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Concretamente, El Estado Social de Derecho se refiere a un principio que busca proteger, fundamentalmente, la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. Aquel, enfatiza en la importancia de no solo tener un gobierno con autoridad legal, sino también uno que trabaje progresivamente en el interés y confort de sus residentes. En su labor, promueve la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones, con el objetivo de equilibrar los intereses individuales a través del ejercicio y práctica del bien común.

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"Consiste en un sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona en el interior de la sociedad sin privaciones irracionales; para el efecto, al Estado se le atribuye la prestación o coordinación de ciertos servicios. Se trata de un modelo estatal que interviene directamente en la sociedad, en procura de asistencia social y redistribución, a fines de mitigar la desigualdad social que hace inoperante las garantías". (Henao, 2012).

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El proceso de creación de este nuevo sistema de ordenanza estuvo influenciado por la necesidad de abordar una serie de desafíos y bloqueos sociales, como la crisis institucional, el conflicto armado interno, las violaciones a los derechos humanos y la demanda de cambios estructurales en el sistema político del país.

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El inicio de esta época de violencia se remonta a mitad de siglo, exactamente en el intervalo en donde yace el gobierno conservador y las bases de un movimiento paramilitarismo.

En esos años la violencia del país tomó formas macabras. Decía El monseñor Germán Guzmán, coautor junto con Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, del famoso libro La violencia en Colombia de 1961:

“Miembros mutilados, lenguas y ojos arrancados. Entrañas abiertas a barbera y machete, cabezas cortadas, pies y rostros desollados; hombres, mujeres y niños crucificados, bienes materiales robados. El infierno en la tierra”. (Germani et al., 1964).

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Para los años 70, La despolitización de los partidos, la lucha interina de los mismos por quedarse con los puestos públicos en la partida burocrática y el atraso de la agenda legislativa por falta de mayorías absolutas en el congreso, llevaron al país, al estallido de la crisis social y a la famosa huelga popular de 1977. (Daza, s. f.).

Para finales de los años setenta, la guerrilla de las FARC ya había entrado al negocio del narcotráfico. De hecho, en el gobierno de López Michelsen ya existía el tráfico de marihuana y de hoja de coca, lo que comenzaba a presentar influencias en la economía nacional.

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El narcotráfico no solo fue la fuente de financiación de las guerrillas, sino también del paramilitarismo y excepciones en la política como fue el caso de Pablo Escobar.

Para los años ochenta el M-19 y sus células urbanas, encabezado por Jaime Bateman, se había convertido en un fenómeno de opinión pública.

Con el poder adquirido, el grupo insurgente decidió tomar la Embajada de las Repúblicas Dominicana, y luego, en 1985, el Palacio de Justicia.

Años siguientes, el narcotráfico acrecentó su presencia como participante activo en esta crónica atentando contra periodistas, tales como Guillermo Cano en 1986 y candidatos presidenciales como lo fue Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo en 1989. (De Memoria Histórica & Grisales, 2017).

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Este clima social y político, descrito a grandes rasgos, es lo que genero un movimiento social a favor de una nueva acta constituyente.

Esa nueva ideología que estaba resurgiendo, donde jugaron un papel decisivo los estudiantes, profesores y la intervención de medios de comunicación hicieron posible la inclusión de una “Séptima Papeleta” en las elecciones de 1990 donde triunfó el Sí a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, entre febrero y julio de 1991, confeccionó la nueva carta política. (De Santander Especial Para el Espectador, 2021).

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La carta de derechos reproduce en pequeña escala la heterogeneidad característica del documento constitucional en su conjunto.

Entre los cambios introducidos por la nueva Constitución de Colombia, destacamos anticipación de las elecciones legislativas y la reestructuración del Congreso en cuanto al origen de las cámaras y al régimen disciplinario de los senadores y representantes de la nación. (Cámara de Representantes, s. f.).

Se caracteriza por buscar el bienestar general de la población, promover la igualdad social y económica, y garantizar el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y seguridad social.

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Derechos Humanos y Derechos Fundamentales

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Derechos Humanos y Derechos Fundamentales

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Los derechos humanos proceden del ámbito de la axiología, dado que los valores tienen su origen en la persona y su fundamento yace de la existencia humana. (Mata, 2015).

Se consideran como individuales, propios de la persona, innatos, imprescriptibles, irrenunciables, inviolables e inalienables.

A los derechos humanos se le atribuyen las propiedades de interdependencia y complementariedad entre sí debido a que son considerados como derechos universales, en el sentido de que pertenecen a todos los individuos.

La protección jurídica de los derechos humanos frente a los Estados se efectúa principalmente ante los organismos internacionales competentes que se encuentran regulados por el derecho internacional.

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Por otro lado, los Derechos Fundamentales son aquellos que se encuentran positivados en el sistema jurídico, de tal forma que su base es la norma jurídica, por lo que su fuente es la voluntad de la autoridad competente para crear y regular dichos elementos.

Producen efectos jurídicos, ya sean derechos u obligaciones e incluso derechos de acción, y tienen todas las consecuencias jurídicas que el sistema jurídico les atribuya. (Uribe Arzate, Enrique, & de Paz González, Isaac, 2015).

Existen a partir de su otorgamiento y son asegurados por los medios de control de su ejercicio que el mismo establece como garantía frente a los abusos por parte de la autoridad.

Se configuran como derechos subjetivos públicos (individuales o colectivos) y operan en primera instancia como obligaciones de abstención por parte del Estado.

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El diseño del sistema institucional colombiano se basa en la idea de la separación de poderes, y en un sistema de pesos y contrapesos.

Las funciones del Estado o ramas del poder público, se ejercen básicamente mediante los tres órganos o ramas: Rama Legislativa, Rama Ejecutiva y Rama Judicial. (Diseño Institucional y Equilibrio de Poderes: Del Mito A la Realidad - Universidad Externado de Colombia, 2021).

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Es la encargada de interpretar, modificar y derogar las leyes y reglamentos que guían la actuación de los demás poderes.

Establece una división general de la tierra de acuerdo con lo establecido por la Constitución.

Determina la moneda de uso legal y establece un sistema de pesos y medidas.

Tiene la función de proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por cuestiones relacionadas con los deberes de su trabajo o la falta de atención a las peticiones y convocatorias del Congreso.

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Gestiona al presidente, al vicepresidente, a los ministros y a los administradores de los departamentos.

Como parte de sus funciones, proporciona a los jueces todos los recursos que necesiten para hacer cumplir sus sentencias, indultar a los condenados por delitos políticos y prestar apoyo efectivo a las cámaras legislativas cuando lo necesiten.

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El poder judicial del gobierno tiene la facultad de juzgar a cualquier persona que sea acusada de cometer un delito que infrinja la ley; también puede juzgar a cualquier funcionario público como el Presidente de la República, los miembros del Congreso, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo entre otros funcionarios, por comisión de delitos.

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Son aquellas instituciones a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las Ramas del poder público. (Organismos de Control - Manual del Estado - Función Pública, s. f.).

Estos se dividen en:

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Contraloría General de la República:

Es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

Sus funciones consisten en:

Ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente.

Establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal.

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Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República:

Es un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio, adscrito a la Contraloría General de la República.

Se encarga de:

Contribuir a la solución de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda de los empleados de la Contraloría General de la República.

Desarrollar planes de crédito de salud, educación y vivienda para los empleados de la Contraloría General.

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Auditoría General de la República:

Es una institución de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal.

Su labor consiste en:

Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control señalados en el artículo segundo, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución.

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Ministerio público:

Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

Procuraduría General de la Nación:

Es el máximo organismo del Ministerio Público.

Consiste en una entidad con autonomía libre que representa a los colombianos ante el Estado.

Entre las responsabilidades del procurador encontramos:

Representar a la Procuraduría General de la Nación ante las autoridades del poder público y los particulares.

Formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario.

Actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

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Defensoría del Pueblo:

Es una corporación de creación constitucional en cabeza de Defensor del Pueblo. Ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación, con el objetivo de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.

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Consisten en una serie de herramientas establecidas en la Constitución a fines de garantizar la intervención de la población colombiana en materia de decisiones nacionales.

A través de estas, los colombianos pueden entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer sus propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos o sancionar a los gobernantes que actúan de forma equivocada. (Del Valle, s. f.).

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Henao, J. F. (2012). Evolución y origen del concepto de “estado social” incorporado en la constitución política colombiana de 1991. Ratio Juris, 7(14), 141-158. https://doi.org/10.24142/raju.v7n14a5

Capítulo. (s. f.). https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo11.html

Germani, G., Guzmán, G. C., Borda, O. F., Luna, E. U., & Rosenthal, M. (1964). La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social. American Sociological Review, 29(3), 433. https://doi.org/10.2307/2091502

Uribe Arzate, Enrique, & de Paz González, Isaac. (2015). Los efectos de los derechos fundamentales en el tiempo. Boletín mexicano de derecho comparado, 48(144), 1155-1196. Recuperado en 04 de marzo de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000300009&lng=es&tlng=es.

Content, R. R. (2022, 10 noviembre). ¿Qué tipos de textos existen y qué funciones cumplen? Rock Content - ES. https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-textos/

Diseño institucional y equilibrio de poderes: del mito a la realidad - Universidad Externado de Colombia. (2021, 21 abril). Universidad Externado de Colombia. https://www.uexternado.edu.co/micrositio/derecho/xxii-jornadas-de-derecho-constitucional/diseno-institucional-y-equilibrio-de-poderes-del-mito-a-la-realidad/

De Memoria Histórica, C. N., & Grisales, S. P. A. (2017). Medellín : memorias de una guerra urbana. Centro Nacional de Memoria Histórica. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12364/1/ArenasSandra_2017_MedellinMeroriaGuerraUrbana.pdf

De Santander [Especial Para el Espectador, D. P. S. P. U. I. (2021, 22 mayo). Antecedentes históricos y significado filosófico de la Constitución Política de 1991. ELESPECTADOR.COM. https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/antecedentes-historicos-y-significado-filosofico-de-la-constitucion-politica-de-1991/

Cámara de Representantes. (s. f.). https://www.camara.gov.co/la-camara

Mata, A. C. (2015). EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO AXIOLÓGICO y ÉTICO DE LOS DERECHOS HUMANOS. Dehuidela, 26(1). https://doi.org/10.15359/rldh.26-1.2

Organismos de control - Manual del Estado - Función pública. (s. f.). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/organismos-control.php#:~:text=Son%20aquellos%20organismos%20a%20los,las%20Ramas%20del%20poder%20p%C3%BAblico.