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Villalta, E. S. (s. f.). Perú: la reforma educativa durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). https://pacarinadelsur.com/nuestra-america/amautas-y-horizontes/1836-peru-la-reforma-educativa-durante-el-gobierno-militar-de-juan-velasco-alvarado-1968-1975

Diario, L. P. (1968). Francisco Morales Bermúdez en el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Repositorio de la Universidad San Ignacio de Loyola. https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/e7f7ac94-f4db-4608-8941-83d332ab7588

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Noya, V. (2018, 24 junio). El onchenio de Odría - mapa mental. https://www.mindomo.com/es/mindmap/el-onchenio-de-odria-6ec0202232dd47018a863cc9ed4ba532

Museo90xxuser. (2016, 23 abril). Ochenio de Odría: Obras, resumen, aspecto económico. HISTORIA DEL PERÚ. https://museochanchan.pe/ochenio-odria/

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gamonalismo han formado parte del habla cotidiana en el Perú. El primero alude a un individuo y el segundo a un sistema. El sistema se basó en una explotación con rasgos feudales de los campesinos ubicados dentro o fuera de las haciendas, especialmente en las ubicadas en los departamentos de la sierra sur. El panorama estas haciendas se caracterizaba por la pobreza y la casi total exclusión cultural de sus peones agrícolas. En este sentido la hacienda andina se caracterizó por su escasa productividad, baja rentabilidad y derroche de fuerza de trabajo

Penagos, J. L. O. (2008, 5 octubre). La República Aristocrática: campesinado y gamonalismo | Blog de Juan Luis Orrego Penagos. http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/10/05/la-republica-aristocratica-campesinado-y-gamonalismo/

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¿QUIENES COMPONIAN LA OLIGARQUIA COSTEÑA?

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¿QUIENES COMPONIAN LA OLIGARQUIA COSTEÑA?

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https://th.bing.com/th/id/OIP.c6kWyd1FAe8Xt5ThlDOG0AHaGO?rs=1&pid=ImgDetMain

Durante la República Aristocrática, la sociedad peruana estaba claramente dividida en clases. La oligarquía, compuesta por la aristocracia terrateniente y los grandes empresarios, ocupaba la cúspide social y controlaba los principales cargos políticos y económicos. La clase media emergente, integrada por profesionales, comerciantes y burócratas, se encontraba en una situación laboral inestable y, por tanto, era más susceptible a simpatizar con las demandas de mejoras laborales de la clase trabajadora. Los sectores populares, que incluían a campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y obreros, vivían principalmente en áreas urbanas y estaban involucrados en el proceso de industrialización que comenzaba a gestarse.

La República Aristocrática en Perú (1899-1919). (s. f.). Algor Cards. https://cards.algoreducation.com/es/content/on3NOKMP/republica-aristocratica-peru

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Desde la fundación de la República y hasta 1872, todos los gobiernos fueron militares. Para competir con ellos, el 24 de abril de 1871 se produjo un movimiento decisivo para la historia del país. Una Junta de Notables fundó la Sociedad Independencia Electoral, el origen del Partido Civilista.

Esta Sociedad nombró a un candidato para presentarse al cargo de presidente, Manuel Pardo y Lavalle. Se trató de la primera ocasión en la que la oligarquía, sin participación de las clases populares, plantaba cara a los militares para controlar el Estado.

Montano, J. (2023b, junio 12). República aristocrática. Lifeder. https://www.lifeder.com/republica-aristocratica/

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Ramos Núñez, C. A. (2015). Ley y justicia en el Oncenio de Leguía. https://doi.org/10.18800/9786123171094

Ames Zegarra, M. (2009). El Oncenio de Leguía a través de sus elementos básicos (1919-1930). https://core.ac.uk/download/pdf/323347062.pdf

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El Oncenio de Leguía llegó a su final debido a una creciente insatisfacción popular con el régimen autoritario y la corrupción que caracterizaban su gobierno. A medida que pasaron los años, las promesas de modernización y desarrollo económico no se tradujeron en mejoras reales para la población, lo que generó un clima de descontento.

Las protestas y movilizaciones sociales se intensificaron, reflejando la frustración de los sectores más vulnerables. Además, la crisis económica que afectó al mundo en 1929 exacerbó estos problemas, aumentando el desempleo y la pobreza. Este contexto de inestabilidad culminó en un golpe de Estado en 1930, liderado por el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro, quien derrocó a Leguía y puso fin a su gobierno.

Los actos celebratorios del Centenario de la Independencia del Perú, realizados en 1921, fueron una serie de festividades que buscaron conmemorar los cien años de libertad del país. Las celebraciones incluyeron la inauguración de monumentos emblemáticos, como el dedicado a José de San Martín, y desfiles militares que mostraron la fuerza y el patriotismo de las fuerzas armadas peruanas. Además, se llevaron a cabo diversas actividades culturales y recreativas, como carreras y funciones de cine, que involucraron a la población en un ambiente festivo. La participación de delegaciones internacionales de 34 países destacó la importancia del evento y promovió un sentido de unidad nacional en un momento en que el país buscaba reafirmar su identidad.

Por otro lado, los actos conmemorativos de la Batalla de Ayacucho, que se celebraron en 1924, también fueron significativos para el Perú. Esta batalla, librada en 1824, fue crucial para la independencia del país y marcó el fin del dominio español en Sudamérica. Las celebraciones incluyeron ceremonias oficiales, desfiles cívico-militares y la develación de monumentos en honor a los héroes de la independencia. Se realizaron discursos que resaltaron la importancia de la batalla en la historia nacional y se promovió un sentimiento de orgullo y unidad entre los peruanos.

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Características del Perú durante el Gobierno de Óscar R. Benavides (1933-1939)

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Características del Perú durante el Gobierno de Óscar R. Benavides (1933-1939)

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Ámbito Económico

Recuperación económica: Benavides se enfocó en superar la crisis económica heredada del gobierno anterior. Implementó medidas para estabilizar la moneda, reducir el déficit fiscal y promover la inversión privada.

Industrialización: Se impulsó la industrialización, especialmente en sectores como la textil y la alimentaria, buscando reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas.

Infraestructura: Se realizaron inversiones en infraestructura, como la construcción de carreteras y ferrocarriles, para mejorar la conectividad del país.

Ámbito Político

Autoritarismo: Benavides gobernó de manera autoritaria, limitando las libertades civiles y reprimiendo a la oposición, especialmente al APRA.

Estabilidad política: A diferencia de Sánchez Cerro, Benavides logró establecer una mayor estabilidad política, gracias a una alianza con los conservadores.

Nacionalismo conservador: Su gobierno se caracterizó por un nacionalismo conservador, que buscaba preservar el orden social y político establecido.

Elecciones controladas: Las elecciones durante su gobierno estuvieron marcadas por el fraude y la manipulación, lo que permitió a Benavides mantenerse en el poder.

Ámbito Social

Desigualdad social: La desigualdad social persistió, con una concentración de la riqueza en pocas manos y una gran masa de población viviendo en condiciones de pobreza.

Represión social: Los movimientos sociales, especialmente los de izquierda, fueron reprimidos.

Desarrollo de la educación: Se impulsó el desarrollo de la educación, aunque de manera limitada y con un enfoque conservador.

Ámbito Cultural

Nacionalismo conservador: El nacionalismo cultural se enfocó en la promoción de los valores tradicionales y la hispanidad.

Censura: Se impuso una fuerte censura sobre las expresiones artísticas y culturales que pudieran ser consideradas subversivas.

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Óscar Raimundo Benavides Larrea nació en Lima, 15 de marzo de 1876, fue un militar y político peruano, Presidente Provisorio del Perú en dos ocasiones, de 1914 a 1915 y de 1933 a 1939. En 1940, el Congreso de la República le confirió el rango de Gran Mariscal.

Cursó estudios en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, y en la Escuela Militar de en Lima, y en 1894 ingresó a la brigada de artillería del Dos de Mayo. En 1902 fue ascendido al grado de Capitán y en 1906, a la edad de 30 años, se graduó de Sargento Mayor con las más altas calificaciones. Para que completara su formación militar, el gobierno lo envió a Francia donde la República Francesa lo distinguió con la Cruz de la Legión de Honor.

Campaña del Caquetá

Tras regresar al Perú en diciembre de 1910, Óscar Raimundo Benavides fue designado comandante del Batallón de Infantería N° 9 acantonado en Chiclayo, en la costa norte del Perú. En febrero de 1911 el gobierno ordenó a Óscar Raimundo Benavides que condujera el Batallón Nº 9 a la frontera nororiental con Colombia en la Amazonia peruana.

Colombia había establecido un puesto fortificado en La Pedrera, en la orilla meridional del río Caquetá que, de acuerdo con el Tratado Porras-Tanco Argáez de 1909 estaba dentro del territorio peruano.

El Batallón Nº 9 hubo de viajar más de 2.000 kilómetros atravesando tramos sin caminos de la cordillera de los Andes en Cajamarca y Chachapoyas hasta llegar a la selva amazónica.

El 10 de julio estaba frente a La Pedrera, luego de un cambio de notas con las que el comandante colombiano se negó a abandonar la posición, el comandante Óscar Raimundo Benavides inició el ataque. El triunfo fue completo para las fuerzas peruanas.

El 24 de julio el comandante Óscar Raimundo Benavides fue informado de que los gobiernos del Perú y Colombia habían suscrito un tratado por el que las fuerzas peruanas debían abandonar el Caqueta y replegarse al río Putumayo.

Aún en La Pedrera, el 28 de julio de 1911 las fuerzas peruanas celebraron las Fiestas Patrias del día de la Independencia; pero carecían de equipamientos para protegerse del clima y de las enfermedades infecciosas endémicas en la región. El 29 de julio las tropas fueron atacadas por una violenta epidemia de fiebre amarilla y de beriberi. Careciendo de medicinas, las tropas fueron cruelmente diezmadas.

El 4 de agosto el comandante Óscar Raimundo Benavides volvió a Iquitos. Fue ascendido al grado de coronel de infantería (30 de septiembre). A pesar de esto Óscar Raimundo Benavides escribió en su diario:

He sufrido tanto, que la victoria lograda, los aplausos y el ascenso que se me ha conferido, no me han compensado en la forma que muchos presumen y como habría sido de no haber sufrido tantos reveses.

El gobierno envió a Óscar Raimundo Benavides a Europa para que recibiera tratamiento contra el beriberi. Cuando regresó el 8 de abril de 1912, fue recibido como un héroe nacional y en su honor se organizó una parada militar en Lima a lo largo del Jirón de la Unión hasta la Plaza de Armas.

Óscar Raimundo Benavides fue nombrado Comandante General de la Tercera Región, en Arequipa y en noviembre de 1913 fue designado Jefe del Estado Mayor del Ejército, con sede en Lima.

Primer gobierno (1914-1915)

En 1913 el Presidente de la República era Guillermo Billinghurst que había sido elegido en 1912 con el apoyo de los movimientos obreros.

Enfrentado con la oposición de una porción significativa del Congreso, que obstaculizaba el cumplimiento de sus promesas para con los obreros tales como las 8 horas laborales, el derecho a sindicalización y huelga, Billinghurst planeaba disolver el Congreso.

Algunos diputados comenzaron a conspirar para deponer al Presidente, y así mantener el poder concentrado en la oligarquía peruana, y obtuvieron el apoyo del teniente coronel José Urdanivia Ginés, jefe de una sección del Estado Mayor. Billinghurst intentaba armar a la población para que ésta enfrentara a las fuerzas armadas. Los conspiradores se pusieron en contacto con el coronel Óscar Raimundo Benavides, quien aceptó apoyarlos tanto para defender el orden constitucional como para evitar una división en las fuerzas armadas.

El 3 de febrero de 1914 Billinghurst destituyó a Óscar Raimundo Benavides de la jefatura del Estado Mayor del Ejército, hecho que solo sirvió para precipitar el golpe de estado.

En la madrugada del 4 de febrero la guarnición en Lima bajo el comando de Benavides se pronunció contra el gobierno. Las tropas se acercaron a Palacio de Gobierno y se produjo un corto tiroteo con la guardia palaciega, que finalmente se sumó a los sublevados. Óscar Raimundo Benavides obtuvo del presidente Billinghurst una declaración en la que manifestó su voluntad de negociar.

Luego de unas conversaciones, Billinghurst dimitió y fue exiliado a Chile, donde murió al año siguiente. Durante la sublevación en el cuartel de Santa Catalina, se produjo el horrendo asesinato del general Enrique Varela Vidaurre, héroe de la guerra del Pacífico, que fue acribillado mientras dormía.

Los senadores y diputados, reunidas en la tarde del mismo 4 de febrero, acordaron otorgar temporalmente el Poder Ejecutivo a una Junta de Gobierno de seis miembros, escogidos de entre los personeros de los partidos políticos.

La Junta de Gobierno debía encargarse del mando mientras que el Congreso Nacional resolviera lo conveniente al ejercicio del Poder Ejecutivo. Hubo quienes sostuvieron que el poder debía asumirlo uno de los vicepresidentes de Billinghurst: Roberto Leguía o Miguel Echenique. Tras arduas discusiones, el 15 de mayo de 1914 el Congreso nombró a Óscar Raimundo Benavides Presidente Provisorio, con la misión de convocar a elecciones.

El 17 de diciembre de 1914, Óscar Raimundo Benavides obtuvo el ascenso a general de brigada.

Durante los dieciocho meses de su gobierno, Óscar Raimundo Benavides restauró el orden y la estabilidad políticos. Con respecto al personal de sus gabinetes ministeriales, Jorge Basadre escribió: "El general Benavides reveló ser cauto y equilibrado al escoger a sus colaboradores".

Segundo gobierno (1933-1939)

Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado el 30 de abril de 1933. Para evitar los desórdenes, el Congreso Constituyente confirió a Óscar Raimundo Benavides el mandato presidencial hasta concluir el periodo de su predecesor, o sea hasta 1936.

Benavides suscribió la nueva Constitución del Perú que reemplazó a la de 1920, en vigencia desde la administración de Augusto Bernardino Leguía. La Constitución de 1933 mantuvo vigencia hasta 1979, aunque diversos puntos que estipulaba nunca se cumplieron; por ejemplo, lo referente a las juntas departamentales.

Las prioridades de Óscar Raimundo Benavides al comenzar su gobierno fueron buscar el fin del conflicto con Colombia (se llegó a un acuerdo de paz en mayo de 1934), calmar la agitación política interna y superar la crisis económica.

Al principio de su gobierno dio la Ley de Amnistía General, el 9 de agosto de 1933, por la cual se amnistiaba a todas aquellas personas a las que se les seguía juicio político y se permitía el retorno de los deportados. Fue así como Haya de la Torre, el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana o APRA, fue puesto en libertad y se permitió el retorno de los desterrados apristas.

Pero tras un intento revolucionario aprista en Lima, conocido como la conspiración de El Agustino, se reinició la persecución antiaprista. Los apristas respondieron con actos terroristas en todo el país. El 15 de mayo de 1935 ocurrió el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, y el de su esposa, a manos de un militante aprista.

El gobierno mantuvo la proscripción del APRA, aduciendo que era un partido internacional, lo que estaba prohibido de actuar, según la Constitución de 1933. Por esa misma causa se reprimió al Partido Comunista. Las cárceles se llenaron de presos políticos, apristas y comunistas. Una novela del escritor indigenista José María Arguedas, El Sexto, está ambientada en dicha época.

En 1936, año en que finalizaba el periodo de Sánchez Cerro, Óscar Raimundo Benavides convocó a elecciones generales, en las que postularon para la presidencia Jorge Prado Ugarteche (apoyado inicialmente por el gobierno), Luis A. Flores (fascista), Manuel Vicente Villarán y Luis Antonio Eguiguren; éste último resultó ser el candidato favorito de la población.

Pero estas elecciones fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, ni bien iniciado el escrutinio, con el pretexto de que los apristas (cuyo partido estaba proscrito por la ley) habían beneficiado con sus votos a Eguiguren, el virtual ganador. La intención clara del gobierno era anular los resultados pues sus candidatos favoritos (Prado y Villarán) habían perdido.

Consultado el Congreso, éste decidió que Benavides extendiera su mandato por tres años más, hasta 1939, y por añadidura le otorgó la facultad de legislar (pues el Congreso, instalado en 1931, culminaba su periodo en 1936).

Óscar Raimundo Benavides gobernó bajo el lema de "orden, paz y trabajo", contando con el respaldo del ejército y de la oligarquía. Sin embargo, en el último tramo de su mandato se hizo notorio el hastío de la población.

El 19 de febrero de 1939, mientras Benavides se hallaba de excursión en Pisco, se rebeló su ministro de Gobierno y segundo vicepresidente, general Antonio Rodríguez Ramírez, quien ocupó el Palacio de Gobierno.

La rebelión, que contaba al parecer con gran apoyo de diversos sectores, se frustró cuando el jefe de la Guardia de Asalto, mayor Luis Rizo Patrón, irrumpió en el patio de Palacio, exigiendo por tres veces la rendición a Rodríguez. Éste se abalanzó sobre Rizo Patrón, quien lo ametralló en el acto, matándolo. Fracasó así la intentona golpista. Benavides se salvó, pero comprendió entonces que era contraproducente mantenerse en el poder.

Viendo pues el panorama adverso, Óscar Raimundo Benavides decidió convocar a elecciones y hacer el traspaso de poder. Pero antes convocó a un plebiscito, que se realizó el 18 de junio de 1939, y por el cual se aprobaron importantes reformas constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica. Su intención era robustecer el Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo.

Para las elecciones generales de 1939, Óscar Raimundo Benavides apoyó la candidatura presidencial de Manuel Prado Ugarteche, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado y que por entonces ejercía como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Contra esta candidatura oficial, se alzó la de José Quesada Larrea, joven abogado, natural de Trujillo, quien para su campaña adquirió el diario La Prensa, desde donde se peleó por la libertad electoral, ante el propósito evidente del gobierno de manipular los resultados.

El partido aprista, que era el más importante del país, continuaba proscrito por ley. Otra importante fuerza política, la Unión Revolucionaria, quedó también anulada al estar desterrado su líder, Luis A. Flores. Ante la coyuntura electoral, tanto Prado como Quesada solicitaron el apoyo de los apristas pero estos no tomaron partido. Hechos los escrutinios, Manuel Prado Ugarteche resultó vencedor, con enorme ventaja. Se habló de fraude masivo.

Fundación del Frente Democrático Nacional

Óscar Raimundo Benavides fue Embajador del Perú en Madrid (1940) y en Buenos Aires (1941-1944). Regresó al Perú el 17 de julio de 1944, a fin de colaborar en la renovación de los poderes públicos y estuvo entre los fundadores del Frente Democrático Nacional (FDN), agrupación de partidos (entre los cuales se hallaba el APRA, con el nombre de Partido del Pueblo), que lanzó la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero.

Fallecimiento

Óscar Raimundo Benavides regresa a Lima donde falleció el 2 de julio de 1945, luego de que se confirmara el triunfo del FDN en las elecciones generales de 1945.

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Óscar Raimundo Benavides - Historia del Perú

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Óscar Raimundo Benavides Larrea fue un militar y político peruano Presidente del Perú en dos ocasiones, de 1914 a 1915 y de 1933 a 1939

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Características del Perú durante el Gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro (1931-1933)

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Características del Perú durante el Gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro (1931-1933)

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Ámbito Económico

Crisis económica mundial: El Perú, al igual que otros países latinoamericanos, se vio afectado por la Gran Depresión. La caída de los precios de los productos de exportación (algodón, lana, azúcar) generó una contracción económica y desempleo.

Dependencia de la exportación: La economía peruana seguía siendo altamente dependiente de la exportación de materias primas, lo que la hacía vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.

Intentos de diversificación: Sánchez Cerro buscó impulsar la industrialización y diversificar la economía, pero estos esfuerzos se vieron limitados por la falta de inversión y la crisis económica.

Ámbito Político

Nacionalismo: Sánchez Cerro impulsó un fuerte nacionalismo, buscando fortalecer la identidad peruana y enfrentar los desafíos externos.

Anticomunismo: Su gobierno fue marcadamente anticomunista, reprimiendo a los movimientos de izquierda y a los sindicatos.

Populismo: Intentó construir una base de apoyo popular, apelando a los sentimientos nacionalistas y prometiendo mejoras sociales.

Inestabilidad política: Su gobierno se caracterizó por una gran inestabilidad política, marcada por frecuentes cambios de gabinete y una fuerte oposición, especialmente del APRA.

Conflicto con el APRA: El APRA, liderado por Haya de la Torre, se convirtió en la principal fuerza de oposición. Los enfrentamientos entre el gobierno y el APRA generaron una violencia política generalizada.

Ámbito Social

Desigualdad social: La desigualdad social se mantuvo como una característica estructural de la sociedad peruana. Las grandes masas populares vivían en condiciones de pobreza y carecían de acceso a servicios básicos.

Movimientos sociales: Surgieron diversos movimientos sociales, como el sindicalismo y el campesinado, que demandaban mejores condiciones de vida y participación política.

Represión: El gobierno de Sánchez Cerro reprimió duramente a los movimientos sociales, lo que generó un clima de tensión y violencia.

Ámbito Cultural

Nacionalismo cultural: Se impulsó un nacionalismo cultural que buscaba rescatar las raíces indígenas y mestizas del Perú.

Literatura y arte: La literatura y el arte reflejaron las tensiones sociales y políticas de la época. Surgieron nuevas voces literarias que denunciaban la desigualdad y la injusticia.

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Luis Miguel Sánchez Cerro nació en Piura, 12 de agosto de 1889, fue un militar y político peruano, que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones: la primera, del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931, como Presidente de una Junta de Gobierno instalada luego que derrocara al presidente Augusto Bernardino Leguía; y la segunda, como Presidente Constitucional, luego de ganar unas reñidas elecciones en 1931, a la cabeza de su partido, la Unión Revolucionaria.

Fue el primer presidente con rasgos indígenas y el único presidente afro descendiente de nuestro país. Sus antepasados fueron esclavos negros de Madagascar que pertenecían a la tribu de los manganches en Piura.

Luis Miguel Sánchez Cerro no cumplió su período constitucional pues murió a manos de un militante del partido aprista, organización a la que había proscrito por sus actividades subversivas, aunque no se ha determinado si fue víctima de un acto individual o de un complot.

Golpe de Estado contra Leguía

El 22 de agosto de 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro, encabezando la guarnición de Arequipa, se sublevó contra el gobierno de Leguía. El pronunciamiento respectivo fue redactado por el jurista arequipeño José Luis Bustamante y Rivero (que años después se convertiría en presidente constitucional del Perú).

El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. También en Lima el ambiente era favorable para la revolución. Para dominar la situación, Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la guarnición de Lima solicitó su renuncia.

Leguía aceptó y renunció el mando, que quedó en manos de una Junta Militar de Gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Brousset. Como medida de protección se trasladó a Leguía al buque Almirante Grau, en donde debería ser conducido al extranjero.

Sin embargo, poco después, ante la exigencia de los revolucionarios de Arequipa, Leguía fue tomado prisionero a bordo del buque y obligado a desembarcar. Se decretó el receso del Congreso y la amnistía general.

El 27 de agosto llegó a Lima, vía aérea, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, siendo recibido apoteósicamente. En el acto constituyó una Junta Militar de Gobierno bajo su presidencia.

Leguía fue trasladado prisionero a la Penitenciaría. Se produjeron en Lima grandes manifestaciones populares y el asalto a la casa del ex presidente y los principales miembros de su régimen.

El levantamiento de Luis Miguel Sánchez Cerro fue uno de varios que se dieron en todo el país; sin embargo, fue elegido por los insurrectos para que asumiera la dirección del país. Dado este acontecimiento ganó popularidad en todo el país, pues el gobierno dictatorial de Leguía había visto reducida su aprobación en un contexto de crisis económica mundial.

Presidente de la Junta de Gobierno (1930-1931)

La Junta de Gobierno presidida por Luis Miguel Sánchez Cerro gobernó del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. Fue un período especialmente crítico para el país.

La crisis económica mundial que estalló en 1929 repercutió durante el final del gobierno de Leguía y durante el gobierno de la junta de Luis Miguel Sánchez Cerro. Cayeron los precios de los productos de exportación como algodón, lana, azúcar, minerales.

La moneda disminuyó su poder adquisitivo, se produjo la restricción en materia de créditos, el comercio de importación disminuyó notablemente debido a la falta de capital y los ingresos fiscales sufrieron una merma considerable. Cayeron muchas entidades financieras y de crédito, como el Banco Perú y Londres. La desocupación fue incrementándose mes a mes.

La crisis económica ocasionó naturalmente el descontento social. Ocurrieron disturbios obreros en Talara, Cerro de Pasco y La Oroya, instigados por los partidos izquierdistas recientemente aparecidos, y que fueron severamente reprimidos. En el puente de Mal Paso, cerca de La Oroya, murieron muchos obreros a manos de la policía. En Oyolo (departamento de Ayacucho) hubo un choque sangriento entre la policía y los indígenas.

Ocurrieron también conflictos estudiantiles que culminaron con la captura de la Universidad de San Marcos por los estudiantes, los que fueron desalojados por las fuerzas del gobierno ocasionando la muerte del estudiante de medicina Guido Calle, el 4 de febrero de 1931.

Presidente Constitucional de la República (1931-1933)

Luis Miguel Sánchez Cerro inauguró su gobierno el 8 de diciembre de 1931, contando con mayoría parlamentaria. Su grupo político era la Unión Revolucionaria, en el que descollaba el doctor Luis A. Flores. El Congreso lo ascendió al grado de General de Brigada y pasó a discutir una nueva Constitución, que fue promulgada el 9 de abril de 1933.

El nuevo gobierno se inició contando con una intensa oposición del partido aprista, que desconoció su triunfo. Estuvo por eso lleno de incidencias políticas que derivaron en acciones sangrientas e hicieron vivir al país un período de profunda intranquilidad que impidió la acción eficaz tanto del gobierno como de los particulares, al impedir que el país se repusiera de la crisis económica que lo agobiaba.

Ante esta situación, el Congreso aprobó leyes severas, entre ellas una llamada Ley de Emergencia, que dio al gobierno poderes especiales para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a los comunistas (después los militantes de la Unión Revolucionaria acuñarían el término de aprocomunista para confabular a ambos grupos políticos).

La violencia de la lucha política llevó al gobierno a apresar y deportar a los principales líderes apristas y a los 23 integrantes de la célula parlamentaria aprista.

Una serie de sucesos sangrientos ocurridos en un breve lapso de tiempo dan una idea de la terrible crisis en la que se debatió por entonces el país:

Un atentado criminal contra la vida del Presidente de la República en la Iglesia de Miraflores, por obra de José Melgar Márquez, un joven militante aprista (6 de marzo de 1932). Sánchez Cerro sufrió un disparo de bala que le perforó un pulmón, pero se recuperó al cabo de un mes. El autor material del atentado fue juzgado y condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por la de encierro.

Una rebelión de marineros en los buques de la escuadra en el Callao (7 de mayo de 1932). Fue reprimida cruentamente, y tras ser sometidos a una corte marcial, fueron fusilados ocho marineros, ante la presencia del ministro de Gobierno, Luis A. Flores. A raíz de esta sublevación, fue clausurada la Universidad Mayor de San Marcos, pues se vinculó a los estudiantes con la propaganda subversiva que alentara a los marineros a rebelarse.

Una sublevación fomentada por los apristas en Trujillo, el 7 de julio de 1932, la llamada revolución aprista de Trujillo. Los sublevados asaltaron el cuartel O'Donovan y secuestraron a varios oficiales del Ejército. Agustín Haya de la Torre, hermano del líder aprista, asumió como prefecto del departamento. Desde Lima el gobierno envió nutridas fuerzas, incluida la aviación, y reprimió severamente la rebelión. La ciudad fue tomada casa por casa. Antes de huir a la sierra, un grupo de apristas descontrolados asesinaron a los oficiales que se hallaban prisioneros en el cuartel O'Donovan, lo que motivó la feroz represión de los militares. En Huari y en Huaraz (Ancash) estallaron otras rebeliones que igualmente fueron reprimidas.

Una sublevación militar en Cajamarca encabezada por el comandante Gustavo Jiménez, quien se proclamó Jefe Supremo de la República, pero fue vencido en Paiján y se quitó la vida disparándose un tiro en la cabeza (14 de marzo de 1933).

No sin razón el año 1932 ha sido denominado como el "año de la barbarie". El Perú se debatía en medio de una grave crisis política y social.

Asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro

En la mañana del 30 de abril de 1933 Luis Miguel Sánchez Cerro pasó revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto armado con Colombia y que estaban reunidas en el Hipódromo de Santa Beatriz (hoy Campo de Marte, en el distrito de Jesús María de la capital peruana).

Al retirarse en su vehículo descapotado y con escolta, un individuo armado con una pistola FN M1900 se precipitó hacia él y subiéndose al estribo del carro le disparó por la espalda varios tiros.

Herido de gravedad, Luis Miguel Sánchez Cerro fue llevado de emergencia al Hospital Italiano (que quedaba en la avenida Abancay) y tras 2 horas de agonía falleció; era la 1:10 p.m. Sobre su asesino (que fue victimado en el acto por la tropa presente), se supo que se llamaba Abelardo Mendoza Leyva, que era natural de Cerro de Pasco, que sobrevivía en la capital de empleos eventuales, y que años atrás se había afiliado al partido aprista.

Según la historiadora Margarita Guerra, "muy pocos dudaron de la responsabilidad directa de la dirigencia del APRA en la consumación del crimen, y los apristas, los descentralistas, y algunos otros grupos, consideraron que la muerte del presidente era el correlato necesario a las masacres de los apristas de Trujillo, Chocope y otros pueblos".

El Congreso llamó al Ejército a poner orden y eligió ese mismo día al general Óscar Raimundo Benavides para que terminara el período presidencial de Luis Miguel Sánchez Cerro (que debió culminar en 1936). Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue el arreglo de la paz con Colombia.

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Luis Miguel Sánchez Cerro - Historia del Perú

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Luis Miguel Sánchez Cerro nació en Piura, 12 de agosto de 1889, fue un militar y político peruano, que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones: la primera, del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931, como Presidente de una Junta de Gobierno instalada luego que derrocara al presidente Augusto Bernardino Leguía; y la segunda, como Presidente Constitucional, luego de ganar unas reñidas elecciones en 1931, a la cabeza de su partido, la Unión Revolucionaria.

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Características de la Crisis Política de 1930-1931 en el Perú

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Características de la Crisis Política de 1930-1931 en el Perú

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La crisis política de 1930-1931 en el Perú fue un período de gran inestabilidad, marcado por la caída del oncenio de Augusto B. Leguía y la subsecuente lucha por el poder. Las principales características de esta crisis fueron:

Caída del oncenio: El prolongado gobierno de Leguía, caracterizado por un autoritarismo creciente y una corrupción generalizada, generó un profundo malestar en la población. La crisis económica mundial de 1929 agravó la situación, desencadenando protestas sociales y un creciente descontento.

Golpe de Estado: En este contexto, un grupo de militares liderados por Luis Miguel Sánchez Cerro se alzó en armas en Arequipa, derrocando a Leguía y estableciendo una junta militar.

Lucha por el poder: Tras la caída de Leguía, se inició una lucha por el poder entre diferentes facciones políticas y militares. Sánchez Cerro, a pesar de su popularidad inicial, enfrentó una fuerte oposición de diversos sectores, incluyendo al APRA.

Instauración de una nueva Constitución: En 1931 se promulgó una nueva Constitución, que buscaba establecer un nuevo orden político y social. Sin embargo, esta Constitución no logró resolver los profundos problemas del país.

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En la década de 1930, el Perú se encontraba inmerso en una intensa crisis política y económica. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el país había experimentado un periodo de crecimiento económico impulsado por la exportación de materias primas, principalmente el guano y el salitre. Sin embargo, esta bonanza llegó a su fin con la Gran Depresión de 1929, que golpeó fuertemente a la economía peruana. A esto se sumó la inestabilidad política y social que se vivía en el país, con constantes cambios de gobierno y una polarización creciente entre las fuerzas de izquierda y derecha. Fue en este contexto que se dio inicio al periodo conocido como el tercer militarismo, que abarcó los años 1930-1939.

Durante el tercer militarismo, el Perú estuvo bajo el control de diferentes gobiernos militares, que se sucedieron rápidamente en el poder. Estos gobiernos se caracterizaron por su autoritarismo y su intento de mantener la estabilidad política y social mediante la represión. Además, se implementaron medidas económicas orientadas a la reactivación de la economía, como la promoción de la industrialización y la nacionalización de empresas extranjeras. Sin embargo, estas medidas no lograron revertir la crisis económica y la desigualdad social, lo que generó un creciente descontento entre la población. Analizaremos en detalle los principales acontecimientos y características del tercer militarismo en el Perú, así como sus implicancias a nivel político, económico y social.

Crisis económica y caída democrática

La crisis económica y la caída de la democracia en el Perú durante el período de convulsiones nacionales y el tercer militarismo (1930-1939) marcaron un momento crucial en la historia del país.

En este período, el Perú se vio afectado por la Gran Depresión, una crisis económica mundial que tuvo un impacto significativo en la economía del país. La caída de los precios de los productos de exportación, como el algodón y el azúcar, llevó a una disminución en los ingresos del país y a un aumento en la deuda externa.

Además de la crisis económica, el Perú también enfrentó una serie de problemas políticos. Durante este período, hubo un constante cambio de gobiernos y una inestabilidad política generalizada. Los militares jugaron un papel fundamental en la política peruana, con una serie de golpes de estado y gobiernos militares.

Uno de los momentos más destacados de este período fue el gobierno de Luis Sánchez Cerro, quien asumió el poder en 1930 luego de un golpe militar. Durante su gobierno, Sánchez Cerro implementó una serie de reformas económicas y sociales, pero también se caracterizó por su autoritarismo y represión política.

La caída de Sánchez Cerro en 1933 dio paso a un período de inestabilidad política y militarismo. Durante estos años, el Perú fue gobernado por una serie de juntas militares y gobiernos provisionales. La violencia política y los conflictos internos fueron una constante, debilitando aún más la economía y la estabilidad del país.

La crisis económica y la caída democrática durante las convulsiones nacionales y el tercer militarismo en el Perú (1930-1939) dejaron un profundo impacto en la historia del país. Estos años estuvieron marcados por la inestabilidad política, los golpes de estado y los gobiernos militares, así como por una crisis económica que afectó a la población peruana.

Ascenso del gobierno militar

El periodo comprendido entre 1930 y 1939 en la historia del Perú estuvo marcado por convulsiones políticas y el surgimiento de un gobierno militar. Durante esta época, se produjeron importantes cambios en la estructura política y social del país.

En 1930, un golpe militar liderado por el general Luis Miguel Sánchez Cerro derrocó al presidente Augusto B. Leguía, quien había gobernado de manera autoritaria durante más de una década. Este golpe marcó el inicio de un nuevo periodo conocido como el tercer militarismo en la historia del Perú.

Bajo el gobierno de Sánchez Cerro, se implementaron una serie de reformas políticas y económicas. Se promovió el nacionalismo y se fomentó la participación del Estado en la economía, a través de la nacionalización de algunas industrias y la implementación de políticas proteccionistas.

Además, se llevaron a cabo cambios en el sistema educativo, con el objetivo de promover la educación técnica y profesional. Se fundaron escuelas técnicas y se implementaron programas de formación para trabajadores.

El gobierno militar también se caracterizó por una política represiva hacia la oposición política. Se persiguió y encarceló a líderes políticos y sindicales que se oponían al régimen, lo que generó una gran tensión social.

Finalmente, en 1933, Sánchez Cerro fue asesinado en un atentado y le sucedió Óscar R. Benavides en el poder. Bajo su gobierno, se mantuvieron algunas de las políticas implementadas por su predecesor, aunque con un enfoque más moderado.

El ascenso del gobierno militar en el periodo de 1930-1939 en el Perú fue un momento de cambios y convulsiones políticas. Aunque se implementaron reformas importantes, también se caracterizó por la represión y la falta de libertades políticas.

Implementación de reformas económicas

En este período de convulsiones nacionales y tercer militarismo en el Perú ( 1930-1939), se implementaron una serie de reformas económicas que buscaban modernizar y fortalecer el país. Estas reformas estuvieron orientadas a impulsar el desarrollo industrial, fomentar la inversión extranjera y promover la diversificación de la economía.

Una de las medidas más importantes fue la creación del Banco Central de Reserva del Perú en 1931, con el objetivo de regular el sistema financiero y controlar la emisión de moneda. Esta institución se encargó de estabilizar la economía y garantizar la solvencia del país en un contexto de crisis mundial.

Además, se implementaron políticas proteccionistas para favorecer la industria nacional y reducir la dependencia de las importaciones. Se establecieron aranceles aduaneros y se promovió la creación de empresas estatales para impulsar sectores estratégicos como la siderurgia, la petroquímica y la producción de energía.

Otra medida importante fue la promoción de la inversión extranjera. Para atraer capitales y tecnología, se ofrecieron incentivos fiscales y se crearon zonas francas donde las empresas extranjeras podían establecerse con facilidades para operar. Esto permitió la llegada de empresas de diversos sectores, como la minería, la construcción y la manufactura.

Por último, se impulsó la diversificación de la economía a través del fomento de la agricultura y el desarrollo de la infraestructura. Se implementaron políticas de colonización agrícola en la selva y se promovió la construcción de carreteras, vías férreas y puertos para facilitar el transporte de productos y conectar las distintas regiones del país.

durante el período de convulsiones nacionales y tercer militarismo en el Perú ( 1930-1939), se implementaron reformas económicas que buscaban modernizar y fortalecer el país. Estas medidas incluyeron la creación del Banco Central de Reserva, políticas proteccionistas, promoción de la inversión extranjera y fomento de la diversificación económica a través de la agricultura y la infraestructura.

Control de sindicatos y movimientos sociales

Durante el periodo del tercer militarismo en el Perú, se implementaron diversas medidas para controlar los sindicatos y los movimientos sociales. El gobierno militar buscaba mantener un control absoluto sobre las organizaciones obreras y evitar cualquier tipo de protesta o agitación social que pudiera poner en peligro su estabilidad.

Para lograr este control, se llevaron a cabo diversas acciones represivas. Se prohibió la formación de sindicatos y se reprimió cualquier intento de organización obrera. Además, se implementaron leyes que limitaban los derechos de los trabajadores y permitían la intervención del gobierno en los conflictos laborales.

En este contexto, también se impulsó la creación de sindicatos controlados por el gobierno y se promovió la conformación de organizaciones corporativas que tenían como objetivo principal mantener la paz social y evitar cualquier tipo de conflicto laboral.

Esta política de control se extendió también a los movimientos sociales. Se reprimió a los grupos políticos y se limitaron las libertades civiles. Se prohibieron las manifestaciones y se censuró la prensa, con el fin de evitar cualquier tipo de crítica al gobierno y mantener el control sobre la opinión pública.

Durante el tercer militarismo en el Perú, se implementaron medidas represivas para controlar los sindicatos y los movimientos sociales. Estas acciones buscaban mantener la estabilidad y el control absoluto del gobierno militar sobre la sociedad.

Represión política y censura

En el periodo del tercer militarismo en el Perú, que abarcó desde 1930 hasta 1939, se caracterizó por una fuerte represión política y censura por parte del gobierno. Durante esta época, los militares que se encontraban en el poder tomaron medidas autoritarias para mantener el control y sofocar cualquier oposición.

Uno de los aspectos más destacados de esta etapa fue la implementación de la Ley de Defensa Social, que permitía al gobierno detener y encarcelar a cualquier persona considerada una amenaza para la estabilidad del régimen. Además, se estableció un sistema de censura en los medios de comunicación, lo que limitaba la libertad de expresión y dificultaba la difusión de ideas contrarias al gobierno.

Esta represión política y censura tuvo consecuencias significativas para la sociedad peruana. Muchos líderes políticos y activistas fueron encarcelados o exiliados, lo que debilitó los movimientos de oposición y limitó la participación ciudadana en la vida política del país.

A pesar de la represión, surgieron algunos grupos y movimientos de resistencia que desafiaron al régimen. Estos grupos, en su mayoría conformados por intelectuales y estudiantes, buscaron formas de expresar sus ideas y demandas a pesar de la censura. Sin embargo, la represión continuó y muchos de estos activistas fueron perseguidos y reprimidos.

Durante el tercer militarismo en el Perú se vivió un periodo de fuerte represión política y censura. Esta situación tuvo un impacto significativo en la sociedad, limitando la participación ciudadana y restringiendo la libertad de expresión. A pesar de ello, algunos grupos de resistencia lograron desafiar al régimen y mantener viva la lucha por la democracia y los derechos civiles.

Nacionalización de industrias clave

En la década de 1930, el Perú atravesó un período de convulsiones nacionales y el surgimiento del tercer militarismo. Durante este período, una de las medidas adoptadas por el gobierno fue la nacionalización de industrias clave.

La nacionalización de industrias busca transferir la propiedad y el control de empresas estratégicas del sector privado al gobierno. En el caso del Perú, esta medida se implementó con el objetivo de fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia de empresas extranjeras.

Entre las principales industrias nacionalizadas durante este período se encontraban la industria petrolera, la industria minera y la industria eléctrica. Estas industrias eran consideradas fundamentales para el desarrollo económico del país y su nacionalización buscaba asegurar que los beneficios de su explotación fueran para el Estado y no para empresas extranjeras.

La nacionalización de estas industrias no estuvo exenta de controversias y conflictos. Hubo resistencia por parte de empresas extranjeras y sectores de la sociedad civil, quienes argumentaban que la intervención estatal en la economía era perjudicial para la inversión y el desarrollo. Sin embargo, el gobierno de la época defendió la nacionalización como una medida necesaria para promover el crecimiento económico y la soberanía nacional.

La nacionalización de industrias clave fue una de las medidas tomadas durante el tercer militarismo en el Perú. Esta medida buscaba fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia de empresas extranjeras en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y la electricidad.

Retorno a la democracia

El periodo de convulsiones nacionales y el tercer militarismo en la historia del Perú, que abarcó desde 1930 hasta 1939, marcó un importante retorno a la democracia en el país. Durante este tiempo, se vivieron una serie de eventos políticos y sociales que tuvieron un impacto significativo en la sociedad peruana.

En esta época, se produjo un cambio en el gobierno con la llegada al poder de líderes militares. Estos líderes buscaron implementar reformas y cambios en el país, con el objetivo de estabilizar la situación política y económica que se vivía en aquel entonces.

Dentro de las principales características del tercer militarismo, se destacan las reformas económicas y sociales impulsadas por los gobiernos militares. Estas reformas buscaban modernizar el país y promover el desarrollo industrial y agrícola.

Además, durante este periodo se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura, como la construcción de carreteras, puentes y otras obras públicas. Estas obras tuvieron un impacto positivo en la economía y el desarrollo del país.

Asimismo, se implementaron políticas de bienestar social, como la creación de programas de salud y educación. Estas políticas buscaban mejorar las condiciones de vida de la población y promover la igualdad de oportunidades.

A pesar de los avances logrados durante este periodo, también se vivieron momentos de tensión y conflictos. Hubo protestas y movimientos sociales que exigían cambios más profundos y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

El periodo de convulsiones nacionales y el tercer militarismo en la historia del Perú fue un momento de retorno a la democracia, donde se implementaron reformas y cambios significativos en el país. Aunque hubo avances, también se evidenciaron desafíos y demandas sociales que marcaron el camino hacia una mayor participación ciudadana.

Bibliografía consultada:

Historia del Perú: Convulsiones nacionales y el tercer militarismo (1930-1939) - Biblioteca Nacional del Perú

Peru: A Country Study - Library of Congress

Historia del Perú Contemporáneo - Jorge Basadre

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué fue el tercer militarismo en el Perú?

El tercer militarismo en el Perú fue un periodo de gobierno militar que se inició en 1930 y se extendió hasta 1939.

2. ¿Cuáles fueron las principales convulsiones nacionales durante este periodo?

Entre las principales convulsiones nacionales durante este periodo se encuentran la crisis económica, el conflicto con Colombia por el Leticia y la sublevación aprista de 1932.

3. ¿Quiénes fueron los líderes principales durante el tercer militarismo?

Los principales líderes durante el tercer militarismo fueron Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides.

4. ¿Qué acciones se tomaron durante el tercer militarismo para enfrentar las convulsiones nacionales?

Durante el tercer militarismo se implementaron medidas de control económico, se fortaleció el ejército y se promovió la estabilidad política a través de la creación del Partido Democrático.

Citar este artículo

HistoriaUniversal.org. (2023). Historia del Perú: Convulsiones nacionales y el tercer militarismo (1930-1939). HistoriaUniversal.org. Recuperado de https://historiauniversal.org/historia-del-peru-convulsiones-nacionales-y-el-tercer-militarismo-1930-1939/ Copiar cita al portapapeles

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Historia del Perú: Convulsiones nacionales y el tercer militarismo (1930-1939)

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Una mirada detallada a la historia del Perú durante el periodo del tercer militarismo y las convulsiones nacionales .

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Gil Fons, A. (11 de Mayo 2017). El triunfo populista de Alberto Fujimori en Perú en el año de 1990. InterNaciones, 11 .(85-86). https://internaciones.cucsh.udg.mx/index.php/inter/article/view/6899/5912

Domínguez, N. (19/05/2024). Recordemos el año 1990: cómo surgió Fujimori en la primera vuelta. Noticias SER.PE. https://www.noticiasser.pe/recordemos-el-ano-1990-como-surgio-fujimori-en-la-primera-vuelta

Delgado, S. (05/04/2024). ¿Cómo fue el autogolpe de Estado en Perú de 1992?. EOM. https://elordenmundial.com/como-fue-autogolpe-estado-peru-1992/

Redacción Gestión. (26/06/2023). Qué es la Constitución Política del Perú. Gestión. https://gestion.pe/peru/que-es-la-constitucion-politica-del-peru-constitucion-constitucion-de-1993-carta-magna-congreso-peru-nnda-nnlt-noticia/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0Oq2BhCCARIsAA5hubXIrXeYSOcMuUpAr0giivRXkCUUKqD7FIFv3kQtFTT03B170MfLHcMaAtIsEALw_wcB

Instituto de Estudios Peruanos. El Congreso Constituyente Democrático. Instituto de Estudios Peruanos. https://lineadetiempo.iep.org.pe/public/56/el-congreso-constituyente-democratico

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Principales características durante el gobierno de Francisco Moralez de Bermúdez 

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Principales características durante el gobierno de Francisco Moralez de Bermúdez 

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Económicas: Se hizo de un programa de ajuste económico buscando controlar así la inflación y reducir el déficit fiscal. Hubo un proceso de liberalización de la economía, y se alentó la inversión privada.

Políticas: Con la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1978. Se restablecieron las libertades civiles y políticas, preparando al país para la restauración del régimen democrático en 1980.

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Campañas Electorales (1990):

Fujimori tuvo una reñida batalla por la presidencia del país con el escritor Mario Vargas Llosa. Vargas escribió sus vivencia en su libro "El Pez en el agua", nos menciona varias cosas interesantes

tales como:

Mario se preparaba para salir en el Cuzco, cuando su hijo le avisa que había recibido algo grande, era que el candidato Fujimori había despegado de manera rápida con un 60% de los votos de barrios marginales y pueblos jóvenes, desplazando a APRA y a la izquierda

En tan solo 10 días de las elecciones, Alberto Fujimori aprecia comenzar a existir. Vargas comenta no recordar escuchar o ver algo de él antes. Nos comenta de la actividad publicitaria de Fujimori, menciona que los carteles era extraños y provenientes de un organización fantasma que inscribió al candidato. Había fotos pintorescas de Fujimori cuya estrategia de campaña era pasear en un tractor (a veces con un chullo indígena)

Una tarde del 30 de marzo, Vargas se topo con la noticia de que, la seguridad había detectado una orden dada la víspera por el presidente Alan García a todas las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Al mismo tiempo, desde ese día todos los medios de comunicación dependientes del gobierno y afines a García, comenzaron a levantar de manera sistemática una candidatura que, hasta entonces, apenas mencionaban.

El triunfo de Alberto Fujimori en las elecciones (1990):

El triunfo de Alberto Fujimori en 1990 se va a fraguar dentro de una etapa de auge del fenómeno político del populismo en América Latina. Si se observan los populismos coetáneos a Alberto Fujimori, se puede encontrar causas comunes respecto a su aparición. Coincide en todos ellos que surgen como respuesta a una crisis económica y política derivada de la incapacidad de renovación o readaptación de los partidos tradicionales. Es en este contexto, con una gran masa descontenta, cuando en el espectro político se abre un hueco que pasa a ocupar el populismo. Alberto Fujimori, sin contar con muchos medios, sin programa e ideología definidos y con candidatos sin experiencia y desconocidos, Fujimori desarrolló una campaña de austeridad obligada pero directa e informal y con un eslogan efectivo: “honradez, tecnología y trabajo”(Pastor, 2012, p. 1).

Fujimori, logro en junio de 1990, 62.4% de los votos en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales peruanas. Había logrado el apoyo de una amalgama de grupos y de intereses: los sectores evangélicos peruanos, los indios, los campesinos, etc. (Freidenberg, 2007, p. 138-140). Incluso las élites del país terminaron por respaldar el liderazgo personalista de Fujimori con el objetivo de que diera un respuesta autoritaria a las crisis que asolaban el país.

El golpe de Estado (1992)

El 5 de abril de 1992, ocurrió un golpe de estado en el Perú, fue la concentración del poder por parte del presidente Alberto Fujimori, por la cual disolvió el Congreso, suspendió la Constitución, intervino el Poder Judicial, persiguió a los opositores y declaró el estado de emergencia.

Dos años después de haber ganado las elecciones, el estancamiento económico y el auge del terrorismo lo motivaron a dar el llamado “fujimorazo”. Asimismo, el presidente peruano se valió de sobornos y presiones a los medios para favorecer a su Gobierno.

La CCD y la Constitución Política:

La constitución de 1993 contiene 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, que han sido divididos en seis títulos: de la persona y de la sociedad, del Estado y la nación, del régimen económico, de la estructura del Estado, de las garantías constitucionales y de la reforma de constitución. El Poder Legislativo cambió en su estructura: la unicameralidad, con 120 congresistas, dejó atrás la bicameralidad parlamentaria. También introdujo el referéndum como mecanismo de consulta popular para la aprobación de reformas totales o parciales de la Constitución. Y, entre otras medidas adicionales, se creó la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo encargado de defender los derechos del pueblo y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

La CCD (1992) El 22 de noviembre se realizaron las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) convocadas por Fujimori en mayo en la reunión de la OEA en Bahamas. Esta convocatoria fue una respuesta a la presión internacional a favor del restablecimiento de la democracia y a la posibilidad de una sanción de la OEA.

Los partidos políticos no participaban de las elecciones del CCD (auspiciaron el voto viciado).

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El candidato derrotado en las reñidas elecciones de 1990, el escritor Mario Vargas Llosa, compuso un libro de memorias sobre esta campaña política, que terminó de escribir en febrero de 1993. Es su evaluación sobre esa intensa experiencia, que hoy irónicamente desdice al apoyar la candidatura presidencial de la hija y Primera Dama de quien resultó, desde el "Fuji-golpe" del 5 de abril de 1992, un corrupto dictador anti-democrático. El libro tiene la ventaja de haber sido escrito al poco tiempo de los sucesos que narra, cuando aún no se conocían a cabalidad los detalles ocultos detrás de varios de los participantes en la contienda electoral. El novelista nos ofrece, por tanto, una perspectiva "vivencial" del proceso histórico experimentado. De particular interés es la forma como Vargas Llosa recordaba haberse enterado, 10 días antes de la elección, de quién sería su principal contendor. De estas memorias, tituladas El pez en el agua (Lima: Santillana, 2010), provienen los siguientes párrafos.

"Me preparaba para salir a aquel mitin [en el Cuzco] cuando me llamó [mi hijo] Álvaro, desde Lima. Lo noté muy agitado. Estaba en la oficina del Comando de Campaña, con [el británico] Mark Malloch Brown [de la consultora norteamericana "Sawyer Miller Group"], Jorge Salmón [Jordán, periodista y publicista], [mi primo, el cineasta] Luis Llosa [Urquidi], [el ingeniero industrial y empresario] Pablo Bustamante [Pardo] y los analistas de las encuestas. Acababan de recibir la última y se habían llevado una mayúscula sorpresa: en los barrios marginales y pueblos jóvenes de Lima --el 60 por ciento de la capital-- el candidato Alberto Fujimori había despegado en los últimos días de manera vertiginosa, desplazando en las intenciones de voto al APRA y a la izquierda, y las indicaciones eran que su popularidad crecía "como la espuma, minuto a minuto". Según los analistas, se trataba de un fenómeno circunscrito a los barrios más pobres de Lima y a los sectores C y D; en los demás, y en el resto del Perú, se mantenía la correlación de fuerzas. Mark consideraba el peligro muy serio y me aconsejaba suspender la gira, incluido el mitin del Cusco, y regresar a Lima en el acto, para, desde hoy y hasta las elecciones, concentrar todos los esfuerzos en los distritos y barrios periféricos de la capital a fin de atajar aquel fenómeno" (pp.483-484).

"Le contesté a Álvaro que estaban locos si creían que iba a dejar plantados a los cusqueños y que volvería a Lima al día siguiente" (p.484).

"En la noche, a la hora de la cena, en el Hotel de Turistas, pregunté quién era y de dónde venía este Alberto Fujimori que solo a diez días de las elecciones parecía comenzar a existir como candidato. Hasta entonces no creo haber pensado una sola vez en él, ni haber oído a nadie mencionarlo en los análisis sobre el proceso electoral que hacíamos en el Frente [Democrático, FREDEMO] y en el Movimiento Libertad. Había visto alguna vez, al paso, los ralos carteles del fantasmal organismo que inscribió su candidatura, cuyo nombre, Cambio 90, parasitaba un lema nuestro --El gran cambio en libertad-- y fotos pintorescas del personaje cuya estrategia de campaña consistía en pasearse en un tractor, a veces con un chullo indígena sobre su cara oriental, repitiendo un eslogan --Honradez, Tecnología y Trabajo-- que contenía toda su propuesta de gobierno. Pero ni siquiera como excentricidad folclórica este ingeniero de cincuenta y dos años, hijo de japoneses, de apellido duplicado --Fujimori Fujimori-- se llevaba el cetro entre los diez candidatos a la presidencia registrados por el Jurado Nacional de Elecciones, pues en este dominio lo derrotaba el señor Ataucusi Gamonal o profeta Ezequiel" (p.485).

"Al regresar a Lima, en la tarde del 30 de marzo, me encontré con una noticia curiosa. Nuestro equipo de seguridad había detectado una orden dada la víspera por el presidente Alan García a todas las Corporaciones Regionales de Desarrollo de que, a partir de este momento, reorientasen su apoyo logístico --transportes, comunicaciones y publicidad-- de la candidatura aprista de [Luis] Alva Castro a la de Cambio 90. Al mismo tiempo, desde ese día todos los medios de comunicación dependientes del gobierno y afines a García --sobre todo el Canal 5, Radioprogramas [RPP], La República, Página Libre y La Crónica-- comenzaron a levantar de manera sistemática una candidatura que, hasta entonces, apenas mencionaban. [...] ¿Era el candidato del chullo y el tractor un epifenómeno de Alan García? En todo caso, Mark Malloch Brown estaba inquieto. Las encuestas flash --hacíamos una diaria, en Lima-- confirmaban que en los pueblos jóvenes el "chinito" crecía a un ritmo veloz" (pp.486-487).

"¿Quién era? ¿De dónde salía? Había sido profesor de matemáticas y rector de la Universidad Agraria, y, como tal, presidió en una época la Asamblea Nacional de Rectores. Pero su candidatura no podía ser más endeble. Ni siquiera había conseguido llenar los cupos de senadores y diputados en su lista. Entre sus candidatos había muchos pastores de iglesias evangélicas, y eran todos, sin excepción, desconocidos. Después descubrimos que había incluido entre ellos a su propio jardinero y a una adivinadora y quiromántica, embarrada en un proceso de drogas, Madame Carmelí. Pero la mejor prueba de la poca seriedad de la candidatura era que el propio Fujimori figuraba, también, como candidato a una senaduría. La Constitución peruana [de 1979] permite esta duplicación, de lo cual se aprovechan muchos aspirantes parlamentarios que, para conseguir mayor publicidad, se inscriben a la vez como candidatos a la presidencia. Nadie con posibilidades reales de ser presidente postula al mismo tiempo a senador, pues ambos cargos son incompatibles, según la Constitución" (pp.487-488).

"Aunque no anulé todo el resto de las giras programadas para los últimos días --Huancayo, Jauja, Trujillo, Huaraz, Chimbote, Cajamarca, Tumbes, Piura y Callao--, hice, casi todas las mañanas, antes de partir a provincias, recorridos por los pueblos jóvenes de Lima donde Fujimori parecía más asentado, y una serie de spots televisivos, conversando con gentes de los sectores C y D, que me interrogaban sobre los puntos de mi programa más atacados. Con el flamante apoyo de los aviones y camionetas del gobierno, Fujimori comenzó una serie de recorridos por provincias, y las informaciones mostraban, en todos sus mítines, una gran asistencia de peruanos humildes a los que el "chinito" del poncho, el chullo y el tractor que atacaba en sus discursos a todos los políticos parecía, de la noche a la mañana, haber hechizado" (p.488).

"El viernes 30 de marzo, el nuevo alcalde de Lima, Ricardo Belmont [períodos 1990-1993 y 1994-1996], endosó mi candidatura. Lo hizo desde mi casa de Barranco, luego de una conversación que fue para mí muy instructiva. El despegue de Fujimori lo había puesto muy inquieto, porque aquel no solo repetía todo lo que Belmont había dicho en su campaña municipal --"no soy un político", "todos los políticos han fracasado", "ha llegado la hora de los independientes"--, sino que los comités de su propia organización, OBRAS, en los barrios marginales de Lima, habían comenzado a ser fagocitados por Cambio 90. Sus locales cambiaban de banderas y los carteles con su cara eran reemplazados por otros, con la del "chinito". Para Belmont no había la menor duda: Fujimori era una creación del APRA. Y me contó que el ex alcalde aprista de Lima, Jorge del Castillo [período 1987-1989], había tratado de que incluyese a Fujimori en su lista de regidores, algo que él no hizo por ser aquel un ilustre desconocido. Seis meses atrás [octubre de 1989], el postulante presidencial de Cambio 90 solo aspiraba a ser concejal de un municipio" (pp.488-489).

"El día 3 de abril hubo [...] [una] buena nueva [que] fueron los resultados de la última encuesta nacional que Mark y sus analistas Paul, Ed y Bill, me trajeron a la casa en la tarde de ese miércoles: me mantenía en un promedio de un 40 por ciento de las intenciones de voto y la arremetida de Fujimori, que abarcaba no solo Lima, también el resto del Perú --con la sola excepción de la Amazonía--, le quitaba votos sobre todo al APRA y a la Izquierda Unida, las que pasaban al tercero y cuarto lugares, respectivamente, en casi todos los departamentos. El avance de Fujimori en los barrios marginales de la capital parecía contenido; y en distritos como San Juan de Lurigancho y Comas yo había recuperado algunos puntos" (pp.489-490).

"La ley electoral no permite publicar encuestas los quince días anteriores a las elecciones, pero en el extranjero los diarios ya habían dado noticias de la sorprendente aparición en el último minuto de las elecciones peruanas de un dark horse de origen nipón" (p.490).

"Yo no me sentía alarmado, como lo había estado los días de la proliferación publicitaria de nuestros candidatos parlamentarios --la que, en estas dos últimas semanas, se redujo a dimensiones menos estrepitosas--, aunque no podía dejar de pensar que entre ella y el fenómeno Fujimori había una relación de vasos comunicantes. Este espectáculo de inmodestia económica había caído al pelo a alguien que se presentaba ante los peruanos pobres como otro pobre, asqueado de una clase política que nunca había resuelto los problemas del país. Sin embargo, pensaba que el voto por Fujimori --el voto de castigo a nosotros-- no podría llegar a más de un 10 por ciento del electorado, el sector más desinformado e inculto. ¿Quiénes, si no, podían votar por un desconocido, sin programa, sin equipo de gobierno, sin la menor credencial política, que casi no había hecho campaña fuera de Lima, improvisado de la noche a la mañana como candidato? Dijeran lo que dijeran las encuestas, no se me pasaba por la cabeza que una candidatura tan huérfana de ideas y personas pudiera pasar frente al monumental esfuerzo desarrollado por nosotros a lo largo de casi tres años de trabajo. Y, en secreto, sin decírselo ni siquiera a [mi esposa de entonces] Patricia, todavía albergaba la esperanza de que los peruanos me dieran ese domingo [8 de abril de 1990] el mandato [es decir, la mayoría de votos] para el "gran cambio en libertad"" (pp.490-491).

Esta historia continuará...

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Recordemos el año 1990: cómo surgió Fujimori en la primera vuelta

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Noticias, informes, entrevistas y columnas de opinión sobre la coyuntura política, los conflictos sociales, los derechos humanos en el Perú.

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Fernando Belaunde Terry

Universidad San Ignacio de Loyola. Primer gobierno. USIL - Fernando Belaunde Terry. https://fernandobelaundeterry.com.pe/biografia/primer-gobierno

Universidad San Ignacio de Loyola. Segundo Gobierno. USIL - Fernando Belaunde Terry. https://fernandobelaundeterry.com.pe/biografia/segundo-gobierno

CIDOB. Fernando Belaúnde Terry. Barcelona Center Of International Affairs. https://www.cidob.org/lider-politico/fernando-belaunde-terry

Alan García Pérez:

CIDOB. Alan García Pérez. Barcelona Center Of International Affairs. https://www.cidob.org/lider-politico/alan-garcia-perez#8

Távara, M. 1er Gobierno de Alan García Pérez. SCRIB. https://es.scribd.com/presentation/459421986/1er-Gobierno-de-Alan-Garcia-Perez-pptx

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Alan Gabriel Ludwig García Pérez (1949-2019)

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Alan Gabriel Ludwig García Pérez (1949-2019)

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Alan García Pérez, fue presidente del Perú dos veces, una en 1985 hasta 1990, y otra en 2006 hasta 2011. Perteneciente al Partido político del APRA. Hablaremos de las características de su primer gobierno:

Política:

Agenda Heterodoxa

Baso su modelo económico en el libre mercado realizado por Belaúnde

Creó una Comisión de Paz encargada de velar por los Derechos Humanos y de mediar entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, pero no sirvió de nada, haciendo que el gobierno renovara los estados de emergencia en los departamentos conflictivos y en Lima

García reaccionó frente a esta repercusión negativa de su política intervencionista defendiendo los éxitos de su primer año de gestión tanto en la lucha contra la inflación, que fue rebajada al 60% anual, como en el estimulo del crecimiento, que rebotó al 8,5% del PIB, la tasa más alta del continente.

Económica:

El país sufría una crisis más financiera que productiva, con el dólar cotizando a 12.000 soles y la inflación marcando una tasa interanual del 200%

García exhortó a los demás gobiernos latinoamericanos a que se rebelaran contra las condiciones del pago de sus deudas, un llamado que iba a caer en saco roto.

La intervención de la banca privada fue normalizada por la Ley 24723, que justificaba las expropiaciones de las empresas bancarias, financieras y de seguros por revestir sus actividades "interés social y "nacional". La ley fue sancionada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre

En Diciembre de 1989, García, luego de ofrecer a los acreedores externos la insólita alternativa de cobrarse en especie sobre la base del 10% de las exportaciones peruanas, arrojó la toalla y volvió a la ortodoxia.

Social:

El desempleo afectaba a la tercera parte de la población activa.

Entre tanto, Sendero Luminoso, que por boca de su sanguinario líder, Abimael Guzmán Reynoso, declaró su intención de no cejar en su lucha hasta la conquista del poder nacional,

Cultural:

Aterrorizaba Lima con sus paros armados y sus sabotajes contra líneas de alta tensión

El penúltimo año del mandato de García registró un retroceso del producto nacional nada menos que el 12% y una deuda externa recrecida hasta los 20.000 millones de dólares, monto que equivalía al 90% del PIB.

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El regreso en 2006 a la Presidencia de la República del Perú de Alan García, líder del Partido Aprista Peruano (PAP, socialdemócrata), constituyó un sobresaliente éxito personal para un estadista que partía con el hándicap del recuerdo por los electores de su desastroso primer mandato, entre 1985 y 1990. Este se había caracterizado por la recesión galopante, la hiperinflación, una fallida nacionalización bancaria, la rebelión, estéril también, contra el dictado financiero del FMI y la efusión de violencia en el frente de la insurgencia senderista. Luego, García se había postulado por segunda vez en 2001, cuando fue batido por Alejandro Toledo, el mismo presidente al que un lustro después cogería el relevo. Entre medio, el político, quien fuera precoz delfín del caudillo histórico del aprismo, Raúl Haya de la Torre, conoció una década de descrédito, exilio y acoso por parte de la justicia peruana, que le acusaba de corrupción.Superada su travesía en el desierto, García, señalado por sus formidables dotes oratorias, su desenvoltura mediática y su físico poderoso, consiguió imponerse en las urnas a la conservadora Lourdes Flores y al nacionalista de izquierda Ollanta Humala —su sucesor institucional cinco años después— sosteniendo las propuestas de mantener el robusto crecimiento económico, pero generando empleo, distribuyendo socialmente sus beneficios y reduciendo la pobreza, que afectaba a la mitad de la población. El segundo quinquenio alanista (2006-2011) se desarrolló en un ambiente doméstico e internacional muy diferente del habido en la penúltima década del siglo XX. Marcando un gran contraste con su anterior ejecutoria, García, acusado por las izquierdas de haberse “derechizado” hasta el punto de establecer un pacto tácito con el fujimorismo para subsanar su minoría parlamentaria, practicó una política económica plenamente ortodoxa, respetuosa con las reglas de libre mercado y de hecho continuista de la aplicada por Toledo, como pudo apreciarse en la multiplicación de los tratados bilaterales de libre comercio y en la disciplina fiscal. El boom de las exportaciones minerales más el tirón sin precedentes de la demanda interna por el auge del consumo privado y las inversiones en grandes obras de infraestructuras públicas sumaron los números de una extraordinaria bonanza productiva, puntera en el continente. Además, ni la inflación, baja, ni la deuda, manejable, supusieron un problema esta vez. Si bien es cierto que los niveles de pobreza cayeron de manera significativa, toda esta prosperidad no se tradujo sin embargo en una disminución palpable de los desequilibrios regionales y en una mejora del bienestar de muchos peruanos, los cuales terminaron por dar la espalda al Gobierno, que tampoco eludió los escándalos de corrupción (caso Petroaudios). Por otro lado, el país experimentó un reguero de conflictos sociales, algunos con complicaciones violentas y desenlaces luctuosos (masacre de Bagua), y sufrió los zarpazos terroristas de un senderismo supuestamente residual pero regresado como narcoguerrilla.De puertas al exterior, García destacó como uno de los artífices de la Alianza del Pacífico, puesta en marcha en Lima poco antes de transferir la banda presidencial a Humala en 2011. Con uno de los socios de este prometedor grupo de integración regional, Chile, el mandatario mantuvo vivo el añejo diferendo por la delimitación de la frontera marítima, que en 2008 desembocó en la demanda peruana contra la nación vecina ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, García se mantuvo rigurosamente apartado del bloque bolivariano, tuvo sus más y sus menos con el venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales, y mantuvo unas buenas relaciones de cooperación con Estados Unidos, la potencia a la que había desafiado en la década de los ochenta con su discurso de denuncia del “neoliberalismo” y el “imperialismo” en el plano de la deuda externa.Al cabo de su segunda presidencia, García volvió a recibir acusaciones de enriquecimiento ilícito y fue investigado por el Congreso por presuntas irregularidades gubernamentales, pero la Corte Suprema le amparó. Asimismo, siguió firmemente al timón de su partido de toda la vida, desde el que ejerció una oposición dura al Gobierno Humala. En 2016 lanzó su cuarta candidatura presidencial bajo la bandera de la Alianza Popular, donde el PAP se daba la mano con el Partido Popular Cristiano de Lourdes Flores, su anterior adversaria, y Vamos Perú. El quinto lugar cosechado en esta liza, con menos del 6% de los votos, certificó el ocaso de su carrera política a los 66 años. (Nota de actualización: esta versión de la biografía fue publicada el 11/3/2016. Desde 2018 el ex presidente peruano Alan García fue investigado por la justicia peruana en el marco de las pesquisas anticorrupción del llamado «caso Odebrecht». El 18/11/2018 García, con una orden de prohibición de abandonar el país en su contra, pidió en la Embajada de Uruguay en Lima asilo diplomático, el cual le fue denegado. El 16/4/2019 el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación ordenó la detención preliminar de García por 10 días en el marco de las investigaciones por presuntos pagos de coimas e irregularidades por obras públicas a cargo de la empresa Odebrecht; al día siguiente, cuando agentes de la Policía Nacional se personaron en su residencia para detenerlo, García, de 69 años de edad. se quitó la vida disparándose con una pistola a la cabeza). 1. El imparable ascenso de un aprista precoz y carismático2. Presidente de la República con una agenda heterodoxa: la moratoria en el pago de la deuda externa 3. Los balances sombríos del primer quinquenio alanista (1985-1990): hiperinflación, desplome de la economía y la guerra de Sendero Luminoso 4. Una década de desarraigo y persecución judicial tras la salida del poder5. Sonoro retorno al proscenio político a la caída de Fujimori6. Líder de la oposición al Gobierno de Toledo y tercera postulación presidencial7. Duelo en las urnas con Humala y el factor Chávez8. La segunda presidencia (2006-2011): gran bonanza económica, casos de corrupción, conflictividad social y chisporroteos de violencia9. Lima, eslabón del eje moderado de América Latina: los TLC, el litigio con Chile, la Alianza del Pacífico y alejamiento del bloque bolivariano10. En la oposición al Gobierno Humala y cuarta candidatura presidencial en 2016 sin opciones de victoria1. El imparable ascenso de un aprista precoz y carismático Perteneciente a una familia de clase media, con inquietudes intelectuales y estrechamente ligada al histórico partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuando él nació, en 1949, en tiempos de la dictadura militar del general Manuel Apolinario Odría, su padre, secretario de Organización del partido, se encontraba cumpliendo condena por su militancia política en la cárcel limeña de El Sexto. Carlos García Ronceros, contable de profesión, vio a su hijo por primera vez ocho días después de alumbrarlo su esposa, Nytha Pérez Rojas, gracias a que esta fue autorizada a mostrárselo en la prisión, pero a este fugaz encuentro le siguieron cinco años de separación. El niño y su hermano dos años mayor, Carlos, fueron criados por la madre, aprista de toda la vida y fundadora de la sección del partido en Camaná, en el departamento de Arequipa, donde doña Nytha se instaló con sus hijos. En estos años en que el padre se hallaba entre rejas la familia salió adelante con los ingresos obtenidos por la madre como maestra de escuela. Tras obtener Carlos García la libertad, los cuatro se fueron a vivir al distrito limeño de Barranco.Siendo alumno de primaria en el Instituto Experimental nº 1 de Barranco, Alan continuó la tradición familiar. Se unió a la Juventud Aprista Peruana (JAP) y a los 17 años, cuando cursaba la secundaria en el Colegio Nacional José María Eguren, recibió el carné de militante. Ya en esta época destacó por su capacidad de expresión oral y escrita, lo que le valió ganar varios concursos de recitación y redacción. Poco menos que destinado a ser político, el joven candidateó al cargo de alcalde escolar y en cuarto de secundaria representó a la célula de la JAP en Barranco.Sobre el APRA es necesario apuntar que fue fundado el 7 de mayo de 1924 en su exilio mexicano por el abogado e intelectual peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Aunque su vocación, extraordinariamente ambiciosa, era convertirse en una fuerza de implantación continental, solo en el país andino alcanzó el estatus de formación mayoritaria sin renegar de la sigla original, convirtiéndose de hecho en el primer partido de masas de Sudamérica. Puesta en marcha en Lima el 21 de septiembre de 1930 como Partido Aprista Peruano (PAP), la agrupación pasó a ser conocida indistintamente con las dos siglas. En origen radicalmente antioligárquico y antiimperialista, y apoyado en las clases obreras, que encontraron atractivo su discurso revolucionario no marxista, con los años el APRA evolucionó hacia un reformismo de inspiración socialdemócrata de más amplia base, el cual, sin embargo, ni renegó de las formas populistas y de culto a sus jefes ni terminó de clarificar sus principios ideológicos, siempre nebulosos o contradictorios, más cuando Haya de la Torre, con maquiavelismo aparente, establecía connivencias fácticas con los sectores políticos y económicos más reaccionarios del Perú. El aprismo de la segunda mitad del siglo XX presentaba algunas semejanzas con otros movimientos nacional-populares, todos sui generis, surgidos en las décadas de los treinta y cuarenta en América Latina, como los sustentados por Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina o José María Velasco Ibarra en Ecuador. El izquierdismo que solía adjudicarse al APRA distaba de ser evidente en muchas ocasiones. En 1967 García emprendió estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), prestigiosa casa de estudios de Lima, y en 1971 completó la licenciatura jurídica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sita igualmente en la capital peruana. La matrícula en la PUCP fue aconsejada a García por Haya de la Torre, que ejercía sobre el futuro presidente una tutela casi paternofilial, ya que lo conocía desde mozalbete, cuando frecuentaba la Casa del Pueblo, la sede principal del partido en Lima, y su domicilio privado, Villa Mercedes, para escuchar sus discursos y empaparse de sus palabras. García profesaba al caudillo del aprismo una admiración reverencial, digna del “semidiós” que ante sus ojos era, recordó el político en una entrevista concedida con motivo de su postulación presidencial en 2006. Tras inscribirse en el colegio profesional, García comenzó a ejercer la abogacía en Lima. Llegó a defender en los tribunales de justicia tres casos que terminaron en sentencias favorables a sus clientes, pero los salones de pleitos no eran el mejor entorno para sacar a relucir todas sus capacidades. Por otro lado, el Gobierno de facto “nacional-revolucionario” del general Juan Velasco Alvarado, aupado al poder en el golpe de Estado militar de octubre de 1968, había traído otra etapa de proscripción de las actividades partidistas. Así que García, por indicación de sus jefes de fila, muy interesados en consolidar el currículum académico del prometedor mozallón, partió del país para ampliar su formación en Europa. Corría septiembre de 1972.Primero, García asistió a un curso de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde defendió con éxito una tesis sobre Derecho Constitucional Comparado ante un tribunal del que era miembro el catedrático Manuel Fraga, ex ministro de los gobiernos de Franco y futuro jefe de la oposición conservadora en la España democrática. Vivió unos meses en Ginebra, Suiza, donde trabajó como obrero para obtener ingresos. En 1973 continuó los estudios en la parisina Universidad de la Sorbona y se sacó un posgrado en Sociología. Durante unos años, García residió en la capital de Francia en compañía de su primera esposa, Carla Buscaglia, una compatriota con la que tuvo a la primera de sus seis hijas e hijos, llamada como su madre. Posteriormente se divorció y contrajo matrimonio con la argentina Pilar Nores, estudiante de Economía e hija del rector de la Universidad de Córdoba del país sudamericano, a la que había conocido en un seminario sobre Sociología y Desarrollo celebrado en Madrid en 1975. El matrimonio García-Nores fue bendecido con cuatro vástagos, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl.El derrocamiento de Velasco por el general Francisco Morales Bermúdez en agosto 1975 principió una etapa de moderación ideológica en un Gobierno que continuaba llamándose a sí mismo revolucionario y de transición a la restauración democrática, permitiendo a los partidos reorganizarse. A finales de 1977 García estaba matriculado en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL) de París cuando Haya de la Torre le instó a que se integrara en la actividad política peruana ante la perspectiva de la devolución del poder a los civiles por los militares. Una vez retornado al país, García se convirtió el 18 de junio de 1978 en uno de los candidatos apristas elegidos en las urnas para integrar la Asamblea Constituyente, cuya presidencia, en tanto que el jefe de la fuerza más votada, le fue otorgada a su mentor.En esta campaña electoral el todavía veinteañero recibió el bautismo como orador de masas de la mano de Haya de la Torre, quien se había percatado mejor que nadie de las innatas cualidades políticas de su devoto discípulo, capaz de encandilar a la audiencia con arrolladores discursos llenos de retórica y acentos mesiánicos, en la mejor tradición aprista. Pero no solo contaban las habilidades dialécticas. De entrada, causaban sensación su juventud, sus 193 centímetros de estatura, su lustroso cabello negro y su indumentaria atildada, conformando un porte de galán latino como no se recordaba en este país acostumbrado a ver en el poder a grises políticos maduros, a caudillos vetustos y a generales de uniforme.García ejerció brevemente la docencia en su especialidad jurídica en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, un bastión académico del APRA, aunque sus auténticas dotes brillaban en la política profesional. Consagrado como un orador magnético y fogoso, y como un hábil sintetizador de los contenidos populistas habituales pero con una imagen moderna de pátina norteamericana o europea, García era señalado por doquier como el delfín oficioso del anciano fundador del aprismo, quien terminó promoviéndole al puesto de secretario nacional de Organización —el mismo que había ocupado don Carlos García— poco antes de su fallecimiento, acaecido el 2 de agosto de 1979 a los 84 años de edad. Entonces, la jefatura orgánica del movimiento la asumió el sexagenario Armando Villanueva del Campo, dirigente experimentado y bien avenido con García.Las elecciones generales del 18 de mayo de 1980, primeras en 17 años, permitieron a García proyectarse en la política nacional como el cabeza de lista del APRA por Lima para la Cámara de Diputados del Congreso, donde el partido, con el 26% de los votos y 58 escaños, quedó en segunda posición tras Acción Popular (AP), la formación de derecha moderada que conducía el ex presidente de la República Fernando Belaúnde Terry, quien fuera depuesto por los militares en 1968. En las presidenciales, Belaúnde batió a Villanueva del Campo, que no pudo remendar el desgarrón electoral ocasionado por la desaparición de Haya de la Torre. Mientras la vieja guardia del partido se desprestigiaba ante la opinión pública por las peleas que enzarzaban a las facciones izquierdista de Villanueva del Campo y a la conservadora de Andrés Townsend Ezcurra, García atraía todas las miradas por su vehemente oposición parlamentaria al Gobierno acciopopulista.El APRA, preocupado por su futuro, concentró todas sus esperanzas en un García apenas adentrado en la treintena, tal que empezó a conferirle responsabilidades internas. Confirmado por el XII Congreso en la Secretaría Nacional de Organización en octubre de 1979, el XIII Congreso, celebrado en agosto de 1980 en una atmósfera de tumulto y división, le designó presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina en sustitución de Luis Alberto Sánchez Sánchez, un dirigente alineado con las tesis moderadas de Townsend. En 1981 cesó como secretario nacional de Organización y en el XV Congreso, celebrado en octubre de 1982, desplazó al debilitado Villanueva del Campo en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Con este último ascenso, García asumió el liderazgo efectivo del aprismo, pero la galopada no se detuvo ahí. El doctor en Derecho se aprestó a hacer el recorrido final que, si era la voluntad de los electores, tendría como meta la Presidencia de la República.Las propuestas de García de superar las luchas fratricidas, abrirse a otros segmentos del electorado y renovar el discurso político, en el sentido de revisar los lemas tradicionales de defensa a ultranza de la justicia social y la soberanía nacional frente al poderío estadounidense con la asunción de las nociones de modernidad y eficacia, lo que debía pasar por un lavado de los símbolos y la iconografía de regusto izquierdista, ganaron progresivamente la adhesión de los cuadros apristas. En febrero de 1984 fue proclamado candidato del partido para las elecciones presidenciales de 1985 en una votación primaria abierta a todos los afiliados que terminó convirtiéndose en un referéndum sobre su persona por la retirada a última hora de su único rival, el abogado y diputado Javier Valle Riestra, quien contaba con el apoyo de Armando Villanueva y del influyente alcalde de Trujillo, Jorge Torres Vallejo. Entre otras cosas, Valle acusaba a García de poner en peligro la “posición izquierdista” del partido con su “imagen cesarista”.2. Presidente de la República con una agenda heterodoxa: la moratoria en el pago de la deuda externa García basó su campaña presidencial en la denuncia del modelo económico de libre mercado aplicado por Belaúnde, en la moralización de la administración pública, escenario de prácticas corruptas, y en el combate enérgico a la insurgencia armada del grupo maoísta Sendero Luminoso, que había iniciado sus acciones guerrilleras y terroristas en la región de Ayacucho justo cuando el país recobraba la democracia. Su amistad personal con el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, y las comparaciones trazadas entre el “nuevo” APRA y el PSOE de España, que había ganado una rotunda mayoría en 1982 izando las banderas del cambio y la transformación del país europeo, así como con la Acción Democrática de Venezuela, que era el partido socialdemócrata con más éxito electoral de toda América, contribuyeron a moldear la imagen de modernidad y progresismo perseguida por el dirigente peruano. El candidato insistía en que el APRA había dejado de ser un partido sectario para convertirse en una fuerza interclasista de auténtica dimensión nacional. No había el menor espíritu de revancha, sino deseos de concordia y unidad. Una de las proclamas más socorridas durante la campaña fue la que prometía un Gobierno para todos los peruanos. La jornada electoral del 14 de abril de 1985, boicoteada por los senderistas con una serie de atentados y sabotajes intimidatorios, resultó doblemente histórica para el Perú porque trajo tanto el primer relevo democrático desde 1945 (cuando la sucesión de Manuel Prado Ugarteche por José Luis Bustamante Rivero) como la conquista del poder por el partido que siempre había ostentado el mayor protagonismo político y que era el más antiguo de país, pero que de una u otra manera siempre había visto frustrada aquella ambición. Haya de la Torre había estado a punto de ser presidente en las elecciones de 1962, cuya primera vuelta ganó a Belaúnde Terry, pero la irrupción golpista de las Fuerzas Armadas desbarató aquel proceso.23 años después, García acaparó el 45,7% de los votos emitidos (el 53,1% de los votos válidos, excluyendo a los blancos y nulos), esto es, más del doble que los obtenidos por su inmediato rival, el marxista y alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, que concurría por la coalición Izquierda Unida (IU). En tercer lugar quedó el popularcristiano Luis Bedoya Reyes, por la Convergencia Democrática, y en un humillante cuarto puesto el candidato del oficialismo, Javier Alva Orlandini. La estrepitosa derrota del acciopopulista testimonió el grado de descontento que la gestión del sobrio y sofisticado Belaúnde, por lo demás un estadista de impecable pedigrí democrático y honrado a carta cabal, había concitado en el electorado. Al no alcanzar el preceptivo 50% de los sufragios, García debía disputar una segunda vuelta con Barrantes, pero este, convencido de que no podía ganar, se retiró del proceso con el fin, según su declaración, de no prolongar más la incertidumbre política. Quedó así expedito el camino para que el 1 de junio el aprista fuera proclamado presidente electo de la República por el Consejo Nacional Electoral y el 28 de julio inaugurara su mandato quinquenal, en una ceremonia a la que iban a asistir seis presidentes latinoamericanos. Días antes, el 13 y el 14 de julio, García sacó adelante una transformación de la jerarquía del APRA que supuso un nuevo equilibrio de poder entre su facción centrista y las alas izquierdista y moderada, con refuerzo manifiesto de los dos primeros grupos. Los cambios consistieron en la creación del nuevo puesto cimero de presidente del partido, que García se reservó para sí, y en la partición de la Secretaría General en dos oficinas de idéntico rango pero con distintos cometidos, y supeditadas a la Presidencia, en las que se sentaron el ahora senador Villanueva del Campo y el sindicalista Luis Negreiros Criado. Por lo demás, García arrancaba su mandato presidencial apoyado en la confortable mayoría obtenida por su partido en los dos hemiciclos del Congreso: 110 escaños sobre 180 en la Cámara de Diputados y 32 escaños sobre 60 en el Senado. Los puestos de primer ministro y ministro de Economía y Finanzas fueron para Luis Alva Castro, economista del partido y presidente de la Comisión Nacional del Plan de Gobierno (CONAPLAN). Alva Castro simultaneó sus cargos gubernamentales con la Segunda Vicepresidencia de la República, para la que había sido elegido como integrante de la fórmula encabezada por su jefe de filas. Carlos Blancas Bustamante, dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue nombrado ministro de Trabajo.El, con 36 años, más joven mandatario constitucional en la historia del Perú comenzó su Administración con unos índices de popularidad muy elevados, igualmente sin precedentes, aglutinando las esperanzas de una población castigada por las políticas de ajuste económico y por una violencia alarmante de la que eran responsables tanto los grupos insurgentes como las fuerzas de seguridad del Estado. El país sufría una crisis más financiera que productiva, con el dólar cotizando a 12.000 soles y la inflación marcando una tasa interanual del 230%. Además, el desempleo afectaba a la tercera parte de la población activa. Al principio, García afrontó los embates de la guerrilla con ánimo conciliador. Creó una Comisión de Paz encargada de velar por los Derechos Humanos y de mediar entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, pero la impunidad persistente en los abusos y exacciones de unos y de otros precipitó el naufragio, por la dimisión de sus miembros, de este órgano representativo de la sociedad civil el 7 de julio de 1986. Antes y después, el Gobierno se vio obligado a renovar periódicamente los estados de emergencia en los departamentos más conflictivos y hasta en la propia Lima. Ciertamente, la truculenta organización maoísta no prestó oído a ninguna fórmula de apaciguamiento y redobló sus ataques a instalaciones de suministro energético, no dando tregua a la nueva Administración. Por otro lado, las destituciones por García de altos mandos policiales y militares fueron vinculadas tanto al deseo de combatir la violencia desde el Estado de derecho como a cercenar las ramificaciones del narcotráfico, que habían penetrado en las instituciones armadas. Sin embargo, la disposición del Gobierno a acercar a la guerrilla a un proceso negociador recibió el golpe de gracia el 19 de junio de 1986, cuando unos motines simultáneos de presos senderistas en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara fueron sofocados brutalmente por la Guardia Republicana y el Ejército. Los asaltos de las fuerzas del orden tuvieron un balance de 248 reclusos muertos, muchos de ellos ejecutados sumariamente. La desmesurada represión, en la que García, ni entonces ni después, aceptó tener ninguna responsabilidad política, tuvo mayor repercusión internacional por producirse en la víspera del XVII Congreso de la Internacional Socialista (de la que el APRA era miembro), el primero organizado en un país de América Latina, y del que García esperaba declaraciones de apoyo a su gestión. El encuentro, celebrado del 20 al 23 de junio en Lima, quedó devaluado al no asistir ningún mandatario en activo alegando razones de seguridad. Con todo, las críticas internacionales por la masacre carcelaria tuvieron menos repercusiones internas que la oleada de represalias desatada por Sendero Luminoso, que incluyó entre sus objetivos terroristas a dirigentes políticos y activistas sociales, convertidos en víctimas de asesinatos selectivos. El 11 de octubre de 1986 el propio García escapó ileso de un atentado en Juliaca. En el delicado capítulo la de deuda externa, cifrada entonces en los 13.000 millones de dólares y cuyo reembolso lastraba las posibilidades del desarrollo nacional, García dejó bien a las claras desde el principio que las contemporizaciones no figuraban en su agenda. Ya durante la campaña electoral había sido explícito en su rechazo a la filosofía del FMI, cuya “odiosa y perjudicial mediación solo beneficia a quienes han hecho de la desigualdad un axioma”, aseguró. Luego, en su primer mensaje a la nación como presidente titular, García explicó que el Perú tenía la firme voluntad de hacer honor a sus compromisos internacionales y de abonar a sus acreedores lo adeudado, pero, puesto que no tenía suficiente capacidad de pago, el país no iba a destinar al servicio de la deuda más del 10% de sus ingresos en divisas provenientes de la exportación, ni tampoco a acatar los dictámenes del FMI, prefiriendo las negociaciones directas y caso por caso con gobiernos y bancos. En los días siguientes, García anunció la revisión de los beneficios de las grandes empresas y de los contratos de explotación con las firmas extranjeras, así como la restricción de las actividades monopolísticas.En agosto de 1985 el Gobierno aplicó un primer paquete anticrisis cuyas principales medidas fueron: una moratoria de seis meses en los pagos internacionales del Perú; una devaluación monetaria del 12% a partir de la fijación del tipo oficial de cambio del sol de oro con respecto a la nueva moneda introducida el 1 de febrero, el inti, a razón de 1.000 soles por inti, y de éste en relación a la moneda estadounidense a razón de 10,9 intis por dólar (la transición del sol al inti iba a ser gradual y no concluyó hasta el verano de 1987); la congelación de los precios de los bienes y los servicios, exceptuando los derivados del petróleo, que experimentaban leves alzas; severas disposiciones contra la evasión fiscal; y subidas controladas de los salarios mínimos.El explosivo anuncio de la moratoria sobre el servicio del débito externo generó expectación en todo el hemisferio, en mayor o menor grado angustiado por el dogal de la deuda, y desató una cascada de reacciones internacionales de diverso tono. La popularidad del presidente peruano entre los sectores progresistas de América Latina se incrementó cuando en septiembre siguiente advirtió desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU que si el FMI no adoptaba reformas en el sistema monetario y el reparto de la liquidez mundial, Perú reconsideraría la pertenencia a este organismo. Implícitamente, García exhortó a los demás gobiernos latinoamericanos a que se rebelaran contra las condiciones del pago de sus deudas, un llamado que iba a caer en saco roto. En el mismo discurso se refirió al problema del narcotráfico, que enmarcó en una dinámica de oferta de los países que, como el suyo, eran productores, estimulada por la demanda de los países ricos del norte, con Estados Unidos a la cabeza. Las tiranteces con Estados Unidos tomaron un cariz serio el 27 de diciembre de 1985 con la decisión del Gobierno de nacionalizar la compañía Belco Petroleum, que operaba en la plataforma continental frente a la costa septentrional peruana, por no acceder a las nuevas condiciones para renovarle el contrato de explotación. El anterior contrato, que otorgaba a la compañía exenciones fiscales con arreglo a la denominada Ley Kuczynski , promulgada por Belaúnde en 1980 y ahora derogada, estaba rescindido desde finales de agosto. Las negociaciones con otras petroleras estadounidenses sí terminaron en acuerdo, así que el Gobierno se guardó de expropiarlas. Por otro lado, a comienzos de septiembre el Ejecutivo puso en marcha 39 microrregiones con los fines de incrementar la capacidad productiva y el empleo en zonas de desarrollo especialmente bajo.1986 fue un año de crispaciones que consagraron el divorcio entre el Gobierno peruano y los organismos financieros internacionales, cuya asistencia era vital para un país en desarrollo con una estructura muy débil. Pero García aún tenía de su parte a la mayoría de la sociedad, que continuó apoyando por un tiempo su estilo enérgico y sus desplantes, conformando lo que él mismo calificaba de “política de resistencia al imperialismo”. La prensa nacional le endilgó un mote que entonces podía resultarle halagador pero cuyo recuerdo años más tarde no le iba a producir agrado: Caballo loco. El rechazo del alguna vez también llamado enfant terrible de América Latina a adoptar las recetas neoliberales prescritas para proceder al reescalonamiento de la creciente deuda externa culminó el 15 de agosto de 1986, coincidiendo con el vencimiento de una partida de deuda de 180 millones de dólares, con la declaración del Perú por el FMI como país inelegible, lo que en la práctica acarreó la interrupción de los créditos tanto del FMI como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).García reaccionó frente a esta repercusión negativa de su política intervencionista defendiendo los éxitos de su primer año de gestión tanto en la lucha contra la inflación, que fue rebajada al 60% anual, como en el estimulo del crecimiento, que rebotó al 8,5% del PIB, la tasa más alta del continente. También, destacó la aprobación de medidas favorables a los trabajadores, como la ley de estabilidad laboral, que suprimía el período de prueba de tres años para los firmantes de primer contrato, el Fondo de Reactivación Agropecuaria, que dispensó generosos créditos a los campesinos para el aumento de la superficie cultivada y el incremento de las cosechas, y las subidas salariales por encima del índice de inflación, lo que efectivamente mejoró la capacidad de compra de los beneficiados, al precio, eso sí, de recurrir a la emisión incontrolada de moneda, germen de la espiral inflacionaria de los años siguientes, y de agravar los déficits en la tesorería del Estado.El presidente confiaba en basar el crecimiento de la economía fundamentalmente en el consumo interno, sin recurrir al crédito y a las inversiones extranjeras. Era esta una salida populista de regusto autárquico que topaba con una doble realidad, insoslayable, del Perú: los escasos recursos propios de un país en vías de desarrollo y el elevado porcentaje de población activa separada del sistema productivo y la economía formal, bien por estar en el paro, bien por ganarse la vida en las florecientes economías sumergidas. Las directrices heterodoxas del Gobierno aprista no fueron imitadas por ningún otro gobierno del hemisferio, pero en 1986 el sentir nacional era todavía favorable a las izquierdas: en las elecciones municipales del 9 de noviembre el APRA se adjudicó una victoria aplastante y se aseguró las alcaldías de Lima, Cuzco y otras ciudades principales.3. Los balances sombríos del primer quinquenio alanista (1985-1990): hiperinflación, desplome de la economía y la guerra de Sendero Luminoso La suerte de cuarta vía, ni neoliberal proestadounidense, ni socialista a la cubana, ni revolucionario-militar al estilo del velasquismo, que predicaba García se agotó a ojos vista en 1987. La política de subsidios y los créditos a interés cero llevaron a la quiebra a entidades financieras públicas, mientras que el control de los precios causó daños irreparables al tejido industrial de capital privado. El 28 de julio de 1987, la angustiosa iliquidez del Estado a causa de la evasión fiscal y la evaporación de las reservas de divisas empujó a García a anunciar a la nación dos medidas draconianas: en primer lugar, la nacionalización, con derecho a indemnización, de todas las entidades bancarias, excepto las filiales extranjeras, amén de algunas aseguradoras, que no pertenecieran al Estado; en segundo lugar, la prohibición de las operaciones de cambio de divisas fuera de los cauces mercantiles controlados por el Estado.La intervención de la banca privada fue normalizada por la Ley 24723, que justificaba las expropiaciones de las empresas bancarias, financieras y de seguros por revestir sus actividades “interés social y “nacional”. La ley fue sancionada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre con el apoyo de la Izquierda Unida y entró en vigor el 12 de octubre en medio de una enorme polémica. Dos días después, el Gobierno tomó con un aparatoso despliegue de uniformados el control físico de los dos principales bancos privados del país, el de Crédito y el Wiese. Sin embargo, las nacionalizaciones se quedaron ahí, ya que la Ley 24723 fue impugnada por colectivos que se consideraban perjudicados y todo el proceso quedó enfangado en los tribunales de justicia. García se defendía de los que le acusaban de imponer la dictadura económica y de quebrar los principios del Estado liberal aduciendo que se trataba de controlar la masa monetaria circulante, de impedir la fuga de capitales y de cerciorarse de que las financiaciones bancarias se dirigieran efectivamente a proyectos de desarrollo y no a operaciones especulativas. El empresariado y los accionistas privados reaccionaron en bloque contra el Gobierno aprista, pero este se enajenó también el apoyo de las clases medias urbanas, que vieron peligrar su poder adquisitivo por el aumento imparable de la inflación. El giro a la izquierda de García se interpretó como una huida hacia delante en una situación límite para su Administración, acosada desde múltiples frentes, últimamente también por los sindicatos, que en mayo de este año clave, 1987, convocaron la primera huelga general de su mandato. El 22 de junio dimitió el primer ministro Alva Castro, protagonizando la primera de cinco mudanzas institucionales relacionadas con las tensiones políticas y económicas, aunque Alva se marchaba también con la intención de retar el liderazgo de García en el próximo congreso del partido. A modo de compensación, fue investido presidente de la Cámara de Diputados. Hasta el final del mandato, el presidente nombró primeros ministros sucesivamente a Guillermo Larco Cox (26 de junio de 1987), al veterano Armando Villanueva (17 de mayo de 1988), al también histórico del aprismo Luis Alberto Sánchez, concurrentemente primer vicepresidente de la República (15 de mayo de 1989), y de nuevo a Larco Cox (30 de septiembre de 1989). 1987 aún registró un crecimiento del PIB del 6%, pero este dato positivo quedó eclipsado por el desbarajuste en la balanza de pagos, y, sobre todo, por el descontrol de la inflación, que retornó a los tres dígitos, siendo la tasa para el conjunto del año del 120%. Los peruanos, que habían visto amargamente decepcionadas sus esperanzas de paz y de prosperidad, empezaron a sufrir el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Al comenzar 1988 la Administración de García parecía paralizada, incapaz de conjurar la catástrofe económica que se avecinaba. En septiembre de 1988 el Gobierno presidido por Villanueva del Campo lanzó un plan de ajuste consistente en una devaluación del inti tal que pasó a cotizar de 33 a 250 unidades por dólar, la elevación media de los precios y las tarifas en un 300% y la reprivatización parcial de la banca, pero el bautizado como el paquetazo fracasó estrepitosamente: el cuarto año del Ejecutivo alanista se saldó con una tasa inflacionaria del 1.776%, una contracción económica del 8%, un déficit comercial de 600 millones de dólares, un saldo negativo en la cuenta de reservas de divisas de 350 millones, deuda exterior acumulada por valor de 18.000 millones y una disminución media del poder adquisitivo de los trabajadores superior al 50%. No obstante la cotización oficial, en la calle el dólar se pagaba ya a 700 intis. Entre tanto, Sendero Luminoso, que por boca de su sanguinario líder, Abimael Guzmán Reynoso, declaró su intención de no cejar en su lucha hasta la conquista del poder nacional, aterrorizaba Lima con sus paros armados y sus sabotajes contra líneas de alta tensión, mientras que en las áreas rurales compartía actividades guerrilleras con el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyo jefe máximo, Víctor Polay Campos, fue capturado el 14 de febrero de 1989, suceso que sin embargo no repercutió en los niveles de violencia subversiva, verdaderamente asfixiante. De los estragos padecidos por las comunidades rurales andinas no eran ajenos algunos miembros del Ejército, autores de matanzas de campesinos supuestamente vinculados a las guerrillas (como la masacre de una treintena de paisanos en el pueblo ayacuchano de Cayara en mayo de 1988) y responsables de una situación de impunidad que favoreció la aparición de grupos paramilitares análogos a los escuadrones de la muerte centroamericanos.Afectado por una dramática caída de popularidad, el 17 de diciembre de 1988 García dimitió como presidente del APRA en el arranque del XVI Congreso del partido. Su principal crítico interno, Alva Castro, se alzó con una victoria total al ser elegido secretario general único en lugar del binomio formado por Villanueva del Campo y Luis Negreiros, y luego nominado candidato presidencial del APRA para las elecciones de 1990. El vituperado jefe del Estado tenía por delante año y medio de calvario, el tiempo que le quedaba de mandato. Una sombría cuenta atrás en la que el goteo de datos del desastre económico se solaparon a los rumores ora de renuncia anticipada, ora de golpe militar, y a los amagos de un estallido popular, al estilo del Caracazo venezolano de febrero de 1989, por la penuria de productos de consumo y por el coste desorbitado de lo que llegaba a las estanterías de los establecimientos.Solo en diciembre de 1989, García, luego de ofrecer a los acreedores externos la insólita alternativa de cobrarse en especie sobre la base del 10% de las exportaciones peruanas, arrojó la toalla y volvió a la ortodoxia. El presidente aceptó efectuar un pago de 42 millones de dólares que cubría el último servicio trimestral de la deuda y el FMI respondió reactivando sus líneas de crédito. Asimismo, el Gobierno intentó, y consiguió, revertir el déficit comercial y la penuria de divisas por el procedimiento puro y simple de poner cerrojo a las importaciones. Inevitablemente, la medida agravó la carestía generalizada de mercancías industriales y bienes de consumo. El penúltimo año del mandato de García registró un retroceso del producto nacional nada menos que el 12% y una deuda externa recrecida hasta los 20.000 millones de dólares, monto que equivalía al 90% del PIB. La hiperinflación alcanzó el 2.773%, tasa colosal pocas veces igualada o superada en todo el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el dólar llegó a cotizar hasta los 4.800 intis al cambio oficial. La coyuntura, en suma, era calamitosa. Datos positivos de macroeconomía como el superávit de 1.300 millones de dólares logrado por la balanza comercial y la recuperación del fondo de divisas no podían ser esgrimidos con alharacas por que solo eran el resultado de la cuarentena importadora.En política exterior, García se atuvo al principio del no alineamiento y se mostró activo en los diversos foros multilaterales del hemisferio de los que el Perú era miembro. El 12 de octubre de 1989 presidió en Ica la III Reunión del entonces denominado Grupo de los Ocho (luego, Grupo de Río), que puso énfasis en la inserción de las economías nacionales en los mercados externos, y el 18 de diciembre del mismo año se unió a sus homólogos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela para la firma de la Declaración de Galápagos, que aunó compromisos para potenciar la integración multisectorial de la zona y la cooperación en cuestiones de seguridad, fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico.Sin alcanzar los niveles de la vecina Colombia, la criminalidad ligada al tráfico de estupefacientes creció pareja a la violencia de naturaleza política durante el quinquenio. La participación del mandatario peruano en la cumbre especial antidroga de Cartagena de Indias, el 15 de febrero de 1990, junto con los presidentes George Bush de Estados, Jaime Paz Zamora de Bolivia y Virgilio Barco de Colombia sirvió para ratificar el compromiso de su país en la lucha contra este gravísimo problema y de paso alivió las tensiones con Estados Unidos. Además, García, en tanto que estadista del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora (foros informales de consultas sobre la exploración de medidas preventivas contra la extensión de los conflictos armados en Centroamérica, y de cuya fusión en diciembre 1986 surgió precisamente el Grupo de los Ocho), facilitó las rondas de negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla salvadoreños, y por otro lado lideró el denominado Grupo de Consenso formado por los 11 países más endeudados de Latinoamérica.Las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1989 sirvieron de termómetro de una presidencia que la gran mayoría de los peruanos consideraban, no ya fracasada, sino la peor que recordaban. El APRA sufrió un estruendoso varapalo frente a la coalición conservadora Frente Democrático (Fredemo), liderada por el célebre literato Mario Vargas Llosa e integrada por la AP, el Partido Popular Cristiano (PPC) de Bedoya Reyes, el grupúsculo Solidaridad y Democracia (SODE) y el Movimiento Libertad (ML) que animaba el propio Vargas Llosa, una organización calificada a sí misma de movimiento cívico e independiente. Como gran alianza del centro y la derecha peruanos, el Fredemo incluía en su agenda la defensa de los intereses de las élites empresariales defensoras del libre mercado.Así las cosas, en las elecciones generales del 8 de abril de 1990 el candidato presidencial aprista, Alva Castro, solo sumó el 22% de los sufragios y fue descalificado para la segunda vuelta que disputaron Vargas Llosa y el independiente Alberto Fujimori, un desconocido doctor en Ciencias e hijo de inmigrantes japoneses que en cuestión de días se subió al escenario político y, para pasmo de todo el mundo, terminó alzándose con la victoria en las urnas valiéndose de una campaña ferozmente populista que hizo su agosto con el monumental desaguisado económico legado por el Ejecutivo aprista. En la Cámara de Diputados, el PAP cayó a los 54 escaños con el 17% de los votos y fue superado por el Fredemo, si bien a raíz de la disolución de esta alianza el partido del mandatario saliente recuperó la primacía parlamentaria.4. Una década de desarraigo y persecución judicial tras la salida del poderEl 28 de julio de 1990 Alan García abandonaba la suprema magistratura con un amplio consenso sobre el balance negativo de su gestión, que había dejado el país en quiebra económica (aquel año el PIB retrocedió otro 6% y la hiperinflación marcó la cota máxima del 7.600%), con la seguridad interna destrozada por el conflicto bélico con las guerrillas y con la honorabilidad de sus instituciones en entredicho por los abundantes casos de corrupción y por las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas al socaire de la lucha contrainsurgente. Con todo, el 22% de los votos cosechado por Alva Castro no permitía hablar de un sentimiento de rechazo unánime, ya que atrás quedaban una serie de medidas de promoción social, como los llamados Mercados del Pueblo y los Comedores Populares. En realidad, estas iniciativas y otras similares, tachadas con demasiada frecuencia de populistas, aunque bienintencionadas, no habían hecho nada por reducir la pobreza estructural; al contrario, en los cinco años transcurridos el segmento de peruanos pobres había subido del 41% al 55%, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El ex presidente se convirtió en senador vitalicio por derecho y este nuevo cargo institucional vino a restituir en parte los privilegios de inmunidad inherentes al anterior, pero no pasó mucho tiempo sin que se emprendieran acciones procesales en su contra por una retahíla de irregularidades presuntamente cometidas en el ejercicio de su mandato. García estaba convencido de que era víctima de una auténtica campaña de acoso judicial instigada por el Gobierno de Fujimori. El 1 de agosto de 1991 el fiscal de Nueva York que investigaba la trama corrupta crecida en torno al Banco de Crédito y Comercio Internacionales (BCCI) le incriminó en las actividades ilegales de este grupo financiero, concretamente en la colocación de depósitos por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), operación que habría generado sobornos.Una comisión de investigación del Congreso peruano elaboró una acusación constitucional contra García en la que se presentaban como hechos imputables unos indicios de participación directa en las actividades irregulares del BCR y en una sospechosa operación de compraventa de aviones de combate franceses Mirage, la cual habría devengado también beneficios personales a García, quien mantendría depositadas estas ganancias en cuentas bancarias en el extranjero. Sometido el expediente de acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación, esta inició acción penal ante la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado. El 19 de octubre de 1991 la Cámara baja resolvió suspender a García en sus funciones de senador vitalicio para que respondiese de esa acusación. La CSJ admitió la demanda interpuesta por la Fiscalía, pero la Primera Sala Penal denegó la apertura de instrucción sumarial y archivó la diligencia por falta de pruebas. El 29 de enero de 1992 la Sala rechazó por infundado un recurso de queja planteado por el Ministerio Público y el 20 de marzo siguiente el Senado devolvió el fuero parlamentario a García.El ex presidente defendió personalmente su honorabilidad ante las instancias gubernamentales y judiciales concernidas, y aseguró ser objeto de una “operación de destrucción personal y moral” por parte de aquellos que temían su retorno a la lid electoral, que era lo que sugería su elección como secretario general del PAP, con el 100% de los votos y relevando a Alva Castro, en el congreso partidario celebrado en Trujillo el 15 de febrero. Cuando parecía que se alejaba el fantasma del enjuiciamiento se produjo, en la noche del 5 al 6 de abril de 1992, el autogolpe de Estado de Fujimori. Para García, fue el comienzo de una etapa de persecución y exilio. En las últimas horas del 5 de abril García consiguió zafarse por muy poco del destacamento militar enviado para arrestarle en su propio domicilio de Lima. Su testimonio de lo sucedido aquella noche de cuchillos largos, en parte hecho constar en la denuncia que interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos constitucionales, pinta una peripecia peligrosa y rocambolesca, aunque no han faltado detractores que hablan de un relato propagandístico inflado en algunos puntos para darle más dramatismo. En adelante, García aseguró que alrededor de un centenar de soldados rodearon la vivienda familiar, donde se hallaba en compañía de sus cuatro hijos —entonces menores de edad— un diputado del partido, seis policías nacionales encargados de su seguridad y las empleadas domésticas, la encañonaron con sus vehículos blindados y, tras vocear la exigencia de su “rendición y entrega por orden del Comando Conjunto”, la emprendieron a tiros y procedieron a allanar el inmueble. Los escoltas fueron inmediatamente reducidos y desarmados. Él se las apañó para escapar a galope tendido por las azoteas del vecindario y durante unas horas se mantuvo escondido en una casa en construcción, consiguiendo dar el esquinazo a sus perseguidores. Entre tanto, sus hijos permanecían confinados en las habitaciones de la casa mientras los asaltantes se dedicaban a rapiñar documentos y efectos personales. Pilar Nores, la ex primera dama, se encontraba en el extranjero y regresó precipitadamente a Lima. Gracias a la influencia del embajador de Venezuela, Nores logró que la dejaran entrar en su casa, pero solo para quedar también ella en situación de arresto domiciliario, el cual se prolongó unos días.Durante dos meses, García permaneció oculto en Lima, guarecido en diversas viviendas de particulares, hasta que el 1 de junio pudo acogerse a la protección de la Embajada de Colombia. Un día después partió al país vecino a bordo de un avión militar fletado por el presidente César Gaviria con el consentimiento del Gobierno peruano. Allí se reunió con su esposa e hijos, los cuales, tras serles devuelta la libertad de movimientos, habían intentado varias veces presentar un recurso de hábeas corpus en favor del prófugo, papel en mano y en el Palacio de Justicia, donde los militares que custodiaban el edificio les obligaron a dar media vuelta. El Gobierno colombiano fue presto en la concesión a García del asilo por razones políticas.En los ocho años siguientes, García y su familia repartieron su estadía forzosa en el extranjero entre Bogotá y París. El Gobierno de Fujimori resucitó las diligencias judiciales en contra del ex presidente e inició causas nuevas, como la del presunto cobro de un soborno de un millón de dólares al consorcio Tralima a cambio de la adjudicación en 1986 del contrato para el tendido de la primera línea del Tren Urbano de Lima. El Ejecutivo también azuzó al procurador público por él nombrado a que formulase dos denuncias penales por presunta tenencia ilegal de armas de fuego, sobre la base de las armas halladas en la sede del PAP, cuya Secretaría General había quedado en manos de Agustín Mantilla Campos, y en el domicilio particular de García.El 23 de septiembre de 1992 la fiscal provisional de la nación, del todo acomodaticia a los intereses del poder, ordenó reabrir la instrucción por el delito de enriquecimiento ilícito, auto que fue confirmado por la Sala Penal Especial de la CSJ el 17 de marzo de 1993 y que dio luz verde al desafuero de García como senador vitalicio. Despojado de su inmunidad parlamentaria, García optó por abandonar la Secretaría General del PAP el 26 de diciembre, pero no por ello interrumpió las actividades políticas. En mayo de 1994 intentó en vano asistir al funeral de su padre en Lima: las autoridades le advirtieron que si regresaba al país sería arrestado de inmediato. En agosto de 1995 un tribunal especial a cargo del caso dictó en su contra una orden internacional de búsqueda y captura por presunta malversación de fondos destinados a sufragar el proyecto del tren eléctrico de Lima. Igualmente, para evitar la prescripción de los delitos imputados, García fue declarado reo contumaz. El mandamiento de arresto fue asumido por la CSJ en septiembre de 1996 y en agosto de 1997 el alto tribunal lo reiteró.Entre tanto, la implacable maquinaria del fujimorismo y el incontestable apoyo popular del que gozó durante años relegaron al PAP y otros partidos desprestigiados del antiguo régimen a la marginación más absoluta. En las elecciones generales del 9 de abril de 1995, que remataron con éxito el entramado jurídico e institucional elaborado a la medida del presidente y su plataforma partidaria, la Alianza Cambio 90-Nueva Mayoría, la candidata aprista, Mercedes Cabanillas Bustamante, ex senadora y ministra de Educación, quedó en un remoto tercer lugar con el 4,1% de los votos por detrás Fujimori y el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, postulante de la opositora Unión por el Perú (UPP), mientras que en el nuevo Congreso unicameral de 120 miembros el partido solo colocó a ocho diputados con el 6,5% de los sufragios.Los resultados fueron aún peores en las elecciones del 9 de abril de 2000, sobre las que gravitaron serias sospechas de fraude, con el 1,4% para Abel Salinas Eyzaguirre (secretario general del aprismo en 1995-1999) en las presidenciales y el 5,5%, traducido en seis escaños, para el partido en las legislativas. Eran las cuotas de poder electoral más exiguas obtenidas por el PAP hasta entonces. Previamente, el 6 de junio de 1997, el PAP se había unido a los partidos AP, UPP, PPC, IU y Frente Independiente Moralizador (FIM) en el Bloque Parlamentario de Oposición Democrática con el objeto de aunar fuerzas contra la hegemonía que con ganas de avasallar ejercía Cambio 90-Nueva Mayoría, y en particular contra la pretensión de Fujimori de, haciendo una lectura interesada de la Constitución de 1993 (cuyos trabajos el PAP boicoteó), postularse para un tercer mandato consecutivo.García, que en 1998 puso en marcha en París la asociación Municipios sin Fronteras, vio bloqueado un hipotético regreso a la arena electoral peruana por dos normas aprobadas por un Congreso sujeto a la mayoría fujimorista: las denominadas ley anti-impunidad, más conocida en la calle como “ley anti-Alan”, que impedía postularse a un cargo representativo a aquellas personas con procesos judiciales pendientes por delitos contra el Estado, y la ley de contumacia, que asentaba la no prescripción de las causas abiertas mientras el acusado estuviera fuera del país. El damnificado por unas leyes que claramente habían sido elaboradas pensando en él no dejo ni por un instante de denunciar las mil y una tropelías judiciales y políticas que, según él, le infligían sus enemigos. García habló de “satanización” de su persona y su quinquenio presidencial, y arremetió contra el “modelo económico neoliberal” vigente y contra el “carácter dictatorial y abusivo” del régimen de Fujimori.5. Sonoro retorno al proscenio político a la caída de FujimoriTras la fuga en noviembre de 2000 de Fujimori a Japón, precipitada por el feo cariz que estaba tomando el escándalo de sobornos políticos protagonizado por su todopoderoso asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, al que García consideraba el gran orquestador de todas sus desventuras desde que había abandonado la Presidencia, la ley anti-impunidad fue declarada inconstitucional y el 1 de diciembre el Congreso la derogó. A continuación, el 18 de enero de 2001, la CSJ resolvió que todas las causas contra García habían prescrito y anuló las órdenes de detención que pesaban en su contra. En su fallo, la más alta instancia judicial peruana asumió la recomendación de declarar inaplicable la ley de contumacia hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que García había elevado una queja por considerar que la aplicación retroactiva contra él de aquella norma violaba sus derechos fundamentales. De hecho, el 8 de enero, anticipándose al veredicto de la CSJ, el ex mandatario inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones su candidatura para las elecciones presidenciales del 8 de abril, que con las garantías otorgadas por el Ejecutivo interino del presidente Valentín Paniagua Corazao debían completar el período de normalización democrática abierto tras la caída del régimen autoritario de Fujimori.La entrada de García en la contienda electoral se produjo en el último día del plazo hábil para ello y una vez obtenida la aprobación unánime del Comité Ejecutivo Nacional del PAP, con el secretario general Jorge del Castillo Gálvez a la cabeza. El 27 de enero, poniendo fin a cerca de nueve años de exilio, García aterrizó procedente de Bogotá en el aeropuerto de Lima en compañía de su esposa y con toda celeridad puso en marcha su campaña, cuyo primer acto fue un vibrante discurso pronunciado la misma noche de su regreso ante una muchedumbre entregada en la plaza San Martín de la capital. El espectacular regreso de García, aunque nadie podía aducir desconocimiento de la que siempre había sido su ambición desde que expiró su primer ejercicio en el poder, causó un revuelo en el país, donde se expresaron opiniones para todos los gustos. Y es que el personaje, objeto de odios inextinguibles y, en menor medida, de afectos no menos firmes, a nadie dejaba indiferente. De entrada, muchos dirigentes apristas desconfiaban de su antiguo jefe y preferían apoyar al economista Alejandro Toledo Manrique, candidato derrotado en las elecciones de 2000 al frente del partido Perú Posible (PP) y principal líder de la oposición en el último tramo del Gobierno de Fujimori. Político de fuerte tirón entre las clases populares y en especial entre los colectivos raciales de cholos (mestizos de indígenas y españoles, de los que él era un vivo ejemplo) e indios, Toledo les parecía a los apristas con preocupación ideológica el único capaz de batir a Lourdes Flores Nano, candidata de las fuerzas conservadoras agrupadas bajo la sigla Unidad Nacional (UN). Fuera del fujimorismo, García también tenía destacados censuradores, como el congresista del FIM e igualmente candidato presidencial Fernando Olivera Vega, quien no se cansaba de recordarle las imputaciones de corrupción.Cuando García regresó al Perú para lanzar su candidatura presidencial, parecía que solo apostaban por él un puñado de incondicionales. Entre seis y siete de cada diez encuestados por los medios de comunicación le consideraban un “delincuente” que nunca merecería su voto. Con todo, solo tuvieron que transcurrir unas pocas semanas para que García se encaramara al tercer lugar de entre una decena de contrincantes en las preferencias de voto con un 12% de apoyos. Su dilatada experiencia política, su formidable talento como orador y su desenvoltura ante los medios, aptitudes reconocidas aún por sus enemigos más acérrimos (medio en serio medio en broma, una prensa nada indulgente difundió el consejo de no escuchar sus mítines porque el “encantador de serpientes” era “capaz de convencer”), permitieron a García irrumpir con fuerza insospechada en la campaña electoral. Mientras Toledo, que temía la capacidad de seducción del ex presidente, y Flores se enzarzaban en una guerra personal de insultos y acusaciones, García les adjudicaba implícitamente las etiquetas respectivas de izquierda y derecha para situarse él en una posición de centro caracterizada por los discursos moderados y las propuestas concretas de Gobierno. Explotando su imagen de aplomado mestizo criollo, supuestamente no susceptible de generar rechazo ni en cholos ni en pitucos (nombre peyorativo dado a los blancos de estirpe europea y clase alta sin antepasados mestizos) con prejuicios étnicos, García se presentó al electorado indeciso y más proclive a obviar la memoria histórica como un estadista curtido y templado, más maduro que en los años ochenta y que había aprendido de los “errores” pretéritos, expresión de una leve autocrítica que hacía hincapié en el fenómeno de la hiperinflación, el cual “originó el descrédito del régimen y no tenía disculpa”.El tercer candidato en discordia iba a recolectar muchos votos entre los electores desencantados con la pelea barriobajera que libraban Toledo y Flores, y entre quienes apreciaban que rehuyera fáciles proclamas populistas y excluyentes, y que incidiera en cuestiones de auténtico interés nacional como la revisión correctora de las políticas económicas liberales, la reestructuración de la deuda externa, las rebajas en los precios de las tarifas públicas, la prosecución del equilibrio fiscal, la atracción de inversiones y el lanzamiento de un banco de crédito agrario. García aseguró que un Gobierno suyo tendría como pilares la estabilidad económica y el desarrollo social. Promesas concretas en el segundo terreno fueron la creación de un millón de puestos de trabajo el primer año de mandato, la total gratuidad de la formación escolar, la apertura de universidades tecnológicas en las provincias y la reducción en un 50% del coste de los medicamentos. Para mejor salvaguardar los derechos y libertades fundamentales, opinó que lo correcto sería restaurar la Constitución de 1979 y abolir la Carta Magna de 1993, que era un legado jurídico de la etapa de Fujimori.Así las cosas, el 8 de abril de 2001 saltó la sorpresa y García, con el 25,8% de los votos, arrebató a Flores el segundo puesto. En las votaciones al Congreso, el PAP se hizo con 26 escaños con el 19,7% de los sufragios, convirtiéndose en la segunda fuerza de la Cámara tras el PP de Toledo. De cara a la segunda ronda del 3 de junio, García y Toledo sostuvieron un debate televisado que acabó en tablas porque se neutralizaron mutuamente con vituperios irónicos: el primero fue calificado de “violador de Derechos Humanos” y “ladrón”, y el segundo de “cocainómano” poco legitimado para dar consejos sobre moralidad. En esa ocasión, ambos soslayaron los aspectos que más preocupaban a la población: las penurias económicas, la corrupción y los abusos de las fuerzas de seguridad.La franja de electores indecisos iba a resultar decisiva para decantar la balanza hacia uno u otro aspirante, y el 3 de junio fue García, con el 46,9% de los votos, el derrotado. Según los analistas, en última instancia prevalecieron el recuerdo de la ruinosa gestión del ex presidente, que se apresuró a felicitar al vencedor en una muestra de cortesía democrática, y el reconocimiento de los méritos de Toledo en la caída del régimen de Fujimori. En respuesta a la invitación lanzada por el presidente electo de participar en un ejecutivo de concertación con todas las fuerzas políticas “libres de corrupción”, el líder aprista ofreció su colaboración para la gobernabilidad del país, pero aclaró que su lugar estaba en la oposición parlamentaria.6. Líder de la oposición al Gobierno de Toledo y tercera postulación presidencialEn los cinco años siguientes, García fungió como el indiscutible líder de la oposición al Gobierno de Toledo, cuya popularidad comenzó a erosionarse con inusitada rapidez a medida que la ciudadanía tomaba nota de las promesas electorales incumplidas, de los escándalos que implicaban a personas del círculo presidencial y del propio estilo de liderazgo de Toledo, considerado vacilante y errático. Un factor fundamental de la debilidad crónica del oficialismo era la carencia de la mayoría absoluta en el Congreso. El jefe aprista ejerció una oposición no destructiva, aunque contundente dentro de los parámetros normales en una democracia parlamentaria. En marzo de 2002 García fue uno de los cabezas de fila que firmaron en el Palacio de Gobierno el llamado Compromiso de Diálogo para un Acuerdo Nacional, pero transcurrido el ecuador de la legislatura redobló sus presiones a Toledo para que sometiera a su equipo de gobierno a una profunda remodelación. En julio de 2004 el PAP respaldó la primera huelga general que los sindicatos convocaron contra la política económica de Toledo. Claro que no todo era actividad política para García. Así, en 2001 tuvo un reencuentro de alto postín con las aulas al ser elegido director del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, en Lima.Por otro lado, en agosto de 2003 García apareció citado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), panel encargado de documentar y analizar las causas de la violencia política que había azotado el país entre 1980 y 2000, como responsable político, y no penal, de los casos de violaciones humanitarias cometidas por los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado durante su ejercicio presidencial. El error de García —y de su predecesor, Belaúnde— había consistido, establecía la CVR, en no aplicar una estrategia integral de paz y en la pasividad mostrada por los poderes políticos del Estado a la hora de impedir los atropellos de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que actuaban con impunidad.El XXII Congreso Nacional del PAP, en junio de 2004, decidió recuperar la estructura de tipo triunvirato que había existido entre 1985 y 1988, es decir, un presidente ejecutivo secundado por dos secretarios generales, uno para el “frente interno” (responsable de la organización y la estructura orgánicas) y otro para el “frente externo” (es decir, el “frente social” y el “plan de Gobierno”). Sin sorpresas, los elegidos para los tres cargos fueron respectivamente García, Mauricio Mulder Bedoya y Jorge del Castillo. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2005, García fue declarado ganador por abrumadora mayoría de la elección primaria del partido, en la que compitieron además Luis Alvarado Contreras, Nancy García Carrillo y Ángela Valdez Olivera. Los acompañantes de García en la plancha presidencial para las elecciones de 2006 eran el vicealmirante retirado Luis Giampietri Rojas, candidato a la Primera Vicepresidencia, y la ex teniente de alcalde de Arequipa Lourdes Mendoza del Solar, candidata a la Segunda Vicepresidencia. La gran mayoría de los más de 100.000 afiliados y simpatizantes que votaron en este proceso interno no concebía a otro candidato presidencial que no fuera el líder señero del aprismo en los últimos 23 años. Según una encuesta publicada días atrás por el diario La República, García, con una intención de voto del 12%, aparecía bastante rezagado tras la derechista Lourdes Flores y solo ligeramente por delante del ex presidente acciopopulista Valentín Paniagua y de un cuarto en discordia llamado a ser el más perturbador fenómeno de la política peruana desde la aparición de Fujimori en 1990: el teniente coronel retirado Ollanta Humala Tasso, candidato mestizo y outsider que desató la caja de los truenos con su discurso nacionalista, antisistema y muy crítico con el neoliberalismo y la globalización. El padre y los hermanos de Humala, quien en 2000 había protagonizado una asonada militar en vísperas de la caída de Fujimori, hacían propaganda de una ideología extremista, el etnocacerismo, que defendía la supremacía de la “raza cobriza”, situada en un plano de confrontación revanchista con las tradicionales élites blancas, y aceptaba como válidas las vías extraconstitucionales para llegar al poder, desde la insurrección popular al golpismo militar. Fundador y líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), aunque si bien concurría por cuenta de la UPP, Humala ya no quería ser identificado con la polémica doctrina de su familia, no obstante haberla pregonado en el pasado, e insistía en que el suyo era un nacionalismo no basado en la raza, sino de tipo “integrador”, que tomaba como bases el “socialismo andino-amazónico”, el antiimperialismo y el latinoamericanismo. Aunque los sondeos informaban a las claras que García y su partido seguían despertando mucho recelo y desconfianza en la mayoría de los peruanos, el ex mandatario se manifestó confiado en poder invertir la tendencia. Tras ser proclamado candidato presidencial, con su peculiar estilo porfiado, afirmó: “Aquí estoy, a la llamada del partido, una vez más y hasta que me muera”. Sin embargo, la contienda electoral de 2006 se le presentaba francamente complicada por el peso incontestable de Flores y por la arrolladora irrupción de Humala, que al finalizar 2005 ya encabeza los sondeos. Aunque su ideología era cualquier cosa menos clara, Humala, debido al radicalismo de sus propuestas, que incluían la constitución de una “Segunda República” y que resultaban seductoras para muchos peruanos hartos de una sucesión de presidentes ninguno de los cuales les habían sacado de la pobreza, y a su pública y estrecha relación con los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, fue catalogado como “populista de izquierdas”, y tildado de simpatizante del castrismo cubano y aspirante a dictador. Para García, resultaba fundamental perfilarse como una alternativa de izquierda moderada o de centroizquierda, contraria a

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Fernando Belaunde Terry, fue dos veces presidente de la República del Perú, durante los años 1963 a 1968, y entre 1980 y 1985. Es fundador del partido político Acción Popular y hombre de honor a la antigua, con modales aristocráticos e inmune a la corrupción.

Primer Gobierno y Segundo Gobierno

Política :

Primer Gobierno

El 1 de noviembre de 1963 se promulga la Ley de la Enseñanza Gratuita en todos los niveles

El 15 de diciembre de 1963, por primera vez en la historia del Perú, las autoridades ediles son elegidas por voto universal y directo.

Segundo Gobierno

Fernando Belaunde tenia como meta devolverle al país la confianza en la seguridad jurídica para vivir en la ley y la libertad.

En 1980, más de 6200 decretos leyes, decretos supremos y resoluciones fueron ajustados al marco constitucional vigente o derogados cuando no concordaron con él o con su espíritu

El 11 de marzo se promulga el Decreto Legislativo N° 046, que tipifica los delitos de terrorismo y sus circunstancias agravantes.

Económica:

Primer Gobierno

El 27 de enero de 1966 se crea el Banco de la Nación, mediante la Ley 16000, con la finalidad de facilitar la captación de impuestos de los contribuyentes

El 14 de diciembre de 1964 se promulga la Ley N° 15260, que norma y fomenta el cooperativismo en el Perú como un sistema que promueve el desarrollo económico y social.

Segundo Gobierno

La deuda externa peruana había crecido en 12 veces y la inflación estaba llegando a los tres dígitos.

El 15 de diciembre se promulga la Ley de Corporaciones Departamentales N° 23339, encargadas de programar y ejecutar la inversión pública departamental.

Social:

Primer Gobierno

El 1 de noviembre de 1963 se crean nuevas universidades y escuelas normales, tanto estatales como particulares.

El 2 de julio de 1966 se inaugura la Residencial San Felipe, fue muy vasta la obra de Belaunde en la construcción y fomento de la vivienda para los sectores menos favorecidos y las clases medias profesionales.

Segundo Gobierno

Fernando Belaunde convocó a todos los partidos políticos para lograr una conjunción de esfuerzos para reconstrucción democrática, económica y social del país. (Solo el Partido Popular Cristiano resolvió apoyar la consolidación del régimen)

El FBT se abocó a la titánica tarea de reordenar con celeridad la vida política, económica y social del país heredada del gobierno militar

Culturales:

Primer Gobierno

El 21 de mayo de 1964 se promulga la Ley de Reforma Agraria, que afectaría principalmente a los latifundios no cultivados de la sierra y la costa, pero sin tocar a los que tenían un rendimiento eficiente, como los agroindustriales de la costa

La tragedia del Estadio Nacional del 24 de mayo de 1964, donde perecieron unas 312 personas

El terremoto de Lima y Callao de 1966.

Segundo Gobierno

El 11 de noviembre se promulgó la Ley 23226, que devolvía los medios de comunicación confiscados durante el gobierno militar, además, todos los diarios y compañías de radio y televisión se les indemnizó

La ferocidad terrorista se puso en plena evidencia en la Noche Buena, con el asalto al fundo de San Agustín de Ayzarca, y el asesinato del propietario y de un empleado. Entre los presos se encontraban los autores directos de esas masacres.

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El estadista por antonomasia de la política peruana en la segunda mitad del siglo veinte presidió la república andina en dos ocasiones, de 1963 a 1968 y entre 1980 y 1985, después de dos tentativas electorales frustradas, en 1956 y 1962, y como restaurador del sistema democrático tras sendos regímenes militares de facto. Fundador del partido Acción Popular y hombre de honor a la antigua, con modales aristocráticos e inmune a la corrupción, Fernando Belaúnde fue, desde posiciones conservadoras, un patriota sincero y un demócrata honesto comprometido con el reformismo social y el progreso del Perú, pero al que sin embargo solieron desbordar unos sectores nacionalistas e izquierdistas radicalizados: su primer mandato quedó interrumpido por el golpe militar revolucionario del general Velasco Alvarado, mientras que el segundo fue severamente golpeado por la subversión senderista a la vez que por una aguda crisis económica. El emérito y respetado dirigente falleció en 2002 a los 89 años de edad.(Texto actualizado hasta junio 2002) 1. Ingeniero linajudo con inclinaciones reformistas 2. Una alternativa democrática para el sistema peruano3. Primera presidencia: reformas sociales impugnadas a derecha e izquierda4. Segunda presidencia: crisis económica y subversión maoísta5. Presencia prolongada en la política nacional1. Ingeniero linajudo con inclinaciones reformistas Nació en el seno de una familia aristocrática de Arequipa, perfecto exponente de las élites peruanas con genealogía europea. En el ilustre árbol genealógico del futuro presidente aparecían numerosos regidores y políticos con ascendencia española (extremeña, vasca o andaluza), como el primer alcalde de Lima en el siglo XVI, Nicolás de Rivera, el cronista de la conquista Pedro Pizarro, el arzobispo Francisco Javier de Luna Pizarro, que fuera primer presidente del Congreso Constituyente del Perú, o el general Pedro Díez Canseco, presidente de la República en funciones en cuatro ocasiones entre 1863 y 1868 y bisabuelo paterno del muchacho. Su padre, Rafael Belaúnde Diez Canseco, y el hermano de éste, Víctor Andrés Diez Canseco, también se involucraron en política y en la década de los veinte sus actividades les acarrearon períodos de cárcel y exilio durante la dictadura de Augusto Leguía y Salcedo. La familia fue definitivamente desterrada a Francia en 1924 y allí recibió el joven Belaúnde, luego de empezar la primaria en el colegio limeño La Recoleta, toda su educación secundaria y preuniversitaria. Inició estudios de ingeniería en la Escuela de Electricidad y Mecánica Industrial de París y en 1930 secundó a la familia en su decisión de instalarse en Estados Unidos. Luego, reanudó las clases en la Universidad de Miami, donde su padre estableció una cátedra de Derecho e Historia antes de ser nombrado ministro del Gobierno peruano por el general Óscar Benavides Larrea, y luego en la Universidad de Texas, por la que se licenció en Arquitectura en 1935. Durante unos meses Belaúnde ejerció su profesión en México, en la firma Whiting y Torres, y a finales de 1936 regresó al Perú. Hombre de múltiples inquietudes, desarrolló su especialidad profesional en los ámbitos académico e intelectual, y su talante modernizador pronto le aseguró un lugar señero en la vida social peruana. A través de la revista El arquitecto peruano, la Asociación de Arquitectos del Perú y el Instituto de Urbanismo del Perú que él fundó y dirigió, divulgó las corrientes arquitectónicas del momento y sus nociones sobre ingeniería urbanística y el problema de la vivienda en el país andino. Asistió a congresos y convenciones de la disciplina e impartió clases en diversos centros de país y el extranjero.En 1943 se convirtió en catedrático de Urbanismo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Lima, en 1950 se puso al frente del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingenieros y en 1955 fue nombrado primer decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, centro que puso en marcha a partir de la citada Escuela de Ingenieros, y cuyos alumnos y profesores, con él supervisándolo todo como jefe de obras, levantaron personalmente. Su creciente influencia en la vida pública y el dechado de su padre impelieron a quien había venido de Estados Unidos impresionado por las realizaciones del New Deal rooseveltiano a plantar el jalón personal en la estirpe familiar de políticos. Ya en 1939 figuró entre los que apoyaron la candidatura presidencial de José Quesada, del Frente Patriótico, contra Manuel Prado y Ugarteche, de la Coalición Conservadora, a la postre vencedor de la lid.En 1944 Belaúnde estuvo presente en la fundación del Frente Democrático Nacional (FDN), la coalición antioligárquica de liberales y comunistas cuyo principal componente era la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Víctor Raúl Haya de la Torre y que en las elecciones del 10 de junio de 1945 llevó a la Presidencia a José Luis Bustamante y Rivero por delante del candidato oficialista, el mariscal Eloy Ureta Montehermoso. Miembro de la Secretaría del FDN y responsable de propaganda en la campaña de Bustamante, Belaúnde de paso salió elegido diputado por Lima en la Cámara baja del Congreso mientras que su padre fue nombrado por el recién inaugurado presidente primer ministro de su Gobierno.2. Una alternativa democrática para el sistema peruanoEl 29 de octubre de 1948 el general Manuel Apolinario Odría Amoretti dio un golpe de Estado y disolvió el Congreso. Retornado a las actividades académicas, en los ocho años siguientes Belaúnde elevó su voz en diversas ocasiones para denunciar la dictadura de Odría y su artimaña electoral de 1950 para legitimarse en el poder. A comienzos de 1956 lanzó su postulación para las elecciones presidenciales del 17 de junio de ese año y se apoyó en la plataforma que le brindó el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, una organización prodemocrática fundada por estudiantes universitarios, algunos alumnos suyos, el 6 de agosto de 1955.El 1 de junio de 1956, cuando el Jurado Nacional de Elecciones se negaba a inscribir su candidatura, el arquitecto encabezó una marcha de protesta contra el Palacio presidencial; desafiando los mangerazos de agua de la policía antidisturbios, lanzó un ultimátum a las autoridades para que le registraran en las elecciones si querían evitar el asalto del edificio y una “revolución”. Belaúnde se salió con la suya, multiplicando las adhesiones con esta inopinada demostración de coraje cívico, liderazgo político y oratoria en la que, con el mejor estilo del tribuno latinoamericano, no faltaron los arranques de radicalismo populista y un cierto gusto por la teatralidad. Con todo, según iba a mostrar su trayectoria posterior, Belaúnde estaba bien lejos de las figuras del agitador de multitudes o el demagogo, y su perfil respondía más bien al del hombre moral y legalista, poseedor de un proyecto regenerador y atento a las buenas maneras.Así las cosas, en su primer envite presidencial Belaúnde obtuvo el 36,7% de los votos contra el 45% de Prado Ugarteche, un resultado tanto más meritorio cuanto que el ex presidente recibió el apoyo del proscrito partido de Haya de la Torre, quien aceptó olvidar pasados antagonismos a cambio del retorno a la legalidad tan pronto como Prado regresara al poder. Belaúnde denunció haber sido víctima de un fraude y se aprestó a capitanear la oposición parlamentaria al nuevo Gobierno, en el que iba a servir (1958) su tío Víctor Andrés, jurista y diplomático eminente, como ministro de Relaciones Exteriores.El 7 de julio de 1956 Belaúnde fundó en Chincheros, departamento de Cuzco, la Acción Popular (AP), fuerza centrista o conservadora moderada cuya oferta de profundas reformas para el país caló en las clases medias urbanas y profesionales así como en algunos propietarios rurales conscientes del atraso del agro peruano, todos los cuales no se sentían identificados ni con la derecha oligárquica y promilitar ni con el radicalismo y el ambiguo nacional-populismo que ofrecía el APRA, bien implantado entre las masas trabajadoras. AP se definía como un partido democrático, nacionalista, humanista y cooperativista, e incluso reivindicaba una actitud revolucionaria, antiimperialista e interclasista, una amalgama de nociones bastante sui generis que aspiraba a articular una vía alternativa a cualquiera de las ideologías conocidas, algunas autóctonas de Latinoamérica, otras importadas de Europa y Estados Unidos, ya fueran el socialismo científico, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el capitalismo liberal, el corporativismo conservador o el obrerismo no marxista. En estos años, Belaúnde dejó plasmado en una serie de libros su pensamiento político y social, sobre el que pivotaba una constante preocupación por los déficits y las posibilidades del país andino. Constituyen una suerte de trilogía La conquista del Perú por los peruanos, Pueblo por pueblo y El mestizaje de la economía, obras en las que el autor exhortaba a recuperar los valores y las formas de organización social del antiguo imperio inca, observado desde una perspectiva idealizada, al reencuentro de los peruanos modernos con las señas de identidad más propiamente nacionales depositadas en el espacio físico andino (un desconocimiento que tradicionalmente se ha reprochado a los blancos pitucos que conforman las clases dirigentes de la costa), y a diseñar un plan de acción económico que no se ciñera exclusivamente a la racionalidad liberal y que tuviera en cuenta las especificidades de la realidad peruana, por lo que concedía la máxima importancia a la planificación y la cooperación popular. Amigo de formular consignas aleccionadoras, la expresión “El Perú como doctrina” vino a sintetizar todo este elaborado pensamiento político.Belaúnde era, por otra parte, un hombre con un concepto de la caballerosidad y el honor de regusto decimonónico, que concedía una importancia extremada a las formas. Una manifestación muy aparatosa de este talante fuera de moda sucedió en enero de 1957, cuando llegó a retar a duelo al diputado pradista Eduardo Watson Cisneros después de que éste se negara a retractarse de una réplica a una carta pública en la que el dirigente opositor había puesto en tela de juicio la gestión gubernamental; para pasmo general, retador y retado acudieron a batirse con sable en el campo de aviación de Collique (otras fuentes hablan de una azotea de la Universidad de Ingeniería) y, según testimonios de la época, se infligieron algunos cortes superficiales antes de darse por mutuamente reparados.En mayo de 1959 Belaúnde fue arrestado cuando se disponía a inaugurar la convención anual del partido en Arequipa, que el Gobierno no había autorizado. Internado en el penal de la isla de El Frontón, frente a la costa limeña, a los doce días fue puesto en libertad no sin antes intentar la fuga por mar a nado, lo que puso en cuestión el celo de unos carceleros que simpatizaban con él y volvió a mostrar el arrojo y la sangre fría del político en situaciones de alto riesgo. El Gobierno de Prado tuvo también que parar el juicio criminal que le promovió ante la presión de la calle, en un momento de fuerte malestar social por la crisis económica.Todo estaba servido para el triunfo de Belaúnde en las elecciones generales del 10 de junio de 1962, pero, con el 32,9% de los sufragios, Haya de la Torre le adelantó por menos de un punto porcentual y 14.000 votos, mientras que a AP se le adjudicaron 78 escaños en la Cámara de Diputados. Se elevaron imputaciones de fraude, Belaúnde propuso formar una comisión cívica y el Ejército, donde las actitudes contra el APRA seguían muy fuertes, fue mas allá y exigió la suspensión de los comicios. Ante la negativa de Prado, el 18 de julio los militares encabezados por el general Ricardo Pérez Godoy dieron un golpe de Estado y formaron una Junta Militar, la cual, empero, no mostró intención de quedarse en el poder más allá de lo necesario hasta la celebración de nuevos comicios. Cuando Pérez Godoy dio muestras de aferrarse al sillón presidencial, sus propios compañeros de junta le sustituyeron por el general Nicolás Lindley López, partidario de regresar a los cuarteles cuanto antes.3. Primera presidencia: reformas socioeconómicas impugnadas a derecha e izquierdaLa segunda tentativa electoral se celebró el 9 de junio de 1963 y esta vez Belaúnde, aliado con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y apoyado por las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y los medios de comunicación, se apuntó la victoria con el 39% de los votos, derrotando a Haya de la Torre y al ex dictador Odría, esto es, los mismos protagonistas de la liza del año anterior. El 28 de julio Belaúnde tomó posesión de su mandato de seis años resuelto a llevar a cabo un programa de reformas profundas, que tenía para algunos un alcance verdaderamente revolucionario en un país necesitado de grandes transformaciones y para otros un matiz “incaísta”, rivalizando con el APRA por la atracción de la numerosa población indígena y mestiza. Ciertamente, Belaúnde supo cortejar al Perú profundo con innumerables visitas a núcleos rurales a lo largo y ancho del país, a lomos de caballería o a pie. Sin embargo, las dificultades no se hicieron esperar. Los intentos de expropiar los latifundios tropezaron con la resistencia de los grandes terratenientes y del propio campesinado indio, que se organizó en milicias armadas. En el Congreso, AP carecía de mayoría, aun con el apoyo del Partido Popular Cristiano (PPC, escisión del PDC en 1966) que lideraba el alcalde de Lima Luis Bedoya Reyes, y sus proyectos de ley relacionados con la reforma agraria o con la colonización del alto Amazonas tropezaron con la pinza conformada por el APRA -derechizado a ojos vista hasta el punto de hacerle el juego a la oligarquía- y la Unión Nacional Odriísta dirigida por el ex dictador. Belaúnde no respondió con belicosidad a este verdadero boicot antirreformista y, con más aplomo que vacilaciones, se resignó a desenvolverse por el estrecho cauce que le quedaba con pulcritud democrática no llegando, probablemente, a considerar nunca una salida autoritaria, tentación tantas veces realizada antes y después de él por gobernantes de toda América Latina. A falta de concreciones en unos capítulos esenciales para romper las viejas estructuras semifeudales del campo peruano, Belaúnde se concentró en obras públicas como la apertura de carreteras, la construcción de viviendas y el desarrollo de la tímida capacidad industrial del país. Pero para 1968 unos profundos malestar y desencanto campaban por el Perú. Belaúnde fue acusado por sus detractores de falta de liderazgo político, de inconsistencia en la gestión de la economía -devaluaciones monetarias inclusive- en una coyuntura de absoluta atonía, de inacción ante las imputaciones de implicación en negocios de contrabando hechas a miembros de su Gabinete, y, sobre todo, de conducir una política petrolera lesiva para los intereses nacionales.Particular polémica suscitó la firma el 13 de agosto de 1968 con la International Petroleum Company (IPC), la empresa estadounidense que explotaba desde hacía décadas los yacimientos norteños de La Brea-Pariñas, de un acuerdo por el que el Estado peruano renunciaba a cobrar los impuestos que la IPC le adeudaba a cambio de la transmisión a la Empresa Petrolera Fiscal peruana (EPF) de la titularidad de los pozos; entretanto, la IPC seguiría encargándose de extraer y comercializar el petróleo. El presidente presentó el acuerdo como un hito que zanjaba la larga disputa sobre los títulos de propiedad y que reintegraba a la soberanía nacional el suelo y el subsuelo de La Brea y Pariñas. Por contra, las Fuerzas Armadas encontraron en la transacción la excusa que buscaban para derrocar a Belaúnde en un golpe de Estado incruento que fue perpetrado el 3 de octubre de 1968, aunque el motivo último de la tercera injerencia castrense en veinte años pareció ser la perspectiva de una victoria del APRA en las elecciones generales de 1969. El edecán de Belaúnde, general Juan Velasco Alvarado, formó una Junta Revolucionaria y arrestó inmediatamente al mandatario, que fue metido en un avión con rumbo a Argentina. Poco después, Belaúnde estableció en Estados Unidos un exilio que se antojaba indefinido, ya que esta vez los militares habían usurpado el poder con la intención de quedarse y para ejecutar su propio programa político, definido como nacionalista, socialista, revolucionario y popular. Durante doce años Belaúnde ejerció la docencia en las universidades de Harvard, Columbia, John Hopkins y George Washington, casa de estudios que en 1979 le concedió un doctorado honoris causa, uno más entre los laureles académicos recibidos de diversas universidades de Estados Unidos y Europa. Durante este forzada expatriación, el ex presidente siguió atentamente las vicisitudes políticas peruanas y realizó tres visitas breves a su país por razones familiares; en diciembre de 1970 lo hizo para asistir al entierro de su madre, en enero de 1972 con motivo del grave estado de salud de su padre y en abril siguiente para asistir a su funeral.4. Segunda presidencia: crisis económica y subversión maoístaEn agosto de 1975 Velasco Alvarado fue removido de la Presidencia por sus compañeros y tomó el mando el general Francisco Morales Bermúdez, quien sin dar carpetazo total al programa revolucionario del Gobierno sí imprimió un viraje a la moderación ideológica. En julio de 1977 Morales anunció un cronograma para la devolución del poder a un gobierno civil electo en 1980 y Belaúnde decidió retornar al Perú para pilotar su partido en la etapa política que se abría y, eventualmente, participar en las convocatorias electorales. Escéptico aún sobre los propósitos del Gobierno militar, prefirió boicotear las elecciones del 18 de junio de 1978 a una Asamblea Constituyente, facilitando la mayoría del APRA y convirtiendo al PPC en la primera fuerza representativa del centroderecha peruano. Pero, una vez comprobado que los militares deseaban, efectivamente, abandonar el Gobierno siempre que las autoridades civiles salvaguardaran su inmunidad contra eventuales acciones penales, el veterano dirigente se sumó a la transición.No obstante su automarginación de la consulta de 1978, AP cosechó una rotunda victoria en las elecciones generales del 18 de mayo de 1980; en las presidenciales, Belaúnde recibió el 44,9% de los votos, casi el doble que los obtenidos por el aprista Armando Villanueva del Campo y cinco veces más que Bedoya Reyes; en las legislativas, la alianza de AP, PPC y PDC se aseguró en ambas cámaras del Congreso -y AP por sí sola en el caso de la Cámara de Diputados, al hacerse allí con 98 de los 180 puestos- la mayoría absoluta. A los ojos de una parte significativa de los peruanos, la figura patriarcal de Belaúnde encarnaba el retorno de las instituciones democráticas y el orden civil al cabo de la decepcionante experiencia del velasquismo, que se empantanó en el autoritarismo, la corrupción y una retórica revolucionaria sin realizaciones de progreso material.El 28 de julio Belaúnde, a la edad de 77 años, tomó posesión de la Presidencia con un mandato quinquenal en una ceremonia de la que se ausentó el general Morales, lo que vino a simbolizar, más que una transferencia de poder, la restitución del cargo del que el anciano estadista había sido despojado 12 años atrás. Desde la balconada de la Casa de Pizarro, sede del Ejecutivo nacional, el mandatario proclamó: “Las puertas del Palacio de Gobierno se abren a todos los peruanos. Se quiere concertación, se quiere, tal vez, que invitemos a destacados personajes, con mucho gusto, pero antes invitamos al destacado pueblo del Perú”. Sus primeras disposiciones, el mismo día 28, fueron ratificar la Constitución promulgada el 12 de julio del año anterior y firmar la amnistía política y administrativa para los jefes militares, aprobada por el Congreso en la misma sesión de investidura.En su segunda administración, Belaúnde asumió con cautela la gestión de la pesada herencia del régimen militar, que había dejado sumido al país en un formidable marasmo económico, si no en la ruina. Prodigando elogios a los uniformados por su retorno voluntario a los cuarteles y ratificándose en la decisión de no revisar su actuación gubernamental, Belaúnde se abstuvo de lanzar la desregulación y la desestatalización generales de la economía nacional más allá de algunas privatizaciones en los sectores bancario, minero y petrolero, y de iniciativas parciales para atraer las inversiones foráneas y abrirse a los flujos internacionales del libre mercado en régimen de competencia. La medida más destacada, y polémica, en ese sentido fue la Ley Nº 23231, más conocida como Ley Kuczynski por su promotor, el ministro de Energía y Minas Pedro Pablo Kuczynsky, que otorgó una generosa exoneración tributaria a las compañías energéticas extranjeras. Sin duda, Belaúnde temía que las reformas de carácter traumático levantaran tensiones y antagonismos sociales capaces de malograr la aún frágil democracia peruana, una contención que fue muy criticada por la derecha liberal. Ahora bien, el mandatario sí revirtió, y también en las primeras horas de su presidencia, uno de los más importantes aspectos colectivistas del velasquismo con la devolución a sus propietarios de las cabeceras de prensa que en 1974 habían sido expropiadas y entregadas a diversas organizaciones sociales; esta gestión popular de los medios escritos, teóricamente, debió haber favorecido el pluralismo informativo y la democratización en la selección de las noticias, pero en realidad generó una prensa subjetiva al servicio del régimen militar; con todo, colectivos indigenistas y de la izquierda lo consideraban una importante conquista social, así que protestaron enérgicamente por el decreto de Belaúnde.El disgusto en la calle se incrementó cuando el Gobierno, para hacer frente a una deuda exterior de 10.000 millones de dólares, un déficit presupuestario equivalente al 9% del PIB y una inflación del 70% anual, se decantó por una política de subidas salariales moderadas y alzas en los precios de los alimentos básicos y los combustibles hasta cuatro veces superiores. Ya en enero de 1981 el Gobierno encajó su primera huelga general por la eliminación de subsidios al consumo, a lo que Belaúnde respondió con una llamada al diálogo directo con las fuerzas políticas y sindicales.Al agravamiento de la situación social y económica, cuya manifestación palmaria era, no ya la conflictividad obrera, sino el éxodo de pobladores de la sierra hacia las ciudades de la costa en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, coadyuvó el resurgimiento, con fuerza inusitada, de la subversión guerrillera del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y, sobre todo, del siniestro Sendero Luminoso, liderado por el profesor universitario Abimael Guzmán Reynoso. Lanzados a la lucha armada en Ayacucho justo cuando el país recobraba la democracia, los senderistas habían surgido en 1971 como una escisión ultrarradical del Partido Comunista Peruano (haciéndose llamar “el PCP por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui”, siendo éste un conocido intelectual comunista que propugnó la revolución social del campesinado peruano y al que los disidentes del PCP tomaron por su mentor doctrinal), les guiaban el modelo maoísta chino y el de los jmeres rojos camboyanos, y, como ellos, pretendían la toma violenta del poder mediante la guerra popular revolucionaria, desde el campo a las ciudades.Mixtura de guerrilla y banda terrorista, Sendero Luminoso se lanzó a un combate frontal contra el Estado peruano que por momentos tomó la traza de una agresión indiscriminada al conjunto de la sociedad, causando miles de muertos y gravísimos quebrantos a las infraestructuras productivas y de comunicaciones. La Guardia Republicana se vio desbordada por la guerrilla y a finales de 1982 Belaúnde, a su pesar, tuvo que involucrar al Ejército en las labores de contrainsurgencia. 1983 fue un año especialmente difícil, por el agravamiento de la crisis económica, la escalada terrorista de Sendero Luminoso, la multiplicación de los asesinatos políticos y, finalmente, las calamidades naturales. En junio Belaúnde declaró el estado de emergencia, lo que llevaba implícito la suspensión de garantías constitucionales, y también solicitó al Congreso el restablecimiento de la pena de muerte para los reos por delitos de terrorismo. Todo esto produjo más inquietud por cómo las fuerzas de seguridad del Estado estaban desarrollando las operaciones contrainsurgentes y contraterroristas, multiplicándose las denuncias de conculcaciones masivas de los Derechos Humanos de población civil cogida entre dos fuegos.En 1984 la recesión económica pudo ser superada por una fluctuación positiva en los mercados internacionales de minerales que Perú exportaba, pero la situación financiera y monetaria siguió sin tocar fondo. En abril se produjo una crisis de Gobierno con la dimisión del primer ministro Fernando Schwalb López y la retirada del PPC de la coalición como protesta por la reluctancia de Belaúnde a, tal como demandaba el FMI para refinanciar la deuda exterior peruana, extremar la austeridad presupuestaria, ya que ello habría imposibilitado la ejecución de determinadas obras de desarrollo vial, hidroenergético y urbanístico que el presidente consideraba imprescindibles para apaciguar las tensiones sociales. Entretanto, la violencia, subversiva y antisubversiva, alcanzaba niveles alarmantes. No obstante tanta crispación, Belaúnde conservó unas formas flemáticas y mayestáticas que reflejaban ecuanimidad y reflexión pausada, una medición de las palabras y los ademanes que le hicieron acreedor del epíteto de Señor del gesto y algún comentario mordaz sobre si no lo habría hecho mejor como “presidente de Suiza”. Como en su primer período presidencial, evitó las salidas anticonstitucionales y aseguró el funcionamiento del proceso democrático con la celebración puntual de elecciones municipales, ausentes durante la dictadura militar. Ya en la primera convocatoria, el 23 de noviembre de 1980, AP cayó al 35% de los sufragios, y en la segunda, el 13 de noviembre de 1983, el partido del presidente sufrió una derrota total, perdiendo las alcaldías de todas las capitales departamentales, incluido el baluarte de Arequipa.A comienzos de 1985 Sendero Luminoso seguía golpeando casi a capricho y la situación social y económica era deplorable, con el dólar cotizando a 12.000 soles, la inflación en torno al 230%, la deuda externa rebasando los 14.000 millones de dólares y el desempleo afectando a casi una tercera parte de la población activa. El Estado era insolvente ante sus deudores y el Gobierno incurrió de hecho en la suspensión de pagos, si bien no llegó a declarar la moratoria de la deuda. En tales circunstancias, no constituyó ninguna sorpresa el hundimiento de AP en las elecciones generales del 14 de abril de 1985; en las presidenciales, el candidato oficialista, Javier Alva Orlandini, viejo colaborador de Belaúnde, no pasó del 7% de los votos y fue vapuleado por el joven aspirante aprista Alan García Pérez, por Alfonso Barrantes Lingán, de Izquierda Unida (IU), y por Bedoya Reyes, mientras que en la Cámara de Diputados la representación acciopopulista se recortó hasta los diez legisladores. Belaúnde transmitió la banda presidencial a García el 28 de julio y fue automáticamente investido senador vitalicio en calidad de ex presidente constitucional.5. Presencia prolongada en la política nacionalEn los años siguientes, no menos pródigos en agitaciones y sobresaltos, el anciano estadista continuó influyendo en el desarrollo político. El 12 de febrero de 1988 se unió al Movimiento Libertad promovido por el prestigioso literato Mario Vargas Llosa, el PPC y el Grupo Solidaridad y Democracia bajo la sombrilla del Frente Democrático (FREDEMO), alianza concebida como un instrumento de oposición al Gobierno del Partido Aprista Peruano (PAP, es decir, el APRA) y como plataforma de la aspiración presidencial de Vargas Llosa en las elecciones del 8 de abril de 1990, una apuesta personal de Belaúnde que contrarió a algunos dirigentes de AP por propugnar el ilustre literato la terapia de choque económica a la usanza neoliberal. El novelista fue el candidato más votado en la primera vuelta, pero en la segunda, el 10 de junio, fue barrido por el ingeniero independiente de origen japonés Alberto Fujimori. En las elecciones al Congreso, AP registró una importante recuperación y aumentó sus diputados a 26.Belaúnde adoptó una actitud moderadamente crítica al nuevo Gobierno de Fujimori, si bien la endureció a raíz de su autogolpe de Estado de abril de 1992, por el que el presidente suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y se arrogó plenos poderes. Reproduciendo la estrategia de 1978-1980 cuando el régimen militar, Belaúnde decidió el boicot de AP a las elecciones del 22 de noviembre de 1992 al Congreso Constituyente Democrático convocado por Fujimori, pero lo levantó en las elecciones generales del 9 de abril de 1995. Belaúnde declinó la invitación de su partido de ser el candidato presidencial y también se desvinculó de la coalición Unión por el Perú (UPP) formada por personalidades de diverso signo para sostener el envite presidencial del antiguo secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. En estos comicios, que validaron a Fujimori en el poder, AP cosechó los peores resultados de su historia, al quedar su candidato Raúl Diez Canseco Terry, sobrino de Belaúnde, en la sexta posición con un minúsculo 1,6% de los votos y colocar en el nuevo Congreso de la República sólo cuatro diputados, correspondientes al 3,3% de los votos.El 6 de junio de 1997 Belaúnde estableció con la UPP, el PAP, el PPC, IU y el Frente Independiente Moralizador (FIM) de Fernando Olivera Vega el Bloque Parlamentario de Oposición Democrática, con el objetivo, a la postre infructuoso, de impedir a Fujimori presentarse al tercer mandato en virtud a una discutible interpretación de la nueva Constitución. Pero AP era ya una fuerza absolutamente minoritaria en el renovado sistema de partidos peruano y no jugaba más que un papel secundario en los tiras y aflojas entre el fujimorismo y la oposición. El representante de la histórica formación para las controvertidas elecciones de abril de 2000, Víctor Andrés García Belaúnde, otro sobrino del ex presidente, quedó en octavo lugar con un testimonial 0,4% de los votos, mientras que la lista al Congreso recolectó el 2,5% de los votos, lo que dio derecho a tres escaños. Uno de estos diputados era el secretario general de AP, Valentín Paniagua Corazao, un abogado que había servido como ministro en los gobiernos acciopopulistas, el cual fue elegido presidente del Congreso el 16 de noviembre de 2000 en un raro ejemplo de consenso entre partidarios y opositores de Fujimori. Cuando éste, confrontado a una situación insostenible de rechazo general a su régimen pseudodemocrático abandonó el poder días después, correspondió a Paniagua asumir la Presidencia con carácter interino, hasta la celebración de las nuevas elecciones, lo que devolvió a AP, si bien fugazmente y con carácter más formal que otra cosa, a la dirección del Ejecutivo. En los comicios de abril de 2001, ganados por Alejandro Toledo Manrique y su Perú Posible , AP no presentó candidato a la Presidencia y sí concurrió a la votación del Congreso, siendo, con el 4,2% de los sufragios, incapaz de incrementar su trío de diputados. El 2 de septiembre del mismo año Belaúnde, enfermo de cáncer de piel y con problemas vasculares, cedió la jefatura política de AP a Paniagua en el segundo día del XIII Congreso Nacional Extraordinario del partido. El 1 de junio anterior había muerto de un cáncer de pulmón su esposa y estrecha colaboradora, Violeta Correa, con la que se había casado siete años después de divorciarse de su primera cónyuge y madre de sus tres hijos, Carola Aubry. El 24 de mayo de 2002 el estadista fue ingresado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas de Lima al sobrevenirle un derrame cerebral y el 4 de junio falleció a causa de un paro cardíaco. Tenía 89 años.El presidente Toledo decretó tres días de duelo nacional y el tributo de honras fúnebres, como si fuera jefe de Estado en activo, a Belaúnde, que fue inhumado el día 6 en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Las principales personalidades de la política peruana expresaron su pesar por el deceso y su respeto por la figura de Belaúnde, al que calificaron de servidor público excepcionalmente honesto, de estadista de principios y revestido de una “enorme autoridad moral”, de gran latinoamericanista y de “arquitecto” de la democracia peruana, un coro de panegíricos que, de alguna manera evocaba, la desazón instalada en la opinión pública por la aguda crisis de credibilidad y de moralidad que padecían las instituciones del Estado y el conjunto de la clase política. Además de los libros arriba citados, Fernando Belaúnde publicó Carretera Marginal de la Selva (1967) y la autobiografía Autoconquista del Perú. Hasta su muerte fue miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de la Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos.(Cobertura informativa hasta 1/10/2002)

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Principales reformas en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado

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Principales reformas en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado

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Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se implementaron algunas reformas importantes en el Perú:

Reforma agraria: Expropiación de grandes latifundios y redistribución de tierras a campesinos y comunidades indígenas para eliminar el sistema de haciendas.

Reforma educativa: Se impulsó una educación más inclusiva, con énfasis en la alfabetización y la enseñanza en lenguas nativas.

Reforma industrial: Nacionalización de sectores estratégicos como el petróleo (Petroperú) y la minería.

Reforma laboral: Se fortalecieron los derechos de los trabajadores y se incentivó la participación sindical.

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Obras durante el gobierno del Onchenio de Odria

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Obras durante el gobierno del Onchenio de Odria

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Se construyeron edificios como el ministerio de educación y el ministerio de salud, se inauguraron hospitales importantes como el Hospital Obrero, se construyó el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos y se realizaron carreteras entre otras infraestructuras públicas que contribuyeron al desarrollo urbano y rural del país.

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Características del Perú durante el periodo del Onchenio de Odría 

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Características del Perú durante el periodo del Onchenio de Odría 

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Económicas: Se promovió la inversión extranjera y la industrialización. La infraestructura creció con la construcción de hospitales, ministerios y carreteras.

Políticas: El gobierno fue una dictadura militar que restringió libertades civiles y persiguió a opositores, especialmente apristas y comunistas.

Sociales: Se impulsaron políticas laborales, pero con limitaciones para los sindicatos. Hubo represión a movimientos sociales.

Culturales: Se fomentó el deporte, la educación y obras públicas, con la construcción de grandes proyectos como estadios y escuelas.

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Económicas:

Modelo de economía de exportación: La economía peruana se centró en la exportación de productos como minerales, guano y azúcar. Este enfoque benefició a una élite económica, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones difíciles.

Inversiones en infraestructura: Leguía promovió la construcción de caminos, puentes y edificios públicos, lo que buscaba modernizar el país y mejorar el comercio interno y externo.

Crisis económica de 1929: Hacia el final del Oncenio, la Gran Depresión afectó gravemente la economía peruana, reduciendo las exportaciones y aumentando el desempleo, lo que generó descontento entre la población.

Políticas:

Gobierno autoritario: Leguía estableció un régimen autoritario, disolviendo el Congreso y limitando las libertades civiles. Su gobierno se caracterizó por la represión de la oposición y el control de los medios de comunicación.

Constitución de 1920: Se promulgó una nueva constitución que, aunque modernizaba algunos aspectos del Estado, también consolidó el poder de Leguía, permitiendo su reelección.

Intervención militar: Para mantener el control, Leguía se apoyó en las fuerzas armadas, lo que marcó un retorno del militarismo en la política peruana.

Sociales:

Movimientos sociales: Durante este período, se intensificaron los movimientos obreros y estudiantiles, que luchaban por derechos laborales y reformas sociales, reflejando el descontento con el modelo económico.

Desigualdad social: La riqueza se concentró en manos de unos pocos, mientras que las condiciones de vida de las clases trabajadoras y campesinas eran muy precarias, lo que generó tensiones sociales.

Educación y cultura: Se promovieron reformas educativas para mejorar el acceso a la educación, aunque con un enfoque que favorecía a Lima sobre las regiones del país.

Culturales:

Promoción de la identidad nacional: Leguía impulsó un nacionalismo cultural, promoviendo la cultura peruana a través de eventos y la creación de instituciones culturales, buscando un sentido de unidad entre los peruanos.

Desarrollo de las artes: Se fomentó el crecimiento de las artes, como la literatura y la música, con un enfoque en la identidad peruana, aunque a menudo ligado a la propaganda del régimen.

Influencia de corrientes extranjeras: A pesar del énfasis en la identidad nacional, el Oncenio también estuvo marcado por la influencia de corrientes culturales extranjeras, especialmente de Europa y Estados Unidos, que impactaron en la educación y el arte.

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CONTRERAS / MOSQUERA / MACARENA / 0009-0004-5704-8264

BERNEDO / ROJAS / CAMILA / 0009-0005-0841-4173

CASTILLO/ CORDOVA/ ANA VALERIA/ 0009-0008-8497-5847

CUEVA / CHINCHAY / HENRY / 0009-0001-0305-5037

TOLENTINO / 0009-0006-2344-9005

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POLITICAS: El Partido Civilista mantuvo la hegemonía durante todo el periodo de la República Aristocrática. En algunas ocasiones, lo hizo aliándose al Partido Demócrata y, en otras, al Partido Constitucional.Los miembros del partido controlaban las grandes haciendas de la costa, así como las estructuras agro-exportadoras del país. Para ampliar su control económico, establecieron alianzas con los gamonales, terratenientes de las provincias interiores.

ECONOMICAS : La economía fue uno de los asuntos más importantes de la República Aristocrática. Sus gobiernos se centraron en el impulso y desarrollo de nuevas actividades, normalmente ideadas para la exportación.

La ideología del Partido Civilista era, en lo económico, muy cercana al liberalismo. Así, el Estado debía ser pequeño y sin grandes gastos.

Los civilistas eran contrarios al intervencionismo, por lo que redujeron el gasto público de manera considerable. Como defensores del libre mercado, dejaron el protagonismo a la empresa privada.

SOCIALES :

Se excluyó a las clases trabajadoras. Todos los privilegios quedaron en manos de los grandes propietarios de haciendas y comercios.

También existía una gran discriminación racial hacia los peruanos de origen indígena y africano. Por ello, se produjeron movilizaciones, siendo de especial importancia aquellas que reclamaban la jornada laboral de 8 horas.

Montano, J. (2023b, junio 12). República aristocrática. Lifeder. https://www.lifeder.com/republica-aristocratica/