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Perú estaba remecido por un escándalo donde funcionarios poderosos que no combatían en primera línea al coronavirus se aplicaron en secreto una candidata a vacuna china que después se compró, mientras que el gobierno anunció que investigará y destituirá a los que recibieron las dosis.
El escándalo generó frustración en el personal sanitario que trabaja en medio del desastre sanitario y salpicó al gobierno del presidente interino Francisco Sagasti y al del exmandatario Martín Vizcarra, quien gobernó hasta noviembre cuando fue destituido por presunta corrupción.

Los partidos en el Congreso opositor realizarán el martes un pleno donde decidirán si crean una comisión investigadora sobre la vacunación secreta de funcionarios luego que la noche del domingo la canciller Elizabeth Astete renunció tras admitir en una carta que a fines de enero se aplicó la vacuna en secreto porque "no podía darme el lujo de caer enferma".

Astete, de 68 años, gestionó a inicios de enero la compra de un millón de vacunas de la farmacéutica estatal china Sinopharm. Días antes a su dimisión habían renunciado la ministra de Salud, Pilar Mazzetti y los dos viceministros del sector Salud, claves en la respuesta ante la pandemia.

Sinopharm realizó desde sepiembre ensayos en fase tres de su vacuna experimental con 12,000 voluntarios en el país, pero envió 3,200 dosis más para regalarlas a los investigadores médicos locales. Fueron estas candidatas a vacunas las que se aplicaron en octubre en secreto a un grupo de privilegiados, entre ellos al entonces presidente Vizcarra y su esposa Maribel Díaz.

La convocatoria para participar del ensayo estaba abierta a cualquier habitante en Perú, excepto para aquellos con enfermedades previas como diabetes o hipertensión.

El 31 de diciembre del 2020, China aprobó la comercialización de la vacuna de Sinopharm tras concluir sus ensayos en fase tres con una eficacia de 79%, de acuerdo con datos de la compañía.

El escándalo generó indignación en un país marcado por la desigualdad, donde no hay oxígeno para miles de infectados que agonizan en casa porque los hospitales no tienen espacio para más pacientes y donde han muerto 43,703 por COVID-19, la mayoría gente sin privilegios y también funcionarios en la línea de fuego, entre ellos 310 médicos, 125 enfermeras y más de 500 policías.

"Se aprovechan de sus cargos, se confirma que la prioridad no fueron los colegas de las unidades de cuidados intensivos que enfrentan a la muerte 24 horas seguidas sin alimentarse, ni ir al baño", dijo Godofredo Talavera, presidente de la federación médica peruana.

"Entendemos por qué tardaron tanto en comprar las vacunas, no había apuro, ya estaban vacunados", agregó el jefe del sindicato que por años pide mejores remuneraciones para los médicos.

Sagasti, que llegó al poder una semana después de la destitución de Vizcarra, dijo en la víspera a la televisora América sentirse "indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID".

El nuevo ministro de Salud Oscar Ugarte dijo el lunes a la radio RPP que el presidente Sagasti ordenó una investigación para saber cuántos funcionarios se vacunaron y también anunció que los identificados dejarán sus puestos. Los resultados podrían conocerse la próxima semana, dijo.

Sagasti no cuestionó a la canciller ni a los ministros renunciantes, sino que dirigió sus críticas a la anterior gestión de Vizcarra, quien obligado por una revelación de la televisora local Willax, confirmó el jueves que él y su mujer se aplicaron en secreto la vacuna en el palacio presidencial en octubre. Vizcarra fue destituido el 9 de noviembre por presunta corrupción ligada a otros casos.

La canciller Astete decidió la compra de un millón de vacunas de Sinopharm el 7 de enero, cuyo precio es secreto por exigencias de la farmacéutica estatal china, y recibió a escondidas la primera dosis de la vacuna el 22 de enero y no se lo comunicó a sus jefes: el presidente Sagasti y la primera ministra Violeta Bermúdez. Sólo lo hizo público tras la confesión del expresidente Vizcarra.

La renuncia de la canciller también se convirtió en punta del iceberg de un escándalo creciente donde no se sabe aún cuántos altos funcionarios se vacunaron en secreto usando algunas de las 3,200 dosis chinas adicionales al ensayo que Sinopharm envió a Perú.

La tarde del lunes la embajada china en Lima dijo en una carta difundida en su cuenta de Twitter que no tiene información "de la identidad de los vacunados" y que rechaza los términos como "'vacunas de cortesía, donaciones o prebendas utilizados por algunos medios de comunicación y las difamaciones a las cooperaciones de vacuna" entre Perú y China.

En Perú, Sinopharm fue la primera farmacéutica que inició en setiembre estudios de fase tres con una candidata a vacuna usando 12,000 voluntarios. Recién en diciembre AstraZeneca fue la segunda compañía que pudo iniciar ensayos avanzados y en el 2021 lo hizo la alemana CureVac.

En el país hay frustración entre el personal sanitario que ha recibido las mayores bajas de su historia por el coronavirus, agravado por la indiferencia de los funcionarios que durante meses no les otorgaron equipos de protección adecuados y provocaron que cientos mueran infectados.

Mientras que otros países de la región, como Brasil o Chile, han sumado más de un millón de vacunados, en Perú apenas 68,000 trabajadores sanitarios han sido inoculados. La última semana grupos de médicos y enfermeras protestaron en diversos nosocomios del país porque pese a trabajar en la primera línea contra el virus no habían incluidos en la lista de vacunación.

"Lo mínimo que queremos es nuestra vacuna porque ningún sol hemos recibido del estado", dijo a la prensa el jueves durante una protesta la doctora Herlinda Ruiz en los exteriores de un hospital capitalino. "Estamos expuestos a morir y a veces ni almorzamos".

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Vacunas chinas secretas para poderosos escandalizan a Perú

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Sinopharm realizó desde sepiembre ensayos en fase tres de su vacuna experimental con 12,000 voluntarios en el país, pero envió 3,200 dosis más para regalarlas a los investigadores médicos locales. Fueron estas candidatas a vacunas las que se aplicaron en octubre en secreto a un grupo de privilegiados, entre ellos al entonces presidente Vizcarra y su esposa Maribel Díaz.

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Seis años es el tiempo que Alexis Navarro lleva denunciando la falla de telefonía e internet de su hogar, pero la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela, la estatal Cantv, no le da respuestas y sus técnicos le quieren cobrar de forma clandestina cuando el servicio para reparar el problema es gratuito.
La práctica es cada vez más recurrente. El caso de Navarro es solo una mínima muestra de la corrupción en las empresas estatales de Venezuela, donde las denuncias por extorsiones van desde el encargado de la vigilancia hasta el director o gerente de una compañía.

Un técnico de Cantv puede llegar a cobrar casi US$ 300 por reparar una avería, dependiendo de la zona geográfica y el problema que el usuario presente, siempre sin factura o justificante que respalde el pago de los ciudadanos que opten por ceder ante un claro delito.
¿Necesidad?
En el caso de Alexis, quien vive en la zona popular de Catia, el costo puede ser de US$ 100, pero para quien reside en sectores de clase media la cifra puede hasta triplicarse y no hay garantía de que el servicio -que es el más lento de la región, con menos de 4 megabits por segundo- sea restituido permanentemente, porque si la falla es externa hay menos control de la reparación.

La mayoría de las fallas externas pueden presentarse por el robo del cableado o la desconexión de los mismos, una situación que ocurre, en muchas ocasiones, por falta de material en la empresa, algo que el técnico corrupto nunca aclarará, ya que su "negocio" se iría al traste.

Efe consultó con, al menos, cuatro técnicos de la estatal, que se negaron a identificarse por temor a represalias, y señalaron que el cobro indebido, sin reconocerlo como tal, se debe, fundamentalmente, a que los salarios mensuales que perciben de la compañía, que oscilan entre US$ 6 y US$ 12, son insuficientes.

Algunos, además, defienden la práctica como "independiente" o como una forma de buscar alternativas para sobrevivir ante la severa crisis económica que vive el país caribeño, pero desde la perspectiva del cliente es un acto corrupto al que, casi siempre, termina por acceder ante la falta de respuestas y el pésimo servicio de la estatal.

Y de este tipo de extorsiones no escapan ni siquiera sus propios trabajadores internos que también están afectados por las averías.

"En ocasiones me han dicho que, de repente, si yo los ayudara a ellos en cualquier cosa que yo pudiera, ellos verían a ver si pudiesen hablar con alguien de alto nivel para que me aceleraran el proceso", comenta a Efe una empleada del área de Servicio al Cliente que solicitó resguardar su identidad.
Otras formas de cobro ilegal
La mujer asegura que, pese a llevar 2 años sin internet en su hogar, se niega "rotundamente" a pagar, porque esas "ayudas" que solicitan los técnicos son "muy costosas" y, además, no queda garantizado que el trabajo esté bien hecho.

"US$ 80, US$ 120. Son montos elevados que obviamente un empleado que cobra lo que cobra actualmente no, no da, y es contribuir con corrupción dentro de la institución", añade tras señalar que no solo son los técnicos los que incurren en este tipo de actos.

La misma fuente indica que las personas con cargos de mayor jerarquía, como gerentes, también acceden a solucionar los problemas de averías de amigos, conocidos o aquellos a quienes llaman "referidos".

La solución pasa por algo a cambio y no es en beneficio de la empresa, sino del personal involucrado. El pago, en este caso, puede ser algún tipo de "mercancía" para que las cuentas de los altos cargos no se vean involucradas.
Una empresa en picada
"Es probable que no acepten dinero para no verse inmiscuidas sus cuentas. Si no, aceptarían dólares. (Entonces), sería mercancía en este caso", sostiene la empleada de Cantv.

La "mercancía" es, a menudo, algún tipo de objeto o alimento que venda la persona afectada por la avería y que regala al operario.

Según el sindicato de Cantv, las averías de telefonía e internet "superan el millón y medio a nivel nacional", y esto, sostiene, es consecuencia de la falta de inversión en la empresa desde que fue expropiada en el 2007 por el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).

El sindicato asegura que la empresa no tiene material nuevo, los sistemas están obsoletos y ni siquiera funcionan los aires acondicionados donde se encuentran los servidores, lo que ocasiona "lentitud en el servicio y que se quemen las tarjetas controladoras de los equipos que se encargan de digitalizar la señal".

El secretario general del sindicato, Joan Chávez, dijo, en una entrevista telefónica, que el 80% de la flota de vehículos y herramientas de los técnicos están convertidas en "chatarra", que falta personal capacitado y que la alta gerencia solo le da prioridad al "ámbito político partidista", pues ocurren despidos y jubilaciones forzadas en caso de no ser simpatizante del Gobierno.
Corrupción en otras áreas
Todos estos factores, aseguró, son los que han llevado al "cultivo" de la corrupción en la empresa.

"Se originan cobros indebidos en divisa por parte de algunos técnicos y cancelaciones de viáticos irregulares por parte de algunas gerencias", indicó.

En Venezuela, los actos de corrupción "van desde la persona que barre hasta el presidente de la República", remarca Alexis, que arrastra su pulso con Cantv desde hace más de 6 años, sin que nadie le dé una respuesta razonable a su problema.

El pensionado hace referencia así al hecho de que en el país petrolero existen "gestores" para cualquier asunto que requiera soluciones por parte de una empresa estatal.

El mismo presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reconocido los actos de corrupción dentro de la principal empresa del país, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por el que hay, incluso, dos exministros detenidos y uno solicitado por la Justicia.

Pero además la corrupción se manifiesta en los funcionarios policiales o de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada, que puede llegar a solicitar dinero a los ciudadanos con tal de no reportar una falta o de hacerles un "favor".

Ese "favor" puede ser el permitir el acceso a repostar gasolina sin hacer la extensa fila que, por estos días, se ha vuelto común ante la escasez de combustible. A cambio, pueden solicitar hasta US$ 5.

Y mientras, el Gobierno permanece impasible frente a los abusos y extorsiones a los ciudadanos, los perdedores de un juego en el que los que ganan son siempre los mismos y lo hacen a costa del esfuerzo de un pueblo sometido y reprimido.

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Las empresas estatales venezolanas, corrupción a pie de calle

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La mayoría de las fallas externas pueden presentarse por el robo del cableado o la desconexión de los mismos, una situación que ocurre, en muchas ocasiones, por falta de material en la empresa, algo que el técnico corrupto nunca aclarará, ya que su "negocio" se iría al traste.

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Este tipo de actos cometidos, son terribles, incluso hasta desagradables, puesto que, se evidencia como personas que tienen algún poder, elegidas para ayudar y no, para aprovecharse del pueblo, cobren algo que es totalmente gratuito. Lo que deberían hacer es perfeccionar e invertir para que haya un mejor acceso y mejore el servicio de telefonía e internet, además contratar a personas honestas, que sepan hacer bien su trabajo; y así dejen de perjudicar a miles de personas.

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La presente noticia generó la indignación de todos los peruanos, nos reveló la marcada desigualdad y corrupción en la que vivimos, se hizo evidente que las autoridades políticas, que se supone deben velar por el bienestar del país, se aprovechan de sus cargos, confirmando una vez más que la prioridad son ellos mismos y no la población incluido muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID, que enfrentan a la muerte 24 horas seguidas sin alimentarse, ni ir al baño.

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La corrupción no solo es un fenómeno local, sino que tan igual como la economía y las finanzas, se ha globalizado y con ello sus efectos traspasan las fronteras de los países hasta convertirse en una amenaza global. La corrupción es uno de los principales problemas del país, y se ha encargado de ejercer presión negativa en contra el crecimiento económico, estos hechos ilegales comprometen presupuestos y gobiernos, cuyos efectos los podrían sumergir en continuos desequilibrios sociales y económicos, generando que no avancemos como país. 
Con la cadena de la corrupción y los eslabones que va formando, cada vez hay menos espacios donde la ética, los valores, el buen ciudadano sean los ingredientes principales para la convivencia humana, pues, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional son consideradas como las tres instituciones más corruptas del país, dando una vergüenza a toda la población, ya que, supuestamente estas instituciones deberían darnos un buen ejemplo, pero es todo lo contrario. 
Se sabe que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo, entonces es hora de dar soluciones a esta problemática, donde se tenga como objetivo principal los beneficios de la población. 