# data[].attributes.headline
Grupo Ambrosio, Buitrago, García y Villaneda

# data[].attributes.subject
Grupo Ambrosio, Buitrago, García y Villaneda

# data[].attributes.body
Adjuntamos investigación preliminar sobre el análisis de la resolución 256 de 2018, comentarios de la WWF y elDiario sobre la COP16.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
¿QUÉ SON LOS NBSAP?

Los NBSAP, por sus siglas en inglés, son las estrategias y planes de acción que implementa un país, en este caso Colombia, para avanzar en la protección de diversidad biológica.
Este plan de acción, agrupa iniciativas que permitan conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad, para detener y revertir su pérdida con objetivo al año 2030, permitiendo asegurar un futuro positivo para la naturaleza.
Estas estrategias nacen como el plan de trabajo para cumplir con las metas establecidas en el Marco mundial Kunming-Montreal, el acuerdo histórico alcanzado durante la COP15 y que tendrá su primera revisión en la COP16 que se realizará en Colombia.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible buscamos promover la participación de actores públicos, privados, sociales y comunitarios, para contribuir a la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030.

Participa de nuestros encuentros regionales.

1. Debes haberte registrado previamente para asistir a los encuentros regionales Rumbo a la COP16.

2. El formulario se cerrará automáticamente una vez se haya completado el número máximo de asistentes.

3. Próximamente anunciaremos las nuevas fechas de registro para los próximos encuentros.

El Ministerio de Ambiente ha dispuesto diferentes espacios de participación rumbo a la COP16 con el objetivo de discutir las iniciativas de las comunidades en todas las regiones del país para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia.

Este conjunto de propuestas, conocidas por sus siglas en inglés como NBSAP, son las estrategias y planes de acción que debe implementar cada país que hace parte del Convenio de Diversidad Biológica, en este caso Colombia, para cumplir con las metas establecidas en el Marco mundial Kunming-Montreal, el acuerdo histórico alcanzado durante la COP15 y que tendrá su primera revisión en la COP16 que se realizará en Colombia.

Plan de Acción de Biodiversidad Colombia 2016 -2030

Es la hoja de ruta o instrumento a través del cual se establecen medidas y acciones que se deben implementar en el país el cual contiene entre otras cosas los lineamientos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; el enfoque socioecológico, biodiversidad como fuente, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, Promueve la participación, la gobernanza y el carácter público y colectivo de las decisiones sobre biodiversidad; abordaje conceptual sólido, vigente y adaptable.

Atendiendo los compromisos del Gobierno Nacional de Colombia, como parte del Convenio de Diversidad Biológica y el nuevo marco global de biodiversidad Kumming Montreal actualmente se avanza en un proceso de actualización del Plan de Acción de Biodiversidad 2016 -2030, en este proceso se definirán las acciones encaminadas a generar las condiciones habilitantes y las acciones intersectoriales para fortalecer la gobernabilidad, el ejercicio de la autoridad, la capacidad de seguimiento y trazabilidad, así como al involucramiento de actores sociales para la gobernanza de la biodiversidad.

El proceso de actualización está orientado por las cuatro apuestas priorizadas para la interpretación nacional de las 23 metas del Marco Global en los contextos regionales:

Integración y coherencia intersectorial para la gestión territorial de la biodiversidad y la acción climática, como determinantes de la planificación y el ordenamiento

Busca generar una visión integrada del territorio que refleje coherencia intersectorial en la planificación y gestión territorial, las acciones estarán encaminadas a armonizar y ofrecer medios y opciones innovadoras para la planificación y gestión intersectorial conjunta en áreas preservadas y transformadas.

Impulso a la transformación del modelo productivo hacia la sostenibilidad, la revalorización de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios

Busca que los sectores de desarrollo reconozcan y comprendan la importancia de la biodiversidad para su propio funcionamiento y prosperidad, integrándola en los procesos de sus actividades económicas, para su adecuada gestión y uso sostenible.

Atención a la informalidad y contención de los delitos ambientales asociados a los motores de perdida de la biodiversidad

Involucra la necesidad esencial de contener el daño a la biodiversidad, derivado de las causas directas y subyacentes que están ocasionando su pérdida, dentro de las cuales, parte importante está relacionada con el conflicto armado y la criminalidad organizada que aqueja a nuestro país.

Gobernanza, corresponsabilidad y movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para el bienestar de los grupos étnicos y comunidades locales

Implica reconocer que la gestión de la biodiversidad es una responsabilidad compartida entre todos los actores de la sociedad colombiana, con roles diferenciados para su conservación, reparación y mitigación de los impactos negativos que causan su deterioro, reconociendo el papel de las comunidades la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes en la gestión de la biodiversidad

En un proceso creativo de más de 2 meses, se analizaron opciones de representación de flora y fauna, así como la importancia del sol en la cosmogonía indígena y los pictogramas de la serranía de Chiribiquete, para decantar las opciones y crear 36 pétalos de colores que representan las 23 metas de biodiversidad de la ONU Organización de las Naciones Unidas y las 13 ecorregiones de Colombia priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

La creación de la imagen oficial de la COP16, fue 100% colombiana, realizada por la líder de diseño, Vanessa María Vergara Domínguez, cartagenera con más de 16 años de experiencia profesional en el sector público y privado, liderando procesos de creación y posicionamiento de marca. Vanessa es especialista en Gerencia en Diseño y Máster en Branding e Identidad Corporativa.

"Queríamos que esto saliera de nosotros, de nuestro equipo. No viene de otro país, no fue tomado de ninguna página web, no se involucró a ninguna agencia en su creación. Este es un logo elaborado y conceptualizado aquí. Como profesionales, nos sentimos orgullosos de mostrar un trabajo que sale de nuestra casa y que nos permite enviar un mensaje a Colombia y el mundo" resaltó Vanessa Vergara Domínguez, creadora del logo de la COP16.

Como concepto, la flor permite transmitir un acto de paz, de reconciliación, emoción y alegría representados en los colores de las Naciones Unidas. Esta imagen, permite llevar un mensaje único a las personas que visitarán nuestro país para la COP16, pero que además convoca a los colombianos en un evento donde decimos: 'La COP16, es de la gente'.

¿Por qué Cali?

Hablar de Cali es hablar de biodiversidad. Cuenta con más de 2.000 nacimientos de agua, 283 quebradas, 7 ríos y 350.000 árboles en su zona urbana. Tras una evaluación técnica por parte de la Secretaría de la Convención de Biodiversidad, se estableció que solo dos capitales cumplían con los requisitos para organizar el evento. A partir de ese momento, una gran movilización popular en se manifestó en todo el Pacífico a favor de un propósito común: la COP16 de biodiversidad.

Para el Gobierno Nacional, la elección de Cali como sede de la COP16, una oportunidad para visibilizar la región con mayor biodiversidad del país, el Pacífico y que alberga además la segunda zona más biodiversa del planeta: el Chocó biogeográfico.

¡Ven y descubre la calidez de su gente y su biodiversidad!

# data[].attributes.attachment_link.title
cop 16 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

# data[].attributes.attachment_link.description
Los NBSAP, por sus siglas en inglés, son las estrategias y planes de acción que implementa un país, en este caso Colombia, para avanzar en la protección de diversidad biológica. Este plan de acción, agrupa iniciativas que permitan conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad, para detener y revertir su pérdida con objetivo al año 2030, permitiendo asegurar un futuro positivo para la naturaleza.

# data[].attributes.headline
Ámbito Jurídico - La COP 16 y la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal

# data[].attributes.subject
Ámbito Jurídico - La COP 16 y la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal

# data[].attributes.body
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
jueves, 4 de abril de 2024

El Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal- SINAPYBA fue creado mediante la Ley 2294 de 2023, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (...)", como política nacional de protección y bienestar animal; para lo cual se estableció que el gobierno nacional tendría el término un año para su reglamentación.

Actualmente, está en curso un proyecto de decreto reglamentario que busca establecer la organización y funcionamiento del SINAPYBA, sistema que estaría conformado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, entidades que, en el ámbito de su competencia, tienen una relación directa y/o indirecta con la protección y el bienestar animal.

Así, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, tiene funciones en materia de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores debidamente homologados para carga (artículo 2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1079 de 2015). Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene funciones en términos de salud pública en plantas de beneficio animal, animales de compañía (exclusivamente para perros y gatos) y animales de experimentación en investigación biomédica para medicamentos (Ley 9 de 1979 y Decreto Ley 4107 de 2011). Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene competencia en la regulación de los animales domésticos de producción y de investigación (Ley 101 de 1993).

El proyecto de decreto reglamentario crea: (i) el Comité Nacional Intersectorial de Protección y Bienestar Animal- CNPYA, con el fin de que este sea el órgano rector, articulador y coordinador del SINAPYBA; y, (ii) los Subcomités Intersectoriales de Protección y Bienestar Animal, como cuerpos técnicos para el desarrollo de tareas específicas, que tendrán las categorías de: (a) Subcomité de Gestión Institucional- SGI (como órgano planificador, coordinador, supervisor y de seguimiento); (b) el Subcomité de Gestión de la Información y Conocimiento- SGIC (encargado de gestionar la información y conocimiento sobre la protección y el bienestar animal) y (c) el Subcomité de Gestión de Educación y Participación- SGEP (encargado de diseñar estrategias y programas que promuevan la educación en bienestar y protección animal).

Con este proyecto de decreto reglamentario, Colombia propende por la preservación del medio ambiente a través de una política integral de protección animal a nivel nacional, que a su vez busca fomentar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la interconexión entre la protección al medio ambiente y el bienestar animal. En la actualidad, existen diferentes normas orientadas al cuidado de los animales, como:

La Ley 5 de 1972, a través de la cual se crean las Juntas Defensoras de Animales;

La Ley 84 de 1989 que establece el Estatuto Nacional de Animales;

La Ley 1638 de 2013, que prohíbe el uso de animales silvestres (nativos o exóticos) en circos fijos e itinerantes;

La Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes que ameritan especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos;

La Ley 2138 de 2021, que establece medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional.

La Ley 2047 de 2020, por la cual se prohíbe la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales.

No obstante, Colombia no cuenta con una única institución líder en temas de bienestar animal que ostente las competencias para garantizar su protección y bienestar, pues el ordenamiento jurídico vigente ha establecido competencias y funciones en cabeza diversas entidades de la rama ejecutiva, y de entidades territoriales (distritos y municipios); con lo cual se entiende que la responsabilidad es compartida. Por lo anterior, a través del SINAPYBA, se unificarán las normas a nivel nacional a fin de garantizar el bienestar y protección animal, fortaleciendo la implementación de una política y un plan nacional de protección animal con enfoque interespecie en las políticas sectoriales, nacionales y territoriales.

Asimismo, este plan busca armonizar los criterios y mecanismos de evaluación y seguimiento a las responsabilidades y compromisos en materia de protección y bienestar animal de conformidad con las normas vigentes, por lo que el proyecto de decreto no deroga, subroga, modifica, adiciona o sustituye ninguna disposición normativa. Esto, con el fin de dar cumplimiento a instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994) cuyo objetivo es "la conservación de la diversidad bilógica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (...)". Tal como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia T- 095 de 2016, "(...) la protección del ambiente implica incluir a los animales, desde la perspectiva de la fauna, amparada en virtud del mantenimiento de la biodiversidad del equilibrio natural de las especies, y salvaguardarlos de sufrir padecimientos sin una justificación legítima (...)".

Lo anteriormente mencionado reviste especial importancia tras el anuncio oficial de que Colombia será el país anfitrión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16), una de las principales instancias internacionales para la toma de decisiones políticas sobre la crisis de pérdida de biodiversidad en el mundo.

Colombia tendrá un papel clave en la COP 16, no solo por su reconocimiento en el ámbito internacional, sino porque deberá demostrar los avances del país en la implementación de una política ambiental internacional y regional, así como en la revisión de la actualización de las estrategias nacionales y planes de acción en biodiversidad, como instrumentos diseñados para planificar la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming- Montreal.

Este último, fue acogido en la COP15, en Montreal (Canadá), como la nueva hoja de ruta que deberán seguir los países miembros del Convenio sobre la Biodiversidad para detener y revertir la pérdida de la biodiversidad global al 2030; por lo que se espera que, en la COP16, los países presenten la actualización de sus estrategias y planes de acción nacionales.

En conclusión, podría decirse que el SINAPYBA hace parte del Plan de Acción de Colombia para proteger la fauna y vida silvestre, entendiendo que la protección del medio ambiente implica incluir a los animales desde la perspectiva de la fauna como componente de la biodiversidad del país. Lo expuesto previamente es de suma importancia, pues Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, tiene el deber constitucional e internacional de proteger la diversidad en todas sus formas, así como la integridad del medio ambiente.

*Valeria Erazo Suárez, Abogada del área de Derecho Ambiental y Servicios Públicos, de Pinilla, González & Prieto.

# data[].attributes.attachment_link.title
La COP 16 y la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal

# data[].attributes.attachment_link.description
El Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal- SINAPYBA fue creado mediante la Ley 2294 de 2023, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (...)",

# data[].attributes.body
¿La voz de pocos en la aprobación del Acuerdo de Escazú? | Ámbito Jurídico (ambitojuridico.com)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para hoy 26 de abril, dentro del trámite de revisión de la Ley 2273 del 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que se conoce como el Acuerdo de Escazú.

La relevancia de este tratado internacional es clara, no solo porque se trata del primer instrumento regional vinculante para estos asuntos ambientales, sino por el contexto mundial de la emergencia ambiental, que también es climática. La adecuada gestión de esta última depende de la participación ciudadana y muestra la necesidad urgente de medidas de mitigación y adaptación frente a una situación que, entre otras, se manifiesta en las variaciones radicales del régimen hídrico, como la que padece actualmente Colombia, que explica fuertes sequías, como la que obliga en la actualidad a Bogotá a adoptar un racionamiento de agua.

Pero esto no es lo único. La importancia del Acuerdo radica en las respuestas que genera frente a un hecho lamentable: Colombia es uno de los lugares más peligrosos para los defensores ambientales. Por esto, los derechos de acceso buscan que los querientes (es decir, quienes actúan como defensores ambientales) cuenten con mejores herramientas para acceder a información, resguardar los intereses generales a través de los órganos jurisdiccionales -lo que responde a la justicia ambiental-, que reciban respuestas oportunas a sus peticiones, pero en especial que cuenten con garantías de seguridad y medidas de protección como aquellas descritas en el artículo 9º del tratado.

Si bien la convocatoria a una audiencia pública es una herramienta con que cuenta la Corte, el tema sobre el que se centrará y, en especial, la decisión sobre la convocatoria de ciertos intervinientes genera interrogantes en relación con dos principios: la transparencia y la igualdad, en el marco de un debate equilibrado que refleje diversidad de perspectivas. No es una cuestión superflua, ya que orbita en torno al derecho de la ciudadanía a que los jueces sustenten sus providencias y, en especial, den razones que justifiquen por qué adoptan cierta determinación.

En efecto, el tribunal decidió que el eje temático de la audiencia fuera: aproximaciones a la relación del Acuerdo de Escazú con el principio de seguridad jurídica y el principio de soberanía nacional.

Por esto, la mayoría de las preguntas se circunscribe a estos dos tópicos, en otras menciona la libertad de empresa; especifica las afectaciones a proyectos que ya cuenten con permisos ambientales, alude a tensiones con los términos del derecho de petición, y al principio de progresividad. Solo en dos interrogantes menciona consideraciones sobre la aplicación normativa, y el goce y respeto a los derechos de acceso, que presenta en una posible tensión con la seguridad jurídica y la soberanía nacional.

Sin embargo y este es el primer interrogante, en el auto que convoca la audiencia, al igual que en aquel que determina su metodología, no se explica por qué se limitó exclusivamente a este tema, cuando Escazú aborda los derechos de acceso, en un contexto donde se hace cada vez más urgente la guarda ambiental y la protección de quienes actúan en su defensa. Esto se destaca, porque es evidente que existen diversas posturas sobre la constitucionalidad de asuntos que aborda el Acuerdo; por lo que el objeto de la audiencia deja de lado otros temas fundamentales, como aquellos relacionados con los beneficios que el instrumento traerá para el país; o, por ejemplo, el hecho que la Cepal, el BCIE, el BID, el Banco Mundial y otras instituciones de banca multilateral han señalado como esencial el Acuerdo para generar certeza y estabilidad de las inversiones en la región.

No existe justificación expresapara ello, salvo una alusión a la seguridad jurídica y la soberanía nacional, como un ejemplode posturas controversiales entre los intervinientes. Si sólo se trata de un ejemplo, el tribunal se abstiene de ilustrar a la opinión pública sobre algún otro ámbito de disputa. Tampoco brinda razones que motiven por qué los desestima o por qué diseñó así los interrogantes el despacho sustanciador. La adecuada formulación de una pregunta de investigación siempre repercute en el resultado del proceso investigativo.

La segunda incógnita se da por la convocatoria de determinados expertos e intervinientes. El tribunal puede, de manera discrecional, fijar quiénes intervienen en la audiencia, pero debería garantizar que, en general, todas las posturas se vean representadas. Pues bien, de 73 intervenciones, la Corte convocó exclusivamente a 23 de ellas. Pero, dentro de las llamadas se echa de menos, por ejemplo, una robusta participación de la academia y de la sociedad civil que se ha pronunciado en favor de la constitucionalidad del tratado. Solo dos instituciones educativas son convocadas y ambas responden a lecturas de una sola disciplina: la economía. A la par, en cuanto a una perspectiva internacional, el tribunal llama a representantes de la Cepal, pero no tiene en cuenta ninguna otra aproximación. Lo mismo puede decirse de la sociedad civil.

En efecto, la Corte convoca a ciertas ONG, y a representantes de comunidades afro e indígenas, aunque no se observan perspectivas campesinas. Sin embargo, tiene en cuenta a un número mayor de representantes de sectores empresariales, energéticos y mineros, varios de los cuales se han manifestado en contra del tratado. Del total de intervinientes, seis de ellos pertenecen a estos gremios. Esto no responde necesariamente a una igualdad de armas, que permita a la propia Corte, a la ciudadanía y a las personas en general, hacerse a una idea de la diversidad de posturas en un debate como el que suscita este instrumento internacional. Pero lo grave, nuevamente, es que no se justifica más allá del argumento de autoridad. De ahí la importancia de una regulación de estos procedimientos en clave del derecho fundamental a la igualdad y al principio de transparencia.

Es importante que se sepa por qué se determina cierto número de intervinientes y quiénes participan en la audiencia. Es claro que, si se escucha una voz por sobre otras, estas quedarán subrepresentadas y, por lo mismo, silenciadas. La ciudadanía tiene el derecho de conocer el fundamento de una metodología, al igual que los motivos para circunscribir un tema de participación, acceso a la información y la justicia ambiental, y la protección de defensores ambientales a temas relacionados con la soberanía nacionaly la seguridad jurídica. Esto no puede quedar al arbitrio irrestricto del despacho sustanciador, máxime en temas tan relevantes como los que aborda este Acuerdo.

Convocar mayoritariamente la voz de unos pocos, sin dar razones para ello y delimitar el tema en aspectos que parecerían centrarse en una preocupación específica compromete seriamente la objetividad no del despacho sustanciador, sino del pleno de la Corte. De hecho, el énfasis en la libertad de empresa genera cuestionamientos profundos en torno a la trasparencia e igualdad que la Corte promueve con esta audiencia.

No sobra señalar, por lo demás, que sin ambiente sano y sin actores que lo defienden, no habrá vida -humana y de otras especies- en el planeta y, por lo mismo, resulta ilusorio creer en la seguridad jurídica o la soberanía nacional sin poner sobre la mesa la importancia cardinal de los derechos de acceso en el urgente contexto de emergencia global.
Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias y documentos sin límites. Paute en Ámbito Jurídico. Siga nuestro canal en WhatsApp.

# data[].attributes.attachment_link.title
¿La voz de pocos en la aprobación del Acuerdo de Escazú?

# data[].attributes.attachment_link.description
El énfasis en la libertad de empresa genera cuestionamientos profundos en torno a la trasparencia e igualdad que la Corte promueve con esta audiencia.

# data[].attributes.headline
Critica al manual de compensación por Biodiversidad. 

# data[].attributes.subject
Critica al manual de compensación por Biodiversidad. 

# data[].attributes.body
Las medidas de compensación son, de alguna forma, subsidiarias: se activan cuando la pérdida de biodiversidad es inevitable. Entonces, se busca un ecosistema semejante, "equivalente" en donde se interviene de manera anticipada para compensar el daño presente o futuro de la actividad o proyecto medioambiental.

Esta estructura de la compensación es problemática en tanto opera bajo dos premisas que debe revaluar el derecho:

1. La condonación del daño futuro. La compensación funciona anticipando el daño ecosistémico inevitable de modo que a partir de la compensación en un área equivalente se esconde la comisión del daño realizada incumpliendo con un principio general del derecho en tanto operan como una condonación general del dolo futuro.

2. La narrativa que proyecta el sistema de compensación sobre la naturaleza es la de caracterizarla como un sujeto sustituible. A partir de relaciones de equivalencia en donde se cuestiona la restauración y conservación de la naturaleza se piensa la afectación a un ecosistema desvinculada de su tiempo y singularidad. Con la noción de un otro ecosistema equivalente se impide reconocer la singularidad del ecosistema afectado en tanto se le reconoce como un ecosistema sustituible. Esto es problemático en la medida que la compensación, en principio, tiene incidencia sobre la restauración y conservación de los cuerpos naturales.