margen de la misma y que no cumplió con obtenerlo, para que se pueda tipificar como delito, debe existir un almacenaje de bienes, los cuales están destinados posteriormente a tareas como distribución, comercialización, transferencia u otra forma de distribución y una voluntad de dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, en el caso de personas que no tienen RUC podríamos estar incluso ante el concurso de delitos que agravaría la pena final.

DELITO TRIBUTARIO POR FACILITAR COMPROBANTES DE PAGO

Art. 5° A y 5 D - D.L. 1114
"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 a 730 días-multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, a cualquier título, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria. La pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 730 a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa, si en las conductas tipificadas en los artículos 1º y 2º del presente Decreto Legislativo concurren cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

La utilización de una o más personas naturales o jurídicas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero deudor tributario.

Cuando el monto del tributo o los tributos dejado de pagar supere las 100 UIT en un periodo de 12 meses o 1 ejercicio gravable. Para este efecto, la UIT a considerar será la vigente al inicio del periodo de doce meses o del ejercicio gravable, según corresponda.

Cuando el agente forme parte de una organización delictiva."

En este delito entran varios supuestos, aquella empresa informal que suplanta a una empresa formal usando sus documentos tributarios, aquel que le vende facturas a otro para que baje su IGV, el que compra esas facturas, entre otras; cabe precisar que estas conductas deben estar destinadas a cometer algún delito de los desarrollados anteriormente.

DATO IMPORTANTE:

No procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la comunicación de indicios de delito tributario por parte del Órgano Administrador del Tributo cuando se regularice la situación tributaria, en relación con las deudas originadas por la realización de algunas de las conductas descritas como delitos tributarios.

Cualquier duda o consulta, escríbenos a asesor@legal.pe para que nuestros abogados penalistas te puedan asesorar.

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¿Puedo irme preso por evadir impuestos o la SUNAT solo me puede multar? - Villanueva & Soto Abogados

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Sí, si puedes ir preso. Ten en cuenta que en nuestra normativa las distintas modalidades de evasión tributaria están contempladas en la Ley Penal Tributaria y se consideran delitos sancionados con penas de cárcel, aquí te vamos a explicar cuáles son estos delitos tributarios y sus sanciones.

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𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐜𝐡𝐚... - Dra. Mery Bahamonde | By ‏‎Dra. Mery Bahamonde‎‏ | 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐜𝐡𝐚 𝐑𝐔𝐂 𝐬𝐞𝐠ú𝐧 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚🧐🧐
✅Presupuestos según la jurisprudencia para imputar la infracción del artículo 173...

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✅Presupuestos según la...

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NUEVOS DELITOS TRIBUTARIOS EN EL PERU. Información Falsa, Facturas Falsas y Almacén No Declarado

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Lambayeque: confirman 13 años de cárcel a empresario por defraudación y lavado de activos

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La Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque consiguió la confirmación de la condena de 13 años de pena privativa de la libertad para un empresario.La sentencia recae en Carlos Daniel Roncal Miñano, quien fue hallado culpable de los delitos de defraudación... #gobpe

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El delito contable - Actualidad Tributaria

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Audiencia de Prisión Preventiva Delito Receptación Agravada Cono Norte - Lima

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El delito contable del artículo 310 CP consiste, básicamente, en incumplir las obligaciones fiscales o contables que exige la ley. Las conductas típicas pueden ser de omisión de información o la comisión de actos inapropiados como, por ejemplo, ocultar la situación financiera real.

A pesar de algunas diferencias en el hecho, es un tipo distinto al delito societario y esta diferencia se basa en el sujeto pasivo al que afecta cada hecho. El Código Penal español regula distintas modalidades delictivas posibles, estableciendo las penas correspondientes.

El Código Penal prevé la comisión de este delito por las personas jurídicas en su artículo 310 bis.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito contable?

El bien jurídico que se protege es la actividad financiera empresarial, con efectos y consecuencias para la Hacienda pública. Este tipo de protección intenta prevenir la defraudación tributaria.

Se basa en que la vida financiera de las empresas excede su propio funcionamiento, afectando a los diferentes órdenes de la sociedad.

Requisitos del delito contable

Para que una conducta sea tipificada como delito o como una infracción administrativa, deben concurrir dos elementos:

1. Cualitativo: el hecho se consuma con dolo. El sujeto tiene la intención de omitir o actuar en incumplimiento de las obligaciones legales.

2. Cuantitativo (solo respecto de algunas modalidades del delito contable): el acto supone una defraudación de un importe superior a los 240.000 euros por ejercicio económico.

Modalidades

La normativa vigente establece con determinación las conductas dolosas que resultan en delito. Básicamente se entienden como tales la comisión de los siguientes actos:

No llevanza de la contabilidad durante todo el período fiscal en régimen de estimación directa de bases tributarias. Se entenderá también como un incumplimiento absoluto cuando el sujeto posee libros contables, pero no los presenta ante la Administración.

Doble contabilidad. Quizá es una de las conductas típicas más frecuentes en el ámbito empresarial. Implica que durante el mismo período tributario y en la misma actividad existen dos registros diferentes. Por un lado, se encuentra el real, que refleja la verdadera situación de la compañía. Por otro lado, el que se presenta a la Administración con datos inciertos.

Omisión de información en los libros obligatorios. El sujeto no incluye en estos documentos exigidos por la Administración ciertos datos vinculados a diversas transacciones económicas de la empresa o incluye esos negocios pero con cifras distintas de las reales.

Información ficticia en los libros obligatorios. Si bien los libros son completados, la información que se registra no es real.

Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.

b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.

c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.

d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.
Artículo 310 del Código Penal

No obstante, para que las conductas descritas en los últimos dos párrafos anteriores sean constitutivas de delito, deben cumplirse los siguientes requisitos:

Que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas sean reflejo de la falsa contabilidad.

Que la cuantía de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.

En todos los casos se está ante una conducta que tiende a alterar la verdadera situación de la empresa. El actor lleva adelante su conducta con una real intención de ofrecer una imagen falsa.

Este punto es muy importante, porque implica que no será delito un error o una confusión.

Sujetos del delito contable

Es considerado sujeto activo el que por ley esté obligado a llevar libros o registros comerciales o contabilidad mercantil. En este sentido se puede afirmar que serán responsables del hecho los administradores de la sociedad.

¿Qué sucede con los empleados contables y gestores?

El autor es, para la ley, quien tenga la obligación de cumplir con las responsabilidades contables. Esto dejaría como exentos a sus empleados, sin embargo, para que no exista ninguna responsabilidad se analizarán otros factores.

1. Si no existe un dolo, es decir, que el empleado responde a las directivas del autor sin conocer el hecho, quedará impune.

2. Si el gestor o empleado contable actúa con dolo, inducido por el autor, entonces será juzgado como partícipe del delito contable. Tendrá consecuencias penales más leves que la del autor, pero deberá responder ante la justicia.

El sujeto pasivo es la Administración que se ve perjudicada con la comisión del delito contable. Puede tratarse de la Hacienda estatal, autonómica o local.

Penas para la comisión del delito contable

Será castigado con una pena de prisión de 5 a 7 meses quien cometa un delito contable.

Cuando el delito contable es cometido por una persona jurídica, el artículo 310 bis CP establece las siguientes penas:

Una multa de 6 meses a un año.

Prohibición para realizar contratos con la Administración Pública.

Imposibilidad de acceder a beneficios de la Seguridad Social, incentivos fiscales y ayudas o subvenciones durante un periodo de 3 a 6 años.

Además los Tribunales y jueces tendrán competencia para imponer otras medidas accesorias como:

Suspensión de las actividades de la empresa.

Disolución de la personalidad jurídica.

Clausura de los establecimientos o locales comerciales.

Intervención judicial con el fin de proteger a los empleados de la compañía.

Prohibición de realizar actividades en las cuales se ha cometido el delito contable.

Principio de no concurrencia de procedimientos en el delito contable

Un delito contra la Hacienda Pública comparte características propias de las infracciones administrativas. La Ley General Tributaria fija para estos casos el principio de no concurrencia por lo que, se seguirán los siguientes pasos:

1. La Administración detecta un posible delito contra la Hacienda Pública.

2. Genera una audiencia con el interesado.

3. Remite el expediente al Ministerio Fiscal o la jurisdicción competente.

4. Suspende el procedimiento administrativo hasta la sentencia firme, sobreseimiento o archivo de actuaciones dictada por autoridad judicial.

Según sea el resultado en el procedimiento judicial, puede suceder que:

Sentencia condenatoria, no será posible aplicar una sanción administrativa.

Devolución de expediente por inexistencia de delito, se reinicia el procedimiento administrativo retomando el cómputo de plazos.

Conclusión

El delito contable está regulado por el Código Penal, artículo 310, y tiene por finalidad proteger la Hacienda Pública. En definitiva, la normativa tiende a proteger la economía y política tributaria del Estado, con independencia de que la defraudación sea a un ente local, autonómico o el propio Estado.

La conducta delictiva es el incumplimiento de las obligaciones mercantiles y de registros fiscales o contables. Toda persona que esté obligada a llevar estos libros es un posible sujeto activo en el delito contable.

Por su parte, los gestores o empleados contables podrán ser acusados de partícipes, pero no de autores y siempre en base a la existencia de dolo o no en su conducta.

Si se encuentra en un litigio de esta naturaleza lo mejor es consultar con urgencia con un abogado penalista. Los letrados expertos en la materia podrán ofrecer un asesoramiento adecuado y eficiente.

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El delito contable en el Código Penal * Dexia Abogados

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El delito contable del artículo 310 CP consiste, básicamente, en incumplir las obligaciones fiscales o contables que exige la ley. Las conductas típicas pueden ser de omisión de información o la comisión de actos inapropiados como, por ejemplo, ocultar la situación financiera real.

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El Delito Contable regulado en el literal a) del artículo 5 de la Ley Penal Tributaria Peruana: breve análisis de los delitos de peligro | Foro Jurídico

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El presente artículo tiene por objeto el análisis del delito penal contable regulado en la Ley penal tributaria. Paraello, la autora pone énfasis en la determinación del bien jurídico protegido por la norma penal. Asimismo, a la luz de la discusión sobre la naturaleza del delito, de lesión, de pelig…

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El contrabando es el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente.

Es decir, el contrabando es un delito por el cual se comercializan bienes que han ingresado del exterior de forma ilegal.

Puede ser que la venta de una mercancía esté simplemente prohibida en el territorio nacional. Entonces, la única forma de hacerla llegar al consumidor será a través del contrabando.

Las mercancías que son usualmente más asociadas al contrabando son las armas y las drogas ilegales. Sin embargo, el simple hecho de no declarar, por ejemplo, el ingreso al país un segundo ordenador portátil (por el cual se tendría que pagar un impuesto), corresponde también a este tipo de delito.

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En suma, el contrabando puede tener muchas modalidades y registrarse en diferentes escalas.

Tipos de contrabando

Existen dos tipos de contrabando:

Contrabando abierto: Cuando se evade el control de las aduanas buscando, por ejemplo, una ruta alternativa que permita pasar de un país a otro sin mayor restricción.

Contrabando técnico: En este caso no se evade, sino que pasa con el control formal. Sin embargo, mediante el engaño, se logra ingresar la mercancía sin respetar las disposiciones de la ley. Puede ser que el producto contrabandeado sea guardado, por ejemplo, en el bolsillo oculto de una maleta. De esa manera, la autoridad no logra registrarlo.

Contrabando y su sanción

Otro punto a tomar en cuenta es que el contrabando puede corresponder a una infracción o delito tributario por generar pérdidas al tesoro público. Esto, cuando se impide el cobro de impuestos.

Los criterios de clasificación los establece cada país, según la gravedad. Así, a partir de cierto monto de la defraudación al fisco, el acto se considera un delito y no una simple infracción.

Cabe señalar que en el caso de una infracción tributaria la persona usualmente solo debe pagar una multa, además de cancelar el impuesto adeudado. Sin embargo, para un delito fiscal, la sanción podría ser incluso la pena de cárcel.

Caso emblemático de contrabando

Un caso de auge del contrabando fue el que se dio durante la ley seca impuesta en Estados Unidos entre 1920 y 1933. En esa época, se prohibió la comercialización de bebidas alcohólicas en el país del norte.

En consecuencia, se generó un mercado negro donde se producía la compraventa de estas bebidas censuradas mediante el contrabando.

Lo anterior supuso la aparición de mafias que controlaban este negocio como las de Al Capone. Así, estas bandas obtuvieron grandes ganancias a costa de burlar la ley, y ejecutando crímenes a su paso.

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El contrabando es el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente.

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Como se sabe, en la doctrina se discute el momento de consumación del delito de contrabando. Para resolver esta cuestión hay dos posiciones. Por un lado están quienes desde una interpretación literal consideran que para la consumación de este delito basta con que el sujeto activo realice cualquiera de las conductas del art. 1 de la Ley de Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, sin que sea necesario que se produzca resultado alguno (delito de mera actividad).
Lea también: Casación 103-2016, Puno: Devolución del bien incautado al propietario ajeno al ilícito
"El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (...)".

En la otra orilla están quienes, como el profesor Rolando Márquez Cisneros, con arreglo a una interpretación teleológica, consideran que el delito de contrabando "exige que el sujeto activo se sustraiga, eluda o burle el control aduanero y, como consecuencia de ello, no pague los tributos que corresponden". Para esta posición, pues, a las conductas típicas señaladas en la ley se debe agregar otra conducta más: no pagar los tributos.
Lea también: El delito de contrabando. La sustracción, elusión o burla del control aduanero como presupuestos insuficientes
En apoyo de este punto de vista, se dice que el bien jurídico-penal que protege el delito de contrabando es de contenido esencialmente económico: la recaudación de tributos. Así, pues, el Estado castiga el comportamiento cuando ve mermada su capacidad recaudadora, toda vez que de esta manera se le le imposibilita el cumplimiento de sus deberes, como atender las necesidades básicas de los ciudadanos (salud, educación, infraestructura, etc.).
Lea también: Casación 136-2015, Cusco: Fiscal debe devolver bien incautado si caso fue archivado por no formalizar investigación preparatoria, siempre que bien no sea intrínsecamente delictivo (doctrina jurisprudencial)
Pues bien, aquí les traemos esta ejecutoria recaída en el Recurso de Nulidad 872-2016, Lima, de fecha 2 de enero de 2018, que resuelve esta pregunta.

La conducta imputada al procesado es la de cómplice primario del delito de Sumilla: contrabando. No obstante, su acción fue la de realizar la inmatriculación de los vehículos que habían ingresado al territorio nacional. Es decir, intervino cuando el delito de contrabando agravado ya se había consumado. En consecuencia, no es posible calificar su intervención como la de complicidad primaria si el delito ya se había consumado, correspondiendo absolvérsele de los cargos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA

RECURSO DE NULIDAD 872-2016, LIMA

Lima, veintidós de enero de dos mil dieciocho.-

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Cevallos Vegas.

Primero.- La acusación fiscal obrante en fojas 5857, imputa que durante los años 2002 a 2008, personas inescrupulosas utilizando documentación falsa, ingresaron al territorio nacional, diversos vehículos de procedencia extranjera, burlando los controles aduaneros para no pagar los tributos correspondientes. En algunos casos, emplearon certificados de internación temporal y libreta de paso de Aduanas, facturas, certificados de ensamble, actas de remate falsificadas. Sin embargo, no retornaron los vehículos a su país de origen y los mantuvieron en territorio peruano, valiéndose de terceros y funcionarios públicos, inscribieron los vehículos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, obteniendo ilícita e ilegalmente las tarjetas de propiedad y las placas de rodaje. Finalmente, procedieron a comercializar los vehículos, obteniendo un provecho económico ilícito, en perjuicio de personas naturales y jurídicas.

Se atribuye al procesado Wilmer Javier Rojas Honorio, quien en calidad de Registrador Público de Lima, realizó la inmatriculación de los vehículos de placa de rodaje VG-9172, VG-9174, ROS-790, ROS-792, ROS-788 y ROS-789, sin realizar el cruce de información necesaria para verificar la autenticidad de los documentos utilizados para sustentar los trámites. En la documentación de noviembre de 2007, se advierte:

a) En los sellos del Juez se indica "Corte Superior del Juzgado de Lima", cuando debería decir "Corte Superior de Justicia de Lima".

b) En el petitorio de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio se solicita la propiedad de 9 vehículos, entre los cuales se encuentra el de placa VG-9172, y en el primer punto de los fundamentos de hecho, se aseveró que el 16 de abril de 2003, José Luis More Rodríguez, recibió de Lucio Eloy Trevejo Chávez, en transferencia, la camioneta rural, Toyota Hice, de color blanco; sin embargo, Trevejo Chávez había fallecido el 5 de enero de 2003, además, los vehículos tienen diferentes características, así el signado con el N.° 4 es un ómnibus Toyota Coaster, color blanco y plomo, el N.° 5 es un ómnibus Toyota Coaster color blanco-azul, el N.° 6, es un ómnibus Toyota Coaster, color blanco-plomo, el N.° 7, es un camión Mitsubishi Challenger color verde.

c) Mediante recurso de 25 de septiembre de 2007, se solicitó se declare consentida la sentencia dictada en dicha causa, pero la resolución tiene como fecha el 10 de junio de 2007.

d) La sentencia tiene como fecha el 10 de septiembre de 2007, está signada como resolución número ocho, pero en la resolución nueve, se resolvió: "declarar CONSENTIDA la resolución ocho, de 23 de enero de 2007".

e) En la sentencia de 10 de septiembre de 2007, se concede la prescripción adquisitiva de nueve vehículos, sin embargo, el oficio dirigido a Registros Públicos, tiene como fecha el 23 de abril de 2007 y se solicita la inmatriculación de trece vehículos.

Respecto de los partes judiciales, presentados por los procesado Jorge Luis More Rodríguez y Jorge Ramírez Rojas, el 18 de diciembre de 2007, se aprecia que:

a) En el petitorio de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, se solicitó la propiedad de 13 vehículos, en el punto primero de los fundamentos de hecho se aseveró que: "con fecha 16 de abril de 2004, José Luis More Rodríguez, recibió de don Lucio Eloy Trevejo Chávez en transferencia, la camioneta rural Toyota Hiace, de color blanco detallado el petitotio". Sin embargo, Trevejo Chávez había fallecido el 5 de enero de 2003. Además, no todos los vehículos tenían características iguales como se ha señalado líneas arriba."

b) La sentencia en mérito de la que se solicitó la inmatriculación, tiene como fecha el 23 de octubre de 2007, pero el oficio dirigido a los Registros Públicos para dicho fin, tiene como fecha el 23 de abril de 2007.

c) En los partes judiciales para la inmatriculación de dichos vehículos se ha insertado unas piezas procesales del expediente N.° 216-2007, que tampoco guardan coherencia con un recurso de fecha 3 de octubre de 2007, que pide que quede consentida la sentencia dictada en dicha causa, pero la resolución que así lo declara tiene como fecha el 20 de marzo de 2007.

d) La sentencia tiene como fecha el 23 de octubre de 2007 pero la certificación de piezas procesales acompañadas al oficio incluyendo la sentencia data del 10 de septiembre de 2007.

e) En la sentencia emitida en el expediente N.° 338-2007, se ordenó la inmatriculación de 13 vehículos pero el registrador Wilmer Javier Rojas Honorio solo inscribió 11.

f) En la sentencia citada, se precisó que José Luis More Rodríguez, interpuso la demanda de prescripción adquisitiva de dominio de varios vehículos, y en el quinto considerando señaló que el demandado Lucio Eloy Trevejo Chávez, se apersonó al proceso y precisó que: "con fecha 16 de enero de 2003, hizo legítima la transferencia de la propiedad del vehículo materia de litis a Edison Christian Olazo Galindo, sin embargo, Trevejo Chávez, había fallecido el 5 de enero de 2003".

Segundo.- La Sala Penal Nacional, condenó al procesado recurrente, basándose en los siguientes argumentos:

i) Se aprecia que como lo indicó la imputación fiscal, los documentos presentados por los acusados José Luis More Rodríguez y Humberto Bazzetti Carbajal, títulos 671350 y 717428, registran graves y notorias inconsistencias que pudieron ser detectadas a simple vista, sin necesidad de solicitar documentación adicional o recurrir a algún registro, por ejemplo, se consignó "Corte Superior de Juzgado de Lima", las incongruencias entre la sentencia y la resolución que la declaró consentida, pese al mandato expreso de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular y el artículo 2011 del Código Civil.

ii) En el caso, no se verificó la capacidad de los otorgantes porque no se observó que en el petitorio de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio se solicitó la propiedad de 13 vehículos. En el primer punto de los fundamentos de hecho se señaló que: "con fecha 16 de abril de 2004, José Luis More Rodríguez, recibió de Don Lucio Eloy Trevejo Chávez en transferencia, la camioneta rural Toyota Hiace de color blanco"; sin embargo, Trevejo Chávez había fallecido el 5 de enero de 2003.

iii) El delito de contrabando es continuado por las múltiples violaciones a la ley que se ha verificado, bajo una misma resolución criminal, esto es, burlar el control aduanero, perennizándolo, dándole legalidad para luego introducir al tráfico, mercancías ilícitas, ciclo en el cual tuvo activa participación el acusado Wilmer Javier Rojas Honorio, como parte de la citada organización, cumplió el rol específico de dar legalidad a dichos actos, presentando con dicha acción- omisión, auxilio para la realización del hecho punible en su etapa final, con la finalidad de introducirlo al tráfico jurídico para fines propios de la organización dedicada al contrabando, de ahí que se considera plenamente acreditada la comisión del delito de contrabando agravado, el acusado, dentro de la organización criminal, desempeñó el rol de asegurar el éxito del delito, inscribiendo las unidades vehiculares que fueron ingresadas subrepticiamente a nuestro territorio.

iv) El acusado Rojas Honorio, tenía la condición de funcionario público, porque se encontraba laborando en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos -Registro de Propiedad Vehicular-, le correspondía calificar la legalidad de los documentos, verificando la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, revisando los antecedentes y los registros de los asientos públicos, deber que incumplió deliberadamente para contribuir a los fines propios de la organización dedicada al contrabando de vehículos mayores -micros, combis, custer-, lo cual reportaba grandes ingresos económicos a dicha organización al comercializarlos a terceros que finalmente resultaron perjudicados. Todas las omisiones e incongruencias que fueron observadas eran fácilmente perceptibles, sin necesidad de contrastación.

v) Sí se configuró el delito de contrabando agravado, toda vez que dio legalidad a los actos de la organización criminal, porque tiene relación con los trabajadores de Auto Liners, en este caso, con More Rodríguez, y si bien no existe registro de la vinculación del acusado con los demás miembros de la organización, esta se caracteriza por lo subrepticio de sus actividades.

vi) Existen diversos indicios que prueban la vinculación del procesado con el delito materia de imputación.

i) El día en que se dio lectura parcial a la sentencia el procesado acudió sin su abogado defensor. Con fecha 11 de agosto de 2014, se remitió vía correo electrónico, el fallo completo de la sentencia que lo condenó.

ii) Se le condenó como cómplice primario del delito de contrabando agravado, sin embargo, se aplicó indebidamente los artículos 25 del Código Penal, además del 1 y 2 de la Ley N.° 28008.

iii) Para condenársele por delito de contrabando agravado debió haberse demostrado que tuvo participación en el ingreso ilegal de la mercadería al Perú.

iv) El delito de contrabando lo constituye todo acto tendente a sustraer las mercancías a la verificación de la aduana, se consuma cuando se sustrae, elude o burla el control aduanero, ingresando mercancías del extranjero, las extrae del territorio nacional, no las presente para su verificación o reconocimiento, se oculta o sustrae de la acción de verificación o reconocimiento físico de Aduana.

v) En este caso, el procesado no pudo tener participación porque la inscripción registral se produjo cuando ya se había consumado el delito, porque los vehículos ya habían ingresado al país. Tampoco ha burlado los tributos, no existe prueba fehaciente que se pueda apreciar su participación en la consumación del delito de contrabando.

vi) No existe prueba que desvirtúe el error en la calificación registral y acredite el accionar doloso del recurrente. La decisión se sustentó en que el acusado no realizó el cruce de información ni la autenticidad de los partes judiciales, no se sustentó cual es la norma que impone al registrador el cruce de información. El registrador no está obligado a establecer la autenticidad de los documentos presentados al registro, no se descartó que se trate de un error incurrido en la calificación registral. No es posible que con la inscripción registral el procesado haya contribuido a la consumación del delito de contrabando, tampoco existe conocimiento del ingreso ilegal al país de los vehículos que inmatriculó.

vii) El Colegiado basó su condena en las máximas de experiencia, no recurrió a una prueba contundente que establezca su responsabilidad.

viii) Tanto la imputación como la sentencia no establecen un supuesto concreto de intervención del procesado, antes y durante el ingreso de vehículo a territorio nacional, la imputación versa sobre su actuación funcional posterior, es decir, la imputación fáctica en contra del recurrente se produje con posterioridad a la consumación del delito.

ix) El procesado debería haber prestado dolosamente auxilio para el ingreso de los vehículos al territorio nacional, sin embargo, no se le imputó los actos previos, tampoco los del momento de su ejecución y consumación, ni el ingreso de los vehículos. No se configura el delito de contrabando porque los vehículos objeto del delito ya se hallaban en territorio nacional.

x) No existe vinculación del procesado con otros miembros de la organización que se dedicaría al delito de contrabando.

xi) Durante el proceso, los registradores públicos Gilmer Edgar Castillo Ghiraldi y Raphael Adolfo Romero Venegas fueron absueltos de la imputación por haber realizado la inmatriculación de los vehículos de contrabando, respecto a los cuales sostuvieron que actuaron dentro de su rol y con arreglo a las normas funcionales.

xii) La falta de cuidado en la revisión de la documentación en los Registros Públicos no constituye un supuesto típico de complicidad para el ingreso de vehículos al territorio nacional.

xiii) El deber jurídico del registrador se enfoca en la inscripción de asientos registrales para la debida seguridad del tráfico jurídico, no en impedir el ingreso de vehículos al territorio nacional.

El delito de contrabando y su consumación

Cuarto.- El delito materia de imputación es el de contrabando agravado, regulado en la Ley N.° 28008 -Ley de Delitos Aduaneros-, que regula en el artículo 1: "El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no presentación". Con la circunstancia agravante, contenida en el artículo 10: "Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, cuando: [...] e. Es cometido por dos o más personas o el agente integra una organización destinada a cometer los delitos tipificados en esta Ley".

Quinto.- El tipo penal contiene entonces los siguientes verbos rectores: sustraerse, eludir o burlar, por lo cual se consuma mediante el ingreso de mercancías, extracción de estas o no presentándose para su verificación.

Sexto.- El primer supuesto típico, es el de sustraer, que implica que el autor coloque las mercancías al margen de la vigilia e inspección aduanera, a pesar que sabe que esta debe ser objeto del control aduanero respectivo. La tercera modalidad importa la omisión de la obligación de presentar o exhibir al personal aduanero designado para proceder a su verificación o reconocimiento físico, no obstante, haber ingresado a zona primaria, es decir, habilitada para que se efectúe el despacho aduanero de las mercancías.

Séptimo.- El segundo, eludir, significa que el agente, en la medida de lo posible, evita que la Administración Aduanera pueda efectuar su labor inspectora y/o fiscalizadora, o cuando el ingreso o salida de mercancías se realiza por los lugares habilitados, pero mediante una conducta fraudulenta se evita el control.

Octavo.- Finalmente, burlar, implica emprender todo tipo de ardid, maniobra o acción similar, tendiente a evitar el control aduanero, buscando engañar a la autoridad aduanera, por ejemplo, con la sustitución de mercancías, el acondicionamiento de recipientes, camuflarlos en otros espacios, entre otros.

Noveno.- El delito de contrabando agravado se habrá consumado desde el mismo instante en el que la mercancía se encuentre en territorio nacional, bastará con que traspase los límites territoriales. Se consuma cuando cualquier persona natural o representante de una persona jurídica ingresa mercancías del extranjero, las extrae del territorio nacional eludiendo, sustrayendo o burlando el control aduanero, u omitiendo su presentación para su verificación o reconocimiento en las dependencias de la Administración Tributaria.

Imputación del impugnante como cómplice primario del delito de contrabando

Décimo segundo.- El primer supuesto que se aplicó en el caso, es el de complicidad primaria, que identifica al que presta auxilio necesario para la comisión del ilícito, es decir, el grado de contribución del cómplice primario es determinante para la realización del hecho punible, es tan esencial, que sin su acción dicho ilícito no hubiera podido realizarse, por esta razón, la norma establece para dicho partícipe la misma pena que para el autor.

Décimo tercero.- Como lo ha señalado un sector de la doctrina, el partícipe desarrolla una actividad que se encuentra en dependencia respecto a la del autor, por lo que la participación no se constituye en un tipo delictivo autónomo, sino que su responsabilidad depende de determinados presupuestos del acto principal: a) Intensidad del aporte del delito, sin el cual no se haya podido cometer. b) Determinación de la etapa delictiva a la que debe llegar el hecho principal para que los partícipes sean susceptibles de sanción. Esto último significa que el momento en el cual el cómplice puede otorgar su parte es tanto en la etapa de preparación como en la ejecución del delito, pero no después de la consumación del hecho.

Décimo cuarto.- Respecto a esta última postura doctrinaria, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la misma línea de interpretación ha establecido en el Recurso de Nulidad N.° 2939-2015, que: "Los actos de colaboración del cómplice solo son posibles durante los actos de preparación o durante los actos de ejecución [...]. Así las cosas, no es posible admitir jurídicamente, conforme con el principio de legalidad, una complicidad posterior a la consumación. Si la complicidad se da en la etapa post consumativa del delito, dicha complicidad podría constituir otro delito pero no complicidad del delito que antecede. En otros términos, dentro del sentido posible gramatical del auxilio, no cabe, ni siquiera proteicamente hablando, comprender el aliento al autor para ayudar al autor, con la esperanza de ser ayudado posteriormente. El aliento, a su comisión con una promesa de ayudar luego de cometido el delito, no se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma, en materia de complicidad".

Décimo quinto.- La conducta del procesado fue la de realizar la inmatriculación de los vehículos que ya habían ingresado al territorio nacional. De conformidad con la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.° 039-2013-SUNARP/SN Lima, de 5 de febrero de 2013, establece en el Capitulo 1, Reglas especiales, artículo 20, que se denomina inmatriculación a la primera inscripción de un vehículo en el Registro Público, la misma que comprende la matrícula del vehículo y la primera inscripción del derecho de propiedad.

Décimo sexto.- Como se ha señalado en los anteriores considerandos, el delito de contrabando se consuma con el ingreso o extracción de las mercancías o si no se las presenta para su correspondiente verificación. La imputación general, tipificó la comisión del delito de contrabando mediante la conducta principal por el hecho el haber ingresado mercancías del extranjero burlando los controles y el recurrente habría omitido contrastar documentos falsos contribuyendo así a la comisión del delito.

Décimo séptimo.- La función específica del procesado se limitó a la de cumplir su rol de registrador público, de los vehículos que habían ingresado ya al territorio peruano. Esto significa que para el momento de la injerencia del procesado recurrente -inmatriculación de los vehículos-, el delito de contrabando agravado ya se había consumado.

Décimo noveno.- La conducta típica del delito de contrabando se había ejecutado y estaba en la fase de agotamiento. De ahí que no es posible señalar que el procesado Wilmer Javier Rojas Honorio participó en el ilícito como cómplice primario de un delito que para el momento de su intervención ya estaba consumado. De lo contrario, se estaría sosteniendo que su participación, esto es, la de inmatriculación de vehículos, habría sido de tal entidad, sin la cual no se habría podido realizar el delito de contrabando agravado, es decir, que sin su accionar no habría sido posible burlar, eludir o sustraer del control aduanero ingresando los vehículos al territorio nacional.

Razonamiento que no es correcto, en tanto que cuando intervino, ya se había cometido el delito

Vigésimo.- Como lo ha señalado adecuadamente la jurisprudencia, en el uso común del lenguaje "auxiliar" es prestar ayuda, cooperar o coadyuvar. Si se vincula con el objeto de auxilio -en el caso el delito de contrabando-, este consiste en prestar ayuda para el delito se realice, o en términos jurídico penales, se consume. Si se relaciona este auxilio a la comisión de la infracción penal, el auxilio necesario que puede prestar el agente, sería para que el autor realice el ingreso de mercadería burlando los controles aduaneros. En consecuencia, y conforme con las reglas de la lógica, no se puede ayudar a realizar algo que ya fue realizado, no se puede coadyuvar al futuro de algo que ya es pasado.

Vigésimo primero.- Finalmente, la opinión de la Fiscal Suprema en lo Penal, concuerda en señalar que la conducta del encausado Rojas Honorio no corresponde a la de ser cómplice primario en el delito de contrabando agravado, en el sentido que este ya se encontraba en fase de agotamiento, no siendo posible su participación. Sin embargo, propone la desvinculación de la conducta del procesado al delito de receptación aduanera.

Vigésimo tercero.- No obstante, debe precisarse que la conducta del impugnante no se tipificó en ninguno de los verbos rectores de este ilícito -adquirir, recibir en donación o prenda, almacenar, ocultar, vender o ayudar a comercializar-, en tanto, que para el cumplimiento de estos, la norma exige que el agente tenga conocimiento o se corrobore que ha podido presumir, que las mercancías provenían del delito de contrabando. Lo cual no se ha podido determinar, toda vez que el encausado actuó dentro de su rol, el de registrador público, y si bien se aprecia que no corroboró la autenticidad de los documentos a los cuales otorgó legalidad, este error material sea o no evidente, no puede constituirse en indicio de la comisión de un delito. Corresponde en todo caso, a una vía distinta a la penal, analizar si incurrió en una falta al cumplimiento de su accionar en la función pública. En consecuencia, no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, en tanto no han concurrido en el proceso otros elementos suficientes que puedan corroborar su participación, de ahí que corresponda su absolución, conforme con el artículo 2, inciso 24, apartado e) de la Constitución Política del Estado.

Por estos fundamentos, declararon:

I. H ABER NULIDAD en la sentencia de 17 de julio de 2014, emitida por Sala Penal Nacional - Colegiado F, de fojas mil seiscientos cuatro, en el extremo que condenó al acusado Wilmer Javier Rojas Honorio como cómplice primario del delito de contrabando agravado, a 8 años de pena privativa de libertad; y le impuso 300 días multa a razón de S/5 soles diarios, que deberá abonar en forma solidaria con cada uno de los sentenciados a favor del tesoro público, con lo demás que contiene; y, REFORMÁNDOLA, ABSOLVIERON a Wilmer Javier Rojas Honorio, de la acusación fiscal formulada en su contra, por el delito referido y el citado agraviado.

II. ORDENARON su inmediata libertad, que se ejecutará siempre y cuando no exista en su contra orden de detención emitido por autoridad judicial competente.

III. MANDARON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados, como consecuencia de este delito, de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, y se archive definitivamente lo actuado. IV. OFICIÁNDOSE para tal efecto, vía fax, a la Sala Penal Nacional, para su cumplimiento; y, los devolvieron.

S.S.

HINOSTROZA PARIACHI
FIGUEROA NAVARRO
NUÑEZ JULCA
PACHECO HUANCAS
CEVALLOS VEGAS

CV/lacv

PEÑA CABRERA, Alonso Raúl. Derecho penal. Parte especial. Tomo VII. Segunda edición. Idemsa, Lima, pp. 414-41 7.

GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal económico. Parte especial. Tomo III. Instituto Pacífico, Lima, 2016.

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general. Grijley, Lima, pp. 498-499.

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Nulidad 2939-2015. Fundamento vigésimo segundo.

Ibídem. Dicha ejecutoria cita lo siguiente: "Nadie podría decir con sentido lógico lo siguiente: me ayudó a matar a mi amigo, ocultando su cadáver".

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¿En qué momento se consuma el delito de contrabando? A propósito de una imputación por complicidad primaria [RN 872-2016, Lima] | LP

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Como se sabe, en la doctrina se discute el momento de consumación del delito de contrabando. Para resolver esta cuestión hay dos posiciones. Por un lado están quienes desde una interpretación literal consideran que para la consumación de este delito basta con que el sujeto activo realice cualquiera de las conductas del art.

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DELITOS ADUANEROS

CAPÍTULO I

CONTRABANDO

Artículo 1°.- Contrabando

El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no presentación. (*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012
" Artículo 1. Contrabando

Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, siempre que el valor de las mercancías sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, el que:

a) Interna mercancías del extranjero al territorio nacional sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero.

b) Extrae mercancías del territorio nacional sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero.

c) No presenta las mercancías para la verificación, reconocimiento físico u otra acción de control aduanero dentro del proceso de despacho aduanero. La acción de ocultar o sustraer la mercancía al control aduanero equivale a la no presentación.

d) Extrae, consume, dispone o utiliza las mercancías que se encuentran en la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas, sin que la Administración Aduanera haya otorgado el levante o autorizado el retiro, según corresponda.

e) Consume, almacena, dispone o utiliza las mercancías durante el traslado, autorizado por la Administración Aduanera, de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico u otra acción de control aduanero, sin el pago previo de los tributos o gravámenes.

f) Interna mercancías de una zona franca, zona de tratamiento aduanero especial o zona de tributación especial y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin contar con la autorización de la Administración Aduanera, el pago previo de los tributos diferenciales o sin el cumplimiento de otros requisitos de ley.

g) Conduce en cualquier medio de transporte, hace circular, embarca, desembarca o transborda mercancías dentro del territorio nacional, sin que hayan sido sometidas al control aduanero".

(*)

(*) Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 2°.- Modalidades de Contrabando
Constituyen modalidades del delito de Contrabando y serán reprimidos con las mismas penas señaladas en el artículo 1°, quienes desarrollen las siguientes acciones:
a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera.
b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico, sin el pago previo de los tributos o gravámenes
c. Internar mercancías de una zona franca o zona geográfica nacional de tratamiento aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de menor tributación y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin el cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los tributos diferenciales.
d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero.
Informe N° 93-2021-SUNAT/340000
e. Intentar introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla del control aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la Administración Aduanera.(*)

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.Leg N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 3º.- Contrabando Fraccionado

Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que con unidad de propósito, realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferente s actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas vinculadas al contrabando.(*)
(*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012
"Artículo 3. Contrabando fraccionado
CAPÍTULO II
Incurre enel delito de contrabando, mediante las conductas previstas en el artículo 1, y es reprimido con idénticas penas, el que, con unidad de propósito, realiza el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas".

(*)

DEFRAUDACIÓN DE RENTAS DE ADUANA

Artículo 4°.- Defraudación de Rentas de Aduana

" Artículo 4. Defraudación de rentas de aduana

Artículo 5°.- Modalidades de Defraudación de Rentas de Aduana
(*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012
CAPÍTULO VI

Los procesos por delitos aduaneros podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:

a. A iniciativa del Ministerio Público o del procesado el Juez dispondrá, una vez iniciado el proceso y antes de formularse la acusación fiscal, siempre que exista prueba suficiente de responsabilidad penal, por única vez para los delitos contemplados en la presente Ley, la celebración de una audiencia especial y privada, en cuaderno aparte y con la asistencia de los sujetos procesales y del abogado defensor del procesado.

b. En esta audiencia, el Fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación surjan contra el procesado y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o podrá rechazarlos. El Juez deberá explicar al procesado los alcances y consecuencias de su aceptación de responsabilidad total o parcial.

c. Tratándose de la terminación anticipada, se impondrá al procesado que acepte su aplicación el mínimo legal de la pena, según corresponda al delito aduanero cometido.

d. Tratándose de la reducción de la pena privativa de la libertad, el procesado deberá abonar por concepto del beneficio otorgado, una suma equivalente a dos veces el valor de las mercancías materia del delito más los tributos dejados de pagar, y los derechos antidumping o compensatorios cuando correspondan, sin perjuicio del decomiso de las mercancías e instrumentos materia del delito.

e. Una vez efectuado el depósito del monto establecido en el inciso anterior, el Juez dictará sentencia conforme a lo acordado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

f. Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer son las adecuadas y obra prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada y la reparación civil, enunciando en su parte resolutiva que ha habido acuerdo de los sujetos procesales.

g. La sentencia será elevada en consulta al Tribunal Superior, el que deberá absolverla en un término no mayor a tres (3) días hábiles. El auto que deniegue la aplicación de la terminación anticipada es apelable en un solo efecto, en el término de un día hábil.

Los fondos obtenidos por la terminación anticipada del proceso descrito en el inciso d), a excepción del monto por tributos, derechos antidumping o compensatorios, serán distribuidos entre las siguientes instituciones y personas, en los porcentajes siguientes:

Denunciante ............... 50%

Poder Judicial ............... 15%

Ministerio Público ............... 15%

Policía Nacional del Perú ............... 15%

Administración Aduanera ............... 5%

Los fondos obtenidos por la Administración Aduanera serán destinados a campañas educativas y de publicidad en la lucha contra los delitos aduaneros.

En el caso que colaboren las Fuerzas Armadas sin la participación de la Policía Nacional, el 15% de los fondos inicialmente establecidos para la Policía Nacional le corresponderá a las Fuerzas Armadas.

Cuando la colaboración es conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el 15% de los fondos se distribuirá equitativamente entre ambas instituciones.

En los casos de naves y aeronaves, el fiscal dispondrá su inmovilización en coordinación con las autoridades de transporte competentes para su depósito y custodia, en tanto se determine el grado de responsabilidad del propietario en los hechos materia de investigación, salvo que se trate de aeronaves del Estado, las que serán entregadas inmediatamente a la autoridad de transporte competente, luego de la investigación correspondiente.
QUE COMETEN LA INFRACCIÓN QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS Y COMERCIALIZACIÓN
Artículo 42°.- Multa y cierre temporal

Cuando se produzca el almacenamiento o comercialización de mercancías provenientes de la infracción tipificada en la presente Ley, se procederá a aplicar una multa equivalente a cinco veces los tributos dejados de pagar y el cierre temporal del establecimiento por un período de diez (10) días calendario.

Tratándose de locales de almacenamiento, el cierre temporal consistirá en la prohibición durante el indicado plazo, de recibir o efectuar ingresos de mercancías al establecimiento, pudiendo retirarse sólo las recibidas antes del cierre, debiendo para tal efecto solicitar la autorización a la Administración Aduanera.

Artículo 43°.- Cierre definitivo de establecimientos

De recibirse mercancías en los lugares de almacenamiento o reabrirse los establecimientos para la venta de las mismas durante el período de aplicación de sanción de cierre temporal, se procederá al cierre definitivo con la consiguiente cancelación de las licencias o autorizaciones para su funcionamiento.

Artículo 44°.- Cumplimiento de obligaciones laborales

La sanción del cierre del establecimiento no libera al infractor de cumplir con las obligaciones laborales.

CAPÍTULO III

COMPETENCIA

Artículo 45°.- Competencia de la Administración Aduanera

La Administración Aduanera es la autoridad competente para declarar y sancionar la comisión de las infracciones administrativas vinculadas al contrabando, así como para decretar la devolución de las mercancías en los casos que corresponda.

Cuando sea el caso, la Administración Aduanera deberá poner en conocimiento de las demás autoridades administrativas competentes las infracciones cometidas, a efecto de que éstas procedan a la imposición de las sanciones conforme a Ley, en el ejercicio de su competencia, bajo responsabilidad. Para tal efecto, será suficiente la comunicación o el requerimiento de la Administración Aduanera.

Artículo 46°.- Apoyo de la Policía Nacional y colaboración de las Fuerzas Armadas

La Policía Nacional brindará apoyo a la Administración Aduanera y a las demás autoridades administrativas competentes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones tipificados en la presente Ley, en forma oportuna y proporcional a la gravedad que el caso amerite, bajo responsabilidad.

Las Fuerzas Armadas prestan colaboración en los supuestos establecidos en el párrafo anterior, cuando la capacidad de la Administración Aduanera o de la Policía Nacional superen las posibilidades de respuesta inmediata o éstas resulten insuficientes para la represión de los delitos aduaneros e infracciones administrativas. La colaboración incluye, de ser el caso, el almacenamiento temporal de las mercancías y vehículos incautados, bajo responsabilidad.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 47°.- Plazo para solicitar la devolución

El plazo para solicitar la devolución de las mercancías incautadas por la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida el acta de incautación.

Artículo 48°.- Plazo para resolver las solicitudes de devolución

El plazo para resolver las solicitudes de devolución de las mercancías incautadas será de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud de devolución de mercancías, pudiendo presentarse durante los primeros quince (15) días hábiles cualquier prueba instrumental que acredite el cumplimiento de la normatividad aduanera, sin perjuicio de las pruebas de oficio que durante la tramitación del procedimiento pueda solicitar la Administración Aduanera.

Artículo 49°.- Impugnación de resoluciones de sanción

Las resoluciones que apliquen sanciones por infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, podrán ser impugnadas de conformidad con las normas del Procedimiento Contencioso Tributario regulado por la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el Código Tributario, debiéndose interponer la reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la resolución.

Artículo 50°.- Plazo de apelación

El plazo para interponer Recurso de Apelación contra lo resuelto por la Administración Aduanera será de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución materia de impugnación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Tratados Internacionales

Esta Ley será aplicable en todo aquello que no se oponga a los Tratados Internacionales ratificados por el Perú.

Segunda.- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria

Cuando se mencione el valor de la Unidad Impositiva Tributaria se entiende como aquella vigente al primero de enero del año del ejercicio fiscal.

Tercera.- Fiscales para investigación de Delitos Aduaneros

La Fiscalía de la Nación dispondrá la asignación de un grupo no menor de veinticuatro (24) Fiscales para la investigación y los procesos derivados de los delitos tipificados en la presente Ley.

Cuarta.- Responsabilidad del importador y de la empresa verificadora

El importador y la empresa encargada de la verificación de la importación, cuando se presentan las discrepancias, en cuanto a la valoración, cantidad, calidad, descripción, marcas, códigos, series, partida arancelaria serán responsables solidarios por el pago en la diferencia que se determine entre los tributos pagados y los que realmente correspondían abonar y demás cargos aplicables por moras y multas, según corresponda.

Quinta.- Informe a las Comisiones de Economía, de Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia del Congreso de la República

La Administración Aduanera, bajo responsabilidad de su titular, deberá presentar a las Comisiones de Economía, de Comercio Exterior y Turismo, y de Justicia del Congreso de la República, dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de cada semestre, un informe detallado sobre las acciones que directa e indirectamente haya adoptado y sus resultados respecto a las obligaciones que le corresponde cumplir conforme a esta Ley.

Sexta.- Apoyo a la Administración Aduanera

Las autoridades administrativas, fiscales y judiciales, están obligadas a prestar su apoyo a la Administración Aduanera cuando lo requiera, para el mejor cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad.

Sétima.- Administración Aduanera

Toda referencia a la Administración Aduanera, se entenderá como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Octava.- Proceso Sumario

Los delitos previstos en la presente Ley se tramitarán vía proceso sumario.

Novena.- Campaña de Difusión

Es responsabilidad de la Administración Aduanera la campaña de difusión de esta Ley para que sea de conocimiento público.
Décima.-
Tratándose de la incautación de metales preciosos, joyas y piedras preciosas o semipreciosas provenientes de un delito aduanero, la Administración Aduanera puede rematar estos bienes una vez que la sentencia condenatoria donde se resuelve el decomiso de las mercancías haya adquirido la calidad de cosa juzgada. En dichos supuestos el diez por ciento (10%) del producto del remate constituirá recurso propio de la SUNAT y el noventa por ciento (90%) será ingreso del Tesoro Público.
(*) Disposición incorporada por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012 "Décima. Remate
Solo procede el remate de los metales preciosos, joyas, piedras preciosas o piedras semipreciosas y de otras mercancías previstas en el Reglamento, una vez consentida o ejecutoriada la sentencia.

En dichos supuestos el diez por ciento (10%) del producto del remate constituirá recurso propio de la SUNAT y el noventa por ciento (90%) será ingreso del Tesoro Público."

(*)

Décima Primera.- Resoluciones de allanamiento y descerraje

Cuando la Administración Aduanera en el curso de su actuaciones administrativas considere que existen indicios razonables de comisión de delito aduanero o tome conocimiento de actos que estén encaminados a dicho propósito, éstos serán comunicados al Ministerio Público a fin de que éste solicite al Juez competente, cuando corresponda, una autorización para allanamiento de inmuebles y descerraje a fin de realizar las acciones operativas que correspondan.

El Juez a más tardar el día siguiente calendario, bajo responsabilidad, debe evaluar la solicitud presentada por el Ministerio Público y pronunciarse sobre el particular.

El Reglamento regulará lo dispuesto en el párrafo precedente y establecerá los requisitos para la tramitación de las solicitudes de allanamiento de inmuebles y descerraje.(*)

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Reglamentación

La presente Ley deberá ser reglamentada mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda.- Beneficios por Colaboración Eficaz

Incorpórase al artículo 1° de la Ley N° 27378 el inciso 5) con el siguiente texto:

"5) Delitos Aduaneros, previstos y penados en la Ley Penal especial respectiva."

No podrán acogerse a ninguno de los beneficios por colaboración eficaz los que incurran en el delito de financiamiento de los delitos aduaneros.

Tercera.- Derogatorias

Derógase la Ley N° 26461 y las demás que se opongan a la presente Ley.

Cuarta.- Vigencia

La presente Ley, a excepción de la Primera Disposición Final que ordena la reglamentación, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 39°.- Sanciones

Las personas que transportan mercancías vinculadas a la infracción administrativa tipificada en la presente Ley, tendrán las siguientes sanciones:

a. Si se trata de persona natural se le suspenderá la licencia de conducir por un año, registrándose la sanción como antecedente en el Registro de Conductores.

En caso de que dicha persona preste servicios, bajo cualquier forma o modalidad para una persona jurídica dedicada al transporte, se le suspenderá cinco (5) años la licencia de conducir.

Asimismo, en ambos casos, le corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar.

b. Si se trata de persona jurídica, le corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar.(*) (**)

En caso de concurrencia de responsabilidades la obligación será solidaria.

Artículo 40°.- Reincidencia

Si se volviese a cometer una infracción de la misma naturaleza en el período de un año a partir de la fecha en que se impuso la última sanción, corresponderá aplicar una multa equivalente a cuatro veces los tributos dejados de pagar, incrementándose en dos veces por cada reincidencia.

Artículo 41°.- Internamiento del medio de transporte

Cuando las Empresas de Servicio Público de Transporte de Pasajeros o Carga a través de sus conductores, cualesquiera que sea el vínculo contractual, transportistas individuales o particulares, utilicen su vehículo para la comisión de las infracciones establecidas en la presente Ley, se les aplicarán las siguientes sanciones:

a. Internamiento del vehículo por un período de sesenta (60) días calendario.

b. Si se cometiera nuevamente la misma infracción, corresponderá el internamiento del vehículo por un período de ciento veinte (120) días calendario, incrementándose en sesenta (60) días calendario por cada reincidencia.

En caso de que el medio de transporte hubiera sido acondicionado o modificado en su estructura original para la comisión de la infracción, el propietario del vehículo deberá reacondicionar el mismo a su estado original, antes de los plazos establecidos en los literales anteriores, según sea el caso.

Si el medio de transporte hubiese sido acondicionado por segunda vez, corresponderá el internamiento del vehículo por un período de ciento ochenta (180) días calendario, siempre que pertenezca al mismo propietario.

De no modificarse su estructura en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, se le sancionará con el comiso del vehículo.

SUBCAPÍTULO IV

SANCIONES RESPECTO DEL ALMACENAMIENTO

Artículo 36°.- Multa y cierre temporal del establecimiento

Las personas naturales o jurídicas que cometen la infracción administrativa contemplada en la presente Ley, tendrán que abonar una multa equivalente a dos veces los tributos dejados de pagar. De no poder aplicarse ésta, el infractor abonará una multa equivalente al valor FOB de la mercancía objeto de la referida infracción.

Asimismo, se procederá, según corresponda, al cierre temporal del establecimiento por un período de sesenta (60) días calendario.

Artículo 37°.- Reincidencia

Si se volviese a cometer una infracción administrativa en el período de un año contado a partir de la fecha en que se impuso la última sanción, corresponderá aplicarse una multa equivalente a cuatro veces los tributos dejados de pagar, incrementándose en dos veces por cada reincidencia. De no poder aplicarse ésta, el infractor abonará una multa equivalente a dos veces el valor FOB de la mercancía objeto de la referida infracción, incrementándose en dos veces por cada reincidencia.

Asimismo, en su caso, se procederá al cierre temporal del establecimiento, el cual no podrá ser menor de noventa (90) días calendario, incrementándose en treinta (30) días calendario por cada reincidencia.

SUBCAPÍTULO II

SANCIÓN RESPECTO A LAS MERCANCÍAS

Artículo 38°.- Comiso

El comiso es aplicable a las mercancías y bienes materia de la infracción administrativa. Las mercancías comisadas quedarán en poder de la Administración Aduanera, para su disposición de acuerdo a ley.

E l comiso se aplica sobre las mercancías objeto de la infracción administrativa, salvo lo previsto en el siguiente párrafo.

No resulta de aplicación la sanción de comiso respecto de las mercancías incautadas cuyo valor no supere de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, siempre que, dentro del plazo de veinte días hábiles, contado a partir del día siguiente de haberse notificado el acta de incautación, o, cuando no sea posible notificarla, de haberse formulado, el infractor o intervenido solicite su entrega y:

a. La infracción haya sido cometida por única vez,

b. Haya cancelado la multa prevista en el artículo 36 y

c. Haya nacionalizado las mercancías.

El Reglamento establece los casos en que la infracción se considera cometida por única vez y además señala los criterios para la correcta aplicación de este artículo."

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

SUBCAPÍTULO III

SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS

Artículo 27°.- Pago del valor de mercancías con orden de devolución

En caso de que se dispusiera la devolución de mercancías que fueron materia de adjudicación o destrucción, la Dirección General de Tesoro Público asumirá el pago sobre la base del monto de la tasación del avalúo y los intereses devengados, determinándose tres (3) meses calendario como plazo máximo para la devolución, contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución judicial correspondiente.

"Artículo 27. Pago del valor de mercancías con orden de devolución

En caso de que se dispusiera la devolución de mercancías que fueron materia de adjudicación o destrucción, la Dirección General de Tesoro Público habilitará los recursos necesarios para el pago por parte de la SUNAT sobre la base del monto de la tasación del avalúo y los intereses devengados, determinándose tres (3) meses calendario como plazo máximo para la devolución, contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución judicial correspondiente."

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 28°.- Uso de bienes adjudicados

Las entidades adjudicatarias a que se refiere el artículo 25°, deberán destinar las mercancías a los fines que les son propios, quedando prohibida su transferencia, bajo responsabilidad de su titular.

La Administración Aduanera reportará mensualmente a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Bienes Nacionales sobre las adjudicaciones efectuadas a fin de que procedan a su inscripción bajo responsabilidad.

"Artículo 28. Uso de lo adjudicado

Las entidades adjudicatarias a que se refiere el artículo 25 deben destinar lo adjudicado a los fines que les son propios, quedando prohibida su transferencia, bajo responsabilidad del titular.

La SUNAT reporta mensualmente a la Contraloría General de la República las adjudicaciones efectuadas a fin de que procedan a su inscripción bajo responsabilidad."

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 29°.- Reserva de la identidad del denunciante

Se considera denunciante a quien ponga en conocimiento de las autoridades competentes, la comisión de los delitos previstos en la presente Ley.

Dichas autoridades deberán disponer las medidas pertinentes para que se mantenga en reserva la identidad del denunciante, bajo responsabilidad.

Artículo 30°.- Exclusión de Recompensa

Las recompensas no serán aplicables a funcionarios o servidores de la Administración Aduanera, miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, o quienes tengan parentesco con éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
"Artículo 30. Recompensa
La SUNAT aprueba un procedimiento para el pago de recompensa al denunciante que entregue información relevante para la persecución de los delitos previstos en esta Ley con cargo a recursos a ser autorizados por la Dirección General de Tesoro Público y establece sus requisitos y condiciones.

El reglamento establece las exclusiones a la recompensa."

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 31°.- Pago al denunciante

En el caso de adjudicación o destrucción de las mercancías incautadas o en comiso, la recompensa que corresponda al denunciante será pagada por la Dirección General de Tesoro Público, conforme al valor determinado por la Administración Aduanera de conformidad con lo establecido en el artículo 16° de la presente Ley.

Todas las adjudicaciones o destrucción de las mercancías serán puestas en conocimiento del Juez que conoce la causa.

El Reglamento de la presente Ley establecerá la forma y monto de la recompensa establecida en el primer párrafo del presente artículo.(*)

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.Leg. N° 1542, que entra en vigor cuando entre en vigencia el procedimiento señalado en el artículo 30 de la presente Ley.

Artículo 32°.- Oportunidad para la determinación de las recompensas

Las recompensas previstas en la presente Ley serán determinadas en la sentencia condenatoria o en la sentencia que ampare la terminación anticipada del proceso penal.(*)

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.Leg. N° 1542, que entra en vigor cuando entre en vigencia el procedimiento señalado en el artículo 30 de la presente Ley.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

CAPÍTULO I

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 33°.- Infracción administrativa

Constituyen infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1°, 2°, 6° y 8° de la presente Ley cuando el valor de las mercancías no exceda de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3° de la presente Ley. (*)

"Artículo 33. Infracción administrativa

Constituyen infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1, 6 y 8 de la presente Ley cuando el valor de las mercancías no exceda de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley.

En los casos comprendidos en el artículo 4, cuando el monto de los tributos, recargos o cualquier otro importe no cancelados, o de la exoneración, inafectación, incentivo, devolución, beneficio tributario, beneficio aduanero u otro beneficio de cualquier índole indebidamente obtenido, en provecho propio o de terceros, no sea superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria, se aplica la Ley General de Aduanas."

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 34°.- Incautación de mercancías por infracción administrativa

La Administración Aduanera dispondrá la incautación y secuestro de las mercancías que constituyan objeto material de la infracción administrativa. De incautarse dichas mercancías por otras autoridades, éstas serán puestas a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles.

CAPÍTULO II

SANCIONES

Artículo 35°.- Sanciones

La infracción administrativa será sancionada conjunta o alternativamente con:

a) Comiso de las mercancías.

b) Multa.

c) Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes.

d) Cierre temporal o definitivo del establecimiento.

e) Internamiento temporal del vehículo, con el que se cometió la infracción.

En aquellos casos en los cuales no se pueda identificar al infractor se aplicará el comiso sobre la mercancías incautada.(*)

"Artículo 35. Sanciones

La infracción administrativa será sancionada conjunta o alternativamente con:

a) Comiso de las mercancías.

c) Suspensión o cancelación definitiva de las licencias, concesiones o autorizaciones pertinentes.

d) Cierre temporal o definitivo del establecimiento.

e) Internamiento temporal del vehículo, con el que se cometió la infracción.

En aquellos casos en los cuales no se pueda identificar al infractor se aplicará el comiso sobre la mercancía incautada.

Las sanciones establecidas en los literales d) y e), cuando resulten inejecutables, pueden ser sustituidas por una multa, conforme a lo que se señale en el reglamento."

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

SUBCAPÍTULO I

SANCIONES RESPECTO DE LAS PERSONAS

En el caso de inexistencia de denunciante y que la acción para descubrir los delitos hubiere correspondido a la Administración Aduanera, Policía Nacional o Fuerzas Armadas, el porcentaje asignado al denunciante corresponderá a una de las tres entidades, o se repartirá equitativamente cuando hubieran participado conjuntamente, según corresponda.

"Artículo 20. Terminación anticipada y proceso inmediato

Se aplican a los procesos por los delitos establecidos en la presente ley, cuando corresponda, las disposiciones de la terminación anticipada y del proceso inmediato previstas en el Código Procesal Penal."

(*)

(*) Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 21°.- Pericia Institucional

Para efectos de la investigación y del proceso penal, los informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios de la Administración Aduanera, tendrán valor probatorio como pericias institucionales. (*)

Artículo 22°.- Pronunciamiento judicial sobre mercancías incautadas

El Juez resolverá en la sentencia el decomiso de las mercancías incautadas, de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito aduanero y las ganancias obtenidas por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Asimismo, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar las mercancías o instrumentos.

CAPÍTULO III

DECOMISO, ADJUDICACIÓN Y DESTRUCCIÓN

"CAPÍTULO III

DISPOSICIÓN DE LO DECOMISADO E INCAUTADO"

(*)

(*) Epígrafe modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 23°.- Competencia de la Administración Aduanera sobre las mercancías decomisadas

La Administración Aduanera es la encargada de la adjudicación o destrucción de las mercancías e instrumentos provenientes de los delitos tipificados en esta Ley.

Una vez consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria y resuelto el decomiso de las mercancías y de los instrumentos con los que se hubiere ejecutado el delito, previa notificación de la misma, se adjudicarán las mercancías o instrumentos a las entidades del Estado, los gobiernos regionales, municipales y a las instituciones asistenciales, educacionales, religiosas y otras sin fines de lucro oficialmente reconocidas. Se exceptúan de los alcances del presente artículo las mercancías a las que se refieren los artículos 24° y 25° de la presente Ley.

"Artículo 23. Competencia de la Administración Aduanera sobre las mercancías decomisadas

La SUNAT es la encargada de la adjudicación, destrucción, remate o entrega al sector competente de las mercancías e instrumentos provenientes de los delitos tipificados en esta Ley.

Una vez consentida o ejecutoriada la sentencia y resuelto el decomiso de las mercancías y de los instrumentos con los que se hubiere ejecutado el delito, previa notificación de la misma y opinión favorable del sector competente, cuando corresponda, la SUNAT los dispone, a favor de las entidades del Estado, los gobiernos regionales, municipales y a las instituciones asistenciales, educacionales, religiosas y otras sin fines de lucro oficialmente reconocidas, cuando corresponda.

Sin perjuicio de lo indicado, mientras no concluya el proceso judicial, la SUNAT puede disponer, en forma anticipada, de las mercancías e instrumentos comprendidos en los artículos 24 y 25 de la presente Ley, sin que ninguna autoridad pueda impedirlo, bajo responsabilidad. En este caso, antes de la disposición de lo incautado, la SUNAT pone en conocimiento del Juez y del Fiscal que conocen la causa para que, de ser necesario, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la recepción de la comunicación, realicen o dispongan las acciones que estimen pertinentes a efecto de perennizar los medios de prueba. Este plazo es de tres (03) días calendarios siguientes a la recepción de la comunicación en caso de estado de emergencia, urgencia o necesidad."

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 24°.- Destrucción de Mercancías

Serán destruidas de inmediato y bajo responsabilidad, las mercancías que a continuación se detallan:

a. Aquellas que carecen de valor comercial;

b. Aquellas que sean nocivas para la salud o el medio ambiente;

c. Aquellas que atenten contra la moral, el orden público y la soberanía nacional;

d. Bebidas alcohólicas y cigarrillos;

e. Aquellas prohibidas o restringidas; y,

f. Las demás mercancías que se señalen por norma expresa.
"Artículo 24. Destrucción anticipada
Es destruida en forma anticipada y bajo responsabilidad, la mercancía que a continuación se detalla:

a) Carece de valor comercial;

b) Es nocivo para la salud o el medio ambiente;

c) Atenta contra la moral, el orden público y la soberanía nacional;

d) Se trate de bebidas alcohólicas o cigarrillos;

e) Aquella que, en opinión debidamente motivada del sector competente, deba ser destruida; y,

f) Se señale por norma expresa".

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros
Artículo 25°.- Adjudicación de Mercancías
La Administración Aduanera adjudicará directamente, dando cuenta al Fiscal y Juez Penal que conocen la causa y al Contralor General de la República, los siguientes bienes:

a. Todas las mercancías que sean necesarias para atender los requerimientos en casos de emergencia, urgencia o necesidad nacional, debidamente justificados, a favor del Estado, los gobiernos regionales o municipales.

b. Todos los alimentos de consumo humano así como prendas de vestir y calzado, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o los programas sociales que tengan adscritos con calidad de unidad ejecutora, así como a las instituciones sin fines de lucro y debidamente reconocidas, dedicadas a actividades asistenciales.

c. Todos los medicamentos de uso humano e instrumental y equipo de uso médico y odontológico, al Ministerio de Salud.

d. Todas las mercancías de uso agropecuario y medicamentos de uso veterinario, al Ministerio de Agricultura.

e. Todas las maquinarias, equipos y material de uso educativo, al Ministerio de Educación para ser distribuidos a nivel nacional a los colegios, institutos y universidades públicas que los requieran para labores propias de investigación o docencia.

f. Todos los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, a la Presidencia del Consejo de Ministros para que sean donados a las Entidades y Dependencias del Sector Público, Municipalidades de la República, Gobiernos Regionales, a las Comunidades Campesinas y Nativas que así lo soliciten; y a favor de otras entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46º de la presente Ley.

Las donaciones serán aprobadas mediante resolución ministerial del Presidente del Consejo de Ministros y están inafectas del Impuesto General a las Ventas (IGV).(*)

g. El diesel, gasolinas y gasoholes a favor de las entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46º de la presente Ley.

Respecto a los incisos a), b), c) y d) la adjudicación se hará previa constatación de su estado por la autoridad competente. Cuando la mercancía se encuentre en mal estado la Administración Aduanera procederá a su destrucción inmediata.

En el caso de los literales a), b), f) y g), a partir del día siguiente de notificada la Resolución que aprueba la adjudicación directa, la entidad o institución beneficiada tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para recoger las mercancías adjudicadas, vencido dicho plazo la Resolución de adjudicación queda sin efecto. En este caso, dichas mercancías podrán ser adjudicadas por la Administración Aduanera a favor de otra entidad, siempre que ésta sea alguna de las entidades comprendidas en el mismo literal del presente artículo donde se encuentra prevista la primera entidad beneficiada.

La Administración Aduanera remitirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, un informe trimestral sobre las adjudicaciones efectuadas.(**)

TENTATIVA

Artículo 9°.- Tentativa

Será reprimida la tentativa con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado. Se exceptúa de punición los casos en los que el agente se desista voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito o impida que se produzca el resultado, salvo que los actos practicados constituyan por sí otros delitos.

CAPÍTULO VII

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Artículo 10°.- Circunstancias agravantes

Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, los que incurran en las circunstancias agravantes siguientes, cuando:

a. Las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones, explosivos, elementos nucleares, diesel, gasolinas, gasoholes, abrasivos químicos o materiales afines, sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características puedan afectar o sean nocivas a la salud, seguridad pública o el medio ambiente.(*)

b. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas conferidas por delegación del Estado.

c. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario público o servidor de la Administración Aduanera o un integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a las que por mandato legal se les confiere la función de apoyo y colaboración en la prevención y represión de los delitos tipificados en la presente Ley.

d. Se cometiere, facilite o evite su descubrimiento o dificulte u obstruya la incautación de la mercancía objeto material del delito mediante el empleo de violencia física o intimidación en las personas o fuerza sobre las cosas.

e. Es cometido por dos o más personas o el agente integra una organización destinada a cometer los delitos tipificados en esta Ley.

f. Los tributos u otros gravámenes o derechos antidumping o compensatorios no cancelados o cualquier importe indebidamente obtenido en provecho propio o de terceros por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley, sean superiores a cinco Unidades Impositivas Tributarias.

g. Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura con la finalidad de transportar mercancías de procedencia ilegal.

h. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes, o se declare domicilios falsos en los documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros.

i. Se utilice a menores de edad o a cualquier otra persona inimputable.

j. Cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias.

k. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un lugar de fabricación distinto al real.

En el caso de los incisos b) y c), la sanción será, además, de inhabilitación conforme a los numerales 1), 2) y 8) del artículo 36º del Código Penal.

l. Las mercancías objeto del delito sean productos industriales envasados acogidos al sistema de autenticación creado por ley.(**)
(**) Literal incorporado por la Ley Nº 29769 del 26.07.2011
CAPÍTULO VIII

CONSECUENCIAS ACCESORIAS

Artículo 11°.- Medidas aplicables a personas jurídicas

Si para la ejecución de un delito aduanero se utiliza la organización de una persona jurídica o negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el juez deberá aplicar, según la gravedad de los hechos conjunta o alternativamente las siguientes medidas:

a. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos.

b. Disolución de la persona jurídica.

c. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales de que disfruten.

d. Prohibición temporal o definitiva a la persona jurídica para realizar actividades de la naturaleza de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

Simultáneamente, con la medida dispuesta, el juez ordenará a la autoridad competente la intervención de la persona jurídica para los fines legales correspondientes, con el objeto de salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores.

Artículo 12°.- Responsabilidad de extranjeros

Si los responsables de los delitos aduaneros fuesen extranjeros, serán condenados, además, con la pena de expulsión definitiva del país, la misma que se ejecutará después de cumplida la pena privativa de libertad.

INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y PROCESAMIENTO

CAPÍTULO I

INCAUTACIÓN Y VALORACIÓN DE MERCANCÍAS

Artículo 13°.- Incautación

El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por la Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario.

Queda prohibido bajo responsabilidad, disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los medios de transporte o cualquier otro instrumento empleados para la comisión del mismo, en tanto no medie sentencie absolutoria o auto de sobreseimiento proveniente de resolución firme que disponga su devolución dentro del proceso seguido por la comisión de delitos aduaneros. En el caso de vehículos o bienes muebles susceptibles de inscripción registral, queda prohibido, bajo responsabilidad, sustituir la medida de incautación o secuestro de estos bienes por embargos en forma de depósito, inscripción u otra que signifique su entrega física al propietario o poseedor de los mismos.

La prohibición de disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los instrumentos empleados para su comisión, alcanza igualmente a las resoluciones o disposiciones dictadas por el Ministerio Público, si luego de la investigación preliminar o de las diligencias preliminares, se declare que no procede promover la acción penal o se disponga el archivo de la denuncia. En dichos caso corresponderá a la Administración Aduanera la evaluación de la devolución de estas mercancías, bienes, efectos, medios de transporte e instrumentos del delito, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras que amparen su ingreso lícito, internamiento, tenencia o tránsito en el territorio nacional.

De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles. Esta disposición regirá sin perjuicio del deber de comunicar a la Administración Aduanera la incautación efectuada, dentro del término de veinticuatro (24) horas de producida.(*)

"Artículo 13. Incautación

El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por la Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario.

Queda prohibido bajo responsabilidad, disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los medios de transporte o cualquier otro instrumento empleado para la comisión del mismo, en tanto no medie sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento proveniente de resolución firme que disponga su devolución dentro del proceso seguido por la comisión de delitos aduaneros. En el caso de vehículos o bienes muebles susceptibles de inscripción registral, queda prohibido, bajo responsabilidad, sustituir la medida de incautación o secuestro de estos bienes por embargos en forma de depósito, inscripción u otra que signifique su entrega física al propietario o poseedor de los mismos.

La prohibición de disponer la entrega o devolución de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como de los instrumentos empleados para su comisión, alcanza igualmente a las resoluciones o disposiciones dictadas por el Ministerio Público, si luego de la investigación preliminar o de las diligencias preliminares, se declare que no procede promover la acción penal o se disponga el archivo de la denuncia. En dichos casos corresponderá a la Administración Aduanera la evaluación de la devolución de estas mercancías, bienes, efectos, medios de transporte e instrumentos del delito, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras que amparen su ingreso lícito, internamiento, tenencia o tránsito en el territorio nacional.

De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término perentorio de tres (3) días hábiles. Esta disposición regirá sin perjuicio del deber de comunicar a la Administración Aduanera la incautación efectuada, dentro del término de veinticuatro (24) horas de producida.

El Juez notifica al Procurador Público de la SUNAT para que participe en la diligencia de confirmación de la medida de incautación o la de su reexamen o variación."

(*)

(*) Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 14°.- Reconocimiento de mercancías y valoración

Recibidas las mercancías incautadas, por la Administración Aduanera, cuando exista persona detenida por los delitos tipificados en la presente Ley, esta procederá bajo responsabilidad en el término de veinticuatro (24) horas, al avalúo y reconocimiento físico, cuyos resultados comunicará de inmediato a la Policía Nacional del Perú, quien los cursará a la Fiscalía Provincial Penal respectiva, para que proceda a formular la denuncia correspondiente.

Tratándose de mercancías que por su naturaleza, cantidad o por la oportunidad de la intervención no pudieran ser valoradas dentro del plazo antes indicado, el detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal dentro del término de veinticuatro (24) horas, con el atestado policial correspondiente. En este caso, la Administración Aduanera remitirá el informe sobre el reconocimiento físico y avalúo de la mercancía dentro de tercer día hábil a la Fiscalía Provincial Penal.

En los casos en que no haya detenidos, la Administración Aduanera emitirá el documento respectivo en tres (3) días hábiles, cursándolo a la Policía Nacional para los fines de ley.

Artículo 15°.- Momento a considerar para establecer el valor

Para estimar o determinar el valor de las mercancías se considerará como momento de la valoración la fecha de comisión del delito o de la infracción administrativa. En el caso de no poder precisarse ésta, en la fecha de su constatación.

Artículo 16°.- Reglas para establecer la valoración

La estimación o determinación del valor de las mercancías, será efectuada únicamente por la Administración Aduanera conforme a las reglas establecidas en el reglamento, respecto de:

a. Mercancías extranjeras, incluidas las provenientes de una zona franca, así como las procedentes de una zona geográfica sujeta a un tratamiento tributario o aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de tributación menor y sujeta a un régimen especial arancelario.

b. Mercancías nacionales o nacionalizadas que son extraídas del territorio nacional, para cuyo avalúo se considerará el valor FOB, sea cual fuere la modalidad o medio de transporte utilizado para la comisión del delito aduanero o la infracción administrativa.

Artículo 17°.- Configuración del hecho imponible

El hecho imponible en los delitos o en la infracción administrativa, se configura en la fecha de comisión del delito o cuando se incurrió en la infracción, según corresponda. De no poder precisarse aquellas, en la fecha de su constatación.

En el caso del delito de defraudación de rentas de aduanas, el hecho imponible se configura en la fecha de numeración de la declaración.

Artículo 18°.- Tributos y tipo de cambio aplicables

Los tributos y el tipo de cambio que corresponde aplicar son los vigentes en la fecha de realización del hecho imponible, y en caso de no poder ser precisado, en la fecha de su constatación.

Esta regla es igualmente aplicable para calcular el importe de la multa administrativa o de los derechos antidumping o compensatorios cuando corresponda.

Cuando la base imponible del impuesto deba determinarse en función a la fecha de embarque de la mercancía, se considera la fecha cuando se comete el delito o se incurre en la infracción administrativa, según corresponda. En caso de no poder precisarse ésta, en la fecha de su constatación.

CAPÍTULO II

PROCESO

Artículo 19°.- Competencia del Ministerio Público

Corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos a que se refiere la presente Ley con el apoyo de las autoridades competentes.

Toda intervención efectuada por la Policía Nacional será puesta en conocimiento del Ministerio Público, bajo responsabilidad. La intervención policial en situaciones excepcionales se rige por lo dispuesto en la Ley N° 27934.

Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. En el caso de los artículos 4° y 5° de la presente Ley, el Ministerio Público ejercitará la acción penal a petición de la Administración Aduanera.

Artículo 19º.- Competencia del Ministerio Público

Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de sus actuaciones la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión de un delito, inmediatamente comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar el procedimiento que corresponde.(*)

Constituyen modalidades del delito de Defraudación de Rentas de Aduana y serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo 4°, las acciones siguientes:

a. Importar mercancías amparadas en documentos falsos o adulterados o con información falsa en relación con el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos, que originen un tratamiento aduanero o tributario más favorable al que corresponde a los fines de su importación.

b. Simular ante la administración aduanera total o parcialmente una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico o de cualquier índole establecido en la legislación nacional.

c. Sobrevaluar o subvaluar el precio de las mercancías, variar la cantidad de las mercancías a fin de obtener en forma ilícita incentivos o beneficios económicos establecidos en la legislación nacional, o dejar de pagar en todo o en parte derechos antidumping o compensatorios.

d. Alterar la descripción, marcas, códigos, series, rotulado, etiquetado, modificar el origen o la subpartida arancelaria de las mercancías para obtener en forma ilícita beneficios económicos establecidos en la legislación nacional.

e. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías en tránsito o reembarque incumpliendo la normativa reguladora de estos regímenes aduaneros.

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del D.Leg N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

CAPÍTULO III

RECEPTACIÓN ADUANERA

Artículo 6°.- Receptación aduanera

El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. (*)
(*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012
CAPÍTULO IV

FINANCIAMIENTO

Artículo 7°.- Financiamiento

El que financie por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados en la presente Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

CAPÍTULO V

TRÁFICO DE MERCANCÍAS PROHIBIDAS O RESTRINGIDAS

Artículo 8°.- Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas

El que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa. (*)

Comete delito de defraudación de rentas de aduana y es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, el que, mediante trámite aduanero, valiéndose de artificio, engaño, astucia u otra forma fraudulenta:

a) Deja de pagar en todo o en parte los tributos, recargos o cualquier otro importe a consecuencia de la utilización de documentación o información falsa, adulterada, indebida o incompleta, con relación al valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, estado, origen, marca, código, serie, modelo, rotulado, etiquetado, u otra información de las mercancías, así como de la indebida asignación de la subpartida nacional.

b) Obtiene o aprovecha ilícitamente una exoneración, inafectación, incentivo, devolución, beneficio tributario, beneficio aduanero u otro beneficio de cualquier índole indebidamente obtenido como consecuencia de la:

i. Utilización de documentación o información falsa, adulterada, indebida o incompleta.

ii. Simulación total o parcial de una operación de comercio exterior.

iii. Sobrevaloración o subvaluación de las mercancías.

iv. Alteración de la cantidad, descripción, marca, código, serie, rotulado o etiquetado de las mercancías.

v. Indebida asignación de la subpartida nacional o indebida declaración del origen de las mercancías.

vi. Utilización o disposición indebida de las mercancías que ingresaron con inafectación, exoneración o suspensión del pago de tributos, destinándola a una finalidad distinta a la señalada por la normativa nacional.

c) Consume, almacena, utiliza, sustrae o dispone de las mercancías en tránsito, transbordo, reembarque o durante su traslado a una zona franca, zona de tratamiento aduanero especial o zona de tributación especial, incumpliendo la legislación nacional.

El delito de defraudación de rentas de aduana se configura cuando el monto de los tributos, recargos o cualquier otro importe no cancelados, o de la exoneración, inafectación, incentivo, devolución, beneficio tributario, beneficio aduanero u otro beneficio de cualquier índole indebidamente obtenido, en provecho propio o de terceros, sea superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria.

Se entiende por recargos a los conceptos comprendidos en la definición prevista en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas".

(*)

(*) Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

El que mediante trámite aduanero, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o compensatorios que gravan la importación o aproveche ilícitamente una franquicia o beneficio tributario, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

(*) Por disposición del Num. 4 de la 1A. Disposición Final del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo Nº 957, este artículo fue modificado, estando vigente esta redacción a partir del 01/07/2006

Artículo 20°.- Conclusión anticipada del proceso por delitos aduaneros

(**) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012

"Artículo 25. Adjudicación o entrega de mercancías

La SUNAT puede adjudicar en forma anticipada lo incautado, en los siguientes supuestos:

a) Todas las mercancías que sean necesarias para atender situaciones o estados de emergencia, urgencia o necesidad nacional, debidamente justificados, a favor del gobierno nacional o de los gobiernos regionales o municipales.

b) Los alimentos de consumo humano, prendas de vestir y calzado, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o a los programas sociales que tengan adscritos con calidad de unidad ejecutora, así como a las instituciones sin fines de lucro y debidamente reconocidas, dedicadas a actividades asistenciales.

c) Los medicamentos de uso humano e instrumental y equipo de uso médico y odontológico, al Ministerio de Salud.

d) Las mercancías de origen agropecuario o acuícola y medicamentos de uso veterinario, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego o al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES.

e) Los equipos o aparatos de telecomunicaciones, así como las maquinarias, herramientas, equipos y material de uso educativo, al Ministerio de Educación, para ser distribuidos a nivel nacional a las instituciones educativas de Educación Básica, Técnico-Productiva y Superior y las universidades públicas que los requieran para labores propias de investigación, formativas o de docencia.

f) Los medios de transporte terrestre, sus partes y piezas e inclusive aquellos prohibidos o restringidos, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales o locales, a las Comunidades Campesinas y Nativas que así lo soliciten y a favor de otras entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46.

g) El diesel, gasolinas y gasoholes a favor de las entidades del Estado encargadas de la prevención y represión de los delitos aduaneros o de las Fuerzas Armadas que prestan la colaboración que se detalla en el artículo 46, así como al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

h) Armas, municiones, explosivos y artículos conexos de uso civil a favor de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC.

La adjudicación de los bienes comprendidos en los incisos a), b), c), d) y h) se hace previa constatación de su estado de conservación y opinión favorable de la autoridad competente. Cuando la mercancía se encuentre en mal estado la SUNAT procede a su destrucción inmediata.

La entidad o institución beneficiada tiene un plazo de veinte (20) días hábiles, prorrogables por un plazo similar, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución que aprueba la adjudicación, para recoger lo adjudicado. Si no se recogen dentro del plazo indicado, queda sin efecto el acto de disposición, sin el requisito previo de expedición de resolución administrativa, y la SUNAT puede volver a adjudicarlos a favor de cualquier otra entidad del gobierno nacional o los gobiernos regionales o locales.

La SUNAT remitirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, un informe trimestral sobre las adjudicaciones efectuadas."

(*)

(*)

Artículo modificado por el D. Leg. N° 1542, que entra en vigencia a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros

Artículo 26°.- Situación de naves y aeronaves

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DELITOS ADUANEROS CAPÍTULO I CONTRABANDO Artículo 1°.- Contrabando El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

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¿Cuáles son las características esenciales del delito de defraudación tributaria?

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DELITO DE DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANA || MODALIDAD ART. 5° INCISO "e"

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¿Cuándo un contador puede tener responsabilidad penal?: Revisión del delito contable

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Ley Penal Tributaria: su aplicación en las finanzas de tu empresa | Conexión ESAN

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La Sunat ha denunciado 115 casos de delitos tributarios que involucran a personas naturales y jurídicas. Conocer qué delitos pueden estar cometiendo las compañías les permitirá realizar las correcciones necesarias para cumplir con sus obligaciones de ley.

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¿Cuál es la realidad del CONTRABANDO en el Perú?😡 Todo lo que debes saber AQUÍ👇

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La omisión de anotar ingresos en los registros contables configura delito contable, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Penal Tributaria.

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jueces imponen penas efectivas de carcel por delitos tributarios

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Jueces imponen penas efectivas de cárcel por delitos tributarios

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Mas de 100 personas fueron sentenciadas por evasion de impuestos y defraudacion.

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El delito contable - Actualidad Tributaria

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imponen drastico castigo por uso de facturas falsas

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Imponen drástico castigo por uso de facturas falsas

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Imponen drastico castigo por uso de facturas falsas

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https://youtu.be/vAm81O3ahRA

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Ministerio Público | Fiscalía de la Nación - Perú

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Respecto al elemento subjetivo del delito de receptación, debe reconocerse que su modalidad básica exige tres requisitos.

El primero de ellos es un elemento cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento de un delito contra el patrimonio. El segundo es un elemento comisivo formulado de manera alternativa y que se predica de quien ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos de ese delito o de quien reciba, adquiera u oculte tales efectos, que implica a su vez un elemento subjetivo de injusto: actuar con ánimo de lucro. Y, finalmente, un elemento negativo, integrado por la circunstancia de que el sujeto activo no haya intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito previo.

Así lo señaló la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver la Casación N° 186-2017-Ucayali. En dicho fallo, expedido el 8 de junio de 2018, se declaró fundado el recurso de casación excepcional interpuesto por el fiscal superior contra la sentencia de vista de la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

VEA TAMBIÉN: Corte Suprema: ¿La violencia en el robo solo se presenta en la sustracción del bien?

Asimismo, en su fallo, la Suprema refiere que el delito de receptación se trata de un delito eminentemente doloso, que puede ser cometido por dolo directo, con conocimiento certero de la procedencia ilícita de los bienes, como por dolo eventual, en los supuestos que el receptador se ha representado como razonablemente probable que tales bienes detenten origen en un delito de diversa naturaleza. Y, en este último caso, agregó la Sala Suprema, " el origen ilícito de los bienes receptados aparece con un alto grado de probabilidad, en virtud de las circunstancias coetáneas al hecho".

Al resolver el caso en concreto, la Suprema advirtió que el tribunal superior incurrió en una manifiesta contradicción, pues, "por un lado, se afirmó: '[...] es requisito obligado para acreditar la comisión del delito de receptación, que previamente se determine la comisión de un ilícito penal anterior [...] circunstancias que en el presente caso sí se cumplen, dada la aceptación por parte del imputado según consta de las diligencias efectuadas y conforme se ha desarrollado en la sentencia recurrida [...]'; y, por otro lado, inexplicablemente se señaló: '[...] en el caso concreto el delito de robo agravado [...] no puede estar determinad[o] por una simple presunción o sospecha [...] no es posible corroborar con la sola denuncia y versión efectuada por el agraviado [...]'.

Ante ello, la Corte señaló que resultaba razonable establecer, en principio, que la procedencia delictiva del bien receptado ha sido acreditada y, seguidamente, negar esta circunstancia, aseverando que las pruebas actuadas no son suficientes para establecer su probanza.

Ud. puede descargar este fallo aquí y/o leerlo en nuestro archivo Scribd:

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Estos son los tres requisitos que deben concurrir en el delito de receptación

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Respecto al elemento subjetivo del delito de receptación, debe reconocerse que su modalidad básica exige tres requisitos. El primero de ellos es un elemento cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento de un delito contra el patrimonio.

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¿A qué se denominan mercancías prohibidas?

Las mercancías prohibidas son aquellas que por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir del territorio nacional.

¿A qué se denominan mercancías restringidas?

Las mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.

¿Cuál es el objetivo de prohibir o restringir una mercancía?

Proteger o preservar la salud y vida de las personas, la moral pública, el patrimonio histórico y cultural, así como conservar los recursos naturales, entre otros objetivos.

¿Qué consecuencias trae introducir o extraer ilícitamente mercancías cuya importación o exportación están prohibidas o restringidas en el país?

Además de las sanciones administrativas (multas, cierres de locales, etc.), aquella persona que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas introduzca o extraiga del país mercancías por cuantía superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley de Delitos Aduaneros -Ley N° 28008.

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¿A qué se denominan mercancías prohibidas? Las mercancías prohibidas son aquellas que por mandato legal se encuentran prohibidas de ingresar o salir del territorio nacional. ¿A qué se denominan mercancías restringidas? Las mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.