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Se puede encontrar en Art. 87 CN; ley 393/97

Es el elemento más  rápido y veraz con el que cuentan todas las personas, asociaciones, sociedades y fundaciones para exigir que se hagan efectivos las sentencias resultantes de las tutelas y no han sido cumplidas por negligencia.

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Puede proceder cuando se han dejado de cumplir las leyes o las decisiones administrativas.

Procedimiento:

Redactar una solicitud o demanda dirigida al juez administrativo del lugar donde habita, (indicar su nombre, identificación y lugar de residencia)

Señalar el acto o norma incumplidos, contando de qué forma se ha incumplido.

Demostrar que ya se habló con la contraparte y está no le contesto en los 10 días siguientes.

Si el juez determina que el proceso correcto es la tutela, la tomara como tal.

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Tolas las personas naturales a nombre propio o en representación de otra, y las personas jurídicas

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Se dirige contra la entidad administrativa a la cual le corresponde lograr el cumplimiento del acto o de la norma, También puede entablarse contra un particular que por acción o por omisión haya incumplido una ley o una decisión tomada por funcionarios que están al servicio del Estado, o que tienen funciones públicas.

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Se puede demandar cualquier ley del Congreso, ordenanza departamental o acuerdo
municipal; los decretos del Presidente de la República, de los gobernadores y de los alcaldes, o las normas que son planes
económicos de la Nación. En segundo lugar puede exigirse el cumplimiento de cualquier acto de la administración y no de juzgamiento.

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No se requiere representación de un abogado, pero cualquier persona puede representar a otra para exponer su caso, cuando el interesado no sepa leer o escribir, o sea menor de edad. El juez tiene tres días para admitir la demanda y veinte días hábiles para decidir, dando un plazo único para cumplir la decisión, que no puede ser superior a diez días hábiles.

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¿Qué son las acciones populares y las acciones de grupo?

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¿Qué son las acciones populares y las acciones de grupo?

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Las acciones populares consisten en la posibilidad que tienen todas las personas de solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros derechos de similar naturaleza, Esto para evitar daños y prevenir peligros.

Las acciones de grupo son de naturaleza indemnizatoria, y regulan las acciones que se dieron por los daños ocasionados a un número (25) de personas.

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¿Quién es el competente para conocer de estas acciones?

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¿Quién es el competente para conocer de estas acciones?

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Por acciones u omisiones de autoridad pública y personas privadas que desempeñen funciones administrativas conoce la Jurisdicción Administrativa (jueces administrativos en primera instancia y en segunda la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo). En los demás casos (particulares) conoce la Jurisdicción Ordinaria (jueces civiles del circuito en primera instancia y en segunda el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil, al que pertenezca).

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Las acciones populares pueden interponerse contra cualquier persona natural o jurídica, que ocasione un daño o que ponga en peligro a un grupo indeterminado de personas. Igualmente, puede interponerse contra el Estado.

La acción popular cuando se trata de volver las cosas a su estado anterior, puede interponerse dentro de los cinco años siguientes, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración, y cuando se trate de amenaza o peligro al derecho e interés colectivo la acción se puede promover durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro.

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De las acciones de grupo, por su parte, el juez debe conocer el lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante. En primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito; en segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. Estas acciones se deben interponer dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el perjuicio o que cesó la acción que lo causó.

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Es un derecho fundamental, consiste en la posibilidad que tiene una persona para presentar peticiones respetuosas a una autoridad por motivo de interés general o particular, para obtener una solución.

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Protege todos los derechos como el derecho a la vida, trabajo, libertad de expresión, etc. por medio de las peticiones podemos pedir a las autoridades información, consultas, consulta de documentos o copias de estos.

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La demanda laboral es el medio para formular una serie de peticiones ante los Jueces laborales o administrativos, con el fin de exigir la protección o el reconocimiento de los derechos laborales que se consideran vulnerados o desconocidos con relación a las normas legales vigentes.

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La conciliación se define como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.

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Ante la jurisdicción Ordinaria
Laboral:
Representan a Los(as) trabajadores(as) de empleadores particulares y los de entidades del Estado que estén catalogados como trabajadores oficiales, demandan ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral.

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La conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda. 3 Ley 640 de 2001 "La conciliación podrá ser JUDICIAL si se realiza dentro de un proceso judicial, o EXTRAJUDICIAL si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial". Y son seleccionados con la colaboración de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», por los tribunales superiores de Distrito Judicial con jurisdicción ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios del país. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral.

" A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales13". B) La Conciliación Judicial. " "Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. "En la conciliación extrajudicial se sigue asi el mismo procedimiento y se levanta el acta de lo actuado en la audiencia, y si no hay acuerdo, o si éste es parcial, se dejan a salvo los derechos del interesado para promover la demanda. "

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El tiempo para responder una petición, queja y reclamo es durante los próximos 15 días si no es posible se le informara a la persona que hizo la petición explicando los motivos de demora y la fecha en que se le dará respuesta.

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Los servidores públicos que ignoren una petición serán sancionados por mala conducta y si esta petición no es respondida se procederá a una acción de tutela o se podrá acudir ante un juez administrativo.

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Según lo que se pretenda, la demanda pondrá en marcha:

Un proceso ordinario de única instancia,  el demandante puede actuar directamente

Un proceso ordinario de primera instancia, Un ejemplo de proceso sin cuantía, es cuando se impugna una llamada de atención con copia a la de vida

La segunda instancia, cuando hay apelación o consulta.

Un proceso especial de reintegro, fuero sindical, n proceso ejecutivo laboral.

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Ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa:
Para empleados públicos es  la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante la acción ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho, que pretende anular el acto administrativo mediante el cual se desvinculó o desmejoró y que vuelvan las cosas al estado anterior, es decir, que se restablezcan.

Ante esta jurisdicción siempre es necesario actuar a través de apoderado, que debe ser abogado titulado, así mismo en la mayoría de los casos es necesario agotar la vía gubernativa.

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Según el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece como condición para demandar a una entidad pública, el agotamiento de vía gubernativa o reclamación administrativa.
Para agotar la reclamación administrativa se debe presentar  un memorial en el cual se precise claramente cuáles son los reclamos que se formulan a la administración.

La entidad debe pronunciarse a más tardar dentro del mes siguiente a la presentación del reclamo, so pena de incurrir en silencio negativo.

En todo caso, transcurrido el mes, el o la trabajadora puede presentar la demanda.

Ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, no siempre es requisito agotar la vía gubernativa.

Es obligatorio si se dan las siguientes condiciones:

1. Que se trate de un acto particular

2. Que ponga fin a una actuación administrativa

3. Que tenga apelación

4. En todo caso, que notificado el acto le hayan sido advertidos los recursos existentes.

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Una opción diferente a la de los jueces para la solución de conflictos laborales.

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Una opción diferente a la de los jueces para la solución de conflictos laborales.

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Es la solución de conflictos jurídicos y económicos por parte de terceros llamados árbitros. La figura de los árbitros está constitucionalmente permitida como equivalente jurisdiccional: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.” Artículo 116 CN.
Se puede llegar al arbitramento por dos
vías:

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Cuando no hubo acuerdo total. Y se refiere a conflictos económicos, el artículo 458 dice, en los puntos en que las partes no se colocaron de acuerdo, el árbitro debe decidir.

“…los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre todos aquellos puntos de la denuncia patronal que no fueron objeto de auto-composición durante la etapa de arreglo directo,

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Una vez surgido el conflicto las partes pactan “compromiso” para que sea un Tribunal de arbitramento quien lo dirija y no la justicia ordinaria. Se refiere a conflictos jurídicos, es decir en la interpretación de la norma, convención, contrato sindical o pacto colectivo.

La DECISIÓN que profieren los árbitros se llama laudo arbitral y tiene recurso de homologación o anulación:

Jurídico: conoce del recurso de anulación El Tribunal Superior.

Económico: conoce del recurso de anulación la Corte Suprema de Justicia.

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Garantiza la protección de sus derechos fundamentales constitucionales que fueron vulnerados por:
- Autoridad Publica.
-Particular.

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-Protege los derechos fundamentales.
- Derechos que no estén catalogados como fundamentales (DECS).
-Derechos Colectivos.

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* Cuando el afectado no cuenta con otro mecanismo de defensa.
*Cuando existiendo otro mecanismo ordinario, este no resulte apto para proteger el derecho vulnerado.
*Que no se haya hecho otra acción de tutela por el mismo hecho y derechos.

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La tutela de debe resolver en el menor tiempo posible (10 días)  ya que tiene prioridad, y mientas se resuelve debe declarar una medida preventiva. Si no se está de acuerdo con la sentencia dada, se debe impugnar dentro de los 3 días siguientes, y será enviada a la corte constitucional.

Si la orden no es cumplida se procede al incidente de desacato, mediante la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales

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Cuales son los requisitos para que procedan

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Cuales son los requisitos para que procedan

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Los requisitos de la demanda de acción popular están señalados en el artículo 18 de la ley 472 de 1998, La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición una acción judicial civil y/o administrativa dirigida a proteger derechos e intereses colectivos, amenazados por autoridades públicas.

La acción popular es aquella demanda colectiva que se interpone cuando una autoridad pública o un particular pone en riesgo los derechos o intereses de un colectivo o grupo de persona.

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1.La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado.

2. La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición.

3.La enunciación de las pretensiones.

4.La indicación de la personas natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible.

5.Las pruebas que pretenda hacer valer.

6. direcciones para notificaciones.

7.Nombre e identificación de quien ejerce la acción

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La excepción de inconstitucionalidad en Colombia, es entendida como una facultad deber que tienen las autoridades para inaplicar una norma y en su lugar aplicar la Constitución, representa una eficaz herramienta jurídica política de protección al principio de supremacía constitucional, garantizando La jurisprudencia constitucional ha definido que  la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber para las autoridades.

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Permite que cualquiera hace parte de un proceso jurídica o administrativos aplicando normas y leyes de la constitucional

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Para estos casos o similares, existe la acción pública de inconstitucionalidad, mecanismo que puede ser utilizado por todos los ciudadanos y consiste en solicitar que se retiren normas

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1-La ley 472 de 1998

2- la constitución nacional de Colombia

Los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. ... Esto quiere decir que pueden existir diferencias visibles al comparar las diversas constituciones de cada país.

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La acción de nulidad se caracteriza porque se ejerce exclusivamente en interés general con el fin de salvaguardar el orden jurídico abstracto por tratarse de una acción pública, la misma puede ser promovida por cualquier persona; la ley no le fija término de caducidad y por tanto es posible ejercerla en cualquier

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La titularidad la puede hacer cualquier persona sin distinción de sexo o nacionalidad puede interponerla, incluso a través de apoderado puede iniciarse el proceso. Debido a que no hay que agotar ningún requisito previo a demandar.

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Para que la acción nulidad proceda se requiere que la demanda no este amparada por una sentencia que haga el juzgado.