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Si reforzamos e invertimos en  este sistema de rehabilitación de los reclusos para enfrentar su nueva vida laboral, luego de cumplir con su condena, obtendremos por una parte gente que se de cuenta que sí hay una vida por la que vale la pena trabajar, esforzarse y salir adelante de el circulo vicioso del crimen. Y por otra parte el país va a crecer ya que nueva mano de obra significa mayor productividad, siendo esto a la vez lo que hace crecer a un país. Tal como lo indicó el Presidente Piñera en un debate del 2017.

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Sebastián Piñera se niega a contestar pregunta relativa a delincuencia | 24 Horas TVN Chile

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Por esta razón, el problema podría ser cortado disminuyendo a estos líderes de bandas de crimen organizado. Reinsertándolos a la sociedad, por ejemplo, como lo hacen en el Centro de Educación y Trabajo Metropolitano. Un espacio donde las personas privadas de su libertad cumplen sus condenas; luego de cumplir 2/3 de su pena en la cárcel y teniendo una buena conducta, pueden postular a ser capacitados y trabajar con remuneración.

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Esto quiere decir que la rehabilitación de los reclusos para unirse nuevamente a la sociedad es precaria.
También podemos decir que, lamentablemente, cada año se insertan en la sociedad nuevos delincuentes, estos sumados al 65% de los que ya tienen experiencia en el tema se convierte en una especie de cultura a la que se ven involucrados una clase social en nuestro país, en la que si no tienes nada que aportar en tu comunidad, es común unirte a una banda de criminales, las que son lideradas por estos mismos delincuentes que como mencioné, ya tienen experiencia.

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Un 65% de los presos que reinciden lo hacen por el mismo delito. Así lo asegura un estudio sobre "Reincidencia y Especialización" que será dado a conocer mañana en el VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, organizado por Paz Ciudadana y 9 Universidades.

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Informe será presentado mañana en el VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, organizado por Paz Ciudadana y 9 universidades. "Hay una especialización en el delito (...) Queda claro que el paso por la cárcel no es efectivo en corregir este tipo de conductas", advierte el autor del estudio.

miércoles, 21 de agosto de 2013

Un 65% de los presos que reinciden lo hacen por el mismo delito. Así lo asegura un estudio sobre "Reincidencia y Especialización" que será dado a conocer mañana en el VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, organizado por Paz Ciudadana y 9 universidades.

"Hace dos años realizamos un primer estudio en la población adulta penitenciaria del país, donde se analizaba la reincidencia específica de quienes salían de la cárcel. Es decir, tomamos un delito de referencia y miramos si volvían por ese mismo delito sin considerar si cometían otro", explica Jorge Fábrega, autor del estudio y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Para ello consideraron todos los presos que salieron de las cárceles el 2007, a quienes se les hizo un seguimiento de su comportamiento delictual durante 3 años.

"Ahora, con los mismos datos, ampliamos el análisis y miramos todos los delitos cometidos por esas personas en ese período para ver si tienen alguna especialización, es decir, ver qué tipo de delitos son recurrentes en su conducta".

Los resultados muestran que de los casi 17 mil presos estudiados, la mitad no es reincidente. Pero de los reincidentes, dice Fábrega, "un 65% tiene un comportamiento delictivo crónico y persistente, cifra que es mayor a la que se pensaba". Este grupo, vuelve a la cárcel una o más veces por el mismo delito.

Según las cifras, de los 8.500 reincidentes, cerca de 5.500 volvieron a la cárcel por los mismos delitos.
La cárcel no corrige
Al comparar los niveles de reincidencia de ambos estudios por tipo de delito, se ve un fuerte aumento en el caso de los hurtos "ya que pasa de 71% en la primera medición a un 90% en la segunda. El robo sube de 41% a 46% y otros delitos contra la propiedad (distintos a hurto y robos con violencia) aumentan de 26% a 44%".

Y agrega que al analizar los que reinciden tras cumplir una condena por drogas "pasamos de que de cada 10 que regresan a la cárcel, 5 lo hacían por delitos asociados a las drogas a que en realidad son 9 de esos 10".

Fábrega advierte que "el estudio muestra la existencia de especialización en el delito: quienes egresan de la cárcel y retornan por nuevas condenas, vuelven en su mayoría por el mismo delito que habían egresado. Queda claro que el paso por la cárcel no es efectivo en corregir este tipo de conductas ya que el 80% de las reincidencias ocurre los dos primeros años de libertad".

A su juicio, el mayor desafío es que "hoy las políticas de reinserción y prevención no están en el foco de las políticas públicas, porque la mirada está puesta en la penalización. La gente quiere penas más altas, pero debemos mirar alternativas a una mayor penalización en cárceles".

De hecho, dice, "cuando uno mira la procedencia de quienes delinquen se puede detectar que muchos de ellos viene de las mismas zonas de Santiago o de regiones, lo que habla que hay problemas no resueltos en esos lugares que terminan en conductas delictuales".
Parlamentarios: "Se ha manejado mal el tema"
El tema ha sido uno de los principales flancos de críticas que ha debido enfrentar el Gobierno, incluso de sus propios parlamentarios.

El senador Alberto Espina (RN), dice que "se ha manejado mal el tema y se ha avanzado muy poco. Este es el gran talón de Aquiles de este gobierno y de los anteriores. En rehabilitación se ha hecho poco o nada y es un círculo vicioso. Si no trabajamos en rehabilitación, es imposible disminuir la delincuencia porque al final el delincuente que cae preso, cumple su pena o sale antes por algún beneficio y vuelve al mundo delictual".

Para el parlamentario "ha sido una batalla imposible de ganar: hay que inyectar muchos más recursos al sistema para lograr que más reos se rehabiliten, pero es muy difícil de lograr... hubo una pelea muy grande con la Dirección de Presupuestos por esto".

El diputado Felipe Harboe (PPD) agrega que estos resultados demuestran que "las penas de cárcel, sobre todo para delitos de hurtos, no está actuando como disuasivo para los delincuentes".

Señala que "no hay un programa a largo plazo, es decir a más de cinco o siete años, de reinserción de los condenados. No hay un seguimiento ni acompañamiento para las personas que salen de la cárcel, para ver si encuentran un trabajo, por ejemplo. Es más, nuestras propias leyes las que no permiten la rehabilitación ya que en ningún organismo del Estado se puede contratar a alguien que ha pasado por la cárcel".

Hoy el subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira, si bien reconoció las falencias en los programas de rehabilitación, dijo que se están haciendo esfuerzos por mejorarlos. Y uno de los puntos, dijo, es modificar los requisitos de contratación para permitir que organismos públicos empleen a personas que hayan pasado por la cárcel.

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Estudio revela "comportamiento delictivo crónico": 65% de presos reincidentes vuelve a la cárcel por el mismo delito

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Informe será presentado mañana en el VIII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, organizado por Paz Ciudadana y 9 universidades. "Hay una especialización en el delito (...) Queda claro que el paso por la cárcel no es efectivo en corregir este tipo de conductas", advierte el autor del estudio.

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Según yo la delincuencia es como una enfermedad crónica que sufre un país, es decir que no tiene cura, pero sí tratamiento.
Yo le pondría énfasis, no sólo a la educación y a fortalecer el poder de los Carabineros, sino que a la reinserción de los reclusos a nuestra sociedad.

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Pero para superar este problema se necesita indiscutiblemente de educación.
El Plan Nacional de Educación (Educación 2020) dice "Por una parte centrarnos en la educación escolar, motivando el aprendizaje de los estudiantes. Hemos estado trabajando en un programa de innovación pedagógica que se centra en lo que sucede en la sala de clase." "Por otra otro lado la educación superior, consolidar las ayudas que hoy en día se han avanzado en términos de becas y créditos, principalmente becas y perfeccionar el sistema de gratuidad".

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Informe OCDE analiza educación en Chile | 24 Horas TVN Chile

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Para enfrentar la delincuencia, el Presidente Sebastián Piñera en un debate del 2017 mencionó lo siguiente:
-Fortalecer y modernizar a nuestros Carabineros.
-Mejorar la coordinación y comunicación entre jueces, fiscales y policías.
-Cambiar la distribución de Carabineros.

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Sebastián Piñera vs Alejandro Guillier - Delincuencia

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¿Cuáles son las soluciones planteadas por el Estado para enfrentar y/o superar este problema social?

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Pero la injusticia también va para las víctimas de estos actos de violencia.
La sociedad se da cuenta de que estas personas están fuera de la cárcel en dos o tres meses (si es que llegan a condenarlo a tiempo en prisión); y se empieza a sentir insegura, que no esta bajo ninguna protección y salen a las calles a pedir justicia. O peor aún, toman justicia por su propia cuenta, en primer lugar poniendo su vida en riesgo y además pasando a llevar la Constitución. Especialmente en ciertos barrios, donde se deja de recurrir al poder judicial, son muy comunes las balaceras y por ende, las muertes por "balas locas".
La sensación de inseguridad, el miedo y la impotencia se volvió común en nuestra sociedad durante la crisis social el año pasado. Esto afecta de manera directa la calidad de vida de las personas, cada vez la gente confía menos en las autoridades cuya misión es proteger a Chile.

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A propósito del alza de los denuncias por delitos de alta connotación social se ha reabierto el debate acerca de la debilidad de la institucionalidad chilena en orden a procesar, castigar y encarcelar a los delincuentes. Lamentablemente parece que se nos vuelve a olvidar que fracasaremos si no atacamos las causas sociales de la delincuencia, quedándonos sólo en su penalización.

Por ello es bueno recordar que la experiencia latinoamericana y norteamericana de las dos últimas décadas parece sugerir que debemos ser duros con los delincuentes y más duros aún con las causas sociales de la delincuencia. Esperemos que ello no se nos olvide; especialmente cuando el 8 de diciembre se cumple un año del horrible incendio de la torre de la cárcel de San Miguel que dejó 81 internos muertos.

Partamos por decir que la delincuencia es un problema gravísimo y que su combate es un imperativo central del estado democrático de derecho. El Informe de la OEA-PNUD "Nuestra democracia" señala que los dos principales flagelos de la democracia latinoamericana son la delincuencia y las desigualdades. Por cierto, ambos flagelos van, en nuestro caso, de la mano. Cada año, cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños - un tercio de la población total de la región- son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo. Peor aún, el 27% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo tiene lugar en América Latina.

Por otro lado, se presume que más de 50% de los secuestros extorsivos del mundo ocurren en América Latina. En Caracas se producen 133 asesinatos por cada cien mil habitantes. Es bueno recordar, para no caer en alarmismos fáciles, que en Santiago de Chile el promedio es de seis homicidios por cada cien mil habitantes.

La delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna.

Esto es especialmente grave en nuestro continente que vive, desde 1979, un proceso exitoso de redemocratización. En efecto, en primer lugar, delincuencia y narcotráfico deterioran agudamente la legitimidad de nuestras instituciones democráticas y alientan discursos y prácticas autoritarias para combatir este flagelo; en segundo lugar, bandas homicidas, guerrilleros y narcotraficantes altamente organizados impulsan a la policía y a las fuerzas armadas a empezar a realizar acciones extra o abiertamente anti institucionales; y en tercer lugar, la ciudadanía deja de recurrir al poder judicial y al orden público; se empieza a tolerar el delito; surgen barrios y guardias privados e, incluso, aparecen formas extremas de "justicia por mano propia".

Si el costo político es alto, no lo es menos el económico. Se han realizado distintos cálculos del impacto económico de la violencia delictiva en 12.1% del PIB total del subcontinente (unos 250 mil millones de dólares). Otros, para América Central lo han estimado en 7.7% del Pib (Desde 10.8% de la producción nacional en el caso de El Salvador hasta 3.6% en el caso de Costa Rica). Nuevamente señalemos que en el caso chileno no estamos ni cerca de llegar a estos niveles. Con todo lo cuestionable que sean las cifras dadas por el Instituto Libertad y Desarrollo, que calculó que gastamos en combate contra la delincuencia el 2011 hace una década atrás, estamos ante un 2,2% del PIB.

Una reacción obvia es creer que el incremento de la delincuencia se debe a la disminución de las sanciones criminales. Francis Fukuyama cita a Gary Becker quien señaló que cuando "los beneficios del delito aumentan, o los costos de los mismos (en términos de castigo) bajan, se cometerá una mayor cantidad de delitos y viceversa". Dick Morris y Luis Rosales sostienen que Estados Unidos logró que menos del cinco por ciento de los norteamericanos sostengan hoy que el principal problema de su país es la delincuencia - cosa que creían a fines de los años sesenta - gracias a un método muy simple: duplicó la población carcelaria. De casi un millón de presos que había a comienzos de los años ochenta se subió a dos millones. "Con el doble de delincuentes en prisión, ¡el crimen se redujo a la mitad!". Se calculan además siete millones de personas en libertad condicional o vigilada.

Para ello se impusieron sentencias obligatorias a los criminales reincidentes; se aprobaron masivas partidas para construir prisiones; se aplicaron tácticas policiales novedosas como la "tolerancia cero"; se aplicó un mayor seguimiento y control de los delincuentes en libertad condicional y se incrementó en una década en un 20% la fuerza policial.

Una política como la descrita es especialmente cuestionable. Pues una política tan eficaz como humanista debe ser dura con los delincuentes, pero especialmente con las causas sociales de la delincuencia. A este respecto la CEPAL concluía en 1997 que factores de riesgo de la violencia urbana son: a) Desigualdad de ingreso urbano. Entre más alta, mayor riesgo; b) Pobreza en los hogares urbanos; c) Tasas de desempleo abierto urbano; d) Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que no estudian ni trabajan; y e) Déficit educacional: porcentaje de niños urbanos de 14 ó 15 años que no han completado seis años de estudio.

La deserción, la repetición y el terminar estudios básicos y medios sin encontrar trabajo aumentan obviamente el tiempo perdido, la frustración y la desesperación. Y a veces esos jóvenes varones botan su agresividad con violencia. Los norteamericanos han demostrado hasta la saciedad que existe también una correlación fuerte entre destrucción del vínculo familiar y delincuencia. Los jóvenes que llegan a los centros de detención provienen en un 70% de hogares sin padre. Cuando el niño de edad temprana no ve valores ni ejemplos de conductas acordes con la moralidad y la sociabilidad, en momentos difíciles de su vida no tendrá pautas claras a las que atenerse. Estudios latinoamericanos van en esta misma dirección.

Por eso la vía exclusiva o preferente de la penalización y encarcelación es injusta pues se tiende a "criminalizar la pobreza". El psicólogo del Hogar de Cristo Paulo Egenau nos da algunas pistas. Tras la aplicación de las políticas que Morris y Rosales defienden Estados Unidos con 300 millones de habitantes, tenía 1.800.000 personas encarceladas. La Unión Europea, con 370 millones de habitantes, tenía una población penitenciaria de sólo 300.000 personas. Mantener tamaña población penitenciaria le significa a Estados Unidos 31 billones de dólares. Más de lo que destina todo el presupuesto federal para el bienestar social de 8,5 millones de pobres. Y, por supuesto, los presos son mayoritariamente jóvenes negros y latinos. En 1998 había 193 presos blancos por cada 100.000 blancos; 688 hispanos presos por cada 100.000 hispanos y 1571 negros presos por cada 100.000 negros.

Como se ve, el encarcelamiento afecta sobre todo a jóvenes, varones, pobres, extranjeros e indígenas. Y los que salen de la cárcel vuelven a reincidir en un porcentaje abrumador. Como lo ha sostenido Joseph Stiglitz es mucho más barato y eficaz invertir en becas de estudio que en cárceles para los jóvenes. Además, este método acerca peligrosamente la democracia a la autocracia.

Esto nos enseña que la delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna. Por ello se requiere el aumento en la inversión en educación, salud pública, vivienda y oportunidades para la juventud. A ello deben sumarse los esfuerzos en el área de salud pública para fortalecer la prevención del consumo y el tratamiento de las personas en situación de adicción. Se debe propiciar una profunda revisión de las políticas antidrogas en el principal mercado consumidor del mundo, Estados Unidos de América, hasta ahora casi exclusivamente centradas en el control de la oferta por mecanismos represivos.

Para finalizar, volvamos a Chile. Si el 2000 teníamos 25.137 personas privadas de libertad, el 2007 llegamos a las 43 723. Hoy gastamos más del doble en seguridad ciudadana que hace diez años. Unos 4 mil quinientos millones de dólares. Por cierto, gracias a ello, a otros importantes procesos como la reforma procesal penal y la modernización y fortalecimiento de las policías, crecimiento económico y políticas sociales hemos avanzado en el combate a la delincuencia. Así lo demostró la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. El porcentaje de hogares victimizados era de un 43% el 2003 y el 2010 fue de un 28,2%.

Sin embargo, la última encuesta CEP también revela que nos sentimos igual de inseguros que al final del gobierno de don Patricio Aylwin. Los datos dados a conocer por el Ministerio del Interior nos muestran que esa percepción no anda equivocada. Por ello, es un error creer que para combatir la delincuencia basta con fiscales que persigan más fieramente a los acusados de delinquir y con jueces que abarroten nuestras cárceles. En suma, y por otras razones, no se equivoca El Mercurio de este domingo cuando señala que con una guerrilla verbal entre el Ministerio del Interior, el Fiscal Nacional y el Presidente de la Corte Suprema no avanzaremos mucho en la tarea de la seguridad pública.

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La batalla democrática contra la delincuencia

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La delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna.

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El segundo es un delincuente que roba por comodidad. Estos son los más peligrosos ya que no se ven en la necesidad de delinquir, sino que prefieren quitarle las pertenencias a las personas antes de conseguir un trabajo.
Ambos tipos de delincuentes tienen en común algo que va ligado a la desigualdad que se les presentó en el pasado.
Esta desigualdad se pudo haber presentado en la falta de educación de calidad para ellos o incluso para sus padres, quienes tampoco tuvieron los recursos para educar a su hijo correctamente. Con valores como el trabajo, la convivencia en una comunidad o respetar el esfuerzo ajeno.

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La delincuencia es una violencia de tipo  socioeconómico, la cual esta asociada dos tipos de delincuentes.
El primero es persona que no se le cubren sus necesidades básicas: techo, comida,  ropa, y se  ver en una situación desesperada, llevándolo a delinquir.

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¿Por qué este problema deteriora la convivencia social y restringen las posibilidades de una sociedad más justa y democrática para todos sus integrantes?