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QUE ES LA APERTURA PETROLERA - Google Search

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http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/nacionalizacionGParra.pdf

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Wolfgang Pineda

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es una corporación propiedad de la república bolivariana de venezuela

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subordinada al estado venezolano y profundamente comprometida con el auténtico dueño del petróleo: el pueblo venezolano.

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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales, es una corporación propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, subordinada al Estado venezolano y profundamente comprometida con el auténtico dueño del petróleo: el pueblo venezolano.

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la “apertura petrolera” ha comportado, aún antes de adquirir ese nombre, el desmontaje de todo el aparato interno de control y fiscalización de las actividades petroleras, minimización de algunos instrumentos tributarios de percepción de la renta petrolera, la liquidación de otros y la creación de un nuevo y laxo ambiente político, legal y reglamentario para propiciar el retorno triunfal de las grandes corporaciones a las posiciones dominantes dentro de la industria petrolera venezolana. El colofón definitivo de este proceso será puesto cuando se cumplan los propósitos del enclave transnacional entronizado en los altos mandos de la propia empresa petrolera estatal, el cual impulsa la desnacionalización de PDVSA mediante el reparto y venta de acciones de esa empresa. (Véase a este respecto las reiteradas declaraciones de Luis Giusti, Alberto Quirós Corradi y ciertos investigadores del IESA; pero sobre todo el aviso de 4 páginas inserto en la edición latinoamericana de la Revista TIME del 21 de julio de 1997, pagado con fondos públicos y en donde los directivos de la empresa estatal petrrolera identifican como una tarea prioritaria para ellos la de “convencer a un público todavía demasiado nacionalista acerca de la inevitabilidad de la privatización total de PDVSA”)

Pero, desde otro punto de vista, la “apertura petrolera” es, apenas, una incidencia en el continuo desarrollo de una estrategia que comenzó a gestarse hace muchos años en los centros de planificación a largo plazo de las grandes corporaciones petroleras internacionales, en momentos críticos para el sistema de control y aprovechamiento del petróleo venezolano que ellas habían establecido desde los inicios del régimen concesionario.

LAURA QUINTERO.

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Viernes 17 de Julio de 1998 En materia de política petrolera venezolana, las vigentes tendencias hacia la globalización de la economía se manifiestan a través de una peculiar apertura que, en general, tiene características similares a las que se registran en otras ramas de la economía: se trata del regreso a los viejos y buenos tiempos pre-keynesianos, de imperio del capitalismo sin desviaciones terceristas ni demasiadas consideraciones sobre justicia y seguridad social, equidad y otros contaminantes. Y por encontrarnos en tiempos de globalización, es decir, en el mundo unipolar donde se impone la integración de las economías mundiales bajo la égida de los países integrantes del Grupo de los Siete y, sobre todo, de sus corporaciones transnacionales, el carácter estatal del petróleo y de su industria en Venezuela es combatido, cada día con mas fuerza y por todos los medios de comunicación masiva, por los agentes internos de la "modernidad".

En este sentido, la "apertura petrolera" ha comportado, aún antes de adquirir ese nombre, el desmontaje de todo el aparato interno de control y fiscalización de las actividades petroleras, minimización de algunos instrumentos tributarios de percepción de la renta petrolera, la liquidación de otros y la creación de un nuevo y laxo ambiente político, legal y reglamentario para propiciar el retorno triunfal de las grandes corporaciones a las posiciones dominantes dentro de la industria petrolera venezolana. El colofón definitivo de este proceso será puesto cuando se cumplan los propósitos del enclave transnacional entronizado en los altos mandos de la propia empresa petrolera estatal, el cual impulsa la desnacionalización de PDVSA mediante el reparto y venta de acciones de esa empresa. (Véase a este respecto las reiteradas declaraciones de Luis Giusti, Alberto Quirós Corradi y ciertos investigadores del IESA; pero sobre todo el aviso de 4 páginas inserto en la edición latinoamericana de la Revista TIME del 21 de julio de 1997, pagado con fondos públicos y en donde los directivos de la empresa estatal petrrolera identifican como una tarea prioritaria para ellos la de "convencer a un público todavía demasiado nacionalista acerca de la inevitabilidad de la privatización total de PDVSA")

Pero, desde otro punto de vista, la "apertura petrolera" es, apenas, una incidencia en el continuo desarrollo de una estrategia que comenzó a gestarse hace muchos años en los centros de planificación a largo plazo de las grandes corporaciones petroleras internacionales, en momentos críticos para el sistema de control y aprovechamiento del petróleo venezolano que ellas habían establecido desde los inicios del régimen concesionario.

Las dificultades de las corporaciones petroleras en Venezuela comenzaron, después de diez años de tranquilidad, a la caída de la dictadura perezjimenista y tuvieron una expresión puntual en un famoso decreto del Presidente Interino Edgar Sanabria, mediante el cual se modificó el impuesto complementario con el cual se daba concreción a la fórmula del "fifty-fifty", en el reparto de los beneficios petroleros entre participación fiscal y utilidad neta de las concesionarias, modificando esa paridad y llevándola a un teórico 60-40. Pero esas dificultades se multiplicaron a raíz del conjunto de políticas impulsadas por Juan Pablo Pérez Alfonzo. En efecto, en 1961 y por inspiración suya, -en el marco de su "Pentágono de Acción", que incluyó, entre otras cosas la creación de la CVP y de la OPEP- el Congreso Nacional, al promulgar la nueva Constitución, dejó establecida la norma de que no se otorgarían nuevas concesiones de hidrocarburos (Art. 126), mejor conocida como la "política de no mas concesiones".

Por virtud de todo lo anterior, 1983 pasó a convertirse en un año muy importante para los venezolanos de las décadas 60 y 70: En ese año revertiría a la Nación, sin posibilidad de renovación y sin ninguna indemnización, el 80% de las concesiones otorgadas hasta entonces. En otras palabras, en 1983, Venezuela pasaba a ser dueña directa, en un 80%, de la industria petrolera establecida en su territorio. En 1996-97 revertiría el otro 20%.

1983 era, pues, el año en que se iniciaría, con todos los hierros, el despegue definitivo de Venezuela hacia la liberación económica y el desarrollo. (¡Ay, Pedro Calderón, en verdad que la vida es sueño!)

De todas las promovidas por Pérez Alfonzo, la política de "no más concesiones" fue considerada la más agresiva por las compañías extrajeras concesionarias. Esta formulación, que les ponía un límite en 1983, los llevó a dar una respuesta violenta: paralizar todas las inversiones e iniciar un proceso de saqueo de los yacimientos petroleros, llevando la producción de 2,6 millones de barriles diarios en 1961 a 3,7 millones en 1970. Ello motivó entonces una respuesta legislativa para garantizar el adecuado mantenimiento de los bienes y equipos que revertirían en 1983: En 1971 se aprobó la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión, con la cual se perfeccionaron los mecanismos a través de los cuales se produciría el traspaso de las concesiones de manos privadas extranjeras a manos del Estado venezolano. Ello hizo todavía más difíciles las perspectivas de las transnacionales petroleras en Venezuela.

Finalmente, habiendo fracasado en 1973 todas las presiones políticas y demandas de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la referida Ley, en un ambiente internacional propicio, creado, entre otros factores, por un "Acuerdo General de Participación", mediante el cual, por razones similares -e incluso más urgentes que las venezolanas- las grandes compañías habían propuesto y concertado con los países petroleros del Medio Oriente un proceso de nacionalización gradual, paulatina y con garantías de mantenimiento de la presencia transnacional en esos países, a partir de 1971, los presidentes de la Creole Petroleum Corporation y la Compañía Shell de Venezuela comenzaron a hablar de la necesidad de un nuevo trato, de un cambio en las reglas del juego, "decididas soberanamente por los venezolanos".

Por considerarlo de interés en cuanto al sustento de nuestras afirmaciones, transcribiremos nuestra visión de aquellas circunstancias, tal como lo exponíamos en el trabajo citado en la nota al pie anterior.

"... la medida que completa el cierre, en cuanto al deterioro físico de las instalaciones productivas, el último broche, lo constituyó la Ley sobre bienes afectos a reversión, promulgada en 1971. La misma estableció la obligatoriedad de revertir, en plenas condiciones de funcionamiento, todos los activos adquiridos por las corporaciones extranjeras para el ejercicio de su rol concesionario, junto con el establecimiento de un fondo para garantizar el mantenimiento de esas condiciones hasta el término de la concesión."

"Llovieron demandas de nulidad, amenazas de bloqueo y sanciones comerciales. La cerradura se había hecho insoportable."

"Mientras eso sucedía en Venezuela, desde hacía un tiempo, y haciendo referencia a la inestabilidad del Medio Oriente y la creciente severidad de los instrumentos fiscales de los Estados petroleros, habían comenzado a aparecer estudios de voceros del gran capital petrolero internacional sobre la necesidad de barajar el juego, de repartir de nuevo las cartas para explorar nuevas opciones... Es así como se conocen las primeras propuestas internacionales de nuevos tratos petroleros."

"De 1968 data un trabajo en el cual se exponen, entre otras cosas, las conveniencias de dejar la fase de producción en manos de países que no tedrían otros con quienes dirigir esa industria que no fueran los hombres formados por las compañías, imbuídos y comprometidos con su cultura e intereses corporativos y fieles garantes, por eso mismo, del mantenimiento de nexos con sus casas matrices. Además, siempre urgidos de obtener mayores ingresos forzando la producción, los gobiernos "nativos" no observarían la disciplina requerida para mantener precios altos. Otro destacado analista petrolero, Secretario de Energía de Nixon por más señas, advierte, más tarde, sobre de los peligros del creciente nacionalismo árabe y postula la apertura de esa olla a punto de explotar, sin que ello signifique, en verdad, una pérdida apreciable de control real sobre el negocio."

"En el plano de los hechos, primero fue el Acuerdo General de Participación en el Medio Oriente (1971) mediante el cual las "majors" petroleras iniciaron un programa de cesión escalonada -previa indemnización- de sus activos en las actividades "upstream" a los países ribereños del golfo arábigo-persa y a los libios. "

"Y luego vino el adelanto de la reversión para Venezuela. A finales de 1973, en el ambiente caldeado por el enfrentamiento sobre la Ley de Bienes Afectos a Reversión, perfilándose claramente la conflictiva posibilidad de acortar unilateralmente el plazo que comenzaba a vencerse en 1983, aparecen las refrescantes declaraciones de Kenneth Wetherell, Presidente de la Compañía Shell de Venezuela y Robert N. Dolph, su par de la Creole,

"A la luz de lo que ocurre en el mundo es de suponer que las relaciones entre las concesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983." (Dolph)

"La empresa está dispuesta y preparada a examinar cualquier nuevo esquema de relaciones para las actividades petroleras, a fin de cumplir con las aspiraciones y objetivos de la nación venezolana" (Wetherell)

De tal suerte que en el año de 1976, después de ser ventajosamente indemnizadas por la entrega de equipos, instalaciones e inmuebles largamente depreciados, habiendo obtenido unos contratos de asistencia técnica que simplemente disimulaban injustificados pagos adicionales, unos contratos de comercialización en donde se les otorgaban jugosos descuentos y, previo también, un avenimiento secreto en el cual recibieron garantías no escritas -pero fielmente cumplidas- de participación en todos los futuros emprendimientos petroleros del país, las grandes corporaciones internacionales renunciaron a sus concesiones; dejando de paso, y como garantes de sus intereses en las que ahora serían operadoras nacionalizadas, a los "nativos" de su confianza: ese caballo de Troya antiestatal que ahora promueve la privatización a marcha forzada, vía las aperturas, las asociaciones estratégicas, el "outsourcing" y la venta de parte del capital en acciones.

En resumen, y para enfatizarlo con otras palabras, las historias de amor y dolor de la pareja simbiótica y contradictoria Estado-concesionaria extranjera, que constituyó la trama principal en torno a la cual se estructuró la evolución social, económica y política de Venezuela en este siglo concluyeron, aparentemente, en 1975 . Disuelto ese conflictivo matrimonio, se inicia la etapa de extensión del derecho de propiedad estatal desde los yacimientos hasta la industria misma: la llamada "nacionalización" de la industria petrolera.

En verdad, la separación fue sólo en el plano formal, ante la Ley y el "que dirán", pues en la intimidad las antiguas concesionarias nunca perdieron sus cuotas de participación en el negocio venezolano y, lejos de eso, las extendieron hacia áreas y sectores que antes estaban fuera de su alcance por encontrarse fuera de los límites de sus concesiones. El decadente matrimonio se convirtió en pecaminoso y grato concubinato.

Rompieron así el cerco de hierro que había establecido la política de "no más concesiones" instaurada por Juan Pablo Pérez Alfonzo e iniciaron una "reconquista a la española", de largo plazo. Para ello contaban con las semillas antiestatales que dejaron sembradas en sus filiales, ahora operadoras nacionalizadas. Semillas que fructificaron en cúpulas gerenciales promotoras de toda clase de negocios con las antiguas casas matrices.

Así pues, en este trabajo pretendemos precisar esa percepción de la llamada "apertura petrolera" como el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal. Desde luego, esta política tiene ahora un refuerzo en las circunstancias políticas y económicas que se viven en el mundo actual y por ello consideramos oportuna la ratificación de un análisis que ya habíamos hecho en oportunidades anteriores: en la referida en la nota N° 1 y en artículo publicado en el N° 8 de la revista "Nueva Economía"

Ubicado ya en la etapa en que esta política secular adquiere su nombre de "apertura petrolera", debemos decir entonces que, como se desprende de todo lo dicho anteriormente, ella tuvo todo un proceso previo de preparación y hasta un ensayo general. En cada escaramuza por la "internacionalización", la Orimulsión, el Cristóbal Colón, el mejoramiento de crudos extrapesados y los campos marginales, se quedaron pedazos de soberanía, de capacidad de control y fiscalización, jurisdicción de las leyes y tribunales nacionales, y, como se constata en las cifras oficiales, de integridad de la participación fiscal. Todo ello, en nombre del mantenimiento de la autonomía operativa y financiera de PDVSA y sus filiales, pero con los propósitos reales abiertamente planteados por su Presidente: expansión del negocio y "estímulo" a la participación del capital extranjero.

De esta manera es que llegamos "preparados" para negociar con nuestros antiguos y renovados socios extranjeros: con un viejo cuerpo legal, reglamentario y de control desmantelado, pero con un instrumento completamente nuevo y aceitado para el regreso transnacional...

Es así, pues, como PDVSA ha devenido en la antítesis de lo que debería ser y, desde su condición empresa del Estado para la administración eficiente de los recursos públicos de hidrocarburos se transforma en facilitadora de oportunidades de negocios privados : promoviendo paulatinas modificaciones legales o propiciando transgresiones, multiplicando proyectos de limitada o nula rentabilidad fiscal, impulsando múltiples formas de participación privada, desde la internacionalización, la contratación de servicios y el "outsourcing" de ciertas funciones considerada no medulares, hasta los diversos niveles de "asociaciones estratégicas" y la reprivatización del mercado interno, que desembocan en el presente otorgamiento subrepticio de concesiones, paso previo a la "democratización del capital" mediante la colocación de bonos y la venta en forma de acciones de PDVSA y sus filiales.

"La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, aseguró ayer el presidente del holding estatal, Luis Giusti.

'Debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado' dijo el máximo representante de la petrolera estatal... al referirse a la significación del proceso de licitación que se viene realizando para la adjudicación de las 10 áreas con potenciales reservas de crudos livianos y medianos"

De esta manera el dirigente petrolero quitó el tenue velo que ocultaba púdicamente la realidad en cuanto a la orientación de la actual política petrolera venezolana. Dejó claro, de paso, que ahora serían ellos -los gerentes petroleros, y sus clientes, representados en aquel selecto auditorio de VenAmCham- quienes tendrían el poder para decidir sobre el destino de lo que antes había sido definido como patrimonio colectivo de los venezolanos. En consecuencia, el flamígero heraldo del fin de la historia dictaminó que el sueño nacionalizador había terminado... para gloria eterna del negocio globalizado.

Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero, que ha visto llegada la hora de acabar de una vez por todas con los sueños populistas y socialistoides que todavía obstaculizan la integración del país en el escenario mundial unipolar, donde se impone a los pequeños el "libre mercado" de las transnacionales y las grandes naciones, aquéllas que fundamentan su poderío económico y político precisamente en la disposición de mercados externos irrestrictamente abiertos y el resguardo proteccionista de sus economías domésticas.

"La apertura petrolera forma parte de una estrategia internacional de apertura económica, que lideriza el capital transnacional, especialmente el de los Estados Unidos de Norteamérica, en la búsqueda de un reacomodo de las grandes potencias económicas mundiales para optimizar su tasa de ganancia en el mercado internacional. Esta situación, que se inscribe dentro de una política de globalización, tiende a reducir el papel de los Estados del llamado tercer mundo dentro del proceso económico, y muy especialmente, el rol de los Estados productores de petróleo puesto que serán éstos quienes apuntalarán las demandas y necesidades energéticas de los países industrializados. A nivel nacional esta estrategia capitalista pretende en Venezuela, dedicarse a la fase más rentable de la industria petrolera (la explotación) y aun mucho más: la explotación de los crudos livianos y medianos que requieren de proceso de refinación menos sofisticados que los crudos pesados."

Estas circunstancias se pueden identificar claramente en el proceso que estudiamos y tienen su expresión en la versión "comunicacional" corporativa, según la cual:

"Es necesario entender, que la Nacionalización no es ni puede ser una condición estática, sino un proceso dinámico. El acto, el 1° de enero de 1976, de traspaso de las operaciones petroleras a manos venezolanas, fue sin duda un acto nacionalizador Pero pretender trasladar las condiciones de aquel entonces a las realidades de hoy, sería meternos en una especie de callejón de autarquía, ubicándonos al margen de las oportunidades que nos ofrecen las tendencias de globalización."

De allí que la proclamada apertura no resulte ser sino un nuevo escalón, otra vuelta de la rosca, en un proceso que se inició simultánea y paradójicamente con la "nacionalización". Ese proceso, ya se avizora, continuará con la minimización y autocastración de la empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen concesionario en condiciones peores a las prevalecientes en los tiempos de Juan Vicente Gómez.

"...en la proposición actual del Ejecutivo Nacional de licitar diez áreas exploratorias, de una extensión 'típica de unos dosmil kilómetros cuadrados' , aunque suman un total de 17,6 mil km², no se prevé ni el pago de un bono, ni la reversión de tierras valorizadas por la actividad exploratoria de las contratistas (o 'inversionistas' como se denominan). Además de extenderse el período de exploración a nueve años, en ningún momento se definen lotes de explotación. A las contratistas se les concede la explotación de los yacimientos, hecho sin precedente en nuestra legislación".

En efecto, desde 1920, con la promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una concesión era un lote definido -diez mil hectáreas o 100 km² según la nueva unidad de superficie que utiliza PDVSA- sobre el cual se realizaría, durante sólo tres años, una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían 10 parcelas de explotación -de 500 has. cada una- en la mitad de su superficie, intercaladas con las 10 parcelas de reserva nacional, tal como en un tablero de ajedrez las blancas y las negras.

El Dr. Mommer realizó en el trabajo referido el primer y más completo análisis crítico comparativo del esquema de ganancias compartidas con los instrumentos concesionarios y de contratos de servicios establecidos en nuestra legislación. Mommer demuestra cómo el sistema adoptado para instrumentar la política de apertura es un engendro concebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y política en materia petrolera:

Ya sean concesiones, contratos de servicio o convenios de asociación, ninguna figura contractual petrolera conocida otorga tantas ventajas al socio extranjero y retrocede tanto en las conquistas históricas en esa materia, satisfaciendo, a priori, las aspiraciones máximas del capital transnacional.

La consideración fundamental que debe tenerse en cuenta para el análisis de estas circunstancia es la de que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan circunstancias objetivas con una carga considerable de falacia.

Dichos postulados forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades primarias y fundamentales de esa industria.

En verdad, en el Acuerdo del Congreso Nacional que autoriza la suscripción de los convenios de exploración y explotación de áreas nuevas bajo el esquema de ganancias compartidas se ha materializado la voluntad política de quienes consideran que el petróleo es la única salvación del país, y que la expansión de ese negocio, dinamizará al resto de la economía nacional. Aun cuando esa expansión se haga a costa de sacrificar logros y principios anticuados -rentistas, estatistas o socializantes- tales como los de maximización de la participación fiscal y control soberano del Estado sobre el recurso y su industria.

Por el contrario, ese sacrificio será expresión de liberalización y progreso institucional, por cuya virtud se volcarán sobre el país flujos masivos de inversión extranjera, los cuales inmediatamente harán positivos los saldos de nuestra balanza de pagos, detendrán la caída del bolívar, generarán empleo y serán el detonante de una reactivación generalizada de nuestra economía. Los poderosos efectos multiplicadores serían tales, que el país se convertiría en destino privilegiado para capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posible que retornaran los centenares de miles de millones de dólares depositados en el exterior por los beneficiarios criollos de la anterior bonanza petrolera.

El escenario óptimo de esta concepción es el de una privatización completa de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. La participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían. Tal proceso podría iniciarse con un reparto del capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos, tal como lo fundamenta otro de los ideólogos del poder petrolero:

"- Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño."

"Mientras no entendamos que el Estado es parte de nosotros, pero no es todos nosotros, y que todos nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como la de la UCV en relación con la apertura petrolera, en la cual se sugiere que todo lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es 'desnacionalizador', así esa propiedad o parte de ella pase formalmente a manos venezolanas."

Se propone entonces, en nombre de la "nacionalización", la desestatización, pues la Nación somos todos y cada uno de los venezolanos. Así, la empresa y su patrimonio dejarían de ser estatales. Lo colectivo se haría privado y las fuerzas del mercado harían el resto: asignarían, de la manera más eficiente, las mayores tajadas a los más capaces. Un poco más tarde en términos históricos, centenares de millones de ciudadanos de esa "Nación que somos todos", descendientes aún no nacidos de los veintitantos millones de perdedores de hoy, se encontrarán conque alguna vez en el pasado fueron despojados de una herencia descomunal.

Tales son la leyes del capitalismo, y con mayor razón, en el estadio salvaje en el que el mismo se encuentra en Venezuela. Pero, mientras eso sucede, el país se desarrollaría, desaparecerían la inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezolanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... ¡Claro! Será inevitable que los que tengan más saliva traguen más harina.

Ese escenario -el "propio" sueño americano- tiene rápida aceptación y adquiere rango de esperanza nacional para salir de la crisis, porque la opinión pública venezolana ha venido siendo modelada por los medios de comunicación masiva para aceptar como excelentes todos los emprendimientos del poder petrolero. Como ya dijéramos, se trata de una verdad petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el consciente, el subconsciente y el inconsciente de los venezolanos, plagado de falacias y verdades a medias.

Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta de la desinformación, del palangre y las imágenes corporativas con las cuales nos quieren hipnotizar los medios y la gerencia transnacionalizada de PDVSA. Para ello, debemos comenzar por las más simples definiciones y algunos recordatorios de la historia reciente de nuestra política petrolera.

En primer lugar sobre el término apertura: ¿qué es lo que se quiere abrir? ¿qué es lo que estaba cerrado?

La primera aproximación a esa definición ha sido expuesta por varios analistas (Alvaro Silva Calderón, Luis Vallenilla, Alberto Quirós Corradi, entre otros) en el sentido de que se trata de abrir lo que cerró la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos: la participación del capital privado en las actividades de exploración, producción, refinación y mercadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional.

Por su parte, PDVSA misma reconoce, diáfanamente, que la apertura ha sido una estrategia largamente madurada, pensando en la expansión del negocio y el aumento de la participación del capital transnacional:

"A comienzos de los ochenta, Petróleos de Venezuela identificó la conveniencia de adelantar una estrategia de internacionalización...

Como complemento natural de esa estrategia, a comienzos de esta década, se inicia el proceso de apertura del negocio petrolero en nuestro país. En respuesta a lineamientos del Ejecutivo Nacional, PDVSA emprende la búsqueda de fórmulas de participación del sector privado en todos sus segmentos de negocio. Esta apertura ha originado convenios operativos para la reactivación de campos de producción, asociaciones estratégicas para producir crudos de la Faja del Orinoco y explotar gas costa afuera, y sociedades para el desarrollo de Orimulsión®, a los cuales se suman otros esfuerzos de asociación con capital privado que se han venido adelantando en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales."_

Y, finalmente, así lo confirma el Presidente de PDVSA en reciente entrevista:

..."La apertura es un proceso que comienza en el país hace más de diez años, y que probablemente continúe con otros programas, todos ellos encausados dentro de una estrategia, cuyo objetivo es, fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversificar el negocio petrolero, abriendo espacios para la participación del capital, la tecnología y el mercado controlado por el sector privado externo".

Con estas definiciones se caracteriza, en verdad, parte del proceso aperturista, su concreción última, pero se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto, compartimos más bien, y como se desprende de nuestros planteamientos iniciales, la opinión de Gastón Parra Luzardo:

A lo largo de estas dos décadas, el poder petrolero, ejercido ahora por PDVSA, creada por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975, ha venido desarrollando y puesto en práctica toda una política dirigida a profundizar, de manera progresiva, el proceso de privatización de la industria petrolera.

Porque, como ya dijimos, se trata de una etapa más dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos primeros determinantes se manifestaron hace más de 35 años. Tal es la perspectiva que debemos tomar para analizar el bosque de la política petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los megaproyectos.

Reasumiendo las afirmaciones iniciales en ese sentido, nuestra demostración de las mismas se ha centrado en el análisis de la política petrolera venezolana e internacional entre 1959 y 1975 y en cómo aquél llamado "adelanto de la reversión" que se produjo en este último año no fue más que el resultado de una composición de fuerzas nacionales e internacionales que lograron, como siempre, convertir una consigna nacionalista en el mejor camino para fortalecer la presencia del gran capital transnacional en las fases más rentables del negocio petrolero venezolano.

Fue así como se produjeron durante todo 1975 y todavía bien entrado 1976, las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias jugosas indemnizaciones sobre activos largamente depreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado, cuan inmerecido, lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas.

Ya en estos contratos de asistencia técnica y comercialización se inicia el proceso de desmontaje del aparato de control y fiscalización estructurado por el Estado venezolano a lo largo de décadas.

En ellos se consagró, por primera vez, la renuncia a la soberanía impositiva, al establecer una fórmula automática para compensar todo intento de incremento de las tasas impositivas vigentes a la firma del contrato. Igualmente, allí, por primera vez, se renunció a la "inmunidad de jurisdicción", al establecer, en contravención del Artículo 127 de la Constitución Nacional, el arbitraje internacional como medio para dirimir los desacuerdos entre las partes contratantes.

Comenzó a funcionar así el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias. A ellos siguieron la internacionalización y la Orimulsión, destacados componente de una estrategia enfrentada a la política oficial, y generalmente aceptada, de control de la producción como garantía para la defensa de los precios. Esa estrategia gerencial incorpora, en consecuencia, un decidido sesgo anti-OPEP.

El Proyecto Cristóbal Colón, recientemente "diferido por 5 años", fue sin embargo, el emprendimiento más exitoso de la gerencia petrolera desde el punto de vista de su rumbo hacia la desnacionalización total de la industria. Escudados en la importancia estratégica de ese proyecto lograron imponer en el Congreso Nacional la eliminación de la figura de los Valores Fiscales de Exportación, la cual garantizaba adecuados niveles de participación fiscal. Igualmente, y de manera subrepticia, forzaron un dictamen de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual fueron derogados los Artículos 1°, 2° y 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural.

En sí mismo, el Proyecto Cristóbal Colón incorpora mermas del ISLR en 33 puntos porcentuales y expresa renuncia a la soberanía impositiva al disponer el compromiso de Lagoven de compensar a sus socios extranjeros en la eventualidad de incrementos tributarios dispuestos por las autoridades nacionales.

Con este ensayo general quedó servida la mesa para los nuevos hitos en el camino desnacionalizador: las "asociaciones estratégicas" para la operación de campos inactivos y los "convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas" vendidos bajo el slogan de la "apertura".

De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano.

Atrincheradas en el privilegiado papel de asesoras tecnológicas (convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales) y comercializadoras de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantuvieron a la espera de su reinserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas. El atajo lo constituyen los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscan en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria.

Así pues, los rostros desafiantes y las demostraciones de alegría de los petroleros nativos, en los días triunfales de la ronda licitatoria de las diez áreas en referencia, contrastan con el hecho nada enorgullecedor de que ése es y será el resultado de haber aceptado, de antemano, las aspiraciones máxi¬mas de los potenciales socios. Y que los aparentemente suculentos bonos son apenas unas vergonzosas migajas que podrán ser recuperadas -de acuerdo con las propias estimaciones preliminares de reservas en cada lote- en uno o dos meses de una producción sobre la cual las nuevas concesionarias tendrán el control por casi cuarenta años.

Tal nivel de complacencia, inadmisible en una negociación donde estaba en juego el mayor patrimonio colectivo de los venezolanos, nos lleva a colegir, con serio fundamento, que los autores de esta propuesta simplemente se adscribieron, sin ninguna resistencia, a términos establecidos por intereses extranjeros ; tal cual como hicieron los negociadores oficiales en los 14 contratos de asistencia técnica suscritos en 1975 y tal como corresponde a la ya larga tradición cipaya de las elites hegemónicas de este desguarnecido país.

La realidad fundamental que pretenden eludir los gerentes petroleros es la de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos, y los derechos que como propietario le corresponden. Pese a la anómala condición de compañía anónima que se le confirió a PDVSA, sus ejecutivos no son otra cosa -aunque les pese- que funcionarios públicos y, en tanto que tales, ejecutores de la política estatal, de la política de los propietarios, en la gestión de esa industria.

PDVSA no es una empresa que deba buscar cobijo en FEDECAMARAS o en VenAmCham : es una empresa estatal. Parecería una verdad de Pero Grullo, pero éste es uno de los problemas mas delicados que se le plantean al país en materia de política petrolera..

Las prioridades de los gerentes de PDVSA se orientan según los intereses de sus clientes, socios internacionales, proveedores y contratistas; con los cuales no tienen secretos. y con cuyo concurso planifican estrategias para enfrentar las políticas y orientaciones estatales. Por eso mismo, recelan de los poderes públicos, esconden información a sus legítimos contralores y reniegan de su condición estatal. En su visión corporativa lo importante es la expansión del negocio, aún al precio de minimizar los dividendos a repartir entre los propietarios. Como queda más que demostrado, el más importante foco generador de tendencias privatistas en la industria petrolera nacional se encuentra en esas cúpulas gerenciales.

En efecto, durante todos los años de existencia de PDVSA, los esfuerzos de su gerencia transnacional han estado enfrentados al más acendrado interés nacional: bajar la participación fiscal, boicotear a la OPEP, hacer descuentos a los "clientes tradicionales" y a "nuestras filiales en el exterior", fomentar negocios inviables para la Nación pero lucrativos para el capital privado.

La política de expansión a todo trance de la producción es característica. No importa si en esa expansión se violan normas técnicas, con lo cual se acelera el agotamiento de los yacimientos, no importa si esa expansión va a sobrealimentar a un mercado estructuralmente saturado y a convertirse en factor de debilitamiento de los precios reales, no importa violar los topes asumidos en el seno de la OPEP -en realidad, es lo que menos importa. No importa si crecen los costos y las posiciones competitivas del país a mediano plazo se comprometen. No importa si, para garantizar esa expansión se ofrecen condiciones exageradamente generosas al capital petrolero internacional, en desmedro de la participación nacional. Lo único que importa es que florezcan los negocios que alimentan el poder y las fortunas de los particulares y las corporaciones que los proponen y ejecutan.

Aclaremos, de paso, que no nos estamos refiriendo a las pequeñas raterías -aquéllas que hoy pueden llegar hasta las decenas y centenas de millones de bolívares- que se denuncian en los niveles operativos intermedios, de contratación y supervisión de proyectos, servicios, asesorías, construcciones civiles, donde ha comenzado a institucionalizarse el "¿Cuánto hay pa'eso?", Quirós dixit. A diferencia de nuestro citado, nos referimos a fiascos nacionales donde si está involucrada la alta gerencia de PDVSA.

Desde el punto de vista estrictamente político, en todos estos veinte años, las fuerzas de la apertura transnacional han tenido como gran acierto la imposición, a la sociedad venezolana, de su visión corporativa -la "verdad petrolera"- como axioma incontrovertible. Uno de los principales pilares del imperio de esta visión acrítica y deformada de la realidad lo constituyó el pacto de los máximos líderes de AD y Copei, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, para sacar al petróleo del debate político.

De tal manera, en nombre de la importancia para el país de la actividad petrolera, de la necesidad de alejarla de la politiquería y el clientelismo partidista, se permitió que la más antinacional de las políticas, la de las transnacionales y las mafias aprovechadoras, se apoderara de ella.

Por otro lado, en nombre de la meritocracia, se ha permitido el enquistamiento de una dinastía gerencial que reproduce su filosofía y patrones de conducta antinacionales, a través de un sistema de premios y castigos que privilegia la incondicionalidad y el acriticismo y crea una verdadera cadena de complicidades y favoritismos dignos del mas rancio régimen feudal. (Como lo farfullan entre dientes muchas de sus víctimas, bajo la campana de Gauss de las evaluaciones anuales se produce toda suerte de injusticias, humillaciones y pasos de Horcas Caudinas.)

La camarilla gerencial petrolera, escudada en la condición de compañía anónima atribuida a PDVSA y arguyendo que se manejan asuntos de alta confidencialidad y complejidad técnica, ha convertido en coto cerrado el proceso de toma de decisiones estratégicas que comprometen al recurso fundamental de la Nación. El ámbito de discusión de estos temas se ha restringido a esa cúpula y a sus asesores externos, con el libre albedrío que les otorga el premeditado desmantelamiento del órgano legal para la fijación de las políticas aplicables al sector.

Los poderes públicos nacionales, y en particular el Congreso Nacional, consumen mucho de su tiempo discutiendo, por ejemplo, el déficit fiscal o la asignación del presupuesto nacional. Pero lo hacen a partir de datos sobre cuya génesis no tienen ninguna posibilidad de modificación. Es decir, "planifican" a partir de parámetros que son fijados de manera independiente por los petroleros. Tal como lo haría un joven con la mesada asignada por su padre: a veces protestando su insuficiencia, pero sin poder ir más allá, por desconocer los factores determinantes de tal nivel de asignación.

Es en este ambiente de ignorancia y complicidad como se ha constituido, en torno al petróleo, el mayor centro de desviación de los bienes públicos hacia privilegiadas alforjas. Que no hay RECADI, ni banquero corrupto, ni beneficiario irregular del financiamiento estatal, que alcance siquiera a un punto porcentual de las perversas cumbres de enriquecimiento privado, nacional y extranjero, generadas por el poder petrolero. Tal es el trasfondo de esa vieja política que reaparece cada mañana con un nuevo nombre o moda. Ahora es el turno de la apertura y dentro de muy pronto -ya está en camino- será el de la privatización total de PDVSA.

Es así como hemos llegado a tener, supuestamente, la segunda empresa petrolera a nivel mundial y, al mismo tiempo, cinco sextas partes de la población venezolana colocada entre los estratos de necesidades básicas insatisfechas, pobreza crítica y miseria extrema.

Es así, también, como en 1995, un negocio que movilizó 27.261 millones de dólares en sus operaciones nacionales e internacionales, y alcanzó las cifras máximas en producción de crudo y refinación en 20 años, reportó la mínima participación fiscal en ese mismo lapso, de 4.954 millones de dólares y retuvo para sí ganancias netas máximas, incurriendo, desde luego, en cifras máximas de costos e inversiones. Considérese, en contraposición, las cifras de 1976, cuando con ingresos de apenas 9 mil millones se generaba una participación fiscal de 7 mil millones. (Ver Cuadros y Gráficos Anexos)

Tal es nuestra opinión en torno al proceso de la política petrolera venezolana en los últimos 25 años. A contrapelo de las formulaciones legales y reglamentarias, de las tradiciones y rituales de la política petrolera venezolana, con el disfraz de la nacionalización hemos introducido en nuestra casa un caballo de Troya antinacional, el cual, en nombre de supuestos "escenarios productores" y de "combate al rentismo" ha liquidado la capacidad efectiva de captación nacional de una renta que de todas maneras se produce, en tanto que su determinación es el resultado de un intrincado conjunto de relaciones económicas internacionales, establecidas y consolidadas en un proceso que se inició a principios de siglo.

La falacia del "escenario productor" enfrentado a otro "rentista" queda en evidencia cuando constatamos que uno de los resultados evidentes que tendrá el "esquema de ganancias compartidas" será la minimización de la participación de PDVSA, tanto en su condición de operadora como en la de perceptora de beneficios, colocándose en una posición que no tiene otro nombre sino el de rentista, en tanto y en cuanto usurpa el papel que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas en la fiscalización y control de entes operadores extranjeros.

La responsabilidad de que éstas y todas las ya expuestas tropelías aperturistas sucedan impunemente, aunque en gran parte puede atribuirse al pacto "institucional" que tendió un manto cómplice sobre esas actividades irregulares, alcanza también a la voluntaria incultura petrolera de casi toda la dirigencia política y económica del país y a la inercia de sus Universidades, que las llevó a dejarse imponer una emasculación de su capacidad analítica y crítica en esta materia, con la eliminación de las cátedras de Economía Petrolera y que ahora las hace proclives al mutismo cómplice y a la cacería de disidentes, aquéllos que con su lunática prédica ponen en riesgo la entrega de los tres campos petroleros que, a manera de soborno, les está ofreciendo el Poder Petrolero.

La sustitución del análisis por la fe proviene en mucho del abandono por las fuerzas políticas populares, por las Universidades y por los medios de la cuestión petrolera nacional, luego de la nacionalización, en la creencia ingenua de que con ella todo estaba resuelto, porque supuestamente "el petróleo estaba en buenas manos". Con alivio, los nacionalistas cerraron los libros y se echaron a dormir. Así dejaron al "caballo de Troya" en PDVSA actuar a sus anchas. Ahora Ministros, congresantes, dirigentes, profesores se sienten sorprendidos, perplejos, aún semidormidos. Su reacción es de desaliento y derrotismo

La crisis nacional exige a los poderes públicos, y a las colectividades políticas que pretenden encarnar la voluntad popular, una asunción plena de sus responsabilidades en esta materia. Ello pasa por tomar una decisión política de amplias repercusiones, que afectaría a otros poderes constituidos y que sería duramente combatida.

El caso lamentable es que en la actualidad el país no cuenta con un liderazgo político capaz de emprender semejante tarea. Debemos empezar a construirlo. Y el primer paso en ese camino es delinear una política alternativa a la que se ha impuesto en los últimos veinte años.

La política petrolera venezolana debe formularse claramente a nivel Estatal, es decir, debe ser establecida con la participación de todos los poderes públicos. La justificación es doble: La primera se refiere a que, cualesquiera sean los titulares de la propiedad sobre los recursos del subsuelo y los activos de esa industria, el Estado está en la obligación, claramente establecida en la Constitución y las leyes, de controlar, regular y fiscalizar a una actividad productiva que se desarrolla en su territorio. La segunda se refiere a esa condición actual que puede revertirse en el tiempo, pero mientras exista debe ser ejercida plenamente y sin complejos: el Estado es el propietario de los recursos y de la industria erigida para su explotación.

En el plano técnico-operativo de esa reivindicación, es necesario desmontar las bases de desinformación sobre las cuales se fundamenta la "verdad petrolera". Se hace necesario, por tanto, recabar toda la información disponible y contrastarla con las presentaciones voluntariamente sesgadas que se hacen de la misma. Hay que hacer evidentes los detalles que se ocultan detrás de las prácticas de agregación de las cifras. Analizar cada negocio, cada sector de actividad, de manera de establecer la eficiencia particular de cada uno de ellos.

La situación conforma un serio problema político que sólo puede ser encarado teniendo todos los ases en la mano: Información certera y precisa como instrumento fundamental para la sustentación de una voluntad política y búsqueda de un apropiado nivel de consenso en torno a las propuestas concretas..

Por lo demás, esa política petrolera, en tanto que política reivindicadora de los vulnerados derechos de los propietarios colectivos, debe ser también el producto de una amplia consulta en todos los estamentos de la sociedad. Para ello, deben tener participación cierta en su formulación todas las organizaciones representativas que no lo hacen directamente en los poderes públicos centrales, como la CTV, FEDECAMARAS, gremios profesionales, universidades, corporaciones de desarrollo regional, estados y municipios, sin olvidar, desde luego, a ese poder público que son las Fuerzas Armadas.

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Viernes 17 de Julio de 1998 En materia de política petrolera venezolana, las vigentes tendencias hacia la globalización de la economía se manifiestan a través de una peculiar apertura que, en general, tiene características similares a las que se registran en otras ramas de la economía: se trata del regreso a los viejos y buenos tiempos pre-keynesianos, de imperio del capitalismo sin desviaciones terceristas ni demasiadas consideraciones sobre justicia y seguridad social, equidad y otros contaminantes.

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Apertura Petrolera (1990 – 1997)

Introducción

Carlos Andrés Pérez

Con el término “Apertura Petrolera” se conoció el proceso de privatización de las actividades de exploración, explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos venezolanos iniciado a principios de los años 90. La política de “Gran Viraje”, promulgada por Carlos Andrés Pérez y amparada en las tendencias neoliberales prevalecientes entonces en el continente, optaron por la desestatización acelerada de importantes industrias nacionales, entre ellas las relacionadas con el petróleo.

En un principio, la Apertura se circunscribiría a la autorización de convenios con empresas privadas para la explotación de campos inactivos o marginales de PDVSA, pero, progresivamente, el Gobierno, el Congreso y las empresas privadas entregaron al capital extranjero buena parte de los recursos naturales, incluidos el petróleo de la Faja del Orinoco y el gas natural costa afuera.

El clímax de la Apertura se alcanzó en 1995, cuando el Congreso de la República aprobó la exploración a riesgo de 18 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, la máxima extensión de tierra venezolana licitada con fines de exploración y producción de crudos convencionales después de la Segunda Guerra Mundial [1].

Los principales rasgos de tales convenios hablan por sí solos de cómo los gobiernos de turno pretendían vender el país:

Creación de sociedades anónimas para la exploración a riesgo de las áreas que recibieron ofertas durante un período máximo de 39 años.

La participación del Estado, a través de PDVSA y sus filiales, oscilaría entre el 1% y el 35 %. En consecuencia, entre el 65 % y el 99% de las acciones restantes, según el caso, pertenecerían a las compañías privadas reunidas en un consorcio.

Los miembros de cada consorcio pagarían al Estado las regalías, un impuesto de participación del Estado en las Ganancias (PEG), un impuesto sobre la renta, entre otros. No se preveía el pago de impuestos municipales, como obligaba la Constitución. Además, PDVSA protegería a los inversionistas extranjeros de producirse cambios en la política fiscal que los desfavorecieran.

Cualquier controversia surgida con motivo de la interpretación del contrato o de su ejecución sería resuelta mediante el procedimiento de arbitraje establecido por la Cámara Internacional de Comercio de París y no por la legislación nacional.

Sin embargo, muchas de estas cláusulas violaban abiertamente disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la Ley que asignaba al Estado los derechos de propiedad y administración de los hidrocarburos, y otras disposiciones. El entonces diputado Alí Rodríguez Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995, citaba algunas de las violaciones más flagrantes de la legalidad:

Constitución de la República

a) Artículo 136, ordinal 10º: “Es de la competencia del Poder nacional el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.

b) Artículo 103 “Las tierras adquiridas con destino a la exploración y explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva”(…).

Ley orgánica de la Administración Central

a) Artículo 35 “Corresponde al Ministerio de Energía y Minas la planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo nacional en materia de minas, hidrocarburos y en energía en general (…)

b) Decreto constitutivo de PDVSA y su reforma:

– “Decreto Nº 250 del 23–8–79. Artículo 1º “Se introduce esta reforma para reforzar el control por parte del Estado… (…) “…el cumplimiento del objeto social deberá llevarse a cabo por la sociedad bajo los lineamientos y la política que el Ejecutivo nacional, a través Ministerio de Energía y Minas, establezca o acuerde de conformidad con las facultades que le confiere la Ley.

- Decreto Nº 855 del 24–9–85, ratifica la función del control por parte del Estado.

Veamos evidencias, a través de las declaraciones de senadores y congresistas de la época, de cómo el Poder Legislativo, de espaldas al pueblo, traicionó por aquellos años los más evidentes intereses nacionales:

En defensa de la apertura:

“Podemos decir hoy que hemos logrado un marco de condiciones para los convenios de asociación con un sólido apoyo político, que cumple cabalmente con lo exigido por la Ley y que mantiene la competitividad de estos convenios como opción de inversión atractiva para los capitales privados asociados a nuestra empresa petrolera nacional” (Virgilio Ávila Vivas, Presidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas, Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995).

“Es el mejor negocio petrolero que ha hecho Venezuela y va a conducir al país por la senda de la decencia, al desarrollo y al bienestar para todos los venezolanos.” (Diputado Leonardo Montiel Ortega [2], Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

“Constituye un verdadero honor para mí como Ministro de Energía y Minas y en representación del Ejecutivo nacional dirigirme a este soberano Congreso en un día en el que se va a escribir la página más importante de la historia petrolera venezolana en los últimos 20 años (…) Estamos a un paso de producir un verdadero cambio en la relación petróleo–sociedad”. (Erwin Arrieta, Ministro de Energía y Minas, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995)

“El proyecto Hamaca [3] será un ejemplo de lo que una industria puede hacer, cuando deja de ser percibida como un factor de renta para convertirse en un verdadero motor del desarrollo económico regional y nacional. Cuando deja de ser un enclave y pasa a ser un integrante más de la sociedad.” (Senador Virgilio Vivas, Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Sesión Conjunta del 11 de junio de 1997).

Aprobación sin lectura…

Y sin discusión

“Como esos contratos fueron entregados a última hora, prácticamente en el momento en que se iniciaba la Sesión, creo que es un sentido de responsabilidad abstenerme en este caso, a votar por algo de lo que no tengo conocimiento”. (Diputado Nelson Carrasquero, a nombre del Movimiento Electoral del Pueblo, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

“¿Cuántos han leído ese Informe [4], y de los que no lo han hecho, cuántos oyeron su lectura, porque observé que mientras el Secretario leía, virtualmente era imposible oírlo. Tengo la convicción, como lo he dicho en muchas oportunidades, de que se va a votar sin saber lo que se está haciendo.” (Diputado Alí Rodríguez Araque, en la Sesión Conjunta del 24 de abril de 1997 [5]).

“Lo que se trajo acá no fue lo que se discutió originalmente en la Sesión final de la Comisión de Energía y Minas. Eso que aquí se discutió de manera atropellada, mejor dicho, no se discutió, se oyeron algunas intervenciones, atropelladamente se dio por aprobado el informe y luego se llevó a nuevos ajustes en las cúpulas partidistas, yo participé en una de ellas, más como convidado de piedra que como otra situación, como un participante activo”. (Diputado Alí R. Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995).

Mano ganada no se tranca:

Ninguna de las advertencias anteriores en torno al modo arbitrario e inconsulto utilizado para aprobar los convenios petroleros, consiguieron detener un proceso que a todas luces se presentaba como mera cuestión de trámite… Así lo ratificó el propio Presidente del Congreso en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995, ante una interpelación del diputado Leonardo Montiel Ortega:

Diputado Ortega: Hay una cuestión, y va a ser la última de mi referencia…

Presidente del Congreso: Dios lo oiga, diputado.

Diputado Ortega: Me interesa más que me oiga usted, distinguido Presidente.

Presidente del Congreso: Lo estoy oyendo, pero como usted está hablando en lenguaje coloquial, la Presidencia se permite decirle que hay una regla de oro en dominó, y el Presidente de la República sabe mucho de dominó: que mano ganada no se tranca.

Los parlamentarios de los partidos AD y COPEI reaccionaron con estruendosos aplausos.

¿Y dónde está el pueblo?

“Pregunto a los honorables responsables del manejo de estos Convenios de Asociación, ¿fueron consultados todos los colegios profesionales, siquiera a nivel nacional o sobre todo los que tienen que ver más con este asunto? ¿Fueron consultadas las academias nacionales? ¿Fueron consultadas las centrales obreras? ¿Hubo, en realidad, un interés para que la participación fuera más nutrida, o se redujo a un cogollo de especialistas transnacionales, a un cogollo de especialistas nacionales y a un cogollo de supuestos especialistas políticos, convertidos de pronto en técnicos petroleros?” (Diputado Augusto Ortega Lima, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

“(…) En representación del pueblo, hemos ignorado a esa otra parte del pueblo constituido por gente capacitada, con experiencia y conocimiento que pudiera habernos asesorado en esta materia” (Diputada Lelys Páez [6], en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

Hay una suerte de ficción en el sentido de que por el hecho de que el Congreso apruebe esas políticas significa el consenso nacional, sin saber que los parlamentarios no leen esos contratos y cuando los aprueban simplemente obedecen a líneas de partido. Esto es un hecho de grave irresponsabilidad por parte de los integrantes de este Parlamento (Diputado Alí R. Araque [7], en la Sesión Conjunta del 24 de julio de 1997).

Traje a la medida de las transnacionales: el ENTREGUISMO DE LA IV REPÚBLICA

Como se ha dicho, si algún rasgo caracterizó a los Convenios de Asociación aprobados durante el período, fue su escasa protección de los intereses nacionales. Hubo incluso quien los aceptó sin rubor:

“Estos convenios son un traje a la medida para grandes empresas multinacionales y a mí no me exaspera ni me preocupa que esto sea así”. (Diputado Leonardo Montiel Ortega, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995).

“El diputado Alí Rodríguez plantea (…) que se le ha debido dar más opción al inversionista privado venezolano. ¡Qué inversionista privado venezolano, ni que ocho cuartos! Los inversionistas privados venezolanos tienen una larga historia de ser testaferros de los extranjeros”. [8] (Diputado Leonardo Montiel Ortega en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

Las declaraciones citadas contrastan con otras voces, que se alzaron para denunciar la conjura:

“Todas estas cláusulas que disfrazan indemnizaciones o renegociaciones de los contratos por parte de los integrantes o las partes que suscriben esos convenios, tienden a limitar la soberanía tributaria del Estado” (Fragmento Diputado Alí R. Araque, en la Sesión Conjunta del 24 de abril de 1997).

“Estas dos actividades de absoluto y total interés nacional [impacto ambiental y transferencia tecnológica] han sido excluidas del ámbito de acción del Comité de Control. En lugar de hacer aprobar los programas de impacto ambiental y de transferencia tecnológica por dicho Comité, se deja a los inversionistas exclusivamente la potestad de diseñarlos, aprobarlos y explicarlos sin necesidad de someterlos a la aprobación y seguimiento de dicho Comité de Control.” (Diputada Lelys Páez, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

“Fueron más hábiles, más sabios o más experimentados los negociadores de las transnacionales que los negociadores de Venezuela (…). Pareciera que la mejor parte, que la mayor tajada (…) la sacaron las transnacionales, como históricamente ha ocurrido en el devenir petrolero de Venezuela” (Diputado Augusto Ortega Lima, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

“No voy a echar por la borda cincuenta años de integridad que es el terreno de la dignidad humana (…) No solamente voy a salvar mi voto, sino que voto negativamente este Informe, porque voy a dejar para la historia y que conste en Acta mi posición, en bien de mis hijos, en bien de mi Patria (Fragmento del discurso pronunciado por el diputado Luis Ramón Galíndez, independiente, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).

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Mariant Lugo

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DIANA RAMIREZ

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DIANA RAMÍREZ

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NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO EL LINK PARA QUE VEAN EL VIDEO

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NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO EL LINK PARA QUE VEAN EL VIDEO

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https://www.youtube.com/watch?v=k-90sQVmJto
MARIANT LUGO

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QUE ES LA APERTURA PETROLERA - Google Search

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La Apertura Petrolera significa un avance extraordinario en la mentalidad del país, permitiendo la existencia de un puente de acceso a capitales emprendedores en la consolidación de un sector energético que sea modelo pata el resto del mundo. No obstante, igual que en el presente luego del bombardeo de rentas petroleras de la década de los años 70, nos quedaremos pobres y dependientes en 30 años, si los ingresos petroleros de hoy no se utilizan para estimular un desarrollo substancial del país, que le permita tener una industria nacional fuerte y competitiva, con una distribución del ingreso fiscal del Estado dirigida hacia el fortalecimiento de la educación preescolar y básica y de las instituciones en general. Todos tenemos la responsabilidad de velar por la inteligente administración del negocio petrolero y la sana administración de los extraordinarios recursos que se derivan del mismo. Para ello, debemos entender de que se trata la industria de los hidrocarburos y el potencial energético general del país.
MARIANT LUGO
LINK DEL VIDEO

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Comercial de la Apertura Petrolera que PDVSA impulsó en 1998. Lamentablente el actuál gobierno la anuló. Locución: Ivan Loscher. Año 1998. Venezuela

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La Apertura Petrolera, se puede definir como la puesta en práctica por parte del gobierno nacional y PDVSA de una política que busca la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, dentro de los procesos de: exploración, producción, almacenamiento, transporte,distribución y comercialización de los crudos livianos, medianos, pesados y extra pesados venezolanos; la cual está dividida en las siguientes etapas:Convenios Operativos, Convenios de Asociación y los Convenios de Asociación de Ganancias Compartidas. Dicho proceso abarca el período comprendido entre 1992 hasta 1999. La participación de capital privado dentro de la industria petrolera nacional en 1992, significó un cambio profundo de las políticas aplicadas por los anteriores gobiernos venezolanos,las cuales se habían ajustado a los patrones establecidos luego de la Nacionalización (verticalización del negocio petrolero, bajo el control monopólico del Estado venezolano).

MARIANT LUGO

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QUE ES LA APERTURA PETROLERA - Google Search

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Nacionalización de la industria petrolera. Publicado el 31 de diciembre de 1975
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Heylin fernandez

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¿QUE ES LA APERTURA PETROLERA?

PDVSA define el término de apertura petrolera bajo los siguientes lineamientos.

Expandir la base de recursos de hidrocarburos mediante una exploración selectiva, con esfuerzo propio y de terceros.

Optimizar la producción de las áreas tradicionales mediante la aplicación del conocimiento y uso de la tecnología.

Crecer apalancada con terceros.

Maximizar la oferta de gas.

Contribuir con el desarrollo nacional.

Armonizar sus operaciones con el ambiente y las comunidades

heylin fernandez

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Países de América Latina con mayores Reservas de Petroleo 2016

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La Apertura Petrolera en el Contexto Social de la Economía Venezolana

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La Apertura Petrolera en el Contexto Social de la Economía Venezolana

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http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc21/21-4.pdf
heylin fernandez

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Kimberlin Suarez

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En los últimos tiempos en Venezuela se habla insistentemente de la apertura petrolera y los beneficios que ésta trae para la economía del país.
La apertura petrolera es una estrategia económica planteada dentro de la Agenda Venezuela, cuya finalidad es la de mantener a Venezuela rentable y competitiva en el complejo mundo energético

Como ya se sabe, se ha pronosticado que la demanda de energía crecerá alrededor de un 2% anual como resultado de la expansión económica y demográfica mundial traducida en tecnologías y servicios.

Razón por la cual estos elementos nos indican que Venezuela, por un lado debe aumentar su producción de petróleo a una capacidad de 4 millones de barriles diarios, y por el otro, internacionalizar la industria petrolera con el objeto de fortalecer nuestros sistemas de producción, distribución y comercialización a través de la reactivación de campos de producción poco rentables, al igual que asociaciones estratégicas para producir en la faja petrolífera del Orinoco, explotar gas natural costa afuera y sociedades para el desarrollo de la Orimulsión.

Para tales fines el Ejecutivo Nacional presentó a la consideración del Congreso Nacional un esquema de ganancias compartidas en exploración y producción de crudos convencionales, aprobada el pasado 4 de julio de 1995, con la finalidad de otorgar al Estado Venezolano un beneficio económico mayor al actual, al igual que la expansión del sector petrolero.

Las modalidades de esta apertura se ubican fundamentalmente en convenios operativos, por lo cual las empresas privadas invierten recursos financieros y ejecutan las actividades que PDVSA y sus filiales estimen necesarias en materia de destreza operacional, tecnológica y de mercados (programa iniciado en 1992.)

El procedimiento de licitación se realiza entre las empresas privadas y el Estado Venezolano, que otorga a través de las empresas de Petróleos de Venezuela un contrato de servicio donde las empresas operadoras venden diariamente a las filiales de MARAVEN, LAGOVEN y CORPOVEN su producto. Este convenio tiene una duración de 20 años; este contrato a su vez también involucra inversiones para el acondicionamiento de los yacimientos, construcción de la infraestructura y un impuesto al Estado de un 34% y PDVSA. Esta, como dueña del producto, debe pagar un estipendio por barril producido.

Hasta el presente han sido asignadas quince campos inactivos en dos rondas lícitas, de ella diez se encuentran en producción con la finalidad de producir al final de la presente década 420 mil barriles diarios.

Existe otra modalidad dentro del proyecto de exploración y producción conocida como asociaciones estratégicas, con la finalidad de diversificar los riesgos económicos asociados a la conversión y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a nuevos mercados a través de la conformación de proyectos integrados entre MARAVEN y socios internacionales (aprobado por el Congreso de la República en el año 1993).

Este proyecto aportaría un total de producción de unos 400.000 barriles diarios de crudo mejorado a principios de la próxima década y tendría como radio de actuación la faja petrolífera del Orinoco.

Actualmente existen dos convenios ya establecidos:

1. MARAVEN-Conoco.

2. MARAVEN-Total-Itochu-Marubeni.

En el caso de la primera, MARAVEN-Conoco, está previsto crear una empresa privada con una participación del 49% MARAVEN - Conoco y otros socios 2%, donde se pretende obtener un nivel de producción diarios de 104.000 barriles, además de 3000 toneladas de coque y 200 toneladas de azufre.

En el caso de MARAVEN-Total-Itochu-Marubeni también se prevee la conformación de una empresa mixta, donde la participación de MARAVEN sea de 40% e Itochu-Marubeni 25%; el proyecto contempla la producción diaria de 100 barriles, 3000 toneladas de coque y 500 toneladas de azufre.

Existe una tercera y cuarta asociación aún no delimitada totalmente, aunque se ha introducido ya la carta de intención entre CORPOVEN y Arco Internacional Oil & Gas COMPANY, con la finalidad de mejorar 200.000 barriles diarios de producción.

Por último, Mobil y LAGOVEN han conversado para producir 100.000 barriles diarios en la localidad de Cerro Negro.

La finalidad de toda esta apertura petrolera está sustentada en el hecho básico de la inversión del capital privado, el cual contribuirá al proceso de consolidación y crecimiento económico del país.

En términos reales sabemos que el ingreso petrolero ha ido disminuyendo con relación a la tasa de crecimiento de la población, por lo cual ha obligado a establecer nuevas estrategias de reactivación económica a través del ingreso de nuevas divisas en renglones competitivos.

No debemos olvidar que el petróleo representa el 24% del producto interno bruto, y que el otro 76% depende del efecto del sector petrolero en otras áreas.

Ese esfuerzo de inversión que hace la industria petrolera es importante y necesario pero no suficiente, por lo cual con esta política expansionista se pretende estimular al sector privado e introducirlo en la dinámica económica actual.

Marina Gómez de Dandreamatteo
Maestría en Historia de Venezuela en la UCAB, Profesora de la UPEL

webmaster gcortaza@ucab.edu.ve

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En los últimos tiempos en Venezuela se habla insistentemente de la apertura petrolera y los beneficios que ésta trae para la economía del país.

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fue, sin duda, la más importante de las fórmulas adoptadas durante la última década del siglo XX,  Con ella se inició un proceso que transfirió del sector público al sector privado, fundamentalmente al capital transnacional, importantes actividades de la industria de los hidrocarburos en el país.
Laura Quintero