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Derecho a la identidad : Para nosotros todos estan en su derecho a ser reconocidos, llamados por un nombre, tener dni, saber quienes eran o son sus padres y familia. Es como que de chiquito te separen de tu mama y papa y nos los vuelvas a ver. Te cambien el nombre y no sepas tu verdadero nombre, nacionalidad y edad.

Derecho a la salud : Para nosotros tener derecho a la salud es poder ir a un hospital o doctor y ser atendido, no discriminarte o no atenderte no puede pasar. Todos tienen que tener derecho de ejemplo: tener dolor de cabeza, vomitos, dolor de panza poder ir al doctor.

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En mayo de 2012, fue promulgada en nuestro país la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género. Dicha norma constituye la incorporación al derecho argentino de las reivindicaciones del colectivo travesti/transgénero en cuanto al derecho a la identidad. En efecto, recogiendo el criterio extendido en el mundo que brega por la despatologización de la identidad de género establece en el Artículo 1 que "toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada".

Fue un gesto reparador para quienes por tantos años sufrieron todo tipo de discriminaciones, al mismo tiempo que abría hacia el futuro un panorama completamente distinto para "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo".

En este caso particular, la Oficial de la Policía Federal Argentina "PA" fue desligada de sus funciones en 2010 para posteriormente ser pasada a retiro en base a la aplicación del artículo 49 de la Ley 21.965 que determinó la disponibilidad de la agente basada en los dictámenes de la División Junta Permanente de Reconocimientos Médicos. Esta arbitrariedad dio lugar a un reclamo administrativo que le permitió años después ser reincorporada, contando con el apoyo institucional del INADI y de un dictamen esclarecedor de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Obra: Mujer objeto - Autor: González Taboas, Eduardo

Un largo periplo judicial

Todo comenzó en Septiembre de 2010 con un informe técnico-médico de la División Permanente de Reconocimientos Médicos de la Policía Federal. Allí se dejó constancia de que la Oficial padecía una "afección de carácter irreversible" que significaba una "incapacidad laborativa para la vida civil de carácter parcial y permanente del 10% de la total obrera". La tipificación jurídica que se le aplicó a la causa para el pase a situación de retiro fue "Trastorno de Identidad Sexual", "Trastorno de angustia" y "Trastorno de Personalidad no especificado".

Dado los términos patologizantes en que fuera elaborado el diagnóstico, se le otorgaron sucesivas licencias médicas, que tal como resultó de la aplicación de la normativa, transcurridos dos años la colocaban en situación de retiro obligatorio tal como se dejó sentado en la Resolución 999/11 del Ministerio de Seguridad.

Un mes más tarde, sin embargo, el citado Ministerio publicaba una serie de medidas tendientes a garantizar el respeto a la identidad de género. Lo que provocó, claro está, la objeción por parte de la agente afectada, quien manifestó su deseo de ser tratada como mujer y la tramitación de la documentación correspondiente a su género autopercibido. Este pedido resultó rechazado por la fuerza de seguridad basándose en el informe de la Junta Permanente de Reconocimientos Médicos ya citado.

Frente al reclamo iniciado por "PA" la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad expresó que dado que su retiro podría tratarse de un "posible acto discriminatorio" aconsejó iniciar una auditoría sobre la actuación de la Junta. En aquella oportunidad se determinó que la agente poseía las competencias necesarias para prestar servicios, y que la afectada debía ser reincorporada manteniendo el estatus del que gozaría si no hubiera sufrido tal arbitrariedad por parte de la Junta Permanente.

Dicha decisión, a su vez, fue puesta en cuestión por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial y el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Seguridad que mantuvieron que el retiro fue legítimo dado que estaba dentro de los supuestos de la Ley 21.965. Por lo tanto, ambas instancias descartaban cualquier arbitrariedad o acto discriminatorio fundar la decisión en antecedentes psicofísicos de la oficial.

Interviene nuevamente la Dirección Nacional de Derechos Humanos e insiste en el criterio de cuestionar las conclusiones de la Junta Calificadora con el siguiente razonamiento: dado que las sucesivas licencias se justificaban en un criterio discriminatorio y patologizante de la identidad de género implicaría que "(...) la exclusión continuaría profundizando la situación estructural de discriminación" y que sostener dichos criterios "echaban por tierra la normativa internacional".

En el año 2011 y en miras a adecuar la normativa a la recientemente sancionada Ley 26.743, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución N° 1181 que estableció la obligación de los Cuerpos Policiales de referirse tanto a las personas que integran la Institución como las ajenas de acuerdo a su autopercepción de género. Ello en cuanto la mencionada ley no exige diagnóstico y tratamiento psicológico alguno para el reconocimiento del derecho a la identidad de género.

Un dictamen para hacer justicia

La negación del derecho a la identidad de la integrante de las fuerzas de seguridad implicaba su expulsión de la función pública por su condición de mujertrans. En este derrotero llega en consulta a este Organismo para que se expida con relación a la Resolución N° 999/11 del Ministerio de Seguridad y de considerarse ilegítima, si jurídicamente resultaría viable la reincorporación de la oficial a la Policía Federal.

El 2 de Julio del 2015 se publica el Dictamen n° 159/15, a raíz de la consulta que se le realiza a la PTN sobre la legitimidad de la Resolución N° 999 del 7 de octubre de 2011.

En ese sentido y amparándose en la Ley 26.743 antes mencionada, el Dictamen sostuvo que el Ministerio de Seguridad a través de dicha Resolución desconoció "el derecho a la identidad de género de la agente". Asimismo, en contra de los argumentos que pretendieron deslegitimar el reclamo de "PA" debido a que la ley de identidad de género fue sancionada con posterior, mediante este decisorio la PTN establece un criterio interpretativo amplio basado en el artículo 33 de la Constitución Nacional (CN): "las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución de no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados".

Bajo una interpretación dinámica de la CN, el dictamen concluye que la carta magna no establece derechos sino que los reconoce y en consecuencia, existen en cabeza de los habitantes de la Nación otros derechos y garantías aunque no estén reconocidos expresamente. De esta forma concluye que "el intérprete debe efectuar toda exégesis normativa privilegiando la adaptación continua del texto constitucional a la evolución y cambios que experimenta la vida social (...) no es acertada una interpretación estática de la Constitución Nacional".

En efecto, el pronunciamiento de la PTN se apoya en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su primer artículo establece que los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social"; por otra parte, el artículo 23 dispone que "todos los ciudadanos deben gozar del derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país pudiéndose reglamentar dicho ejercicio, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal". Por último, el artículo 24 indica que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección legal".

Hacia el final del dictamen en comentario, la Procuración entiende que la Resolución N° 1181/11 le impone a los Cuerpos Policiales adecuar el trato, tanto a las personas que están dentro y fuera de la Institución, según su identidad de género, así señaló que "Desde este prisma hermenéutico, el derecho al libre desarrollo de la personalidad busca garantizar el acceso a los derechos de la población Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, e Intersexuales (LGTBI), en condiciones de igualdad y de no discriminación". En conclusión, se recomienda "revocar por razones de ilegitimidad de la Res. 999 y adoptar las medidas necesarias tendientes a la reincorporación de la agente a la Policía Federal Argentina".

En el año 2017, el Ministerio de Seguridad reincorporó a la PFA a AP con rango de Subcomisaria, cargo que le hubiere correspondido de no mediar una interpretación patologizante de su identidad de género. Una reparación tardía, que sin embargo logró hacer justicia ante tamaño atropello y permitió sentar los antecedentes para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de quienes integran las fuerzas de seguridad.

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El Derecho a la Identidad: una defensa desde el Estado

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Los dictámenes de la Procuración también impactan en nuestra vida diaria: compartimos la historia detrás de una mujertrans que fue retirada de la PFA con base en criterios patologizantes, y que gracias a su lucha y a la concreción normativa del derecho a la identidad de género pudo ser reincorporada.

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Introito. El derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr (denominado "derecho a la salud") se consagró por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946). La OMS da un concepto que comprende a la persona humana en su integralidad: " La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades." Seguidamente predica que " El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social." Así, para la OMS: i) la persona tiene derecho a gozar "del grado máximo de salud que se pueda lograr", pero ello va a depender de circunstancias inherentes a ella (por ej., biológicas), como externas a ella (por ej., el progreso de la ciencia en determinado momento histórico); ii) que el derecho a la salud es reconocido como un derecho humano fundamental; iii) del cual no puede ser privada la persona humana bajo ninguna circunstancia o condición (derechos de igualdad y no discriminación). El derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud (no implica el derecho a estar sano), pero obliga a los gobiernos y a las autoridades públicas a establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención de la salud en el plazo más breve posible (aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 [Art. 12] y la Observación General Nº 14/2000).

¿El derecho a la salud es un derecho humano autosuficiente? En el año 2000 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expidió la Observación General N° 14/2000 en la cual se sostiene que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.

El derecho a la salud en el Derecho Internacional de los DDHH. En el párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que " toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1º del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen " el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párrafo 2º del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas " medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho". Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1º del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; igualmente, en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Se reconoce el derecho a la salud, también, en el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.

El derecho a la salud en el derecho constitucional argentino. La Constitución formal de 1853-1860 no contenía normas sobre derechos sociales, por ende, tampoco sobre el derecho a la salud. La doctrina y la jurisprudencia hallaron fundamentación normativa (en la constitución histórica) en el artículo 33 (derechos implícitos; encuentran su fuente en el espíritu de la Constitución, en su filosofía política). La reforma de la Constitución Nacional (CN) del año 1957 incorporó, a través del artículo 14 bis, los llamados derechos sociales: de la familia, de los gremios, de la seguridad social, pero no reconoció expresamente el derecho a la salud. Con la reforma constitucional de 1994 encontramos una doble protección de los derechos relacionados con la salud: implícita y explícita. Si bien el constituyente reformador desperdició una formidable oportunidad para incluir en forma expresa los derechos a la vida y a la salud en el texto constitucional, surge de éste que, además de emanar como un derecho implícito conforme la cláusula constitucional contenida en el artículo 33, CN, también incorporó, por un lado, ciertos preceptos que tienen en cuenta al derecho a la salud y a la protección de usuarios de servicios de salud y, por otra parte, otorgó jerarquía constitucional a diversas normas del derecho internacional que reconocen manifiestamente (reconocimiento explícito) el derecho a la salud (art. 75, inc. 22, CN).

El "nuevo" artículo 41, CN, menta el derecho a la "preservación del medio ambiente". En él se incluye el derecho a una mejor calidad de vida (denominado derecho constitucional de tercera generación). El primer párrafo del artículo 41, CN, comprende el derecho al medioambiente: " Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo " (...).

El también "nuevo" artículo 42, CN, atiende a la protección de la salud de los usuarios de bienes y servicios, comprendiendo tal precepto los servicios de salud, siendo los pacientes los "consumidores" de aquellos. La cláusula constitucional establece: " Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno" (art. 42, CN, primer párrafo). Los ciudadanos tienen el derecho al control de calidad de los alimentos, medicamentos, servicios y bienes en general que consumen, en orden a que éstos no sean perjudiciales a su integridad psicofísica. El artículo 42 citado es congruente con la protección de la persona humana, pues la protección de la salud es un corolario del propio derecho a la vida (y a la integridad física), de la persona humana, reconocido en los textos internacionales y constitucionales.

En el conjunto de constituciones provinciales, principalmente desde la recuperación de la democracia (1983), se insertaron cláusulas protectorias de la persona humana o de temas relacionados con la salud; v.gr., sobre la ancianidad, los colegios profesionales, la defensa del consumidor, el derecho a la información, el derecho a la salud, la dignidad, la discapacidad, la investigación, los medicamentos, la mujer, la niñez, los profesionales, la salud, la salud mental, la seguridad social, el seguro de salud, la vida y los derechos reproductivos. En especial, sobre el derecho a la salud, encontramos cláusulas constitucionales en las constituciones de Buenos Aires (art. 36); Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA- (art. 20); Catamarca (art. 64); Córdoba (arts. 51 y 59); Chaco (art. 36); Chubut (art. 18, 2.); Entre Ríos (art. 19); Formosa (art. 80); Jujuy (art. 21); La Rioja (art. 57); Neuquén (art. 134); Río Negro (art. 59); Salta (art. 41); San Juan (art. 61); San Luis (art. 57); Santa Fe (art. 19); Santiago del Estero (arts. 16 y 21) y Tucumán (art. 146).

Al derecho a la salud, asimismo, lo hallamos regulado en la norma infraconstitucional que legisla el Seguro de Salud. La ley 23.661, en su artículo 1º establece: " Créase el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica". (...). En concordancia con esa norma, el artículo 2º, ley 23.661, prescribe: "El seguro tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva"). El seguro de salud mentado no halló la articulación deseada con las jurisdicciones que integran el país federal, a pesar que se estableció el mecanismo de adhesión en los artículos 48 a 50 de la ley 23.661.

El titular del derecho a la salud. En esta segunda década del siglo XXI la respuesta acomete fulminante: el titular del derecho humano a la salud es la persona humana. Pero ello no siempre fue así. Parecería ser que, en el ámbito de la titularidad, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa (1789) se expresaron formalmente en términos de universalidad; los derechos en ellas proclamados corresponden a todos los individuos por el mero hecho de su nacimiento (" los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos", afirmaba el art. 1º de la Declaración francesa). Empero, en relación al contexto socioeconómico en que surgieron, ambas Cartas fueron concebidas en beneficio de la burguesía; encajaban en un determinado arquetipo de persona: varón, adulto, ciudadano y propietario. Ya en el siglo XX, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, ONU, 1948), fue el primer documento de DDHH de alcance universal en el cual se articularon los derechos y libertades del género humano (hombres y mujeres). En 1966 se aprobaron los Pactos de DDHH de la ONU: de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No obstante, los cambios socio culturales y jurídicos en la sociedad mundial hicieron que se aprobasen nuevos instrumentos de DDHH para situaciones especiales (por ej., la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes). En dicho marco de tutela de los DDHH, se elaboraron normas internacionales de protección de los derechos humanos (el derecho a la salud inclusive) de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas mayores, de los discapacitados, de los sufrientes mentales, de las personas según la orientación sexual e identidad de género, de los pueblos originarios y de los migrantes.

El derecho judicial. A través de sus sentencias, ha sido prolífico en la protección del derecho a la salud de los habitantes de la República Argentina; ello, especialmente, a partir del rescate de la democracia en el año 1983. Desde entonces, por la revitalización de la democracia y con fundamento en el derecho internacional de los DDHH (art. 75, inc. 22, CN), en general, los tribunales de justicia han dado amparo a las personas que recurren a ellos en busca de justicia cuando les es negado el acceso a la atención de la salud. En el recorrido del historial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de sus sentencias, se visibiliza un luminoso sendero de protección del derecho humano a la salud. ( Ver el Boletín de Jurisprudencia sobre el "Derecho a la Salud" elaborado por la Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN)

Bibliografía
CARNOTA, Walter F. (2014). La salud como bien constitucionalmente protegido. En Garay, Oscar E. (Director), La responsabilidad profesional del médico, 2da. ed. Buenos Aires: La Ley.

FERREYRA, Rodolfo Fabián (setiembre 2006). El derecho a la salud a la luz de nuestro régimen constitucional. LLNOA, 906.

GARAY, Oscar Ernesto (2012), El derecho a la salud. En Tratado práctico de la legislación sanitaria, 1ª ed., pp. 103 a 178. Buenos Aires: La Ley.

GARAY, Oscar Ernesto. La legislación sanitaria y el derecho a la salud. Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Volumen: 2012-4, pp. 134 a 137. Buenos Aires: La Ley.

GARAY, Oscar Ernesto. Protección de la persona y temas de la salud en el Código Civil y Comercial, En La Ley. Revista Jurídica Argentina, Volumen: 2014-F, pp. 1 a 9. Buenos Aires: La Ley.

Office de las Naciones Unidas Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Organización Mundial de la Salud (OPS), El derecho a la salud, Folleto informativo Nº 31.

Organización Mundial de la Salud (OMS), Veinticinco preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos, Serie de publicaciones sobre Salud y Derechos Humanos, N° 1, julio de 2002.

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Recibido: 07/09/2016; Publicado: 03/2017

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Introito. El derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr (denominado "derecho a la salud") se consagró por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946).

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¿Qué es la identidad? - Día Nacional del Derecho a la Identidad - Canal Pakapaka

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El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana por su condición de tal y por el sólo hecho de serlo.

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El derecho a la identidad de la persona y su protección son uno de los ejes sobre los cuales giran los demás derechos que, en conjunto, definen a la persona humana; guarda un vínculo estrecho con los derechos siguientes: a no ser discriminado/a, a la salud, a la intimidad, a una vida digna y a tener sus propias creencias religiosas, de pensamiento y de opinión, entre otros.