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Tras décadas de estrategias basadas en el encarcelamiento generalizado y el constante aumento de la severidad de las penas (endurecidas con las disposiciones de la Convención de 1988), las pruebas indican que las medidas de aplicación de la ley no son un medio eficaz para limitar el alcance del mercado de las drogas ilícitas.

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La supresión de las sanciones penales por la tenencia de drogas no conduce a un aumento significativo del consumo de drogas ni de los daños asociados con éste. La criminalización de los consumidores los aleja de los servicios sanitarios por temor a ser arrestados, los aboca a las sombras y los encierra en prisiones que funcionan como escuelas de delincuencia.