# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

--

Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Federico Campos

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Paraguay y COVID 19: Pueblos Indígenas entre el hambre, el riesgo y la indiferencia. - Tierraviva

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Este año el recordatorio sobre el Día del/a Indígena Americano/a viene enmarcado en la emergencia suscitada por el COVID-19, que no sólo trajo las consecuencias nefastas y riesgos presentes en materia de salud de todas las personas que habitamos el planeta, sino que evidenció con crudeza las profundas desigualdades y la emergencia permanente que tienen ...

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Agustina Scavone

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sabtaigo Donizcky

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Discriminación, pobreza y rezago educativo, son algunos de los principales problemas que enfrentan los indígenas en México

Población indígena: ¿cuáles son los problemas con los que conviven? | Autor: Darij & Ana | Fuente: Flickr

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Población indígena: ¿cuáles son los problemas con los que conviven?

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Discriminación, pobreza y rezago educativo, son algunos de los principales problemas que enfrentan los indígenas en México Población indígena: ¿cuáles son los problemas con los que conviven? | Autor: Darij & Ana | Fuente: Flickr

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Venezuela tiene el privilegio de ser uno de los países pioneros en el tema de la Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas, cuando desde los años 70 del pasado siglo, se hablaba ya del valor patrimonial de los idiomas originarios.

Pero fue a partir del año 1999 con la aprobación de la nueva Carta Magna venezolana que se reafirman los derechos colectivos de esos grupos sociales en aspectos como identidad étnica, cultura propia, idioma y el respeto a sus conocimientos ancestrales e innovadores.

Según la CRBV en su art. Nº 121

"Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones".

Significativo resulta que la Constitución da a los idiomas indígenas el estatus oficial a nivel regional y son considerados patrimonio de la nación y de la Humanidad, a la vez que afianza la interculturalidad como columna vertebral del Sistema Educativo Venezolano.

Un paso importante en esa dirección lo constituyen las guías pedagógicas, para beneficiar igual cantidad de pueblos indígenas en la educación intercultural bilingüe. Mediante el Ministerio de Educación ya se comenzó a construir las diferentes guías pedagógicas de las colectividades étnicas sanema, warao, ye´kwana, kariña, pemón, yupka y wayuu, ubicadas en los estados Amazonas, Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Zulia y Monagas. Estas guías, con ayuda del satélite venezolano Simón Bolívar, puesto en órbita en 2008, van a colocarse en Internet en español y las lenguas originarias para que esos pueblos y nosotros podamos aprender indistintamente cada idioma. Vale la pena señalar que las guías no salieron solamente del Ministerio, sino que se trabajó en coordinación con las comunidades indígenas, especialmente con los sabios, con los ancianos y ancianas, con los cuales "se ha logrado hacer grupos para la elaboración de estas guías".

Lo más importante aquí entre lo que se ha logrado es la educación intercultural bilingüe, reconocida institucionalmente para tratar de preservar la lengua materna en todos esos pueblos, que ya no son solo venezolanas, sino Patrimonio de la Humanidad.

El hecho de que los pueblos indígenas hayan sido reconocidos por la Constitución, por leyes y reglamentos del gobierno te dice que Venezuela está avanzada en el reconocimiento de estos pueblos a nivel mundial.

Precisamente la revolución a través de la Constitución Bolivariana logra insertar a los pueblos indígenas no solo al sistema, sino también a la sociedad venezolana, reconociéndolos como pueblo y dándole la educación bilingüe, que es la interculturalidad". En estos momentos podemos decir que tenemos 40 pueblos indígenas reconocidos en Venezuela, porque "la revolución llegó a donde nunca llegó el neoliberalismo. Para la revolución el hombre es lo más importante, el ser humano".

Con respecto a este tema también vale la pena señalar que en este gobierno también se aprobó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005); que contiene en el Titulo IV, Capítulo I todo lo relacionado con la Educación, donde se plantean los derechos de los pueblos indígenas a la Educación así como también los regímenes de educación intercultural bilingüe.

En el art. 74 del derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas, se plantea que:

"El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su educación propia como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades".

En cuanto a la Educación propia de los pueblos y comunidades indígenas el Artículo 75. Plantea que:

"La educación propia de los pueblos y comunidades indígenas está basada en los sistemas de socialización de cada pueblo y comunidad indígena, mediante los cuales se transmiten y renuevan los elementos constitutivos de su cultura".

Del régimen de educación intercultural bilingüe el Artículo 76. Señala lo siguiente:

"La educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico que se implantará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para los pueblos indígenas, y estará orientado a favorecer la interculturalidad y a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas. Este régimen está fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad propia de cada pueblo y comunidad y en la enseñanza del castellano, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos procedentes del acervo cultural de la Nación venezolana y de la humanidad. Todo ello estará desarrollado en los programas de estudio".

De los art. 77 al 81 se habla sobre las obligaciones del estado en cuanto a la implantación del régimen de educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, de la gratituidad de la educación, de la enseñanza del idioma indígena y castellano, de las instituciones educativas y de los docentes.
Bibliografía

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005)

www.minpi.gob.ve/ Noticias. Educación de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Pueblo indigena Wuarao de venezuela.

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DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN VENEZUELA - El blog de Yuyalikgua-orinok

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Venezuela tiene el privilegio de ser uno de los países pioneros en el tema de la Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas, cuando desde los años 70 del pasado siglo, se hablaba ya del valor patrimonial de los idiomas originarios. Pero...

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Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas en Paraguay, señaló que con la cuarentena por el COVID-19 nuevamente se desnuda la exclusión y falta absoluta de asistencia del Gobierno paraguayo hacia los pueblos indígenas.

"Ya son seis semanas de la cuarentena. Las comunidades indígenas han sido disciplinadas en mantenerse totalmente aisladas, incluso colocan guardias comunitarias para que nadie entre a la comunidad, y siguen esperando la asistencia del Gobierno a proveerles los alimentos para aguantar la situación", lamentó.
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Asimismo, señaló que recién luego de que algunas comunidades hicieron cortes de rutas, ayer la Secretaría de Emergencia Nacional empezó a mandar algunos kits de alimentos, sobre todo porque amenazaban con seguir cortando rutas para visibilizar la situación. "Realmente llama la atención por ser una institución que cíclicamente y periódicamente asiste al Chaco, en cada sequía e inundación", enfatizó y dijo que al menos 600 familias están siendo afectadas.

Señaló que la SEN es la encargada de asistir en el Chaco y de la Región Oriental debe hacerse cargo el Instituto Paraguayo del Indígena. "Ahora el Indi hace una campaña para juntar alimentos y eso es una vergüenza", señaló.

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Más de 2.500 alumnos del Chaco "dan por perdidas las clases"

Alvarenga detalló que hay más de 2.500 estudiantes del sector primario y secundario en el Chaco, en casi 30 escuelas y colegios, que también han suspendido las clases debido a la cuarentena sanitaria impuesta para evitar la propagación del virus.

Sobre la alternativa del Ministerio de Educación, la de brindar las clases por internet, dijo que esa opción es totalmente inviable en el Chaco, puesto que allí se tiene "cero acceso a internet". Aseguró que el 99% de los estudiantes, "para no decir el 100%", no tienen dicho servicio.
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"Es prácticamente perder el año, los maestros tampoco tienen otros elementos para buscar alternativas", dijo considerando que los alumnos viven muy alejados unos de otros por lo cual el docente no podrá llevar las tareas casa por casa, como hacen en algunas ciudades.

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Indígenas pasan hambre y vaticinan un año perdido para 2.500 estudiantes del Chaco - Nacionales - ABC Color

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Aproximadamente 600 familias indígenas están pidiendo auxilio por la falta de alimentos. Desde la articulación de Mujeres Indígenas en Paraguay aseguran que las comunidades están cumpliendo a rajatabla el aislamiento pero no reciben ayuda del Gobierno.

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Santiago Morinigo

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El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, señaló que la comunidad nativa no presenta ningún caso positivo de COVID-19 en lo que va de la cuarentena; no obstante, sí existe una gran necesidad de alimentos y otro tipo de asistencia.

Lo dijo en contacto telefónico con GEN y Universo 970. "La asistencia y el aislamiento de las comunidades indígenas se llevaron con éxito porque hasta ahora no hay nativos con diagnóstico de COVID-19 positivo, pero con gran necesidad de alimentos y otras asistencias", expresó.

"Nosotros hemos iniciado desde marzo el proceso de asistencia en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para las comunidades indígenas con la provisión de alimentos, y la región Oriental quedó exclusivamente en manos del Indi, y ya entregamos más del millón de kilos de alimentos, al igual que la SEN para la región Occidental", señaló.
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En ese sentido, indicó que la asistencia brindada por la institución en materia de alimentos históricamente era de manera trimestral, pero que ante la situación de emergencia nacional tuvieron que cambiar el proceso a una asistencia cíclica mensual, por lo que en algunos casos se tardó en cuanto a la coordinación.

Al respecto, señaló que están cumpliendo medianamente bien con todas las comunidades de la región oriental, y ya se encuentran en proceso de coordinación de una segunda fase de la asistencia, e incluso iniciando la tercera fase para la región Oriental.
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Aseveró que hubo resultados en cuanto al alto aislamiento que fue muy efectivo, ya que hasta la fecha los reportes no señalan que algún integrante de las comunidades haya contraído el virus, punto en el que resaltó también que redoblaron esfuerzos para la asistencia a los compatriotas nativos que se encuentran en la zona fronteriza con el Brasil con insumos preventivos, ya que miembros de comunidades del vecino país sí tendrían síntomas de la enfermedad.

Lo que sí afecta a las comunidades de la región Occidental, que ya data de mucho tiempo, es la falta de agua tras la larga sequía que aquejó a dicha región, acentuando la situación de vulnerabilidad de las comunidades, para lo cual iniciaron las gestiones ante la SEN, Essap e incluso el MOPC, para lo cual ya desde el año anterior acordaron la construcción de 30 sistemas de agua con fondos y financiamientos de cooperaciones internacionales, así como recursos propios del Indi para 10 sistemas más.

Durante la noche de este martes y la madrugada de hoy, la SEN brindó asistencia en el albergue y en la calle.

Con una temperatura mínima pronosticada de 5 grados para este miércoles, la noche del martes se presentó bastante fría, así como también la madrugada de hoy. Es por eso que el operativo invierno de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se activó, ya que el mismo se pone en marcha cuando se registran temperaturas menores a 10 grados.

Desde la SEN mencionaron que en la fría noche de ayer estuvieron realizando trabajos de protección a personas en situación de calle. En la ocasión, realizaron 34 asistencias en el albergue modo COVID-19 y una persona en situación de calle.

Las personas albergadas en el predio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tiene capacidad para 30 personas y está ubicado en Fulgencio R. Moreno, entre EEUU y Tacuary, recibieron alimentos, colchones, frazadas, además de la higienización, todo teniendo en cuenta las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus pandémico.
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Cuando está activo, el servicio funciona las 24 horas y se dividen en 2 turnos de 12 horas cada uno. El turno de la tarde entra a las 18:00 y empieza con la cena a las 20:00 en el recorrido de la primera ronda, donde van visualizando la situación de las personas si tienen todavía sus colchones y frazadas.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología emitieron hoy un boletín especial por tiempo significativo y anunciaron sobreenfriamiento nocturno y escarchas para algunas zonas del país. Para mañana jueves se espera una temperatura mínima de 4 grados en la Gran Asunción.
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En caso de ver a personas que se encuentran en las calles, la ciudadanía puede reportar el hecho al (021) 440-997/8 o al 911 del Sistema de Emergencia de la Policía Nacional y posteriormente derivan a la SEN.

POR MARCELO PEDROZA COACH mpedroza20@hotmail.com
Es el amanecer un misterioso regalo. Su presencia es indescriptible, tiene tantas rostros como seres humanos. En él se produce un encuentro con los proyectos, manifestándose una fuerza sin igual que tiene la particularidad de ser universal, amplio, contenedor sin condiciones, impecable y sorprendente.

El suceso del despertar es una invitación a agradecer. Nace el aire de la esperanza, se produce la conexión de las fortalezas vitales, esas que entusiasman más allá de los contextos en que viven; es como si dijesen, estamos para darle una oportunidad y las que quiera, usted puede. Hágalo. Eso se encargan incansablemente de realizar, día a día, sol a sol.

Si hay una luz hay algo que se puede ver... es en el instante preciso que lo que ilumina se atreve a mostrar la belleza de vivir, por eso en donde hay un ser hay potencia, de manera que siempre yace la energía para continuar...

En el clarear los pájaros cantan, ¿por qué lo hacen?, ¿qué nos quieren decir?, ¿qué estrofas entonan?, quizá de esa forma comparten su alegría, expresan su generosidad, alientan a los que escuchan sus voces. Es un fantástico calmante natural el que producen sus heterogéneos conciertos, además son capaces de llegar a todo el público, lo que destaca la apertura original que los distingue.

Mientras unos destinan sus vuelos hacia lugares distantes, otros se reúnen en esos árboles que los cobijan. En las ciudades los caminos son diversos, y sus meticulosos recorridos están impregnados de prevención, aprenden a cuidarse, se protegen, son ejemplares compañeros, respetan el andar del próximo y se suelen reunir en esos breves lapsos de reconocimiento terrenal. Allí parece que el arte consiste en explorar lo que sienten, para luego emprender una marcha elevada por el entusiasmo alimentado.

En los nidos el tiempo es único. Es en el ocaso de las jornadas que el retorno adquiere un sentido trascendente, verlos descansar es una habilidad que debe ejercitarse, es que los abrazos en las alturas de sus hogares representan a la historia que han sabido conservar.

Es contundente el constante fluir de los amaneceres, la asistencia es una fija cotidiana, es absoluta y se apodera de lo celestial. El asombro reside en que nunca son iguales, sus vestuarios son lo más parecido a los ojos que los ven, a los que no dejan de admirar la grandeza que yace en ellos.

Productores de banana de Cordillera, específicamente de San José Obrero, recibieron un tractor y un pulverizador foliar. Así lo informó el titular de la Mesa Nacional Intersectorialidad de Competitividad Bananera (Menicob), Hugo Franco, al tiempo de mencionar la inauguración de una planta empacadora de bananas de la firma Isla Bonita.

"Desde que se inició la plantación de banana acá es la primera vez que los productores reciben esta ayuda, que al igual que la planta empacadora, contribuirán al fortalecimiento del control fitosanitario y la producción en calidad, cantidad e inocuidad de las bananas", expresó Franco.

La entrega de las maquinarias se realizó en el local de Isla Bonita, con la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, y el director de la DEAG, el Ing. Gerardo Rojas, entre otros.
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Con ambos equipos, más los productos fungicidas y preventivos para controlar la Sigatoka amarilla y con una buena calendarización, se evitará la maduración prematura que suele sufrir la fruta a consecuencia de la citada enfermedad, muy común en todas las plantaciones.

Con la pulverizadora de 6 metros de altura se podrá realizar la fumigación desde arriba de las plantas, con productos controlados con un límite máximo, y el tractor podrá ser utilizado por todos los productores de la zona, ya que tiene una capacidad de fumigación de 50 hectáreas por día.
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"Con esto se va incrementar la calidad de la producción, y por ende la cantidad de kilo por hectárea, antes los productores tenían que fumigar con fumigadores de mochila a motor, que son bastante pesados", agregó.

De esta manera, los productores tendrán mayor capacidad, ya que con una buena aplicación se ahorrará tiempo, y por supuesto, aumentará la cantidad de producción por hectárea, con un rendimiento óptimo y se podrá entregar una fruta sana, sin apurar en los cortes.

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Cuarentena indígena: no hay casos de COVID-19, pero sí hay necesidad de alimentos

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El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, señaló que la comunidad nativa no presenta ningún caso positivo de COVID-19 en lo que va de la cuarentena; no obstante, sí existe una gran necesidad de alimentos y otro tipo de asistencia. Lo dijo en contacto telefónico con GEN y Universo 970.

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Pan American Health Organization / World Health Organization

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Asunción, 16 de abril de 2019 (OPS/OMS) La Dirección Nacional de Salud de Pueblos Indígenas - DINASAPI, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas - CONASAPI del Paraguay, con cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), socializaron la Ley N° 5469/2015 sobre la salud de los pueblos indígenas y realizaron una jornada de capacitación para el cumplimiento de dicha norma.

La citada ley tiene por objetivo garantizar a los pueblos indígenas el acceso a los servicios de salud, el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los sistemas propios de atención a la salud de los diversos pueblos indígenas.

La jornada contó con la participación de altas autoridades de distintas instituciones públicas del Poder Ejecutivo, encabezadas por el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, la Directora Nacional de Salud Indígena, Dra.Dalila Oviedo y la Directora del Instituto Paraguayo del Indígena - INDI, Sra. Ana María Allen.

La actividad inició con las intervenciones de los líderes del CONASAPI, don Hipólito Acevei por la Región occidental y don Ángel Vera por la Región oriental, quienes destacaron la importancia de avanzar en un sistema único de salud que tenga la capacidad de reconocer la diferencia cultural y brindar una atención respetuosa de la condición indígena como parte de los procesos de curación.

De igual manera señalaron que en lo local existen funcionarios con una gran motivación para el trabajo con pueblos indígenas, pero con falta de condiciones para el ejercicio de su trabajo, por lo cual se ofrecen para participar en la elaboración de un presupuesto que permita mejorar la respuesta de los servicios de salud.

El doctor Luis Roberto Escoto, Representante de la OPS/OMS en Paraguay expresó su satisfacción por compartir un espacio de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, y destacó el avance del país al contar con una Política, una Ley, una Dirección Nacional de Salud indígena y el CONASAPI con los delegados de los 19 pueblos indígenas, para concretar el trabajo de la salud pública del Paraguay.

Al terminar las intervenciones se firmó un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud y el INDI, por parte de sus máximas autoridades.
Cooperación técnica de la OPS/OMS
El doctor Escoto, señaló que la Cooperación técnica de la OPS apoya la agenda de salud del país, la cual orienta mejorar las capacidades institucionales y comunitarias para atender la salud de los pueblos indígenas.

En ese sentido se ha priorizado como metas lograr que las autoridades sanitarias cuenten con más y mejor información sobre la salud de los pueblos indígenas para facilitar la toma de decisiones oportunas; el desarrollo de servicios de salud culturalmente apropiados y con capacidad de incorporar técnicos y profesionales indígenas en los servicios de salud; y la promoción de diálogos interculturales para para mejorar el bienestar y la salud de las personas, familias y comunidades indígenas.

Como ejemplo citó el trabajo que se realiza en el Chaco paraguayo con partos asistidos conjuntamente entre parteras indígenas y personal de salud institucional, intercambiando saberes lo cual beneficia a las mujeres indígenas, "pues no queremos que ni una sola mujer más muera en los partos", agregó.

El trabajo de la OPS asimismo aporta a la disminución de enfermedades infecciosas aún presentes en las comunidades indígenas tales como la tuberculosis, las parasitosis, la leishmaniasis, el Chagas y la lepra, entre otras.

Escoto enfatizó en que la promoción y atención de la salud mental en comunidades indígenas es una urgencia, pues cada día hay suicidios, violencia y abuso de sustancias adictivas como el alcohol.

"Por todo esto debemos trabajar de manera coordinada entre promotores de salud, parteras indígenas y médicos tradicionales en el marco del sistema de salud pública, y la ley, hoy socializada, es una herramienta estratégica que nos permitirá avanzar en lograr estos objetivos", finalizó.

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OPS/OMS Paraguay - Paraguay: socializan la Ley de Salud Indígena con funcionarios del nivel operativo para su implementación | OPS/OMS

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Asunción, 16 de abril de 2019 (OPS/OMS) La Dirección Nacional de Salud de Pueblos Indígenas - DINASAPI, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas - CONASAPI del Paraguay, con cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), socializaron la Ley N° 5469/2015 sobre la salud de los pueblos indígenas y realizaron una jornada de capacitación para el cumplimiento de dicha norma.

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En Paraguay, más de 50.000 niños y jóvenes indígenas viven en zonas rurales, mientras que 5.000 viven en las ciudades, cantidad que tiende a aumentar por la inseguridad jurídica, el deterioro del medioambiente y el desplazamiento de sus tierras, entre otras causas.

La migración hacia las ciudades expone a las familias de las comunidades indígenas a innumerables riesgos. El sector más vulnerable es el de los niños, quienes se enfrentan a la violencia cotidiana y al racismo.

Uno de los elementos esenciales para romper con el ciclo de la pobreza es la educación. Sin embargo, el método educativo actual no se adapta a las necesidades de los pueblos originarios.

"Es evidente que se requiere una atención integral y de calidad para que las condiciones de vida de los niños y niñas mejoren de manera sostenida", sostuvo Rosa Elecarte, coordinadora de Unicef en Paraguay, en un informe sobre la educación urbana para los pueblos indígenas, presentado el pasado jueves.

Un grupo de técnicos especializados trabajó desde febrero de 2010 hasta agosto de 2012 en tres escuelas y comunidades indígenas urbanas de Gran Asunción. La iniciativa, dirigida a ser una experiencia demostrativa, fue desarrollada por la Dirección General de Educación Escolar Indígena (MEC), el Instituto Buscando la Vida y las comunidades indígenas urbanas, con el apoyo de Unicef.

La intervención, que se llevó a cabo en la Asociación de Parcialidades Indígenas (API) de Luque, la comunidad Maká de Mariano Roque Alonso y en Cerro Poty de Asunción, se centró en la capacitación integral de los docentes. Además, los técnicos implementaron procesos de enseñanza intercultural, que incorporaban el conocimiento científico occidental con la sabiduría indígena.

Según la investigación, los docentes responsables del nivel Inicial y Primer Ciclo (hasta el tercer grado) de la Educación Escolar Básica, contaban con "experiencia y entusiasmo, pero muchas veces no tienen herramientas para encarar o desarrollar sus clases apropiadamente", relata el informe.

Además, las aulas utilizaban planificaciones diseñadas para escuelas no indígenas, sin hacer las adecuaciones necesarias. "En las escuelas se han visto muy pocos materiales educativos con contenidos relacionados con los Pueblos Indígenas y en lenguas indígenas", detalla el documento. Por lo tanto, estos contenidos no son adecuados a las necesidades de las comunidades.

"La propuesta pedagógica para los pueblos indígenas debe partir de paradigmas interculturales cuya característica principal es el respeto al ser humano y a la vida, en profunda consonancia con lo sagrado de la naturaleza y sus ciclos", detalla el documento.

Por otro lado, el 90 por ciento de las horas de clase consistía en el método del "copiado". "Los docentes hacen copiar a los niños o dictan las lecciones, y replican prácticas educativas cuya efectividad está seriamente cuestionada", relataron.

La experiencia logró resultados positivos. Según el informe, en poco tiempo, los niños de las comunidades comenzaron a leer y escribir con fluidez en su lengua materna, guaraní y castellano, disminuyeron la copia y comenzaron a redactar creativamente, además de investigar sobre su propia cultura.

La Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Indígena del MEC asegura que "todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones". La legislación está dirigida al fortalecimiento de las culturas originarias, así como el fomento a la participación activa en la sociedad.

La mencionada dirección es la responsable de que los pueblos indígenas accedan a una educación escolar "específica y diferenciada", que potencie su identidad y respete su cultura y normas comunitarias. Además, establece que los niños deben recibir la educación en castellano y en su idioma materno, norma que escasamente se cumple.

"La educación indígena debe mantener y fortalecer la lengua materna como mecanismo de integración o socialización comunitaria", relata una de las principales conclusiones del II Congreso Nacional de Educación Indígena del MEC, llevado a cabo en noviembre del 2009.

Una educación adaptada a la realidad de las comunidades tiene el objetivo de mantener las tradiciones culturales, perpetuar la sabiduría nativa, y preservar la riqueza diversa de las lenguas originarias.

"En el ámbito escolar, se debe valorar la sabiduría de los pueblos indígenas en varios campos y áreas del conocimiento, algunos descubrimientos logrados mucho antes que la cultura occidental", detalla el documento.

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Educación no respeta la sabiduría indígena - Notas - ABC Color

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En Paraguay, más de 50.000 niños y jóvenes indígenas viven en zonas rurales, mientras que 5.000 viven en las ciudades, cantidad que tiende a aumentar por la inseguridad jurídica, el deterioro del medioambiente y el desplazamiento de sus tierras, entre otras causas. La migración hacia las ciudades expone a las familias de las comunidades indígenas a innumerables riesgos.

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santiago domaniczky

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Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

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Buscan garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas

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Con el fin de garantizar el derecho a la universalidad de la salud y respetar el sistema que tienen los diferentes pueblos indígenas, ya sea desde la medicina tradicional, sistema organizativo y ta...

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santgao domaniczky

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Resaltan que cumplen con la cuarentena hace más de 1 mes y no salen. Esperan también que el Gobierno cumpla con ellos y hagan llegar los alimentos.

Con la cuarentena por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus, son varias las comunidades indígenas que se ven afectadas porque ya no salen y los recursos faltan, ya no tienen qué comer. Ruegan que el Gobierno les asista porque son los niños y ancianos quienes más sufren con la situación.

Un caso que se conoció es el de David Chilavert, indígena Enxet de la Comunidad Pozo Colorado de Río Verde, quien tuvo que cambiar su elemento de trabajo por un poco de comida. "No tuve más remedio que cambiar mí pala por un paquete de arroz. Los niños no entienden cuando les decimos que no hay comida" mencionó.

La pala es el elemento de trabajo de David ya que su principal actividad es la construcción de alambrados en establecimientos ganaderos, trabajo que también quedó suspendido por la pandemia del coronavirus.
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Mencionan que la falta de asistencia alimentaria por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se extiende ya más de un mes y el nivel de hambre en las Comunidades Indígenas se acentúa. Sostienen que la SEN pide "paciencia y comprensión" porque quedaron desabastecidos en plena asistencia. Por su parte, los gobiernos Municipales y Departamentales no se hacen sentir en el Chaco.

En el distrito de Bahía Negra del Alto Paraguay, la situación es bastante similar, pueblos de la Nación Yshir claman al gobierno nacional y a su vez a la SEN la entrega y distribución inmediata de los kits de alimentos en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19. María Liz Paya, mencionó que hace más de 1 mes que están cumpliendo con la cuarentena y la gente pasa necesidades en su alimentación.

En la Comunidad La Patria, distrito de Puerto Pinasco (Pdte. Hayes), el líder de Laguna Hü, Lino Rolón, manifiesta la gran preocupación del Pueblo Angaite en la zona. Ellos se encuentran cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias pero el Estado no les asiste en la provisión de alimentos para la subsistencia diaria.
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Indicó que en La Patria son 18 las aldeas de los indígenas de una población con más de 1000 familias y en ninguna de estas comunidades llega la ayuda estatal. Inclusive resalta que actualmente el camino de entrada a la comunidad se encuentra en óptimas condiciones, por lo que no hay excusa para que no lleguen los camiones llevando los víveres. Incluso hay posibilidades de llegar hasta las propias aldeas porque los caminos internos igualmente se encuentran en buen estado.

Así también, comentan que a un mes del inicio de la cuarentena, los indígenas cumplen estrictamente con las disposiciones adoptadas por el gobierno y no salen de sus comunidades, además de tomar las medidas internas de seguridad con el fin de evitar la entrada de personas que puedan contagiarles con el virus.

Antonio Benítez, líder de la Aldea Dos Palmas - Comunidad El Estribo, del distrito de Manuel Irala Fernández del departamento de Presidente Hayes, contó que están con necesidades de alimentación y no les llegan los kits de alimentos, relatando la crítica situación por la cual están pasando.
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Otro punto que se ve afectado es el distrito de Loma Plata, Boquerón, donde el líder de la Aldea Samaria de Nivacle Unida, Celestino Frise, ruega a las autoridades la urgente distribución de las bolsas de alimentos considerando el hambre que agobia a las familias, especialmente los niños.

"Señor Presidente Mario Abdo Benítez informo lo que estamos pasando hoy en día durante la cuarentena donde toda la comunidad está cumpliendo con las disposiciones, por eso señor Presidente pedimos agilice la entrega de víveres en las comunidades" refirió el líder indígena.

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Chaco: Comunidades indígenas en situación de extrema vulnerabilidad

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Resaltan que cumplen con la cuarentena hace más de 1 mes y no salen. Esperan también que el Gobierno cumpla con ellos y hagan llegar los alimentos. Con la cuarentena por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus, son varias las comunidades indígenas que se ven afectadas porque ya no salen y los recursos faltan, ya no tienen qué comer.

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Rodrigo Villagra es antropólogo y miembro del Directorio de la Organización TIerraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco; en esta nota compartimos algunas consideraciones respecto a la crítica situación que atraviesa la población indígena en momentos en que la actual pandemia de coronavirus se entrecruza con necesidades ya existentes en las mismas, como la falta de una alimentación adecuada y el acceso a derechos básicos como agua potable y atención en salud.

Para Rodrigo la pandemia agudiza problemas ya existentes en las comunidades "debido a los problemas de desnutrición y mal nutrición, que a su vez son consecuencia de un conjunto de otros factores - como la menor oportunidad de trabajo, limitaciones de movilidad y abastecimiento, indefensión ante vecinos que limitan acceso a recursos naturales o utilizan ilegítimamente los de las comunidades, etc." señala.

La cuarentena significó para muchas comunidades, principalmente en el Chaco, quedarse prácticamente imposibilitadas de acceder a alimentos, situación que se hace aún más crítica debido a la insuficiente asistencia estatal. Según el Censo Indígena del 2012 aproximadamente el 30% de las comunidades indígenas del país tiene algún problema relacionado al acceso a la tierra y el territorio, esta situación está directamente vinculada a la falta de seguridad alimentaria de la población indígena. La pobreza y pobreza extrema afectan de forma particular a la población indígena alcanzando a un 75 y 60% de la población respectivamente.

"Al mismo tiempo las comunidades quedan con una ausencia aún mayor de asistencia a problemas y urgencias de salud, estas relativamente son atendidas por las Unidades de Salud Familiar y los hospitales regionales y/o nacionales, pero ahora deben priorizar la asistencia eventual para casos de COVID e impedir riesgos mayores que podría derivar de la atención/internación de otros tipos de casos" indica Villagra evaluando otro de los efectos que tiene la pandemia en las comunidades indígenas. El Censo 2012 indica que aproximadamente un 58% de las aldeas, comunidades y barrios indígenas no cuentan con una unidad de salud familiar en su territorio y que unas 166 no reciben servicios de asistencia médica de forma habitual.
¿Por qué es fundamental la asistencia alimentaria en cantidad y calidad adecuada a la población indígena del Chaco?
Para el antropólogo es fundamental que la asistencia alimentaria a la población indígena del Chaco llegue de forma suficiente y adecuada durante la actual emergencia sanitaria ya "es una población afectada por insuficiencia de tierras, condiciones de explotación o indignas e inseguras de trabajo, acceso restringido o precarizado a sus propios recursos naturales (bosques, aguas), pobreza extrema incluso en las zonas periurbanas, afectada por fenómenos climáticos que aumentan dicha vulnerabilidad -como sequía e inundaciones, incendios, pérdida de biodiversidad-, y muy limitada protección social".

Al mismo tiempo, Villagra señala que no existe una planificación adecuada y una asistencia integral que contemple la realidad de cada comunidad y sus necesidades específicas "la asistencia del estado se basa en una respuesta simple y específica a demandas urgentes" indica cuestionando la insuficiencia de la asistencia estatal a las comunidades indígenas ya que la misma " No se realiza con regularidad monitoreando los indicadores e impactos para la superación de la pobreza y alcanzar seguridad alimentaria, y tampoco se da en la cantidad necesaria para todas las comunidades, aldeas, familias y personas"

Para Villagra esta falta de asistencia alimentaria adecuada durante la pandemia puede empeorar los problemas ya existentes en las comunidades "mayor mortalidad infantil y de población adulta mayor, co-morbilidad por las enfermedades y carencias comunes que aquejan -tuberculosis, chagas , gripes, desarrollo infantil, HIV, mortalidad materna, entre otras- sumadas a un eventual brote de COVID.

A la crítica situación estructural en que viven las comunidades indígenas del chaco se suma hoy no solo la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento, sino también la sequía lo que implica que gran parte de la población indígena no tendrá acceso al vital líquido en estos días. Conocedor del territorio chaqueño, Villagra menciona que "la sequía es cíclica, pero sus impactos son cada vez mayores por la mayor densidad demográfica en muchas comunidades y ausencia de servicios básicos, incluyendo agua potable, que no ha sido una prioridad sino tangencial y de algunas comunidades".

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"La pandemia profundiza problemas ya existentes en las comunidades indígenas" - Tierraviva

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Rodrigo Villagra es antropólogo y miembro del Directorio de la Organización TIerraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco; en esta nota compartimos algunas consideraciones respecto a la crítica situación que atraviesa la población indígena en momentos en que la actual pandemia de coronavirus se entrecruza con necesidades ya existentes en las mismas, como la falta de una alimentación adecuada ...

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Goran. Jorgensen

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El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, señaló que la comunidad nativa no presenta ningún caso positivo de COVID-19 en lo que va de la cuarentena; no obstante, sí existe una gran necesidad de alimentos y otro tipo de asistencia.

Lo dijo en contacto telefónico con GEN y Universo 970. "La asistencia y el aislamiento de las comunidades indígenas se llevaron con éxito porque hasta ahora no hay nativos con diagnóstico de COVID-19 positivo, pero con gran necesidad de alimentos y otras asistencias", expresó.

"Nosotros hemos iniciado desde marzo el proceso de asistencia en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para las comunidades indígenas con la provisión de alimentos, y la región Oriental quedó exclusivamente en manos del Indi, y ya entregamos más del millón de kilos de alimentos, al igual que la SEN para la región Occidental", señaló.
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En ese sentido, indicó que la asistencia brindada por la institución en materia de alimentos históricamente era de manera trimestral, pero que ante la situación de emergencia nacional tuvieron que cambiar el proceso a una asistencia cíclica mensual, por lo que en algunos casos se tardó en cuanto a la coordinación.

Al respecto, señaló que están cumpliendo medianamente bien con todas las comunidades de la región oriental, y ya se encuentran en proceso de coordinación de una segunda fase de la asistencia, e incluso iniciando la tercera fase para la región Oriental.
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Aseveró que hubo resultados en cuanto al alto aislamiento que fue muy efectivo, ya que hasta la fecha los reportes no señalan que algún integrante de las comunidades haya contraído el virus, punto en el que resaltó también que redoblaron esfuerzos para la asistencia a los compatriotas nativos que se encuentran en la zona fronteriza con el Brasil con insumos preventivos, ya que miembros de comunidades del vecino país sí tendrían síntomas de la enfermedad.

Lo que sí afecta a las comunidades de la región Occidental, que ya data de mucho tiempo, es la falta de agua tras la larga sequía que aquejó a dicha región, acentuando la situación de vulnerabilidad de las comunidades, para lo cual iniciaron las gestiones ante la SEN, Essap e incluso el MOPC, para lo cual ya desde el año anterior acordaron la construcción de 30 sistemas de agua con fondos y financiamientos de cooperaciones internacionales, así como recursos propios del Indi para 10 sistemas más.

Durante la noche de este martes y la madrugada de hoy, la SEN brindó asistencia en el albergue y en la calle.

Con una temperatura mínima pronosticada de 5 grados para este miércoles, la noche del martes se presentó bastante fría, así como también la madrugada de hoy. Es por eso que el operativo invierno de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se activó, ya que el mismo se pone en marcha cuando se registran temperaturas menores a 10 grados.

Desde la SEN mencionaron que en la fría noche de ayer estuvieron realizando trabajos de protección a personas en situación de calle. En la ocasión, realizaron 34 asistencias en el albergue modo COVID-19 y una persona en situación de calle.

Las personas albergadas en el predio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tiene capacidad para 30 personas y está ubicado en Fulgencio R. Moreno, entre EEUU y Tacuary, recibieron alimentos, colchones, frazadas, además de la higienización, todo teniendo en cuenta las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus pandémico.
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Cuando está activo, el servicio funciona las 24 horas y se dividen en 2 turnos de 12 horas cada uno. El turno de la tarde entra a las 18:00 y empieza con la cena a las 20:00 en el recorrido de la primera ronda, donde van visualizando la situación de las personas si tienen todavía sus colchones y frazadas.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología emitieron hoy un boletín especial por tiempo significativo y anunciaron sobreenfriamiento nocturno y escarchas para algunas zonas del país. Para mañana jueves se espera una temperatura mínima de 4 grados en la Gran Asunción.
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En caso de ver a personas que se encuentran en las calles, la ciudadanía puede reportar el hecho al (021) 440-997/8 o al 911 del Sistema de Emergencia de la Policía Nacional y posteriormente derivan a la SEN.

POR MARCELO PEDROZA COACH mpedroza20@hotmail.com
Es el amanecer un misterioso regalo. Su presencia es indescriptible, tiene tantas rostros como seres humanos. En él se produce un encuentro con los proyectos, manifestándose una fuerza sin igual que tiene la particularidad de ser universal, amplio, contenedor sin condiciones, impecable y sorprendente.

El suceso del despertar es una invitación a agradecer. Nace el aire de la esperanza, se produce la conexión de las fortalezas vitales, esas que entusiasman más allá de los contextos en que viven; es como si dijesen, estamos para darle una oportunidad y las que quiera, usted puede. Hágalo. Eso se encargan incansablemente de realizar, día a día, sol a sol.

Si hay una luz hay algo que se puede ver... es en el instante preciso que lo que ilumina se atreve a mostrar la belleza de vivir, por eso en donde hay un ser hay potencia, de manera que siempre yace la energía para continuar...

En el clarear los pájaros cantan, ¿por qué lo hacen?, ¿qué nos quieren decir?, ¿qué estrofas entonan?, quizá de esa forma comparten su alegría, expresan su generosidad, alientan a los que escuchan sus voces. Es un fantástico calmante natural el que producen sus heterogéneos conciertos, además son capaces de llegar a todo el público, lo que destaca la apertura original que los distingue.

Mientras unos destinan sus vuelos hacia lugares distantes, otros se reúnen en esos árboles que los cobijan. En las ciudades los caminos son diversos, y sus meticulosos recorridos están impregnados de prevención, aprenden a cuidarse, se protegen, son ejemplares compañeros, respetan el andar del próximo y se suelen reunir en esos breves lapsos de reconocimiento terrenal. Allí parece que el arte consiste en explorar lo que sienten, para luego emprender una marcha elevada por el entusiasmo alimentado.

En los nidos el tiempo es único. Es en el ocaso de las jornadas que el retorno adquiere un sentido trascendente, verlos descansar es una habilidad que debe ejercitarse, es que los abrazos en las alturas de sus hogares representan a la historia que han sabido conservar.

Es contundente el constante fluir de los amaneceres, la asistencia es una fija cotidiana, es absoluta y se apodera de lo celestial. El asombro reside en que nunca son iguales, sus vestuarios son lo más parecido a los ojos que los ven, a los que no dejan de admirar la grandeza que yace en ellos.

Productores de banana de Cordillera, específicamente de San José Obrero, recibieron un tractor y un pulverizador foliar. Así lo informó el titular de la Mesa Nacional Intersectorialidad de Competitividad Bananera (Menicob), Hugo Franco, al tiempo de mencionar la inauguración de una planta empacadora de bananas de la firma Isla Bonita.

"Desde que se inició la plantación de banana acá es la primera vez que los productores reciben esta ayuda, que al igual que la planta empacadora, contribuirán al fortalecimiento del control fitosanitario y la producción en calidad, cantidad e inocuidad de las bananas", expresó Franco.

La entrega de las maquinarias se realizó en el local de Isla Bonita, con la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, y el director de la DEAG, el Ing. Gerardo Rojas, entre otros.
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Con ambos equipos, más los productos fungicidas y preventivos para controlar la Sigatoka amarilla y con una buena calendarización, se evitará la maduración prematura que suele sufrir la fruta a consecuencia de la citada enfermedad, muy común en todas las plantaciones.

Con la pulverizadora de 6 metros de altura se podrá realizar la fumigación desde arriba de las plantas, con productos controlados con un límite máximo, y el tractor podrá ser utilizado por todos los productores de la zona, ya que tiene una capacidad de fumigación de 50 hectáreas por día.
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"Con esto se va incrementar la calidad de la producción, y por ende la cantidad de kilo por hectárea, antes los productores tenían que fumigar con fumigadores de mochila a motor, que son bastante pesados", agregó.

De esta manera, los productores tendrán mayor capacidad, ya que con una buena aplicación se ahorrará tiempo, y por supuesto, aumentará la cantidad de producción por hectárea, con un rendimiento óptimo y se podrá entregar una fruta sana, sin apurar en los cortes.

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Cuarentena indígena: no hay casos de COVID-19, pero sí hay necesidad de alimentos

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El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, señaló que la comunidad nativa no presenta ningún caso positivo de COVID-19 en lo que va de la cuarentena; no obstante, sí existe una gran necesidad de alimentos y otro tipo de asistencia. Lo dijo en contacto telefónico con GEN y Universo 970.

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Pan American Health Organization / World Health Organization

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Es actividad se llevó a cabo con los auspicios de la OPS/ OMS Paraguay y la Dirección General de Asistencia a Grupos Vulnerables del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

El objetivo general de esta jornada fue sensibilizar a los funcionarios del MSP y BS en particular, y más ampliamente a las autoridades nacionales sobre algunos aspectos culturales de las comunidades indígenas, logrando compromisos, teniendo en cuenta las costumbres atávicas de los pueblos indígenas y enfocando la salud desde la perspectiva de Derechos Humanos, con calidad y calidez.

Durante la jornada que contó con la participación de directores generales, directores regionales y otras autoridades nacionales que trabajan con las distintas comunidades Indígenas en Paraguay.

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OPS/OMS Paraguay - PUEBLOS INDÍGENAS DEL PARAGUAY ANALIZARON SU DERECHO A LA SALUD | OPS/OMS

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Es actividad se llevó a cabo con los auspicios de la OPS/ OMS Paraguay y la Dirección General de Asistencia a Grupos Vulnerables del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

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Contexto y cosmovisión guaraní

De tiempos previos a las colonizaciones españolas y portuguesas, en América del Sur (en el territorio que hoy es Paraguay, parte del noreste de Argentina y Uruguay, el Mato Grosso Sud de Brasil y la región sureste de Bolivia) habita la nación indígena Guaraní.

La comunidad Guaraní se caracteriza por poblar territorios en los que coexisten dos ecosistemas: uno acuático (como arroyos o ríos) y el monte en pequeñas sierras. Estas particularidades en el territorio les ha permitido reproducir su cultura, como así también tener acceso a una diversidad de alimentos. En términos de SERVIN (2017:11) "esta ubicación espacial de la población guaraní no es casual, sino responde a la adaptación ambiental y territorial específica que se ha dado a lo largo de los siglos".

La cosmovisión guaraní, que rige la estructura socio-económica y política de la comunidad, tiene sus principios en dos conceptos: el Teko y el Tekoha. El Teko es el modo de ser en la tierra de los guaraníes, y el Tekoha es el lugar para ser, para desarrollar su cultura, economía, y relaciones. En términos de Servin (2017:12): "De hecho sin tekoha no hay teko, sin el lugar donde somos lo que somos, no somos nada".

En Paraguay, la comunidad indígena guaraní se autodenomina Ava Guaraní (hombre guaraní) y está dividida en cuatro sub comunidades según las particularidades propias ambientales del lugar que habitan: Ava Katuete, Kaarugua, Kanindejugua, Paranagua. La comunidad Sauce, es un Tekoha (territorio) ubicado en la zona media de la subcomunidad Paranagua la cual abarca la franja de la ribera del río Paraná, margen derecha, teniendo como frontera natural al rio Carapa al norte, en la zona media el río Itambe'y, y el río Acaray al sur (Servín, 2017).

Comunidad de Sauce. Paraguay 2019. Foto extraída de Album Ultimo aty gusu en Tekoha Sauce
Fb. Ph : Leticia Galeano.

Desalojos forzados de los territorios ancestrales

Les guaraníes, al igual que tantos otros pueblos indígenas de Paraguay, han sufrido desde la colonización española el despojo y desalojo forzado de sus territorios. A partir de los años 90 son las grandes empresas -sobre todo agrícolas y ganaderas- quienes coaccionan a las comunidades, siendo legitimadas por el Estado paraguayo.

Un caso paradigmático es el de la comunidad guaraní Tekoha Sauce que en el año 1975 -frente al proyecto binacional de energía hidroeléctrica Itaipú- es obligada, al igual que otras 35 comunidades, a abandonar sus territorios. Por este motivo, debieron trasladarse a Arroyo Guazu y Yukyry: comunidades que se encuentran a 100 o más kilómetros de sus territorios ancestrales, quedando privadas de su relación directa con el río Paraná. En ese momento, según registros de Itaipú, en el territorio habitaban cuarenta y tres familias de la comunidad, de las cuales en un principio quince resistieron al desalojo, hasta que finalmente fueron todas desplazadas (Servín, 2017). Cabe destacar que el mega emprendimiento hidroeléctrico no sólo expropió 146.000 hectáreas sino que además implicó que 140.000 hectáreas que formaban parte del territorio del Tekoha Sauce fueran cubiertas totalmente por agua, conformando un embalse que imposibilita el asentamiento de la comunidad (Servín, 2017).

Estrategias de resistencia

En el año 2015, luego de cuarenta años de desalojo, las familias de la comunidad indígena Sauce deciden regresar y habitar una parte de su territorio ancestral asentándose en una zona que colinda con dos arroyos y el monte (los elementos propios para el desarrollo de su cultura). Si bien estas tierras - de unas 79 Ha- son fiscales, conforman una cantidad mayor de hectáreas que son de propiedad privada (Servín, 2017). Es en este marco que Huzt, ciudadano paraguayo que detenta la propiedad de las mismas, decide recurrir al Estado logrando que el 30 de septiembre de 2016 desalojen violentamente a las familias guaraníes. De este procedimiento participaron personas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) que acompañaban al fiscal y al Cuerpo de Elite Policial (FAPI, 2016).

La comunidad, expuesta al constante hostigamiento por parte del Estado y de Itaipú Binacional, presentó denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. A partir de ello, en octubre del 2016 se conforma una Mesa Interinstitucional con el fin dar solución a sus reclamos y necesidades. Sin embargo, en agosto de 2017, la comunidad guaraní decide retirarse y dejar de participar en la misma debido a la falta de avances concretos en sus derechos.

Uno de los principales inconvenientes que se les presentaba era el hecho de que en Paraguay, si bien la propiedad comunitaria es reconocida como derecho colectivo, "precisa de un sujeto colectivo determinado, generalmente representado en la forma de comunidad con un liderazgo reconocido oficialmente" (Servín, 2017:17). Es decir que la comunidad necesitaba que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) reconociera al líder elegido por sus miembros en asamblea. Esto no ocurrió en las mesas de diálogo pese a que presentaron todos los requisitos, complicando los procesos de restitución de aquellas tierras que no sufrieron las inundaciones provocadas por la construcción de la represa. Recién en Octubre de 2018 se da el tan ansiado reconocimiento formal del líder y representante Cristobal Martinez. Este es un gran avance para dar curso a la batalla jurídica que la comunidad realiza ya que es el reconocimiento del líder en términos oficiales el que lo empodera para actuar en nombre de la comunidad.

Otro inconveniente que se presenta surge a partir de la adquisición de la represa de Itaipú de tierras aledañas para transformarlas en áreas protegidas. Si bien se reconoce la importancia de éstas ya que permiten la conservación de distintos ecosistemas -hoy en peligro por el avance de la frontera agrícola ganadera- es cuestionado su accionar ya que impiden la permanencia de les guaraníes en la reserva. Sólo se permite su ingreso por medio de un visita guiada o con la compañía de guardaparques, a pesar que dentro del área protegida Limoy está el centro del Tekoha Sauce y en las cercanías de la administración de dicha reserva se encuentra un cementerio de la comunidad (Servín, 2017). Tampoco se logró una respuesta a la asistencia alimenticia prometida, teniendo en cuenta que en la reserva se les prohibió el ejercicio de la agricultura, la caza y la pesca.

En la publicación del Informe de Amnistia internacional 2017/18 se menciona que varias organizaciones de derechos humanos informaron que un año después del desalojo forzoso de la comunidad no se habían registrado avances en la restitución de sus tierras; situación que se agrava con el paso del tiempo.

Teniendo en cuenta el informe antropológico de Servín, "Sauce debe tener como mínimo unas 5000 hectáreas como restitución de sus tierras tradicionales enajenadas, daños patrimoniales materiales e inmateriales sepultados, paisajes ambientales transformados por las obras de la represa Itaipú y sobre todo el traslado forzoso a que fueron sometidos como consecuencia de la implementación de este mega proyecto que costó nada más y nada menos que 15.292 billones de dólares a los estados de Brasil y Paraguay. El modesto pedido de la comunidad para asegurar las 1.067 hectáreas es ínfimo frente a todos los atropellos y violaciones que padecieron y que continúan en la actualidad" (Servín,2017:44) .

Son muchas las situaciones que van complejizando la causa de Sauce, ya que los desalojos de su tierra ancestral y la vida en la reserva no les permiten el contacto con el río, sumamente importante para el día a día de la comunidad. Por otro lado, en Abril de 2019 se da una nueva orden judicial de "no innovar" (no poder cazar, pescar ni cultivar en el territorio de la represa), medida que fue apelada.

En el documental "Tekoha Sauce en resistencia" Lirio Carrillo y Josefa Lopéz, miembros de la comunidad, expresan: " Somos los dueños del bosque, somos ava chiripa, los guardianes de este bosque, por eso el bosque nos pertenece y la tierra siempre nos perteneció y en este día nos sacaron todo. Nosotros no tenemos forma de sobrevivir sin el bosque , nos sacaron nuestro lugar y están plantando soja. Venimos luchando mucho para recuperar nuestras tierras y no tenemos forma de detener esto. No podemos subsistir y nos empobrecemos por la plantación masiva de soja y por los venenos. Ya no tenemos comida ni medicina del bosque y asi no tenemos como mantener las familias por que el bosque se nos acaba ".

Es importante destacar que si bien la Comunidad Sauce expresa su resistencia a la pérdida de su territorio ancestral y el reclamo de su restitución, su demanda trae aparejada la denuncia del uso que se está haciendo de las tierras y del bosque a través del cultivo de soja. Por otro lado, no fueron solo los desalojos forzados una violación a los derechos humanos sino también las consecuencias de los mismos: fueron despojados de todas sus pertenencias, incendiaron sus viviendas, con la destrucción de sus artesanías y todas sus posesiones.

Es así que la comunidad guaraní sigue siendo relegada en la agenda de derechos, tanto por el Estado como por la empresa Itaipú. Las 43 familias, asentadas finalmente en el lindero oeste de la reserva Limoy, en San Alberto Alto Paraná, permanecen aún en abril del 2019 habitando en condiciones de precariedad y desasosiego.

Ritual indígena de la comunidad de Sauce. Paraguay 2019. Foto extraída de Album Ultimo aty gusu en Tekoha Sauce
Fb. Ph : Leticia Galeano.

El rol de las mujeres en la lucha por la tierra

Es importante destacar el lugar de liderazgo y de visibilización de la lucha que llevaron adelante las mujeres de la comunidad. Frente a la realidad del despojo y precariedad en la cual se encontraban, deciden organizarse y luchar por la restitución de sus tierras, conformando así la Comisión de Mujeres de Tehoka Sauce. Este grupo de cuarenta mujeres, articulando con distintas organizaciones y proyectos, logró fortalecerse como organización, capacitándose en materia de derechos, traspasando el aislamiento geográfico, discutiendo y decidiendo los pasos a seguir a través de asambleas. Esto les permitió formar lideresas que participan en distintos encuentros con otras organizaciones de mujeres, a partir de las cuales pueden tejer redes y compartir experiencias. Un ejemplo concreto es el trabajo sobre la Plataforma Sauce Pytyvohara en conjunto con otras organizaciones con el objetivo de visibilizar y respaldar su lucha (Fondo de Mujeres, 2019).

Sin embargo, en su propia comunidad deben dar batalla para poder participar y asumir roles activos. Esto, sumado al esfuerzo de doble jornada que se da a partir de su rol en el ámbito doméstico -que asumen con mayor carga que los varones-, además de lo que refiere a su rol activo fuera de la comunidad, en la sobrecarga y la exposición pública (siendo identificadas por el poder como cuerpos débiles, recibiendo amedrentamientos y hostigaciones). Un caso paradigmático es el de Amada Martinez (lideresa, docente y defensora de los derechos de su comunidad) quien según el Informe Anual de Amnisitía Internacional 2018: "fue interceptada y amenazada de manera violenta por cinco hombres vestidos con uniformes de guardaparque, armados con escopetas y revólveres (...). Los hombres les apuntaron y amenazaron, presumiblemente debido al trabajo que viene desarrollando la Sra. Martínez en defensa de los derechos humanos de su comunidad."

Este hecho demuestra la situación de agresión que viven las mujeres defensoras ambientales, quienes al organizarse y asumir roles cada vez más activos en la defensa del territorio van padeciendo las diferentes violencias que se suman a la triple victimización de ser mujeres, pobres e indígenas.

La fuerza de las mujeres es una fuerza colectiva que genera comunidad y a eso le temen las políticas energéticas, las políticas mineras y las políticas mundiales.
Nosotras no sólo llevamos luchas en el territorio, sino también dentro de nuestras vidas, de nuestras camas, de nuestras casas y comunidades, porque la violencia no termina. Tenemos que seguir luchando para declarar territorios libres de violencia, libres de minería.
Queremos libertad en los territorios, para así poder saludar al agua, a la tierra, al aire, como elementos vivos y no de comercialización.
Lolita Chávez, Guatemala (Defensora de la tierra)

Referencias:

AMNISTIA Informe 2018 "La situacion de los Derechos Humanos en el Mundo" por Amnesty International Ltd. Peter Benenson House, 1, Easton Street, London WC1X 0DW Reino Unido © Amnesty International 2018 Índice: POL 10/6700/2018 ISBN: 978-84-96462-48-9 Depósito legal: M-35896-2017 Idioma original: Inglés

BARRIOS CACERES, Mario J. (Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco) (2018).. "Resulta imperativo revertir el patrón de muerte y amedrentamiento como respuesta a las reivindicaciones territoriales" En Yvypóra Derécho Paraguáipe - Derechos Humanos en Paraguay 2018 (pp. 53- 66) . Asunción: Codehupy.

FAPI, Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. "La FAPI repudia grave violación de derechos humanos sufrida por la comunidad indígena Sauce, del pueblo Ava Guaraní". 2 de octubre de 2016. Recuperado de: http://www.fapi.org.py/la-fapi-repudia-grave-violacion-de-derechos-humanos-sufrida-por-la-comunidad-indigena-sauce-del-pueblo-ava-guarani/

Fondo de Mujeres del Sur. "Un pedazo de tierra donde vivir", 17 de enero 2019. Recuperado de: http://www.mujeresdelsur.org/un-pedazo-de-tierra-donde-vivir/

SERVIN, Jorge. "Informe antropológico caso comunidad Ava Guarani Tekoha Sauce/subgrupo Ava paranaense". Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, octubre de 2017, Asunción, Paraguay.

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Acceso a la tierra, estrategias de resistencia de territorios indígenas: El caso de la comunidad Sauce (Paraguay)

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En este artículo se presenta la lucha por el acceso a la tierra que lleva adelante la comunidad guaraní Sauce, última organización de los Áva Guaraní, que fue desalojada de sus tierras ancestrales por parte de la represa de Itaipú en 1974; y cómo ésta realidad condujo a las mujeres de dicha comunidad a organizarse y luchar por la restitución de sus tierras ancestrales.

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Goran. Jorgensen

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

Hay que reconocer que, en cuanto a legislación y a política indigenista, esa Constitución representa un marcado avance. El capítulo V de la Carta Magna está dedicado a los pueblos indígenas. Son seis artículos, del 62 al 67, que fueron aprobados en forma directa y casi por unanimidad en la Asamblea plenaria. Veremos más adelante cómo se llegó a ellos y cuál es su contenido.

¿Cómo se llegó a un resultado que desde el punto de vista legislativo y jurídico puede considerarse bastante satisfactorio?

Pero también hay que preguntarse: ¿cuál es la situación real de los indígenas en la actualidad y si ella ha mudado significativamente con la nueva Constitución? Y en caso negativo a qué debería atribuirse.

Pueblos indígenas en el Paraguay

La población total del Paraguay, según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, de 1992, alcanza el número de 4.152.588 habitantes, de los cuales la población tenida como indígena se reduce a escasos 49.487 individuos.

El Censo y estudio de la población indígena del Paraguay, de 1981, realizado por el INDI (Instituto Nacional del Indígena) arrojaba la cifra de 38.703 personas, que en la época representaba el 1,26% de una población que entonces era de 3.029.830 habitantes para el Paraguay.

Pero hay que notar que dicho censo indígena de 1981 fue realizado con marcadas deficiencias técnicas y prácticas, y mal podía registrar la situación real. Algunas estimaciones por parte de otras organizaciones indigenistas hacen subir la cifra a 70.000 y hasta 100.000 con un porcentaje del 3%, e inclusive del 4% respecto a la total paraguaya.

Por lo que respecta al Censo de 1992, sus datos ya han sido procesados y están a la espera de publicación.

Comparados, los dos Censos oficiales ofrecen el siguiente cuadro:

La revista Mbya, n. 24 (Asunción, marzo 1995), recogiendo datos e informaciones provenientes de organizaciones y expertos independientes, con especial atención a la población y tenencia de tierra de las comunidades indígenas y los requerimientos en curso. A pesar de que la presentación de datos está hecha de forma un tanto heterogénea, debido a la diversidad de las fuentes de información, se consigue un cuadro más actualizado de la situación indígena en el Paraguay.

[Es cierto que no se puede establecer una equivalencia estricta entre familia y habitantes por vivienda, pero este indicador deducido del análisis del Censo de 1992 permite un cálculo aproximado aceptable].

Viven en el Paraguay 17 pueblos indígenas, que a su vez se agrupan en cinco familias lingüísticas:

guaraní -que se subdivide en Mbyá, Ava-Katú (o Chiripá), Aché (o Guayaki), Pa'í' Tavyterã, Chiriguano (o Guarayo) y Guarani-Ñandeva;

maskoy -subdividido en Sanapaná, Angaité, Enxet (o Lengua), Guaná, y Toba Maskoy;

Los pueblos de lengua guaraní se extienden por la llamada Región Oriental, al este del Río Paraguay, región fértil especialmente apropiada para los típicos cultivos de maíz, mandioca y cultivares de especies adaptadas a los montes subtropicales. Estos territorios están tradicionalmente ocupados por ellos desde hace unos 2.000 años A P. Hay, sin embargo, dos grupos guaraníes, los Chiriguanos y Ñandeva, que están localizados en la Región Occidental.

Los demás pueblos indígenas habitan la Región Occidental, o Chaco, excepto el pueblo Maká que recientemente ha migrado y se ha localizado en la periferia de la capital Asunción. Es importante notar que muchos grupos actualmente están en lugares que no corresponden al hábitat tradicional.

Una historia de exclusión

La actual situación jurídica de los indígenas se conformó sobre todo a partir del siglo XIX.

El presidente Carlos Antonio López a través del tristemente famoso Decreto del 7-X-1848 suprimió la institución del táva comunal, declarando extinta la "comunidad", lo que permitía al Estado apropiarse y disponer de las tierras de "los 21 pueblos de indios", a quienes se concedía -por irónico trueque- la ciudadanía. La asimilación de todos los habitantes del Paraguay en una única ciudadanía, negaba por vía de derecho positivo la realidad pluriétnica del Paraguay. Despojados de sus tierras, los indígenas se vieron también excluidos de la posibilidad de elegir y ser elegidos ya que sólo podía ejercer este derecho quien poseyera algún inmueble en propiedad. La negación tanto de la identidad étnica, como de la posibilidad de organizarse socialmente atendiendo a un sistema propio sería en el futuro un presupuesto político que caracterizaría a los distintos gobiernos y una actitud constante de la sociedad dominante frente a los pueblos indígenas.

La Constitución de 1870, promulgada después de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay estaba todavía ocupado por los extranjeros, legalizaba una posición discriminatoria contra los indígenas, dando atribuciones al Congreso de "proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacifico con los indios y promover la conversión al cristianismo y a la civilización" (Art. 72, inc. 13). Por otra parte el Estado paraguayo tuvo que aceptar como salida a su crisis económica el privatizar todas las tierras fiscales, lo que se daba naturalmente sin tener en cuenta los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Dos grandes empresas se hicieron con una porción considerable del territorio nacional: la firma Carlos Casado, en el Alto Paraguay, y La Industrial Paraguaya S.A, en la zona de Alto Paraná.

Ese apartado de la Constitución de 1870 se fue reglamentando poco a poco: en 1904 se autorizó por Ley al Poder Ejecutivo el fomentar "la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrando tierras y elementos de trabajo" (art. 31), pero "el poder Ejecutivo podrá disponer en las tierras fiscales de zona adecuada cuya extensión nunca superará las 7.500 hectáreas..." (Art. 2º de la Ley de 1907) y "para estimular estos trabajos el Poder Ejecutivo podrá conceder en propiedad a las personas o sociedad que emprenda las reducciones, hasta la cuarta parte de las tierras a ellas destinadas" (Art. 3º).

Este tipo de legislación reflejaba y al mismo incentivaba una mentalidad y actitudes sociales tan discriminatorias e injustas contra los indígenas que la Corte Suprema de Justicia tuvo incluso que recordar que "todos los indígenas, en su calidad de habitantes del territorio nacional, gozan, al igual de las personas civilizadas, de los derechos y garantías que las leyes reconocen a estas últimas" (Circular Nº 1 del 3-XI-1957). En el año 1963 se promulgan dos leyes que van a jugar un papel muy importante para la reorganización por parte del Estado de las comunidades indígenas. La Ley 852/63 por la cual se crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y la Ley 854/63 del Estatuto Agrario que en su artículo 16 expresa: "Los núcleos sobrevivientes de las parcialidades indígenas que aún existen en el país serán asistidas por el IBR para su organización en colonias. Con este objeto afectará las tierras necesarias para su asentamiento y colaborará en la medida de sus posibilidades con los organismos estatales y las entidades privadas pertinentes, para promover la progresiva incorporación de dichos núcleos al desarrollo económico y social del país".

Como se ve, aun queriendo corregir abusos y subsanar deficiencias, el Estado paraguayo adopta una clara política integracionista, que se aprecia igualmente en el Código de Trabajo, Ley 729/61, cuyos artículos 185 hasta el 191 tratan "Del trabajo indígena".

Vistas como "parcialidades" -ya nunca más como "naciones"- las comunidades y pueblos indígenas son tratados como sobrevivientes en vías de asimilación a la única ciudadanía paraguaya. Aunque se habla todavía de la formación de "colonias", el reconocimiento de la tierra indígena pasa a segundo plano, si es que es considerado. En un territorio indígena ni se piensa.

Indigenismo y filantropía

Mientras tanto, al calor de ciertas ideas y preocupaciones filantrópicas y humanitarias surgían algunas organizaciones indigenistas. Cabe mencionar como antecedente, el Patronato Nacional de Indígenas, creado por Decreto Nº 7.389 del 10-XII-1936 y conformado por representantes del Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, cuya función era la de "promover los trabajos necesarios para el conocimiento y organización de las tribus que habitan el territorio del país, adoptando todas las medidas de protección y asistencia que crean más aconsejables". Se trata todavía de la misma política asistencialista e integracionista que promovían las leyes específicas. En el año 1942 se aprobaban los estatutos de la (AIP) Asociación Indigenista del Paraguay, que buscaba los mismos objetivos que el Patronato con la diferencia importante de que no dependía directamente del Estado.

En 1949 tuvo lugar un hecho aparentemente modesto y de alcance muy limitado: se creaba la Curaduría de Indios Mbyá-Guaraníes del Guairá con la misión da "buscar y elaborar los medios necesarios y dignos para la adaptación a la vida civilizada de la importante población indígena del país". Dependía del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta curaduría, debido a la persona que la había promovido y la tuvo a su cargo por un tiempo considerable, iba a jugar un papel muy importante y hasta decisivo por lo que se refiere al rescate y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ese curador fue Don León Cadogan (1967), quien encauzó en gran medida su trabajo y su obra etnográfica y etnológica a través de esta Curaduría, con numerosos artículos y publicaciones en los que exponía sus conocimientos y denunciaba abusos y manifestaba sus preocupaciones...

Tanto el Patronato como la Curaduría tenían una actuación muy limitada debido en especial a la falta de un apoyo económico y gubernamental suficiente. En estas circunstancias, siendo el gral. Marcial Samaniego, Ministro de Defensa, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI), dependiendo de dicho Ministerio, en "vista a la necesidad de adoptar medidas tendientes a nuclear en colonias organizadas a los indígenas dispersos por las Regiones Oriental y Occidental de la República, a modo de evitar su extinción y adaptarlos a la vida sedentaria" (Decreto 1341/58). Como primera actividad el DAI organizó el I Congreso Indigenista Nacional, que se llevó a cabo en el mes de agosto de 1959. En este Congreso se abordaron los temas de situación legal, salud, colonización y educación de los pueblos indígenas. El lenguaje de las conclusiones y recomendaciones era ciertamente muy etnocéntrico y asistencialista; no se tenía en cuenta los derechos de los pueblos indígenas como tales, y lo que se pretendía era civilizarlos para que pudieran disfrutar así de los derechos de cualquier ser humano de la sociedad nacional. Las misiones -los misioneros y misioneras- eran el brazo derecho de esta política indigenista ya que entre otras funciones debían continuar "interesándose por la inscripción de los indígenas en el Registro Civil", preocuparse "por la higiene y la salud de los indígenas", "ir ubicando a los indígenas en poblaciones fijas que facilitaran su educación y desarrollo social, educativo y económico"; al mismo tiempo se decidía "pedir a los misioneros que orienten las actividades de los caciques".

Pero quizás, la recomendación que tuvo mayor efecto en lo sucesivo fue la de "organizar un Consejo Nacional Indigenista que actúe como Asesor de DAI para el estudio de los problemas derivados de la educación, el desarrollo, la dignificación y el bienestar de los indígenas, y proponer las soluciones que crea convenientes, necesarias y posibles a efecto de convertirlos, con el tiempo, en bueno miembros de la familia y de la comunidad, y ciudadanos socialmente útiles".

A medida que la función del DAI se hacia obsoleta y comenzaban a surgir problemas nuevos, debido sobre todo a nuevos conceptos y exigencias de movimientos indigenistas ya generalizados en gran parte de América Latina -como señalaremos enseguida-, el dictador del Paraguay, Gral. Alfredo Stroessner, a través del Decreto 18.365 del año 1975, considera oportuno y necesario crear el Instituto Nacional del Indígena (INDI) con la finalidad de "promover el desarrollo integral de las distintas comunidades indígenas del país, así como la efectiva integración en la sociedad nacional, respetando sus respectivas culturas" (Art. 1º). "El INDI estará constituido por un Consejo presidido por el Ministro de Defensa Nacional..." (Art. 2º) e integrado por un representante de cada uno de los ministerios, incluido un representante de las FFAA. Y no pasó medio año cuando por otro decreto (22.274/76) se amplían las facultades del INDI a "fiscalizar, orientar y coordinar todos los proyectos o esfuerzos promovidos por los organismos oficiales, religiosos; personas y entidades privadas nacionales o extranjeras destinadas a comunidades indígenas" (Art. 1º); de este modo, "todos los proyectos o acciones que deben realizarse en el futuro requerirán, ineludiblemente, la pertinente autorización del INDI" (Art. 2º).

La década del 70. Declaraciones internacionales y proyectos indigenistas

Y es que mientras tanto llegaban también al Paraguay los ecos de disposiciones y declaraciones sobre los derechos de los indígenas y la responsabilidad de las sociedades nacionales con los pueblos originarios.

En 1968, mediante la Ley Nº 63 se incorpora a la legislación nacional el convenio relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes (Convenio nº 107 de la OIT de 1957), a través del cual entró en nuestro régimen jurídico el derecho consuetudinario indígena.

La década del 70 significó un gran avance para las organizaciones indigenistas, y por ende para las mismas comunidades. El punto de quiebre lo podemos situar en el simposio internacional que se realizó a principios de 1971, "sobre la fricción interétnica en América del Sur", que produjo la "Declaración de Barbados, por la liberación del indígena": En ella se llama la atención sobre la relación colonial de dominio a que se hallan sujetos los indígenas de América, y es ante esta situación que "los estados, las misiones religiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena" pero "es necesario -agrega la Declaración-, tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha".

Al año siguiente en Asunción, el Consejo Mundial de Iglesias (quien había organizado el encuentro de Barbados juntamente con el Instituto de Etnología de la Universidad de Berna) organizó la Consulta Indígena Latinoamericana para que los agentes pastorales de las distintas Iglesias analicen su accionar a la luz de la Declaración de Barbados.

También se reunió en Asunción el Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur (octubre de 1974) en el que participaron representantes de cinco países, y en donde ningún no-indígena tenía participación activa. Se abordaron diversas temáticas como la tierra, el trabajo, la educación, la salud, la organización. Las Conclusiones del Primer Parlamento terminan con el siguiente párrafo: "En nuestra reunión recordamos los sufrimientos, las persecuciones que padecemos en todas partes, pero también las luchas que los indígenas de América estamos llevando a cabo hoy día, y hemos hecho el nuevo compromiso de seguir adelante. Así invitamos a todas las naciones indígenas para continuar hasta alcanzar el triunfo definitivo: ser hombres libres".

Varios proyectos surgieron en esta década que, siguiendo a Esther Prieto (1994, p. 6), pueden agruparse "en dos corrientes, que marcan hasta hoy el rumbo de la militancia indígena: una vertiente de desarrollo local (comunitario), y una de política global (con representatividad multiétnica)".

Dentro del primer grupo podemos colocar al Proyecto Pai' Tavytera, al Proyecto Guaraní y al Proyecto Nivaklé "Yi'shinachat". Tanto el primero como el último estaban centrados en una sola etnia, mientras que el Proyecto Guaraní se extendía a los Avá-Chiripá, Mbyá y Aché.

Leyendo los objetivos de los distintos proyectos se puede percibir hacia dónde apuntaban:

Proyecto Pai' Tavytera: "Emancipación social, cultural y económica de los indígenas guaraníes Pa'i Tavytera, dentro de un programa de desarrollo comunitario conforme a las realidades de la sociedad nacional, en estrecha colaboración con las instituciones gubernamentales y cuatro misiones religiosas" ( Informe 1974, cit. por Bejarano, 1976).

Proyecto Guaraní: "Se pretende la incorporación plena de las comunidades indígenas al proceso de desarrollo que se está gestando en la zona, teniendo en cuenta que su inserción se debe realizar a partir de la visión histórica de cada grupo étnico y respetando su autogestión".

Proyecto Nivaklé: "Solucionar el penoso problema de un difícil peregrinaje por la zona, como consecuencia de la carencia de tierras propias para su asentamiento, y ofrecerlas la oportunidad de progresar conforme a sus propias pautas culturales".

Dentro de la segunda corriente, el de una asociación pluriétnica, surge el Proyecto Marandú bajo el patrocinio de la Universidad Católica, que plantea una acción en tres planos: a- en las etnias indígenas: "detección de la problemática social indígena y labor informativa a los indígenas; b- en la sociedad nacional; "transformación de la conciencia de la sociedad nacional con respecto al indígena para lograr una actitud positiva de ella en relación a la aceptación de la cultura indígena como componente de la nacionalidad"; y c- a nivel internacional: "organizar el apoyo moral y económico internacional". Sin embargo, la actividad central "está en el trabajo de contacto directo con los indígenas; los otros dos planos de trabajo servirán de complemento al primero".

En octubre de 1974 se creó a instancias del Proyecto Marandú la (API) Asociación de Parcialidades Indígenas con la finalidad de dirigir dicho proyecto en el futuro y a la vez "constituirse en un núcleo directivo de todos los indígenas del Paraguay para la formación de una organización propiamente indígena" (cit. por Bejarano, 1976).

Es importante notar que en 1977 se volvieron a reunir en Barbados 34 personas (20 indígenas y 14 no-indígenas) ante los cambios positivos que ocurrieron en Latinoamérica después de la Declaración de Barbados. La diferencia sustancial entre las dos declaraciones está en que la segunda elaboró "un documento de los indígenas dirigiéndose a los indígenas"; así, entre los puntos más importantes se destaca que "en primer lugar, deben luchar por sobrevivir como grupo. Para ello, la posesión de la tierra es de capital importancia. En segundo lugar, deben liberarse ellos mismos de la dominación física y cultural. En tercer lugar, deben esforzarse por lograr su unidad al interior y a través de las fronteras nacionales".

Ciertamente la década del 70 fue una época de grandes "Declaraciones", donde Paraguay estuvo casi siempre bien representado; pero no se puede dejar de tener en cuenta que dentro del Paraguay ya habían pasado dos décadas desde que Stroessner se hizo con el poder, que la Constitución promulgada en el año 1967 no menciona una sola vez la palabra indígena; que la represión del sistema dictatorial alcanzó, a mediados del 70, niveles de verdadero terrorismo de Estado. En 1974 había saltado al ámbito internacional el caso de los Aché, las razzias contra ellos, la esclavitud a que estaban sometidos los niños y niñas capturados, los asesinatos que configuraban un cuadro de verdadero genocidio contra ese pueblo. Todo ello atrajo las miradas de los organismos internacionales. Los diversos proyectos promovidos por algunas organizaciones indigenistas dieron nueva vida a las comunidades, que en ciertos casos mostraron su poder autogestionario. Pero al mismo tiempo se debe lamentar que la API pronto se alejara de su finalidad primera. Más pendientes del dinero y de los enredos de la política partidaria los dirigentes se fueron alejando de sus comunidades, perdiendo legitimidad y autenticidad -sin olvidar que la dictadura hizo un buen trabajo de corrupción interna-. Adolfo Colambres llama la atención de este hecho, cuando al comentar la Ley 904/81, ya en 1982, podía decir que "moviéndose a la sombra de las autoridades, la API se ha granjeado la desconfianza del movimiento indígena panamericano, pues ni siquiera se atreve a enviar representantes a los congresos y foros internacionales donde se discuten los derechos de las minorías étnicas, ni a integrar el Consejo Indio de Sud América. Qué pasó con el espíritu de San Bernardino, el del año 1974? No es el indigenismo oficial el responsable de esa situación? Y si es así, ¿hasta qué punto será real la autogestión que propugna la Ley? Si en verdad se quiere iniciar una nueva etapa habrá que extremar la autocrítica, a fin de que esta Ley no se convierta en letra muerta o, lo que es peor, en un instrumento de manipulación".

Hacia la ley 904/81

La posesión de la tierra a que hacía referencia la Declaración de Barbados II, se tornó la exigencia central de cualquier legislación que tuviera que responder a la problemática indígena. La falta de títulos de propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas, por un lado, y por otro, la falta de capacidad jurídica de las mismas para tener la tierra a su nombre, fueron las mayores preocupaciones que manifestó la AIP en junio de 1978 cuando el INDI convocó a distintas instituciones indígenas e indigenistas, específicamente para dialogar sobre la situación de los indígenas en Paraguay.

Después de varios años en que los distintos proyectos ya estaban actuando, la problemática de la tierra ocupó el primer lugar en las preocupaciones de las comunidades indígenas.

La propuesta de la AIP fue bien recibida por las demás organizaciones que encomendaron a los doctores Helio Vera y Esther Prieto la elaboración de un "borrador que pudiera ser utilizado como base de discusión"; tres principios deberían ser tenidos en cuenta: Titularidad comunitaria y transferencia gratuita de la tierra; reconocimiento de las organizaciones indígenas y del sistema de liderazgo, y respeto al derecho consuetudinario.

Luego de varias reuniones del equipo interinstitucional, el INDI adoptó el proyecto y reelaborándolo lo elevó al Poder Ejecutivo en julio de 1980 bajo el titulo de Anteproyecto de Ley que establece el Régimen jurídico de las Comunidades Indígenas.

Este Anteproyecto pasó del Ejecutivo al Parlamento, donde varios capítulos, como el relativo al Derecho Consuetudinario Indígena y el del Fondo Especial para las Comunidades Indígenas fueron eliminados, al mismo tiempo que se agregaba un Titulo II 'De la Creación del INDI y de sus autoridades'. Así fue promulgada el 18-12-1981 la Ley 904: Estatuto de las Comunidades Indígenas.

A pesar de estas contradicciones, la ley no deja de representar un avance muy significativo para las comunidades indígenas. A partir de ese momento el conseguir la personería jurídica y luego la titulación de la tierra fue la tarea a la que se abocaron la mayoría de las comunidades indígenas.

La década del 80. Nuevas coordenadas y nuevas estrategias

Si la década del 70 estuvo jalonada con "declaraciones", la del 80 se caracteriza por "la lucha por la tierra". En esta lucha, si bien no se puede hablar de un movimiento propiamente indígena, si se van articulando las distintas organizaciones indigenistas en torno a intereses comunes, como la conquista y recuperación de la tierra, que en momentos específicos cobra una fuerza muy grande.

Podemos mencionar tres hechos que marcaron la actuación indígena-indigenista e hicieron tomar conciencia de la fuerza que se podría llegar a generar.

Un año después, la API volvió a insistir argumentando "que estos grupos indígenas como ocupantes milenarios de esas tierras tenían derecho a la ocupación, y al ser afectadas esas tierras por las obras de Itaipú corresponde a esa entidad proporcionar tierras equivalentes. A las dos semanas volvió la Itaipú a argumentar que la ley no lo tenía contemplado expresamente. Sin dejar pasar más tiempo, cuatro meses, a la API se le suman el INDI, la AIP y el Equipo Nacional de Misiones (dependiente de la Conferencia Episcopal Paraguaya), y en forma conjunta presentan un proyecto de Reasentamiento de Comunidades Avá-Chiripá para "evitar efectos negativos del emprendimiento en las comunidades consideradas e incluso hacerlas partícipes de sus beneficios". Dos meses más tarde en el mismo tono de siempre vuelve a responder la Itaipú Binacional pero esta vez con una gran dosis de ironía: "No puedo ocultar, sin embargo, -dice la carta- el vivo deseo de los que servimos en la Entidad, de responder positivamente a los requerimientos de las Asociaciones, de objetivos tan altruistas y que tan dignamente presiden Uds., pero el Tratado recordado nos distinguió con el altísimo honor de construir la Usina Hidroeléctrica sobre el Río Paraná, solamente."

Al año siguiente, amparándose ahora en la Ley 904/81 y en la 63/68 (que ratifica el Convenio 107), las mismas instituciones, pero sin el INDI, vuelven a solicitar la ejecución del Proyecto de Reasentamiento de las Comunidades Avá-Chiripá, en los términos de su formulación. Finalmente la Itaipú Binacional aceptó financiar pero en relación exclusiva con el INDI, que al fin de cuentas resultó "marcadamente negativa, y el hecho de que las fracciones estuvieran tituladas a nombre de esa institución facilitó a sus funcionarios la apropiación y venta -a todas luces ilegal- de la madera de estas colonias" (, p. 49).

El segundo de estos casos es el "Proyecto de Desarrollo del Área de Caazapá": una zona que es territorio tradicional del pueblo mbyá-guaraní. Con un crédito del Banco Mundial se comenzó la década con un estudio y diagnóstico de la zona para la posterior elaboración del Proyecto. En sus conclusiones se afirmaba que en la zona sólo vivían 10 familias mbyá, caracterizadas por su extrema movilidad, y por lo tanto no debían preocuparse por ellos. Peor aún, un año más tarde se concluyó que, después de haber consultado con el INDI, "los indios Mbyá-Avá son esencialmente cazadores nómades. No existen grupos Mbyá-Avá conocidos en la porción agrícola del Proyecto Caazapá, y si existieran algunos en el área forestal sería difícil establecer su número y localización, debido a que no cuentan con estructura tribal y tradiciones..." (cit. por , p. 62). Finalmente, bajo la insistencia de instituciones indigenistas y al amparo de la Ley 904/81 en el convenio que se firmó entre el Paraguay y el Banco Mundial (1982) figura un componente indígena. Enseguida se notaron los efectos negativos del Proyecto, los que "en su primera fase, señala Ramón Fogel, comprenden la presión sobre las tierras indígenas, la destrucción del entorno ecológico y alteraciones en las estrategias de sobrevivencia... y en cuanto a las tierras de esta comunidad, en el 2º semestre de 1985, no solo no se había legalizado la fracción poseída por la comunidad [Yukerí-Karandá]... sino que ni siquiera se efectuó la demarcación del territorio" (, p. 67). La demarcación y titulación de la tierra fue el principal problema con el que se enfrentó desde un inicio la AIP.

A partir de esta problemática originada en la zona de Caazapá en el año 1989, a través de la Ley 43/89 que modificaba la disposiciones de la Ley 1372/88 ("Que establece un régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas") se establece la prohibición de innovar en tierras en litigio. En su artículo 2º expresa: "No se admitirá innovaciones de hecho y de derecho en perjuicio de los asentamiento de las comunidades indígenas durante la tramitación de los expedientes administrativos y judiciales a que dieren lugar la titulación definitiva de las tierras. No se considerará innovación la siembra y cosecha de frutos o productos necesarios para la subsistencia, cuando las mismas se realizan en los lugares habituales". Esta ley significó un avance significativo en lo que respecta a las posibilidades de defender el hábitat indígena de la depredación de que eran objeto cada vez que se iniciaba un trámite de aseguramiento de tierras.

Finalmente, un tercer caso de lucha por la tierra en esta década del '80 es el de los Toba Maskoy con la empresa de intereses argentinos Carlos Casado. Esta empresa que se instaló en la zona del Alto Paraguay y poseía más de 2 millones de hectáreas, sometió a los indígenas a una esclavitud real, aunque a veces disimulada legalmente como si se tratara de trabajadores asalariados, a los casi 2.000 indígenas que habitaban ese territorio. Para subsistir dependían casi exclusivamente de los trabajos requeridos por la firma, sobre todo en la fábrica de tanino, pero también de changas en el puerto y de la oferta de algunos productos de la caza y pesca, muy mal pagados. Pero en los últimos tiempos la pronunciada disminución de trabajo en la taninera había ido deteriorando aún más la situación de los pobladores indígenas. Al plantearse la necesidad de cultivar sus tierras se vieron con la realidad de que esas tierras ya no eran suyas. Iniciaron las tramitaciones a través del INDI, quien en 1979 pide al IBR la afectación de 20 mil y 10 mil hectáreas de la firma Casado. A un decreto de expropiación siguió otro que lo anulaba y a cambio ofrecía la empresa otro lugar, totalmente inservible para las comunidades. Todo quedó congelado hasta que el INDI volvió a solicitar, en 1982, otras 30.000 hectáreas en la zona de 'Arroyo Mosquito'. Hasta el año siguiente el INDI, bajo la presidencia de general Marcial Samaniego, realizó una serie de estudios sobre el tema, pero luego fue removido del cargo y su sucesor no movió ni un papel; es más, siempre se mostró más aliado de la empresa que de los indígenas. Las entidades indigenistas se mantuvieron firmes junto a los indígenas. La Conferencia Episcopal, en 1987, envió una carta pública al titular del IBR en donde además de apoyar la expropiación denunciaba que "desde enero de 1985 el INDI no ha hecho trámite alguno tendiente a la resolución del conflicto". Finalmente, en agosto de 1987 se expropiaron las 30 mil hectáreas de la Carlos Casado. El caso fue importante por muchas razones y sus implicancias se extendieron a otras comunidades que sufrían la zozobra de la inseguridad por falta de un espacio vital. En primer lugar fue un testimonio de perseverancia indígena, fruto del trabajo unido; en segundo lugar, hizo notar la distancia que había entre el INDI y las comunidades indígenas.

Hacia la Constitución de 1992

En febrero de 1989 cae el régimen dictatorial de Stroessner y aunque es reemplazado por su consuegro, también militar, se inició para el país un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una de las medidas urgentes a tomar era la elaboración de una nueva carta magna que reemplazara la del año 1967, hecha a medida de la dictadura.

Estos encuentros fueron auspiciados por el Servicio de Apoyo al Indígena de la Misión de la Amistad, por el Equipo Nacional de Misiones y por 'Defensa del Patrimonio Indígena', dependiente de la Universidad Católica. Estas organizaciones estuvieron siempre al servicio de las comunidades en todo lo que hace a asesoría jurídica, movilidad, encuentros y demás aspectos que conllevan un seguimiento de este tipo.

Tanto la marcha histórica de los indígenas como el apoyo de diversas personalidades del ámbito nacional e internacional, tal la del escritor Augusto Roa Bastos (1991), influyeron para que los convencionales se tomaran más en serio la propuesta indígena. También la presencia constante de los representante indígenas en el recinto de sesiones y el buen tino de los asesores indigenistas consiguieron que la nueva Constitución reconociera la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos.

Finalmente el texto referente a los pueblos indígenas de la nueva Constitución de 1992 fue promulgada en los siguientes términos:

CAPITULO V. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Art. 62: de los pueblos indígenas y grupos étnicos

Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado Paraguayo.

Art. 63: de la identidad étnica

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

Art. 64: de la propiedad comunitaria

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Art. 65: del derecho a la participación

Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales.

Art. 66: de la educación y la asistencia

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.

Art. 67: de la exoneración

Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley.

Mirando al futuro

Sin lugar a dudas, el Capítulo V de la nueva Constitución es un avance sin precedentes en la legislación paraguaya, y más teniendo en cuenta que desde la Constitución de 1870 los indígenas eran constantemente ignorados.

Pero este primer paso necesita de un posterior desarrollo. Hasta que no se reglamente este Capítulo, se depende aún de la Ley 904/81 y de la 43/89. Además es necesario prestar atención a posibles contradicciones, como sería con los artículos 266-272 Del ministerio público, que tiene la función de representar "a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado" y estará integrado por el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales conforma a las disposiciones de la ley (art. 266); dentro de sus deberes y atribuciones se encuentra la de: "2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas" (art. 268).

Nuevamente al igual que en la 904/81 la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas queda puesta entre paréntesis, dependiendo de la buena o mala voluntad del Fiscal de turno, y como estos son puestos políticos (como quedó bien claro en la última elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General).

Los dos intentos para reglamentar la Constitución nacional en lo referente a los pueblos indígenas, uno del CIDSEP (Centro Interdisciplinario de Economía y Política, dependiente de la Universidad Católica) y el otro del INDI (con la colaboración de la fundación Hans Seidel) no ha recibido todo el respaldo de las demás entidades indigenistas, sobre todo porque la figura del INDI cobraba aún más fuerza. Ambas propuestas se encuentran paradas.

Especialistas como la doctora Esther Prieto (1994, p. 14) plantean la necesidad que "el proceso de modificación de las leyes tendría que moverse con sentido de transversalidad, a fin de contemplar a leyes de diversas temáticas". Es decir que aparte de reglamentar el Capítulo V habría que atender a un buen número de leyes que se relacionan con diversos derechos indígenas, como las del Código Laboral, del Estatuto Agrario, etc.

Actualmente se encuentra en el Parlamento una Ley General de Educación que marcaría lo principios generales sobre este tema tan importante para las comunidades indígenas. Algunas entidades indigenistas más cercanas a esta problemática como la Coordinadora de Pastoral Indígena, que desde hace casi 20 años viene organizando encuentros de maestros indígenas, han elaborado conjuntamente con ellos un anteproyecto de Ley de Educación indígena.

Problema indigenista y solución indígena

Después de esta breve recorrido por las distintas políticas indigenistas, tanto por parte del Estado como de las entidades indigenistas y a la vez comprobar la reacción de las comunidades indígenas, resulta llamativo que a tres años de haberse promulgado la nueva Constitución todavía sigan existiendo problemas graves de tierra, como en el caso de los Enxet Máxime que en el año 1993 el Paraguay ratificó el Convenio 169 de la OIT, dándole aún más fuerza al derecho de los pueblos indígenas a la tierra.

No se puede seguir utilizando la frase "falta voluntad política para implementarlo", tan ingenua como altamente peligrosa. No es cuestión de 'voluntad' sino de conflicto de poderes y de sistemas de vida. Son los mismos conflictos que vienen teniendo los pueblos indígenas desde la colonia, con la diferencia de que los mecanismos legales se han vuelto más complejos pero los pueblos indígenas empiezan a estar mejor pertrechados para la lucha. El logro conseguido en la Asamblea Constituyente no fue un reflejo del cambio de actitud de la gran mayoría de la población -y menos de las autoridades y empresarios- hacia los indígenas, sino que fue el resultado de una serie de circunstancias, que ayudaron a una unión coyuntural entre indígenas e indigenistas. Pero fue sobre todo la presencia de los indígenas lo que ejerció un fuerte impacto en los convencionales.

Mientras tanto los mismos indígenas se fueron fortaleciendo en las luchas que iban desarrollando por conseguir su tierra.

El cuadro se agrava por el hecho de que las entidades indigenistas privadas, al ver reducido el presupuesto de sus proyectos, -al parecer las agencias internacionales no consideran prioritario el Paraguay para sus inversiones-; preocupadas seriamente por sus angustias económicas, rompen en muchas oportunidades los lazos de unión que ya existían entre las diversas entidades, tratando de conseguir los fondos necesarios para sus propios proyectos.

Llegando inclusive a dividir la aún débil organización indigenista, como ocurrió con el Aty Guasu (Gran Asamblea) de los Avá Chiripá. La lucha por los derechos indígenas apenas comienza. Una de las tareas es la de crear condiciones de posibilidad para pensar y re-pensar la relación entre la llamada sociedad nacional y los pueblos indígenas. Estos no pueden ser tenidos como eterno problema, sino como principio de solución para muchos problemas de la sociedad nacional. Y para ello es de suma importancia que los mismos indígenas continúen en sus formas de vida y tenían posibilidad de comunicarlas, de hacerlas aceptables y respetables y hasta ejemplares en muchos aspectos. La cuestión indígena sigue siendo uno de los termómetros para medida democracia y el alcance de la práctica de los derechos humanos en un país. En este momento, respetar los derechos indígenas ya consagrados en la Constitución es condición necesaria para construir una sociedad histórico posible más justa.

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Los pueblos indígenas en el Paraguay: conquistas legales y problemas de tierra

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

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Escrito en . Publicado en Paraguay

La población que se autoidentifica como perteneciente de algunos de los 19 pueblos indígenas de Paraguay se distribuyen en 5 diferentes familias lingüísticas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental) Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom). La población total es de 112.848 indígenas, de conformidad al Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena de 2012.

El Capítulo V de la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, reconociéndoles derechos tales como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales, entre otros.

Paraguay cuenta con un marco jurídico que garantiza y reconoce una gama de derechos bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, habiendo ratificado lo principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el sistema universal como interamericano.
Pueblos indígenas y cambio climático
Los pueblos indígenas se cuentan entre los que menos han contribuido al problema del cambio climático. Son al mismo tiempo los que ofrecen más aportes ecosistémicos en la lucha contra sus efectos y, sin embargo, son los que sufren sus peores consecuencias. Los impactos ambientales del cambio climático constituyen en la actualidad una amenaza grave a los derechos de los pueblos indígenas. El aumento de lluvias y sequías está generando un impacto severo en la alimentación y abastecimiento familiar indígena. La deforestación, una de las mayores fuentes de emisiones globales de carbono, está asociada en dichos territorios a actividades extractivas, agroindustriales y grandes infraestructuras.

Copiosas precipitaciones provocaron el aumento del caudal de los principales ríos y arroyos en Paraguay, inundando zonas ribereñas desde finales de 2018. Estas se acentuaron en el primer trimestre de 2019, continuando en algunos lugares, incluso hasta mediados del año, afectando a diversos departamentos del territorio nacional, entre ellas la mismísima capital. Debido a condiciones topográficas y orográficas que le son propias, en algunos departamentos como los de la región Occidental, el impacto fue aún mayor, tanto por superficie afectada, como por la vulnerabilidad de la población y servicios comprometidos.

Facultado constitucionalmente a expedir leyes de emergencia en casos de desastre o calamidad pública, el Congreso sancionó leyes que declararon en situación de emergencia a los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay, respectivamente. En el primer caso, por noventa días, en el segundo por ciento veinte y en último, sin mención expresa del plazo[1].

En estas extremas circunstancias, los pueblos indígenas se encuentran entre los más afectados por desastres naturales o calamidad pública. Se trata de fenómenos frecuentes y previsibles, lo que aumenta su vulnerabilidad ya particular debido a una situación permanente de denegación estructural de derechos, sin que el Estado asuma medidas que amortigüen los daños o para afrontarlos con mayor facilidad, como la construcción de caminos, por ejemplo, o dotación de recursos adicionales, entre otros. Tomando estas circunstancias en consideración, el Legislativo sancionó la Ley N.º 6319/19, que declaró en situación de emergencia nacional a las comunidades indígenas que conforman los 19 pueblos que habitan el territorio de la República. A los efectos de graficar, solo en el municipio de Tte. Irala Fernández, del departamento de Presidente Hayes, hubieron 12.000 damnificados, sobre todo en las comunidades indígenas, que perdieron entre el 70 y el 100% de sus cultivos.

El desborde de los cauces hídricos también diezmó la salud y la vida de los y las indígenas, quienes se vieron expuestos a varias enfermedades, debido a la humedad e insalubridad de la zona.

Una inversión insuficiente en infraestructura vial para las comunidades indígenas, sumada al aislamiento producido por las inundaciones, derivan en la falta de accesibilidad a centros asistenciales, bienes y servicios de salud, los cuales por obligación estatal deben estar al alcance geográfico de los sectores más vulnerables. Sin embargo, el Estado invierte ingentes sumas del erario público para la construcción y mantenimiento de rutas destinadas a sectores económicos poderosos. Al mismo tiempo los pueblos indígenas, empujados al extremo y sin percibir avances sustantivos a sus derechos, sin caminos de todo tiempo en sus comunidades, se ven forzados a plantear distintas estrategias legales, como la presentación de una acción de servidumbre de paso o plantear leyes de expropiación.

En algunos casos, aun consiguiendo medios de locomoción, las comunidades indígenas se ven imposibilitadas de llegar hasta los centros asistenciales. El manejo de la concesión de caminos públicos para manejo privado, derivan en la conformación de "comisiones de camino" mayoritariamente integradas por representantes de empresas ganaderas. Los agentes de estas, considerando únicamente la conservación de los terraplenes, niegan el permiso a angustiados padres y madres indígenas con niños y niñas gravemente enfermos a circular por caminos clausurados por lluvias, bajo la excusa de averiarlos.

A mediados de agosto de 2019, un incendio forestal registrado en el pantanal paraguayo, en la zona fronteriza compartida con Brasil y Bolivia, tuvo su foco más importante en la zona de Bahía Negra, afectándose parte de la Reserva Pantanal Paraguayo y parte del Parque Nacional Río Negro, extendiéndose asimismo a la zona del Monumento Natural Chovoreca. Por Ley N.º 6373/19 se declaró en situación de emergencia ambiental a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón en la región Occidental por un periodo de 60 días, afectados por los focos de incendios forestales. La ley había sido aprobada el 22 de agosto de 2019 por la Cámara de Senadores y sancionada por la Cámara Baja el 4 de septiembre de 2019. La promulgación del Ejecutivo se realizó el 9 del mismo mes. Al día siguiente, por medio de un comunicado, la ONG Guyrá Paraguay daba cuenta de los niveles críticos de fuego activo en otros departamentos del país, como Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción; mientras que en el Chaco los continuos incendios descontrolados afectaban al sector del Chovoreca. Se reportaron 4.592 focos de incendios en la región Oriental entre la semana del 3 al 10 de septiembre, denunciando el mismo patrón de quema de bosques utilizado en el año 2007, para habilitar tierras a campos agropecuarios, incluso en algunas áreas relacionadas a cultivos ilegales en áreas protegidas y zonas boscosas[2].

El Instituto Forestal Nacional (Infona) abrió investigaciones contra 15 estancias en el departamento de Alto Paraguay donde se registraron incendios, ante sospechas de que fueron provocados[3]. Según algunas estimaciones, unas 312.528 hectáreas fueron afectadas solamente en el noreste del Chaco paraguayo[4], en tanto que 2.000 indígenas, cuyas comunidades fueron afectadas directamente por los incendios, registraron una gran cantidad de problemas respiratorios[5].

Aprobación del protocolo de consulta previa

Una de las acciones más celebradas y promocionadas por el Ejecutivo en el período que abarca el presente informe consistió en la aprobación por Decreto Nº1039/18 del "Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay".

Resoluciones con sesgo discriminatorio

En cuanto al Instituto Paraguay del Indígena (Indi), este viene emitiendo resoluciones que evidencian sesgos paternalistas y proteccionistas, paradigmas ya superados, que conciben a los y las indígenas como objeto de protección, y no sujetos de derechos relativas a la prohibición del expendio y de la comercialización de bebidas alcohólicas y estupefacientes dentro de las comunidades[6]. Las sanciones por infringir estas normas afectarían desmedidamente a líderes de grupos o comunidades indígenas por asistir a manifestaciones públicas con niños, niñas y adolescentes indígenas, bajo el argumento de no exponerlas al peligro[7], siendo violatorias de los artículos 46 de la Constitución Nacional y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ausencia de un sistema de protección social integral y universal para los pueblos indígenas, ha demostrado que las acciones incompletas, aisladas, irregulares, sectorizadas y regionalizadas de los programas Teko Porã, Adultos Mayores, el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible -así como la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)- no hacen sino revelar la deuda mal pagada del Estado en ese sentido.

El gobierno Abdo y la administración Allen -así como la de Édgar Olmedo, actualmente- son partes del proceso progresivo de reducción y fragmentación de las políticas indigenistas del Estado, particularmente en el tema de restitución territorial, hacia un modelo privatizado, punitivo y mínimo de relación con los pueblos y comunidades indígenas. De esta manera cierra cualquier posibilidad de avance, continuidad o apertura para la restitución de tierras, únicamente habilitada para casos finales y de mero trámite, o inclusive de los derechos de comunidades con tierras tituladas pero fuertemente atacadas y expoliadas por el agronegocio por modos legales e ilegales, como por ejemplo, alquiler, invasión o expulsión.

Restituciones territoriales
El caso Tekoha Sauce
A pesar de habitar su territorio tradicional, la comunidad avá guaraní Tekoha Sauce, es considerada por la empresa hidroeléctrica Itaipú como invasora del área silvestre protegida de Limoy y, por tanto, presentó en 2019 ante los órganos jurisdiccionales un pedido de desalojo, con base en un informe presentado en el 2016, en el que sostienen que es una zona de recuperación y restauración, en consecuencia, no se permite otro tipo de uso.

Sin embargo, mientras busca desalojar a los indígenas judicialmente, por otra parte, la hidroeléctrica Itaipú cede la reserva a agroempresarios de la zona, en donde se encuentra operando un puerto desde hace unos 20 años y que, de conformidad a la Dirección Nacional de Aduanas, no estaría contando con los permisos de rigor.Además, desde el año 2000 se permitió la cesión de usos múltiples dentro de la franja, con base en un Plan Director de Gestión Ambiental, totalizando a la fecha unas 24 cesiones vigentes y otras 26 en trámite.
Más vale tarde (y poco) ¿que nunca? Titulaciones que tardan hasta 30 años
Algunas acciones desplegadas por el Estado que merecen mención en cuanto a la restitución territorial de los pueblos indígenas son los casos de las comunidades Tarumanymi, del pueblo Mbyá Guaraní, de Luque; la comunidad Wonta Santa Rosa, del pueblo Manjui y la comunidad Río Apa, del pueblo Guaná.

En el primero de los casos, en un hecho histórico. En el mes de mayo, medio centenar de familias provenientes de los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Guairá y Concepción se beneficiaron de la titulación de 8 hectáreas en la ciudad de Luque, adquiridas hace más de una década por la entonces Secretaría de Acción Social[10]. En el segundo caso, en el mes de septiembre, la comunidad ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, fue beneficiada con la titulación de unas 12.228 hectáreas[11]. Finalmente, luego de más de tres décadas de tramitación, la comunidad Río Apa del pueblo Guaná obtuvo la regularización de sus tierras tradicionales, coincidentemente con del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Dispar suerte corre la comunidad Loma, del pueblo Guaraní, a pesar de contar con 10.079 hectáreas de tierras fiscales, reconocidas como Colonia Nacional Indígena desde 1984. En más de 35 años de recurrir a las vías legales y administrativas no pudieron acceder a la titulación de sus tierras, y sufren desde el año 2010 las amenazas y amedrentamiento sistemático de particulares que pretenden la apropiación de estas tierras[12]. Por otra parte, el presente año se volvieron a registrar atropellos en la comunidad Ysati, distrito Itakyry; en donde se incendiaron viviendas y cultivos por parte de desconocidos[13] de donde ya habían sido desalojados por civiles armados[14].
Cumplimiento de las sentencias dictadas y acuerdos amistosos celebrados en el SIDH
Durante el primer semestre del 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó resolución respecto a la supervisión de cumplimiento de las sentencias recaídas en los casos de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, las que había visitado en 2017. Entre los avances del cumplimiento de las sentencias dictadas y acuerdos amistosos celebrados en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, se destaca el primer desembolso de los tres que se tienen planificados en tres años, destinados a los proyectos de desarrollo para las comunidades antes mencionadas. También se considera la conformación de los comités de implementación para la ejecución de los fondos de desarrollo comunitario, incluidas por el Estado paraguayo en la misma resolución, en el marco del cumplimiento e implementación de las sentencias de la Corte Interamericana y acuerdo amistoso celebrado ante la Comisión Interamericana en dichos casos. El comisionado de la Comisión Interamericana, Joel Hernández, mantuvo reuniones de trabajo en que se abordaron casos que se encuentran en trámite en ese órgano del sistema interamericano, relativos a los reclamos de las comunidades indígenas del pueblo Ayoreo Totobiegosode, Yaka Marangatu, del pueblo Mbya, y Kelyenmagategma y del pueblo Enxet[15].
Observaciones del Comité de Derechos Humanos en materia indígena
En julio del presente año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó sus Observaciones Finales en relación al cuarto informe periódico del Estado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En dicha ocasión enfatizó la necesidad de implementar las sentencias de la Corte Interamericana respecto a los casos Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek, así como garantizar la protección a los recursos y tierras de los ayoreo totobiegosode; además de fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena. También se señaló la necesidad de garantizar el acceso efectivo a procedimientos de resolución de conflictos y acelerar la devolución y el registro de tierras y recursos naturales, además del acceso a la educación y a la salud de todos los pueblos indígenas y hacer efectivo el mecanismo nacional de consulta que garantice el consentimiento libre previo e informado.

Notas y referencias

[1] Gaceta Oficial. Disponible en http://www.gacetaoficial.gov.py/index/getDocumento/59251.

[2] Guyra Paraguay. Comunicado de fecha 10 de septiembre de 2019. Disponible en: http://guyra.org.py/alarmante-nivel-de-incendios-en-todo-el-pais/.

[3] Última Hora, 18 de septiembre de 2019. Disponible en https://www.ultimahora.com/infona-investiga-15-estancieros-incendios-forestales-el-chaco-n2844492.html.

[4] Infona. Reporte de focos de calor sobre la República del Paraguay. 01 de octubre de 2019. Disponible en http://infona.gov.py/application/files/9615/6994/4188/monitoreo_focos_conjunto_20191001_lq9y21vh.pdf.

[5] La Unión 800 AM, 18 de septiembre de 2019. Disponible en https://www.launion.com.py/comunidades-indigenas-son-los-que-mas-sufren-incendios-en-chaco-122567.html.

[6] Resolución P/N.º 447/19, del 9 de septiembre de 2019.

[7] Resolución P/N.º 448/19, del 9 de septiembre de 2019.

[8] Por ejemplo, en el caso de futuras reivindicaciones, recientemente planteadas o que podrían plantearse, responder de oficio en base a déficit de tierras en cantidad y calidad suficientes para una gran cantidad de comunidades indígenas.

[9] Última Hora, 26 de septiembre de 2019. Disponible en https://www.ultimahora.com/indigenas-son-invasores-itaipu-pero-sojeros-si-usan-area-protegida-n2845895.html.

[10] Última Hora, 17 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.ultimahora.com/indi-otorga-titulo-indigenas-la-ciudad-primera-vez-n2819837.html.

[11] Perfil de Facebook del Indi. Disponible en https://www.facebook.com/institutoparaguayo.delindigena/.

[12] Gente, Ambiente y Territorio. Boletín Febrero 2019. Disponible en: http://gat.org.py/boletin/2019/Febrero/1853

[13] La Nación, 4 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/pais/2019/03/04/indigenas-denuncian-incendio-de-cultivos-y-viviendas/

[14] Última Hora, 26 de enero de 2019. Disponible en: https://www.ultimahora.com/indigenas-fueron-desalojados-un-inmueble-itakyry-n2793958.html

[15] Ministerio de Relaciones Exteriores, 15 de octubre de 2019. Disponible en http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/comisionado-de-la-cidh-se-reunio-con-el-canciller-y-continuaran-los-encuentros-con-distintos-organismos. Para mayor información, se remite al artículo referente a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, incluido en este informe.

[16] Naciones Unidas (2019). Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Paraguay. CCPR/C/PRY/CO/4. Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.

Mario J. Barrios Cáceres es abogado y profesor universitario. Presidente del Directorio de Tierraviva a los Pueblos Indígena del Chaco.

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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defensores / defensoras de los derechos humanos indígenas

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Escrito en . Publicado en Paraguay La población que se autoidentifica como perteneciente de algunos de los 19 pueblos indígenas de Paraguay se distribuyen en 5 diferentes familias lingüísticas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental) Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom).

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Resaltan que cumplen con la cuarentena hace más de 1 mes y no salen. Esperan también que el Gobierno cumpla con ellos y hagan llegar los alimentos.

Con la cuarentena por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus, son varias las comunidades indígenas que se ven afectadas porque ya no salen y los recursos faltan, ya no tienen qué comer. Ruegan que el Gobierno les asista porque son los niños y ancianos quienes más sufren con la situación.

Un caso que se conoció es el de David Chilavert, indígena Enxet de la Comunidad Pozo Colorado de Río Verde, quien tuvo que cambiar su elemento de trabajo por un poco de comida. "No tuve más remedio que cambiar mí pala por un paquete de arroz. Los niños no entienden cuando les decimos que no hay comida" mencionó.

La pala es el elemento de trabajo de David ya que su principal actividad es la construcción de alambrados en establecimientos ganaderos, trabajo que también quedó suspendido por la pandemia del coronavirus.
Leer también: SEN recién alcanza 100 mil transferencias monetarias
Mencionan que la falta de asistencia alimentaria por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se extiende ya más de un mes y el nivel de hambre en las Comunidades Indígenas se acentúa. Sostienen que la SEN pide "paciencia y comprensión" porque quedaron desabastecidos en plena asistencia. Por su parte, los gobiernos Municipales y Departamentales no se hacen sentir en el Chaco.

En el distrito de Bahía Negra del Alto Paraguay, la situación es bastante similar, pueblos de la Nación Yshir claman al gobierno nacional y a su vez a la SEN la entrega y distribución inmediata de los kits de alimentos en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19. María Liz Paya, mencionó que hace más de 1 mes que están cumpliendo con la cuarentena y la gente pasa necesidades en su alimentación.

En la Comunidad La Patria, distrito de Puerto Pinasco (Pdte. Hayes), el líder de Laguna Hü, Lino Rolón, manifiesta la gran preocupación del Pueblo Angaite en la zona. Ellos se encuentran cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias pero el Estado no les asiste en la provisión de alimentos para la subsistencia diaria.
Leer además: "Si el virus entra a nuestras comunidades, los pueblos indígenas estaremos fritos"
Indicó que en La Patria son 18 las aldeas de los indígenas de una población con más de 1000 familias y en ninguna de estas comunidades llega la ayuda estatal. Inclusive resalta que actualmente el camino de entrada a la comunidad se encuentra en óptimas condiciones, por lo que no hay excusa para que no lleguen los camiones llevando los víveres. Incluso hay posibilidades de llegar hasta las propias aldeas porque los caminos internos igualmente se encuentran en buen estado.

Así también, comentan que a un mes del inicio de la cuarentena, los indígenas cumplen estrictamente con las disposiciones adoptadas por el gobierno y no salen de sus comunidades, además de tomar las medidas internas de seguridad con el fin de evitar la entrada de personas que puedan contagiarles con el virus.

Antonio Benítez, líder de la Aldea Dos Palmas - Comunidad El Estribo, del distrito de Manuel Irala Fernández del departamento de Presidente Hayes, contó que están con necesidades de alimentación y no les llegan los kits de alimentos, relatando la crítica situación por la cual están pasando.
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Otro punto que se ve afectado es el distrito de Loma Plata, Boquerón, donde el líder de la Aldea Samaria de Nivacle Unida, Celestino Frise, ruega a las autoridades la urgente distribución de las bolsas de alimentos considerando el hambre que agobia a las familias, especialmente los niños.

"Señor Presidente Mario Abdo Benítez informo lo que estamos pasando hoy en día durante la cuarentena donde toda la comunidad está cumpliendo con las disposiciones, por eso señor Presidente pedimos agilice la entrega de víveres en las comunidades" refirió el líder indígena.

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Chaco: Comunidades indígenas en situación de extrema vulnerabilidad

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Resaltan que cumplen con la cuarentena hace más de 1 mes y no salen. Esperan también que el Gobierno cumpla con ellos y hagan llegar los alimentos. Con la cuarentena por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus, son varias las comunidades indígenas que se ven afectadas porque ya no salen y los recursos faltan, ya no tienen qué comer.

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

Hay que reconocer que, en cuanto a legislación y a política indigenista, esa Constitución representa un marcado avance. El capítulo V de la Carta Magna está dedicado a los pueblos indígenas. Son seis artículos, del 62 al 67, que fueron aprobados en forma directa y casi por unanimidad en la Asamblea plenaria. Veremos más adelante cómo se llegó a ellos y cuál es su contenido.

¿Cómo se llegó a un resultado que desde el punto de vista legislativo y jurídico puede considerarse bastante satisfactorio?

Pero también hay que preguntarse: ¿cuál es la situación real de los indígenas en la actualidad y si ella ha mudado significativamente con la nueva Constitución? Y en caso negativo a qué debería atribuirse.

Pueblos indígenas en el Paraguay

La población total del Paraguay, según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, de 1992, alcanza el número de 4.152.588 habitantes, de los cuales la población tenida como indígena se reduce a escasos 49.487 individuos.

El Censo y estudio de la población indígena del Paraguay, de 1981, realizado por el INDI (Instituto Nacional del Indígena) arrojaba la cifra de 38.703 personas, que en la época representaba el 1,26% de una población que entonces era de 3.029.830 habitantes para el Paraguay.

Pero hay que notar que dicho censo indígena de 1981 fue realizado con marcadas deficiencias técnicas y prácticas, y mal podía registrar la situación real. Algunas estimaciones por parte de otras organizaciones indigenistas hacen subir la cifra a 70.000 y hasta 100.000 con un porcentaje del 3%, e inclusive del 4% respecto a la total paraguaya.

Por lo que respecta al Censo de 1992, sus datos ya han sido procesados y están a la espera de publicación.

Comparados, los dos Censos oficiales ofrecen el siguiente cuadro:

La revista Mbya, n. 24 (Asunción, marzo 1995), recogiendo datos e informaciones provenientes de organizaciones y expertos independientes, con especial atención a la población y tenencia de tierra de las comunidades indígenas y los requerimientos en curso. A pesar de que la presentación de datos está hecha de forma un tanto heterogénea, debido a la diversidad de las fuentes de información, se consigue un cuadro más actualizado de la situación indígena en el Paraguay.

[Es cierto que no se puede establecer una equivalencia estricta entre familia y habitantes por vivienda, pero este indicador deducido del análisis del Censo de 1992 permite un cálculo aproximado aceptable].

Viven en el Paraguay 17 pueblos indígenas, que a su vez se agrupan en cinco familias lingüísticas:

guaraní -que se subdivide en Mbyá, Ava-Katú (o Chiripá), Aché (o Guayaki), Pa'í' Tavyterã, Chiriguano (o Guarayo) y Guarani-Ñandeva;

maskoy -subdividido en Sanapaná, Angaité, Enxet (o Lengua), Guaná, y Toba Maskoy;

Los pueblos de lengua guaraní se extienden por la llamada Región Oriental, al este del Río Paraguay, región fértil especialmente apropiada para los típicos cultivos de maíz, mandioca y cultivares de especies adaptadas a los montes subtropicales. Estos territorios están tradicionalmente ocupados por ellos desde hace unos 2.000 años A P. Hay, sin embargo, dos grupos guaraníes, los Chiriguanos y Ñandeva, que están localizados en la Región Occidental.

Los demás pueblos indígenas habitan la Región Occidental, o Chaco, excepto el pueblo Maká que recientemente ha migrado y se ha localizado en la periferia de la capital Asunción. Es importante notar que muchos grupos actualmente están en lugares que no corresponden al hábitat tradicional.

Una historia de exclusión

La actual situación jurídica de los indígenas se conformó sobre todo a partir del siglo XIX.

El presidente Carlos Antonio López a través del tristemente famoso Decreto del 7-X-1848 suprimió la institución del táva comunal, declarando extinta la "comunidad", lo que permitía al Estado apropiarse y disponer de las tierras de "los 21 pueblos de indios", a quienes se concedía -por irónico trueque- la ciudadanía. La asimilación de todos los habitantes del Paraguay en una única ciudadanía, negaba por vía de derecho positivo la realidad pluriétnica del Paraguay. Despojados de sus tierras, los indígenas se vieron también excluidos de la posibilidad de elegir y ser elegidos ya que sólo podía ejercer este derecho quien poseyera algún inmueble en propiedad. La negación tanto de la identidad étnica, como de la posibilidad de organizarse socialmente atendiendo a un sistema propio sería en el futuro un presupuesto político que caracterizaría a los distintos gobiernos y una actitud constante de la sociedad dominante frente a los pueblos indígenas.

La Constitución de 1870, promulgada después de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay estaba todavía ocupado por los extranjeros, legalizaba una posición discriminatoria contra los indígenas, dando atribuciones al Congreso de "proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacifico con los indios y promover la conversión al cristianismo y a la civilización" (Art. 72, inc. 13). Por otra parte el Estado paraguayo tuvo que aceptar como salida a su crisis económica el privatizar todas las tierras fiscales, lo que se daba naturalmente sin tener en cuenta los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Dos grandes empresas se hicieron con una porción considerable del territorio nacional: la firma Carlos Casado, en el Alto Paraguay, y La Industrial Paraguaya S.A, en la zona de Alto Paraná.

Ese apartado de la Constitución de 1870 se fue reglamentando poco a poco: en 1904 se autorizó por Ley al Poder Ejecutivo el fomentar "la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrando tierras y elementos de trabajo" (art. 31), pero "el poder Ejecutivo podrá disponer en las tierras fiscales de zona adecuada cuya extensión nunca superará las 7.500 hectáreas..." (Art. 2º de la Ley de 1907) y "para estimular estos trabajos el Poder Ejecutivo podrá conceder en propiedad a las personas o sociedad que emprenda las reducciones, hasta la cuarta parte de las tierras a ellas destinadas" (Art. 3º).

Este tipo de legislación reflejaba y al mismo incentivaba una mentalidad y actitudes sociales tan discriminatorias e injustas contra los indígenas que la Corte Suprema de Justicia tuvo incluso que recordar que "todos los indígenas, en su calidad de habitantes del territorio nacional, gozan, al igual de las personas civilizadas, de los derechos y garantías que las leyes reconocen a estas últimas" (Circular Nº 1 del 3-XI-1957). En el año 1963 se promulgan dos leyes que van a jugar un papel muy importante para la reorganización por parte del Estado de las comunidades indígenas. La Ley 852/63 por la cual se crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y la Ley 854/63 del Estatuto Agrario que en su artículo 16 expresa: "Los núcleos sobrevivientes de las parcialidades indígenas que aún existen en el país serán asistidas por el IBR para su organización en colonias. Con este objeto afectará las tierras necesarias para su asentamiento y colaborará en la medida de sus posibilidades con los organismos estatales y las entidades privadas pertinentes, para promover la progresiva incorporación de dichos núcleos al desarrollo económico y social del país".

Como se ve, aun queriendo corregir abusos y subsanar deficiencias, el Estado paraguayo adopta una clara política integracionista, que se aprecia igualmente en el Código de Trabajo, Ley 729/61, cuyos artículos 185 hasta el 191 tratan "Del trabajo indígena".

Vistas como "parcialidades" -ya nunca más como "naciones"- las comunidades y pueblos indígenas son tratados como sobrevivientes en vías de asimilación a la única ciudadanía paraguaya. Aunque se habla todavía de la formación de "colonias", el reconocimiento de la tierra indígena pasa a segundo plano, si es que es considerado. En un territorio indígena ni se piensa.

Indigenismo y filantropía

Mientras tanto, al calor de ciertas ideas y preocupaciones filantrópicas y humanitarias surgían algunas organizaciones indigenistas. Cabe mencionar como antecedente, el Patronato Nacional de Indígenas, creado por Decreto Nº 7.389 del 10-XII-1936 y conformado por representantes del Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, cuya función era la de "promover los trabajos necesarios para el conocimiento y organización de las tribus que habitan el territorio del país, adoptando todas las medidas de protección y asistencia que crean más aconsejables". Se trata todavía de la misma política asistencialista e integracionista que promovían las leyes específicas. En el año 1942 se aprobaban los estatutos de la (AIP) Asociación Indigenista del Paraguay, que buscaba los mismos objetivos que el Patronato con la diferencia importante de que no dependía directamente del Estado.

En 1949 tuvo lugar un hecho aparentemente modesto y de alcance muy limitado: se creaba la Curaduría de Indios Mbyá-Guaraníes del Guairá con la misión da "buscar y elaborar los medios necesarios y dignos para la adaptación a la vida civilizada de la importante población indígena del país". Dependía del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta curaduría, debido a la persona que la había promovido y la tuvo a su cargo por un tiempo considerable, iba a jugar un papel muy importante y hasta decisivo por lo que se refiere al rescate y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ese curador fue Don León Cadogan (1967), quien encauzó en gran medida su trabajo y su obra etnográfica y etnológica a través de esta Curaduría, con numerosos artículos y publicaciones en los que exponía sus conocimientos y denunciaba abusos y manifestaba sus preocupaciones...

Tanto el Patronato como la Curaduría tenían una actuación muy limitada debido en especial a la falta de un apoyo económico y gubernamental suficiente. En estas circunstancias, siendo el gral. Marcial Samaniego, Ministro de Defensa, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI), dependiendo de dicho Ministerio, en "vista a la necesidad de adoptar medidas tendientes a nuclear en colonias organizadas a los indígenas dispersos por las Regiones Oriental y Occidental de la República, a modo de evitar su extinción y adaptarlos a la vida sedentaria" (Decreto 1341/58). Como primera actividad el DAI organizó el I Congreso Indigenista Nacional, que se llevó a cabo en el mes de agosto de 1959. En este Congreso se abordaron los temas de situación legal, salud, colonización y educación de los pueblos indígenas. El lenguaje de las conclusiones y recomendaciones era ciertamente muy etnocéntrico y asistencialista; no se tenía en cuenta los derechos de los pueblos indígenas como tales, y lo que se pretendía era civilizarlos para que pudieran disfrutar así de los derechos de cualquier ser humano de la sociedad nacional. Las misiones -los misioneros y misioneras- eran el brazo derecho de esta política indigenista ya que entre otras funciones debían continuar "interesándose por la inscripción de los indígenas en el Registro Civil", preocuparse "por la higiene y la salud de los indígenas", "ir ubicando a los indígenas en poblaciones fijas que facilitaran su educación y desarrollo social, educativo y económico"; al mismo tiempo se decidía "pedir a los misioneros que orienten las actividades de los caciques".

Pero quizás, la recomendación que tuvo mayor efecto en lo sucesivo fue la de "organizar un Consejo Nacional Indigenista que actúe como Asesor de DAI para el estudio de los problemas derivados de la educación, el desarrollo, la dignificación y el bienestar de los indígenas, y proponer las soluciones que crea convenientes, necesarias y posibles a efecto de convertirlos, con el tiempo, en bueno miembros de la familia y de la comunidad, y ciudadanos socialmente útiles".

A medida que la función del DAI se hacia obsoleta y comenzaban a surgir problemas nuevos, debido sobre todo a nuevos conceptos y exigencias de movimientos indigenistas ya generalizados en gran parte de América Latina -como señalaremos enseguida-, el dictador del Paraguay, Gral. Alfredo Stroessner, a través del Decreto 18.365 del año 1975, considera oportuno y necesario crear el Instituto Nacional del Indígena (INDI) con la finalidad de "promover el desarrollo integral de las distintas comunidades indígenas del país, así como la efectiva integración en la sociedad nacional, respetando sus respectivas culturas" (Art. 1º). "El INDI estará constituido por un Consejo presidido por el Ministro de Defensa Nacional..." (Art. 2º) e integrado por un representante de cada uno de los ministerios, incluido un representante de las FFAA. Y no pasó medio año cuando por otro decreto (22.274/76) se amplían las facultades del INDI a "fiscalizar, orientar y coordinar todos los proyectos o esfuerzos promovidos por los organismos oficiales, religiosos; personas y entidades privadas nacionales o extranjeras destinadas a comunidades indígenas" (Art. 1º); de este modo, "todos los proyectos o acciones que deben realizarse en el futuro requerirán, ineludiblemente, la pertinente autorización del INDI" (Art. 2º).

La década del 70. Declaraciones internacionales y proyectos indigenistas

Y es que mientras tanto llegaban también al Paraguay los ecos de disposiciones y declaraciones sobre los derechos de los indígenas y la responsabilidad de las sociedades nacionales con los pueblos originarios.

En 1968, mediante la Ley Nº 63 se incorpora a la legislación nacional el convenio relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes (Convenio nº 107 de la OIT de 1957), a través del cual entró en nuestro régimen jurídico el derecho consuetudinario indígena.

La década del 70 significó un gran avance para las organizaciones indigenistas, y por ende para las mismas comunidades. El punto de quiebre lo podemos situar en el simposio internacional que se realizó a principios de 1971, "sobre la fricción interétnica en América del Sur", que produjo la "Declaración de Barbados, por la liberación del indígena": En ella se llama la atención sobre la relación colonial de dominio a que se hallan sujetos los indígenas de América, y es ante esta situación que "los estados, las misiones religiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena" pero "es necesario -agrega la Declaración-, tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha".

Al año siguiente en Asunción, el Consejo Mundial de Iglesias (quien había organizado el encuentro de Barbados juntamente con el Instituto de Etnología de la Universidad de Berna) organizó la Consulta Indígena Latinoamericana para que los agentes pastorales de las distintas Iglesias analicen su accionar a la luz de la Declaración de Barbados.

También se reunió en Asunción el Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur (octubre de 1974) en el que participaron representantes de cinco países, y en donde ningún no-indígena tenía participación activa. Se abordaron diversas temáticas como la tierra, el trabajo, la educación, la salud, la organización. Las Conclusiones del Primer Parlamento terminan con el siguiente párrafo: "En nuestra reunión recordamos los sufrimientos, las persecuciones que padecemos en todas partes, pero también las luchas que los indígenas de América estamos llevando a cabo hoy día, y hemos hecho el nuevo compromiso de seguir adelante. Así invitamos a todas las naciones indígenas para continuar hasta alcanzar el triunfo definitivo: ser hombres libres".

Varios proyectos surgieron en esta década que, siguiendo a Esther Prieto (1994, p. 6), pueden agruparse "en dos corrientes, que marcan hasta hoy el rumbo de la militancia indígena: una vertiente de desarrollo local (comunitario), y una de política global (con representatividad multiétnica)".

Dentro del primer grupo podemos colocar al Proyecto Pai' Tavytera, al Proyecto Guaraní y al Proyecto Nivaklé "Yi'shinachat". Tanto el primero como el último estaban centrados en una sola etnia, mientras que el Proyecto Guaraní se extendía a los Avá-Chiripá, Mbyá y Aché.

Leyendo los objetivos de los distintos proyectos se puede percibir hacia dónde apuntaban:

Proyecto Pai' Tavytera: "Emancipación social, cultural y económica de los indígenas guaraníes Pa'i Tavytera, dentro de un programa de desarrollo comunitario conforme a las realidades de la sociedad nacional, en estrecha colaboración con las instituciones gubernamentales y cuatro misiones religiosas" ( Informe 1974, cit. por Bejarano, 1976).

Proyecto Guaraní: "Se pretende la incorporación plena de las comunidades indígenas al proceso de desarrollo que se está gestando en la zona, teniendo en cuenta que su inserción se debe realizar a partir de la visión histórica de cada grupo étnico y respetando su autogestión".

Proyecto Nivaklé: "Solucionar el penoso problema de un difícil peregrinaje por la zona, como consecuencia de la carencia de tierras propias para su asentamiento, y ofrecerlas la oportunidad de progresar conforme a sus propias pautas culturales".

Dentro de la segunda corriente, el de una asociación pluriétnica, surge el Proyecto Marandú bajo el patrocinio de la Universidad Católica, que plantea una acción en tres planos: a- en las etnias indígenas: "detección de la problemática social indígena y labor informativa a los indígenas; b- en la sociedad nacional; "transformación de la conciencia de la sociedad nacional con respecto al indígena para lograr una actitud positiva de ella en relación a la aceptación de la cultura indígena como componente de la nacionalidad"; y c- a nivel internacional: "organizar el apoyo moral y económico internacional". Sin embargo, la actividad central "está en el trabajo de contacto directo con los indígenas; los otros dos planos de trabajo servirán de complemento al primero".

En octubre de 1974 se creó a instancias del Proyecto Marandú la (API) Asociación de Parcialidades Indígenas con la finalidad de dirigir dicho proyecto en el futuro y a la vez "constituirse en un núcleo directivo de todos los indígenas del Paraguay para la formación de una organización propiamente indígena" (cit. por Bejarano, 1976).

Es importante notar que en 1977 se volvieron a reunir en Barbados 34 personas (20 indígenas y 14 no-indígenas) ante los cambios positivos que ocurrieron en Latinoamérica después de la Declaración de Barbados. La diferencia sustancial entre las dos declaraciones está en que la segunda elaboró "un documento de los indígenas dirigiéndose a los indígenas"; así, entre los puntos más importantes se destaca que "en primer lugar, deben luchar por sobrevivir como grupo. Para ello, la posesión de la tierra es de capital importancia. En segundo lugar, deben liberarse ellos mismos de la dominación física y cultural. En tercer lugar, deben esforzarse por lograr su unidad al interior y a través de las fronteras nacionales".

Ciertamente la década del 70 fue una época de grandes "Declaraciones", donde Paraguay estuvo casi siempre bien representado; pero no se puede dejar de tener en cuenta que dentro del Paraguay ya habían pasado dos décadas desde que Stroessner se hizo con el poder, que la Constitución promulgada en el año 1967 no menciona una sola vez la palabra indígena; que la represión del sistema dictatorial alcanzó, a mediados del 70, niveles de verdadero terrorismo de Estado. En 1974 había saltado al ámbito internacional el caso de los Aché, las razzias contra ellos, la esclavitud a que estaban sometidos los niños y niñas capturados, los asesinatos que configuraban un cuadro de verdadero genocidio contra ese pueblo. Todo ello atrajo las miradas de los organismos internacionales. Los diversos proyectos promovidos por algunas organizaciones indigenistas dieron nueva vida a las comunidades, que en ciertos casos mostraron su poder autogestionario. Pero al mismo tiempo se debe lamentar que la API pronto se alejara de su finalidad primera. Más pendientes del dinero y de los enredos de la política partidaria los dirigentes se fueron alejando de sus comunidades, perdiendo legitimidad y autenticidad -sin olvidar que la dictadura hizo un buen trabajo de corrupción interna-. Adolfo Colambres llama la atención de este hecho, cuando al comentar la Ley 904/81, ya en 1982, podía decir que "moviéndose a la sombra de las autoridades, la API se ha granjeado la desconfianza del movimiento indígena panamericano, pues ni siquiera se atreve a enviar representantes a los congresos y foros internacionales donde se discuten los derechos de las minorías étnicas, ni a integrar el Consejo Indio de Sud América. Qué pasó con el espíritu de San Bernardino, el del año 1974? No es el indigenismo oficial el responsable de esa situación? Y si es así, ¿hasta qué punto será real la autogestión que propugna la Ley? Si en verdad se quiere iniciar una nueva etapa habrá que extremar la autocrítica, a fin de que esta Ley no se convierta en letra muerta o, lo que es peor, en un instrumento de manipulación".

Hacia la ley 904/81

La posesión de la tierra a que hacía referencia la Declaración de Barbados II, se tornó la exigencia central de cualquier legislación que tuviera que responder a la problemática indígena. La falta de títulos de propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas, por un lado, y por otro, la falta de capacidad jurídica de las mismas para tener la tierra a su nombre, fueron las mayores preocupaciones que manifestó la AIP en junio de 1978 cuando el INDI convocó a distintas instituciones indígenas e indigenistas, específicamente para dialogar sobre la situación de los indígenas en Paraguay.

Después de varios años en que los distintos proyectos ya estaban actuando, la problemática de la tierra ocupó el primer lugar en las preocupaciones de las comunidades indígenas.

La propuesta de la AIP fue bien recibida por las demás organizaciones que encomendaron a los doctores Helio Vera y Esther Prieto la elaboración de un "borrador que pudiera ser utilizado como base de discusión"; tres principios deberían ser tenidos en cuenta: Titularidad comunitaria y transferencia gratuita de la tierra; reconocimiento de las organizaciones indígenas y del sistema de liderazgo, y respeto al derecho consuetudinario.

Luego de varias reuniones del equipo interinstitucional, el INDI adoptó el proyecto y reelaborándolo lo elevó al Poder Ejecutivo en julio de 1980 bajo el titulo de Anteproyecto de Ley que establece el Régimen jurídico de las Comunidades Indígenas.

Este Anteproyecto pasó del Ejecutivo al Parlamento, donde varios capítulos, como el relativo al Derecho Consuetudinario Indígena y el del Fondo Especial para las Comunidades Indígenas fueron eliminados, al mismo tiempo que se agregaba un Titulo II 'De la Creación del INDI y de sus autoridades'. Así fue promulgada el 18-12-1981 la Ley 904: Estatuto de las Comunidades Indígenas.

A pesar de estas contradicciones, la ley no deja de representar un avance muy significativo para las comunidades indígenas. A partir de ese momento el conseguir la personería jurídica y luego la titulación de la tierra fue la tarea a la que se abocaron la mayoría de las comunidades indígenas.

La década del 80. Nuevas coordenadas y nuevas estrategias

Si la década del 70 estuvo jalonada con "declaraciones", la del 80 se caracteriza por "la lucha por la tierra". En esta lucha, si bien no se puede hablar de un movimiento propiamente indígena, si se van articulando las distintas organizaciones indigenistas en torno a intereses comunes, como la conquista y recuperación de la tierra, que en momentos específicos cobra una fuerza muy grande.

Podemos mencionar tres hechos que marcaron la actuación indígena-indigenista e hicieron tomar conciencia de la fuerza que se podría llegar a generar.

Un año después, la API volvió a insistir argumentando "que estos grupos indígenas como ocupantes milenarios de esas tierras tenían derecho a la ocupación, y al ser afectadas esas tierras por las obras de Itaipú corresponde a esa entidad proporcionar tierras equivalentes. A las dos semanas volvió la Itaipú a argumentar que la ley no lo tenía contemplado expresamente. Sin dejar pasar más tiempo, cuatro meses, a la API se le suman el INDI, la AIP y el Equipo Nacional de Misiones (dependiente de la Conferencia Episcopal Paraguaya), y en forma conjunta presentan un proyecto de Reasentamiento de Comunidades Avá-Chiripá para "evitar efectos negativos del emprendimiento en las comunidades consideradas e incluso hacerlas partícipes de sus beneficios". Dos meses más tarde en el mismo tono de siempre vuelve a responder la Itaipú Binacional pero esta vez con una gran dosis de ironía: "No puedo ocultar, sin embargo, -dice la carta- el vivo deseo de los que servimos en la Entidad, de responder positivamente a los requerimientos de las Asociaciones, de objetivos tan altruistas y que tan dignamente presiden Uds., pero el Tratado recordado nos distinguió con el altísimo honor de construir la Usina Hidroeléctrica sobre el Río Paraná, solamente."

Al año siguiente, amparándose ahora en la Ley 904/81 y en la 63/68 (que ratifica el Convenio 107), las mismas instituciones, pero sin el INDI, vuelven a solicitar la ejecución del Proyecto de Reasentamiento de las Comunidades Avá-Chiripá, en los términos de su formulación. Finalmente la Itaipú Binacional aceptó financiar pero en relación exclusiva con el INDI, que al fin de cuentas resultó "marcadamente negativa, y el hecho de que las fracciones estuvieran tituladas a nombre de esa institución facilitó a sus funcionarios la apropiación y venta -a todas luces ilegal- de la madera de estas colonias" (, p. 49).

El segundo de estos casos es el "Proyecto de Desarrollo del Área de Caazapá": una zona que es territorio tradicional del pueblo mbyá-guaraní. Con un crédito del Banco Mundial se comenzó la década con un estudio y diagnóstico de la zona para la posterior elaboración del Proyecto. En sus conclusiones se afirmaba que en la zona sólo vivían 10 familias mbyá, caracterizadas por su extrema movilidad, y por lo tanto no debían preocuparse por ellos. Peor aún, un año más tarde se concluyó que, después de haber consultado con el INDI, "los indios Mbyá-Avá son esencialmente cazadores nómades. No existen grupos Mbyá-Avá conocidos en la porción agrícola del Proyecto Caazapá, y si existieran algunos en el área forestal sería difícil establecer su número y localización, debido a que no cuentan con estructura tribal y tradiciones..." (cit. por , p. 62). Finalmente, bajo la insistencia de instituciones indigenistas y al amparo de la Ley 904/81 en el convenio que se firmó entre el Paraguay y el Banco Mundial (1982) figura un componente indígena. Enseguida se notaron los efectos negativos del Proyecto, los que "en su primera fase, señala Ramón Fogel, comprenden la presión sobre las tierras indígenas, la destrucción del entorno ecológico y alteraciones en las estrategias de sobrevivencia... y en cuanto a las tierras de esta comunidad, en el 2º semestre de 1985, no solo no se había legalizado la fracción poseída por la comunidad [Yukerí-Karandá]... sino que ni siquiera se efectuó la demarcación del territorio" (, p. 67). La demarcación y titulación de la tierra fue el principal problema con el que se enfrentó desde un inicio la AIP.

A partir de esta problemática originada en la zona de Caazapá en el año 1989, a través de la Ley 43/89 que modificaba la disposiciones de la Ley 1372/88 ("Que establece un régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas") se establece la prohibición de innovar en tierras en litigio. En su artículo 2º expresa: "No se admitirá innovaciones de hecho y de derecho en perjuicio de los asentamiento de las comunidades indígenas durante la tramitación de los expedientes administrativos y judiciales a que dieren lugar la titulación definitiva de las tierras. No se considerará innovación la siembra y cosecha de frutos o productos necesarios para la subsistencia, cuando las mismas se realizan en los lugares habituales". Esta ley significó un avance significativo en lo que respecta a las posibilidades de defender el hábitat indígena de la depredación de que eran objeto cada vez que se iniciaba un trámite de aseguramiento de tierras.

Finalmente, un tercer caso de lucha por la tierra en esta década del '80 es el de los Toba Maskoy con la empresa de intereses argentinos Carlos Casado. Esta empresa que se instaló en la zona del Alto Paraguay y poseía más de 2 millones de hectáreas, sometió a los indígenas a una esclavitud real, aunque a veces disimulada legalmente como si se tratara de trabajadores asalariados, a los casi 2.000 indígenas que habitaban ese territorio. Para subsistir dependían casi exclusivamente de los trabajos requeridos por la firma, sobre todo en la fábrica de tanino, pero también de changas en el puerto y de la oferta de algunos productos de la caza y pesca, muy mal pagados. Pero en los últimos tiempos la pronunciada disminución de trabajo en la taninera había ido deteriorando aún más la situación de los pobladores indígenas. Al plantearse la necesidad de cultivar sus tierras se vieron con la realidad de que esas tierras ya no eran suyas. Iniciaron las tramitaciones a través del INDI, quien en 1979 pide al IBR la afectación de 20 mil y 10 mil hectáreas de la firma Casado. A un decreto de expropiación siguió otro que lo anulaba y a cambio ofrecía la empresa otro lugar, totalmente inservible para las comunidades. Todo quedó congelado hasta que el INDI volvió a solicitar, en 1982, otras 30.000 hectáreas en la zona de 'Arroyo Mosquito'. Hasta el año siguiente el INDI, bajo la presidencia de general Marcial Samaniego, realizó una serie de estudios sobre el tema, pero luego fue removido del cargo y su sucesor no movió ni un papel; es más, siempre se mostró más aliado de la empresa que de los indígenas. Las entidades indigenistas se mantuvieron firmes junto a los indígenas. La Conferencia Episcopal, en 1987, envió una carta pública al titular del IBR en donde además de apoyar la expropiación denunciaba que "desde enero de 1985 el INDI no ha hecho trámite alguno tendiente a la resolución del conflicto". Finalmente, en agosto de 1987 se expropiaron las 30 mil hectáreas de la Carlos Casado. El caso fue importante por muchas razones y sus implicancias se extendieron a otras comunidades que sufrían la zozobra de la inseguridad por falta de un espacio vital. En primer lugar fue un testimonio de perseverancia indígena, fruto del trabajo unido; en segundo lugar, hizo notar la distancia que había entre el INDI y las comunidades indígenas.

Hacia la Constitución de 1992

En febrero de 1989 cae el régimen dictatorial de Stroessner y aunque es reemplazado por su consuegro, también militar, se inició para el país un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una de las medidas urgentes a tomar era la elaboración de una nueva carta magna que reemplazara la del año 1967, hecha a medida de la dictadura.

Estos encuentros fueron auspiciados por el Servicio de Apoyo al Indígena de la Misión de la Amistad, por el Equipo Nacional de Misiones y por 'Defensa del Patrimonio Indígena', dependiente de la Universidad Católica. Estas organizaciones estuvieron siempre al servicio de las comunidades en todo lo que hace a asesoría jurídica, movilidad, encuentros y demás aspectos que conllevan un seguimiento de este tipo.

Tanto la marcha histórica de los indígenas como el apoyo de diversas personalidades del ámbito nacional e internacional, tal la del escritor Augusto Roa Bastos (1991), influyeron para que los convencionales se tomaran más en serio la propuesta indígena. También la presencia constante de los representante indígenas en el recinto de sesiones y el buen tino de los asesores indigenistas consiguieron que la nueva Constitución reconociera la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos.

Finalmente el texto referente a los pueblos indígenas de la nueva Constitución de 1992 fue promulgada en los siguientes términos:

CAPITULO V. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Art. 62: de los pueblos indígenas y grupos étnicos

Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado Paraguayo.

Art. 63: de la identidad étnica

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

Art. 64: de la propiedad comunitaria

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Art. 65: del derecho a la participación

Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales.

Art. 66: de la educación y la asistencia

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.

Art. 67: de la exoneración

Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley.

Mirando al futuro

Sin lugar a dudas, el Capítulo V de la nueva Constitución es un avance sin precedentes en la legislación paraguaya, y más teniendo en cuenta que desde la Constitución de 1870 los indígenas eran constantemente ignorados.

Pero este primer paso necesita de un posterior desarrollo. Hasta que no se reglamente este Capítulo, se depende aún de la Ley 904/81 y de la 43/89. Además es necesario prestar atención a posibles contradicciones, como sería con los artículos 266-272 Del ministerio público, que tiene la función de representar "a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado" y estará integrado por el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales conforma a las disposiciones de la ley (art. 266); dentro de sus deberes y atribuciones se encuentra la de: "2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas" (art. 268).

Nuevamente al igual que en la 904/81 la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas queda puesta entre paréntesis, dependiendo de la buena o mala voluntad del Fiscal de turno, y como estos son puestos políticos (como quedó bien claro en la última elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General).

Los dos intentos para reglamentar la Constitución nacional en lo referente a los pueblos indígenas, uno del CIDSEP (Centro Interdisciplinario de Economía y Política, dependiente de la Universidad Católica) y el otro del INDI (con la colaboración de la fundación Hans Seidel) no ha recibido todo el respaldo de las demás entidades indigenistas, sobre todo porque la figura del INDI cobraba aún más fuerza. Ambas propuestas se encuentran paradas.

Especialistas como la doctora Esther Prieto (1994, p. 14) plantean la necesidad que "el proceso de modificación de las leyes tendría que moverse con sentido de transversalidad, a fin de contemplar a leyes de diversas temáticas". Es decir que aparte de reglamentar el Capítulo V habría que atender a un buen número de leyes que se relacionan con diversos derechos indígenas, como las del Código Laboral, del Estatuto Agrario, etc.

Actualmente se encuentra en el Parlamento una Ley General de Educación que marcaría lo principios generales sobre este tema tan importante para las comunidades indígenas. Algunas entidades indigenistas más cercanas a esta problemática como la Coordinadora de Pastoral Indígena, que desde hace casi 20 años viene organizando encuentros de maestros indígenas, han elaborado conjuntamente con ellos un anteproyecto de Ley de Educación indígena.

Problema indigenista y solución indígena

Después de esta breve recorrido por las distintas políticas indigenistas, tanto por parte del Estado como de las entidades indigenistas y a la vez comprobar la reacción de las comunidades indígenas, resulta llamativo que a tres años de haberse promulgado la nueva Constitución todavía sigan existiendo problemas graves de tierra, como en el caso de los Enxet Máxime que en el año 1993 el Paraguay ratificó el Convenio 169 de la OIT, dándole aún más fuerza al derecho de los pueblos indígenas a la tierra.

No se puede seguir utilizando la frase "falta voluntad política para implementarlo", tan ingenua como altamente peligrosa. No es cuestión de 'voluntad' sino de conflicto de poderes y de sistemas de vida. Son los mismos conflictos que vienen teniendo los pueblos indígenas desde la colonia, con la diferencia de que los mecanismos legales se han vuelto más complejos pero los pueblos indígenas empiezan a estar mejor pertrechados para la lucha. El logro conseguido en la Asamblea Constituyente no fue un reflejo del cambio de actitud de la gran mayoría de la población -y menos de las autoridades y empresarios- hacia los indígenas, sino que fue el resultado de una serie de circunstancias, que ayudaron a una unión coyuntural entre indígenas e indigenistas. Pero fue sobre todo la presencia de los indígenas lo que ejerció un fuerte impacto en los convencionales.

Mientras tanto los mismos indígenas se fueron fortaleciendo en las luchas que iban desarrollando por conseguir su tierra.

El cuadro se agrava por el hecho de que las entidades indigenistas privadas, al ver reducido el presupuesto de sus proyectos, -al parecer las agencias internacionales no consideran prioritario el Paraguay para sus inversiones-; preocupadas seriamente por sus angustias económicas, rompen en muchas oportunidades los lazos de unión que ya existían entre las diversas entidades, tratando de conseguir los fondos necesarios para sus propios proyectos.

Llegando inclusive a dividir la aún débil organización indigenista, como ocurrió con el Aty Guasu (Gran Asamblea) de los Avá Chiripá. La lucha por los derechos indígenas apenas comienza. Una de las tareas es la de crear condiciones de posibilidad para pensar y re-pensar la relación entre la llamada sociedad nacional y los pueblos indígenas. Estos no pueden ser tenidos como eterno problema, sino como principio de solución para muchos problemas de la sociedad nacional. Y para ello es de suma importancia que los mismos indígenas continúen en sus formas de vida y tenían posibilidad de comunicarlas, de hacerlas aceptables y respetables y hasta ejemplares en muchos aspectos. La cuestión indígena sigue siendo uno de los termómetros para medida democracia y el alcance de la práctica de los derechos humanos en un país. En este momento, respetar los derechos indígenas ya consagrados en la Constitución es condición necesaria para construir una sociedad histórico posible más justa.

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Los pueblos indígenas en el Paraguay: conquistas legales y problemas de tierra

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

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Foto de GDM. Tomada de Flickr

Desde la vivencia de los pueblos Indígenas, la educación propia ha sido siempre soporte fundamental para la revitalización de las culturas y el mantenimiento del sentido de identidad, a través de la tradición oral y la historia de las distintas luchas que se han librado para defender el territorio y permanecer hasta hoy como pueblos. Esta circunstancia significa enfrentar muchas situaciones que afectan la integridad y el pensamiento de cada cultura, generado por las condiciones de discriminación que han rodeado el devenir de los diversos pueblos conllevando, en muchos casos, a la extinción total o parcial de muchos de ellos.

Estas son algunas de las realidades vividas por los pueblos indígenas y que se han evidenciado en las diferentes etapas que caracterizan las actuales condiciones en las que se desarrolla la educación hoy en día.

Durante el periodo comprendido entre 1900 y 1960 la educación se llevaba a cabo bajo la tutela de la iglesia, la cual desconocía la riqueza cultural de los pueblos. Esta educación impedía que se hablara en lengua indígena y proyectaba valores ajenos a los intereses y expectativas de las comunidades, desligando a los niños de sus prácticas comunitarias.

El estado colombiano entrega la educación de los pueblos indígenas a la iglesia a través del Concordato, legitimando directrices para un reordenamiento social dependiente y extendiendo la "civilización" y la "nacionalidad" hacia los "salvajes indios". Otra de las disposiciones es la que hace referencia a la enseñanza obligatoria de la religión en las universidades, los colegios y escuelas. Otro referente de injerencia en la vida de los pueblos es el que está contemplado en la ley 89 de 1890 por "la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida "civilizada", y el decreto 74 de 1898, el cual plantea en su artículo 1, que: "la legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones. En consecuencia, el gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas" (Ley 89 de 1890). Así, se concibe la educación en comunidades indígenas como parte de la misión civilizadora iniciada en la conquista y continuada en la colonia y a los indígenas como menores de edad.

Esta educación en manos de la iglesia se desarrolla en el marco de las misiones, con una concepción pedagógica católica y que se mantiene incluso hasta hoy en algunos casos. La escuela misional se convirtió en centro económico y de relaciones diversas, de aprovisionamiento y circulación de mercancías, de compra de fuerza de trabajo y comunicaciones.

El concordato se encargó de la catequización de los indios justificándola en consideraciones desconocedoras de los indígenas, como que... "los indígenas se encontraban en un estado inverosímil de degradación: desconocían el derecho de propiedad, sostén de la sociedad, su ignorancia del matrimonio monogámico favorecía la promiscuidad sexual con sus aterradoras consecuencias. Era por lo tanto necesario 'llevar la luz'... a 'nuestros pobres indios (que) viven tristes, sin esperanzas'... y no saben de dónde vienen ni para dónde van" (Builes, M.A., 1951; 30, citado por Jimeno, 1988:61).

Antecedentes de la educación indígena

La riqueza cultural encontrada en los diversos territorios indígenas, difiere de esa idea de que los pueblos indígenas no tenían sus propios conocimientos. Es así como hay ejemplos de hombres y mujeres que han dejado un gran acumulado al proceso de desarrollo de la educación dentro de los pueblos indígenas, como es el caso del pensamiento pedagógico que ha aportado el indígena nasa Manuel Quintín Lame, nacido en la hacienda de San Isidro, municipio de Políndara en el Cauca. Este dirigente en su obra Los Pensamiento del Indio que se educó dentro de las selvas colombianas (Quintín, 1939), además de los aspectos políticos en defensa de su pueblo, tiene el mérito de llamar la atención sobre las relaciones entre la naturaleza, el saber y el tipo de educación que se derivaría de esta relación.

En efecto, Quintín Lame hace sistemáticas referencias a la naturaleza como el origen del conocimiento y a la experiencia como el vehículo de la formación. No es verdad que sólo los hombres que han estudiado quince o veinte años, son los que han aprendido a pensar para pensar, son los que tienen vocación, porque han subido del Valle al Monte. Pues yo nací y me crié en el monte, y del monte bajé hoy al valle a escribir la presente obra (Quintín, 1971:6). Más adelante señala: La naturaleza humana me ha educado como educó a las aves del bosque solitario que ahí entonan sus melodiosos cantos y se preparan para construir sabiamente sus casuchitas sin maestro (ibid,10).

Ahora bien, como se ha señalado por diversos autores, para Quintín Lame, la naturaleza constituye un concepto fundamental, tanto en el sentido epistemológico, cultural, como político. Como concepto principal, es el núcleo a partir del cual se piensa nuestra existencia y la de los demás seres. Por otra parte, al considerar a la naturaleza como el origen, no sólo de nuestra existencia sino de todo conocimiento, Quintín plantea una edu¬cación basada en el conocimiento de la naturaleza, en el cual, la experiencia y la interpretación pueden ser algunas de las formas de acceder a él.

Juan Chiles, otro exponente del pensamiento andino hacia 1700, igualmente hablaba de educación desde la naturaleza y en el marco de la interculturalidad cuando decía:

"Hay que labrar a cordel", "desatar la letra quichua", y "hay que saber leer las cartas de Carlo Magno", también, "hay que ser como el río, la piedra, el agua y la espuma".

Igualmente, en otras culturas surgen muchas personas y procesos que dan cuenta de verdaderos sistemas educativos que se hallan invisibilizados por la imposición de otros sistemas.

Los aportes del movimiento indígena a la educación

Desde los años setenta del siglo pasado, se consolidó en Colombia un movimiento indígena que se inició de manera organizada con la creación del CRIC, en Febrero de 1971, el UNUMA, el CRIVA, la OREWA, el CRIT y otros que progresivamente fueron construyendo sus propios procesos político-organizativos y que hacia 1982 se conformó la primera Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-.

La educación fue visibilizada como uno de los componentes principales de los procesos de las distintas organizaciones nacientes de tal manera que, paulatinamente, fueron creando programas para dinamizar y revitalizar las culturas a partir de la Educación, es así como el CRIC en 1978, creó el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural y que, desde entonces, no ha dejado de funcionar en cumplimiento de sus objetivos. Igualmente lo han hecho otras organizaciones regionales de tal manera que han asumido que el derecho a la diferencia está directamente ligado a la capacidad de decisión de cada pueblo sobre el tipo de educación que quiere para sus hijos. Por esa razón, las organizaciones locales, regionales y nacionales han incluido la educación como uno de los componentes fundamentales en sus propuestas de autonomía y de fortalecimiento organizativo.

En el Primer Congreso Indígena Nacional, en 1982, se planteó la urgencia de rescatar las formas de educación propia, para asumir gradualmente el control de la educación, investigar y profundizar, la propia historia y fortalecer la lengua y la tradición oral como mecanismos de transmisión de la cultura.

Los procesos de construcción e investigación de la propuesta educativa que cada pueblo indígena desarrolla, se iniciaron a partir de la revisión del tipo de educación existente en los territorios étnicos, encontrando que las escuelas de pensamiento occidental "oficiales", en muchos casos, fueron impuestas, siendo uno de los medios más claros de desintegración de la identidad cultural. Sin embargo, también se encontró que muchos pueblos han mantenido y desarrollado sus formas de vida comunitaria, su cultura y visión del mundo, los procesos de socialización, la oralidad, espiritualidad y una serie de prácticas cotidianas y espacios educativos que son altamente formativos. Desde estos saberes y conocimientos y con el concurso de las autoridades indígenas se replantea la educación escolarizada existente, creando escuelas comunitarias, donde los maestros son bilingües y conocedores de sus culturas y que, a su vez, son elegidos por sus respectivas comunidades, desarrollan enseñanzas y aprendizajes empezando por los conocimientos de adentro, rescatando los valores culturales, y teniendo la investigación educativa y cultural como una de sus principales recursos metodológicos.

Aunque se trata de un proceso de mucha complejidad y diversidad, la escuela ya es considerada como algo propio en muchas comunidades, pero lejos de un concepto de escuela que se suscribe a una parte locativa y de muros y tableros.

Desde los diversos procesos realizados con la perspectiva de fortalecimiento organizativo, se han rescatado las principales características atribuidas por los indígenas a la educación, las cuales ayudan al análisis de partida para resistir y pervivir como pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas, reiteradamente han propuesto:

1. Una educación que "enseñe a los niños y jóvenes a respetar sus autoridades, a valorar su cultura, a observar las normas de convivencia con la madre tierra y con las personas que los rodean.

2. Desarrollar procesos de formación que permitan fortalecer los principios de territorio, autonomía y cultura.

3. Reemplazar la educación oficial interesada en imponer otros valores por una educación que fortalezca su identidad y su sentido de pertenencia: "Cuando hablamos de educación propia entendemos aquella educación donde aprendemos a ser indígenas Sikuani, Wayuu, Tule, Nasa, Embera, Uitoto, Wiwa, Curripaco, Pijao, Zenú y todo ser indígena en general..."

4. Una educación integral que tenga en cuenta la realidad en toda su complejidad, sin parcelarla, y en sus diferentes dimensiones, analizando los hechos y procesos dentro del contexto total.

5. Una estrategia educativa de fortalecimiento organizativo que debe mantenerse a largo plazo como mecanismo de resistencia y de lucha por la autonomía: "Por eso, hoy, necesitamos educarnos para la acción externa sin dejar de ser lo que somos y ante todo sin perder el objetivo de lucha y resistencia. De hecho, hoy, debemos reflexionar cómo seguir preparando y formando a nuestros hijos para continuar luchando y resistiendo para seguir ejerciendo ante todo el control territorial y la conquista de la autonomía" (Profesora indígena de Marruecos).

6. Una educación que prepare a los individuos para afrontar los retos del mundo actual: "En un mundo en el que la globalización y la modernización son cada día más fuertes y aplastantes, no se puede pretender que los pueblos indígenas vivamos soñando, vivir el tiempo pasado de tranquilidad (que vivieron) nuestros antepasados... al contrario, hoy, el contacto con lo externo ha sido siempre nuestro gran desafío..."

La construcción de políticas educativas desde los pueblos indígenas

Las organizaciones indígenas en Colombia a lo largo de toda su historia vienen construyendo Política Educativa, esto lo demuestran:

*El Pueblo Arhuaco y su lucha contra la comunidad capuchina por una educación libre de la imposición religiosa y desde los valores de su cultura. Esta fue una de las experiencias que para muchas otras organizaciones abrieron un camino de resistencia y dignidad.

*Las organizaciones que construyeron diversos procesos y programas educativos interculturales y bilingües que recogen los intereses comunitarios y asumen la investigación como principio pedagógico y recurso principal de su metodología de aprendizaje y enseñanza.

*En los congresos y espacios donde se toman decisiones colectivas, la educación es uno de los temas centrales de discusión, análisis y definición de orientaciones y recomendaciones, es decir, que son las mismas comunidades indígenas, en sus diversos espacios organizativos y de vivencia cotidiana, quienes diseñan y orientan las políticas y las formas de implementarlas.

*Las organizaciones indígenas del nivel local, regional y nacional han venido participando activamente en el posicionamiento frente al Estado y sus respectivos gobiernos, para visibilizar los problemas, necesidades e intereses educativos y exigir el cumplimiento de sus derechos.

*El Primer Encuentro Nacional de Etnoeducación, realizado en Girardot, Cundinamarca, en 1982, tuvo como ejes centrales la socialización de las experiencias educativas que los mismos pueblos y las organizaciones venían impulsando (CRIC, UNUMA, Cabildo Arhuaco, YANAMA, CRIT, OREWA, CRIVA), además se socializó y discutió el Decreto 1142 de 1978. El objetivo era avanzar en los programas educativos con la participación de las mismas comunidades. A pesar de esta intención el MEN seguía teniendo y tiene, la orientación, supervisión y evaluación de la acción educativa. La convocatoria y coordinación de este evento estuvo a cargo de la ONIC y el MEN, su planeación, desarrollo y evaluación se realizaron conjuntamente. Desde ese tiempo ya se daba un creciente proceso de construcción de propuestas educativas autónomas impulsadas por las organizaciones, y el MEN empezaba a proyectar la política etnoeducativa a partir de los planteamientos y exigencias de los pueblos indígenas organizados.

*En el marco de la implementación de la política etnoeducativa, el MEN expide la resolución 9549 de 1986, que ordena un sistema de profesionalización especial para maestros indígenas. Algunas organizaciones indígenas iniciaron procesos de profesionalización a partir de sus experiencias educativas. Muchos de ellos se realizaron mediante convenios entre el Centro Experimental Piloto, las normales y las organizaciones. Este proceso, aunque contó con la aprobación de parte del MEN, no se inició con su ayuda financiera, lo que obligó a las organizaciones a gestionar financiamiento para su realización. Sólo al final de algunos procesos de profesionalización, se contó con un apoyo parcial de parte de los Centros Experimentales Piloto. La formación alcanzada en los programas de profesionalización mejoró ostensiblemente la calidad y enfoque educativo en los distintos pueblos que, al igual que las comunidades, fueron tomando mayor conciencia de la educación indígena.

*Posteriormente, en 1991, con la participación de 3 constituyentes indígenas en la Constituyente de Colombia, se dio un proceso de reflexión y elaboración de propuestas educativas con exigencias de reconocimiento de la diversidad cultural, el plurilingüismo, la interculturalidad como opción de relacionamiento social que posicionó nuevamente el derecho y desarrollo de una educación con amplia participación indígena en la orientación, desarrollo, ejecución, valoración y seguimiento por parte de las mismas comunidades y sus respectivas organizaciones. Al ser reconocida constitucionalmente Colombia como país multilingüe y pluricultural, se dieron mayores oportunidades para el fortalecimiento cultural y educativo.

Durante los años 93 y 94, la concertación de la Ley General de Educación, sobre todo alrededor del título 3 sobre Educación para los Pueblos Indígenas, propició espacios de concertación con el MEN y con FECODE, a través de una amplia movilización nacional y regional, para que se reconociera el derecho de los indígenas a una educación diferenciada, autónoma, bajo los principios de territorialidad, identidad y comunitariedad, entre otros.

Se continúa con la reglamentación de la ley General de Educación en su Título 3, capítulo 3, con la concertación, diseño y promulgación del Decreto 804 de 1995. Concertación que se ampliaría a los pueblos afroclombianos, room, además de los indígenas y que se hace en concertación con el MEN. El Decreto 804 se constituye realmente en el eje de la defensa y desarrollo de la educación indígena aunque su implementación sea muy limitada.

En otras dinámicas se han dado Sesiones de trabajo con la ONIC, y delegados de organizaciones a nivel nacional, que hizo posible mantener y desarrollar la educación indígena. Cuando el MEN, en una de sus reestructuraciones acabó con la dirección de Pueblos Indígenas, se dio un hecho importante de sostenibilidad por parte de las organizaciones al desarrollar el Diagnóstico sobre Educación a nivel nacional, emprendido a partir de un proceso de concertación y propuesta emanada de los eventos de coordinación nacional.

Los años 2001 al 2002 fueron importantes para la realización de un proceso de diagnóstico hacia la construcción de política emprendida entre la ONIC y el MEN con 3 ejes de trabajo: Planes de vida, Formación docente y Materiales educativos. Este proceso recogió importantes aportes de distintas regiones aunque no podríamos decir que representaban la visión de todos los pueblos. La socialización de los desarrollos encontrados se hizo en el año 2003 y desde allí, ante la importancia de los planteamientos y la carencia de estrategias de socialización para todo el país, se propuso mantener este espacio de encuentro a manera de mesa de reflexión, debate y concertación.

Es así como nace la mesa nacional de concertación sobre la situación educativa de los pueblos indígenas y la política que de ella se deriva.

*Por solicitud de las organizaciones y a partir de la iniciativa de la ONIC y sus respectivas organizaciones regionales se concertó el desarrollo periódico de sesiones vinculando a AICO, OPIAC y más tarde el CIT, al proceso de mesa de concertación. Proceso que, unido al Estado, tiene el objetivo principal de avanzar en la construcción de política Pública.

*Finalmente, mediante el Decreto 2406 de Junio del 2007, se legitiman todos estos procesos a través de la creación de la Mesa Nacional de concertación de la política educativa de los pueblos indígenas de Colombia, como el espacio que propicia la construcción de políticas públicas en materia educativa de y para los pueblos indígenas.

Es en este marco que surge el Sistema Educativo Indígena Propio, como mecanismo de concreción de la educación propia, toda vez que las condiciones del desarrollo educativo en las comunidades ha logrado consolidación a nivel local, zonal y regional de tal manera que se visiona la necesidad de consolidar el sistema educativo que subyace al interior de los territorios indígenas.

La existencia de funciones educativas claramente diferenciadas a nivel local con la construcción de los PEC, el desarrollo de espacios de orientación, organización y asesoría pedagógica a nivel de los espacios zonales y el desarrollo de investigación y pedagogías que nutren la propuesta de una educación con calidad y pertinencia a nivel regional y nacional, hace indispensable la consolidación de estos procesos. En estas dinámicas ya se cuenta con estrategias y procesos que atienden todos los niveles de educación escolarizada, entre ellos la formación superior, desde el planteamiento y elaboración de los diversos pueblos.

Finalmente, se cuenta con una legislación internacional y nacional que, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, los convenios internacionales, los distintos protocolos facultativos, los acuerdos y Resoluciones que en términos de cumplimiento de derechos se han expedido a nivel local y la obligatoriedad de hacer efectiva la Constitución Nacional en relación con la protección de la diversidad étnica y lingüística que caracteriza a este país, ubica a la propuesta de desarrollo del SEIP, como un imperativo de la actual preocupación por la infancia, la juventud, los diversos integrantes de los pueblos indígenas, para que cuenten con garantías efectivas de mejoramiento integral de las poblaciones indígenas en Colombia.

Graciela Bolaños. Universidad Autónoma Indígena e Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca - Colombia

Foto de GDM. Tomada de Flickr

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La realidad de la educación de los pueblos indígenas. Educación y resistencia cultural

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Foto de GDM. Tomada de Flickr Desde la vivencia de los pueblos Indígenas, la educación propia ha sido siempre soporte fundamental para la revitalización de las culturas y el mantenimiento del sentido de identidad, a través de la tradición oral y la historia de las distintas luchas que se han librado para defender el territorio y permanecer hasta hoy como pueblos.

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En Paraguay, más de 50.000 niños y jóvenes indígenas viven en zonas rurales, mientras que 5.000 viven en las ciudades, cantidad que tiende a aumentar por la inseguridad jurídica, el deterioro del medioambiente y el desplazamiento de sus tierras, entre otras causas.

La migración hacia las ciudades expone a las familias de las comunidades indígenas a innumerables riesgos. El sector más vulnerable es el de los niños, quienes se enfrentan a la violencia cotidiana y al racismo.

Uno de los elementos esenciales para romper con el ciclo de la pobreza es la educación. Sin embargo, el método educativo actual no se adapta a las necesidades de los pueblos originarios.

"Es evidente que se requiere una atención integral y de calidad para que las condiciones de vida de los niños y niñas mejoren de manera sostenida", sostuvo Rosa Elecarte, coordinadora de Unicef en Paraguay, en un informe sobre la educación urbana para los pueblos indígenas, presentado el pasado jueves.

Un grupo de técnicos especializados trabajó desde febrero de 2010 hasta agosto de 2012 en tres escuelas y comunidades indígenas urbanas de Gran Asunción. La iniciativa, dirigida a ser una experiencia demostrativa, fue desarrollada por la Dirección General de Educación Escolar Indígena (MEC), el Instituto Buscando la Vida y las comunidades indígenas urbanas, con el apoyo de Unicef.

La intervención, que se llevó a cabo en la Asociación de Parcialidades Indígenas (API) de Luque, la comunidad Maká de Mariano Roque Alonso y en Cerro Poty de Asunción, se centró en la capacitación integral de los docentes. Además, los técnicos implementaron procesos de enseñanza intercultural, que incorporaban el conocimiento científico occidental con la sabiduría indígena.

Según la investigación, los docentes responsables del nivel Inicial y Primer Ciclo (hasta el tercer grado) de la Educación Escolar Básica, contaban con "experiencia y entusiasmo, pero muchas veces no tienen herramientas para encarar o desarrollar sus clases apropiadamente", relata el informe.

Además, las aulas utilizaban planificaciones diseñadas para escuelas no indígenas, sin hacer las adecuaciones necesarias. "En las escuelas se han visto muy pocos materiales educativos con contenidos relacionados con los Pueblos Indígenas y en lenguas indígenas", detalla el documento. Por lo tanto, estos contenidos no son adecuados a las necesidades de las comunidades.

"La propuesta pedagógica para los pueblos indígenas debe partir de paradigmas interculturales cuya característica principal es el respeto al ser humano y a la vida, en profunda consonancia con lo sagrado de la naturaleza y sus ciclos", detalla el documento.

Por otro lado, el 90 por ciento de las horas de clase consistía en el método del "copiado". "Los docentes hacen copiar a los niños o dictan las lecciones, y replican prácticas educativas cuya efectividad está seriamente cuestionada", relataron.

La experiencia logró resultados positivos. Según el informe, en poco tiempo, los niños de las comunidades comenzaron a leer y escribir con fluidez en su lengua materna, guaraní y castellano, disminuyeron la copia y comenzaron a redactar creativamente, además de investigar sobre su propia cultura.

La Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Indígena del MEC asegura que "todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones". La legislación está dirigida al fortalecimiento de las culturas originarias, así como el fomento a la participación activa en la sociedad.

La mencionada dirección es la responsable de que los pueblos indígenas accedan a una educación escolar "específica y diferenciada", que potencie su identidad y respete su cultura y normas comunitarias. Además, establece que los niños deben recibir la educación en castellano y en su idioma materno, norma que escasamente se cumple.

"La educación indígena debe mantener y fortalecer la lengua materna como mecanismo de integración o socialización comunitaria", relata una de las principales conclusiones del II Congreso Nacional de Educación Indígena del MEC, llevado a cabo en noviembre del 2009.

Una educación adaptada a la realidad de las comunidades tiene el objetivo de mantener las tradiciones culturales, perpetuar la sabiduría nativa, y preservar la riqueza diversa de las lenguas originarias.

"En el ámbito escolar, se debe valorar la sabiduría de los pueblos indígenas en varios campos y áreas del conocimiento, algunos descubrimientos logrados mucho antes que la cultura occidental", detalla el documento.

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Educación no respeta la sabiduría indígena - Notas - ABC Color

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En Paraguay, más de 50.000 niños y jóvenes indígenas viven en zonas rurales, mientras que 5.000 viven en las ciudades, cantidad que tiende a aumentar por la inseguridad jurídica, el deterioro del medioambiente y el desplazamiento de sus tierras, entre otras causas. La migración hacia las ciudades expone a las familias de las comunidades indígenas a innumerables riesgos.

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Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una defensa del pluralismo jurídico

Orlando Aragón Andrade*

* Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orlandoarande@yahoo.com.mx.

En este trabajo, el autor reflexiona sobre la necesidad de una modificación de las estructuras y relaciones de poder que prevalecen en México, y plantea que con el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en un plano de igualdad respecto al derecho estatal, y la existencia, por consecuencia, de un verdadero pluralismo jurídico, se satisfaría una de las demandas más sentidas de los pueblos indios. En su opinión, resulta claro que las luchas de los pueblos indígenas tienen como finalidad la transformación del modelo del Estado nación que los ha marginado y excluido, pero también significan una herramienta que coadyuvaría a la formación de una vida más justa y democrática para todos los sectores integrantes de nuestro país.

Palabras clave: pueblos indígenas, pluralismo, multiculturalismo.

In this study, the author reflects on the necessity to modify the structures and relations of power that prevail in Mexico, and explains that the recognition ofindigenous legal systems in equal terms with respect to the national legal system and the existence, by consequence, of a true legal pluralism, would satisfy one of the most important demands of indigenous peoples. In his opinion, the struggles of indigenous peoples have the purpose of transforming the model ofthe Nation-State that has marginalized and excluded them, but also can be seen as a tool that could contribute to produce a more democratic and just life to the Mexican society at large.

Keywords: indigenous peoples, pluralism, multiculturalism.

Sumario: I. Introducción. II. La complejidad de lo indígena. III. Lineamientos generales de los sistemas jurídicos indígenas. IV. La relación del derecho estatal con los derechos indígenas. V. Conclusiones.

El resurgimiento social y político de los indígenas ha cuestionado no sólo el trato cotidiano (racismo, discriminación) que reciben por parte de la sociedad nacional con que interactúan, sino que además ha propiciado un debate que ha tocado a prácticamente todas las disciplinas sociales. Concepciones como el Estado-nación, los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, la cultura, el progreso, etcétera, se han repensado para atender a los reclamos de las organizaciones indias.

En el campo de lo jurídico, el debate sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha acelerado. Hasta finales de los ochenta sólo existía un ordenamiento legal (que además era un tratado internacional) destinado explícitamente para las poblaciones indias: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1989 se aprobó en el seno de la OIT el convenio que revisó al 107, entrando en vigor el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este nuevo cuerpo legal garantizó varios derechos importantes a las etnias, como el reconocimiento y respeto de sus valores, instituciones y prácticas culturales. Asimismo, en 1989 se organizó en Matías Romero, Oaxaca, el Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, en el que participaron cerca de 600 organizaciones indias y un número considerable de organizaciones internacionales. Para marzo de 1990 ya se realizaba el Segundo Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, en esta ocasión en la ciudad de México. Continuando con esta tendencia se reformó en 1992 el artículo 4o. de la Constitución Política de México, para reconocer por primera vez en la historia constitucional del Estado mexicano, la existencia formal de sus pueblos indios y la composición pluricultural de la nación mexicana. Nueve años después se volvió a reformar la Constitución para ampliar el reconocimiento jurídico que se había hecho a las etnias en el artículo 4o., y quedó plasmada la última reforma en el artículo 2o. de nuestra carta magna. Esta inercia encontró eco en las entidades federativas, en donde también se plantearon nuevas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena.

Concientes de la necesidad de estudiar los derechos indios desde adentro, es decir, desde la cosmovisión indígena, limitaremos los objetivos de este trabajo a la aportación de un discurso basado en nuestras categorías jurídicas (occidentales) que permita aproximarnos a la morfología y esencia de los sistemas jurídicos indígenas; a comprender la relación de los derechos indios con el derecho estatal en México y, por último, a defender la legitimidad del pluralismo jurídico en nuestro país.

Para lograr nuestros objetivos, abordaremos el tema de la siguiente forma: en primer lugar, examinaremos la complejidad de lo indígena; en un segundo término, expondremos algunos lineamientos generales de los derechos indígenas; en una tercera instancia, analizaremos la relación del derecho estatal con los sistemas normativos indios y, finalmente, daremos nuestras conclusiones.

II. LA COMPLEJIDAD DE LO INDÍGENA

La categoría indio se remonta al pasado colonial, cuando por un error de orientación geográfica se le dio esa denominación a los habitantes de los territorios americanos. Este concepto ha sido heredado hasta nuestros días. Sin embargo, la ambigüedad retórica con que se maneja el término actualmente, hace necesaria una explicación. En estos días escuchamos repetidamente la palabra indio o indígena con distintas connotaciones: algunos la siguen empleando para denostar, insultar o discriminar, pero también podemos encontrar a personas que sienten orgullo al encuadrarse dentro de este término, de igual forma "lo indio" ha sido utilizado para pedir ciertos privilegios o derechos especiales.

Como un grupo endogámico dentro del que se forman los nuevos hogares, que comparten vecindad en un territorio, medio natural, lengua, cultura y raíz. La comunidad es una organización más amplia que la familia o parentela para la protección e identificación, con un nombre propio, casi siempre el de un patrón católico con un topónimo en lengua indígena. La comunidad se establece como frontera entre el nosotros y los demás, dentro de la cual coinciden y se integran diversos factores de identidad.

Elementos como la lengua, la cultura, el derecho, la autoidentificación, constituyen la identidad comunitaria india. La existencia de esta identidad primaria no excluye la existencia de otras identidades supracomunitarias e incluso supraétnicas, es decir, existen elementos que identifican y son comunes a los indígenas de diferentes comunidades y etnias, como la marginación, la explotación, la discriminación y la resistencia cultural que han sostenido por más de 500 años. De hecho, la emergencia indígena se puede explicar en gran medida por el surgimiento de una "identidad panindígena" (con un carácter supracomunal y supraétnico), que ha logrado articular y organizar nuevamente a los indios en un movimiento de alcances continentales. Hay que recordar que desde los años setenta del siglo XX, el gobierno mexicano trató de corporativizar el movimiento indígena y creó las condiciones necesarias para el desarrollo de congresos indígenas. La elite india que había formado el mismo gobierno con las políticas indigenistas fue la encargada de encabezar el movimiento en un principio. Pronto apareció el discurso del indianismo, que rebasó los ámbitos de la comunidad e incluso de la misma etnia, para ahora centrarse en las semejanzas y filiaciones de lo indígena como un todo. Este discurso encontró una gran aceptación en los congresos y, posteriormente, fue adoptado por muchas organizaciones indígenas; podemos decir que el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional se acerca a esta idea.

Una vez expuesto este tema, nos podemos dar una idea del grado de complejidad y diversidad de los sistemas jurídicos indios, que, obviamente, tienen particularidades y especificidades en cada comunidad indígena. En concordancia con lo señalado, expondremos en el siguiente apartado las directrices generales que pueden ser comunes a los derechos indígenas.

III. LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS INDÍGENAS

Podemos decir que los derechos indígenas tienen tres características comunes: su naturaleza oral, su orientación cosmológica y su carácter colectivista.

a) La naturaleza oral. Esta primera regla o característica general se refiere a que en la actualidad los sistemas normativos indios son orales y no escritos. Hay que señalar que antes de la conquista española los indígenas tenían también una tradición jurídica escrita que, desafortunadamente, fue destruida por el fanatismo del clero. Existe pues, una diferencia fundamental entre los sistemas jurídicos indios y el derecho estatal (de naturaleza positivista), los primeros tienen una tradición oral y el segundo se basa en una escrita. Es importante distinguir que aunque en el derecho estatal existen algunos procedimientos que se realizan de forma oral tienen una base escrita, es decir se basan en un código escrito.

b) La orientación cosmológica. Esta característica consiste en una forma distinta de concebir el orden. Para los indígenas, la norma jurídica no es producto exclusivamente de la razón humana, sino que existen otras fuerzas y causas ajenas al hombre que crean y dan sentido a la norma de conducta. Estas fuerzas externas al hombre están compuestas por la naturaleza que rodea a los indios, es decir, por las montañas, los ríos, las piedras, la luna, la tierra. El indígena y la naturaleza legislan juntos, concibiéndose el indio como parte de la naturaleza y no por encima de ésta. Se puede decir que lo moral, lo místico y lo jurídico se entrelazan en los derechos indígenas.

Lo primero que salta a la vista es la diferencia que existe en relación con el derecho positivo, en donde el hombre y su razón (mediante un aparato institucionalizado) son los únicos legisladores. Por otro lado, tenemos que en el derecho positivo lo místico, lo moral y lo religioso están tajantemente separados del derecho.

c) El carácter colectivista. Como ya vimos, la concepción de lo jurídico entre los indígenas se sustenta en la creencia de que el orden deben estar en comunión con todas las fuerzas existentes en la naturaleza; por lo tanto, el indio se piensa y se concibe como parte de ésta y no como un individuo aislado. En ese mismo sentido, los sistemas jurídicos indígenas tienen un carácter colectivo; lo anterior no quiere decir que se excluya al individuo como sujeto de derechos, sino que tienen esta categoría no por el solo hecho de ser seres humanos, sino porque pertenecen a un conjunto de personas o a una comunidad con una cultura e identidad propia.

Una vez estudiadas las anteriores características de los derechos indígenas, analizaremos el contenido de los conceptos más comunes que se usan para referirse a los sistemas jurídicos de los indios. Dichas categorías son "los usos y costumbres" y "el derecho consuetudinario indígena".

Los usos y costumbres. Este término es por demás limitativo, puesto que se refiere a prácticas aisladas y repetidas inmemorablemente, cuando que en realidad los derechos indígenas no son prácticas aisladas. Por el contrario, tienen un eje cultural que los articula a modo de sistema, ya que se componen de un conjunto de normas, autoridades y procedimientos mediante los cuales regulan su vida social, resuelven sus conflictos y organizan el orden interno. Hay que señalar también que los sistemas jurídicos indígenas no son prácticas repetidas de forma inmemorable, ya que han demostrado tener una enorme capacidad de adaptación histórica, puesto que han tenido que sobrevivir en condiciones de persecución y deben de responder a necesidades y demandas sociales cambiantes.

El derecho consuetudinario indígena. Este concepto supone la existencia de un sistema de normas, autoridades y procedimientos propios. Sin embargo, la palabra "consuetudinario" fosiliza a los sistemas jurídicos indios bajo el prejuicio de que son estáticos en el tiempo, mientras que el derecho estatal sí aparece con esa capacidad evolutiva.

Para cerrar este apartado, creemos conveniente formular una definición del sistema jurídico indio, con la finalidad de redondear el estudio de las características y los términos aquí expuestos. Antes de hacer mi propuesta, considero necesario hacer alusión al concepto de derecho indígena que propone el doctor Jorge Alberto González Galván:

El derecho indígena sería, pues, la intuición del orden que desarrollan los pueblos originarios de un territorio-país-Estado, basada en la creencia de que todas las fuerzas-elementos-energías-razones que existen en la naturaleza son orgánicamente solidarias, y donde el hombre es tomado encuentacomopartedeellascomoentecolectivo.

Aunque la anterior definición bien podría ser la más acertada, pensamos que es necesario incluir otros elementos que consideramos importantes. Nuestra propuesta para definir al sistema normativo indio es la siguiente: La intuición20 de un orden, enmarcado en un eje cultural propio y materializado en un sistema que regula la vida social (o comunal), con capacidad de adaptación histórica, que es practicado y desarrollado por los pueblos indígenas en donde todas las fuerzas, elementos, energías y razones que existen en la naturaleza son solidarias, y donde el hombre es tomado en cuenta como parte de ellas como ente colectivo.

IV. LA RELACIÓN DEL DERECHO ESTATAL CON LOS DERECHOS INDÍGENAS

La Constitución política de México reconoce los sistemas jurídicos indígenas, por lo que formalmente podemos considerar a los derechos indios como parte del derecho estatal. De esta forma tenemos que la Constitución federal en su artículo 2o., inciso a, fracción 2a., ordena:

Aplicar sus sistemas normativos [de los pueblos indígenas] en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

Pero, ¿en qué se justifica esta forma de negación de los derechos indios? En el fondo de este debate existe una cuestión de carácter cultural que consiste en la subvaloración de las culturas indígenas, es decir, se considera que todo lo que no sea producto de la cultura occidental es retrasado y primitivo. En el caso de los sistemas normativos indios se reproduce esta visión etnocentrista occidental, por lo que se niega la posibilidad de dar jurisdicción total o plena a la comunidad indígena para que resuelva sus conflictos de carácter interno, dado que se tiene la idea de que los derechos indígenas son retrasados y fragmentarios. La anterior percepción descansa principalmente en dos supuestos teóricos:

1. El evolucionismo cultural. Esta corriente surgió junto con la ciencia antropológica en el siglo XIX. Los principales teóricos en materia jurídica fueron: sir Henry Maine y Albert Herman Post. El evolucionismo postuló que todos los pueblos siguen el mismo camino en su desarrollo, transitando por varios estadios que van de la barbarie a la civilización. Cabe señalar que esta corriente teórica sirvió para legitimar la segunda etapa de colonización en África, bajo el argumento de que los países desarrollados tenían la obligación de "civilizar" a los territorios primitivos y retrasados. A los que comulgan de este supuesto teórico, no les importa que todos los pueblos cuenten con distintos factores culturales, económicos, históricos, geográficos. Los evolucionistas consideran que la cultura occidental se encuentra en la cúspide de la fase civilizadora, por lo tanto, todo lo que no es producto de la cultura occidental no es civilizado. El razonamiento anterior, se transporta al derecho, ya que un sistema jurídico no es más que un producto de la cultura de un pueblo. En el anterior supuesto se funda la legitimación teórica de la supremacía del derecho producido por el Estado, ya que se considera que éste se encuentra en la fase superior de la evolución jurídica universal. En contraste con ese derecho oficial, los otros sistemas jurídicos se encuentran en fases inferiores de desarrollo, por lo tanto no deben de ser tomados en cuenta, o sólo sus "aspectos positivos" que estén de acuerdo con el derecho estatal.

2. El monismo jurídico. Este paradigma jurídico tiene como principal sustento la composición del Estado nacional. El modelo teórico del Estado-Nación sugiere que el Estado esta compuesto por un sólo pueblo, con una sola cultura, un sólo lenguaje, una sola religión; en otras palabras, un pueblo culturalmente homogéneo. Además de lo anterior, el Estado moderno reconoce el principio de la soberanía popular, en el cual se postula que el pueblo es el mandante del poder soberano y los poderes de la Unión sólo mandatarios de dicho poder. Así se entiende que es legítimo que el Estado tenga un sólo sistema jurídico, porque se supone que la voluntad del pueblo culturalmente homogéneo es la de constituir solamente un derecho, puesto que lo acepta y se siente representado en dicho sistema normativo.

En la actualidad, un argumento al que se recurre con frecuencia para negar la validez de los sistemas de control social indígena (fundado precisamente en el evolucionismo) es su supuesto carácter primitivo, ya que se tiene la idea de que éstos no han cambiado desde la época prehispánica. Ante esta supuesta inmovilidad histórica de los derechos indígenas, se presenta el derecho estatal como un sistema que sí tiene una capacidad evolutiva y de adaptación. Sin embargo, tenemos que señalar que las culturas indias no son estáticas en el tiempo, de hecho, a lo largo de la historia han demostrado tener una gran capacidad de adaptación, puesto que han tenido que sobrevivir bajo una constante persecución. Además, mucho de lo que ahora conocemos como indígena está más relacionado con la influencia cultural que ejercieron los españoles en el momento de la conquista, puesto que una buena parte de los elementos y valores prehispánicos se perdieron para siempre (como la tradición jurídica escrita de los indígenas), y otra parte pudo perdurar con varios sincretismos.

Los Estados-nación no existieron desde el principio de los tiempos, ni tampoco surgieron de la noche a la mañana: son producto de deliberadas políticas de construcción nacional, adoptadas por los Estados para difundir y fortalecer un sentido de pertenencia nacional. Estas políticas incluyen planes de estudios de educación nacional, apoyo a los medios de comunicación nacional, la adopción de símbolos nacionales y leyes sobre idioma oficial, sobre ciudadanía y naturalización, y así sucesivamente.

En América Latina, las naciones surgieron principalmente por la vía de las revoluciones independentistas. Dichas luchas de liberación colonial no tuvieron como motor principal un sentimiento nacionalista (sin que esto quiera decir que no intervinieron ciertos protonacionalismos), sino más bien el descontento general de la población colonizada por las injusticias que la tiranía de la potencia imperial cometía en su contra. En otras palabras, las revoluciones independentistas tuvieron una naturaleza anti imperial más que nacionalista. Al independizarse las sociedades de los nacientes Estados latinoamericanos tenían pocos elementos en común. Entre los que podemos mencionar se encuentran: el idioma español, que en muchos de los países recién emancipados no era la lengua más hablada (el caso de México y Bolivia), y la circunscripción administrativa legada del viejo vasallaje colonial. Sin embargo, los gobiernos de los emergentes Estados lanzaron agresivas políticas con el objetivo de lograr la formación de una identidad nacional. Dichas políticas consistieron en el exterminio de las etnias, el blanqueamiento de la población, la creación de la educación oficial en castellano, de una historia nacional, etcétera.

Como puede observarse desde su formación, el Estado mexicano tuvo de facto una composición pluricultural. Incluso si tomáramos en cuenta el criterio de la población mayoritaria, tendríamos que concluir que al momento de su independencia la "nación mexicana" era más bien una "nación india". Independientemente de la anterior consideración, tenemos que señalar que la pluralidad cultural del país fue reconocida formalmente hasta 1992, con la reforma al artículo 4o. constitucional. Esta reforma planteó una nueva realidad jurídica y política sobre una vieja base social, es decir, se cambió la concepción de que el Estado federal se componía por un pueblo homogéneo, para ahora estar formado por una diversidad de pueblos con identidades culturales distintas. En consecuencia, estos "nuevos pueblos" reconocidos por la Constitución tienen el derecho de que su cultura, cosmovisión y sistemas jurídicos estén representados en el aparato estatal, ya que con su carácter de pueblo comparten originariamente el poder de la soberanía, además de tener el derecho a que su cultura y sus sistemas normativos sean tomados en cuenta, en un plano de igualdad y no de subordinación. La cultura jurídica del pueblo mestizo no debe privilegiarse sobre la indígena, sino coordinarse con ella.

Nos resulta claro que las luchas de los pueblos indígenas tienen como finalidad la transformación del modelo del Estado nación que los ha marginado y excluido. Por eso el reconocimiento de los derechos que han conquistado en la Constitución federal no tienen como objetivo una simple declaración de la diferencia étnica o de la "pluriculturalidad de la nación", sino una verdadera modificación de las estructuras y relaciones de poder.

Tomar en serio, y no sólo en el discurso, las demandas de los indígenas, el pluralismo cultural y jurídico en México implica aceptar y afrontar las consecuencias que derivan de ellos. Un verdadero reconocimiento de los derechos indígenas haría necesaria más que su validación y sujeción al derecho estatal, la construcción de medios de coordinación entre ambos, en condiciones de igualdad y no de subordinación. Ciertamente que para lograr este cambio se necesita una reforma profunda al Poder Judicial y a otras estructuras del Estado; una tarea nada fácil, pero necesaria. Muchos abogados argumentan que la creación y administración del derecho debe de estar en manos de profesionales de la ciencia jurídica, por eso no ven plausible otorgar jurisdicción a los derechos indígenas. Sin embargo, la patente crisis de credibilidad y eficacia de nuestro sistema de administración de justicia, así como la impericia jurídica y política de la mayoría de los senadores y diputados, son factores que nos deben hacer reflexionar si este es un argumento válido.

Con el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en un plano de igualdad respecto al derecho estatal, y mediante la existencia por consecuencia de un verdadero pluralismo jurídico se estaría dando satisfacción a una de las demandas más sentidas de los pueblos indios. Pero este enfoque no debe ser privativo, la posibilidad del establecimiento de un pluralismo jurídico también lo debemos de considerar como un medio útil para transformar las relaciones culturales y de poder en la sociedad nacional, así como una herramienta que coadyuvaría a la formación de una vida más justa y democrática para todos los sectores integrantes de México.

⁴ La Ley Agraria en la legislación federal también se refiere a la comunidad indígena, o al menos eso se puede entender, pero nunca se dirigió a esta organización social india de forma explícita, sino que sólo se hace uso del término "comunidad".

⁸ Entiendo por derecho indígena un sistema jurídico con normas, autoridades y procedimiento propios.

¹¹ Actualmente se estima que existen más de 60 etnias diferentes en el territorio nacional (con base en el criterio lingüístico). Instituto Nacional Indigenista y Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, México, Instituto Nacional Indigenista, 2002, p. 25.

¹⁸ "Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar o reforzar sus propias características políticas, económicas, sociales y culturales así como sus sistemas jurídicos" (artículo 4o. del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).

²⁰ El término "intuición" lo utilizamos en un sentido de capacidad primaria, determinada por especificidades culturales, para formar un orden en una sociedad.

²² Se entiende por pluralismo jurídico el que en un sólo espacio geopolítico u Estado se tengan condiciones de igualdad, plena vigencia y aplicabilidad de dos o más sistemas jurídicos.

²⁴ El principio de la soberanía popular se encuentra consagrado en la Constitución federal en los artículos 39 y 41.

²⁶ Tales son los casos del derecho musulmán y el derecho judío.

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Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México: Una defensa del pluralismo jurídico

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Similares en SciELO Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una defensa del pluralismo jurídico Orlando Aragón Andrade* * Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orlandoarande@yahoo.com.mx.

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Jimena Saldaña

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Varios son los pueblos indígenas que se enfrentan a problemas, como la comunidad Yakye Axa que no podía asentarse en sus tierras, pese a un acuerdo logrado en 2012, porque las obras en las carreteras de acceso no habían concluido, indica el informe.

Los Ayoreo-Totobiegosode denunciaron la invasión y deforestación de su territorio ancestral por empresas ganaderas, y los riesgos que esas prácticas conllevaban para los grupos que vivían en aislamiento voluntario.
Caso Curuguaty
Al acabar 2015 seguía el proceso judicial contra 13 campesinos por su presunta implicación en el homicidio de seis policías y otros delitos en un conflicto de tierras en 2012 en el distrito de Curuguaty y no se había acusado a nadie de la muerte de 11 campesinos durante los enfrentamientos, "lo que suscitaba dudas sobre la imparcialidad de la investigación".

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En Paraguay, los indígenas no acceden a tierras, dice Amnistía - Política - ABC Color

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LONDRES (EFE). Los pueblos indígenas siguen sin tener acceso a sus tierras ancestrales en Paraguay, donde además los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, señala Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo 2015/2016.

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

Hay que reconocer que, en cuanto a legislación y a política indigenista, esa Constitución representa un marcado avance. El capítulo V de la Carta Magna está dedicado a los pueblos indígenas. Son seis artículos, del 62 al 67, que fueron aprobados en forma directa y casi por unanimidad en la Asamblea plenaria. Veremos más adelante cómo se llegó a ellos y cuál es su contenido.

¿Cómo se llegó a un resultado que desde el punto de vista legislativo y jurídico puede considerarse bastante satisfactorio?

Pero también hay que preguntarse: ¿cuál es la situación real de los indígenas en la actualidad y si ella ha mudado significativamente con la nueva Constitución? Y en caso negativo a qué debería atribuirse.

Pueblos indígenas en el Paraguay

La población total del Paraguay, según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, de 1992, alcanza el número de 4.152.588 habitantes, de los cuales la población tenida como indígena se reduce a escasos 49.487 individuos.

El Censo y estudio de la población indígena del Paraguay, de 1981, realizado por el INDI (Instituto Nacional del Indígena) arrojaba la cifra de 38.703 personas, que en la época representaba el 1,26% de una población que entonces era de 3.029.830 habitantes para el Paraguay.

Pero hay que notar que dicho censo indígena de 1981 fue realizado con marcadas deficiencias técnicas y prácticas, y mal podía registrar la situación real. Algunas estimaciones por parte de otras organizaciones indigenistas hacen subir la cifra a 70.000 y hasta 100.000 con un porcentaje del 3%, e inclusive del 4% respecto a la total paraguaya.

Por lo que respecta al Censo de 1992, sus datos ya han sido procesados y están a la espera de publicación.

Comparados, los dos Censos oficiales ofrecen el siguiente cuadro:

La revista Mbya, n. 24 (Asunción, marzo 1995), recogiendo datos e informaciones provenientes de organizaciones y expertos independientes, con especial atención a la población y tenencia de tierra de las comunidades indígenas y los requerimientos en curso. A pesar de que la presentación de datos está hecha de forma un tanto heterogénea, debido a la diversidad de las fuentes de información, se consigue un cuadro más actualizado de la situación indígena en el Paraguay.

[Es cierto que no se puede establecer una equivalencia estricta entre familia y habitantes por vivienda, pero este indicador deducido del análisis del Censo de 1992 permite un cálculo aproximado aceptable].

Viven en el Paraguay 17 pueblos indígenas, que a su vez se agrupan en cinco familias lingüísticas:

guaraní -que se subdivide en Mbyá, Ava-Katú (o Chiripá), Aché (o Guayaki), Pa'í' Tavyterã, Chiriguano (o Guarayo) y Guarani-Ñandeva;

maskoy -subdividido en Sanapaná, Angaité, Enxet (o Lengua), Guaná, y Toba Maskoy;

Los pueblos de lengua guaraní se extienden por la llamada Región Oriental, al este del Río Paraguay, región fértil especialmente apropiada para los típicos cultivos de maíz, mandioca y cultivares de especies adaptadas a los montes subtropicales. Estos territorios están tradicionalmente ocupados por ellos desde hace unos 2.000 años A P. Hay, sin embargo, dos grupos guaraníes, los Chiriguanos y Ñandeva, que están localizados en la Región Occidental.

Los demás pueblos indígenas habitan la Región Occidental, o Chaco, excepto el pueblo Maká que recientemente ha migrado y se ha localizado en la periferia de la capital Asunción. Es importante notar que muchos grupos actualmente están en lugares que no corresponden al hábitat tradicional.

Una historia de exclusión

La actual situación jurídica de los indígenas se conformó sobre todo a partir del siglo XIX.

El presidente Carlos Antonio López a través del tristemente famoso Decreto del 7-X-1848 suprimió la institución del táva comunal, declarando extinta la "comunidad", lo que permitía al Estado apropiarse y disponer de las tierras de "los 21 pueblos de indios", a quienes se concedía -por irónico trueque- la ciudadanía. La asimilación de todos los habitantes del Paraguay en una única ciudadanía, negaba por vía de derecho positivo la realidad pluriétnica del Paraguay. Despojados de sus tierras, los indígenas se vieron también excluidos de la posibilidad de elegir y ser elegidos ya que sólo podía ejercer este derecho quien poseyera algún inmueble en propiedad. La negación tanto de la identidad étnica, como de la posibilidad de organizarse socialmente atendiendo a un sistema propio sería en el futuro un presupuesto político que caracterizaría a los distintos gobiernos y una actitud constante de la sociedad dominante frente a los pueblos indígenas.

La Constitución de 1870, promulgada después de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay estaba todavía ocupado por los extranjeros, legalizaba una posición discriminatoria contra los indígenas, dando atribuciones al Congreso de "proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacifico con los indios y promover la conversión al cristianismo y a la civilización" (Art. 72, inc. 13). Por otra parte el Estado paraguayo tuvo que aceptar como salida a su crisis económica el privatizar todas las tierras fiscales, lo que se daba naturalmente sin tener en cuenta los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Dos grandes empresas se hicieron con una porción considerable del territorio nacional: la firma Carlos Casado, en el Alto Paraguay, y La Industrial Paraguaya S.A, en la zona de Alto Paraná.

Ese apartado de la Constitución de 1870 se fue reglamentando poco a poco: en 1904 se autorizó por Ley al Poder Ejecutivo el fomentar "la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrando tierras y elementos de trabajo" (art. 31), pero "el poder Ejecutivo podrá disponer en las tierras fiscales de zona adecuada cuya extensión nunca superará las 7.500 hectáreas..." (Art. 2º de la Ley de 1907) y "para estimular estos trabajos el Poder Ejecutivo podrá conceder en propiedad a las personas o sociedad que emprenda las reducciones, hasta la cuarta parte de las tierras a ellas destinadas" (Art. 3º).

Este tipo de legislación reflejaba y al mismo incentivaba una mentalidad y actitudes sociales tan discriminatorias e injustas contra los indígenas que la Corte Suprema de Justicia tuvo incluso que recordar que "todos los indígenas, en su calidad de habitantes del territorio nacional, gozan, al igual de las personas civilizadas, de los derechos y garantías que las leyes reconocen a estas últimas" (Circular Nº 1 del 3-XI-1957). En el año 1963 se promulgan dos leyes que van a jugar un papel muy importante para la reorganización por parte del Estado de las comunidades indígenas. La Ley 852/63 por la cual se crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y la Ley 854/63 del Estatuto Agrario que en su artículo 16 expresa: "Los núcleos sobrevivientes de las parcialidades indígenas que aún existen en el país serán asistidas por el IBR para su organización en colonias. Con este objeto afectará las tierras necesarias para su asentamiento y colaborará en la medida de sus posibilidades con los organismos estatales y las entidades privadas pertinentes, para promover la progresiva incorporación de dichos núcleos al desarrollo económico y social del país".

Como se ve, aun queriendo corregir abusos y subsanar deficiencias, el Estado paraguayo adopta una clara política integracionista, que se aprecia igualmente en el Código de Trabajo, Ley 729/61, cuyos artículos 185 hasta el 191 tratan "Del trabajo indígena".

Vistas como "parcialidades" -ya nunca más como "naciones"- las comunidades y pueblos indígenas son tratados como sobrevivientes en vías de asimilación a la única ciudadanía paraguaya. Aunque se habla todavía de la formación de "colonias", el reconocimiento de la tierra indígena pasa a segundo plano, si es que es considerado. En un territorio indígena ni se piensa.

Indigenismo y filantropía

Mientras tanto, al calor de ciertas ideas y preocupaciones filantrópicas y humanitarias surgían algunas organizaciones indigenistas. Cabe mencionar como antecedente, el Patronato Nacional de Indígenas, creado por Decreto Nº 7.389 del 10-XII-1936 y conformado por representantes del Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, cuya función era la de "promover los trabajos necesarios para el conocimiento y organización de las tribus que habitan el territorio del país, adoptando todas las medidas de protección y asistencia que crean más aconsejables". Se trata todavía de la misma política asistencialista e integracionista que promovían las leyes específicas. En el año 1942 se aprobaban los estatutos de la (AIP) Asociación Indigenista del Paraguay, que buscaba los mismos objetivos que el Patronato con la diferencia importante de que no dependía directamente del Estado.

En 1949 tuvo lugar un hecho aparentemente modesto y de alcance muy limitado: se creaba la Curaduría de Indios Mbyá-Guaraníes del Guairá con la misión da "buscar y elaborar los medios necesarios y dignos para la adaptación a la vida civilizada de la importante población indígena del país". Dependía del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta curaduría, debido a la persona que la había promovido y la tuvo a su cargo por un tiempo considerable, iba a jugar un papel muy importante y hasta decisivo por lo que se refiere al rescate y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ese curador fue Don León Cadogan (1967), quien encauzó en gran medida su trabajo y su obra etnográfica y etnológica a través de esta Curaduría, con numerosos artículos y publicaciones en los que exponía sus conocimientos y denunciaba abusos y manifestaba sus preocupaciones...

Tanto el Patronato como la Curaduría tenían una actuación muy limitada debido en especial a la falta de un apoyo económico y gubernamental suficiente. En estas circunstancias, siendo el gral. Marcial Samaniego, Ministro de Defensa, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI), dependiendo de dicho Ministerio, en "vista a la necesidad de adoptar medidas tendientes a nuclear en colonias organizadas a los indígenas dispersos por las Regiones Oriental y Occidental de la República, a modo de evitar su extinción y adaptarlos a la vida sedentaria" (Decreto 1341/58). Como primera actividad el DAI organizó el I Congreso Indigenista Nacional, que se llevó a cabo en el mes de agosto de 1959. En este Congreso se abordaron los temas de situación legal, salud, colonización y educación de los pueblos indígenas. El lenguaje de las conclusiones y recomendaciones era ciertamente muy etnocéntrico y asistencialista; no se tenía en cuenta los derechos de los pueblos indígenas como tales, y lo que se pretendía era civilizarlos para que pudieran disfrutar así de los derechos de cualquier ser humano de la sociedad nacional. Las misiones -los misioneros y misioneras- eran el brazo derecho de esta política indigenista ya que entre otras funciones debían continuar "interesándose por la inscripción de los indígenas en el Registro Civil", preocuparse "por la higiene y la salud de los indígenas", "ir ubicando a los indígenas en poblaciones fijas que facilitaran su educación y desarrollo social, educativo y económico"; al mismo tiempo se decidía "pedir a los misioneros que orienten las actividades de los caciques".

Pero quizás, la recomendación que tuvo mayor efecto en lo sucesivo fue la de "organizar un Consejo Nacional Indigenista que actúe como Asesor de DAI para el estudio de los problemas derivados de la educación, el desarrollo, la dignificación y el bienestar de los indígenas, y proponer las soluciones que crea convenientes, necesarias y posibles a efecto de convertirlos, con el tiempo, en bueno miembros de la familia y de la comunidad, y ciudadanos socialmente útiles".

A medida que la función del DAI se hacia obsoleta y comenzaban a surgir problemas nuevos, debido sobre todo a nuevos conceptos y exigencias de movimientos indigenistas ya generalizados en gran parte de América Latina -como señalaremos enseguida-, el dictador del Paraguay, Gral. Alfredo Stroessner, a través del Decreto 18.365 del año 1975, considera oportuno y necesario crear el Instituto Nacional del Indígena (INDI) con la finalidad de "promover el desarrollo integral de las distintas comunidades indígenas del país, así como la efectiva integración en la sociedad nacional, respetando sus respectivas culturas" (Art. 1º). "El INDI estará constituido por un Consejo presidido por el Ministro de Defensa Nacional..." (Art. 2º) e integrado por un representante de cada uno de los ministerios, incluido un representante de las FFAA. Y no pasó medio año cuando por otro decreto (22.274/76) se amplían las facultades del INDI a "fiscalizar, orientar y coordinar todos los proyectos o esfuerzos promovidos por los organismos oficiales, religiosos; personas y entidades privadas nacionales o extranjeras destinadas a comunidades indígenas" (Art. 1º); de este modo, "todos los proyectos o acciones que deben realizarse en el futuro requerirán, ineludiblemente, la pertinente autorización del INDI" (Art. 2º).

La década del 70. Declaraciones internacionales y proyectos indigenistas

Y es que mientras tanto llegaban también al Paraguay los ecos de disposiciones y declaraciones sobre los derechos de los indígenas y la responsabilidad de las sociedades nacionales con los pueblos originarios.

En 1968, mediante la Ley Nº 63 se incorpora a la legislación nacional el convenio relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes (Convenio nº 107 de la OIT de 1957), a través del cual entró en nuestro régimen jurídico el derecho consuetudinario indígena.

La década del 70 significó un gran avance para las organizaciones indigenistas, y por ende para las mismas comunidades. El punto de quiebre lo podemos situar en el simposio internacional que se realizó a principios de 1971, "sobre la fricción interétnica en América del Sur", que produjo la "Declaración de Barbados, por la liberación del indígena": En ella se llama la atención sobre la relación colonial de dominio a que se hallan sujetos los indígenas de América, y es ante esta situación que "los estados, las misiones religiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena" pero "es necesario -agrega la Declaración-, tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha".

Al año siguiente en Asunción, el Consejo Mundial de Iglesias (quien había organizado el encuentro de Barbados juntamente con el Instituto de Etnología de la Universidad de Berna) organizó la Consulta Indígena Latinoamericana para que los agentes pastorales de las distintas Iglesias analicen su accionar a la luz de la Declaración de Barbados.

También se reunió en Asunción el Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur (octubre de 1974) en el que participaron representantes de cinco países, y en donde ningún no-indígena tenía participación activa. Se abordaron diversas temáticas como la tierra, el trabajo, la educación, la salud, la organización. Las Conclusiones del Primer Parlamento terminan con el siguiente párrafo: "En nuestra reunión recordamos los sufrimientos, las persecuciones que padecemos en todas partes, pero también las luchas que los indígenas de América estamos llevando a cabo hoy día, y hemos hecho el nuevo compromiso de seguir adelante. Así invitamos a todas las naciones indígenas para continuar hasta alcanzar el triunfo definitivo: ser hombres libres".

Varios proyectos surgieron en esta década que, siguiendo a Esther Prieto (1994, p. 6), pueden agruparse "en dos corrientes, que marcan hasta hoy el rumbo de la militancia indígena: una vertiente de desarrollo local (comunitario), y una de política global (con representatividad multiétnica)".

Dentro del primer grupo podemos colocar al Proyecto Pai' Tavytera, al Proyecto Guaraní y al Proyecto Nivaklé "Yi'shinachat". Tanto el primero como el último estaban centrados en una sola etnia, mientras que el Proyecto Guaraní se extendía a los Avá-Chiripá, Mbyá y Aché.

Leyendo los objetivos de los distintos proyectos se puede percibir hacia dónde apuntaban:

Proyecto Pai' Tavytera: "Emancipación social, cultural y económica de los indígenas guaraníes Pa'i Tavytera, dentro de un programa de desarrollo comunitario conforme a las realidades de la sociedad nacional, en estrecha colaboración con las instituciones gubernamentales y cuatro misiones religiosas" ( Informe 1974, cit. por Bejarano, 1976).

Proyecto Guaraní: "Se pretende la incorporación plena de las comunidades indígenas al proceso de desarrollo que se está gestando en la zona, teniendo en cuenta que su inserción se debe realizar a partir de la visión histórica de cada grupo étnico y respetando su autogestión".

Proyecto Nivaklé: "Solucionar el penoso problema de un difícil peregrinaje por la zona, como consecuencia de la carencia de tierras propias para su asentamiento, y ofrecerlas la oportunidad de progresar conforme a sus propias pautas culturales".

Dentro de la segunda corriente, el de una asociación pluriétnica, surge el Proyecto Marandú bajo el patrocinio de la Universidad Católica, que plantea una acción en tres planos: a- en las etnias indígenas: "detección de la problemática social indígena y labor informativa a los indígenas; b- en la sociedad nacional; "transformación de la conciencia de la sociedad nacional con respecto al indígena para lograr una actitud positiva de ella en relación a la aceptación de la cultura indígena como componente de la nacionalidad"; y c- a nivel internacional: "organizar el apoyo moral y económico internacional". Sin embargo, la actividad central "está en el trabajo de contacto directo con los indígenas; los otros dos planos de trabajo servirán de complemento al primero".

En octubre de 1974 se creó a instancias del Proyecto Marandú la (API) Asociación de Parcialidades Indígenas con la finalidad de dirigir dicho proyecto en el futuro y a la vez "constituirse en un núcleo directivo de todos los indígenas del Paraguay para la formación de una organización propiamente indígena" (cit. por Bejarano, 1976).

Es importante notar que en 1977 se volvieron a reunir en Barbados 34 personas (20 indígenas y 14 no-indígenas) ante los cambios positivos que ocurrieron en Latinoamérica después de la Declaración de Barbados. La diferencia sustancial entre las dos declaraciones está en que la segunda elaboró "un documento de los indígenas dirigiéndose a los indígenas"; así, entre los puntos más importantes se destaca que "en primer lugar, deben luchar por sobrevivir como grupo. Para ello, la posesión de la tierra es de capital importancia. En segundo lugar, deben liberarse ellos mismos de la dominación física y cultural. En tercer lugar, deben esforzarse por lograr su unidad al interior y a través de las fronteras nacionales".

Ciertamente la década del 70 fue una época de grandes "Declaraciones", donde Paraguay estuvo casi siempre bien representado; pero no se puede dejar de tener en cuenta que dentro del Paraguay ya habían pasado dos décadas desde que Stroessner se hizo con el poder, que la Constitución promulgada en el año 1967 no menciona una sola vez la palabra indígena; que la represión del sistema dictatorial alcanzó, a mediados del 70, niveles de verdadero terrorismo de Estado. En 1974 había saltado al ámbito internacional el caso de los Aché, las razzias contra ellos, la esclavitud a que estaban sometidos los niños y niñas capturados, los asesinatos que configuraban un cuadro de verdadero genocidio contra ese pueblo. Todo ello atrajo las miradas de los organismos internacionales. Los diversos proyectos promovidos por algunas organizaciones indigenistas dieron nueva vida a las comunidades, que en ciertos casos mostraron su poder autogestionario. Pero al mismo tiempo se debe lamentar que la API pronto se alejara de su finalidad primera. Más pendientes del dinero y de los enredos de la política partidaria los dirigentes se fueron alejando de sus comunidades, perdiendo legitimidad y autenticidad -sin olvidar que la dictadura hizo un buen trabajo de corrupción interna-. Adolfo Colambres llama la atención de este hecho, cuando al comentar la Ley 904/81, ya en 1982, podía decir que "moviéndose a la sombra de las autoridades, la API se ha granjeado la desconfianza del movimiento indígena panamericano, pues ni siquiera se atreve a enviar representantes a los congresos y foros internacionales donde se discuten los derechos de las minorías étnicas, ni a integrar el Consejo Indio de Sud América. Qué pasó con el espíritu de San Bernardino, el del año 1974? No es el indigenismo oficial el responsable de esa situación? Y si es así, ¿hasta qué punto será real la autogestión que propugna la Ley? Si en verdad se quiere iniciar una nueva etapa habrá que extremar la autocrítica, a fin de que esta Ley no se convierta en letra muerta o, lo que es peor, en un instrumento de manipulación".

Hacia la ley 904/81

La posesión de la tierra a que hacía referencia la Declaración de Barbados II, se tornó la exigencia central de cualquier legislación que tuviera que responder a la problemática indígena. La falta de títulos de propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas, por un lado, y por otro, la falta de capacidad jurídica de las mismas para tener la tierra a su nombre, fueron las mayores preocupaciones que manifestó la AIP en junio de 1978 cuando el INDI convocó a distintas instituciones indígenas e indigenistas, específicamente para dialogar sobre la situación de los indígenas en Paraguay.

Después de varios años en que los distintos proyectos ya estaban actuando, la problemática de la tierra ocupó el primer lugar en las preocupaciones de las comunidades indígenas.

La propuesta de la AIP fue bien recibida por las demás organizaciones que encomendaron a los doctores Helio Vera y Esther Prieto la elaboración de un "borrador que pudiera ser utilizado como base de discusión"; tres principios deberían ser tenidos en cuenta: Titularidad comunitaria y transferencia gratuita de la tierra; reconocimiento de las organizaciones indígenas y del sistema de liderazgo, y respeto al derecho consuetudinario.

Luego de varias reuniones del equipo interinstitucional, el INDI adoptó el proyecto y reelaborándolo lo elevó al Poder Ejecutivo en julio de 1980 bajo el titulo de Anteproyecto de Ley que establece el Régimen jurídico de las Comunidades Indígenas.

Este Anteproyecto pasó del Ejecutivo al Parlamento, donde varios capítulos, como el relativo al Derecho Consuetudinario Indígena y el del Fondo Especial para las Comunidades Indígenas fueron eliminados, al mismo tiempo que se agregaba un Titulo II 'De la Creación del INDI y de sus autoridades'. Así fue promulgada el 18-12-1981 la Ley 904: Estatuto de las Comunidades Indígenas.

A pesar de estas contradicciones, la ley no deja de representar un avance muy significativo para las comunidades indígenas. A partir de ese momento el conseguir la personería jurídica y luego la titulación de la tierra fue la tarea a la que se abocaron la mayoría de las comunidades indígenas.

La década del 80. Nuevas coordenadas y nuevas estrategias

Si la década del 70 estuvo jalonada con "declaraciones", la del 80 se caracteriza por "la lucha por la tierra". En esta lucha, si bien no se puede hablar de un movimiento propiamente indígena, si se van articulando las distintas organizaciones indigenistas en torno a intereses comunes, como la conquista y recuperación de la tierra, que en momentos específicos cobra una fuerza muy grande.

Podemos mencionar tres hechos que marcaron la actuación indígena-indigenista e hicieron tomar conciencia de la fuerza que se podría llegar a generar.

Un año después, la API volvió a insistir argumentando "que estos grupos indígenas como ocupantes milenarios de esas tierras tenían derecho a la ocupación, y al ser afectadas esas tierras por las obras de Itaipú corresponde a esa entidad proporcionar tierras equivalentes. A las dos semanas volvió la Itaipú a argumentar que la ley no lo tenía contemplado expresamente. Sin dejar pasar más tiempo, cuatro meses, a la API se le suman el INDI, la AIP y el Equipo Nacional de Misiones (dependiente de la Conferencia Episcopal Paraguaya), y en forma conjunta presentan un proyecto de Reasentamiento de Comunidades Avá-Chiripá para "evitar efectos negativos del emprendimiento en las comunidades consideradas e incluso hacerlas partícipes de sus beneficios". Dos meses más tarde en el mismo tono de siempre vuelve a responder la Itaipú Binacional pero esta vez con una gran dosis de ironía: "No puedo ocultar, sin embargo, -dice la carta- el vivo deseo de los que servimos en la Entidad, de responder positivamente a los requerimientos de las Asociaciones, de objetivos tan altruistas y que tan dignamente presiden Uds., pero el Tratado recordado nos distinguió con el altísimo honor de construir la Usina Hidroeléctrica sobre el Río Paraná, solamente."

Al año siguiente, amparándose ahora en la Ley 904/81 y en la 63/68 (que ratifica el Convenio 107), las mismas instituciones, pero sin el INDI, vuelven a solicitar la ejecución del Proyecto de Reasentamiento de las Comunidades Avá-Chiripá, en los términos de su formulación. Finalmente la Itaipú Binacional aceptó financiar pero en relación exclusiva con el INDI, que al fin de cuentas resultó "marcadamente negativa, y el hecho de que las fracciones estuvieran tituladas a nombre de esa institución facilitó a sus funcionarios la apropiación y venta -a todas luces ilegal- de la madera de estas colonias" (, p. 49).

El segundo de estos casos es el "Proyecto de Desarrollo del Área de Caazapá": una zona que es territorio tradicional del pueblo mbyá-guaraní. Con un crédito del Banco Mundial se comenzó la década con un estudio y diagnóstico de la zona para la posterior elaboración del Proyecto. En sus conclusiones se afirmaba que en la zona sólo vivían 10 familias mbyá, caracterizadas por su extrema movilidad, y por lo tanto no debían preocuparse por ellos. Peor aún, un año más tarde se concluyó que, después de haber consultado con el INDI, "los indios Mbyá-Avá son esencialmente cazadores nómades. No existen grupos Mbyá-Avá conocidos en la porción agrícola del Proyecto Caazapá, y si existieran algunos en el área forestal sería difícil establecer su número y localización, debido a que no cuentan con estructura tribal y tradiciones..." (cit. por , p. 62). Finalmente, bajo la insistencia de instituciones indigenistas y al amparo de la Ley 904/81 en el convenio que se firmó entre el Paraguay y el Banco Mundial (1982) figura un componente indígena. Enseguida se notaron los efectos negativos del Proyecto, los que "en su primera fase, señala Ramón Fogel, comprenden la presión sobre las tierras indígenas, la destrucción del entorno ecológico y alteraciones en las estrategias de sobrevivencia... y en cuanto a las tierras de esta comunidad, en el 2º semestre de 1985, no solo no se había legalizado la fracción poseída por la comunidad [Yukerí-Karandá]... sino que ni siquiera se efectuó la demarcación del territorio" (, p. 67). La demarcación y titulación de la tierra fue el principal problema con el que se enfrentó desde un inicio la AIP.

A partir de esta problemática originada en la zona de Caazapá en el año 1989, a través de la Ley 43/89 que modificaba la disposiciones de la Ley 1372/88 ("Que establece un régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas") se establece la prohibición de innovar en tierras en litigio. En su artículo 2º expresa: "No se admitirá innovaciones de hecho y de derecho en perjuicio de los asentamiento de las comunidades indígenas durante la tramitación de los expedientes administrativos y judiciales a que dieren lugar la titulación definitiva de las tierras. No se considerará innovación la siembra y cosecha de frutos o productos necesarios para la subsistencia, cuando las mismas se realizan en los lugares habituales". Esta ley significó un avance significativo en lo que respecta a las posibilidades de defender el hábitat indígena de la depredación de que eran objeto cada vez que se iniciaba un trámite de aseguramiento de tierras.

Finalmente, un tercer caso de lucha por la tierra en esta década del '80 es el de los Toba Maskoy con la empresa de intereses argentinos Carlos Casado. Esta empresa que se instaló en la zona del Alto Paraguay y poseía más de 2 millones de hectáreas, sometió a los indígenas a una esclavitud real, aunque a veces disimulada legalmente como si se tratara de trabajadores asalariados, a los casi 2.000 indígenas que habitaban ese territorio. Para subsistir dependían casi exclusivamente de los trabajos requeridos por la firma, sobre todo en la fábrica de tanino, pero también de changas en el puerto y de la oferta de algunos productos de la caza y pesca, muy mal pagados. Pero en los últimos tiempos la pronunciada disminución de trabajo en la taninera había ido deteriorando aún más la situación de los pobladores indígenas. Al plantearse la necesidad de cultivar sus tierras se vieron con la realidad de que esas tierras ya no eran suyas. Iniciaron las tramitaciones a través del INDI, quien en 1979 pide al IBR la afectación de 20 mil y 10 mil hectáreas de la firma Casado. A un decreto de expropiación siguió otro que lo anulaba y a cambio ofrecía la empresa otro lugar, totalmente inservible para las comunidades. Todo quedó congelado hasta que el INDI volvió a solicitar, en 1982, otras 30.000 hectáreas en la zona de 'Arroyo Mosquito'. Hasta el año siguiente el INDI, bajo la presidencia de general Marcial Samaniego, realizó una serie de estudios sobre el tema, pero luego fue removido del cargo y su sucesor no movió ni un papel; es más, siempre se mostró más aliado de la empresa que de los indígenas. Las entidades indigenistas se mantuvieron firmes junto a los indígenas. La Conferencia Episcopal, en 1987, envió una carta pública al titular del IBR en donde además de apoyar la expropiación denunciaba que "desde enero de 1985 el INDI no ha hecho trámite alguno tendiente a la resolución del conflicto". Finalmente, en agosto de 1987 se expropiaron las 30 mil hectáreas de la Carlos Casado. El caso fue importante por muchas razones y sus implicancias se extendieron a otras comunidades que sufrían la zozobra de la inseguridad por falta de un espacio vital. En primer lugar fue un testimonio de perseverancia indígena, fruto del trabajo unido; en segundo lugar, hizo notar la distancia que había entre el INDI y las comunidades indígenas.

Hacia la Constitución de 1992

En febrero de 1989 cae el régimen dictatorial de Stroessner y aunque es reemplazado por su consuegro, también militar, se inició para el país un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una de las medidas urgentes a tomar era la elaboración de una nueva carta magna que reemplazara la del año 1967, hecha a medida de la dictadura.

Estos encuentros fueron auspiciados por el Servicio de Apoyo al Indígena de la Misión de la Amistad, por el Equipo Nacional de Misiones y por 'Defensa del Patrimonio Indígena', dependiente de la Universidad Católica. Estas organizaciones estuvieron siempre al servicio de las comunidades en todo lo que hace a asesoría jurídica, movilidad, encuentros y demás aspectos que conllevan un seguimiento de este tipo.

Tanto la marcha histórica de los indígenas como el apoyo de diversas personalidades del ámbito nacional e internacional, tal la del escritor Augusto Roa Bastos (1991), influyeron para que los convencionales se tomaran más en serio la propuesta indígena. También la presencia constante de los representante indígenas en el recinto de sesiones y el buen tino de los asesores indigenistas consiguieron que la nueva Constitución reconociera la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos.

Finalmente el texto referente a los pueblos indígenas de la nueva Constitución de 1992 fue promulgada en los siguientes términos:

CAPITULO V. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Art. 62: de los pueblos indígenas y grupos étnicos

Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado Paraguayo.

Art. 63: de la identidad étnica

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

Art. 64: de la propiedad comunitaria

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Art. 65: del derecho a la participación

Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales.

Art. 66: de la educación y la asistencia

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.

Art. 67: de la exoneración

Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley.

Mirando al futuro

Sin lugar a dudas, el Capítulo V de la nueva Constitución es un avance sin precedentes en la legislación paraguaya, y más teniendo en cuenta que desde la Constitución de 1870 los indígenas eran constantemente ignorados.

Pero este primer paso necesita de un posterior desarrollo. Hasta que no se reglamente este Capítulo, se depende aún de la Ley 904/81 y de la 43/89. Además es necesario prestar atención a posibles contradicciones, como sería con los artículos 266-272 Del ministerio público, que tiene la función de representar "a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado" y estará integrado por el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales conforma a las disposiciones de la ley (art. 266); dentro de sus deberes y atribuciones se encuentra la de: "2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas" (art. 268).

Nuevamente al igual que en la 904/81 la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas queda puesta entre paréntesis, dependiendo de la buena o mala voluntad del Fiscal de turno, y como estos son puestos políticos (como quedó bien claro en la última elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General).

Los dos intentos para reglamentar la Constitución nacional en lo referente a los pueblos indígenas, uno del CIDSEP (Centro Interdisciplinario de Economía y Política, dependiente de la Universidad Católica) y el otro del INDI (con la colaboración de la fundación Hans Seidel) no ha recibido todo el respaldo de las demás entidades indigenistas, sobre todo porque la figura del INDI cobraba aún más fuerza. Ambas propuestas se encuentran paradas.

Especialistas como la doctora Esther Prieto (1994, p. 14) plantean la necesidad que "el proceso de modificación de las leyes tendría que moverse con sentido de transversalidad, a fin de contemplar a leyes de diversas temáticas". Es decir que aparte de reglamentar el Capítulo V habría que atender a un buen número de leyes que se relacionan con diversos derechos indígenas, como las del Código Laboral, del Estatuto Agrario, etc.

Actualmente se encuentra en el Parlamento una Ley General de Educación que marcaría lo principios generales sobre este tema tan importante para las comunidades indígenas. Algunas entidades indigenistas más cercanas a esta problemática como la Coordinadora de Pastoral Indígena, que desde hace casi 20 años viene organizando encuentros de maestros indígenas, han elaborado conjuntamente con ellos un anteproyecto de Ley de Educación indígena.

Problema indigenista y solución indígena

Después de esta breve recorrido por las distintas políticas indigenistas, tanto por parte del Estado como de las entidades indigenistas y a la vez comprobar la reacción de las comunidades indígenas, resulta llamativo que a tres años de haberse promulgado la nueva Constitución todavía sigan existiendo problemas graves de tierra, como en el caso de los Enxet Máxime que en el año 1993 el Paraguay ratificó el Convenio 169 de la OIT, dándole aún más fuerza al derecho de los pueblos indígenas a la tierra.

No se puede seguir utilizando la frase "falta voluntad política para implementarlo", tan ingenua como altamente peligrosa. No es cuestión de 'voluntad' sino de conflicto de poderes y de sistemas de vida. Son los mismos conflictos que vienen teniendo los pueblos indígenas desde la colonia, con la diferencia de que los mecanismos legales se han vuelto más complejos pero los pueblos indígenas empiezan a estar mejor pertrechados para la lucha. El logro conseguido en la Asamblea Constituyente no fue un reflejo del cambio de actitud de la gran mayoría de la población -y menos de las autoridades y empresarios- hacia los indígenas, sino que fue el resultado de una serie de circunstancias, que ayudaron a una unión coyuntural entre indígenas e indigenistas. Pero fue sobre todo la presencia de los indígenas lo que ejerció un fuerte impacto en los convencionales.

Mientras tanto los mismos indígenas se fueron fortaleciendo en las luchas que iban desarrollando por conseguir su tierra.

El cuadro se agrava por el hecho de que las entidades indigenistas privadas, al ver reducido el presupuesto de sus proyectos, -al parecer las agencias internacionales no consideran prioritario el Paraguay para sus inversiones-; preocupadas seriamente por sus angustias económicas, rompen en muchas oportunidades los lazos de unión que ya existían entre las diversas entidades, tratando de conseguir los fondos necesarios para sus propios proyectos.

Llegando inclusive a dividir la aún débil organización indigenista, como ocurrió con el Aty Guasu (Gran Asamblea) de los Avá Chiripá. La lucha por los derechos indígenas apenas comienza. Una de las tareas es la de crear condiciones de posibilidad para pensar y re-pensar la relación entre la llamada sociedad nacional y los pueblos indígenas. Estos no pueden ser tenidos como eterno problema, sino como principio de solución para muchos problemas de la sociedad nacional. Y para ello es de suma importancia que los mismos indígenas continúen en sus formas de vida y tenían posibilidad de comunicarlas, de hacerlas aceptables y respetables y hasta ejemplares en muchos aspectos. La cuestión indígena sigue siendo uno de los termómetros para medida democracia y el alcance de la práctica de los derechos humanos en un país. En este momento, respetar los derechos indígenas ya consagrados en la Constitución es condición necesaria para construir una sociedad histórico posible más justa.

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Los pueblos indígenas en el Paraguay: conquistas legales y problemas de tierra

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

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Una comunidad indígena del Alto Paraguay se manifestaron y denunciaron que no cuentan con agua potable. La situación empeora porque dicha zona del país se encuentra con una sequía desde hace meses.

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Sin agua en comunidad indígena del Alto Paraguay - ABC Noticias - ABC Color

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Una comunidad indígena del Alto Paraguay se manifestaron y denunciaron que no cuentan con agua potable. La situación empeora porque dicha zona del país se encuentra con una sequía desde hace meses.

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Resaltan que cumplen con la cuarentena hace más de 1 mes y no salen. Esperan también que el Gobierno cumpla con ellos y hagan llegar los alimentos.

Con la cuarentena por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus, son varias las comunidades indígenas que se ven afectadas porque ya no salen y los recursos faltan, ya no tienen qué comer. Ruegan que el Gobierno les asista porque son los niños y ancianos quienes más sufren con la situación.

Un caso que se conoció es el de David Chilavert, indígena Enxet de la Comunidad Pozo Colorado de Río Verde, quien tuvo que cambiar su elemento de trabajo por un poco de comida. "No tuve más remedio que cambiar mí pala por un paquete de arroz. Los niños no entienden cuando les decimos que no hay comida" mencionó.

La pala es el elemento de trabajo de David ya que su principal actividad es la construcción de alambrados en establecimientos ganaderos, trabajo que también quedó suspendido por la pandemia del coronavirus.
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Mencionan que la falta de asistencia alimentaria por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se extiende ya más de un mes y el nivel de hambre en las Comunidades Indígenas se acentúa. Sostienen que la SEN pide "paciencia y comprensión" porque quedaron desabastecidos en plena asistencia. Por su parte, los gobiernos Municipales y Departamentales no se hacen sentir en el Chaco.

En el distrito de Bahía Negra del Alto Paraguay, la situación es bastante similar, pueblos de la Nación Yshir claman al gobierno nacional y a su vez a la SEN la entrega y distribución inmediata de los kits de alimentos en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19. María Liz Paya, mencionó que hace más de 1 mes que están cumpliendo con la cuarentena y la gente pasa necesidades en su alimentación.

En la Comunidad La Patria, distrito de Puerto Pinasco (Pdte. Hayes), el líder de Laguna Hü, Lino Rolón, manifiesta la gran preocupación del Pueblo Angaite en la zona. Ellos se encuentran cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias pero el Estado no les asiste en la provisión de alimentos para la subsistencia diaria.
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Indicó que en La Patria son 18 las aldeas de los indígenas de una población con más de 1000 familias y en ninguna de estas comunidades llega la ayuda estatal. Inclusive resalta que actualmente el camino de entrada a la comunidad se encuentra en óptimas condiciones, por lo que no hay excusa para que no lleguen los camiones llevando los víveres. Incluso hay posibilidades de llegar hasta las propias aldeas porque los caminos internos igualmente se encuentran en buen estado.

Así también, comentan que a un mes del inicio de la cuarentena, los indígenas cumplen estrictamente con las disposiciones adoptadas por el gobierno y no salen de sus comunidades, además de tomar las medidas internas de seguridad con el fin de evitar la entrada de personas que puedan contagiarles con el virus.

Antonio Benítez, líder de la Aldea Dos Palmas - Comunidad El Estribo, del distrito de Manuel Irala Fernández del departamento de Presidente Hayes, contó que están con necesidades de alimentación y no les llegan los kits de alimentos, relatando la crítica situación por la cual están pasando.
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Otro punto que se ve afectado es el distrito de Loma Plata, Boquerón, donde el líder de la Aldea Samaria de Nivacle Unida, Celestino Frise, ruega a las autoridades la urgente distribución de las bolsas de alimentos considerando el hambre que agobia a las familias, especialmente los niños.

"Señor Presidente Mario Abdo Benítez informo lo que estamos pasando hoy en día durante la cuarentena donde toda la comunidad está cumpliendo con las disposiciones, por eso señor Presidente pedimos agilice la entrega de víveres en las comunidades" refirió el líder indígena.

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Chaco: Comunidades indígenas en situación de extrema vulnerabilidad

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Resaltan que cumplen con la cuarentena hace más de 1 mes y no salen. Esperan también que el Gobierno cumpla con ellos y hagan llegar los alimentos. Con la cuarentena por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la pandemia del coronavirus, son varias las comunidades indígenas que se ven afectadas porque ya no salen y los recursos faltan, ya no tienen qué comer.

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Foto: Gentileza de SUNU, Grupo de Acción Intercultural.

La alfabetización de la población indígena es un tema complejo, teniendo en cuenta de que existen cinco familias lingüísticas y 20 lenguas indígenas, varias de ellas en peligro de desaparecer. Está establecido por ley que la Educación Escolar Indígena debe contar con currículo propio para cada pueblo, asegurar programas de estudios, metodologías y materiales educativos para todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

El Estado paraguayo enfrenta enormes desafíos para garantizar efectivamente la educación de los pueblos indígenas, y las acciones realizadas necesitan ser profundizadas para una institucionalización, respetando y fortaleciendo su cultura, así como también posibilitando su participación en la sociedad. Junto con esto, es fundamental seguir investigando y reflexionando sobre las desigualdades de género en los pueblos indígenas, de manera de construir e implementar políticas públicas que apunten a derribar estas barreras.

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Situación educativa de las niñas y mujeres indígenas en Paraguay

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Foto: Gentileza de SUNU, Grupo de Acción Intercultural. El Estado paraguayo reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1992, lo que significó un gran avance en la legislación paraguaya. Sin embargo, las personas indígenas continúan viviendo hoy en su gran ...

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Jimena Saldaña

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

Hay que reconocer que, en cuanto a legislación y a política indigenista, esa Constitución representa un marcado avance. El capítulo V de la Carta Magna está dedicado a los pueblos indígenas. Son seis artículos, del 62 al 67, que fueron aprobados en forma directa y casi por unanimidad en la Asamblea plenaria. Veremos más adelante cómo se llegó a ellos y cuál es su contenido.

¿Cómo se llegó a un resultado que desde el punto de vista legislativo y jurídico puede considerarse bastante satisfactorio?

Pero también hay que preguntarse: ¿cuál es la situación real de los indígenas en la actualidad y si ella ha mudado significativamente con la nueva Constitución? Y en caso negativo a qué debería atribuirse.

Pueblos indígenas en el Paraguay

La población total del Paraguay, según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, de 1992, alcanza el número de 4.152.588 habitantes, de los cuales la población tenida como indígena se reduce a escasos 49.487 individuos.

El Censo y estudio de la población indígena del Paraguay, de 1981, realizado por el INDI (Instituto Nacional del Indígena) arrojaba la cifra de 38.703 personas, que en la época representaba el 1,26% de una población que entonces era de 3.029.830 habitantes para el Paraguay.

Pero hay que notar que dicho censo indígena de 1981 fue realizado con marcadas deficiencias técnicas y prácticas, y mal podía registrar la situación real. Algunas estimaciones por parte de otras organizaciones indigenistas hacen subir la cifra a 70.000 y hasta 100.000 con un porcentaje del 3%, e inclusive del 4% respecto a la total paraguaya.

Por lo que respecta al Censo de 1992, sus datos ya han sido procesados y están a la espera de publicación.

Comparados, los dos Censos oficiales ofrecen el siguiente cuadro:

La revista Mbya, n. 24 (Asunción, marzo 1995), recogiendo datos e informaciones provenientes de organizaciones y expertos independientes, con especial atención a la población y tenencia de tierra de las comunidades indígenas y los requerimientos en curso. A pesar de que la presentación de datos está hecha de forma un tanto heterogénea, debido a la diversidad de las fuentes de información, se consigue un cuadro más actualizado de la situación indígena en el Paraguay.

[Es cierto que no se puede establecer una equivalencia estricta entre familia y habitantes por vivienda, pero este indicador deducido del análisis del Censo de 1992 permite un cálculo aproximado aceptable].

Viven en el Paraguay 17 pueblos indígenas, que a su vez se agrupan en cinco familias lingüísticas:

guaraní -que se subdivide en Mbyá, Ava-Katú (o Chiripá), Aché (o Guayaki), Pa'í' Tavyterã, Chiriguano (o Guarayo) y Guarani-Ñandeva;

maskoy -subdividido en Sanapaná, Angaité, Enxet (o Lengua), Guaná, y Toba Maskoy;

Los pueblos de lengua guaraní se extienden por la llamada Región Oriental, al este del Río Paraguay, región fértil especialmente apropiada para los típicos cultivos de maíz, mandioca y cultivares de especies adaptadas a los montes subtropicales. Estos territorios están tradicionalmente ocupados por ellos desde hace unos 2.000 años A P. Hay, sin embargo, dos grupos guaraníes, los Chiriguanos y Ñandeva, que están localizados en la Región Occidental.

Los demás pueblos indígenas habitan la Región Occidental, o Chaco, excepto el pueblo Maká que recientemente ha migrado y se ha localizado en la periferia de la capital Asunción. Es importante notar que muchos grupos actualmente están en lugares que no corresponden al hábitat tradicional.

Una historia de exclusión

La actual situación jurídica de los indígenas se conformó sobre todo a partir del siglo XIX.

El presidente Carlos Antonio López a través del tristemente famoso Decreto del 7-X-1848 suprimió la institución del táva comunal, declarando extinta la "comunidad", lo que permitía al Estado apropiarse y disponer de las tierras de "los 21 pueblos de indios", a quienes se concedía -por irónico trueque- la ciudadanía. La asimilación de todos los habitantes del Paraguay en una única ciudadanía, negaba por vía de derecho positivo la realidad pluriétnica del Paraguay. Despojados de sus tierras, los indígenas se vieron también excluidos de la posibilidad de elegir y ser elegidos ya que sólo podía ejercer este derecho quien poseyera algún inmueble en propiedad. La negación tanto de la identidad étnica, como de la posibilidad de organizarse socialmente atendiendo a un sistema propio sería en el futuro un presupuesto político que caracterizaría a los distintos gobiernos y una actitud constante de la sociedad dominante frente a los pueblos indígenas.

La Constitución de 1870, promulgada después de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay estaba todavía ocupado por los extranjeros, legalizaba una posición discriminatoria contra los indígenas, dando atribuciones al Congreso de "proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacifico con los indios y promover la conversión al cristianismo y a la civilización" (Art. 72, inc. 13). Por otra parte el Estado paraguayo tuvo que aceptar como salida a su crisis económica el privatizar todas las tierras fiscales, lo que se daba naturalmente sin tener en cuenta los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Dos grandes empresas se hicieron con una porción considerable del territorio nacional: la firma Carlos Casado, en el Alto Paraguay, y La Industrial Paraguaya S.A, en la zona de Alto Paraná.

Ese apartado de la Constitución de 1870 se fue reglamentando poco a poco: en 1904 se autorizó por Ley al Poder Ejecutivo el fomentar "la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrando tierras y elementos de trabajo" (art. 31), pero "el poder Ejecutivo podrá disponer en las tierras fiscales de zona adecuada cuya extensión nunca superará las 7.500 hectáreas..." (Art. 2º de la Ley de 1907) y "para estimular estos trabajos el Poder Ejecutivo podrá conceder en propiedad a las personas o sociedad que emprenda las reducciones, hasta la cuarta parte de las tierras a ellas destinadas" (Art. 3º).

Este tipo de legislación reflejaba y al mismo incentivaba una mentalidad y actitudes sociales tan discriminatorias e injustas contra los indígenas que la Corte Suprema de Justicia tuvo incluso que recordar que "todos los indígenas, en su calidad de habitantes del territorio nacional, gozan, al igual de las personas civilizadas, de los derechos y garantías que las leyes reconocen a estas últimas" (Circular Nº 1 del 3-XI-1957). En el año 1963 se promulgan dos leyes que van a jugar un papel muy importante para la reorganización por parte del Estado de las comunidades indígenas. La Ley 852/63 por la cual se crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y la Ley 854/63 del Estatuto Agrario que en su artículo 16 expresa: "Los núcleos sobrevivientes de las parcialidades indígenas que aún existen en el país serán asistidas por el IBR para su organización en colonias. Con este objeto afectará las tierras necesarias para su asentamiento y colaborará en la medida de sus posibilidades con los organismos estatales y las entidades privadas pertinentes, para promover la progresiva incorporación de dichos núcleos al desarrollo económico y social del país".

Como se ve, aun queriendo corregir abusos y subsanar deficiencias, el Estado paraguayo adopta una clara política integracionista, que se aprecia igualmente en el Código de Trabajo, Ley 729/61, cuyos artículos 185 hasta el 191 tratan "Del trabajo indígena".

Vistas como "parcialidades" -ya nunca más como "naciones"- las comunidades y pueblos indígenas son tratados como sobrevivientes en vías de asimilación a la única ciudadanía paraguaya. Aunque se habla todavía de la formación de "colonias", el reconocimiento de la tierra indígena pasa a segundo plano, si es que es considerado. En un territorio indígena ni se piensa.

Indigenismo y filantropía

Mientras tanto, al calor de ciertas ideas y preocupaciones filantrópicas y humanitarias surgían algunas organizaciones indigenistas. Cabe mencionar como antecedente, el Patronato Nacional de Indígenas, creado por Decreto Nº 7.389 del 10-XII-1936 y conformado por representantes del Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, cuya función era la de "promover los trabajos necesarios para el conocimiento y organización de las tribus que habitan el territorio del país, adoptando todas las medidas de protección y asistencia que crean más aconsejables". Se trata todavía de la misma política asistencialista e integracionista que promovían las leyes específicas. En el año 1942 se aprobaban los estatutos de la (AIP) Asociación Indigenista del Paraguay, que buscaba los mismos objetivos que el Patronato con la diferencia importante de que no dependía directamente del Estado.

En 1949 tuvo lugar un hecho aparentemente modesto y de alcance muy limitado: se creaba la Curaduría de Indios Mbyá-Guaraníes del Guairá con la misión da "buscar y elaborar los medios necesarios y dignos para la adaptación a la vida civilizada de la importante población indígena del país". Dependía del Ministerio de Educación. Sin embargo, esta curaduría, debido a la persona que la había promovido y la tuvo a su cargo por un tiempo considerable, iba a jugar un papel muy importante y hasta decisivo por lo que se refiere al rescate y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ese curador fue Don León Cadogan (1967), quien encauzó en gran medida su trabajo y su obra etnográfica y etnológica a través de esta Curaduría, con numerosos artículos y publicaciones en los que exponía sus conocimientos y denunciaba abusos y manifestaba sus preocupaciones...

Tanto el Patronato como la Curaduría tenían una actuación muy limitada debido en especial a la falta de un apoyo económico y gubernamental suficiente. En estas circunstancias, siendo el gral. Marcial Samaniego, Ministro de Defensa, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI), dependiendo de dicho Ministerio, en "vista a la necesidad de adoptar medidas tendientes a nuclear en colonias organizadas a los indígenas dispersos por las Regiones Oriental y Occidental de la República, a modo de evitar su extinción y adaptarlos a la vida sedentaria" (Decreto 1341/58). Como primera actividad el DAI organizó el I Congreso Indigenista Nacional, que se llevó a cabo en el mes de agosto de 1959. En este Congreso se abordaron los temas de situación legal, salud, colonización y educación de los pueblos indígenas. El lenguaje de las conclusiones y recomendaciones era ciertamente muy etnocéntrico y asistencialista; no se tenía en cuenta los derechos de los pueblos indígenas como tales, y lo que se pretendía era civilizarlos para que pudieran disfrutar así de los derechos de cualquier ser humano de la sociedad nacional. Las misiones -los misioneros y misioneras- eran el brazo derecho de esta política indigenista ya que entre otras funciones debían continuar "interesándose por la inscripción de los indígenas en el Registro Civil", preocuparse "por la higiene y la salud de los indígenas", "ir ubicando a los indígenas en poblaciones fijas que facilitaran su educación y desarrollo social, educativo y económico"; al mismo tiempo se decidía "pedir a los misioneros que orienten las actividades de los caciques".

Pero quizás, la recomendación que tuvo mayor efecto en lo sucesivo fue la de "organizar un Consejo Nacional Indigenista que actúe como Asesor de DAI para el estudio de los problemas derivados de la educación, el desarrollo, la dignificación y el bienestar de los indígenas, y proponer las soluciones que crea convenientes, necesarias y posibles a efecto de convertirlos, con el tiempo, en bueno miembros de la familia y de la comunidad, y ciudadanos socialmente útiles".

A medida que la función del DAI se hacia obsoleta y comenzaban a surgir problemas nuevos, debido sobre todo a nuevos conceptos y exigencias de movimientos indigenistas ya generalizados en gran parte de América Latina -como señalaremos enseguida-, el dictador del Paraguay, Gral. Alfredo Stroessner, a través del Decreto 18.365 del año 1975, considera oportuno y necesario crear el Instituto Nacional del Indígena (INDI) con la finalidad de "promover el desarrollo integral de las distintas comunidades indígenas del país, así como la efectiva integración en la sociedad nacional, respetando sus respectivas culturas" (Art. 1º). "El INDI estará constituido por un Consejo presidido por el Ministro de Defensa Nacional..." (Art. 2º) e integrado por un representante de cada uno de los ministerios, incluido un representante de las FFAA. Y no pasó medio año cuando por otro decreto (22.274/76) se amplían las facultades del INDI a "fiscalizar, orientar y coordinar todos los proyectos o esfuerzos promovidos por los organismos oficiales, religiosos; personas y entidades privadas nacionales o extranjeras destinadas a comunidades indígenas" (Art. 1º); de este modo, "todos los proyectos o acciones que deben realizarse en el futuro requerirán, ineludiblemente, la pertinente autorización del INDI" (Art. 2º).

La década del 70. Declaraciones internacionales y proyectos indigenistas

Y es que mientras tanto llegaban también al Paraguay los ecos de disposiciones y declaraciones sobre los derechos de los indígenas y la responsabilidad de las sociedades nacionales con los pueblos originarios.

En 1968, mediante la Ley Nº 63 se incorpora a la legislación nacional el convenio relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes (Convenio nº 107 de la OIT de 1957), a través del cual entró en nuestro régimen jurídico el derecho consuetudinario indígena.

La década del 70 significó un gran avance para las organizaciones indigenistas, y por ende para las mismas comunidades. El punto de quiebre lo podemos situar en el simposio internacional que se realizó a principios de 1971, "sobre la fricción interétnica en América del Sur", que produjo la "Declaración de Barbados, por la liberación del indígena": En ella se llama la atención sobre la relación colonial de dominio a que se hallan sujetos los indígenas de América, y es ante esta situación que "los estados, las misiones religiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena" pero "es necesario -agrega la Declaración-, tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha".

Al año siguiente en Asunción, el Consejo Mundial de Iglesias (quien había organizado el encuentro de Barbados juntamente con el Instituto de Etnología de la Universidad de Berna) organizó la Consulta Indígena Latinoamericana para que los agentes pastorales de las distintas Iglesias analicen su accionar a la luz de la Declaración de Barbados.

También se reunió en Asunción el Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur (octubre de 1974) en el que participaron representantes de cinco países, y en donde ningún no-indígena tenía participación activa. Se abordaron diversas temáticas como la tierra, el trabajo, la educación, la salud, la organización. Las Conclusiones del Primer Parlamento terminan con el siguiente párrafo: "En nuestra reunión recordamos los sufrimientos, las persecuciones que padecemos en todas partes, pero también las luchas que los indígenas de América estamos llevando a cabo hoy día, y hemos hecho el nuevo compromiso de seguir adelante. Así invitamos a todas las naciones indígenas para continuar hasta alcanzar el triunfo definitivo: ser hombres libres".

Varios proyectos surgieron en esta década que, siguiendo a Esther Prieto (1994, p. 6), pueden agruparse "en dos corrientes, que marcan hasta hoy el rumbo de la militancia indígena: una vertiente de desarrollo local (comunitario), y una de política global (con representatividad multiétnica)".

Dentro del primer grupo podemos colocar al Proyecto Pai' Tavytera, al Proyecto Guaraní y al Proyecto Nivaklé "Yi'shinachat". Tanto el primero como el último estaban centrados en una sola etnia, mientras que el Proyecto Guaraní se extendía a los Avá-Chiripá, Mbyá y Aché.

Leyendo los objetivos de los distintos proyectos se puede percibir hacia dónde apuntaban:

Proyecto Pai' Tavytera: "Emancipación social, cultural y económica de los indígenas guaraníes Pa'i Tavytera, dentro de un programa de desarrollo comunitario conforme a las realidades de la sociedad nacional, en estrecha colaboración con las instituciones gubernamentales y cuatro misiones religiosas" ( Informe 1974, cit. por Bejarano, 1976).

Proyecto Guaraní: "Se pretende la incorporación plena de las comunidades indígenas al proceso de desarrollo que se está gestando en la zona, teniendo en cuenta que su inserción se debe realizar a partir de la visión histórica de cada grupo étnico y respetando su autogestión".

Proyecto Nivaklé: "Solucionar el penoso problema de un difícil peregrinaje por la zona, como consecuencia de la carencia de tierras propias para su asentamiento, y ofrecerlas la oportunidad de progresar conforme a sus propias pautas culturales".

Dentro de la segunda corriente, el de una asociación pluriétnica, surge el Proyecto Marandú bajo el patrocinio de la Universidad Católica, que plantea una acción en tres planos: a- en las etnias indígenas: "detección de la problemática social indígena y labor informativa a los indígenas; b- en la sociedad nacional; "transformación de la conciencia de la sociedad nacional con respecto al indígena para lograr una actitud positiva de ella en relación a la aceptación de la cultura indígena como componente de la nacionalidad"; y c- a nivel internacional: "organizar el apoyo moral y económico internacional". Sin embargo, la actividad central "está en el trabajo de contacto directo con los indígenas; los otros dos planos de trabajo servirán de complemento al primero".

En octubre de 1974 se creó a instancias del Proyecto Marandú la (API) Asociación de Parcialidades Indígenas con la finalidad de dirigir dicho proyecto en el futuro y a la vez "constituirse en un núcleo directivo de todos los indígenas del Paraguay para la formación de una organización propiamente indígena" (cit. por Bejarano, 1976).

Es importante notar que en 1977 se volvieron a reunir en Barbados 34 personas (20 indígenas y 14 no-indígenas) ante los cambios positivos que ocurrieron en Latinoamérica después de la Declaración de Barbados. La diferencia sustancial entre las dos declaraciones está en que la segunda elaboró "un documento de los indígenas dirigiéndose a los indígenas"; así, entre los puntos más importantes se destaca que "en primer lugar, deben luchar por sobrevivir como grupo. Para ello, la posesión de la tierra es de capital importancia. En segundo lugar, deben liberarse ellos mismos de la dominación física y cultural. En tercer lugar, deben esforzarse por lograr su unidad al interior y a través de las fronteras nacionales".

Ciertamente la década del 70 fue una época de grandes "Declaraciones", donde Paraguay estuvo casi siempre bien representado; pero no se puede dejar de tener en cuenta que dentro del Paraguay ya habían pasado dos décadas desde que Stroessner se hizo con el poder, que la Constitución promulgada en el año 1967 no menciona una sola vez la palabra indígena; que la represión del sistema dictatorial alcanzó, a mediados del 70, niveles de verdadero terrorismo de Estado. En 1974 había saltado al ámbito internacional el caso de los Aché, las razzias contra ellos, la esclavitud a que estaban sometidos los niños y niñas capturados, los asesinatos que configuraban un cuadro de verdadero genocidio contra ese pueblo. Todo ello atrajo las miradas de los organismos internacionales. Los diversos proyectos promovidos por algunas organizaciones indigenistas dieron nueva vida a las comunidades, que en ciertos casos mostraron su poder autogestionario. Pero al mismo tiempo se debe lamentar que la API pronto se alejara de su finalidad primera. Más pendientes del dinero y de los enredos de la política partidaria los dirigentes se fueron alejando de sus comunidades, perdiendo legitimidad y autenticidad -sin olvidar que la dictadura hizo un buen trabajo de corrupción interna-. Adolfo Colambres llama la atención de este hecho, cuando al comentar la Ley 904/81, ya en 1982, podía decir que "moviéndose a la sombra de las autoridades, la API se ha granjeado la desconfianza del movimiento indígena panamericano, pues ni siquiera se atreve a enviar representantes a los congresos y foros internacionales donde se discuten los derechos de las minorías étnicas, ni a integrar el Consejo Indio de Sud América. Qué pasó con el espíritu de San Bernardino, el del año 1974? No es el indigenismo oficial el responsable de esa situación? Y si es así, ¿hasta qué punto será real la autogestión que propugna la Ley? Si en verdad se quiere iniciar una nueva etapa habrá que extremar la autocrítica, a fin de que esta Ley no se convierta en letra muerta o, lo que es peor, en un instrumento de manipulación".

Hacia la ley 904/81

La posesión de la tierra a que hacía referencia la Declaración de Barbados II, se tornó la exigencia central de cualquier legislación que tuviera que responder a la problemática indígena. La falta de títulos de propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas, por un lado, y por otro, la falta de capacidad jurídica de las mismas para tener la tierra a su nombre, fueron las mayores preocupaciones que manifestó la AIP en junio de 1978 cuando el INDI convocó a distintas instituciones indígenas e indigenistas, específicamente para dialogar sobre la situación de los indígenas en Paraguay.

Después de varios años en que los distintos proyectos ya estaban actuando, la problemática de la tierra ocupó el primer lugar en las preocupaciones de las comunidades indígenas.

La propuesta de la AIP fue bien recibida por las demás organizaciones que encomendaron a los doctores Helio Vera y Esther Prieto la elaboración de un "borrador que pudiera ser utilizado como base de discusión"; tres principios deberían ser tenidos en cuenta: Titularidad comunitaria y transferencia gratuita de la tierra; reconocimiento de las organizaciones indígenas y del sistema de liderazgo, y respeto al derecho consuetudinario.

Luego de varias reuniones del equipo interinstitucional, el INDI adoptó el proyecto y reelaborándolo lo elevó al Poder Ejecutivo en julio de 1980 bajo el titulo de Anteproyecto de Ley que establece el Régimen jurídico de las Comunidades Indígenas.

Este Anteproyecto pasó del Ejecutivo al Parlamento, donde varios capítulos, como el relativo al Derecho Consuetudinario Indígena y el del Fondo Especial para las Comunidades Indígenas fueron eliminados, al mismo tiempo que se agregaba un Titulo II 'De la Creación del INDI y de sus autoridades'. Así fue promulgada el 18-12-1981 la Ley 904: Estatuto de las Comunidades Indígenas.

A pesar de estas contradicciones, la ley no deja de representar un avance muy significativo para las comunidades indígenas. A partir de ese momento el conseguir la personería jurídica y luego la titulación de la tierra fue la tarea a la que se abocaron la mayoría de las comunidades indígenas.

La década del 80. Nuevas coordenadas y nuevas estrategias

Si la década del 70 estuvo jalonada con "declaraciones", la del 80 se caracteriza por "la lucha por la tierra". En esta lucha, si bien no se puede hablar de un movimiento propiamente indígena, si se van articulando las distintas organizaciones indigenistas en torno a intereses comunes, como la conquista y recuperación de la tierra, que en momentos específicos cobra una fuerza muy grande.

Podemos mencionar tres hechos que marcaron la actuación indígena-indigenista e hicieron tomar conciencia de la fuerza que se podría llegar a generar.

Un año después, la API volvió a insistir argumentando "que estos grupos indígenas como ocupantes milenarios de esas tierras tenían derecho a la ocupación, y al ser afectadas esas tierras por las obras de Itaipú corresponde a esa entidad proporcionar tierras equivalentes. A las dos semanas volvió la Itaipú a argumentar que la ley no lo tenía contemplado expresamente. Sin dejar pasar más tiempo, cuatro meses, a la API se le suman el INDI, la AIP y el Equipo Nacional de Misiones (dependiente de la Conferencia Episcopal Paraguaya), y en forma conjunta presentan un proyecto de Reasentamiento de Comunidades Avá-Chiripá para "evitar efectos negativos del emprendimiento en las comunidades consideradas e incluso hacerlas partícipes de sus beneficios". Dos meses más tarde en el mismo tono de siempre vuelve a responder la Itaipú Binacional pero esta vez con una gran dosis de ironía: "No puedo ocultar, sin embargo, -dice la carta- el vivo deseo de los que servimos en la Entidad, de responder positivamente a los requerimientos de las Asociaciones, de objetivos tan altruistas y que tan dignamente presiden Uds., pero el Tratado recordado nos distinguió con el altísimo honor de construir la Usina Hidroeléctrica sobre el Río Paraná, solamente."

Al año siguiente, amparándose ahora en la Ley 904/81 y en la 63/68 (que ratifica el Convenio 107), las mismas instituciones, pero sin el INDI, vuelven a solicitar la ejecución del Proyecto de Reasentamiento de las Comunidades Avá-Chiripá, en los términos de su formulación. Finalmente la Itaipú Binacional aceptó financiar pero en relación exclusiva con el INDI, que al fin de cuentas resultó "marcadamente negativa, y el hecho de que las fracciones estuvieran tituladas a nombre de esa institución facilitó a sus funcionarios la apropiación y venta -a todas luces ilegal- de la madera de estas colonias" (, p. 49).

El segundo de estos casos es el "Proyecto de Desarrollo del Área de Caazapá": una zona que es territorio tradicional del pueblo mbyá-guaraní. Con un crédito del Banco Mundial se comenzó la década con un estudio y diagnóstico de la zona para la posterior elaboración del Proyecto. En sus conclusiones se afirmaba que en la zona sólo vivían 10 familias mbyá, caracterizadas por su extrema movilidad, y por lo tanto no debían preocuparse por ellos. Peor aún, un año más tarde se concluyó que, después de haber consultado con el INDI, "los indios Mbyá-Avá son esencialmente cazadores nómades. No existen grupos Mbyá-Avá conocidos en la porción agrícola del Proyecto Caazapá, y si existieran algunos en el área forestal sería difícil establecer su número y localización, debido a que no cuentan con estructura tribal y tradiciones..." (cit. por , p. 62). Finalmente, bajo la insistencia de instituciones indigenistas y al amparo de la Ley 904/81 en el convenio que se firmó entre el Paraguay y el Banco Mundial (1982) figura un componente indígena. Enseguida se notaron los efectos negativos del Proyecto, los que "en su primera fase, señala Ramón Fogel, comprenden la presión sobre las tierras indígenas, la destrucción del entorno ecológico y alteraciones en las estrategias de sobrevivencia... y en cuanto a las tierras de esta comunidad, en el 2º semestre de 1985, no solo no se había legalizado la fracción poseída por la comunidad [Yukerí-Karandá]... sino que ni siquiera se efectuó la demarcación del territorio" (, p. 67). La demarcación y titulación de la tierra fue el principal problema con el que se enfrentó desde un inicio la AIP.

A partir de esta problemática originada en la zona de Caazapá en el año 1989, a través de la Ley 43/89 que modificaba la disposiciones de la Ley 1372/88 ("Que establece un régimen para la regularización de los asentamientos de las comunidades indígenas") se establece la prohibición de innovar en tierras en litigio. En su artículo 2º expresa: "No se admitirá innovaciones de hecho y de derecho en perjuicio de los asentamiento de las comunidades indígenas durante la tramitación de los expedientes administrativos y judiciales a que dieren lugar la titulación definitiva de las tierras. No se considerará innovación la siembra y cosecha de frutos o productos necesarios para la subsistencia, cuando las mismas se realizan en los lugares habituales". Esta ley significó un avance significativo en lo que respecta a las posibilidades de defender el hábitat indígena de la depredación de que eran objeto cada vez que se iniciaba un trámite de aseguramiento de tierras.

Finalmente, un tercer caso de lucha por la tierra en esta década del '80 es el de los Toba Maskoy con la empresa de intereses argentinos Carlos Casado. Esta empresa que se instaló en la zona del Alto Paraguay y poseía más de 2 millones de hectáreas, sometió a los indígenas a una esclavitud real, aunque a veces disimulada legalmente como si se tratara de trabajadores asalariados, a los casi 2.000 indígenas que habitaban ese territorio. Para subsistir dependían casi exclusivamente de los trabajos requeridos por la firma, sobre todo en la fábrica de tanino, pero también de changas en el puerto y de la oferta de algunos productos de la caza y pesca, muy mal pagados. Pero en los últimos tiempos la pronunciada disminución de trabajo en la taninera había ido deteriorando aún más la situación de los pobladores indígenas. Al plantearse la necesidad de cultivar sus tierras se vieron con la realidad de que esas tierras ya no eran suyas. Iniciaron las tramitaciones a través del INDI, quien en 1979 pide al IBR la afectación de 20 mil y 10 mil hectáreas de la firma Casado. A un decreto de expropiación siguió otro que lo anulaba y a cambio ofrecía la empresa otro lugar, totalmente inservible para las comunidades. Todo quedó congelado hasta que el INDI volvió a solicitar, en 1982, otras 30.000 hectáreas en la zona de 'Arroyo Mosquito'. Hasta el año siguiente el INDI, bajo la presidencia de general Marcial Samaniego, realizó una serie de estudios sobre el tema, pero luego fue removido del cargo y su sucesor no movió ni un papel; es más, siempre se mostró más aliado de la empresa que de los indígenas. Las entidades indigenistas se mantuvieron firmes junto a los indígenas. La Conferencia Episcopal, en 1987, envió una carta pública al titular del IBR en donde además de apoyar la expropiación denunciaba que "desde enero de 1985 el INDI no ha hecho trámite alguno tendiente a la resolución del conflicto". Finalmente, en agosto de 1987 se expropiaron las 30 mil hectáreas de la Carlos Casado. El caso fue importante por muchas razones y sus implicancias se extendieron a otras comunidades que sufrían la zozobra de la inseguridad por falta de un espacio vital. En primer lugar fue un testimonio de perseverancia indígena, fruto del trabajo unido; en segundo lugar, hizo notar la distancia que había entre el INDI y las comunidades indígenas.

Hacia la Constitución de 1992

En febrero de 1989 cae el régimen dictatorial de Stroessner y aunque es reemplazado por su consuegro, también militar, se inició para el país un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una de las medidas urgentes a tomar era la elaboración de una nueva carta magna que reemplazara la del año 1967, hecha a medida de la dictadura.

Estos encuentros fueron auspiciados por el Servicio de Apoyo al Indígena de la Misión de la Amistad, por el Equipo Nacional de Misiones y por 'Defensa del Patrimonio Indígena', dependiente de la Universidad Católica. Estas organizaciones estuvieron siempre al servicio de las comunidades en todo lo que hace a asesoría jurídica, movilidad, encuentros y demás aspectos que conllevan un seguimiento de este tipo.

Tanto la marcha histórica de los indígenas como el apoyo de diversas personalidades del ámbito nacional e internacional, tal la del escritor Augusto Roa Bastos (1991), influyeron para que los convencionales se tomaran más en serio la propuesta indígena. También la presencia constante de los representante indígenas en el recinto de sesiones y el buen tino de los asesores indigenistas consiguieron que la nueva Constitución reconociera la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos.

Finalmente el texto referente a los pueblos indígenas de la nueva Constitución de 1992 fue promulgada en los siguientes términos:

CAPITULO V. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Art. 62: de los pueblos indígenas y grupos étnicos

Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado Paraguayo.

Art. 63: de la identidad étnica

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

Art. 64: de la propiedad comunitaria

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributos.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Art. 65: del derecho a la participación

Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales.

Art. 66: de la educación y la asistencia

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.

Art. 67: de la exoneración

Los miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley.

Mirando al futuro

Sin lugar a dudas, el Capítulo V de la nueva Constitución es un avance sin precedentes en la legislación paraguaya, y más teniendo en cuenta que desde la Constitución de 1870 los indígenas eran constantemente ignorados.

Pero este primer paso necesita de un posterior desarrollo. Hasta que no se reglamente este Capítulo, se depende aún de la Ley 904/81 y de la 43/89. Además es necesario prestar atención a posibles contradicciones, como sería con los artículos 266-272 Del ministerio público, que tiene la función de representar "a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado" y estará integrado por el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales conforma a las disposiciones de la ley (art. 266); dentro de sus deberes y atribuciones se encuentra la de: "2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas" (art. 268).

Nuevamente al igual que en la 904/81 la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas queda puesta entre paréntesis, dependiendo de la buena o mala voluntad del Fiscal de turno, y como estos son puestos políticos (como quedó bien claro en la última elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General).

Los dos intentos para reglamentar la Constitución nacional en lo referente a los pueblos indígenas, uno del CIDSEP (Centro Interdisciplinario de Economía y Política, dependiente de la Universidad Católica) y el otro del INDI (con la colaboración de la fundación Hans Seidel) no ha recibido todo el respaldo de las demás entidades indigenistas, sobre todo porque la figura del INDI cobraba aún más fuerza. Ambas propuestas se encuentran paradas.

Especialistas como la doctora Esther Prieto (1994, p. 14) plantean la necesidad que "el proceso de modificación de las leyes tendría que moverse con sentido de transversalidad, a fin de contemplar a leyes de diversas temáticas". Es decir que aparte de reglamentar el Capítulo V habría que atender a un buen número de leyes que se relacionan con diversos derechos indígenas, como las del Código Laboral, del Estatuto Agrario, etc.

Actualmente se encuentra en el Parlamento una Ley General de Educación que marcaría lo principios generales sobre este tema tan importante para las comunidades indígenas. Algunas entidades indigenistas más cercanas a esta problemática como la Coordinadora de Pastoral Indígena, que desde hace casi 20 años viene organizando encuentros de maestros indígenas, han elaborado conjuntamente con ellos un anteproyecto de Ley de Educación indígena.

Problema indigenista y solución indígena

Después de esta breve recorrido por las distintas políticas indigenistas, tanto por parte del Estado como de las entidades indigenistas y a la vez comprobar la reacción de las comunidades indígenas, resulta llamativo que a tres años de haberse promulgado la nueva Constitución todavía sigan existiendo problemas graves de tierra, como en el caso de los Enxet Máxime que en el año 1993 el Paraguay ratificó el Convenio 169 de la OIT, dándole aún más fuerza al derecho de los pueblos indígenas a la tierra.

No se puede seguir utilizando la frase "falta voluntad política para implementarlo", tan ingenua como altamente peligrosa. No es cuestión de 'voluntad' sino de conflicto de poderes y de sistemas de vida. Son los mismos conflictos que vienen teniendo los pueblos indígenas desde la colonia, con la diferencia de que los mecanismos legales se han vuelto más complejos pero los pueblos indígenas empiezan a estar mejor pertrechados para la lucha. El logro conseguido en la Asamblea Constituyente no fue un reflejo del cambio de actitud de la gran mayoría de la población -y menos de las autoridades y empresarios- hacia los indígenas, sino que fue el resultado de una serie de circunstancias, que ayudaron a una unión coyuntural entre indígenas e indigenistas. Pero fue sobre todo la presencia de los indígenas lo que ejerció un fuerte impacto en los convencionales.

Mientras tanto los mismos indígenas se fueron fortaleciendo en las luchas que iban desarrollando por conseguir su tierra.

El cuadro se agrava por el hecho de que las entidades indigenistas privadas, al ver reducido el presupuesto de sus proyectos, -al parecer las agencias internacionales no consideran prioritario el Paraguay para sus inversiones-; preocupadas seriamente por sus angustias económicas, rompen en muchas oportunidades los lazos de unión que ya existían entre las diversas entidades, tratando de conseguir los fondos necesarios para sus propios proyectos.

Llegando inclusive a dividir la aún débil organización indigenista, como ocurrió con el Aty Guasu (Gran Asamblea) de los Avá Chiripá. La lucha por los derechos indígenas apenas comienza. Una de las tareas es la de crear condiciones de posibilidad para pensar y re-pensar la relación entre la llamada sociedad nacional y los pueblos indígenas. Estos no pueden ser tenidos como eterno problema, sino como principio de solución para muchos problemas de la sociedad nacional. Y para ello es de suma importancia que los mismos indígenas continúen en sus formas de vida y tenían posibilidad de comunicarlas, de hacerlas aceptables y respetables y hasta ejemplares en muchos aspectos. La cuestión indígena sigue siendo uno de los termómetros para medida democracia y el alcance de la práctica de los derechos humanos en un país. En este momento, respetar los derechos indígenas ya consagrados en la Constitución es condición necesaria para construir una sociedad histórico posible más justa.

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Los pueblos indígenas en el Paraguay: conquistas legales y problemas de tierra

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Con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 el Paraguay entró en un proceso llamado de transición. Hecho importante de esa transición fue la elección de una Asamblea Constituyente cuyos trabajos culminaron con la promulgación de una nueva Constitución Nacional el 20 de junio de 1992.

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Jimena Saldaña

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4.3 info sobre educación

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La situación social y económica de la población indígena en América Latina

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La desalentadora situación social y económica de los indígenas en América Latina

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En Latinoamérica, alrededor de la mitad de indígenas viven en el sector urbano. Además, representan el 14% de personas pobres y tienen un mayor riesgo que la población no indígena de vivir en condiciones de pobreza extrema, según estudio del Banco Mundial.

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Asunción, IP.- Este martes 28 fue presentada la plataforma interactiva "Tierras Indígenas" que pone a disposición mapas precisos e información crítica sobre los territorios de pueblos y comunidades indígenas en el Paraguay.

El portal web TierrasIndigenas.org incluye además datos contextuales sobre cobertura y cambios forestales, incendios y otros datos relevantes para los pueblos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los sectores público y privado.

La herramienta busca además visibilizar la situación territorial de las comunidades indígenas, siendo un instrumento de monitoreo y vigilancia que permite evitar la deforestación y dar a conocer las tierras aseguradas y reclamadas, señaló la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas ( FAPI), que impulsa el proyecto.

La FAPI se encuentra conformada por 12 organizaciones de pueblos indígenas del territorio nacional que trabajan por la defensa de sus derechos. El presidente del organismo, Hipólito Acevei, señaló durante la presentación del portal que el mismo servirá para la vigilancia de amenazas y hechos consumados que afectan a los territorios indígenas.

Además de las comunidades indígenas, el proyecto fue creado con la colaboración de instituciones del Estado, ONGs a nivel local e internacional e investigadores independientes.

Los datos que se ofrecen en el sitio se encuentran abiertos a nuevos aportes, por lo que la FAPI realiza el llamado a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que deseen colaborar con el proyecto. Los interesados pueden comunicarse con la federación al correo fapi@fapi.org.py

La presentación fue este martes 28 en el Gran Hotel del Paraguay, con la presencia de representantes de organizaciones del Estado y no gubernamentales que colaboraron con el sitio.

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Presentan portal con datos de tierras indígenas en el Paraguay

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Asunción, IP.- Este martes 28 fue presentada la plataforma interactiva "Tierras Indígenas" que pone a disposición mapas precisos e información crítica sobre los territorios de pueblos y comunidades indígenas en el Paraguay. El portal web TierrasIndigenas.org incluye además datos contextuales sobre cobertura y cambios forestales, incendios y otros datos relevantes para los pueblos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los sectores público y privado.

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

--

Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...

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Jimena Saldaña

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Pan American Health Organization / World Health Organization

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Es actividad se llevó a cabo con los auspicios de la OPS/ OMS Paraguay y la Dirección General de Asistencia a Grupos Vulnerables del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

El objetivo general de esta jornada fue sensibilizar a los funcionarios del MSP y BS en particular, y más ampliamente a las autoridades nacionales sobre algunos aspectos culturales de las comunidades indígenas, logrando compromisos, teniendo en cuenta las costumbres atávicas de los pueblos indígenas y enfocando la salud desde la perspectiva de Derechos Humanos, con calidad y calidez.

Durante la jornada que contó con la participación de directores generales, directores regionales y otras autoridades nacionales que trabajan con las distintas comunidades Indígenas en Paraguay.

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OPS/OMS Paraguay - PUEBLOS INDÍGENAS DEL PARAGUAY ANALIZARON SU DERECHO A LA SALUD | OPS/OMS

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Es actividad se llevó a cabo con los auspicios de la OPS/ OMS Paraguay y la Dirección General de Asistencia a Grupos Vulnerables del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

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4.4 info de economía

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Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

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Buscan garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas

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Con el fin de garantizar el derecho a la universalidad de la salud y respetar el sistema que tienen los diferentes pueblos indígenas, ya sea desde la medicina tradicional, sistema organizativo y ta...

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Comunidad indefensa durante arresto del líder, Derlis López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Nekwen. Todos los derechos reservados.

"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

La escena que le rodeaba-fogatas, niños descalzos jugando sobre las baldosas-se había visto constantemente en esta parte de la ciudad, desde que aproximadamente 290 miembros de la comunidad Tacuara'i, pertenecientes a la etnia Ava Guaraní Chiripá, habían llegado a acampar en la plaza hacía seis meses. Habían emprendido el viaje de 400 kilómetros a la capital después de sufrir un violento desalojo de lo que dicen es su territorio ancestral en el este del país en octubre del 2018. Habían llegado a Asunción con la esperanza de que las autoridades les devolvieran sus tierras.

Tacuara'i-una comunidad sin hogar

" Allí murió mi abuela. También mi mamá. Y allí yo nací."

Las mil hectáreas del territorio ancestral que reclama la comunidad Tacuara'i están ubicadas en el distrito de Corpus Christi en el departamento de Canindeyú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil. Según Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), "Existe documentación a nivel del propio Estado sobre la presencia de los Ava Guaraní en el lugar hasta comienzos de la década de los ochenta.

En aquellos años, que corresponden con la época de la dictadura, el gobierno habría forzado un arreglo que no fue consultado ni consentido por la comunidad. Fueron desplazados hacia otras comunidades. Por lo cual, la demanda de titulación de esas tierras quedó virtualmente sin efecto y esas tierras pasaron a formar parte de la propiedad privada de al menos dos o tres empresas".

Dado que durante la dictadura de 1954-89 de Alfredo Stroessner se regalaron de forma poco escrupulosa 6.744.005 hectáreas a amigos y aliados políticos del régimen, el despojo de las tierras de Tacuara'i no es ni sorprendente ni único.

La ley nacional de Paraguay establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

En agosto del 2018, descendientes de las familias expulsadas-hijos y nietos-volvieron a Tacuara'i a tratar de recuperar el territorio perdido que ahora está en manos de sojeros brasileños. Después de su llegada, se dieron una serie de agresiones por parte de los sojeros, incluyendo la desaparición forzada de un joven llamado Isidoro Barrios; miembros de la comunidad afirman que vieron que lo torturaron y ejecutaron.

El 28 de octubre, pistoleros atacaron el asentamiento recién restablecido. Quemaron posesiones y desalojaron a la comunidad bajo amenazas. Sin otra opción, el grupo indígena realizó el viaje a Asunción en busca del apoyo de las autoridades. Se instalaron en la Plaza de Armas, que está a pocos metros del Palacio Legislativo del Paraguay-el edificio en el cual se reúnen tanto el Congreso como el Senado nacional.

Este gobierno no quiere saber

" Todos los ministros dijeron que esta tierra no es ancestral, es privada. Pero eso es mentira."

Para Óscar Ayala, la validez del reclamo de la comunidad Tacuara'i es indudable: "Resulta absolutamente claro que hay numerosos indicios que vinculan a esta comunidad con estas tierras. Desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que las tierras reclamadas por los indígenas estén eventualmente en manos de terceros no impide que el estado tenga que atender esa demanda en tanto que la comunidad reclamante mantenga vínculos con ese lugar".

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

Miembros de la comunidad Tacuara'i acampando en la Plaza de Armas. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

A pesar de estas obligaciones jurídicas, y de los intentos continuos de establecer un diálogo por parte de la comunidad, los seis meses en la plaza se caracterizaron por el silencio del gobierno. Como menciona Mirna Robles, miembro de una red de apoyo ciudadana que se formó alrededor del grupo indígena, "Fueron prácticamente ignorados todo el tiempo. Estuvieron allí en la plaza al lado de las máximas autoridades del país y en ningún momento se les dio ninguna garantía en relación con lo que ellos pedían."

Ayala explica: "Si bien Paraguay tiene una constitución que en relación a derechos de pueblos indígenas es relevante, no tiene un procedimiento jurídico adecuado que puedan utilizar las comunidades indígenas, como Tacuara'i, para demandar el reconocimiento de derechos sobre sus tierras."

Pese a la orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno paraguayo aborde esta falta de procedimiento adecuado, no se ha observado ninguna señal de que esto suceda. Como resultado, las comunidades que afrontan problemas relacionados con la tierra se encuentran en el abandono.

Otra señal de la negligencia gubernamental hacia la población indígena es el subfinanciamiento crónico y la ineficiencia del personal del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)-la institución encargada de responder a las necesidades de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total).

En relación al reclamo de la comunidad Tacuara'i, la presidenta del INDI, Ana María Allen, afirmó, "Están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del INDI". Después, dijo que era un grupo fraudulento que no tenía ningún vínculo con el territorio en cuestión.

En adición a este vacío legal, el INDI tampoco dio apoyo práctico a la comunidad durante su estancia en la plaza. Como resultado, tuvieron que afrontar hambre, pobreza extrema y temperaturas llegando a los 40 °C. Ayala afirma que la falta de provisión de seguridad produjo el asesinato de Francisco López, un joven indígena, el 24 de febrero, en circunstancias que aún no se han aclarado.

Un país gobernado por los ricos para los ricos

" Ya está plantada la soja. Es sojero. Por eso quiere esas tierras, ese señor."

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, según el Banco Mundial, es le demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agriculura mecanizada. La adquisición-tanto de forma legal como ilegal-de cantidades enormes de tierra por un pequeño número de individuos ha hecho que Paraguay tenga el nivel más elevado de desigualdad de tenencia de la tierra del mundo.

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, es la demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agricultura mecanizada.

Luis Rojas, investigador del desarrollo rural en Paraguay, dice que el gobierno ha estimulado activamente la concentración de la tierra para la agricultura industrial por encima de cualquier otro uso. Menciona que los bajos impuestos rurales, las leyes ambientales permisivas, la alta corrupción y los intereses personales de los políticos favorecen a los terratenientes.

Esto ha producido mucha tensión con otros sectores que dependen de la tenencia de la tierra, como las comunidades indígenas, y explica la falta de voluntad por parte del Estado por interactuar con grupos que presentan quejas, como Tacuara'i.

En relación a los conflictos por la tierra entre los terratenientes y los sectores marginados, Rojas dice, "Terminan aplicando la ley no según lo que la ley establece, sino según la cara del cliente. Entonces, la mayoría de los conflictos de tierra se van resolviendo en el poder judicial a favor del terrateniente". Esto ha contribuido a la creación de una situación en la cual 145 comunidades indígenas enfrentan problemas relacionados con la tierra en el país, según un informe de las Naciones Unidas.

Ni siquiera las instituciones internacionales han podido imponer la justicia en Paraguay. El estado paraguayo no ha implementado, o ha implementado de forma incompleta, tres fallos a favor de grupos indígenas pronunciados por la CIDH.

Las autoridades paraguayas también han empleado el sistema jurídico como herramienta para debilitar a los movimientos. Un informe de Amnistía Internacional del 2018 identifica la criminalización sistémica de los líderes de grupos marginados que luchan por sus tierras. Este fenomeno se puede observar en el caso de Tacuara'i: una orden de captura de origen dudoso fue empleada para detener a Derlis López, uno de los líderes principales de la protesta.
Aliados de la ciudad y del campo
" Ni un solo representante viene acá. Solamente nos ha ayudado la ciudadanía. nos apoyaron mucho. El gobierno, nunca."

La comunidad Tacuara'i formó varios vínculos fuertes durante el tiempo que pasó en la Plaza de Armas. Recibieron apoyo de un colectivo de la ciudadanía que proveyó comida y difundió información sobre la situación. Además, un movimiento indígena más amplio empezó a surgir; grupos indígenas de distintas zonas de Paraguay usaron sus voces para apoyar la protesta de Tacuara'i tanto desde sus propias regiones como en la capital. Sin embargo, estas conexiones no generaron presión política suficiente como para obligarle al Estado a negociar.

Cruz que recuerda al joven asesinado, Francisco López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

Julio Benegas, periodista que ha escrito ampliamente sobre los conflictos por la tierra en Paraguay, lamenta que la comunidad no haya recibido más ayuda: "No se entendió que Tacuara'i era un símbolo demasiado importante. Si nosotros tenemos una ocupación de seis meses de gente que resistió las balas de los sicarios y las muertes de dos de sus hermanos; ¿cómo es posible que el movimiento popular no entienda que esa lucha podíamos ganar, y debimos haberlo ganado? Podría haber sido el inicio simbólico de la recuperación de la dignidad."

Después de medio año en la plaza, un apoyo notable por fin llegó. Vino en forma de una alianza con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)-una organización campesina que también realiza reclamos relacionados con la tierra. El sector campesino también ha tenido que afrontar un abandono estatal intenso y una exclusión de la tenencia de la tierra. Históricamente, ha sido mucho más organizado y numeroso que el sector indígena.

El 24 de marzo, la alianza de campesinos e indígenas negoció un acuerdo con las autoridades. En cuanto a las demandas de los indígenas, el gobierno se comprometió a empezar a buscar una solución para el conflicto de Tacuara'i. En adición, organizó la estadía temporal de la comunidad en otro poblado indígena. Las carpas que estaban en la plaza fueron abandonadas esa misma noche; llevaron a los de Tacuara'i a la otra comunidad. Se había acabado la protesta.

La unión hace la fuerza
No es solamente Tacuara'i que tiene el problema; 90 comunidades indígenas tienen amenazas de desalojo. ¿Y adónde van los indígenas desalojados?
Benegas se siente escéptico ante este acuerdo: "Ellos cerraron un acuerdo, se crearon esas mesas de negociaciones largas, interminables que yo conozco. Yo conozco eso y no lleva a ningún lado, es básicamente la muerte de esa lucha. Este poder te juega así."

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia

El acuerdo no garantiza la recuperación del territorio ancestral de Tacuara'i. Se verá si el gobierno, tras la lucha extendida de los inígenas, cumple con su compromiso. Sin embargo, el acuerdo si demuestra un punto importante: la presión política de grupos organizados que cuentan con apoyo puede obligarle al Estado a negociar.

Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de construir una mayor estructura de apoyo para los conflictos por la tierra de los pueblos indígenas; una estructura sólida que realmente pueda logar los resultados deseados de forma rápida al interactuar con el Estado. Se debería contar con la involucración de las organizaciones rurales, la población urbana, las ONGs (cuya ausencia relativa se notó en el caso Tacuara'i) y la comunidad internacional.

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia que despoja a los indígenas de sus tierras y sus derechos.

Carpas improvisadas en la plaza. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

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Comunidades indígenas luchan por recuperar su tierra en Paraguay

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"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

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Comunidad indefensa durante arresto del líder, Derlis López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Nekwen. Todos los derechos reservados.

"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

La escena que le rodeaba-fogatas, niños descalzos jugando sobre las baldosas-se había visto constantemente en esta parte de la ciudad, desde que aproximadamente 290 miembros de la comunidad Tacuara'i, pertenecientes a la etnia Ava Guaraní Chiripá, habían llegado a acampar en la plaza hacía seis meses. Habían emprendido el viaje de 400 kilómetros a la capital después de sufrir un violento desalojo de lo que dicen es su territorio ancestral en el este del país en octubre del 2018. Habían llegado a Asunción con la esperanza de que las autoridades les devolvieran sus tierras.

Tacuara'i-una comunidad sin hogar

" Allí murió mi abuela. También mi mamá. Y allí yo nací."

Las mil hectáreas del territorio ancestral que reclama la comunidad Tacuara'i están ubicadas en el distrito de Corpus Christi en el departamento de Canindeyú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil. Según Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), "Existe documentación a nivel del propio Estado sobre la presencia de los Ava Guaraní en el lugar hasta comienzos de la década de los ochenta.

En aquellos años, que corresponden con la época de la dictadura, el gobierno habría forzado un arreglo que no fue consultado ni consentido por la comunidad. Fueron desplazados hacia otras comunidades. Por lo cual, la demanda de titulación de esas tierras quedó virtualmente sin efecto y esas tierras pasaron a formar parte de la propiedad privada de al menos dos o tres empresas".

Dado que durante la dictadura de 1954-89 de Alfredo Stroessner se regalaron de forma poco escrupulosa 6.744.005 hectáreas a amigos y aliados políticos del régimen, el despojo de las tierras de Tacuara'i no es ni sorprendente ni único.

La ley nacional de Paraguay establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

En agosto del 2018, descendientes de las familias expulsadas-hijos y nietos-volvieron a Tacuara'i a tratar de recuperar el territorio perdido que ahora está en manos de sojeros brasileños. Después de su llegada, se dieron una serie de agresiones por parte de los sojeros, incluyendo la desaparición forzada de un joven llamado Isidoro Barrios; miembros de la comunidad afirman que vieron que lo torturaron y ejecutaron.

El 28 de octubre, pistoleros atacaron el asentamiento recién restablecido. Quemaron posesiones y desalojaron a la comunidad bajo amenazas. Sin otra opción, el grupo indígena realizó el viaje a Asunción en busca del apoyo de las autoridades. Se instalaron en la Plaza de Armas, que está a pocos metros del Palacio Legislativo del Paraguay-el edificio en el cual se reúnen tanto el Congreso como el Senado nacional.

Este gobierno no quiere saber

" Todos los ministros dijeron que esta tierra no es ancestral, es privada. Pero eso es mentira."

Para Óscar Ayala, la validez del reclamo de la comunidad Tacuara'i es indudable: "Resulta absolutamente claro que hay numerosos indicios que vinculan a esta comunidad con estas tierras. Desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que las tierras reclamadas por los indígenas estén eventualmente en manos de terceros no impide que el estado tenga que atender esa demanda en tanto que la comunidad reclamante mantenga vínculos con ese lugar".

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

Miembros de la comunidad Tacuara'i acampando en la Plaza de Armas. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

A pesar de estas obligaciones jurídicas, y de los intentos continuos de establecer un diálogo por parte de la comunidad, los seis meses en la plaza se caracterizaron por el silencio del gobierno. Como menciona Mirna Robles, miembro de una red de apoyo ciudadana que se formó alrededor del grupo indígena, "Fueron prácticamente ignorados todo el tiempo. Estuvieron allí en la plaza al lado de las máximas autoridades del país y en ningún momento se les dio ninguna garantía en relación con lo que ellos pedían."

Ayala explica: "Si bien Paraguay tiene una constitución que en relación a derechos de pueblos indígenas es relevante, no tiene un procedimiento jurídico adecuado que puedan utilizar las comunidades indígenas, como Tacuara'i, para demandar el reconocimiento de derechos sobre sus tierras."

Pese a la orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno paraguayo aborde esta falta de procedimiento adecuado, no se ha observado ninguna señal de que esto suceda. Como resultado, las comunidades que afrontan problemas relacionados con la tierra se encuentran en el abandono.

Otra señal de la negligencia gubernamental hacia la población indígena es el subfinanciamiento crónico y la ineficiencia del personal del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)-la institución encargada de responder a las necesidades de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total).

En relación al reclamo de la comunidad Tacuara'i, la presidenta del INDI, Ana María Allen, afirmó, "Están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del INDI". Después, dijo que era un grupo fraudulento que no tenía ningún vínculo con el territorio en cuestión.

En adición a este vacío legal, el INDI tampoco dio apoyo práctico a la comunidad durante su estancia en la plaza. Como resultado, tuvieron que afrontar hambre, pobreza extrema y temperaturas llegando a los 40 °C. Ayala afirma que la falta de provisión de seguridad produjo el asesinato de Francisco López, un joven indígena, el 24 de febrero, en circunstancias que aún no se han aclarado.

Un país gobernado por los ricos para los ricos

" Ya está plantada la soja. Es sojero. Por eso quiere esas tierras, ese señor."

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, según el Banco Mundial, es le demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agriculura mecanizada. La adquisición-tanto de forma legal como ilegal-de cantidades enormes de tierra por un pequeño número de individuos ha hecho que Paraguay tenga el nivel más elevado de desigualdad de tenencia de la tierra del mundo.

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, es la demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agricultura mecanizada.

Luis Rojas, investigador del desarrollo rural en Paraguay, dice que el gobierno ha estimulado activamente la concentración de la tierra para la agricultura industrial por encima de cualquier otro uso. Menciona que los bajos impuestos rurales, las leyes ambientales permisivas, la alta corrupción y los intereses personales de los políticos favorecen a los terratenientes.

Esto ha producido mucha tensión con otros sectores que dependen de la tenencia de la tierra, como las comunidades indígenas, y explica la falta de voluntad por parte del Estado por interactuar con grupos que presentan quejas, como Tacuara'i.

En relación a los conflictos por la tierra entre los terratenientes y los sectores marginados, Rojas dice, "Terminan aplicando la ley no según lo que la ley establece, sino según la cara del cliente. Entonces, la mayoría de los conflictos de tierra se van resolviendo en el poder judicial a favor del terrateniente". Esto ha contribuido a la creación de una situación en la cual 145 comunidades indígenas enfrentan problemas relacionados con la tierra en el país, según un informe de las Naciones Unidas.

Ni siquiera las instituciones internacionales han podido imponer la justicia en Paraguay. El estado paraguayo no ha implementado, o ha implementado de forma incompleta, tres fallos a favor de grupos indígenas pronunciados por la CIDH.

Las autoridades paraguayas también han empleado el sistema jurídico como herramienta para debilitar a los movimientos. Un informe de Amnistía Internacional del 2018 identifica la criminalización sistémica de los líderes de grupos marginados que luchan por sus tierras. Este fenomeno se puede observar en el caso de Tacuara'i: una orden de captura de origen dudoso fue empleada para detener a Derlis López, uno de los líderes principales de la protesta.
Aliados de la ciudad y del campo
" Ni un solo representante viene acá. Solamente nos ha ayudado la ciudadanía. nos apoyaron mucho. El gobierno, nunca."

La comunidad Tacuara'i formó varios vínculos fuertes durante el tiempo que pasó en la Plaza de Armas. Recibieron apoyo de un colectivo de la ciudadanía que proveyó comida y difundió información sobre la situación. Además, un movimiento indígena más amplio empezó a surgir; grupos indígenas de distintas zonas de Paraguay usaron sus voces para apoyar la protesta de Tacuara'i tanto desde sus propias regiones como en la capital. Sin embargo, estas conexiones no generaron presión política suficiente como para obligarle al Estado a negociar.

Cruz que recuerda al joven asesinado, Francisco López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

Julio Benegas, periodista que ha escrito ampliamente sobre los conflictos por la tierra en Paraguay, lamenta que la comunidad no haya recibido más ayuda: "No se entendió que Tacuara'i era un símbolo demasiado importante. Si nosotros tenemos una ocupación de seis meses de gente que resistió las balas de los sicarios y las muertes de dos de sus hermanos; ¿cómo es posible que el movimiento popular no entienda que esa lucha podíamos ganar, y debimos haberlo ganado? Podría haber sido el inicio simbólico de la recuperación de la dignidad."

Después de medio año en la plaza, un apoyo notable por fin llegó. Vino en forma de una alianza con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)-una organización campesina que también realiza reclamos relacionados con la tierra. El sector campesino también ha tenido que afrontar un abandono estatal intenso y una exclusión de la tenencia de la tierra. Históricamente, ha sido mucho más organizado y numeroso que el sector indígena.

El 24 de marzo, la alianza de campesinos e indígenas negoció un acuerdo con las autoridades. En cuanto a las demandas de los indígenas, el gobierno se comprometió a empezar a buscar una solución para el conflicto de Tacuara'i. En adición, organizó la estadía temporal de la comunidad en otro poblado indígena. Las carpas que estaban en la plaza fueron abandonadas esa misma noche; llevaron a los de Tacuara'i a la otra comunidad. Se había acabado la protesta.

La unión hace la fuerza
No es solamente Tacuara'i que tiene el problema; 90 comunidades indígenas tienen amenazas de desalojo. ¿Y adónde van los indígenas desalojados?
Benegas se siente escéptico ante este acuerdo: "Ellos cerraron un acuerdo, se crearon esas mesas de negociaciones largas, interminables que yo conozco. Yo conozco eso y no lleva a ningún lado, es básicamente la muerte de esa lucha. Este poder te juega así."

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia

El acuerdo no garantiza la recuperación del territorio ancestral de Tacuara'i. Se verá si el gobierno, tras la lucha extendida de los inígenas, cumple con su compromiso. Sin embargo, el acuerdo si demuestra un punto importante: la presión política de grupos organizados que cuentan con apoyo puede obligarle al Estado a negociar.

Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de construir una mayor estructura de apoyo para los conflictos por la tierra de los pueblos indígenas; una estructura sólida que realmente pueda logar los resultados deseados de forma rápida al interactuar con el Estado. Se debería contar con la involucración de las organizaciones rurales, la población urbana, las ONGs (cuya ausencia relativa se notó en el caso Tacuara'i) y la comunidad internacional.

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia que despoja a los indígenas de sus tierras y sus derechos.

Carpas improvisadas en la plaza. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

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Comunidades indígenas luchan por recuperar su tierra en Paraguay

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"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

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Cerca del 30% de las comunidades indígenas tiene problemas con la tenencia de tierras.

El reciente caso de la comunidad indígena de Tacuara´i ubicada en el Departamento de Canindeyú, dejó al descubierto la realidad que atraviesan los pueblos indígenas en medio del avance del agronegocio en el campo paraguayo. Las tierras en conflicto, ubicadas en la frontera nordeste con el Brasil pertenecen ancestralmente al pueblo Avá Guaraní y son ocupadas irregularmente por un terrateniente brasileño.

Las últimas semanas estuvieron marcadas por graves episodios de violencia contra la comunidad indígena de Tacuara'i, primeramente un ataque de civiles armados que dejó heridos entre las más de 100 familias Ava Guaraní que permanecen en unas 1.500 hectáreas de tierra y luego la desaparición de otros dos indígenas, que según la comunidad fueron asesinados por los mismos matones del terrateniente.

La Constitución Nacional garantiza al menos 20 hectáreas de tierra a cada familia indígena en la Región Oriental, además, la Ley de Seguridad Fronteriza prohíbe la ocupación de tierras fronterizas por parte de extranjeros, sin embargo, como en muchos otros casos la Comunidad de Tacuara'i se ha encontrado desprotegida en su reclamo de acceder a su territorio.

En Paraguay habitan unos 115 mil indígenas ubicados en más de setecientas comunidades, de ellas cerca del 30% tienen algún tipo de inconveniente con la posesión de sus tierras según el último censo indígena realizado por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC). Gran parte de esos inconvenientes son generados por el avance del agronegocio que ocupa por la fuerza o mediante engaños la tierra de las comunidades indígenas. El alquiler de tierras y la ocupación irregular por parte de agroempresarios representan el 61% de los casos de las tierras indígenas afectadas.

Lea Schvartzman y Sofía Espíndola del Grupo Sunú de Acción Cultural, autoras del artículo "Entre la imposición y la resistencia" publicado en el libro Con la Soja Al cuello 2017, señalan que los sucesivos gobiernos, al hablar de inclusión de los pueblos indígenas, no han buscado fortalecer la autonomía de los pueblos, ni garantizar el acceso de las comunidades a sus territorios, sino que por el contrario la inclusión se basa en que "se necesita de sus tierras para la expansión de las fronteras del agronegocio y a ellos, para el trabajo forzoso."

"El "desarrollo" se concibe desde la inclusión de las comunidades indígenas al modelo de producción propuesto por el agronegocio, a costa de la exclusión de sus mundos simbólicos y autonomías políticas, para incluirlos en un sistema económico, basado en la explotación de los recursos naturales y la acumulación del capital producido en pocas manos" agregan.

Las investigadoras señalan que las diferentes estrategias de expansión del agronegocio sobre tierras indígenas se ejecutan mediante la fuerza, las presiones a las familias para el arrendamiento de sus territorios y un supuesto "asesoramiento" a comunidades para involucrarlas en el modelo de agronegocios. Esta expansión de la sojización ha dejado cientos de indígenas expulsados de sus tierras, siendo los Departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, lugares donde el monocultivo de soja transgénica está ampliamente extendido, los que más indígenas desplazan forzosamente a centros urbanos.

"La mayoría de las comunidades resisten a este modelo de "desarrollo" ya que se opone a aquellas formas propias de producción familiar e intrafamiliar basadas en sus conocimientos locales, con una gran diversidad de semillas autóctonas y mestizas, y cuyo cultivo es para el autoconsumo comunitario." señalan las investigadoras pero advierten que "esta resistencia está acorralada por la expansión territorial de los monocultivos mecanizados o los extensos pastizales para ganado, acorralada por las presiones y por los discursos".

"Cuando las comunidades indígenas no han permitido la imposición del agronegocio se han dado los brutales desalojos, la quema de sus casas, de sus espacios sagrados, la destrucción de sus comunidades, la pérdida de los sentidos propios, la expulsión de sus tierras, las calles y con ellas las drogas, la prostitución o la muerte" concluyen.

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El agronegocio está arrasando con las tierras indígenas.

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Cerca del 30% de las comunidades indígenas tiene problemas con la tenencia de tierras. El reciente caso de la comunidad indígena de Tacuara´i ubicada en el Departamento de Canindeyú, dejó al descubierto la realidad que atraviesan los pueblos indígenas en medio del avance del agronegocio en el campo paraguayo.

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Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una defensa del pluralismo jurídico

Orlando Aragón Andrade*

* Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orlandoarande@yahoo.com.mx.

En este trabajo, el autor reflexiona sobre la necesidad de una modificación de las estructuras y relaciones de poder que prevalecen en México, y plantea que con el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en un plano de igualdad respecto al derecho estatal, y la existencia, por consecuencia, de un verdadero pluralismo jurídico, se satisfaría una de las demandas más sentidas de los pueblos indios. En su opinión, resulta claro que las luchas de los pueblos indígenas tienen como finalidad la transformación del modelo del Estado nación que los ha marginado y excluido, pero también significan una herramienta que coadyuvaría a la formación de una vida más justa y democrática para todos los sectores integrantes de nuestro país.

Palabras clave: pueblos indígenas, pluralismo, multiculturalismo.

In this study, the author reflects on the necessity to modify the structures and relations of power that prevail in Mexico, and explains that the recognition ofindigenous legal systems in equal terms with respect to the national legal system and the existence, by consequence, of a true legal pluralism, would satisfy one of the most important demands of indigenous peoples. In his opinion, the struggles of indigenous peoples have the purpose of transforming the model ofthe Nation-State that has marginalized and excluded them, but also can be seen as a tool that could contribute to produce a more democratic and just life to the Mexican society at large.

Keywords: indigenous peoples, pluralism, multiculturalism.

Sumario: I. Introducción. II. La complejidad de lo indígena. III. Lineamientos generales de los sistemas jurídicos indígenas. IV. La relación del derecho estatal con los derechos indígenas. V. Conclusiones.

El resurgimiento social y político de los indígenas ha cuestionado no sólo el trato cotidiano (racismo, discriminación) que reciben por parte de la sociedad nacional con que interactúan, sino que además ha propiciado un debate que ha tocado a prácticamente todas las disciplinas sociales. Concepciones como el Estado-nación, los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, la cultura, el progreso, etcétera, se han repensado para atender a los reclamos de las organizaciones indias.

En el campo de lo jurídico, el debate sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha acelerado. Hasta finales de los ochenta sólo existía un ordenamiento legal (que además era un tratado internacional) destinado explícitamente para las poblaciones indias: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1989 se aprobó en el seno de la OIT el convenio que revisó al 107, entrando en vigor el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este nuevo cuerpo legal garantizó varios derechos importantes a las etnias, como el reconocimiento y respeto de sus valores, instituciones y prácticas culturales. Asimismo, en 1989 se organizó en Matías Romero, Oaxaca, el Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, en el que participaron cerca de 600 organizaciones indias y un número considerable de organizaciones internacionales. Para marzo de 1990 ya se realizaba el Segundo Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, en esta ocasión en la ciudad de México. Continuando con esta tendencia se reformó en 1992 el artículo 4o. de la Constitución Política de México, para reconocer por primera vez en la historia constitucional del Estado mexicano, la existencia formal de sus pueblos indios y la composición pluricultural de la nación mexicana. Nueve años después se volvió a reformar la Constitución para ampliar el reconocimiento jurídico que se había hecho a las etnias en el artículo 4o., y quedó plasmada la última reforma en el artículo 2o. de nuestra carta magna. Esta inercia encontró eco en las entidades federativas, en donde también se plantearon nuevas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena.

Concientes de la necesidad de estudiar los derechos indios desde adentro, es decir, desde la cosmovisión indígena, limitaremos los objetivos de este trabajo a la aportación de un discurso basado en nuestras categorías jurídicas (occidentales) que permita aproximarnos a la morfología y esencia de los sistemas jurídicos indígenas; a comprender la relación de los derechos indios con el derecho estatal en México y, por último, a defender la legitimidad del pluralismo jurídico en nuestro país.

Para lograr nuestros objetivos, abordaremos el tema de la siguiente forma: en primer lugar, examinaremos la complejidad de lo indígena; en un segundo término, expondremos algunos lineamientos generales de los derechos indígenas; en una tercera instancia, analizaremos la relación del derecho estatal con los sistemas normativos indios y, finalmente, daremos nuestras conclusiones.

II. LA COMPLEJIDAD DE LO INDÍGENA

La categoría indio se remonta al pasado colonial, cuando por un error de orientación geográfica se le dio esa denominación a los habitantes de los territorios americanos. Este concepto ha sido heredado hasta nuestros días. Sin embargo, la ambigüedad retórica con que se maneja el término actualmente, hace necesaria una explicación. En estos días escuchamos repetidamente la palabra indio o indígena con distintas connotaciones: algunos la siguen empleando para denostar, insultar o discriminar, pero también podemos encontrar a personas que sienten orgullo al encuadrarse dentro de este término, de igual forma "lo indio" ha sido utilizado para pedir ciertos privilegios o derechos especiales.

Como un grupo endogámico dentro del que se forman los nuevos hogares, que comparten vecindad en un territorio, medio natural, lengua, cultura y raíz. La comunidad es una organización más amplia que la familia o parentela para la protección e identificación, con un nombre propio, casi siempre el de un patrón católico con un topónimo en lengua indígena. La comunidad se establece como frontera entre el nosotros y los demás, dentro de la cual coinciden y se integran diversos factores de identidad.

Elementos como la lengua, la cultura, el derecho, la autoidentificación, constituyen la identidad comunitaria india. La existencia de esta identidad primaria no excluye la existencia de otras identidades supracomunitarias e incluso supraétnicas, es decir, existen elementos que identifican y son comunes a los indígenas de diferentes comunidades y etnias, como la marginación, la explotación, la discriminación y la resistencia cultural que han sostenido por más de 500 años. De hecho, la emergencia indígena se puede explicar en gran medida por el surgimiento de una "identidad panindígena" (con un carácter supracomunal y supraétnico), que ha logrado articular y organizar nuevamente a los indios en un movimiento de alcances continentales. Hay que recordar que desde los años setenta del siglo XX, el gobierno mexicano trató de corporativizar el movimiento indígena y creó las condiciones necesarias para el desarrollo de congresos indígenas. La elite india que había formado el mismo gobierno con las políticas indigenistas fue la encargada de encabezar el movimiento en un principio. Pronto apareció el discurso del indianismo, que rebasó los ámbitos de la comunidad e incluso de la misma etnia, para ahora centrarse en las semejanzas y filiaciones de lo indígena como un todo. Este discurso encontró una gran aceptación en los congresos y, posteriormente, fue adoptado por muchas organizaciones indígenas; podemos decir que el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional se acerca a esta idea.

Una vez expuesto este tema, nos podemos dar una idea del grado de complejidad y diversidad de los sistemas jurídicos indios, que, obviamente, tienen particularidades y especificidades en cada comunidad indígena. En concordancia con lo señalado, expondremos en el siguiente apartado las directrices generales que pueden ser comunes a los derechos indígenas.

III. LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS INDÍGENAS

Podemos decir que los derechos indígenas tienen tres características comunes: su naturaleza oral, su orientación cosmológica y su carácter colectivista.

a) La naturaleza oral. Esta primera regla o característica general se refiere a que en la actualidad los sistemas normativos indios son orales y no escritos. Hay que señalar que antes de la conquista española los indígenas tenían también una tradición jurídica escrita que, desafortunadamente, fue destruida por el fanatismo del clero. Existe pues, una diferencia fundamental entre los sistemas jurídicos indios y el derecho estatal (de naturaleza positivista), los primeros tienen una tradición oral y el segundo se basa en una escrita. Es importante distinguir que aunque en el derecho estatal existen algunos procedimientos que se realizan de forma oral tienen una base escrita, es decir se basan en un código escrito.

b) La orientación cosmológica. Esta característica consiste en una forma distinta de concebir el orden. Para los indígenas, la norma jurídica no es producto exclusivamente de la razón humana, sino que existen otras fuerzas y causas ajenas al hombre que crean y dan sentido a la norma de conducta. Estas fuerzas externas al hombre están compuestas por la naturaleza que rodea a los indios, es decir, por las montañas, los ríos, las piedras, la luna, la tierra. El indígena y la naturaleza legislan juntos, concibiéndose el indio como parte de la naturaleza y no por encima de ésta. Se puede decir que lo moral, lo místico y lo jurídico se entrelazan en los derechos indígenas.

Lo primero que salta a la vista es la diferencia que existe en relación con el derecho positivo, en donde el hombre y su razón (mediante un aparato institucionalizado) son los únicos legisladores. Por otro lado, tenemos que en el derecho positivo lo místico, lo moral y lo religioso están tajantemente separados del derecho.

c) El carácter colectivista. Como ya vimos, la concepción de lo jurídico entre los indígenas se sustenta en la creencia de que el orden deben estar en comunión con todas las fuerzas existentes en la naturaleza; por lo tanto, el indio se piensa y se concibe como parte de ésta y no como un individuo aislado. En ese mismo sentido, los sistemas jurídicos indígenas tienen un carácter colectivo; lo anterior no quiere decir que se excluya al individuo como sujeto de derechos, sino que tienen esta categoría no por el solo hecho de ser seres humanos, sino porque pertenecen a un conjunto de personas o a una comunidad con una cultura e identidad propia.

Una vez estudiadas las anteriores características de los derechos indígenas, analizaremos el contenido de los conceptos más comunes que se usan para referirse a los sistemas jurídicos de los indios. Dichas categorías son "los usos y costumbres" y "el derecho consuetudinario indígena".

Los usos y costumbres. Este término es por demás limitativo, puesto que se refiere a prácticas aisladas y repetidas inmemorablemente, cuando que en realidad los derechos indígenas no son prácticas aisladas. Por el contrario, tienen un eje cultural que los articula a modo de sistema, ya que se componen de un conjunto de normas, autoridades y procedimientos mediante los cuales regulan su vida social, resuelven sus conflictos y organizan el orden interno. Hay que señalar también que los sistemas jurídicos indígenas no son prácticas repetidas de forma inmemorable, ya que han demostrado tener una enorme capacidad de adaptación histórica, puesto que han tenido que sobrevivir en condiciones de persecución y deben de responder a necesidades y demandas sociales cambiantes.

El derecho consuetudinario indígena. Este concepto supone la existencia de un sistema de normas, autoridades y procedimientos propios. Sin embargo, la palabra "consuetudinario" fosiliza a los sistemas jurídicos indios bajo el prejuicio de que son estáticos en el tiempo, mientras que el derecho estatal sí aparece con esa capacidad evolutiva.

Para cerrar este apartado, creemos conveniente formular una definición del sistema jurídico indio, con la finalidad de redondear el estudio de las características y los términos aquí expuestos. Antes de hacer mi propuesta, considero necesario hacer alusión al concepto de derecho indígena que propone el doctor Jorge Alberto González Galván:

El derecho indígena sería, pues, la intuición del orden que desarrollan los pueblos originarios de un territorio-país-Estado, basada en la creencia de que todas las fuerzas-elementos-energías-razones que existen en la naturaleza son orgánicamente solidarias, y donde el hombre es tomado encuentacomopartedeellascomoentecolectivo.

Aunque la anterior definición bien podría ser la más acertada, pensamos que es necesario incluir otros elementos que consideramos importantes. Nuestra propuesta para definir al sistema normativo indio es la siguiente: La intuición20 de un orden, enmarcado en un eje cultural propio y materializado en un sistema que regula la vida social (o comunal), con capacidad de adaptación histórica, que es practicado y desarrollado por los pueblos indígenas en donde todas las fuerzas, elementos, energías y razones que existen en la naturaleza son solidarias, y donde el hombre es tomado en cuenta como parte de ellas como ente colectivo.

IV. LA RELACIÓN DEL DERECHO ESTATAL CON LOS DERECHOS INDÍGENAS

La Constitución política de México reconoce los sistemas jurídicos indígenas, por lo que formalmente podemos considerar a los derechos indios como parte del derecho estatal. De esta forma tenemos que la Constitución federal en su artículo 2o., inciso a, fracción 2a., ordena:

Aplicar sus sistemas normativos [de los pueblos indígenas] en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

Pero, ¿en qué se justifica esta forma de negación de los derechos indios? En el fondo de este debate existe una cuestión de carácter cultural que consiste en la subvaloración de las culturas indígenas, es decir, se considera que todo lo que no sea producto de la cultura occidental es retrasado y primitivo. En el caso de los sistemas normativos indios se reproduce esta visión etnocentrista occidental, por lo que se niega la posibilidad de dar jurisdicción total o plena a la comunidad indígena para que resuelva sus conflictos de carácter interno, dado que se tiene la idea de que los derechos indígenas son retrasados y fragmentarios. La anterior percepción descansa principalmente en dos supuestos teóricos:

1. El evolucionismo cultural. Esta corriente surgió junto con la ciencia antropológica en el siglo XIX. Los principales teóricos en materia jurídica fueron: sir Henry Maine y Albert Herman Post. El evolucionismo postuló que todos los pueblos siguen el mismo camino en su desarrollo, transitando por varios estadios que van de la barbarie a la civilización. Cabe señalar que esta corriente teórica sirvió para legitimar la segunda etapa de colonización en África, bajo el argumento de que los países desarrollados tenían la obligación de "civilizar" a los territorios primitivos y retrasados. A los que comulgan de este supuesto teórico, no les importa que todos los pueblos cuenten con distintos factores culturales, económicos, históricos, geográficos. Los evolucionistas consideran que la cultura occidental se encuentra en la cúspide de la fase civilizadora, por lo tanto, todo lo que no es producto de la cultura occidental no es civilizado. El razonamiento anterior, se transporta al derecho, ya que un sistema jurídico no es más que un producto de la cultura de un pueblo. En el anterior supuesto se funda la legitimación teórica de la supremacía del derecho producido por el Estado, ya que se considera que éste se encuentra en la fase superior de la evolución jurídica universal. En contraste con ese derecho oficial, los otros sistemas jurídicos se encuentran en fases inferiores de desarrollo, por lo tanto no deben de ser tomados en cuenta, o sólo sus "aspectos positivos" que estén de acuerdo con el derecho estatal.

2. El monismo jurídico. Este paradigma jurídico tiene como principal sustento la composición del Estado nacional. El modelo teórico del Estado-Nación sugiere que el Estado esta compuesto por un sólo pueblo, con una sola cultura, un sólo lenguaje, una sola religión; en otras palabras, un pueblo culturalmente homogéneo. Además de lo anterior, el Estado moderno reconoce el principio de la soberanía popular, en el cual se postula que el pueblo es el mandante del poder soberano y los poderes de la Unión sólo mandatarios de dicho poder. Así se entiende que es legítimo que el Estado tenga un sólo sistema jurídico, porque se supone que la voluntad del pueblo culturalmente homogéneo es la de constituir solamente un derecho, puesto que lo acepta y se siente representado en dicho sistema normativo.

En la actualidad, un argumento al que se recurre con frecuencia para negar la validez de los sistemas de control social indígena (fundado precisamente en el evolucionismo) es su supuesto carácter primitivo, ya que se tiene la idea de que éstos no han cambiado desde la época prehispánica. Ante esta supuesta inmovilidad histórica de los derechos indígenas, se presenta el derecho estatal como un sistema que sí tiene una capacidad evolutiva y de adaptación. Sin embargo, tenemos que señalar que las culturas indias no son estáticas en el tiempo, de hecho, a lo largo de la historia han demostrado tener una gran capacidad de adaptación, puesto que han tenido que sobrevivir bajo una constante persecución. Además, mucho de lo que ahora conocemos como indígena está más relacionado con la influencia cultural que ejercieron los españoles en el momento de la conquista, puesto que una buena parte de los elementos y valores prehispánicos se perdieron para siempre (como la tradición jurídica escrita de los indígenas), y otra parte pudo perdurar con varios sincretismos.

Los Estados-nación no existieron desde el principio de los tiempos, ni tampoco surgieron de la noche a la mañana: son producto de deliberadas políticas de construcción nacional, adoptadas por los Estados para difundir y fortalecer un sentido de pertenencia nacional. Estas políticas incluyen planes de estudios de educación nacional, apoyo a los medios de comunicación nacional, la adopción de símbolos nacionales y leyes sobre idioma oficial, sobre ciudadanía y naturalización, y así sucesivamente.

En América Latina, las naciones surgieron principalmente por la vía de las revoluciones independentistas. Dichas luchas de liberación colonial no tuvieron como motor principal un sentimiento nacionalista (sin que esto quiera decir que no intervinieron ciertos protonacionalismos), sino más bien el descontento general de la población colonizada por las injusticias que la tiranía de la potencia imperial cometía en su contra. En otras palabras, las revoluciones independentistas tuvieron una naturaleza anti imperial más que nacionalista. Al independizarse las sociedades de los nacientes Estados latinoamericanos tenían pocos elementos en común. Entre los que podemos mencionar se encuentran: el idioma español, que en muchos de los países recién emancipados no era la lengua más hablada (el caso de México y Bolivia), y la circunscripción administrativa legada del viejo vasallaje colonial. Sin embargo, los gobiernos de los emergentes Estados lanzaron agresivas políticas con el objetivo de lograr la formación de una identidad nacional. Dichas políticas consistieron en el exterminio de las etnias, el blanqueamiento de la población, la creación de la educación oficial en castellano, de una historia nacional, etcétera.

Como puede observarse desde su formación, el Estado mexicano tuvo de facto una composición pluricultural. Incluso si tomáramos en cuenta el criterio de la población mayoritaria, tendríamos que concluir que al momento de su independencia la "nación mexicana" era más bien una "nación india". Independientemente de la anterior consideración, tenemos que señalar que la pluralidad cultural del país fue reconocida formalmente hasta 1992, con la reforma al artículo 4o. constitucional. Esta reforma planteó una nueva realidad jurídica y política sobre una vieja base social, es decir, se cambió la concepción de que el Estado federal se componía por un pueblo homogéneo, para ahora estar formado por una diversidad de pueblos con identidades culturales distintas. En consecuencia, estos "nuevos pueblos" reconocidos por la Constitución tienen el derecho de que su cultura, cosmovisión y sistemas jurídicos estén representados en el aparato estatal, ya que con su carácter de pueblo comparten originariamente el poder de la soberanía, además de tener el derecho a que su cultura y sus sistemas normativos sean tomados en cuenta, en un plano de igualdad y no de subordinación. La cultura jurídica del pueblo mestizo no debe privilegiarse sobre la indígena, sino coordinarse con ella.

Nos resulta claro que las luchas de los pueblos indígenas tienen como finalidad la transformación del modelo del Estado nación que los ha marginado y excluido. Por eso el reconocimiento de los derechos que han conquistado en la Constitución federal no tienen como objetivo una simple declaración de la diferencia étnica o de la "pluriculturalidad de la nación", sino una verdadera modificación de las estructuras y relaciones de poder.

Tomar en serio, y no sólo en el discurso, las demandas de los indígenas, el pluralismo cultural y jurídico en México implica aceptar y afrontar las consecuencias que derivan de ellos. Un verdadero reconocimiento de los derechos indígenas haría necesaria más que su validación y sujeción al derecho estatal, la construcción de medios de coordinación entre ambos, en condiciones de igualdad y no de subordinación. Ciertamente que para lograr este cambio se necesita una reforma profunda al Poder Judicial y a otras estructuras del Estado; una tarea nada fácil, pero necesaria. Muchos abogados argumentan que la creación y administración del derecho debe de estar en manos de profesionales de la ciencia jurídica, por eso no ven plausible otorgar jurisdicción a los derechos indígenas. Sin embargo, la patente crisis de credibilidad y eficacia de nuestro sistema de administración de justicia, así como la impericia jurídica y política de la mayoría de los senadores y diputados, son factores que nos deben hacer reflexionar si este es un argumento válido.

Con el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en un plano de igualdad respecto al derecho estatal, y mediante la existencia por consecuencia de un verdadero pluralismo jurídico se estaría dando satisfacción a una de las demandas más sentidas de los pueblos indios. Pero este enfoque no debe ser privativo, la posibilidad del establecimiento de un pluralismo jurídico también lo debemos de considerar como un medio útil para transformar las relaciones culturales y de poder en la sociedad nacional, así como una herramienta que coadyuvaría a la formación de una vida más justa y democrática para todos los sectores integrantes de México.

⁴ La Ley Agraria en la legislación federal también se refiere a la comunidad indígena, o al menos eso se puede entender, pero nunca se dirigió a esta organización social india de forma explícita, sino que sólo se hace uso del término "comunidad".

⁸ Entiendo por derecho indígena un sistema jurídico con normas, autoridades y procedimiento propios.

¹¹ Actualmente se estima que existen más de 60 etnias diferentes en el territorio nacional (con base en el criterio lingüístico). Instituto Nacional Indigenista y Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, México, Instituto Nacional Indigenista, 2002, p. 25.

¹⁸ "Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar o reforzar sus propias características políticas, económicas, sociales y culturales así como sus sistemas jurídicos" (artículo 4o. del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).

²⁰ El término "intuición" lo utilizamos en un sentido de capacidad primaria, determinada por especificidades culturales, para formar un orden en una sociedad.

²² Se entiende por pluralismo jurídico el que en un sólo espacio geopolítico u Estado se tengan condiciones de igualdad, plena vigencia y aplicabilidad de dos o más sistemas jurídicos.

²⁴ El principio de la soberanía popular se encuentra consagrado en la Constitución federal en los artículos 39 y 41.

²⁶ Tales son los casos del derecho musulmán y el derecho judío.

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Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México: Una defensa del pluralismo jurídico

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Similares en SciELO Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una defensa del pluralismo jurídico Orlando Aragón Andrade* * Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orlandoarande@yahoo.com.mx.

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Comunidad indefensa durante arresto del líder, Derlis López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Nekwen. Todos los derechos reservados.

"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

La escena que le rodeaba-fogatas, niños descalzos jugando sobre las baldosas-se había visto constantemente en esta parte de la ciudad, desde que aproximadamente 290 miembros de la comunidad Tacuara'i, pertenecientes a la etnia Ava Guaraní Chiripá, habían llegado a acampar en la plaza hacía seis meses. Habían emprendido el viaje de 400 kilómetros a la capital después de sufrir un violento desalojo de lo que dicen es su territorio ancestral en el este del país en octubre del 2018. Habían llegado a Asunción con la esperanza de que las autoridades les devolvieran sus tierras.

Tacuara'i-una comunidad sin hogar

" Allí murió mi abuela. También mi mamá. Y allí yo nací."

Las mil hectáreas del territorio ancestral que reclama la comunidad Tacuara'i están ubicadas en el distrito de Corpus Christi en el departamento de Canindeyú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil. Según Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), "Existe documentación a nivel del propio Estado sobre la presencia de los Ava Guaraní en el lugar hasta comienzos de la década de los ochenta.

En aquellos años, que corresponden con la época de la dictadura, el gobierno habría forzado un arreglo que no fue consultado ni consentido por la comunidad. Fueron desplazados hacia otras comunidades. Por lo cual, la demanda de titulación de esas tierras quedó virtualmente sin efecto y esas tierras pasaron a formar parte de la propiedad privada de al menos dos o tres empresas".

Dado que durante la dictadura de 1954-89 de Alfredo Stroessner se regalaron de forma poco escrupulosa 6.744.005 hectáreas a amigos y aliados políticos del régimen, el despojo de las tierras de Tacuara'i no es ni sorprendente ni único.

La ley nacional de Paraguay establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

En agosto del 2018, descendientes de las familias expulsadas-hijos y nietos-volvieron a Tacuara'i a tratar de recuperar el territorio perdido que ahora está en manos de sojeros brasileños. Después de su llegada, se dieron una serie de agresiones por parte de los sojeros, incluyendo la desaparición forzada de un joven llamado Isidoro Barrios; miembros de la comunidad afirman que vieron que lo torturaron y ejecutaron.

El 28 de octubre, pistoleros atacaron el asentamiento recién restablecido. Quemaron posesiones y desalojaron a la comunidad bajo amenazas. Sin otra opción, el grupo indígena realizó el viaje a Asunción en busca del apoyo de las autoridades. Se instalaron en la Plaza de Armas, que está a pocos metros del Palacio Legislativo del Paraguay-el edificio en el cual se reúnen tanto el Congreso como el Senado nacional.

Este gobierno no quiere saber

" Todos los ministros dijeron que esta tierra no es ancestral, es privada. Pero eso es mentira."

Para Óscar Ayala, la validez del reclamo de la comunidad Tacuara'i es indudable: "Resulta absolutamente claro que hay numerosos indicios que vinculan a esta comunidad con estas tierras. Desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que las tierras reclamadas por los indígenas estén eventualmente en manos de terceros no impide que el estado tenga que atender esa demanda en tanto que la comunidad reclamante mantenga vínculos con ese lugar".

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

Miembros de la comunidad Tacuara'i acampando en la Plaza de Armas. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

A pesar de estas obligaciones jurídicas, y de los intentos continuos de establecer un diálogo por parte de la comunidad, los seis meses en la plaza se caracterizaron por el silencio del gobierno. Como menciona Mirna Robles, miembro de una red de apoyo ciudadana que se formó alrededor del grupo indígena, "Fueron prácticamente ignorados todo el tiempo. Estuvieron allí en la plaza al lado de las máximas autoridades del país y en ningún momento se les dio ninguna garantía en relación con lo que ellos pedían."

Ayala explica: "Si bien Paraguay tiene una constitución que en relación a derechos de pueblos indígenas es relevante, no tiene un procedimiento jurídico adecuado que puedan utilizar las comunidades indígenas, como Tacuara'i, para demandar el reconocimiento de derechos sobre sus tierras."

Pese a la orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno paraguayo aborde esta falta de procedimiento adecuado, no se ha observado ninguna señal de que esto suceda. Como resultado, las comunidades que afrontan problemas relacionados con la tierra se encuentran en el abandono.

Otra señal de la negligencia gubernamental hacia la población indígena es el subfinanciamiento crónico y la ineficiencia del personal del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)-la institución encargada de responder a las necesidades de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total).

En relación al reclamo de la comunidad Tacuara'i, la presidenta del INDI, Ana María Allen, afirmó, "Están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del INDI". Después, dijo que era un grupo fraudulento que no tenía ningún vínculo con el territorio en cuestión.

En adición a este vacío legal, el INDI tampoco dio apoyo práctico a la comunidad durante su estancia en la plaza. Como resultado, tuvieron que afrontar hambre, pobreza extrema y temperaturas llegando a los 40 °C. Ayala afirma que la falta de provisión de seguridad produjo el asesinato de Francisco López, un joven indígena, el 24 de febrero, en circunstancias que aún no se han aclarado.

Un país gobernado por los ricos para los ricos

" Ya está plantada la soja. Es sojero. Por eso quiere esas tierras, ese señor."

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, según el Banco Mundial, es le demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agriculura mecanizada. La adquisición-tanto de forma legal como ilegal-de cantidades enormes de tierra por un pequeño número de individuos ha hecho que Paraguay tenga el nivel más elevado de desigualdad de tenencia de la tierra del mundo.

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, es la demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agricultura mecanizada.

Luis Rojas, investigador del desarrollo rural en Paraguay, dice que el gobierno ha estimulado activamente la concentración de la tierra para la agricultura industrial por encima de cualquier otro uso. Menciona que los bajos impuestos rurales, las leyes ambientales permisivas, la alta corrupción y los intereses personales de los políticos favorecen a los terratenientes.

Esto ha producido mucha tensión con otros sectores que dependen de la tenencia de la tierra, como las comunidades indígenas, y explica la falta de voluntad por parte del Estado por interactuar con grupos que presentan quejas, como Tacuara'i.

En relación a los conflictos por la tierra entre los terratenientes y los sectores marginados, Rojas dice, "Terminan aplicando la ley no según lo que la ley establece, sino según la cara del cliente. Entonces, la mayoría de los conflictos de tierra se van resolviendo en el poder judicial a favor del terrateniente". Esto ha contribuido a la creación de una situación en la cual 145 comunidades indígenas enfrentan problemas relacionados con la tierra en el país, según un informe de las Naciones Unidas.

Ni siquiera las instituciones internacionales han podido imponer la justicia en Paraguay. El estado paraguayo no ha implementado, o ha implementado de forma incompleta, tres fallos a favor de grupos indígenas pronunciados por la CIDH.

Las autoridades paraguayas también han empleado el sistema jurídico como herramienta para debilitar a los movimientos. Un informe de Amnistía Internacional del 2018 identifica la criminalización sistémica de los líderes de grupos marginados que luchan por sus tierras. Este fenomeno se puede observar en el caso de Tacuara'i: una orden de captura de origen dudoso fue empleada para detener a Derlis López, uno de los líderes principales de la protesta.
Aliados de la ciudad y del campo
" Ni un solo representante viene acá. Solamente nos ha ayudado la ciudadanía. nos apoyaron mucho. El gobierno, nunca."

La comunidad Tacuara'i formó varios vínculos fuertes durante el tiempo que pasó en la Plaza de Armas. Recibieron apoyo de un colectivo de la ciudadanía que proveyó comida y difundió información sobre la situación. Además, un movimiento indígena más amplio empezó a surgir; grupos indígenas de distintas zonas de Paraguay usaron sus voces para apoyar la protesta de Tacuara'i tanto desde sus propias regiones como en la capital. Sin embargo, estas conexiones no generaron presión política suficiente como para obligarle al Estado a negociar.

Cruz que recuerda al joven asesinado, Francisco López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

Julio Benegas, periodista que ha escrito ampliamente sobre los conflictos por la tierra en Paraguay, lamenta que la comunidad no haya recibido más ayuda: "No se entendió que Tacuara'i era un símbolo demasiado importante. Si nosotros tenemos una ocupación de seis meses de gente que resistió las balas de los sicarios y las muertes de dos de sus hermanos; ¿cómo es posible que el movimiento popular no entienda que esa lucha podíamos ganar, y debimos haberlo ganado? Podría haber sido el inicio simbólico de la recuperación de la dignidad."

Después de medio año en la plaza, un apoyo notable por fin llegó. Vino en forma de una alianza con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)-una organización campesina que también realiza reclamos relacionados con la tierra. El sector campesino también ha tenido que afrontar un abandono estatal intenso y una exclusión de la tenencia de la tierra. Históricamente, ha sido mucho más organizado y numeroso que el sector indígena.

El 24 de marzo, la alianza de campesinos e indígenas negoció un acuerdo con las autoridades. En cuanto a las demandas de los indígenas, el gobierno se comprometió a empezar a buscar una solución para el conflicto de Tacuara'i. En adición, organizó la estadía temporal de la comunidad en otro poblado indígena. Las carpas que estaban en la plaza fueron abandonadas esa misma noche; llevaron a los de Tacuara'i a la otra comunidad. Se había acabado la protesta.

La unión hace la fuerza
No es solamente Tacuara'i que tiene el problema; 90 comunidades indígenas tienen amenazas de desalojo. ¿Y adónde van los indígenas desalojados?
Benegas se siente escéptico ante este acuerdo: "Ellos cerraron un acuerdo, se crearon esas mesas de negociaciones largas, interminables que yo conozco. Yo conozco eso y no lleva a ningún lado, es básicamente la muerte de esa lucha. Este poder te juega así."

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia

El acuerdo no garantiza la recuperación del territorio ancestral de Tacuara'i. Se verá si el gobierno, tras la lucha extendida de los inígenas, cumple con su compromiso. Sin embargo, el acuerdo si demuestra un punto importante: la presión política de grupos organizados que cuentan con apoyo puede obligarle al Estado a negociar.

Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de construir una mayor estructura de apoyo para los conflictos por la tierra de los pueblos indígenas; una estructura sólida que realmente pueda logar los resultados deseados de forma rápida al interactuar con el Estado. Se debería contar con la involucración de las organizaciones rurales, la población urbana, las ONGs (cuya ausencia relativa se notó en el caso Tacuara'i) y la comunidad internacional.

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia que despoja a los indígenas de sus tierras y sus derechos.

Carpas improvisadas en la plaza. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

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Comunidades indígenas luchan por recuperar su tierra en Paraguay

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"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

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Contexto y cosmovisión guaraní

De tiempos previos a las colonizaciones españolas y portuguesas, en América del Sur (en el territorio que hoy es Paraguay, parte del noreste de Argentina y Uruguay, el Mato Grosso Sud de Brasil y la región sureste de Bolivia) habita la nación indígena Guaraní.

La comunidad Guaraní se caracteriza por poblar territorios en los que coexisten dos ecosistemas: uno acuático (como arroyos o ríos) y el monte en pequeñas sierras. Estas particularidades en el territorio les ha permitido reproducir su cultura, como así también tener acceso a una diversidad de alimentos. En términos de SERVIN (2017:11) "esta ubicación espacial de la población guaraní no es casual, sino responde a la adaptación ambiental y territorial específica que se ha dado a lo largo de los siglos".

La cosmovisión guaraní, que rige la estructura socio-económica y política de la comunidad, tiene sus principios en dos conceptos: el Teko y el Tekoha. El Teko es el modo de ser en la tierra de los guaraníes, y el Tekoha es el lugar para ser, para desarrollar su cultura, economía, y relaciones. En términos de Servin (2017:12): "De hecho sin tekoha no hay teko, sin el lugar donde somos lo que somos, no somos nada".

En Paraguay, la comunidad indígena guaraní se autodenomina Ava Guaraní (hombre guaraní) y está dividida en cuatro sub comunidades según las particularidades propias ambientales del lugar que habitan: Ava Katuete, Kaarugua, Kanindejugua, Paranagua. La comunidad Sauce, es un Tekoha (territorio) ubicado en la zona media de la subcomunidad Paranagua la cual abarca la franja de la ribera del río Paraná, margen derecha, teniendo como frontera natural al rio Carapa al norte, en la zona media el río Itambe'y, y el río Acaray al sur (Servín, 2017).

Comunidad de Sauce. Paraguay 2019. Foto extraída de Album Ultimo aty gusu en Tekoha Sauce
Fb. Ph : Leticia Galeano.

Desalojos forzados de los territorios ancestrales

Les guaraníes, al igual que tantos otros pueblos indígenas de Paraguay, han sufrido desde la colonización española el despojo y desalojo forzado de sus territorios. A partir de los años 90 son las grandes empresas -sobre todo agrícolas y ganaderas- quienes coaccionan a las comunidades, siendo legitimadas por el Estado paraguayo.

Un caso paradigmático es el de la comunidad guaraní Tekoha Sauce que en el año 1975 -frente al proyecto binacional de energía hidroeléctrica Itaipú- es obligada, al igual que otras 35 comunidades, a abandonar sus territorios. Por este motivo, debieron trasladarse a Arroyo Guazu y Yukyry: comunidades que se encuentran a 100 o más kilómetros de sus territorios ancestrales, quedando privadas de su relación directa con el río Paraná. En ese momento, según registros de Itaipú, en el territorio habitaban cuarenta y tres familias de la comunidad, de las cuales en un principio quince resistieron al desalojo, hasta que finalmente fueron todas desplazadas (Servín, 2017). Cabe destacar que el mega emprendimiento hidroeléctrico no sólo expropió 146.000 hectáreas sino que además implicó que 140.000 hectáreas que formaban parte del territorio del Tekoha Sauce fueran cubiertas totalmente por agua, conformando un embalse que imposibilita el asentamiento de la comunidad (Servín, 2017).

Estrategias de resistencia

En el año 2015, luego de cuarenta años de desalojo, las familias de la comunidad indígena Sauce deciden regresar y habitar una parte de su territorio ancestral asentándose en una zona que colinda con dos arroyos y el monte (los elementos propios para el desarrollo de su cultura). Si bien estas tierras - de unas 79 Ha- son fiscales, conforman una cantidad mayor de hectáreas que son de propiedad privada (Servín, 2017). Es en este marco que Huzt, ciudadano paraguayo que detenta la propiedad de las mismas, decide recurrir al Estado logrando que el 30 de septiembre de 2016 desalojen violentamente a las familias guaraníes. De este procedimiento participaron personas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) que acompañaban al fiscal y al Cuerpo de Elite Policial (FAPI, 2016).

La comunidad, expuesta al constante hostigamiento por parte del Estado y de Itaipú Binacional, presentó denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. A partir de ello, en octubre del 2016 se conforma una Mesa Interinstitucional con el fin dar solución a sus reclamos y necesidades. Sin embargo, en agosto de 2017, la comunidad guaraní decide retirarse y dejar de participar en la misma debido a la falta de avances concretos en sus derechos.

Uno de los principales inconvenientes que se les presentaba era el hecho de que en Paraguay, si bien la propiedad comunitaria es reconocida como derecho colectivo, "precisa de un sujeto colectivo determinado, generalmente representado en la forma de comunidad con un liderazgo reconocido oficialmente" (Servín, 2017:17). Es decir que la comunidad necesitaba que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) reconociera al líder elegido por sus miembros en asamblea. Esto no ocurrió en las mesas de diálogo pese a que presentaron todos los requisitos, complicando los procesos de restitución de aquellas tierras que no sufrieron las inundaciones provocadas por la construcción de la represa. Recién en Octubre de 2018 se da el tan ansiado reconocimiento formal del líder y representante Cristobal Martinez. Este es un gran avance para dar curso a la batalla jurídica que la comunidad realiza ya que es el reconocimiento del líder en términos oficiales el que lo empodera para actuar en nombre de la comunidad.

Otro inconveniente que se presenta surge a partir de la adquisición de la represa de Itaipú de tierras aledañas para transformarlas en áreas protegidas. Si bien se reconoce la importancia de éstas ya que permiten la conservación de distintos ecosistemas -hoy en peligro por el avance de la frontera agrícola ganadera- es cuestionado su accionar ya que impiden la permanencia de les guaraníes en la reserva. Sólo se permite su ingreso por medio de un visita guiada o con la compañía de guardaparques, a pesar que dentro del área protegida Limoy está el centro del Tekoha Sauce y en las cercanías de la administración de dicha reserva se encuentra un cementerio de la comunidad (Servín, 2017). Tampoco se logró una respuesta a la asistencia alimenticia prometida, teniendo en cuenta que en la reserva se les prohibió el ejercicio de la agricultura, la caza y la pesca.

En la publicación del Informe de Amnistia internacional 2017/18 se menciona que varias organizaciones de derechos humanos informaron que un año después del desalojo forzoso de la comunidad no se habían registrado avances en la restitución de sus tierras; situación que se agrava con el paso del tiempo.

Teniendo en cuenta el informe antropológico de Servín, "Sauce debe tener como mínimo unas 5000 hectáreas como restitución de sus tierras tradicionales enajenadas, daños patrimoniales materiales e inmateriales sepultados, paisajes ambientales transformados por las obras de la represa Itaipú y sobre todo el traslado forzoso a que fueron sometidos como consecuencia de la implementación de este mega proyecto que costó nada más y nada menos que 15.292 billones de dólares a los estados de Brasil y Paraguay. El modesto pedido de la comunidad para asegurar las 1.067 hectáreas es ínfimo frente a todos los atropellos y violaciones que padecieron y que continúan en la actualidad" (Servín,2017:44) .

Son muchas las situaciones que van complejizando la causa de Sauce, ya que los desalojos de su tierra ancestral y la vida en la reserva no les permiten el contacto con el río, sumamente importante para el día a día de la comunidad. Por otro lado, en Abril de 2019 se da una nueva orden judicial de "no innovar" (no poder cazar, pescar ni cultivar en el territorio de la represa), medida que fue apelada.

En el documental "Tekoha Sauce en resistencia" Lirio Carrillo y Josefa Lopéz, miembros de la comunidad, expresan: " Somos los dueños del bosque, somos ava chiripa, los guardianes de este bosque, por eso el bosque nos pertenece y la tierra siempre nos perteneció y en este día nos sacaron todo. Nosotros no tenemos forma de sobrevivir sin el bosque , nos sacaron nuestro lugar y están plantando soja. Venimos luchando mucho para recuperar nuestras tierras y no tenemos forma de detener esto. No podemos subsistir y nos empobrecemos por la plantación masiva de soja y por los venenos. Ya no tenemos comida ni medicina del bosque y asi no tenemos como mantener las familias por que el bosque se nos acaba ".

Es importante destacar que si bien la Comunidad Sauce expresa su resistencia a la pérdida de su territorio ancestral y el reclamo de su restitución, su demanda trae aparejada la denuncia del uso que se está haciendo de las tierras y del bosque a través del cultivo de soja. Por otro lado, no fueron solo los desalojos forzados una violación a los derechos humanos sino también las consecuencias de los mismos: fueron despojados de todas sus pertenencias, incendiaron sus viviendas, con la destrucción de sus artesanías y todas sus posesiones.

Es así que la comunidad guaraní sigue siendo relegada en la agenda de derechos, tanto por el Estado como por la empresa Itaipú. Las 43 familias, asentadas finalmente en el lindero oeste de la reserva Limoy, en San Alberto Alto Paraná, permanecen aún en abril del 2019 habitando en condiciones de precariedad y desasosiego.

Ritual indígena de la comunidad de Sauce. Paraguay 2019. Foto extraída de Album Ultimo aty gusu en Tekoha Sauce
Fb. Ph : Leticia Galeano.

El rol de las mujeres en la lucha por la tierra

Es importante destacar el lugar de liderazgo y de visibilización de la lucha que llevaron adelante las mujeres de la comunidad. Frente a la realidad del despojo y precariedad en la cual se encontraban, deciden organizarse y luchar por la restitución de sus tierras, conformando así la Comisión de Mujeres de Tehoka Sauce. Este grupo de cuarenta mujeres, articulando con distintas organizaciones y proyectos, logró fortalecerse como organización, capacitándose en materia de derechos, traspasando el aislamiento geográfico, discutiendo y decidiendo los pasos a seguir a través de asambleas. Esto les permitió formar lideresas que participan en distintos encuentros con otras organizaciones de mujeres, a partir de las cuales pueden tejer redes y compartir experiencias. Un ejemplo concreto es el trabajo sobre la Plataforma Sauce Pytyvohara en conjunto con otras organizaciones con el objetivo de visibilizar y respaldar su lucha (Fondo de Mujeres, 2019).

Sin embargo, en su propia comunidad deben dar batalla para poder participar y asumir roles activos. Esto, sumado al esfuerzo de doble jornada que se da a partir de su rol en el ámbito doméstico -que asumen con mayor carga que los varones-, además de lo que refiere a su rol activo fuera de la comunidad, en la sobrecarga y la exposición pública (siendo identificadas por el poder como cuerpos débiles, recibiendo amedrentamientos y hostigaciones). Un caso paradigmático es el de Amada Martinez (lideresa, docente y defensora de los derechos de su comunidad) quien según el Informe Anual de Amnisitía Internacional 2018: "fue interceptada y amenazada de manera violenta por cinco hombres vestidos con uniformes de guardaparque, armados con escopetas y revólveres (...). Los hombres les apuntaron y amenazaron, presumiblemente debido al trabajo que viene desarrollando la Sra. Martínez en defensa de los derechos humanos de su comunidad."

Este hecho demuestra la situación de agresión que viven las mujeres defensoras ambientales, quienes al organizarse y asumir roles cada vez más activos en la defensa del territorio van padeciendo las diferentes violencias que se suman a la triple victimización de ser mujeres, pobres e indígenas.

La fuerza de las mujeres es una fuerza colectiva que genera comunidad y a eso le temen las políticas energéticas, las políticas mineras y las políticas mundiales.
Nosotras no sólo llevamos luchas en el territorio, sino también dentro de nuestras vidas, de nuestras camas, de nuestras casas y comunidades, porque la violencia no termina. Tenemos que seguir luchando para declarar territorios libres de violencia, libres de minería.
Queremos libertad en los territorios, para así poder saludar al agua, a la tierra, al aire, como elementos vivos y no de comercialización.
Lolita Chávez, Guatemala (Defensora de la tierra)

Referencias:

AMNISTIA Informe 2018 "La situacion de los Derechos Humanos en el Mundo" por Amnesty International Ltd. Peter Benenson House, 1, Easton Street, London WC1X 0DW Reino Unido © Amnesty International 2018 Índice: POL 10/6700/2018 ISBN: 978-84-96462-48-9 Depósito legal: M-35896-2017 Idioma original: Inglés

BARRIOS CACERES, Mario J. (Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco) (2018).. "Resulta imperativo revertir el patrón de muerte y amedrentamiento como respuesta a las reivindicaciones territoriales" En Yvypóra Derécho Paraguáipe - Derechos Humanos en Paraguay 2018 (pp. 53- 66) . Asunción: Codehupy.

FAPI, Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. "La FAPI repudia grave violación de derechos humanos sufrida por la comunidad indígena Sauce, del pueblo Ava Guaraní". 2 de octubre de 2016. Recuperado de: http://www.fapi.org.py/la-fapi-repudia-grave-violacion-de-derechos-humanos-sufrida-por-la-comunidad-indigena-sauce-del-pueblo-ava-guarani/

Fondo de Mujeres del Sur. "Un pedazo de tierra donde vivir", 17 de enero 2019. Recuperado de: http://www.mujeresdelsur.org/un-pedazo-de-tierra-donde-vivir/

SERVIN, Jorge. "Informe antropológico caso comunidad Ava Guarani Tekoha Sauce/subgrupo Ava paranaense". Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, octubre de 2017, Asunción, Paraguay.

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Acceso a la tierra, estrategias de resistencia de territorios indígenas: El caso de la comunidad Sauce (Paraguay)

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En este artículo se presenta la lucha por el acceso a la tierra que lleva adelante la comunidad guaraní Sauce, última organización de los Áva Guaraní, que fue desalojada de sus tierras ancestrales por parte de la represa de Itaipú en 1974; y cómo ésta realidad condujo a las mujeres de dicha comunidad a organizarse y luchar por la restitución de sus tierras ancestrales.

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Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas en Paraguay, señaló que con la cuarentena por el COVID-19 nuevamente se desnuda la exclusión y falta absoluta de asistencia del Gobierno paraguayo hacia los pueblos indígenas.

"Ya son seis semanas de la cuarentena. Las comunidades indígenas han sido disciplinadas en mantenerse totalmente aisladas, incluso colocan guardias comunitarias para que nadie entre a la comunidad, y siguen esperando la asistencia del Gobierno a proveerles los alimentos para aguantar la situación", lamentó.
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Asimismo, señaló que recién luego de que algunas comunidades hicieron cortes de rutas, ayer la Secretaría de Emergencia Nacional empezó a mandar algunos kits de alimentos, sobre todo porque amenazaban con seguir cortando rutas para visibilizar la situación. "Realmente llama la atención por ser una institución que cíclicamente y periódicamente asiste al Chaco, en cada sequía e inundación", enfatizó y dijo que al menos 600 familias están siendo afectadas.

Señaló que la SEN es la encargada de asistir en el Chaco y de la Región Oriental debe hacerse cargo el Instituto Paraguayo del Indígena. "Ahora el Indi hace una campaña para juntar alimentos y eso es una vergüenza", señaló.

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Más de 2.500 alumnos del Chaco "dan por perdidas las clases"

Alvarenga detalló que hay más de 2.500 estudiantes del sector primario y secundario en el Chaco, en casi 30 escuelas y colegios, que también han suspendido las clases debido a la cuarentena sanitaria impuesta para evitar la propagación del virus.

Sobre la alternativa del Ministerio de Educación, la de brindar las clases por internet, dijo que esa opción es totalmente inviable en el Chaco, puesto que allí se tiene "cero acceso a internet". Aseguró que el 99% de los estudiantes, "para no decir el 100%", no tienen dicho servicio.
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"Es prácticamente perder el año, los maestros tampoco tienen otros elementos para buscar alternativas", dijo considerando que los alumnos viven muy alejados unos de otros por lo cual el docente no podrá llevar las tareas casa por casa, como hacen en algunas ciudades.

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Indígenas pasan hambre y vaticinan un año perdido para 2.500 estudiantes del Chaco - Nacionales - ABC Color

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Aproximadamente 600 familias indígenas están pidiendo auxilio por la falta de alimentos. Desde la articulación de Mujeres Indígenas en Paraguay aseguran que las comunidades están cumpliendo a rajatabla el aislamiento pero no reciben ayuda del Gobierno.

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En Paraguay, más de 50.000 niños y jóvenes indígenas viven en zonas rurales, mientras que 5.000 viven en las ciudades, cantidad que tiende a aumentar por la inseguridad jurídica, el deterioro del medioambiente y el desplazamiento de sus tierras, entre otras causas.

La migración hacia las ciudades expone a las familias de las comunidades indígenas a innumerables riesgos. El sector más vulnerable es el de los niños, quienes se enfrentan a la violencia cotidiana y al racismo.

Uno de los elementos esenciales para romper con el ciclo de la pobreza es la educación. Sin embargo, el método educativo actual no se adapta a las necesidades de los pueblos originarios.

"Es evidente que se requiere una atención integral y de calidad para que las condiciones de vida de los niños y niñas mejoren de manera sostenida", sostuvo Rosa Elecarte, coordinadora de Unicef en Paraguay, en un informe sobre la educación urbana para los pueblos indígenas, presentado el pasado jueves.

Un grupo de técnicos especializados trabajó desde febrero de 2010 hasta agosto de 2012 en tres escuelas y comunidades indígenas urbanas de Gran Asunción. La iniciativa, dirigida a ser una experiencia demostrativa, fue desarrollada por la Dirección General de Educación Escolar Indígena (MEC), el Instituto Buscando la Vida y las comunidades indígenas urbanas, con el apoyo de Unicef.

La intervención, que se llevó a cabo en la Asociación de Parcialidades Indígenas (API) de Luque, la comunidad Maká de Mariano Roque Alonso y en Cerro Poty de Asunción, se centró en la capacitación integral de los docentes. Además, los técnicos implementaron procesos de enseñanza intercultural, que incorporaban el conocimiento científico occidental con la sabiduría indígena.

Según la investigación, los docentes responsables del nivel Inicial y Primer Ciclo (hasta el tercer grado) de la Educación Escolar Básica, contaban con "experiencia y entusiasmo, pero muchas veces no tienen herramientas para encarar o desarrollar sus clases apropiadamente", relata el informe.

Además, las aulas utilizaban planificaciones diseñadas para escuelas no indígenas, sin hacer las adecuaciones necesarias. "En las escuelas se han visto muy pocos materiales educativos con contenidos relacionados con los Pueblos Indígenas y en lenguas indígenas", detalla el documento. Por lo tanto, estos contenidos no son adecuados a las necesidades de las comunidades.

"La propuesta pedagógica para los pueblos indígenas debe partir de paradigmas interculturales cuya característica principal es el respeto al ser humano y a la vida, en profunda consonancia con lo sagrado de la naturaleza y sus ciclos", detalla el documento.

Por otro lado, el 90 por ciento de las horas de clase consistía en el método del "copiado". "Los docentes hacen copiar a los niños o dictan las lecciones, y replican prácticas educativas cuya efectividad está seriamente cuestionada", relataron.

La experiencia logró resultados positivos. Según el informe, en poco tiempo, los niños de las comunidades comenzaron a leer y escribir con fluidez en su lengua materna, guaraní y castellano, disminuyeron la copia y comenzaron a redactar creativamente, además de investigar sobre su propia cultura.

La Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Indígena del MEC asegura que "todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones". La legislación está dirigida al fortalecimiento de las culturas originarias, así como el fomento a la participación activa en la sociedad.

La mencionada dirección es la responsable de que los pueblos indígenas accedan a una educación escolar "específica y diferenciada", que potencie su identidad y respete su cultura y normas comunitarias. Además, establece que los niños deben recibir la educación en castellano y en su idioma materno, norma que escasamente se cumple.

"La educación indígena debe mantener y fortalecer la lengua materna como mecanismo de integración o socialización comunitaria", relata una de las principales conclusiones del II Congreso Nacional de Educación Indígena del MEC, llevado a cabo en noviembre del 2009.

Una educación adaptada a la realidad de las comunidades tiene el objetivo de mantener las tradiciones culturales, perpetuar la sabiduría nativa, y preservar la riqueza diversa de las lenguas originarias.

"En el ámbito escolar, se debe valorar la sabiduría de los pueblos indígenas en varios campos y áreas del conocimiento, algunos descubrimientos logrados mucho antes que la cultura occidental", detalla el documento.

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Educación no respeta la sabiduría indígena - Notas - ABC Color

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En Paraguay, más de 50.000 niños y jóvenes indígenas viven en zonas rurales, mientras que 5.000 viven en las ciudades, cantidad que tiende a aumentar por la inseguridad jurídica, el deterioro del medioambiente y el desplazamiento de sus tierras, entre otras causas. La migración hacia las ciudades expone a las familias de las comunidades indígenas a innumerables riesgos.

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Paraguay recibe el apoyo de la FAO para reducir la pobreza indígena y rural

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El Gobierno paraguayo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sellaron este jueves varios acuerdos de cooperación técnica con el objetivo de reducir la po.

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Comunidad indefensa durante arresto del líder, Derlis López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Nekwen. Todos los derechos reservados.

"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

La escena que le rodeaba-fogatas, niños descalzos jugando sobre las baldosas-se había visto constantemente en esta parte de la ciudad, desde que aproximadamente 290 miembros de la comunidad Tacuara'i, pertenecientes a la etnia Ava Guaraní Chiripá, habían llegado a acampar en la plaza hacía seis meses. Habían emprendido el viaje de 400 kilómetros a la capital después de sufrir un violento desalojo de lo que dicen es su territorio ancestral en el este del país en octubre del 2018. Habían llegado a Asunción con la esperanza de que las autoridades les devolvieran sus tierras.

Tacuara'i-una comunidad sin hogar

" Allí murió mi abuela. También mi mamá. Y allí yo nací."

Las mil hectáreas del territorio ancestral que reclama la comunidad Tacuara'i están ubicadas en el distrito de Corpus Christi en el departamento de Canindeyú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil. Según Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), "Existe documentación a nivel del propio Estado sobre la presencia de los Ava Guaraní en el lugar hasta comienzos de la década de los ochenta.

En aquellos años, que corresponden con la época de la dictadura, el gobierno habría forzado un arreglo que no fue consultado ni consentido por la comunidad. Fueron desplazados hacia otras comunidades. Por lo cual, la demanda de titulación de esas tierras quedó virtualmente sin efecto y esas tierras pasaron a formar parte de la propiedad privada de al menos dos o tres empresas".

Dado que durante la dictadura de 1954-89 de Alfredo Stroessner se regalaron de forma poco escrupulosa 6.744.005 hectáreas a amigos y aliados políticos del régimen, el despojo de las tierras de Tacuara'i no es ni sorprendente ni único.

La ley nacional de Paraguay establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

En agosto del 2018, descendientes de las familias expulsadas-hijos y nietos-volvieron a Tacuara'i a tratar de recuperar el territorio perdido que ahora está en manos de sojeros brasileños. Después de su llegada, se dieron una serie de agresiones por parte de los sojeros, incluyendo la desaparición forzada de un joven llamado Isidoro Barrios; miembros de la comunidad afirman que vieron que lo torturaron y ejecutaron.

El 28 de octubre, pistoleros atacaron el asentamiento recién restablecido. Quemaron posesiones y desalojaron a la comunidad bajo amenazas. Sin otra opción, el grupo indígena realizó el viaje a Asunción en busca del apoyo de las autoridades. Se instalaron en la Plaza de Armas, que está a pocos metros del Palacio Legislativo del Paraguay-el edificio en el cual se reúnen tanto el Congreso como el Senado nacional.

Este gobierno no quiere saber

" Todos los ministros dijeron que esta tierra no es ancestral, es privada. Pero eso es mentira."

Para Óscar Ayala, la validez del reclamo de la comunidad Tacuara'i es indudable: "Resulta absolutamente claro que hay numerosos indicios que vinculan a esta comunidad con estas tierras. Desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que las tierras reclamadas por los indígenas estén eventualmente en manos de terceros no impide que el estado tenga que atender esa demanda en tanto que la comunidad reclamante mantenga vínculos con ese lugar".

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

Miembros de la comunidad Tacuara'i acampando en la Plaza de Armas. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

A pesar de estas obligaciones jurídicas, y de los intentos continuos de establecer un diálogo por parte de la comunidad, los seis meses en la plaza se caracterizaron por el silencio del gobierno. Como menciona Mirna Robles, miembro de una red de apoyo ciudadana que se formó alrededor del grupo indígena, "Fueron prácticamente ignorados todo el tiempo. Estuvieron allí en la plaza al lado de las máximas autoridades del país y en ningún momento se les dio ninguna garantía en relación con lo que ellos pedían."

Ayala explica: "Si bien Paraguay tiene una constitución que en relación a derechos de pueblos indígenas es relevante, no tiene un procedimiento jurídico adecuado que puedan utilizar las comunidades indígenas, como Tacuara'i, para demandar el reconocimiento de derechos sobre sus tierras."

Pese a la orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno paraguayo aborde esta falta de procedimiento adecuado, no se ha observado ninguna señal de que esto suceda. Como resultado, las comunidades que afrontan problemas relacionados con la tierra se encuentran en el abandono.

Otra señal de la negligencia gubernamental hacia la población indígena es el subfinanciamiento crónico y la ineficiencia del personal del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)-la institución encargada de responder a las necesidades de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total).

En relación al reclamo de la comunidad Tacuara'i, la presidenta del INDI, Ana María Allen, afirmó, "Están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del INDI". Después, dijo que era un grupo fraudulento que no tenía ningún vínculo con el territorio en cuestión.

En adición a este vacío legal, el INDI tampoco dio apoyo práctico a la comunidad durante su estancia en la plaza. Como resultado, tuvieron que afrontar hambre, pobreza extrema y temperaturas llegando a los 40 °C. Ayala afirma que la falta de provisión de seguridad produjo el asesinato de Francisco López, un joven indígena, el 24 de febrero, en circunstancias que aún no se han aclarado.

Un país gobernado por los ricos para los ricos

" Ya está plantada la soja. Es sojero. Por eso quiere esas tierras, ese señor."

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, según el Banco Mundial, es le demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agriculura mecanizada. La adquisición-tanto de forma legal como ilegal-de cantidades enormes de tierra por un pequeño número de individuos ha hecho que Paraguay tenga el nivel más elevado de desigualdad de tenencia de la tierra del mundo.

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, es la demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agricultura mecanizada.

Luis Rojas, investigador del desarrollo rural en Paraguay, dice que el gobierno ha estimulado activamente la concentración de la tierra para la agricultura industrial por encima de cualquier otro uso. Menciona que los bajos impuestos rurales, las leyes ambientales permisivas, la alta corrupción y los intereses personales de los políticos favorecen a los terratenientes.

Esto ha producido mucha tensión con otros sectores que dependen de la tenencia de la tierra, como las comunidades indígenas, y explica la falta de voluntad por parte del Estado por interactuar con grupos que presentan quejas, como Tacuara'i.

En relación a los conflictos por la tierra entre los terratenientes y los sectores marginados, Rojas dice, "Terminan aplicando la ley no según lo que la ley establece, sino según la cara del cliente. Entonces, la mayoría de los conflictos de tierra se van resolviendo en el poder judicial a favor del terrateniente". Esto ha contribuido a la creación de una situación en la cual 145 comunidades indígenas enfrentan problemas relacionados con la tierra en el país, según un informe de las Naciones Unidas.

Ni siquiera las instituciones internacionales han podido imponer la justicia en Paraguay. El estado paraguayo no ha implementado, o ha implementado de forma incompleta, tres fallos a favor de grupos indígenas pronunciados por la CIDH.

Las autoridades paraguayas también han empleado el sistema jurídico como herramienta para debilitar a los movimientos. Un informe de Amnistía Internacional del 2018 identifica la criminalización sistémica de los líderes de grupos marginados que luchan por sus tierras. Este fenomeno se puede observar en el caso de Tacuara'i: una orden de captura de origen dudoso fue empleada para detener a Derlis López, uno de los líderes principales de la protesta.
Aliados de la ciudad y del campo
" Ni un solo representante viene acá. Solamente nos ha ayudado la ciudadanía. nos apoyaron mucho. El gobierno, nunca."

La comunidad Tacuara'i formó varios vínculos fuertes durante el tiempo que pasó en la Plaza de Armas. Recibieron apoyo de un colectivo de la ciudadanía que proveyó comida y difundió información sobre la situación. Además, un movimiento indígena más amplio empezó a surgir; grupos indígenas de distintas zonas de Paraguay usaron sus voces para apoyar la protesta de Tacuara'i tanto desde sus propias regiones como en la capital. Sin embargo, estas conexiones no generaron presión política suficiente como para obligarle al Estado a negociar.

Cruz que recuerda al joven asesinado, Francisco López. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

Julio Benegas, periodista que ha escrito ampliamente sobre los conflictos por la tierra en Paraguay, lamenta que la comunidad no haya recibido más ayuda: "No se entendió que Tacuara'i era un símbolo demasiado importante. Si nosotros tenemos una ocupación de seis meses de gente que resistió las balas de los sicarios y las muertes de dos de sus hermanos; ¿cómo es posible que el movimiento popular no entienda que esa lucha podíamos ganar, y debimos haberlo ganado? Podría haber sido el inicio simbólico de la recuperación de la dignidad."

Después de medio año en la plaza, un apoyo notable por fin llegó. Vino en forma de una alianza con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)-una organización campesina que también realiza reclamos relacionados con la tierra. El sector campesino también ha tenido que afrontar un abandono estatal intenso y una exclusión de la tenencia de la tierra. Históricamente, ha sido mucho más organizado y numeroso que el sector indígena.

El 24 de marzo, la alianza de campesinos e indígenas negoció un acuerdo con las autoridades. En cuanto a las demandas de los indígenas, el gobierno se comprometió a empezar a buscar una solución para el conflicto de Tacuara'i. En adición, organizó la estadía temporal de la comunidad en otro poblado indígena. Las carpas que estaban en la plaza fueron abandonadas esa misma noche; llevaron a los de Tacuara'i a la otra comunidad. Se había acabado la protesta.

La unión hace la fuerza
No es solamente Tacuara'i que tiene el problema; 90 comunidades indígenas tienen amenazas de desalojo. ¿Y adónde van los indígenas desalojados?
Benegas se siente escéptico ante este acuerdo: "Ellos cerraron un acuerdo, se crearon esas mesas de negociaciones largas, interminables que yo conozco. Yo conozco eso y no lleva a ningún lado, es básicamente la muerte de esa lucha. Este poder te juega así."

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia

El acuerdo no garantiza la recuperación del territorio ancestral de Tacuara'i. Se verá si el gobierno, tras la lucha extendida de los inígenas, cumple con su compromiso. Sin embargo, el acuerdo si demuestra un punto importante: la presión política de grupos organizados que cuentan con apoyo puede obligarle al Estado a negociar.

Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de construir una mayor estructura de apoyo para los conflictos por la tierra de los pueblos indígenas; una estructura sólida que realmente pueda logar los resultados deseados de forma rápida al interactuar con el Estado. Se debería contar con la involucración de las organizaciones rurales, la población urbana, las ONGs (cuya ausencia relativa se notó en el caso Tacuara'i) y la comunidad internacional.

El caso Tacuara'i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia que despoja a los indígenas de sus tierras y sus derechos.

Carpas improvisadas en la plaza. Asunción, Paraguay. Foto: Matías Newken. Todos los derechos reservados.

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Comunidades indígenas luchan por recuperar su tierra en Paraguay

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"Venimos para recuperar la tierra," dijo Vicente Montanía, "Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá." El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

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Según el monitoreo realizado por la Organización Tierraviva más de 50 comunidades indígenas del Bajo Chaco se encuentran con requerimientos urgentes de acceder a agua; la fuerte sequía que afecta al Chaco ha dejado prácticamente sin reservas a los pobladores, que se ven obligados a consumir agua de los tajamares, no apta para consumo humano. Según señalan desde diferentes organismos del Estado, la ayuda llega a las comunidades, pero de forma insuficiente.

Rubén Cuevas, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), mencionó que, si bien la sequía es habitual en esta temporada, le resulta atípico que la zona del Bajo Chaco esté siendo tan afectada, ya que normalmente suele recibir algunas lluvias aún en tiempos de sequía. Indicó que la SEN se encuentra monitoreando, conjuntamente con los gobiernos locales, la situación y asistiendo en la medida de las posibilidades; Cuevas señaló que cuentan con camiones cisterna para asistir a las comunidades, sin embargo, al no existir fuentes de agua en la zona las cantidades del líquido que pueden entregar a las comunidades son limitadas.

Los testimonios de los líderes indígenas dan cuenta de la angustiosa situación que atraviesan las comunidades debido a la falta de agua, muchos miembros de las comunidades se enferman debido al consumo de agua en mal estado, que es lo que queda en los tajamares actualmente. Los principales afectados son los niños, niñas y adultos mayores que desarrollan cuadros de vómitos y diarreas a causa de intoxicaciones por el agua de mala calidad que consumen.

El Servicio Nacional de Sanidad Ambiental (SENASA) es otra institución que tiene a su cargo garantizar el acceso a agua potable, desde su Dirección de Asuntos Indígenas informaron que actualmente no se encuentran realizando asistencia, pero que están relevando datos de las comunidades con mayores inconvenientes a fin de poder desarrollar soluciones a futuro.

Solo en la zona del Bajo Chaco cerca de 3.000 familias indígenas estarían requiriendo una asistencia urgente debido a la falta de agua, elemento vital para la vida. La asistencia del Estado es insuficiente y, a pesar de que la situación es reiterada, no se cuenta con un plan integral y sistemático de asistencia a las comunidades afectadas por la sequía.

Foto: Abc Color

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Miles de familias indígenas padecen la falta de agua en comunidades del Chaco. - Tierraviva

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Según el monitoreo realizado por la Organización Tierraviva más de 50 comunidades indígenas del Bajo Chaco se encuentran con requerimientos urgentes de acceder a agua; la fuerte sequía que afecta al Chaco ha dejado prácticamente sin reservas a los pobladores, que se ven obligados a consumir agua de los tajamares, no apta para consumo humano.

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Este miércoles 17 de junio se cumplen 15 años de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa, en el fallo se reconoció la violación de derechos humanos de los integrantes de la comunidad indígena por parte del Estado paraguayo y se ordenaba la restitución territorial a los y las indígenas. Sin embargo, hasta hoy los miembros de la comunidad continúan sin poder acceder a sus tierras y sin que el Estado garantice sus derechos fundamentales, por eso realizan una manifestación cerrando la ruta Pozo Colorado-Concepción.

El cierre de ruta se desarrolla desde las 6 de la mañana de este miércoles por tiempo indefinido aguardando que las autoridades respondan al reclamo de la comunidad de abrir un camino que les permita acceder a sus tierras. Según informaron los líderes de la comunidad la manifestación se realiza respetando las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

En el año 2011 el Estado paraguayo adquirió 12.312 hectáreas de tierra que debían ser aseguradas y entregadas a la comunidad, sin embargo, esto no ocurrió ya que el Estado incumplió su compromiso de construir un camino público y de todo tiempo que permita a la comunidad acceder a su territorio, tampoco el Estado realizó hasta hoy la mensura de las tierras que permitan asegurarlas en favor de la comunidad.

Las tierras que deben ser entregadas a la comunidad se encuentran rodeadas por establecimientos ganaderos que no permiten el paso de los indígenas por sus caminos, además de que la falta de caminos constituye un constate problema para las comunidades indígenas que viven en zonas cercanas ya que permanentemente se encuentran aisladas y sin posibilidad de acceder a servicios fundamentales. Tras años de reclamos y de no poder ingresar a sus tierras la comunidad Yakye Axa, junto a otras comunidades indígenas de la zona y con el acompañamiento de Tierraviva y Amnistía Internacional, impulsó una Ley de Expropiación que permita la construcción del camino, un tramo de apenas 33 kilómetros, que podría transformar la vida de las familias de Yakye Axa y otras comunidades; la propuesta fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en diciembre del año 2019, sin embargo, el Estado no ha avanzado en la construcción del camino durante el primer semestre del año.

La comunidad Yakye Axa, del Pueblo Enxet , está compuesta por unas 60 familias que desde hace décadas habitan al costado de la Ruta Pozo Colorado - Concepción; allí subsisten en medio de graves precariedades como la falta de acceso a agua potable, alimentos y servicios adecuados de salud y educación.

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15 años después, Yakye Axa sigue exigiendo justicia. - Tierraviva

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Este miércoles 17 de junio se cumplen 15 años de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa, en el fallo se reconoció la violación de derechos humanos de los integrantes de la comunidad indígena por parte del Estado paraguayo y se ordenaba la restitución territorial a los y las indígenas.

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La fuerte sequía que afecta al Chaco paraguayo, sumada a la falta de asistencia adecuada por parte del Estado, golpea duramente a las comunidades indígenas, miles de familias se encuentran imposibilitadas de acceder a agua potable y deben recurrir a utilizar sus escasos recursos económicos para adquirir el líquido vital de proveedores privados que en muchos casos cobran hasta casi 10 veces más de lo que se podría pagar en el Departamento Central por el agua. Estos datos resaltan del nuevo monitoreo realizado por Tierraviva en 99 comunidades indígenas del Chaco.

Según señala el informe la falta de agua es definitivamente una prioridad que debe ser atendida, añadiendo que "La situación es tan desesperante, que en muchas comunidades se organizan para comprar agua a proveedores particulares, pagando aproximadamente 250.000 Guaraníes por 10,000 litros (como referencia en el departamento Central, una aguatera privada cobra 30.000 Guaraníes por la misma cantidad)". Según se detalla el Estado, a través de las gobernaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) han asistido con el líquido vital a varias comunidades en este periodo, sin embargo, la cantidad y la calidad han sido cuestionadas por las comunidades".

Reportes provenientes de las comunidades señalan que no beben el agua recibida, ya que esta genera malos olores a los pocos días de ser almacenadas en los aljibes. "El abastecimiento inadecuado de agua conlleva a una higiene deficiente, y hace a las personas más propensas a padecer enfermedades como mal estar estomacal e infecciones. Es responsabilidad del Estado suministrar una cantidad de agua potable suficiente para garantizar la supervivencia y la vida en condiciones dignas. El agua suministrada debe ser en cantidad y calidad adecuada" indica el reporte.

Un caso particular es el de la comunidad Makxawaiya, que recibió 10.000 litros de agua, siendo más de 250 familias, alcanzando apenas 6 litros por cada integrante de una familia de 5 miembros.

El informe relata también que el nuevo acueducto fue noticia, ya que el agua del río Paraguay empezó a llegar al Chaco Central, sin embargo las comunidades tendrán que esperar. Según los planes oficiales, la comunidad urbana Pesempo'o sería la primera en recibir agua, aproximadamente en 15 días.
También faltan alimentos
"El abastecimiento de alimentos sigue siendo un reto para las comunidades, en donde se resiente el golpe económico generado por la fuerte disminución de actividades durante las primeras fases de la cuarentena" menciona la organización. Cabe recordar que las comunidades han sido asistidas solo en una ocasión por parte de la SEN desde el inicio de la pandemia.

La marisca (cacería y recolección) sigue siendo un complemento importante de alimentos en este periodo, aunque la sequía también afecta esta actividad. Esta actividad se desarrolla dentro de las tierras comunitarias, como dentro de otras propiedades privadas. La pesca en los tajamares proporciona también un aporte, pero en este periodo se reporta que muchos tajamares ya no tienen agua.

Tierraviva desde el inicio de la cuarentena viene realizando un monitoreo permanente de 99 comunidades indígenas mediante contactos quincenales con los líderes, referentes y promotores de salud de las comunidades. Mediante esta tarea se ha logrado identificar las necesidades más urgentes de las comunidades y gestionar asistencia para las mismas ante el Estado.

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La falta de asistencia obliga a indígenas a pagar precios elevados por agua - Tierraviva

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La fuerte sequía que afecta al Chaco paraguayo, sumada a la falta de asistencia adecuada por parte del Estado, golpea duramente a las comunidades indígenas, miles de familias se encuentran imposibilitadas de acceder a agua potable y deben recurrir a utilizar sus escasos recursos económicos para adquirir el líquido vital de proveedores privados que en ...

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Así también, el 52% de la población indígena se haya económicamente activa, frente a un 45% que representa a la población económicamente inactiva; las actividades económicas más desarrolladas son aquellas que guardan relación con el sector primario (80,5%), seguido de un 9,5% que se dedica al sector terciario y un 6,9% al sector secundario (DGEEC, 2014).

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Es importante considerar que cada familia indígena decide en qué momento ingresan los niños y niñas a la escuela teniendo en cuenta las leyes y los códigos culturales de su comunidad.

A l observar la situación de analfabetismo de la población indígena por sexo, existen diferencias significativas; la tasa de hombres que sabe leer y escribir es de 74,6%, mientras que la tasa de mujeres es de 59,1%, dando como resultante que el 25,4% de los hombres no sabe leer y escribir, mientras que en las mujeres indígenas este porcentaje llega al 40,8% (DGEEC-EPH, 2017).

Promedio de años de escolaridad de la población indígena de 15 años y más de edad, según sexo.

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2019)

Constitución de la República del Paraguay. (1992). Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2014). III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Fernando de la Mora.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2013). Fortalecimiento de la educación inicial en escuelas indígenas urbanas. Asunción.

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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El derecho de los Pueblos Indígenas a la educación

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En Paraguay, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC (2014), la población indígena está compuesta por 19 pueblos que pertenecen a 5 familias lingüísticas (Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú), cada una con sus propias culturas, sus co...