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Dylan gutierrez, mauricio decherchi, máximo orellano 

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Dylan gutierrez, mauricio decherchi, máximo orellano 

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https://youtu.be/hgik7aPxLz8?si=HiMERXfeKHvS2Ii3

https://laciudadavellaneda.com.ar/ferraresi-en-avellaneda-siempre-vamos-a-tener-las-banderas-de-memoria-verdad-y-justicia/

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La madrugada del martes 4 de enero de 1977 fue calurosa. Muchos vecinos combatían el calor en las puertas de sus casas sobre la calle Rosetti entre Aldecoa y Diaz en la barriada de Piñeiro del fabril Partido de Avellaneda. Otros aprovechaban las vacaciones y hacían sobremesa al aire libre en el Club Regatas a pocos metros de la zona. La monotonía de la noche se quebró de repente y los presentes recordaron el horror que se vivía en el país.

Personal del ejército y de la policía bajaron de los vehículos que los trasladaban y a los gritos hicieron meter a la gente adentro de sus casas. Se ayudaban con las puntas de sus armas cortas y largas. "Recuerdo esa noche, tenía 7 años y me shockeó, estábamos de unos amigos y desde la calle se escuchaban gritos ordenando que apaguemos las luces de las casas, por la edad no entendía qué era lo que sucedía, pero jamás me lo borré de la mente", relata Andrés Sorrento décadas después.

"Yo tenía 13 años y me acuerdo perfectamente de esa noche. Estaba con mis viejos y un grupo de gente cenando en el club de Regatas y de repente se sintieron tiros en medio del silencio habitual del barrio a esa hora. Quedamos todos paralizados y al rato cuando empezamos a reaccionar, ante las preguntas de los chicos los adultos respondieron de la manera en que lamentablemente se acostumbraba: debían ser ladrones o terroristas, que mejor ni enterarse y otras cosas por el estilo", dice Eduardo Cornelli.

La oscuridad se apoderó entonces del largo paredón de los Talleres Metalúrgicos San Martín (TAMET) sobre la empedrada calle Rosetti, una empresa metalúrgica que fue la más grande de Sudamérica. Mientras los hombres de las fuerzas represivas realizaban la tarea de despejar la calle de testigos molestos, los vehículos se apostaban en las esquinas creando una ratonera.

"Yo estaba con mi viejo en la esquina de Rosetti y Díaz, frente al conventillo de Mangiamorti, en la puerta de la carpintería que había justo en la esquina. Estábamos parados en la ochava, en la puerta, charlando con el dueño de esa casa. Y aparecen unos camiones y veo gente correr ahí por Rosetti, a unos treinta o cuarenta metros mío y unos milicos que aparecen cerca nos gritan: ¡Métanse adentro, vamos! Y nosotros nos metimos adentro, ¿qué íbamos a hacer? Pero por la mirilla de esa puerta yo vi lo que pasó. Habían soltado a unos jóvenes que habían traído en un camión allá en la esquina de Rosetti y Aldecoa, los pibes corrieron para acá pero de este lado ya había otros milicos que les cerraron el paso y les empezaron a tirar con todo, cuando estaban sobre el paredón de la Tamet", relató Osvaldo Lofrede.

A veces la curiosidad puede más que el miedo. Lofrede no fue el único testigo oculto. "Estaba trabajando en mi taller porque tenía que entregar un trabajo al otro día, sin falta. Escuché ruidos en la calle y tal vez ya algún tiro, en esos segundos no me di cuenta del peligro porque en vez de refugiarme, salí a la vereda. Y apenas salgo, un policía que me enfrenta y me dice: ¡ Métase adentro! ¡Adentro! Y yo entré pero subí y desde la ventana de arriba seguí mirando. ¿Ve ahí en esa canaleta? Ahí remataron a la piba ésa. Justo ahí. En la esquina con Díaz había un patrullero, cerrando el paso de los que soltaron desde Aldecoa. Serían cinco o seis", asegura Luis Aveyra, otro testigo presencial de los hechos.

Rafael Barone estaba detenido en la comisaría 2ª de Piñeiro por un delito común cuando ingresaron a esa dependencia policial un grupo de jóvenes en carácter de detenidos. Los presos comunes fueron liberados y él volvió para su casa, casualmente ubicada en Rosetti y Díaz, donde más tarde escucharía los gritos y el tiroteo. "Tiren, tiren hijos de puta, que ya las van a pagar, gritó una de las pibas y comenzaron los tiros sobre el paredón", cuenta Barone. "Eran los mismos pibes que unas horas antes habían metido en la comisaría y a una de las pibas que todavía estaba viva la remataron", asegura Barone.

"A los cinco cuerpos los tiraron en un camión jaula que tenía un cartel que decía Sustancias Alimenticias, lo vi, dio la vuelta en u frente a mi casa. No me olvidé más de esa noche. Fue tremendo", asegura, años después, Aldo Giordano, otro vecino testigo de los hechos., que ese día venía de jugar al fútbol en la canchita de la Sociedad de Fomento de Francisco Pienovi.

Los cuerpos fueron enterrados horas más tarde como NN en el sector 134 del cementerio municipal de Avellaneda, este sector era una fosa común utilizada por la dictadura. Los asesinatos fueron presentados a la población por el comando de la Zona 1 a través de un estereotipado comunicado de prensa oficial publicado en los medios gráficos nacionales. "Siendo aproximadamente la 01.45 mientras las fuerzas legales realizaban un patrullaje sorprendieron a un grupo de personas de ambos sexos en actitudes sospechosas en la calle Rosetti entre Aldiocoa (SIC) y Coronel Díaz de la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Al intentar identificarlos, los delincuentes subversivos enfrentaron a las fuerzas del orden con armas de fuego, generándose por tal motivo un intenso tiroteo. Como consecuencia del mismo fueron abatidos cinco delincuentes subversivos, tres hombres y dos mujeres, cuya identidad se procura. En poder de los mismos se encontraron tres revólveres y dos pistolas de distinto calibre, gran cantidad de panfletos subversivos y envases de pintura en aerosol que los delincuentes tenían para pintar leyendas alusivas a la banda mencionada en paredes cercanas al lugar de los hechos. En las Fuerzas Legales, un oficial recibió heridas de carácter reservado". "Todo mentira, -dice Giordano- la policía escribió en las paredes frente al paredón, cosas como viva Perón y Montoneros después de que los habían fusilado".

El barrio no fue el mismo. La sangre derramada y girones de carne de los cuerpos cocidos a balazos regaron baldosas y adoquines. Los usuarios de la feria franca que se montaba sobre Rosetti los sábados por la mañana fueron testigos de las consecuencias de los balazos que habían escuchado unos días antes. El paredón acribillado y lo demás. El tiempo, la lluvia y los perros borraron las huellas pero no la memoria.

El titular de la comisaría 2ª era el comisario José Santiago Rodríguez y estuvo a cargo de la misma desde junio de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1977. La comisaría estaba ubicada a unas pocas cuadras de los hechos, precisamente en la avenida Rivadavia 186. Por su parte, Rodríguez había prestado funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús, ubicada en la calle 12 de octubre 234 y en la que funcionó el Centro Clandestino de Detención denominado El Infierno. Luego Rodriguez trabajó en la comisaría 8ª de La Plata, donde también funcionó otro Centro Clandestino de detención. Según, el informe Nunca Más, realizado por la Conadep, Rodríguez fue alcanzado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En los libros del Cementerio se acredita el ingreso de los 5 cuerpos de los asesinados en la calle Rosetti el 4 de Enero de 1977. Se afirma en los mismos que pertenecían a dos hombres y tres mujeres. También registra que fueron inhumados en esa necrópolis y puntualmente en el sector Morgue, es decir, en el Sector 134 bajo las actas de defunción con el número 32,33,34,35 y 36 que se encuentran en el registro civil local. De las mismas, se desprende que el médico que certifica las muertes es el doctor Roberto Luis Cafferata. El médico certifica que murieron por una hemorragia interna aguda; no menciona balas ni heridas. Se asegura que se ignoran nombres, domicilios y cualquier otro dato de los fallecidos y que intervino la Comisaría 2º. Finalmente, al pie de cada acta hay una descripción de cada víctima; sexo, altura, peso y un detalle de la ropa que vestía cada uno y sus edades aproximadas: todos veinteañeros salvo una de las muchachas de la que sugieren que podría tener 35 años.

El denunciante de los hechos fue Carlos Ricardo Szenasi que manifiesta domiciliarse en B. Rivadavía 186. Szenasi era policía de la 2ª y fue exonerado de la policía de la Provincia de Buenos Aires el 29 de septiembre de 2004 cuando se desempeñaba como comisario inspector de la Policía departamental de San Isidro. El decreto de pase a retiro firmado por el entonces Ministro de Seguridad, León Arslanián, argumentaba la medida: falta de eficacia en el desempeño y por estar involucrados en causas penales. Consecuencia de la impunidad. El Intendente de Avellaneda era el coronel retirado del Ejército Carlos D´Elia, del arma de Caballería, formado en Campo de Mayo.

Con la identificación de el último de los cuerpos en 2015, el Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer a La Voz de Piñeiro los nombres de todas las víctimas asesinadas en el paredón de Rosetti. Se trataba de hombres y mujeres que habían sido vistos en el Centro Clandestino de Detención Brigada Güemes, ubicado en La Matanza y a cargo de la policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo responsable era el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Se trataba de las siguientes personas:

Ana María Woichejosky fue secuestrada en la plaza San Martin de la Capital Federal el 7 de noviembre de 1976 a los 43 años de edad. Trabajaba como artesana y vivía en San Telmo. Sus restos en fueron identificados en diciembre de 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Fue asesinado en la madrugada del 4 de enero de 1977 en este paredón de Rosetti, entre Aldecoca y Díaz. Militaba en el Frente Revolucionario 17 de octubre.

María Cristina Lanzillotto fue secuestrada en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1976 a los 29 años de edad. Sus restos fueron identificados en febrero de 2006 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. María Cristina había nacido en La Rioja y fue asesinada en la madrugada del 4 de enero de 1977 en este paredón de Rosetti, entre Aldecoca y Díaz. Militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Carlos Benjamín Santillán fue secuestrado en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1976 a los 31 años de edad. Sus restos en fueron identificados en diciembre de 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Carlos había nacido en Santiago del Estero y fue asesinado en la madrugada del 4 de enero de 1977 en este paredón de Rosetti, entre Aldecoca y Díaz. Militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Julio Di Gangi fue secuestrado en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 25 de octubre de 1976 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, a los 34 años de edad. Sus restos en fueron identificados en diciembre de 2015 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Julio había nacido en Pergamino y fue asesinado en la madrugada del 4 de enero de 1977 en este paredón de Rosetti, entre Aldecoca y Díaz. Era peronista y representante gremial del Sindicato del Mosaico.

María Inés Assales fue secuestrada en la Capital Federal entre el 22 y el 23 de agosto de 1976 a los 23 años de edad. Sus restos en fueron identificados en marzo de 2010 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. María Inés había nacido en Córdoba y fue asesinada en la madrugada del 4 de enero de 1977 en este paredón de Rosetti, entre Aldecoca y Díaz. Militaba en la Organización Comunista Poder Obrero.

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La madrugada del martes 4 de enero de 1977 fue calurosa. Muchos vecinos combatían el calor en las puertas de sus casas sobre la calle Rosetti entre Aldecoa y Diaz ...

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El 26 de junio de 1980 fueron quemados en baldío de Sarandí 24 toneladas de cultura y memoria nacional, dos años antes un grupo de inspectores municipales habían secuestrado varios de miles de libros, revistas, enciclopedias y discos de marcada ideología marxista y leninista.

A raíz de ese hecho se lo abrió una causa judicial a la editorial por infracción a la ley de seguridad nacional más conocida como "ley anti subversiva" como Boris spivacow había denunciado la desaparición de los ejemplares entonces, por orden judicial, la policía ordenó que la editorial mande una fotografía que registre el momento del incendio para que quedara testimonio que "la policía argentina quema no roba"

(Piñeiro, Mónaco, aldavez, hermoso)

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Decherchi, Gutiérrez y Orellano

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Aylin Piñeiro, Valentina Aldavez, Ramiro monaco, Diego Hermoso

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La Noticia 1 | Encontrá las últimas noticias del día

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La dictadura cívico militar de 1976 fue un plan sistemático que secuestró, torturó y asesinó a miles de personas pero además intentó borrar todo pensamiento disidente para formatear a la sociedad argentina. Un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina fueron quemados el 26 de junio de 1980 en un baldío de Sarandí, Avellaneda.
Centro Editor de América Latina
El Centro Editor de América Latina (CEAL) fue una editorial argentina fundada en 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, por Boris Spivacow. Se caracterizaba por difundir escritores de la talla de Beatriz Sarlo, Anibal Ford y David Viñas, entre otros, a precios económicos y accesibles. Fue pionero en ingresar literatura y estudios africanos dentro de Argentina.

En 1974 la Triple A secuestró y asesinó a un trabajador del CEAL, Daniel Luaces. Era un presagio de lo que vendría años después.

Co la llegada de la dictadura militar en 1976, la cultura se convirtió en "peligrosa", y entonces, escritores, artistas, poetas, editores, pedagogos, periodistas e intelectuales, pasaron a ser potenciales "subversivos".
"La policía argentina quema, no roba"
El 26 de junio de 1980 fueron quedamos en un baldío de Sarandí 24 toneladas de cultura y memoria nacional. Dos años antes un grupo de inspectores municipales había secuestrado "varios centenares de miles de libros, revistas y enciclopedias y discos de marcada ideología marxista-leninista".

A raíz de ese hecho se le abrió una causa judicial a la editorial por infracción a la Ley de Seguridad Nacional, más conocida como "ley antisubversiva". Como Boris Spivacow había denunciado la desaparición de los ejemplares. Entonces, por orden judicial, la policía ordenó que la editorial mande un fotografia que registre el momento del incendio para que quedara testimonio que "la policía argentinaquema, no roba".

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Spivacow relató esa jornada: "Fuimos caminando al lado del camión que se llevaba los libros. Los policías armados hasta los dientes, ridículamente vestidos para hacer una fogata que se negaba a arder. Si hubo una cierta alegría ese día fue que los libros no se quemaban. Vino uno de los policías a pedirnos plata para comprar nafta... Lo único que nos faltaba, que le diéramos plata a esos tipos para que quemaran los libros...".

Los libros quemados habían sido clasificados previamente como "material cuestionable". Había colecciones de La Historia presente, La Nueva Enciclopedia del Mundo Joven, La Historia del movimiento obrero, Transformaciones, entre otras.

En la historia argentina hay que retroceder a 1943 para encontrar registros de quema de libros. En ese entonces, otro golpe militar (Rawson, Ramirez, Farrell) derrocaron al presidente Ramón Castillo y quemaron los libros de las editoriales comunistas del país. Esta práctica fue realizada tambien por el regimen Nazi conducido por Adolf Hitler.

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Exterminar la cultura: Hace 42 años la dictadura militar quemaba 24 toneladas de libros en Avellaneda

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En 1980, un baldío de Sarandi fue el escenario donde se incineraron un millón y medio de ejemplares pertenecientes al Centro Editor de América Latina. Para demostrar que los libros no habían sido hurtados, los encargados de prender fuego, pidieron que un fotógrafo registre el momento bajo el argumento que "la policía argentina quema, no roba".

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Aylin Piñeiro, Valentina Aldavez, Ramiro monaco, Diego Hermoso

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Aylin Piñeiro, Valentina Aldavez, Ramiro monaco, Diego Hermoso 

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Aylin Piñeiro, Valentina Aldavez, Ramiro monaco, Diego Hermoso 

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26/06/2020

La dictadura se propuso controlar, clausurar o bien silenciar todos los espacios, vaciarlos de sentido, buscando eliminar cualquier voz considerada opositora o simplemente crítica. La represión se llevó a cabo sobre las personas y sobre las ideas. Hace 40 años, en un baldío de Sarandí (partido de Avellaneda), la Policía Bonaerense cumplía la doble orden judicial: incinerar a plena luz del día millones de ejemplares del Centro Editor de América Latina y registrar fotográficamente el momento ya que, "la policía argentina quema, no roba".

Miles de libros y fascículos de diferentes colecciones del CEAL (Centro Editor de América Latina)
acumulados para cumplir la orden judicial. Serán quemados por parte de la Policía Bonaerense. 26/06/1980.

Foto: Ricardo Figueira.

La cultura como campo de batalla

La represión instrumentada a partir del golpe de Estado de 1976 se propuso eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción (militante, política, social, gremial, sindical, armada, educativa) que intentara disputar el poder o pudiera interpretarse como un cambio de signo no capitalista.

En efecto, la dictadura y sus cómplices civiles aspiraban a rediseñar regresivamente la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva la cultura fue una preocupación clave, estratégica. Fue considerada un campo de batalla, ya que se observaba en ella un terreno propicio para la "infiltración subversiva", "la acción disolvente y antinacional", "la destrucción de valores" a partir de la cual, según este diagnóstico, se produciría el "contagio" del cuerpo social.

En ese contexto, ciertos libros y la práctica de la lectura se volvieron "sospechosos" y "peligrosos". Muchos fueron perseguidos, censurados, prohibidos por su "ilimitada fantasía", por sus finales abiertos, por su "simbología confusa", porque "afecta(ba) la seguridad nacional", por sus "ideas disolventes", por ser "inmorales", por "ofender la moral pública", por su "finalidad de adoctrinamiento"...[1] entre otras consideraciones.

Escritores, artistas, poetas, editores, pedagogos, periodistas e intelectuales, todos pasaron a ser potenciales "subversivos". Es decir: el accionar represivo buscó operar tanto sobre las personas como sobre las ideas. Una aceitada maquinaria burocrático-represiva se puso en funcionamiento diseminando la lógica del terror, la sospecha e incluso la delación.

Como afirman (y demuestran) en su insoslayable investigación Hernán Invernizzi y Judith Gociol: "De un lado estaban los campos de concentración, las prisiones y los grupos de tareas. Del otro, una compleja infraestructura de control cultural y educativo, lo cual implicaba equipos de censura, análisis de inteligencia, abogados, intelectuales y académicos, planes editoriales, decretos, dictámenes, presupuestos, oficinas... Dos infraestructuras complementarias e inseparables desde su misma concepción".[2]

"La quema" - Revista Haroldo | 1

Miles de libros del CEAL ardiendo. Fue en un baldío de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. 26/06/1980.

Foto: Ricardo Figueira

La experiencia del CEAL

Hablar del Centro Editor de América Latina es aludir a "uno de los proyectos más generosos e importantes de difusión de la cultura universal, latinoamericana y argentina"[3] y a su creador, Boris Spivacow, hijo de inmigrantes rusos, matemático, "un laburante de la cultura"[4] quien luego de renunciar a la dirección de EUDEBA (como consecuencia de la intervención Universitaria y represión de la dictadura del Gral. Onganía en las Facultades en la denominada "Noche de los bastones largos" en julio de 1966) comienza a darle forma al proyecto del Centro Editor. Corría septiembre de 1966.

El eslogan del CEAL, "Más libros para más", era una reformulación del de EUDEBA ("Libros para todos"). Lo hacía en el mismo sentido, apuntando a la divulgación y la formación del público lector.

La estrategia consistió en editar libros con precios accesibles ya que para él, "el libro era una necesidad básica, de modo que debía costar menos que un kilo de pan".[5]

Se suman a esto, otras decisiones editoriales que irán dándole forma e identidad al proyecto: "la edición de fascículos, la venta en los kioskos antes que en las librerías, la distribución en todo el país, la diversidad temática, la amplitud de públicos, la calidad de los contenidos, el tono de divulgación de los textos".[6]

De esta forma comienzan a publicarse las distintas Colecciones: los Cuentos de Polidoro, la Historia del movimiento obrero, Siglomundo, Nueva Enciclopedia del Mundo Joven, Los cuentos del Chiribitil.

"La quema" - Revista Haroldo | 2

El camión Bedford descargando los libros para su posterior incineración.
Amanda Toubes (en aquel momento una de las editoras del CEAL) es quien aparece en la escena.
De Ricardo Figueira (el otro testigo) se observa la sombra de su cabeza al momento de sacar la foto. 26/06/ 1980.

Foto: Ricardo Figueira

La quema

Luego de atravesar situaciones de censura durante la dictadura de Juan Carlos Onganía,[7] sufrir en 1974 el secuestro y asesinato por parte de la Triple A de Daniel Luaces,[8] en diciembre de 1978 un grupo de inspectores municipales encontraron en un local de compra-venta de papel ubicado en Avellaneda, "varios centenares de miles de libros, revistas y enciclopedias y discos de marcada ideología marxista-leninista", procediendo al secuestro de varios ejemplares y a la detención de los operarios.[9]

Con posterioridad a la clausura se realizó un Informe de Inteligencia analizando el material y clasificándolo en "no cuestionable" ("sin desviaciones ni exaltaciones políticas") y en "cuestionable" (aquellos que hacen "apología del sistema marxista" y en los que se "magnifican hechos revolucionarios en el mundo".[10]

Esto motivó que se le abriera una causa a la Editorial en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del Dr. Gustavo de la Serna por presunta infracción a la Ley 20.840 (Ley Nacional de Seguridad -conocida como "Ley antisubversiva"-)[11] por publicar y distribuir "libros subversivos". La policía detuvo a varios empleados y clausuró sus depósitos.

Luego de marchas y contramarchas, en marzo de 1980 finalmente Spivacow fue sobreseído de la causa. El fallo explicitaba que no quedaba fehacientemente demostrado que la intención del Centro Editor hubiese sido el de "alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación" pero determinaba que se fijaba el plazo de un mes para convertir en rezago el material secuestrado.[12] Los libros debían ser destruidos.

Es interesante aquí recuperar el relato del propio Spivacow ya que permite entender el porqué del registro de la incineración:

"Como en un juicio previo yo había denunciado la desaparición de libros y fascículos, la policía quiso librarse de toda sospecha y se nos ordenó (...) que mandáramos un fotógrafo para que quedara el testimonio de que los libros eran quemados, no robados".[13]

Las fotografías fueron incorporadas a la causa como constancia del accionar policial, lo que permitió que quedara el registro del proceder inquisitorial de la dictadura.

"Chiquito, hay que mandar un fotógrafo", cuenta Figueira que, como jefe archivista y documentalista, le pidió Spivacow. Decidió no enviar a nadie, sino ir él.

"Yo no fui a hacer arte ni fotoperiodismo. Fui a cumplir la orden de un juez, mayor retirado del ejército, que pidió que los propios damnificados fotografiasen la destrucción de su trabajo", recordará décadas después.

La carga y el traslado de las 24 toneladas de libros, fascículos desde el depósito de la calle Agüero (y O'Higgins) al baldío situado en Sarandí (en Ferré entre Agüero y Lucena) se realizó en dos viajes en un camión volcador Bedford.

Entre los volúmenes incinerados estaban cantidades de colecciones de La Historia presente, La Nueva Enciclopedia del Mundo Joven, La Historia del movimiento obrero, Transformaciones...

"Ese 26 de junio de 1980 fue un día plomizo. Acompañé a Ricardo (Figueira) porque el juez dispuso que hubiera testigos y él vino a sacar fotos", recordó Amanda Toubes, quien por aquellos años dirigía la Nueva Enciclopedia Mundo Joven. "Yo fui su asistente mientras él documentaba nuestra propia mudez".[14]

"Fuimos caminando al lado del camión que se llevaba los libros. Los policías armados hasta los dientes, ridículamente vestidos para hacer una fogata que se negaba a arder. Si hubo una cierta alegría ese día fue que los libros no se quemaban. Vino uno de los policías a pedirnos plata para comprar nafta... Lo único que nos faltaba, que le diéramos plata a esos tipos para que quemaran los libros...".[15]

"La quema" - Revista Haroldo | 3

Notas

[1] Las expresiones corresponden a los Decretos o Resoluciones de prohibición y/o a Informes de Inteligencia sobre La torre de cubos (Laura Devetach), Un elefante ocupa mucho espacio (Elsa Bornemann), Ganarse la muerte (Griselda Gambaro), El Duke (Enrique Medina), Feiguele y otros relatos (Cecilia Absatz), La ultrabomba (Mario Lodi), El pueblo que no quería ser gris y La línea (ambos de Beatriz Doumerc-Ayax Barnes).

[2] Invernizzi, Hernán - Gociol, Judith: Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires, EUDEBA. 2002.

[3] González, Horacio: "Centro Editor: la Ilustración desplegable". En Gociol, Judith: Más libros para más. Colecciones del Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. Ediciones de la Biblioteca Nacional. 2007.

[4] Definición de Aníbal Ford citada por Gociol, Judith: op. cit.

[5] Gociol, Judith: ídem.

[6] Gociol, Judith: ídem.

[7] En 1970 se le secuestraron 165.000 fascículos de la enciclopedia Siglomundo. La historia documental del siglo XX y nunca más se volvieron a ver. Véase Rozemberg, Laura: "La hoguera sagrada". Página 12. 24 de marzo de 1994.

[8] Véase Montes, Graciela: "Amigos". En 30 Ejercicios de memoria. A treinta años del golpe. Buenos Aires. EUDEBA-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2006.

[9] Véase Invernizzi, Hernán - Gociol, Judith: Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires, EUDEBA. 2002.

[10] Ídem.

[11] "Será reprimido con prisión de tres a ocho años el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación". Ley Nº 20.840. Septiembre de 1974.

[12] Invernizzi, Hernán - Gociol, Judith: ídem.

[13] Rozemberg, Laura: "La hoguera sagrada". Página 12. 24 de marzo de 1994.

[14] Roffo, Julieta: "Una placa señala el lugar donde la dictadura quemó 1,5 millón de libros". Clarín. 27 de junio de 2013.

[15] En La quema de libros en Sarandí. Los testigos. Producido por Alejo Moñino.

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Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

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La dictadura se propuso controlar, clausurar o bien silenciar todos los espacios, vaciarlos de sentido, buscando eliminar cualquier voz considerada opositora o simplemente crítica. La represión se llevó a cabo sobre las personas y sobre las ideas.

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Aparentemente no hay lugar más seguro que el que se vuelve habitual. Las calles del barrio, la cuadra de la casa, el edificio donde se vive, el vecino del departamento, la puerta de entrada al hogar. Es así como también los lugares más extraños, los hábitos menos frecuentes, los espacios más llamativos, se disfrazan de cotidianos. Eso explica cómo un cementerio, por ejemplo el de Avellaneda, sólo puede inquietar al fulano que no es de Villa Corina. Y también es cierto que un portón, un paredón al que se le suman policías y militares en sus vehículos y con armas, pueden volverse parte del paisaje. Pero no es menos verdadero que para algunos, una noche basta para dejar marcados recuerdos que jamás pasarán inadvertidos.

"A mí lo que me diferencia con mis hermanos, es haber estado esa noche y tener memoria de lo que pasó", arranca Karina Manfil, 40 años después de haber sobrevivido a la noche trágica en donde un grupo de tareas conformado por policías de civil y militares ingresó en el departamento de su familia, en el tercer piso de la torre seis en Villa Corina, y mató a tres adultos que militaban en Montoneros y a un chico de 9 años. "Estábamos comiendo fideos con tuco y mirando El Planeta de los simios en la tele. Y después nos fuimos a acostar", comienza el relato Karina.

En la vivienda dormían en una de las habitaciones Carlos Manfil con su mujer Angélica Zárate y su hijo de seis meses, Cristian. En otro cuarto, estaba la pareja integrada por Rosario Ramírez y José Vega, mientras en la pieza del medio descansaban los hijos de ambos matrimonios: los hermanos Carlos y Karina de nueve y cuatro años, y Marcela y Adolfo de nueve y once años, respectivamente.

"Eran las dos menos cuarto de la mañana, ( Nota de la R: del 27 de octubre de 1976) entraron tirando cosas, gritando y disparando", recuerda Karina Manfil. "Mi hermano se para en la cama, para mirar por la ventana y ver qué pasaba. Cuando apoya la mano en el marco, literalmente le vuelan la cabeza", dice y agrega: "Yo sentí hasta cierta culpa de quedar con vida. Mi hermano Carli tuvo mucho que ver, se cayó arriba mío y me cubrió".

Lo que puede parecer negligencia por parte de los oficiales que efectuaron los disparos, se despeja cuando Karina rememora una situación crucial: "Los genocidas entraron a la pieza disparando, se metieron debajo de la cama y siguieron, hasta le tiraron al ropero. Se escuchaba el grito de las madres pidiendo que no tiren, y no le daban bola. Entró otro y preguntó quién dio la orden,´acá hay sólo chicos´, y el que estaba disparando se dio vuelta y le dijo cállate, la orden la dio (Ramón) Camps".

Durante la ráfaga de balas, Karina fue herida en una de sus piernas, Adolfo también fue baleado en sus extremidades, y Marcela recibió una bala en el brazo y otra en el pulmón. Los chicos fueron llevados al Hospital Presidente Perón de Avellaneda donde quedaron internados bajo custodia militar. A los hijos de Vega, que fue el único de los mayores que logró escapar, se les negaba la medicación y les tocaban las heridas para lograr obtener información sobre el paradero de su papá.

Además, a la abuela materna de los Manfil le dijeron que Cristian, el bebé de seis meses, había muerto en la balacera, cuando en realidad había sido secuestrado por personal de la Comisaría 4° de Avellaneda y recuperado 3 días después por Luisa López, madrina de Karina. "Se lo devolvieron, cosa rara. Yo supongo que hubo una negociación que a los tipos le interesó, porque mi madrina tenía una posición económica bastante importante", agrega.

Graciela, la mayor de los Manfil, tenía en aquel entonces 12 años y no se encontraba en el departamento con sus padres y hermanos; había sido llevada a la casa de su abuela paterna cuatro días antes por decisión de su papá Carlos, previendo lo que luego sucedería. Ella recuerda hoy, a sus 51 años: "Ese día vivimos una locura, mi hermana internada, mi hermanito que no estaba con nosotros porque se lo habían llevado, 'Carli' asesinado, nuestros padres también. Es algo que uno después de todo este tiempo se pregunta cómo llegamos hasta acá, porque el día a día fue muy duro".

Los restos de Carlos, su mujer Angélica y "Carli" fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una de las tres fosas comunes del cementerio de Avellaneda, en el sector 134, perteneciente a la morgue policial, en donde se hallaron 336 cuerpos. Del total de los restos encontrados, sólo 120 pudieron ser identificados.

Entre ellos, el de los Manfil, que fue el primer caso en donde se utilizó una muestra de ADN para una causa de lesa humanidad. Hernán Bravo, historiador y trabajador del Espacio para la Memoria en el Municipio de Avellaneda, investigó el rol que ha tenido en particular el cementerio de esta localidad en la desaparición de los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Antes de la dictadura militar, la morgue policial tenía muy poco funcionamiento, como indica el historiador: "Empiezan a ver más registros, ingresos de N.N. casi todos los días y con una característica atípica, que el promedio de edad baja de los 25 años".

Para ingresar los cuerpos, los militares entraban por el portón de la morgue que se encontraba sobre la calle lateral, Oyuela, evitando la puerta principal que se ubica sobre una Crisólogo Larralde. Además, en el interior del cementerio se construyó un paredón de tres metros, para aislar al sector 134 con el fin de que no se visualizara el inhumación de los cuerpos.

Villa Corina fue una zona militarizada durante la dictadura militar por la función que tuvo el cementerio. Luis Velázquez, que era vecino de la zona en la época de la masacre, recuerda que su abuelo y uno de sus tíos, que habían trabajado durante toda su vida en el lugar, le llegaron a comentar que los militares "hacían preparar las fosas por los empleados mismos, y después sacaban a todo el mundo y ahí tiraban los cuerpos. Si un trabajador quedaba dentro, lo amenazaban con lastimar a su familia, a tal punto que después de todos los años que pasaron seguían con miedo a hablar."

En la calle Oyuela, frente al sector 134, se encuentran unos monoblocks desde donde se podían observar los movimientos dentro del cementerio. Antonio Cáceres, vecino que vive todavía en uno de estos edificios, recuerda: "Cuando caían con los camiones abrían el portón y te hacían volar, se paraban en dirección a las torres y no se podía mirar lo que estaban haciendo, si abrías una ventana te mandaban para adentro en seguida. Acatabas o iban a tu casa y te pateaban la puerta y entraban". Cáceres, que era un niño en esa época, señala sobre las descargas que realizaban: "Uno veía que bajaban como si fuesen bolsas de papa, los tiraban para abajo, hacían un pasamano y los mandaban adentro."

Algo parecido recuerda otro vecino, Elvio Taboada, que reconoce que con frecuencia veía que se bajaban cuerpos. En una oportunidad, cuando tenía seis años, pasaba por la puerta lateral del cementerio con su mamá y vieron que "había un cuerpo con una panza gigante, yo era chico y pensé que era un borracho. Después me di cuenta que era una mujer embarazada con un vestido blanco. Cuando nos acercamos, un soldado le dijo a mi vieja que pasara rápido y que no miráramos".

La causa judicial por el asesinato de la familia Manfil, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. El proceso está en la instancia de declaraciones testimoniales desde hace dos años, a la espera del pedido de instrucción para elevar el caso a juicio. A 40 años de la muerte de su familia, Graciela Manfil expresa su pesar: "Es duro que la causa no avance, que hayan salido varios juicios y que el nuestro esté ahí, en veremos. Los genocidas están muy grandes ya." Su hermana Karina, por su parte, reclama apoyo: "Me gustaría que la gente de Avellaneda aportara un poco más de fuerza por el tema del juicio. Yo la escuchaba a la compañera Emilce Moler, que no se la tiene en mente como sobreviviente de la Noche de los Lápices. Ella dice que es desaparecida doblemente de la democracia. Me parece que mis viejos y mi historia también".
Actualizado 25/10/2016

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Aparentemente no hay lugar más seguro que el que se vuelve habitual. Las calles del barrio, la cuadra de la casa, el edificio donde se vive, el vecino del departamento, la puerta de entrada al hogar. Es así como también los lugares más extraños, los hábitos menos frecuentes, los espacios más llamativos, se disfrazan de cotidianos.

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Fusilamientos en Racing: “Es necesario que todos sepan que pasó en febrero de 1977” | Abri La Cancha

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En los primeros meses de 1976 y por orden del intendente de facto de entonces, el coronel Marcelo D´elía, se construyó un muro de tres metros de alto y unos 30 de largo entre el paredón de la calle Oyuela y el cementerio con el objetivo de aislar al sector donde funcionaba la morgue y que no quedara al descubierto las cosas que allí sucederían. El sector se denominó con el número 134. Se colocó un portón que permitía evitar la entrada principal y tener una entrada independiente sobre la misma calle Oyuela. Este sector del cementerio lindaba con los monoblock de Villa Corina, un complejo de viviendas sociales construido en 1974, que albergaba a familias de trabajadores.

El director del cementerio era Alberto Benegas. Ocupó el cargo desde el 5 de mayo de 1976 hasta el 31 de julio de 1978 cuando fue reemplazado por Alfredo Yavico. Las llaves del sector 134-Morgue fueron entregadas al personal de la comisaría 4° de Sarandí y de la Unidad Regional II Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en la calle 12 de Octubre 234 de Avellaneda, donde ya funcionaba el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "El Infierno".

Con el área, de unos 300 metros cuadrados, aislada y lindera a la morgue, se comenzó la tarea de ocultamiento de las víctimas durante los primeros meses de 1976. Los empleados del cementerio recibían la orden de cavar fosas de 2 metros de ancho, 4 de largo y dos de profundidad que se denominan vaqueras. Las vaqueras eran fosas comunes. Las vaqueras eran cavadas durante el día. Según declaraciones de personal del cementerio de Avellaneda, entre 1976 y 1978, las vaqueras se realizaban cada 20 o 25 días. Por la madrugada, camiones policiales y del ejército traían los cuerpos que iban a parar a las vaqueras. Los vehículos entraban de culata por la calle Oyuela.

Para realizar este proceso, tanto el Cementerio como la zona de Villa Corina fueron militarizadas. De noche, cuando se hacían los traslados, los vecinos debían apagar las luces, de lo contrario los militares disparaban contra los edificios. "Había desplazamientos del ejército, de la policía por el barrio controlando las calles Agüero, Centenario Uruguayo, y calles internas de los monoblock. Veíamos operativos, escuchábamos tiros y comenzaban, a los pocos meses del golpe, a entrar camiones dentro del sector de la morgue del Cementerio. Nosotros un par de veces lo pudimos ver", afirmó en una entrevista Francisco Peralta, vecino de la zona y ex director del cementerio ya en democracia.

En los libros del cementerio quedaron registrados los ingresos de los cuerpos NN, casi todos ellos fusilados en simulacros de enfrentamientos. El procedimiento consistía en sacar de los centros clandestinos de detención del circuito Camps a grupos de detenidos desaparecidos con la excusa de trasladarlos. Ya en la calle, se buscaban lugares más o menos alejados de grandes concentraciones urbanas, se los bajaba de los vehículos en los que eran trasladados y se los asesinaba a balazos. Luego eran ingresados como NN al cementerio y el primer cuerpo del ejército emitía un comunicado donde se daba cuenta del enfrentamiento y la cantidad de "subversivos abatidos" y era publicado sin modificaciones por los medios de comunicación de la época.

Un trabajador municipal que solicitó que no se publicara su nombre contó que muchas veces se escuchaban los quejidos de los fusilados que luego se desangraban en la morgue. "De alguna manera me siento cómplice por no haber hecho nada, pero que podía hacer yo con lo que estaban haciendo, incluso mucho tiempo sentí que me seguían, no sé si lo hacían realmente o era la culpa", afirmó en una entrevista para este informe.

En 1984, nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para investigar los restos humanos que comenzaron a descubrirse en los diferentes cementerios del país y que se suponía pertenecían a los ciudadanos detenidos desaparecidos. El EAAF es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que desde entonces se dedica a la búsqueda e identificación de los cuerpos sin nombre encontrados como resultado del terrorismo de Estado. Se formó como consecuencia de que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y la organización de las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron la asistencia de Eric Stover, director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.

La investigación del EAAF determinó tras el trabajo de exhumación que los destinos de las víctimas del terrorismo de Estado fueron esencialmente tres: enterramientos clandestinos como NN en cementerios municipales; enterramientos clandestinos en Centros Clandestinos de Detención o áreas militares y el arrojarlos al Río de la Plata.

El EAAF comenzó en octubre de 1986 a trabajar en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda por orden de la justicia para buscar los restos de Rafael Perrota, director del Diario El Cronista Comercial, quien fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires en julio de 1977. Se trabajo en un área de 2 metros cuadrados. Allí no se encontró el cuerpo de Perrota, pero sí los de otras 11 personas. Lo que se creía era una fosa individual resultó ser una fosa colectiva. Los esqueletos no tenían ropa, no se hallaron restos de cajones, los cadáveres estaban a pocos centímetros de distancia, además, se encontraron 13 proyectiles.

Entre los 11 cadáveres encontrados inicialmente se logró identificar a María Mercedes Hourquebie de Francese, quien tenía 77 años al momento de su secuestro realizado en La Plata el 3 de noviembre de 1977. Fue vista por una detenida desaparecida en el CCD denominado La Cacha y ubicado en ciudad de La Plata.

El EAAF retoma su trabajo en el sector 134 del cementerio Municipal de Avellaneda en junio de 1987. Esta vez por orden judicial, se busca el cuerpo de María Teresa Cerviño. La búsqueda comprende la totalidad del sector 134, alrededor de 300 metros cuadrados. Los trabajos de excavación duran hasta 1992. Los resultados fueron el hallazgo de la fosa común más grande de las halladas hasta el momento.

Se encontraron en total restos de 336 personas (59 mujeres). La mayoría menores de 35 años y con disparos en la cabeza. Los cuerpos estaban distribuidos en 19 vaqueras y 18 fosas individuales del sector 134.

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Sector 134: una fosa común de la dictadura en el Cementerio de Avellaneda - #ElNumeral

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Documento del Espacio Municipal de la Memoria sobre el sector 134: En los primeros meses de 1976 y por orden del intendente de facto de entonces, el coronel Marcelo D´elía, se construyó un muro de tres metros de alto y unos 30 de largo entre el paredón de la calle Oyuela y el cementerio con [...]

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El 22 de febrero de 1977, la cancha de Racing fue un paredón de fusilamiento. Las Fuerzas Conjuntas acribillaron a seis personas en el sector de las boleterías del estadio Presidente Perón. Nadie vio nada, nadie dijo nada nunca, hasta el año pasado. En mayo de 2016, Rafael Barone fue citado como testigo para declarar en la causa del Primer Cuerpo del Ejército por un hecho similar. Como al pasar, contó que junto a Omar Orestes Corbatta, que vivía en la pensión de Racing, vieron una noche "varias personas muertas, afuera de la cancha, con tiros. No había personal militar ni de ningún tipo". No hubo repreguntas en sede judicial sobre el relato Barone. Sólo el reflejo de su testimonio en el libro "Corbatta, el wing", donde el periodista Alejandro Wall retrata la vida del crack.

A Barone le encanta hablar y tiene mil historias fascinantes para contar. Pero de esto no había hablado nunca. Ni siquiera con Corbatta. "Al otro día ni comentamos. ¿Qué íbamos a comentar? En ese tiempo era prohibido comentar las cosas", dice hoy.

Las Fuerzas Conjuntas, sin embargo, sí cumplieron en informar. Un acta elevada por Jorge Héctor San Félix, jefe de la Sección Regional Lanús de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) narra: "Que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 01.40 horas, en circunstancias que fuerzas conjuntas recorrían la zona de Avellaneda, al llegar a la calle Colón, entre Alsina e Italia de ése medio, observan que varias personas se hallaban pintando leyendas subversivas, referentes al grupo autodenominado 'Montoneros' en las paredes del estadio de Racing Club, allí ubicado. Que al impartírseles la voz de detención, los individuos contestaron con un cerrado fuego de armas automáticas, siendo apoyados por los ocupantes de tres automóviles que se hallaban en las inmediaciones. Que de inmediato es repelida la agresión por las fuerzas orden, entablándose un nutrido tiroteo, por espacio de treinta minutos, y que deja como saldo, seis de los delincuentes extremistas muertos, mientras los restantes en número de seis, se dan a la fuga en tres automóviles con las siguientes características: un Peugeot 504 de color oscuro, otro mediando de color rojo, del cual se ignora marca y un Chevrolet 400, de color gris oscuro, cuyos ocupantes cubren su retirada a balazos. En el lugar se secuestró una ametralladora sistema "Pam", con dos cargadores, una pistola calibre 45 mm, con marca y número limados, dos revólveres calibre 38 y tres granadas de guerra sin detonar, además un tarro de pintura negra y pincel. Que entre las fuerzas regulares no se produjeron bajas ni heridos. Que respecto a los extremistas abatidos, trátase de cuatro N.N. masculinos y dos N.N. femeninos, siendo tres de los masculinos muy jóvenes, de una edad que oscila entre los 18 y 22 años de edad y el cuarto de unos 45 años, y en cuanto a las mujeres, ambas muy jóvenes, también de unos 18 a 24 años de edad. Procúrase identificación." (sic).

Los enfrentamientos inventados para blanquear los muertos de la dictadura fueron moneda corriente por entonces, tanto en las fuerzas represivas como en los medios de comunicación. Si bien es notable el uso de adjetivos y la intención de verosimilitud en cuestiones incomprobables -si alguien hubiese querido comprobar algo- la trama del relato se vuelve endeble en un dato que se repite en los fusilamientos disfrazados y que los militares no tuvieron siquiera la intención de ocultar: murieron todos los "elementos subversivos" y de su parte, ni un rasguño.

No existió la misma prolijidad en registrar las muertes. Si bien hay actas de defunción de Lanús -donde la misma tarde del 22 de febrero Ramón Camps encabezó un acto para "honrar a los agentes y a los caídos en cumplimiento de su deber"- no se asienta el ingreso de los cuerpos en el Cementerio de Avellaneda. Esto no es raro porque el sector 134, creado durante la dictadura, estuvo siempre bajo absoluto control policial, con entrada exclusiva y personal propio que anotaba los ingresos de NN según su antojo. De ese sector, sin ningún tipo de estructura más que paredes para encerrar la fosa común, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó, entre 1988 y 1992, un total de 336 esqueletos. Restan muchísimos por identificar.

Era una práctica sistemática simular traslados de detenidos desaparecidos desde los centros clandestinos de detención, para matarlos. A pocas cuadras de la cancha de Racing, estaba la Brigada de Investigaciones de Lanús, hoy Espacio de la Memoria de la Municipalidad de Avellaneda, conocido como "El Infierno". Fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó entre 1976 y 1978 y desde el cual se efectuaban los famosos "traslados", según sobrevivientes. Es probable que los fusilados hayan ido del Infierno a Racing.

No queda nadie en el club que pueda decir si vio impactos de balas en las paredes de las boleterías, en las de enfrente o dónde. Tampoco hay registros del personal ni demasiada información de esa época. De hecho, no es muy conocida la historia de la desaparición de Horacio Rodríguez Larreta (padre), presidente de Racing por ese entonces. Fue secuestrado por las mismas fuerzas conjuntas en el invierno de 1977, junto al Tuco Paz -que había sido canciller de Perón- y al periodista Mariano Montemayor. Todo fue un "error" de los militares que descubrieron algún vínculo entre Rodríguez Larreta y David Graiver y creyeron que el presidente de Racing podría estar vinculado a Montoneros. Estuvo tres días en el Pozo de Banfield, presenciando sesiones de tortura a Lidia Papaleo de Graiver, hasta que el propio Camps le pidió "disculpas" y lo legalizaron por unas horas, antes de dejarlo en libertad justo para que su ausencia no fuera pública y notoria.

Racing en el '77, como tantas veces en su historia, estuvo ligado a la Historia.

Cuarenta años después, con un solo testigo del hecho ya consumado y sin más datos precisos, parece imposible la identificación de los fusilados en Racing. Las dos mujeres eran jóvenes y tres de los hombres también, como la mayoría de los 30.000. Pero hay un hombre de 45 años, aproximadamente, según el acta policial. El porcentaje de desaparecidos de esa edad es muy bajo. Tal vez esté ahí la clave para identificar al primero de los fusilados en Racing. Tal vez, esa identificación abriría otros caminos para seguir encontrando.

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Los fusilamientos de la cancha de Racing | Se cumplen cuarenta años de una masacre poco conocida de la dictadura militar

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Un testigo en la causa del Primer Cuerpo contó el año pasado de los muertos que había visto una noche en las afueras del estadio junto a Omar Corbatta. Hay un acta policial que confirma seis muertes ocurridas en un supuesto "enfrentamiento".

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La comisión directiva del Racing Club, uno de los equipos más importantes de la primera división de fútbol argentino, deberá responder en breve a una propuesta que busca concretar un homenaje permanente a seis víctimas fusiladas en su estadio el 22 de febrero de 1977 por represores de la última dictadura.

El hecho ocurrió en la parte exterior del estadio "Presidente Perón", en Avellaneda. Por ello, un proyecto elaborado por Micaela Polak, periodista y socia de Racing, propone pintar allí un mural de homenaje a las víctimas de aquellos crímenes.

Polak supo de la historia cuando leyó el libro Corbatta, el wing, de su colega Alejandro Wall. La obra relata la vida de Oreste Corbatta, el Loco, mágico delantero de Racing y la selección de fines de los '50 y '60. Después del retiro, Corbatta cayó en la pobreza y debió vivir en una habitación del estadio. Aquella noche de febrero de 1977 fue testigo de los fusilamientos.
A partir de este dato, Polak comenzó una investigación sobre los crímenes. Aunque aún no pudo saber los nombres de las personas asesinadas, reunió datos y testimonios vitales. Los publicó bajo el título "Seis fusilados en la puerta de mi casa".

¿Por qué ese título?, le preguntamos.
"Vincular ese lugar con la dictadura no hace más que confirmar que todos fuimos víctimas, tengamos o no algún familiar o conocido desaparecido, exiliado o perseguido", explica. "La cancha de Racing es un lugar de mucha pertenencia para mí: voy desde muy chica, con mi abuelo alguna vez, con mi viejo y sus amigos, con mi compañero, con mi hijo ahora. Es mi casa, en algún punto", cuenta. Aquí debe tenerse en cuenta que, además de la simple simpatía en los campos de juego, en Argentina los equipos de fútbol siguen respetando la forma de asociaciones, con directivos electos por sus socios. No son (todavía) empresas privadas.

En su condición de socia, precisamente, Polak presentó ante la comisión directiva del club el proyecto de homenaje. Propuso pintar un mural, con la designación de un artista o un trabajo colaborativo por parte de toda la comunidad del club y la ciudad. También sugirió un trabajo conjunto con la Municipalidad de Avellaneda, cuya gestión sigue siendo kirchnerista y, por ende, mantiene en agenda la reivindicación de los derechos humanos. De hecho, el gobierno local venía trabajando en un proyecto para declarar "espacio de Memoria" el sitio donde se produjeron los fusilamientos.

Se esperaba que la comisión directiva de Racing tratara el proyecto el lunes 30 de abril, pero finalmente no se reunió. La reunión prevista para el jueves 10 tampoco se concretó. Mientras tanto, la propuesta sigue sumando apoyo. Taty Almeida, histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo, solicitó al club que apruebe la iniciativa. Lo hizo en nombre de su hijo, Alejandro, asesinado por la dictadura e hincha de Racing. También se expresaron a favor el ex jugador Hugo Lamadrid y los periodistas Carlos Ulanovsky y Alejandro Wall.

¿El fútbol tiene memoria?, preguntamos a Polak.

"Creo que el fútbol se está despertando a la Memoria- nos responde. Si bien siempre tuvo vinculación con la política por acción u omisión, nuestra generación está rompiendo las barreras que existían. La Coordinadora del Fútbol por los Derechos Humanos es una gran iniciativa en ese sentido. Todos los clubes somos actores sociales y creo que lo estamos empezando a entender así. Como la hinchada de Chicago cantaba la marcha peronista cuando estaba prohibida, ahora se canta contra el presidente. Hoy no lo pueden prohibir, aunque quisieron. También estuvo presente en las canchas el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, contra el 2×1 de la Corte que pretendía liberar a los represores y cada 24 de marzo los clubes expresan su voluntad de Memoria, Verdad y Justicia. Puede ser que sea un gesto hipócrita, en algunas comisiones directivas, pero si están obligados a hacerlo es porque los obligamos los socios".

Sería bueno que el proyecto actual se apruebe, sobre todo teniendo en cuenta la historia e identidad de Racing, un club muy ligado a lo popular. Incluso, a la resistencia durante las dictaduras. "Nuestro estadio se llama 'Presidente Perón' y se llamó así durante la dictadura que prohibió siquiera nombrar a Perón", cuenta Polak. Otros trabajos periodísticos recuperan historias como la de Los desaparecidos de Racing, libro de Julián Scher, que cuenta los casos de víctimas del terrorismo de Estado que simpatizaban con la "Academia". Entre ellos, Alejandro Almeida y el gran poeta trotskista Roberto Santoro.

También hincha de Racing era el padre Carlos Mugica, un cura de los barrios populares y funcionario del gobierno de Juan Domingo Perón, asesinado por la organización criminal Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un crimen del que el viernes 11 se cumplieron 44 años.
Por todos ellos, sería un verdadero golazo que Racing haga de su estadio un espacio para mantener viva la Memoria.

Diego Kenis

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Argentina. Un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en el estadio de Racing (por Diego Kenis) - FarodiRoma

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La comisión directiva del Racing Club, uno de los equipos más importantes de la primera división de fútbol argentino, deberá responder en breve a una propuesta que busca concretar un homenaje permanente a seis víctimas fusiladas en su estadio el 22 de febrero de 1977 por represores de la última dictadura.

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https://avellanedahoy.com.ar/tag/29813/Sector%20134

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Los Crímenes de “El Infierno” durante la última dictadura serán juzgados el 7 septiembre | 62 secuestros, torturas, y un homicidio en lo que fue la Brigada de Investigaciones de Lanús

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Se sentarán al banquillo de los acusados ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, los ex comisarios de la policía provincial Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Rómulo Ferranti y el ex agente de esa fuerza, Miguel Ángel Ferre…

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Una hinchada con memoria

Un mural recuerda a las víctimas de un fusilamiento de las fuerzas conjuntas durante la última dictadura cívico-militar en las inmediaciones de la cancha de Racing y a metros de la Sede España.

"Ponerle luz a lo que la dictadura quiso borrar del mapa", fue la consigna del colectivo Memoria Racinguista.
Foto: Mario Martínez.

Por Federico Frau Barros

En 1977, Leonardo Parafita tenía 21 años y recién se había recibido de profesor de educación física. La madrugada del 22 de febrero estaba en su casa, a metros del estadio de Racing, y escuchó disparos que venían de la calle. Corrían los primeros 11 meses de la última dictadura cívico-militar argentina. "No pudimos salir a ver en el momento, era muy peligroso", dice. Por la mañana fue con su padre al lugar de los hechos. No había vainas de balas ni cuerpos, pero vieron los agujeros que dejaron los disparos sobre una pared de la cancha.

Hoy, Leonardo es docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Durante décadas no supo nada más sobre lo que sucedió esa madrugada hasta que este año se enteró que un grupo de hinchas de Racing pintaría un mural para recordar a las víctimas. Y durante este tiempo no sólo Leonardo no supo nada sobre lo que sucedió el 22 de febrero de 1977 frente al estadio de Racing, sobre la calle Colón, sino toda la sociedad. Gracias a una investigación de la periodista Micaela Polak realizada en 2017 se sabe que esa noche seis personas fueron fusiladas en un operativo de las fuerzas conjuntas. Al día de hoy se desconoce la identidad de las víctimas.

La investigación nació luego de que Polak leyera el libro "Corbatta, el wing" sobre la vida de Oreste Corbatta, histórico futbolista de Racing, escrito por el periodista Alejandro Wall. En el libro aparece la declaración de un amigo de Corbatta, Rafael Barone, como testigo de un acontecimiento de características similares en el marco de la causa conocida como Causa Primer Cuerpo de Ejército. Allí comentó que una noche, al volver con Corbatta a la pensión del club donde éste vivía, vieron cadáveres baleados sobre una pared. Las autoridades judiciales no indagaron ni hicieron ninguna pregunta al respecto cuando le tomaron testimonio.

Además de esa declaración de 2016 de Barone, el único documento sobre lo ocurrido esa madrugada es el acta de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de aquel entonces, rescatada por Wall. "Siendo aproximadamente las 01.40 horas, en circunstancias que fuerzas conjuntas recorrían la zona de Avellaneda, al llegar a la calle Colón, entre Alsina e Italia, observan que varias personas se hallaban pintando leyendas subversivas, referentes al grupo autodenominado 'Montoneros' en las paredes del estadio de Racing Club, allí ubicado. Al impartírseles la voz de detención, los individuos contestaron con un cerrado fuego de armas automáticas, siendo apoyados por los ocupantes de tres automóviles que se hallaban en las inmediaciones. De inmediato es repelida la agresión por las fuerzas del orden, entablándose un nutrido tiroteo, por espacio de treinta minutos, y que deja como saldo seis de los delincuentes extremistas muertos".

42 años después, un grupo de hinchas de Racing se reunió para pintar esas mismas paredes. "Ponerle luz a lo que la dictadura quiso borrar del mapa", fue la consigna del colectivo Memoria Racinguista. El pasado sábado 23 de marzo, una semana antes de que Racing se consagrara campeón del fútbol argentino, se realizó el mural que busca recordar a las víctimas y exigir justicia y esclarecimiento por sus asesinatos. En el mural se puede ver a una madre de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco en la cabeza, el brazo estirado y el puño apretado. Detrás de ella están los cuerpos de los fusilados y, por delante, una pelota manchada con sangre. Al lado, junto a la fecha de la masacre, se lee en letras negras cargadas de memoria: "Los fusilados de Racing".

Mayo 2019 | Edición #74

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Una hinchada con memoria Un mural recuerda a las víctimas de un fusilamiento de las fuerzas conjuntas durante la última dictadura cívico-militar en las inmediaciones de la cancha de Racing y a metros de la Sede España. Por Federico Frau Barros En 1977, Leonardo Parafita tenía 21 años y recién se había recibido de profesor de educación física.

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El Infierno Espacio Municipal de la Memoria. Ex-centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Avellaneda

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Racing no hace Memoria: el silencio del club ante los fusilamientos de la dictadura en su estadio | Agencia Paco Urondo

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Aylin Piñeiro, Valentina Aldavez, Ramiro monaco, Diego Hermoso.

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Quema de Libros en Avellaneda: 26 de Junio de 1980

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El 26 de junio de aquel año aparecieron por O´ Higgins y Agüero (hoy Crisólogo Larralde), Sarandí, soldados y jerarcas militares en sus camiones. La escena fue dantesca, insultante. Allí estaba el depósito de la Editorial Centro Editor de América Latina, una de las más importantes del país.

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Info 4 : grupo: Falcon, Hermosilla, escortechini, Quispe, Ojeda 

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Info 4 : grupo: Falcon, Hermosilla, escortechini, Quispe, Ojeda 

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Una lucha histórica de los hijos de los obreros desaparecidos en la planta de Molinos Río de la Plata

En la madrugada del 7 de julio de 1976, a la hora del ingreso de trabajadores del turno mañana de la empresa Molinos Río de la Plata, tres camiones del Ejército se estacionaron en la planta de Avellaneda. Comenzaron a llevarse trabajadores, muchos de los cuales aún hoy están desaparecidos. Todos formaban parte o eran cercanos a la comisión interna y fueron duramente perseguidos por su actividad gremial. En total hay 60 trabajadores que fueron detenidos entre el '76 y el '78 en la empresa. Casi 47 años después, fue detenido Emilio Parodi, director general y jefe de personal de Molinos durante la dictadura militar por hechos de lesa humanidad. En el marco de la causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores.

En esos años, la relación de la empresa con algunos de sus trabajadores fue de persecución, según las denuncias de la causa. El General Juan Domingo Perón había denunciado al grupo Bunge & Born, propietario de Molinos, como parte de los grupos económicos que provocaban desabastecimiento de productos de primera necesidad. Los trabajadores de la empresa se hicieron eco de las denuncias y crearon "brigadas de control de precios" dentro de la planta para frenar las políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Empresas y dictadura

"Desde antes de la dictadura militar, los trabajadores denunciaron amenazas, golpizas y hasta secuestros por unas horas dentro de la planta. Con la dictadura, los reclamos de los trabajadores terminaron en secuestros y desapariciones", señaló el informe Empresas y dictadura.

El detenido Emilio Parodi tiene 82 años y es investigado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por el secuestro de 23 trabajadores. El directivo que trabajó en la empresa hasta mediados de la década del '90, negó su participación. Dijo que creía recordar a dos o tres víctimas, pero se comprometió a aportar nuevos datos. Mientras tanto quedó con detención domiciliaria en su departamento de la avenida Maipú en Vicente López.

Su testimonio es valioso porque es uno de los pocos directivos de la empresa identificado por la Justicia que aún está con vida. El ex ministro de Economía de Carlos Menem, Néstor Rapanelli fue uno de los directivos de Molinos que se había pedido indagar, pero murió en 2021 en silencio. Según los testimonios de la causa, Parodi es señalado como el nexo entre los vigiladores de la empresa y las fuerzas de seguridad responsables de las privaciones ilegales. Según los testimonios de los trabajadores, Parodi era quien entregaba las listas o presionaba a los trabajadores para que se fueran de la empresa.

La abogada Lucía de La Vega, coordinadora de la clínica jurídica del CELS, le dijo a BAE Negocios: "La detención es por llamado a indagatoria, es el primer avance de la responsabilidad civil del grupo Bunge & Born en colaboración con las fuerzas de seguridad de la última dictadura. Hay pedidos por varios directivos más de Molinos Río de la Plata. Parodi es indagado por 23 casos, pero hay 60 trabajadores desaparecidos, según el informe de Empresas y dictadura. El secuestro del trabajador Juan Francisco Fernández, es impulsado por su hija Analía. El 7 de julio de 1976, fichó su ingreso en la empresa y de ahí adentro se lo llevaron y desapareció".

Crímenes de lesa humanidad

El juez tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal del detenido. La causa fue impulsada por hijas e hijos de los trabajadores desaparecidos que en 2013 presentaron la denuncia. Analía Fernández es una de las hijas más activas y junto a tres hijos iniciaron las demandas, después de un trabajo de hormiga que incluyó una gran investigación. "Sin el impulso de los hijos hubiera sido imposible avanzar en esta causa, buscaron durante años a los compañeros de sus padres, para recabar testimonios y rearmar la historia. Para ellos es un gran logro, que los responsables civiles sean indagados, ahora esperamos con ansías el procesamiento y que sean llevados a juicio", señaló Pablo Llonto, abogado de la hija de Juan Francisco Fernández.

No es la primera vez que una empresa tiene personal involucrado en crímenes de lesa humanidad. El caso de Ledesma en Jujuy, la empresa de Carlos Blaquier, Mercedes Benz, La Veloz del Norte y el de Ford, se suman a la lista que incluye a directivos que ayudaron a denunciar trabajadores, que luego fueron desaparecidos.

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Detuvieron al jefe de personal de Molinos Río de la Plata durante la dictadura

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En julio de 1976, desde adentro de la planta de Avellaneda fueron secuestrados y desaparecidos un gran número de trabajadores, entre ellos el padre de una de las querellantes. Emilio Parodi, es indagado por la desaparición de 23 obreros de la planta. Hubo 60 detenciones entre 1976 y 1978

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En los primeros meses de 1976 y por orden del intendente de facto de entonces, el coronel Marcelo D´elía, se construyó un muro de tres metros de alto y unos 30 de largo entre el paredón de la calle Oyuela y el cementerio con el objetivo de aislar al sector donde funcionaba la morgue y que no quedara al descubierto las cosas que allí sucederían. El sector se denominó con el número 134. Se colocó un portón que permitía evitar la entrada principal y tener una entrada independiente sobre la misma calle Oyuela. Este sector del cementerio lindaba con los monoblock de Villa Corina, un complejo de viviendas sociales construido en 1974, que albergaba a familias de trabajadores.

El director del cementerio era Alberto Benegas. Ocupó el cargo desde el 5 de mayo de 1976 hasta el 31 de julio de 1978 cuando fue reemplazado por Alfredo Yavico. Las llaves del sector 134-Morgue fueron entregadas al personal de la comisaría 4° de Sarandí y de la Unidad Regional II Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en la calle 12 de Octubre 234 de Avellaneda, donde ya funcionaba el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "El Infierno".

Con el área, de unos 300 metros cuadrados, aislada y lindera a la morgue, se comenzó la tarea de ocultamiento de las víctimas durante los primeros meses de 1976. Los empleados del cementerio recibían la orden de cavar fosas de 2 metros de ancho, 4 de largo y dos de profundidad que se denominan vaqueras. Las vaqueras eran fosas comunes. Las vaqueras eran cavadas durante el día. Según declaraciones de personal del cementerio de Avellaneda, entre 1976 y 1978, las vaqueras se realizaban cada 20 o 25 días. Por la madrugada, camiones policiales y del ejército traían los cuerpos que iban a parar a las vaqueras. Los vehículos entraban de culata por la calle Oyuela.

Para realizar este proceso, tanto el Cementerio como la zona de Villa Corina fueron militarizadas. De noche, cuando se hacían los traslados, los vecinos debían apagar las luces, de lo contrario los militares disparaban contra los edificios. "Había desplazamientos del ejército, de la policía por el barrio controlando las calles Agüero, Centenario Uruguayo, y calles internas de los monoblock. Veíamos operativos, escuchábamos tiros y comenzaban, a los pocos meses del golpe, a entrar camiones dentro del sector de la morgue del Cementerio. Nosotros un par de veces lo pudimos ver", afirmó en una entrevista Francisco Peralta, vecino de la zona y ex director del cementerio ya en democracia.

En los libros del cementerio quedaron registrados los ingresos de los cuerpos NN, casi todos ellos fusilados en simulacros de enfrentamientos. El procedimiento consistía en sacar de los centros clandestinos de detención del circuito Camps a grupos de detenidos desaparecidos con la excusa de trasladarlos. Ya en la calle, se buscaban lugares más o menos alejados de grandes concentraciones urbanas, se los bajaba de los vehículos en los que eran trasladados y se los asesinaba a balazos. Luego eran ingresados como NN al cementerio y el primer cuerpo del ejército emitía un comunicado donde se daba cuenta del enfrentamiento y la cantidad de "subversivos abatidos" y era publicado sin modificaciones por los medios de comunicación de la época.

Un trabajador municipal que solicitó que no se publicara su nombre contó que muchas veces se escuchaban los quejidos de los fusilados que luego se desangraban en la morgue. "De alguna manera me siento cómplice por no haber hecho nada, pero que podía hacer yo con lo que estaban haciendo, incluso mucho tiempo sentí que me seguían, no sé si lo hacían realmente o era la culpa", afirmó en una entrevista para este informe.

En 1984, nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para investigar los restos humanos que comenzaron a descubrirse en los diferentes cementerios del país y que se suponía pertenecían a los ciudadanos detenidos desaparecidos. El EAAF es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que desde entonces se dedica a la búsqueda e identificación de los cuerpos sin nombre encontrados como resultado del terrorismo de Estado. Se formó como consecuencia de que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y la organización de las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron la asistencia de Eric Stover, director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.

La investigación del EAAF determinó tras el trabajo de exhumación que los destinos de las víctimas del terrorismo de Estado fueron esencialmente tres: enterramientos clandestinos como NN en cementerios municipales; enterramientos clandestinos en Centros Clandestinos de Detención o áreas militares y el arrojarlos al Río de la Plata.

El EAAF comenzó en octubre de 1986 a trabajar en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda por orden de la justicia para buscar los restos de Rafael Perrota, director del Diario El Cronista Comercial, quien fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires en julio de 1977. Se trabajo en un área de 2 metros cuadrados. Allí no se encontró el cuerpo de Perrota, pero sí los de otras 11 personas. Lo que se creía era una fosa individual resultó ser una fosa colectiva. Los esqueletos no tenían ropa, no se hallaron restos de cajones, los cadáveres estaban a pocos centímetros de distancia, además, se encontraron 13 proyectiles.

Entre los 11 cadáveres encontrados inicialmente se logró identificar a María Mercedes Hourquebie de Francese, quien tenía 77 años al momento de su secuestro realizado en La Plata el 3 de noviembre de 1977. Fue vista por una detenida desaparecida en el CCD denominado La Cacha y ubicado en ciudad de La Plata.

El EAAF retoma su trabajo en el sector 134 del cementerio Municipal de Avellaneda en junio de 1987. Esta vez por orden judicial, se busca el cuerpo de María Teresa Cerviño. La búsqueda comprende la totalidad del sector 134, alrededor de 300 metros cuadrados. Los trabajos de excavación duran hasta 1992. Los resultados fueron el hallazgo de la fosa común más grande de las halladas hasta el momento.

Se encontraron en total restos de 336 personas (59 mujeres). La mayoría menores de 35 años y con disparos en la cabeza. Los cuerpos estaban distribuidos en 19 vaqueras y 18 fosas individuales del sector 134.

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Sector 134: una fosa común de la dictadura en el Cementerio de Avellaneda - #ElNumeral

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Documento del Espacio Municipal de la Memoria sobre el sector 134: En los primeros meses de 1976 y por orden del intendente de facto de entonces, el coronel Marcelo D´elía, se construyó un muro de tres metros de alto y unos 30 de largo entre el paredón de la calle Oyuela y el cementerio con [...]

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Info 3 : grupo: Falcon, Hermosilla, escortechini, Quispe, Ojeda 

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Info 3 : grupo: Falcon, Hermosilla, escortechini, Quispe, Ojeda 

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En una habitación cerrada con candado dentro de la planta que la compañía Molinos Río de la Plata tiene en Avellaneda se guardaron por casi cinco décadas legajos laborales del personal que trabajó allí entre 1975 y 1983 y que fue perseguido, secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar. El nuevo grupo que compró la compañía a Bunge & Born halló los expedientes y los puso a disposición de la Justicia, que ahora deberá evaluar si esa documentación prueba la complicidad empresarial con el sistema represivo.

"Esto es prueba nueva a analizar y será importante ver qué dicen los legajos de las personas que se llevaron de ahí", dijo el abogado Pablo Llonto, querellante en representación de Analía Fernández, Ceferino Mattaboni y Roxana Freitas, familiares de tres trabajadores de la empresa de alimentos secuestrados durante "los años de plomo" y que permanecen desaparecidos.

Esa querella presentó la denuncia con la que se inició la causa judicial que investiga los crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas sus padres y otra veintena de operarios de la planta de Avellaneda. La hipótesis que se analiza en el expediente es que la dirección y el plantel jerárquico de Molinos Río de la Plata entregaron a sus trabajadores a los grupos de tareas de la represión ilegal.

El hallazgo y un gesto

Pérez Companc Family Group adquirió el control accionario de Molinos Río de la Plata en 1999 y poco después de quedarse con la compañía cerró la planta de Avellaneda y la mantuvo inactiva hasta hace pocos meses, cuando inició un proceso para reactivarla.

En agosto de este año, los apoderados de Molinos Río de la Plata, Santiago Vaccaro y Omar Salvi, remitieron un escrito al juez federal Ernesto Kreplak detallándole que el hallazgo de la documentación se produjo un julio. En 2019, el magistrado había encabezado una inspección ocular en el lugar.

"Se tuvo que abrir forzadamente un espacio del cual se carecía la llave para su apertura y al que nadie había entrado en virtud del tiempo transcurrido sin actividad en las instalaciones", puntualiza el escrito en manos de Kreplak.

Salvi y Vaccaro relataron que al ingresar a la habitación que permanecía cerrada "se detectó la presencia de una gran cantidad de documentación relacionada al personal que habría prestado tareas laborales en las instalaciones de dicha planta". También explicaron que entre esa documentación había libros laborales, recibos de haberes, legajos de personal, entre ellos del que "prestaba tareas en la planta entre 1975 y 1983".

Los abogados de la compañía informaron además que "debido al paso del tiempo gran parte de la documentación se encontraba en mal estado" y que la habían trasladado a las oficinas centrales del grupo, en la localidad de Victoria, partido bonaerense de San Fernando.

En este sentido, Llonto ponderó la "predisposición" de la empresa para informar el hallazgo de la documentación y consideró que haberla entregado a la Justicia constituye "un gesto a destacar en épocas en las que se intenta negar lo ocurrido". "Hay empresarios que, frente al negacionismo de Javier Milei, en lugar de esconderse, se ponen a disposición", valoró el abogado de la querella.

Documentación clave

La documentación está contenida en cuatro cajas de cartón grandes y más de diez pilas de carpetas y biblioratos de más de un metro de alto. Inmediatamente después de llegar al Juzgado Federal 3 de La Plata, que investiga el secuestro y la desaparición de 23 obreros de Molinos, se informó que quedó "alcanzada por la medida de no innovar dictada oportunamente" en la planta de Avellaneda.

Llonto recordó que durante la inspección ocular que se llevó a cabo en 2019 "había varios lugares cerrados con candado", pero hasta ahora ninguna de las partes solicitó un allanamiento del predio.

La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Matías Moreno y querellante en la causa, ofreció "los recursos humanos y materiales con que cuenta el Archivo Provincia de la Memoria (APM)" para que el material hallado "pueda ser digitalizado de manera rápida y efectiva".

"Nos parece importante saber bien de qué se trata ese material, pero primero poder tenerlo en custodia y preservarlo para que no vaya a pasarle nada. Hay documentación que se pudo haber perdido, que se puede recuperar con técnicas que conocen los especialistas del centro de documentación del APM", explicó Verónica Bogliano, coordinadora de las querellas de la Subsecretaría.

Un único procesado en la causa

La causa nació en 2013 a raíz de la denuncia de dos hijos y una hija de tres de los 23 trabajadores secuestrados de Molinos Río de la Plata identificados como víctimas, y no tiene miembros de las fuerzas armadas o de seguridad en la mira, solo civiles. Para construir su presentación, los denunciantes contaron con testimonios de compañeros de trabajo de sus padres detenidos desaparecidos.

La justicia federal de La Plata ordenó la detención del ex directivo de Molinos Río de la Plata, Jorge Parodi, quien será indagado en la causa que investiga la responsabilidad de la empresa en la desaparición de trabajadores y trabajadoras durante la última dictadura.

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- Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) July 4, 2023

Así pudieron reconstruir el rol del ex gerente de Personal, Emilio Parodi, el único procesado en el expediente y con prisión preventiva. A Parodi se lo sindica como quien entregó listas de empleados a las fuerzas de seguridad, que luego fueron secuestrados en inmediaciones de la planta de Avellaneda, en sus domicilios o en lugares que solían frecuentar.

La denuncia también logró la reconstrucción de un operativo en la puerta de la planta, en julio de 1976, que implicó la intervención de dos camiones del Ejército en los que fueron "cargados" casi 80 trabajadores enlistados por el entonces jefe de Personal. "Hay que buscar en esos documentos a ver si hay registros de aquel operativo", planteó Llonto.

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Entregan legajos laborales de trabajadores desaparecidos durante la dictadura. La documentación podría contener pruebas sobre el rol del ex gerente de Personal, Emilio Parodi.

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Info 2: grupo: Falcon, Hermosilla, escortechini, Quispe, Ojeda 

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Info 2: grupo: Falcon, Hermosilla, escortechini, Quispe, Ojeda 

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La detención e indagatoria al ex directivo de Molinos Río de la Plata, Jorge Parodi, marcó el primer avance concreto en la causa por la responsabilidad de la empresa cerealera en crímenes de lesa humanidad. Parodi fue jefe de personal y después director general y se encuentra imputado por su participación en el secuestro de 23 trabajadores y trabajadoras.

"Nos produjo una alegría enorme su detención. Parodi era el primero que nombraban los compañeros y familiares sobrevivientes: él era el que los intimaba a renunciar después del golpe de Estado y lo señalan como quien entregó la lista de trabajadores al Ejército", señala a Ceferino Mataboni, hijo de Rubén Mataboni, una de las víctimas de la causa.

La indagatoria demoró más de tres años en realizarse desde que la pidieron las querellas y el Ministerio Público Fiscal y aún queda por avanzar con otros ex directivos que también fueron acusados. En ese tiempo, no sólo fallecieron algunos posibles imputados, como Carlos Alberto Jacobi, quien era presidente de la empresa, y los gerentes Ricardo Canullo y Gonzalo Madero, sino también extrabajadores y familiares de las víctimas.

El avance de la causa coincidió con el 47° aniversario del gran operativo represivo del 7 de julio de 1976, en el que integrantes del Ejército ingresaron a la planta ubicada en Avellaneda para secuestrar a los obreros señalados por la empresa. La fecha marcó uno de los hitos de la represión en Molinos, que había comenzado el 1 de julio con el secuestro de Avelino Freitas y que continuó hasta julio de 1978 con la desaparición o asesinato de 23 obreros, obreras y delegados que habían tenido algún compromiso con las luchas sindicales que se habían dado en Molinos en los años previos.

Ceferino, Analía Adriana Fernández y Roxana Freitas, hijas de Francisco Fernández y de Avelino Freitas, presentaron la denuncia en 2013 para que la justicia federal investigue la responsabilidad de Molinos en estos delitos. "La presentación de la querella fue hace diez años, pero esta búsqueda es de toda una vida. No paré y no pienso parar", reconoce Ceferino. Él nació en julio de 1976, pocos días antes de ese gran operativo de secuestros en la planta de Avellaneda, y tenía apenas 5 meses cuando su padre fue desaparecido.

Rubén Mataboni era trabajador de Molinos y militaba en Montoneros. Lo conocían como "Verdura" y, si bien no integraba la comisión interna de la "Agrupación 17 de octubre" que había ganado la representación en 1973, era el responsable político de muchos de sus integrantes.

Después del golpe de Estado, comenzaron las amenazas para que renunciara, lo que finalmente hizo en mayo de 1976. "Mi vieja se acuerda que a mi papá le dibujaron un ataúd en el casillero, le dejaban flores y balas. Lo mismo le hacían a otros compañeros", contó Ceferino. A partir de ahí, empezó a hacer changas para vivir.

El 3 de diciembre de 1976, Rubén realizaba un trabajo de pintura en un departamento en el barrio porteño de Recoleta junto a su hijo mayor, quien tenía 15 años, y dos ex trabajadores de Molinos Carlos Espíndola y José Luis Salazar. Una patota llegó justo cuando Rubén había salido a encontrarse con Marcos Augusto Vázquez, otro ex delegado de Molinos, pero la cita no se produjo: había sido secuestrado un día antes. Cuando volvió al departamento, se dio cuenta que se había realizado un operativo.

"Mi viejo cruza corriendo, gritando 'mi hijo, mi hijo', y ahí salen los autos que lo estaba esperando y se supone que lo acribillan. Por eso él no es nombrado dentro de los últimos desaparecidos que estaban en el centro clandestino de detención Garaje Azopardo, que eran de Molinos", destaca Ceferino sobre lo que pudo reconstruir. El único sobreviviente de ese operativo fue su hermano mayor, a quien las patotas liberaron después de capturar a su padre.

Las razones de las desapariciones

Molinos Río de la Plata fue fundada por Bunge & Born a comienzos del siglo pasado y se convirtió con los años en una de las principales productoras de harina y aceite del país.

El secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born en septiembre de 1974 fue un punto de inflexión en la relación con los trabajadores. Para su liberación, Montoneros exigió un rescate millonario, el reparto de mercadería y el cumplimiento de una serie de reivindicaciones a favor de los obreros de Molinos y otras empresas del grupo. La participación de algunos trabajadores en el reparto de mercadería y su vínculo con Montoneros los marcó ante la empresa y las fuerzas represivas.

Tras la liberación de los Born, se produjo el ingreso de Parodi a la empresa, que coincide con el incremento de la persecución. A base de represión y persecución, Molinos pudo hacer subir sus ganancias y reducir los "costos laborales". Un informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuraduría General pudo analizar los libros contables de la empresa encontrados en dos allanamientos realizados en 2014 y logró determinar que para 1977 Molinos ya había logrado reducir de un 14% a un 8% el dinero que destinaba para salarios. Sin representación gremial, la diferencia entre los sueldos más altos y los más bajos se duplicó y redujo un 15% la cantidad de trabajadores y trabajadoras.

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La causa por la responsabilidad empresarial de Molinos Río de la Plata en crímenes de lesa humanidad sale de su letargo

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La detención e indagatoria a Jorge Parodi, ex jefe de personal, coincidió con el 47° aniversario del operativo en el que secuestraron a los primeros trabajadores en la planta de Avellaneda. La desaparición de la comisión interna le permitió a la empresa aumentar sus ganancias y reducir sus "costos laborales".

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Sobre la calle 12 de Octubre, a dos cuadras de la Avenida Mitre y a metros de Roca, se encuentra el ex centro clandestino de detención "El Infierno". Avellaneda, como tantos otros lugares, fue parte de aquel momento oscuro de nuestro país y esta huella persiste. La dictadura cívico-militar dejo como resultado 30.000 detenidos-desaparecidos, algo más que un número.

El Infierno funcionó como centro clandestino desde el comienzo del golpe militar hasta el año 77´, pese a no ser de la magnitud de otros centros clandestinos, cumplió un papel fundamental dentro de la ciudad y es por eso que hace apenas dos años fue convertido en el Espacio Municipal de la Memoria.

Nos encontramos con Hernán Bravo para conversar y recorrer este lugar, él forma parte del equipo de trabajo del Espacio Municipal para la Memoria y la promoción de los DDHH- Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "El Infierno"

El Infierno

En este edificio funcionaba la sede de la Brigada de Investigaciones de Lanús (BIL), una dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuyos jefes durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 fueron los comisarios mayores, Ramón Camps y Ovidio Riccheri. La BIL estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la bonaerense que dirigía el comisario general Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por los crímenes cometidos en aquella función. En la pirámide de este aparato represivo estaba el General de División Guillermo Suarez Mason, quien estaba al frente del Primer Cuerpo del Ejército. Echetcolaz tiene relación directa con este lugar, dado que fue vecino de Avellaneda, fue jefe de la brigada y fue comisario de la primera.

La función de El Infierno era ser satélite, no funcionaba como centro clandestino de la envergadura de la Ex ESMA, el Vesubio o Campo de Mayo. Era un depósito de ingreso y de espera hasta que se determinara que iban a hacer con el detenido cuando "ya no les servía más". En aquel momento, la policía estaba dividida en tres áreas: una de seguridad que se encargaba de la prevención y patrullaje, otra de investigación que es la que investiga a las organizaciones de delincuencia, y por último, estaban las de inteligencia, que tuvieron un rol muy importante previo y durante el golpe, ya que eran las que se infiltraban en las organizaciones políticas y gremiales.

"Las brigadas previamente y durante el golpe de Estado funcionaron como centros clandestinos, tenían varias razones: la picana estaba instalada en dependencias policiales desde 1930, era común que cayeras preso y te torturaran. Había un conocimiento en el manejo de una de las principales instrumentos del terrorismo de estado. La otra razón es porque tenían calabozo y la tercera, por un principio de territorialidad. Esta brigada pertenecía al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. Entonces vos a un milico de La Tablada no podías mandarlo a De La Serna y Ezpeleta porque no tiene idea, pero en cambio la brigada si."

En la brigada funcionaba la patota de policías que luego se juntaban con los militares e iban a hacer los secuestros que disponían desde el Regimiento de La Tablada. Ellos recibían la orden, iban a secuestrar a alguien de la zona y lo traían acá para hacer una sesión de tortura inmediata con el objetivo de conseguir información de forma rápida que les permitiera secuestrar a otro. Ese otro podría ser el responsable, el compañero o el que fuere. No los dejaban ahí adentro, los llevaban a otros centros clandestinos "centrales", como puede ser El Vesubio que funcionaba en La Tablada.

"Ahí - en el Vesubio - funcionaba el CRI, Centro de Reunión de Informaciones, que emitía la orden para secuestrar y que es donde torturaban con´conocimiento de causa´. Acá venían pero no tenían mucho dato. Llegaba la orden secuestrar, determinaban el nivel de peligrosidad y ahí desplegaban un determinado operativo. Los familiares de compañeros te cuentan que copaban las casas de alrededores o ingresaban por los techos."

Los detenidos

No hay registros certeros de la cantidad de detenidos que pasaron por el lugar. Los únicos datos dan cuenta desde noviembre del 76´a febrero del 77´, pero de marzo a noviembre, que fue la etapa más dura no hay registro. "Sólo tenemos identificados alrededor de 35 víctimas pero a partir de relato de sobrevivientes. Yo me resisto a hablar de números porque no los conocemos. Según los testimonios, había entre seis y ocho personas por los seis calabozos que hay."

"Nos turnábamos para poder aunque sea sentarnos, porque no había lugar para nada. Allí se nos encapucha por primera vez, se nos ata también no solamente las manos, sino los pies... y las condiciones allí adentro eran muy duras. Allí se recibía agua cada cuatro o cinco días, pasaban una manguera por la mirilla, y bueno, lo que uno pudiera tomar. Y la comida, en los dos meses que yo estuve, recibimos más o menos, no sé si tres o cuatro veces, era alrededor de cada doce o quince días; normalmente era cuando venía la gente del Regimiento de La Tablada , que se nos sacaba, se nos ponía en fila contra la pared de enfrente de los calabozos y con una cuchara nos daban y era una olla, entonces si éramos diez, lo que alcanzaba para diez y si éramos treinta, lo que alcanzaba para treinta", afirmó Nilda Eloy, detenida durante dos meses en la URIIBIL , hasta que fue trasladada a otro CCD el 31 de diciembre de 1976 (Nilda pasó por siete CCDT y E).

Otro detenido que sobrevivió a su secuestro y cautiverio, Horacio Matoso, agregó a la descripción de la BIL : "Arriba, en los calabozos había una pasarela en donde se escuchaba que corrían y que pasaban las personas que cuidaban, los vigilantes. Frente a los últimos dos calabozos estaba el sector de baños con un piletón grande al fondo y una parecita que separaba, en un costado estaba lleno de ropa tirada, bultos de ropa y zapatos. Ahí nos sacaron la ropa. A mí me dejaron con un pantalón, descalzo, sin ninguna ropa acá arriba..."

Del centro clandestino al espacio de memoria:

En el 84´desde la creación de la CONADEP, ya figura este lugar como centro clandestino. A partir de ese momento, hubo aportes de los detenidos que pasaron por El Infierno. Luego, desde el año 98´ cambio el nombre a Dirección Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora (DDI), dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El primer paso se dio cuando en el 2007 se realizó la señalización de este espacio como ex-centro clandestino de detención. "Hasta el 2003 era impensado convertirlo en un espacio de memoria, más allá de que siempre estuvo la intención", nos cuenta Hernán.

A partir de los juicios de la verdad empieza a declarar mucha gente y comenzaron a tener una noción acabada sobre lo que había pasado. La primer tarea en el proceso de recuperación fue justificar lo que había ocurrido para comprender porque debía convertirse en un sitio de memoria. Hasta el 2016 se hacían visitas mientras acá funcionaba la DDI, pero era importante ver la trayectoria de lo que pasó para entender porque seguían eligiendo este lugar.

El correr de los años hizo que no quedaran muchas pruebas o marcas de aquel momento, principalmente porque continuó funcionando como un lugar de detención.

Un cambio de época para los Derechos Humanos

Nos interesa conocer en que estado se encuentra la causa por crímenes de lesa humanidad que se lleva adelante desde el año 2009 y para eso conversamos con Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de Avellaneda. Esa causa, de la cual es representante legal, fue iniciada por Nilda Eloy y Graciela Rosemblaut y tiene como objetivo investigar los delitos cometidos durante el proceso de dictadura dentro del ex centro clandestino.
"Hoy la situación es muy difícil porque evidentemente es un giro a la derecha que ha permitido la lentificación de los juicios, la desarticulación de los espacios con personal idóneo como para poder darle celeridad a estos juicios. En las distintas exposiciones que hemos hecho peleamos para poder extender la prisión preventiva del caso de Miguel Etchecolaz, el principal responsable"
Desde el 2009 al año 2016, el Juzgado lll de La Plata decidió elevar la causa a juicio pero el tribunal que fue sorteado que es el Tribunal Oral Federal ll se declaró incompetente y pide que se encargue el Tribunal Oral Federal l. Ellos negaron y en este caso debe decidir la Cámara de Casación Penal pero hasta el día de hoy no hay novedades. "El resultado es que tenemos a los genocidas libres, porque una prisión domiciliaria equivale a eso y no tenemos lugar donde se vaya a radicar el juicio."
"Hay una decisión de la propia Secretaría de DDHH de la Nación que se junta con Cecilia Pando, que parece no tener que ver en nada con los DDHH. Ellos hoy plantean un hecho, que para mi es sumamente agravante, que es el de la superpoblación carcelaria entonces todos los genocidas a la calle. Entonces si hay superpoblación carcelaria empecemos por las comisarias que es donde la mayoría de los pibes pobres que están ahí están para hacer estadísticas y en ninguno de los casos se va a probar la culpabilidad. No alcanza con que militemos en los barrios los DDHH, alcanza que el Estado nacional, provincial y de forma articulada los municipios nos propongamos garantizar la vigencia de los Derechos Humanos"
Otra de las causas que representa es la de los hermanos Iaccarino a Mauricio Macri y su gabinete de tinte civil y comercial: http://www.revistaanfibia.com/cronica/hermanos-iaccarino-los-patrones-sin-privilegios/

Avellaneda en el Terrorismo de Estado

El Infierno no fue el único lugar donde se sintió de cerca lo que fue el terrorismo de Estado. Entre los canales Sarandí y Santo Domingo fue el escenario de operaciones elegido por el terrorismo de Estado en nuestra ciudad para "blanquear" los cadáveres de los detenidos-desaparecidos. El procedimiento consistía en trasladar a los detenidos en horas de la madrugada hasta algún lugar que reuniera las condiciones, bajar a los detenidos, acribillarlos a balazos, rematarlos y finalmente ingresarlos como NN en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda. Hay registros de fusilamientos con 4 víctimas en Mario Bravo y Cabildo, con 5 en Rosetti entre Díaz y Aldecoa, con 6 en Almafuerte entre Levalle y Montes de Oca, otro con 5 en Ezpeleta y De la Serna , y uno más con 6 en Colón frente a la cancha de Racing Club y más de 30 muertos en los asesinatos producidos en la Costa de Sarandí entre los arroyos Sarandí y Santo Domingo en los que intervino la URIIBIL.

El Cementerio Municipal de Avellaneda, ubicado en Agüero entre las calles Oyuela y San Lorenzo, fue habilitado en 1876. Para entonces, la zona era un descampado alejado del casco urbano. Con los años se fue agrandando hasta alcanzar las 17 hectáreas que ocupa en la actualidad. Para el año 1976, la zona ya no sería un descampado y el cementerio comenzaría a ser un engranaje del aparato del terrorismo de Estado del denominado Circuito Camps. El lugar fue utilizado para ocultar los cuerpos de los detenidos desaparecidos asesinados en diferentes centros clandestinos y en fusilamientos, disfrazados de enfrentamientos

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El Infierno: de centro clandestino a Espacio Municipal de Memoria

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Sobre la calle 12 de Octubre, a dos cuadras de la Avenida Mitre y a metros de Roca, se encuentra el ex centro clandestino de detención "El Infierno". Avellaneda, como tantos otros lugares, fue parte de aquel momento oscuro de nuestro país y esta huella persiste.

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https://www.inforegion.com.ar/2022/04/01/senalizaron-el-sector-134-del-cementerio-de-avellaneda/

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Señalizaron el sector 134 del cementerio de Avellaneda | InfoRegión

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Fue utilizado para enterrar a víctimas de la dictadura como NN.

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Info 1 : grupo: Falcon, Hermosilla,escortechini,Quispe, Ojeda 

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Info 1 : grupo: Falcon, Hermosilla,escortechini,Quispe, Ojeda 

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Una lucha histórica de los hijos de los obreros desaparecidos en la planta de Molinos Río de la Plata

En la madrugada del 7 de julio de 1976, a la hora del ingreso de trabajadores del turno mañana de la empresa Molinos Río de la Plata, tres camiones del Ejército se estacionaron en la planta de Avellaneda. Comenzaron a llevarse trabajadores, muchos de los cuales aún hoy están desaparecidos. Todos formaban parte o eran cercanos a la comisión interna y fueron duramente perseguidos por su actividad gremial. En total hay 60 trabajadores que fueron detenidos entre el '76 y el '78 en la empresa. Casi 47 años después, fue detenido Emilio Parodi, director general y jefe de personal de Molinos durante la dictadura militar por hechos de lesa humanidad. En el marco de la causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores.

En esos años, la relación de la empresa con algunos de sus trabajadores fue de persecución, según las denuncias de la causa. El General Juan Domingo Perón había denunciado al grupo Bunge & Born, propietario de Molinos, como parte de los grupos económicos que provocaban desabastecimiento de productos de primera necesidad. Los trabajadores de la empresa se hicieron eco de las denuncias y crearon "brigadas de control de precios" dentro de la planta para frenar las políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Empresas y dictadura

"Desde antes de la dictadura militar, los trabajadores denunciaron amenazas, golpizas y hasta secuestros por unas horas dentro de la planta. Con la dictadura, los reclamos de los trabajadores terminaron en secuestros y desapariciones", señaló el informe Empresas y dictadura.

El detenido Emilio Parodi tiene 82 años y es investigado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por el secuestro de 23 trabajadores. El directivo que trabajó en la empresa hasta mediados de la década del '90, negó su participación. Dijo que creía recordar a dos o tres víctimas, pero se comprometió a aportar nuevos datos. Mientras tanto quedó con detención domiciliaria en su departamento de la avenida Maipú en Vicente López.

Su testimonio es valioso porque es uno de los pocos directivos de la empresa identificado por la Justicia que aún está con vida. El ex ministro de Economía de Carlos Menem, Néstor Rapanelli fue uno de los directivos de Molinos que se había pedido indagar, pero murió en 2021 en silencio. Según los testimonios de la causa, Parodi es señalado como el nexo entre los vigiladores de la empresa y las fuerzas de seguridad responsables de las privaciones ilegales. Según los testimonios de los trabajadores, Parodi era quien entregaba las listas o presionaba a los trabajadores para que se fueran de la empresa.

La abogada Lucía de La Vega, coordinadora de la clínica jurídica del CELS, le dijo a BAE Negocios: "La detención es por llamado a indagatoria, es el primer avance de la responsabilidad civil del grupo Bunge & Born en colaboración con las fuerzas de seguridad de la última dictadura. Hay pedidos por varios directivos más de Molinos Río de la Plata. Parodi es indagado por 23 casos, pero hay 60 trabajadores desaparecidos, según el informe de Empresas y dictadura. El secuestro del trabajador Juan Francisco Fernández, es impulsado por su hija Analía. El 7 de julio de 1976, fichó su ingreso en la empresa y de ahí adentro se lo llevaron y desapareció".

Crímenes de lesa humanidad

El juez tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal del detenido. La causa fue impulsada por hijas e hijos de los trabajadores desaparecidos que en 2013 presentaron la denuncia. Analía Fernández es una de las hijas más activas y junto a tres hijos iniciaron las demandas, después de un trabajo de hormiga que incluyó una gran investigación. "Sin el impulso de los hijos hubiera sido imposible avanzar en esta causa, buscaron durante años a los compañeros de sus padres, para recabar testimonios y rearmar la historia. Para ellos es un gran logro, que los responsables civiles sean indagados, ahora esperamos con ansías el procesamiento y que sean llevados a juicio", señaló Pablo Llonto, abogado de la hija de Juan Francisco Fernández.

No es la primera vez que una empresa tiene personal involucrado en crímenes de lesa humanidad. El caso de Ledesma en Jujuy, la empresa de Carlos Blaquier, Mercedes Benz, La Veloz del Norte y el de Ford, se suman a la lista que incluye a directivos que ayudaron a denunciar trabajadores, que luego fueron desaparecidos.

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Detuvieron al jefe de personal de Molinos Río de la Plata durante la dictadura

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En julio de 1976, desde adentro de la planta de Avellaneda fueron secuestrados y desaparecidos un gran número de trabajadores, entre ellos el padre de una de las querellantes. Emilio Parodi, es indagado por la desaparición de 23 obreros de la planta. Hubo 60 detenciones entre 1976 y 1978

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Historia Desafectación Hoy Justicia Gestión Contacto HISTORIA En el edificio funcionó la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda, bajo la dependencia de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

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Archivo:Placa conmemorativa al lado del portón del sector 134.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre

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En Rosetti y Aldeoca. Piñeiro. Los Talleres Tamet. 

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En Rosetti y Aldeoca. Piñeiro. Los Talleres Tamet. 

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«A los cinco cuerpos los tiraron en un camión jaula que tenía un cartel que decía Sustancias Alimenticias, lo vi, dio la vuelta en u frente a mi casa. No me olvidé más de esa noche. Fue tremendo» Los cuerpos fueron enterrados horas más tarde como NN en el sector 134

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MAPA DE LA MEMORIA AVELLANEDA - Google My Maps

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Ex gerente de MOLINOS se lo acusa de entregar "listas negras" favoreciendo y facilitando la privación ilegal de la libertad agravada de más de 20 trabajadores de la planta aún desaparecidos.

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La cancha de Racing fue un paredón de fusilamiento. Las Fuerzas Conjuntas acribillaron a seis personas en el sector de las boleterías del estadio Presidente Perón. Nadie vio nada, nadie dijo nada nunca, hasta el año 2016

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En 12 de octubre 234 - Avellaneda Centro

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En 12 de octubre 234 - Avellaneda Centro

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El 26 de junio de 1980 la última dictadura cívico-militar ordenó quemar un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina en un terreno baldío de Sarandí.

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9 fosas comunes con más de 300 restos humanos fusilados en el cementerio de Avellaneda.