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La inversión tecnológica en España crecerá un 5% en 2023

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La inversión tecnológica en España crecerá un 5% en 2023

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La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en el crecimiento de las empresas españolas, incluidas las del sector inmobiliario español mediante el Proptech. De hecho, según las previsiones de ENLACE, consultora especializada en conectar la tecnología y la innovación con el mundo inmobiliario y financiero, la inversión tecnológica en España alcanzará este año los 60.000 millones de euros, un 5% más que en 2022.

Y es que en el 2023 la inversión en TIC crecerá por encima del PIB. En el contexto actual de transformación tecnológica y de cambio de paradigma en el tejido empresarial, según las previsiones de la compañía, esta tendencia al alza se mantendrá cinco años más, hasta el 2028.

" Estamos en un momento de máxima efervescencia en los campos de la innovación, la disrupción y la digitalización de los procesos en el tejido empresarial español. Ya no hay CEO o presidente de una compañía próspera que no sea consciente del papel crucial de la tecnología en sus resultados anuales y que no apueste de manera decidida por invertir en ella como clave para su supervivencia en el medio y largo plazo. En este sentido, las empresas españolas han dado un paso de gigante en los últimos años para poder competir por el liderazgo europeo en algunos de los principales sectores de nuestra economía ", aseguran desde ENLACE.

La revolución tecnológica, la clave para la supervivencia de las empresas

Según ENLACE, la adaptación tecnológica de las compañías españolas al nuevo paradigma empresarial aumentará su tasa de supervivencia en sus primeros 5 años de vida hasta un 68%. Este indicador mostraba una supervivencia del 45,1% a los cinco años en 2020, según el informe 'Demografía armonizada de empresas', del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, gracias al papel disruptivo de la tecnología en el modelo de negocio de las organizaciones, esa cifra podría aumentar un 50%.

Desde la compañía subrayan que las pymes serán las principales beneficiadas en adaptarse a la nueva coyuntura tecnológica y digital. De hecho, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en 2019 el total de empresas en España era de 2,88 millones, de las cuales un 99,84% son pymes.

" El crecimiento del sector tecnológico en España está teniendo un impacto positivo directo en los resultados de las empresas, pues el tejido empresarial está abrazando el cambio de paradigma y la filosofía corporativa de las empresas está cada vez más enfocada a la innovación, la disrupción y la digitalización de todos sus procesos. En estos momentos, el nivel de emprendimiento en España es muy elevado y nada tiene que envidiar al de potencias como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido ", indican los socios fundadores de ENLACE.

Las claves del Proptech para el crecimiento de las empresas inmobiliarias

Así pues, desde la consultora ponen el foco en el sector Proptech y señalan algunos puntos clave gracias a los que la tecnología ayuda a las empresas de la industria del real estate a potenciar sus resultados y aumentar su tasa de supervivencia pese al contexto inflacionista y la tendencia bajista de los principales indicadores del mercado de la vivienda en España:

Eficiencia operativa: El Proptech permite a las empresas inmobiliarias automatizar y optimizar muchas de sus operaciones, desde la gestión de propiedades hasta la administración de contratos y la atención al cliente.

Experiencia del cliente: Las soluciones Proptech pueden mejorar significativamente la experiencia del cliente al proporcionar herramientas y plataformas digitales que facilitan la búsqueda, adquisición y gestión de propiedades.

Transparencia y acceso a datos: El Proptech permite a las empresas inmobiliarias recopilar y analizar datos de manera más eficiente, lo que a su vez les ayuda a tomar decisiones.

Innovación en modelos de negocio: El Proptech está impulsando la creación de nuevos modelos de negocio en el sector inmobiliario como las plataformas de crowdfunding inmobiliario.

Seguridad y sostenibilidad: Las soluciones de seguridad inteligente, como sistemas de videovigilancia y control de acceso, pueden ayudar a proteger las propiedades y a sus ocupantes.

Acceso a mercados globales: Las empresas inmobiliarias pueden utilizar plataformas Proptech para su expansión. Esto les permite llegar a un público más amplio y diversificado, lo que puede ser especialmente beneficioso en mercados internacionales.

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La inversión tecnológica en España crecerá un 5% en 2023

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Crece la importancia de la tecnología para las empresas españolas, cuya inversión alcanzará los 60.000 millones de euros.

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Fijar las vacaciones durante la segunda quincena de julio ayudaría a luchar contra el cambio climático, según estudio

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Fijar las vacaciones durante la segunda quincena de julio ayudaría a luchar contra el cambio climático, según estudio

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La huella de carbono es un indicador ambiental que ofrece el porcentaje exacto de gases de efecto invernadero que emite tu empresa. Hasta 2021, reducirlo era algo voluntario, sin embargo, desde 2022, debido a la Ley 7/2029de cambio climático y energética, es obligatorio

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La huella de carbono es un indicador ambiental que ofrece el porcentaje exacto de gases de efecto invernadero que emite tu empresa. Hasta 2021, reducirlo era algo voluntario, sin embargo, desde 2022, debido a la Ley 7/2029de cambio climático y energética, es obligatorio

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La huella de carbono es un indicador ambiental que ofrece el porcentaje exacto de gases de efecto invernadero que emite tu empresa. Hasta 2021, reducirlo era algo voluntario, sin embargo, desde 2022, debido a la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, es obligatorio.

Es imprescindible conocer los datos de estas emisiones de efecto invernadero, ya que a veces se emiten de forma indirecta. Si quieres mejorar la eficiencia energética de tu empresa y reducir su impacto ambiental, un plan que tenga en cuenta la huella de carbono se convierte en algo fundamental.

Retos para reducir la huella de carbono en España 2023

El impacto negativo que tienen sobre el medioambiente algunas empresas es indiscutible. Por esto mismo, se hace muy necesario reducir la huella de carbono. España debe afrontar nuevos retos y medidas para conseguirlo, ya que cada día es más urgente detener los efectos devastadores del cambio climático.

Lo ideal sería alcanzar las cero emisiones, pero para ello, lo principal es comenzar a reducirlas lo máximo posible. A continuación, podrás ver los principales retos que se deben marcar como objetivo principal las empresas españolas en este 2023.

Potenciar las energías renovables

Uno de los principales objetivos que debes perseguir si tienes una empresa es la utilización de energías renovables. Con ellas, se reducen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y, por lo tanto, se contribuye en la reducción de la contaminación ambiental.

En algunas empresas o determinadas ocasiones, puede resultar muy difícil hacer este cambio energético de forma brusca y rápida. Pero poco a poco es posible conseguir que la transición energética sea una realidad. Es necesario para el planeta y esta debe ser una de tus prioridades en la actualidad.

Los retos que van a tener que afrontar las empresas en este 2023 relacionados con los envases y embalajes son muy ambiciosos. La utilización de plásticos debe verse reducida y es necesario que se avance para utilizar un packaging más sostenible que el que se utiliza ahora.

Uno de los factores más importantes en este sentido es emplear materiales que sean reciclables. De esta manera, pueden ser reutilizados después de cumplir el objetivo de proteger los productos que desees.

Otra característica para tener en cuenta es la cantidad de material que se utiliza. La mayoría de las veces no es necesario usar tanto y es suficiente con proteger los productos empleando una cantidad menor de envases o embalajes. La conclusión es que deben abandonarse los materiales que no se puedan reciclar y que perduran en el planeta durante muchísimos años.

Es necesario otorgarle más importancia al empleo del agua

Hay empresas que utilizan este elemento como si no tuviera fin. Ten en cuenta que el cambio climático está teniendo consecuencias nefastas para el planeta. Una de ellas es la ausencia de lluvias en ciertos lugares tanto en España como en todo el mundo.

Es muy importante que tu empresa utilice solo el agua imprescindible. Parece una obviedad, pero no es así; hay personas que no le dan la suficiente importancia a esto y la malgastan. Para que tu organización pueda cumplir con este objetivo, una gran idea es hacer una planificación sostenible y eficiente y después comprobar si se han cumplido los objetivos.

El agua es vital para los seres humanos y si observas la velocidad a la que está avanzando el cambio climático, entenderás la importancia que tiene no malgastarla.

Potenciar una movilidad sostenible con el objetivo de alcanzar las cero emisiones

Si tu empresa necesita medios de transporte, ya sea de manera interna o para llevar productos a los clientes, debes priorizar la sostenibilidad.

Con la pandemia, las emisiones de dióxido de carbono se vieron notablemente reducidas, en gran medida, porque no se pudieron hacer tantos desplazamientos. Sin embargo, ahora hemos vuelto a los mismos niveles de emisión anteriores.

Pon en marcha fórmulas en tu empresa para que la movilidad sea menos contaminante y más sostenible. Por ejemplo, una gran solución es la utilización de vehículos eléctricos.

Formar a tus trabajadores

La educación medioambiental es imprescindible para que todos tengan en cuenta la importancia que tiene. Puede que tú hagas muchos esfuerzos en este sentido y, sin embargo, tus trabajadores cometan imprudencias y estropeen el esfuerzo de toda la empresa.

Para evitar esto, una buena estrategia es formar a tus trabajadores en este sentido. Mediante cursos y charlas que les hagan entender la necesidad de reducir la contaminación te será mucho más fácil conseguir tus objetivos.

Para reducir la huella de carbono es necesario que las empresas afronten una serie de retos imprescindibles en este 2023. En Gesternova comercializamos energía exclusivamente renovable para que el uso de la electricidad tanto en tu hogar como en tu empresa tenga impacto cero en el medioambiente. Si estás interesado en nuestros servicios, contacta con nosotros. Tenemos una tarifa que se adaptará a tus necesidades.

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Grandes desafíos para la reducción de la huella de carbono en España en 2023

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Las empresas deben hacer un esfuerzo para reducir la huella de carbono, estos son algunos de los retos que se plantean para este año 2023

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Sanciones previstas por el incumplimiento de la ley de bienestar animal

El incumplimiento de las medidas que la ley de bienestar animal aplica desde su entrada en vigor puede ser motivo de infracción, que se sancionará en función de su tipología y gravedad. A nivel económico, la normativa establece las siguientes:

Infracciones leves: se sancionarán con un apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros.

Infracciones graves: contemplan multas de 10.001 a 50.000 euros.

Infracciones muy graves: en este caso las sanciones económicas van desde los 50.001 a los 200.000 euros.

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Entra en vigor la ley de bienestar animal: claves de las nuevas medidas que incluye la normativa

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Este viernes 29 de septiembre entra en vigor la ley de bienestar animal. Estas son las medidas que pasan a ser obligatorias desde hoy y las que no se aplicarán por el momento:

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Crisis climática. España vuelve a incumplir sus responsabilidades en la financiación de la lucha contra la crisis climática

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Crisis climática. España vuelve a incumplir sus responsabilidades en la financiación de la lucha contra la crisis climática

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España vuelve a incumplir sus responsabilidades en la financiación de la lucha contra la crisis climática

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Según revela la última investigación del `think tank` internacional ODI, el Estado español contribuyó con 1.500 millones de dólares, el 46% de lo comprometido en la Cumbre Climática (COP15) de 2009 celebrada en Copenhague.

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La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2023 ha sido del 3,5%, 9 décimas superior a la del mes anterior.

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La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2023 ha sido del 3,5%, 9 décimas superior a la del mes anterior.

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IPC España septiembre de 2023

El IPC aumenta hasta el 3,5% en septiembre en España

La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2023 ha sido del 3,5%, 9 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 3,2%.

En esta página te mostramos la evolución del IPC en España. Puedes ver la inflación en otros países en IPC y ver toda la información sobre España en Economía de España

El IPC , (Índice de Precios al Consumo) o inflación en España mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. El IPC, también llamado IPC General, está compuesto por los siguientes grupos de bienes y servicios: - IPC alimentación y bebidas no alcholicas - IPC Bebidas alcohólicas y tabaco - IPC artículos de vestir - IPC alquiler de viviendas - IPC menaje doméstico - IPC medicinas - IPC transporte - IPC comunicaciones - IPC Ocio y Cultura - IPC Enseñanza - IPC Hoteles, cafés y restaurantes - IPC Otros bienes y servicios Cada uno de ellos se elabora a tres niveles: - IPC provincial - IPC autonómico - IPC Nacional lo que nos permite saber cuánto se han encarecido en un periodo determinado los productos pertenecientes a cualquiera de los grupos anteriores, tanto en España como en cualquier de sus CCAA y en sus provincias. El Instituto Nacional de Estadística (INE) fija, mediante las encuestas de presupuestos familiares, qué productos y en qué proporción componen la "cesta de la compra". Si quieres comparar el IPC de España con el de otros países consulta IPC

IPC España septiembre de 2023

El IPC aumenta hasta el 3,5% en septiembre en España

La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2023 ha sido del 3,5%, 9 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 3,2%.

En esta página te mostramos la evolución del IPC en España. Puedes ver la inflación en otros países en IPC y ver toda la información sobre España en Economía de España

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La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2023 ha sido del 3,5%, 9 décimas superior a la del mes anterior.

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AFLUENCIA DE INMIGRANTES MAGRABÍES REGULARIZADOS TRAS EL PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS QUE REGULEN SIUACIONES EN LAS QUE, INMIGRANTES VIVIENDO EN ESPAÑA POR UN PERIODO DE TIEMPO EXTENDIDO NO TENGAN DOCUMENOS REALES DE RESIDENCIA

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AFLUENCIA DE INMIGRANTES MAGRABÍES REGULARIZADOS TRAS EL PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS QUE REGULEN SIUACIONES EN LAS QUE, INMIGRANTES VIVIENDO EN ESPAÑA POR UN PERIODO DE TIEMPO EXTENDIDO NO TENGAN DOCUMENOS REALES DE RESIDENCIA

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https://www.immigrationspain.es/regularizacion-masiva-extranjeros/

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No lo sabemos. Por ahora, la iniciativa popular ha conseguido las firmas suficientes para ser votada en el Congreso. Pero eso no significa que vayamos a tener una regularización masiva. Todavía debemos esperar a que se produzca esta votación para conocer qué sucederá con la propuesta, así como una posterior evaluación en el Senado.

No obstante, lo que sí podemos hacer es fijarnos en precedentes.

En los años 2000 y 2005 ya se iniciaron procesos de regularización que permitieron a gran cantidad de extranjeros conseguir su residencia legal en España, y con finalidades similares (garantizar las contribuciones laborales y participar en el crecimiento económico en el país).

Es decir, no es algo nuevo en España y puede repetirse; aunque las inminentes elecciones y el posible cambio de gobierno hace que el momento actual no sea el más propenso para la aprobación.

Por lo tanto, si bien es una posibilidad, todavía no hay nada seguro, y debemos esperar a que se produzca esta votación (iremos informando en este mismo blog y en nuestras redes sociales) para comprender qué sucederá finalmente y si tendremos regularización masiva o no.

En caso de que el proceso siguiera adelante, lo haría seguramente a finales de 2023; pues todavía hay otras iniciativas populares pendientes de votación, y se estima que no sería hasta entonces cuando podría llegar al pleno.

En ese momento se pretendería modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; dándole al ejecutivo un total de 6 meses (a partir de su aprobación) para que pueda implementar un procedimiento de ejecución de este plan de regularización.

Así, si bien con la reciente reforma del reglamento de extranjería en agosto de 2022 muchas de las figuras de arraigo quedaron flexibilizadas (especialmente la del arraigo familiar y social), esta regularización supondría una nueva grandísima noticia para la comunidad extranjera en situación irregular.

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¿Tendremos Regularización Masiva de Extranjeros en 2023?

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¡Todas las respuestas aquí! Todos los detalles de la iniciativa popular que podría conseguir la regularización de extranjeros este año.

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El retraso en aprobar la Ley de Industria amenaza parte de los fondos UE en 2024

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El retraso en aprobar la Ley de Industria amenaza parte de los fondos UE en 2024

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El retraso en aprobar la Ley de Industria amenaza parte de los fondos UE en 2024

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La reforma de la norma de 1992 forma parte de los objetivos del Plan de Recuperación y Transformación, un hito que tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el cronograma remitido a la Comisión.

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INCERTIDUMBRE EN CUANTO A REFORMA LEGAL DEBIDO A LA AUSENCIA DE GOBIERNO

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INCERTIDUMBRE EN CUANTO A REFORMA LEGAL DEBIDO A LA AUSENCIA DE GOBIERNO

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Las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentan en el corto plazo al reto de afrontar la caída del consumo interno, así como el aumento de la inflación y de los tipos de interés. Mientras, el crecimiento del turismo y los fondos europeos proporcionan un cierto respiro del compañerismo

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Las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentan en el corto plazo al reto de afrontar la caída del consumo interno, así como el aumento de la inflación y de los tipos de interés. Mientras, el crecimiento del turismo y los fondos europeos proporcionan un cierto respiro del compañerismo

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Los desafíos de las pymes españolas para el resto de 2023

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Las pequeñas y medianas empresas españolas se enfrentan en el corto plazo al reto de afrontar la caída del consumo interno, así como el aumento de la inflación y de los tipos de interés. Mientras, el crecimiento del turismo y los fondos europeos proporcionan un cierto respiro

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En cuanto al segundo trimestre, con información todavía incompleta, los indicadores ofrecen señales mixtas. En general, los relacionados con la actividad industrial iniciaron el trimestre con descensos, mientras los relacionados con los servicios registraban una evolución algo más favorable. Es en el mes de junio cuando se observa un deterioro generalizado en la mayoría de los indicadores de confianza sectoriales, así como en los PMI tanto de industria como de servicios. El empleo, según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, tras los excelentes resultados de abril y mayo, también sufrió una importante desaceleración en junio. Por otra parte, la venta de viviendas está descendiendo, al igual que el crédito para la adquisición de la misma. También el crédito nuevo a las empresas, que comenzó a contraerse al final del pasado año, mantenía la misma tónica al inicio del segundo trimestre.

El resultado final sería una pérdida de dinamismo del conjunto de la economía a lo largo del trimestre. Se estima que la tasa de crecimiento trimestral se habría situado en el 0,4%.

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Fecha: 6 de julio de 2023
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Evolución reciente de la economía española

Según las cifras revisadas de la Contabilidad Nacional Trimestral, el PIB español recuperó el nivel prepandemia en el primer trimestre de este año, tras crecer un 0,6% sobre el trimestre anterior. Asimismo, se revisó al alza el crecimiento del cuarto trimestre de 2022 hasta el 0,5%. Estos resultados contrastan con las tasas negativas registradas en el conjunto de la eurozona en ambos periodos, aunque enmascaran una notable debilidad de la demanda nacional, que sufrió sendas caídas en los dos trimestres, destacando la contracción del consumo privado, que en el conjunto de ambos periodos acumuló una caída en términos reales del 2,9%. El crecimiento del PIB en los dos trimestres procedió fundamentalmente del sector exterior: concretamente, de la caída de las importaciones en el último trimestre de 2022 -unido a una acumulación de inventarios- y de un fuerte repunte de las exportaciones de turismo, en el primero de 2023.

El ajuste del consumo privado tuvo lugar de forma simultánea a una aceleración en el crecimiento de la renta disponible de los hogares. Esta creció un 10,1% interanual en el primer trimestre de 2023, la tasa más elevada desde 2001, impulsada por el crecimiento de las remuneraciones salariales, las prestaciones sociales -fundamentalmente pensiones- y, en menor medida, las rentas de la propiedad, y todo ello a pesar del incremento en un 52% de los pagos por intereses. Como consecuencia, la tasa de ahorro registrada en el primer trimestre del año fue la más elevada en un primer trimestre desde 2004 -excluyendo los años de la pandemia, 2020 y 2021, caracterizados por el fenómeno del sobre-ahorro-. En términos desestacionalizados, la tasa de ahorro de los hogares se elevó hasta el 11,8%, desde el 9,3% del trimestre anterior (Gráfico 2).

En cuanto al segundo trimestre, con información todavía incompleta, los indicadores ofrecen señales mixtas. En general, los relacionados con la actividad industrial iniciaron el trimestre con descensos, mientras los relacionados con los servicios registraban una evolución algo más favorable. Es en el mes de junio cuando se observa un deterioro generalizado en la mayoría de los indicadores de confianza sectoriales, así como en los PMI tanto de industria como de servicios. El empleo, según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, tras los excelentes resultados de abril y mayo, también sufrió una importante desaceleración en junio. Por otra parte, la venta de viviendas está descendiendo, al igual que el crédito para la adquisición de la misma. También el crédito nuevo a las empresas, que comenzó a contraerse al final del pasado año, mantenía la misma tónica al inicio del segundo trimestre.

El resultado final sería una pérdida de dinamismo del conjunto de la economía a lo largo del trimestre. Se estima que la tasa de crecimiento trimestral se habría situado en el 0,4%.

La tasa general de inflación se situó en junio en el 1,9%, el nivel más reducido desde marzo de 2021, como consecuencia de un efecto escalón muy acusado en los productos energéticos, los cuales alcanzaron máximos en el mismo mes del pasado año, antes de descender a partir de septiembre. La inflación subyacente se situó en el 5,9%, con una lenta trayectoria a la baja. Las presiones inflacionistas siguen siendo elevadas en los alimentos y en los servicios, si bien parecen remitir en los bienes de consumo. Con respecto a los primeros, La evolución de los precios de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales, así como de los precios cobrados a lo largo de la cadena de producción, anuncian el posible final de las presiones alcistas, aunque eso no implica el final inmediato de los ascensos de los precios al consumo, debido a los retardos con los que se produce la transmisión, junto con el impacto de la sequía.

El BCE aumentó los tipos de interés en 50 puntos básicos en mayo y junio. El Euribor a un año continuó ascendiendo hasta el 4,1% al final del trimestre, lo que supone 3,2 puntos porcentuales por encima del nivel de hace un año. El tipo de interés de la deuda pública a diez años se mantuvo en torno al 3,4%, sin grandes cambios con respecto a los niveles de los meses anteriores, tampoco en lo que respecta a la prima de riesgo.

La Balanza de Pagos por cuenta corriente arrojó un superávit histórico en el primer trimestre de este año, de 10.300 millones de euros, la mejor cifra de un primer trimestre de toda la serie histórica. El déficit de la balanza comercial de bienes se redujo con respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que el superávit de las balanzas de servicios, tanto turísticos como no turísticos, creció de forma notable, solo mínimamente compensado por un ligero incremento de los pagos netos al exterior por rentas de la propiedad.

Las Administraciones Públicas registraron un déficit del 2.200 millones de euros en el primer trimestre de 2023, frente a 6.000 millones contabilizados un año antes. La mejora obedece al fuerte crecimiento de la recaudación, especialmente en IRPF y cotizaciones sociales. Entre los gastos destaca el crecimiento del destinado a pensiones, que superó en 3.700 millones el registrado en el mismo periodo de 2022. El consumo público, sin embargo, se incrementa a tasas moderadas.
Previsiones para 2023-2024
Para los próximos meses, la marcha de la economía española estará condicionada por el proceso de desinflación y la evolución de la política monetaria, y por tanto conviene explicitar las hipótesis que sustentan las previsiones en ambos casos. En primer lugar, los factores exógenos de inflación mantendrán una senda de moderación, en consonancia con la estabilización de los precios energéticos y de las materias primas agrícolas, y la desaparición de cuellos de botella de suministros clave como los semiconductores. Por otra parte, en línea con lo anticipado por el BCE, el contexto de debilitamiento de la demanda es propicio a una menor presión inflacionaria de los márgenes empresariales, situados ya por encima de los niveles pre-pandemia (en términos medios y por unidad de producto). Todo ello debería favorecer una ligera recuperación del poder adquisitivo de los salarios a partir del próximo ejercicio, pero sin generar importantes efectos de segunda ronda. Es decir, no se produciría un bucle generalizado de las alzas salariales hacia los márgenes.

En segundo lugar, habida cuenta de la preocupación del BCE acerca de la elevada inflación subyacente en la mayoría de países de la zona euro, las previsiones parten de la hipótesis de dos subidas adicionales de tipos de interés, llevando la facilidad de depósitos hasta el 4% en el mes de septiembre. Los tipos de interés se mantendrían en ese nivel al menos hasta el segundo semestre de 2024, es decir hasta que el BCE considere que el proceso de desinflación se ha afianzado.

Partiendo de estos supuestos, nos asomamos a corto plazo a una agudización de las señales de debilitamiento percibidas en fechas recientes como consecuencia del ciclo de restricción monetaria, de modo que el crecimiento registrará una ralentización durante la segunda parte del año. Más allá, sin embargo, la estabilización de los tipos de interés, junto con la ligera mejora de los salarios reales -fruto de los acuerdos de rentas- darán pie a una recuperación económica gradual.

Con todo, pese al enfriamiento esperado, el fuerte inicio de año dejará el crecimiento del PIB en un 2,2% para el conjunto del 2023, siete décimas más que la anterior previsión. Esta revisión refleja casi por completo el efecto arrastre que proviene del ajuste al alza por parte del INE del crecimiento en el cuarto trimestre del pasado ejercicio, y del mejor comportamiento de lo previsto en el primer trimestre (unos ajustes que no se habían dado a conocer en el momento de la anterior previsión).

El crecimiento procederá principalmente del sector exterior, con una aportación de 1,6 puntos porcentuales, fruto del dinamismo del turismo, pero no solo: también se ganarán cuotas de mercado en los intercambios de mercancías y de servicios no turísticos, gracias al buen posicionamiento competitivo de las empresas españolas en un contexto de acortamiento de las cadenas globales de suministro.

Los buenos resultados cosechados por el sector exterior compensarán la debilidad de la demanda interna, cuya aportación al PIB será de apenas 0,6 puntos. Esta previsión se explica por el estancamiento del consumo privado, lastrado por la pérdida de capacidad de compra de los hogares y ante la imposibilidad para muchas familias de seguir tirando del ahorro para financiar el gasto. El consumo público, por su parte, se incrementará a un ritmo moderado en consonancia con la evolución reciente de este agregado. La inversión tendrá un comportamiento ligeramente más dinámico gracias al impulso de los fondos europeos, si bien perderá fuerza en el transcurso del año como consecuencia del encarecimiento del crédito.

En suma, el impacto contractivo de la política monetaria se percibirá con más contundencia en la segunda parte del ejercicio (gráfico 3). Esta ralentización se trasladará a 2024, motivando una desaceleración del crecimiento para ese año hasta el 1,6%, si bien con un perfil trimestral que irá de menos a más. La principal contribución procederá de la demanda interna, gracias a la ligera recuperación del poder adquisitivo de los hogares que se espera como consecuencia de la desinflación y del acuerdo salarial. La pausa en la subida de tipos de interés, junto con el efecto rezagado de las exportaciones, también aportarán un estímulo a la inversión al final del periodo de previsión. La trayectoria del consumo público se mantendrá sin grandes cambios, a falta de más indicaciones acerca de la política fiscal en el próximo ejercicio. El sector exterior, por su parte, seguirá aportando actividad, aunque menos que en 2023 por el agotamiento del impacto de la normalización del turismo.

El descenso de los precios energéticos ayudará a moderar la inflación, si bien ésta se mantendrá en cotas superiores al objetivo del BCE durante todo el periodo de previsión. El deflactor del consumo de las familias se incrementará un 4,1% este año (dos décimas menos que en la anterior previsión), y 3,4% el que viene (sin cambios). El deflactor del PIB -que mide la presión de los precios internos, es decir descontando los costes importados- subirá con más vigor, un 4,7% en 2023, y se frenará hasta el 3,4% en 2024. Esta tendencia a la moderación refleja la progresiva contención de los márgenes empresariales, algo que facilitará una leve recuperación de los salarios en 2024 (gráfico 4).

El tirón de las exportaciones netas de bienes y servicios, junto con la mejora de la relación real de intercambio generada por el abaratamiento de las importaciones, redundará en un importante incremento del superávit externo. La balanza por cuenta corriente arrojará un excedente superior al 2,5% durante todo el periodo de previsión, frente al 0,5% registrado en 2022. El resultado en términos de balanza externa total, que se obtiene sumando las transferencias en concepto de los fondos europeos a la balanza por cuenta corriente, es aún más positivo, acelerando el desendeudamiento frente al exterior.

Junto con el superávit externo, el mercado laboral se mantendrá como uno de los principales factores de resistencia de la economía española. La tasa de paro se reducirá hasta el 11,6% en 2024, un nivel que todavía duplica la media europea.

La ralentización de la economía, junto con las medidas de lucha contra la inflación, la indiciación de las pensiones y el incremento de las cargas financieras generado por la subida de los tipos de interés, dificultarán la corrección de los desequilibrios presupuestarios. A falta de ajustes, el déficit se situará en el 3,7% en 2024 y la deuda pública superará el 108%, es decir, 10 puntos más que antes de la pandemia.

Riesgos

Cabe recordar que la economía española está teniendo un comportamiento mejor de lo anticipado por la mayoría de analistas. Esta relativa resiliencia podría explicarse por la competitividad del sector exportador, la ausencia de una burbuja inmobiliara (a la inversa de la amenaza que planea sobre otros países europeos) y el nivel reducido de deuda de los hogares, factores que todavía podrían sorprender al alza en los próximos meses.

Otros riesgos, sin embargo, son a la baja, en particular en lo que atañe al impacto de las subidas de tipos de interés. En primer lugar, los ajustes podrían ser más abruptos de lo esperado si las presiones inflacionarias se mantienen, algo que no es descartable habida cuenta de la situación de cuasi pleno empleo de algunas economías de la zona euro. Un encarecimiento de los costes financieros más pronunciado de lo que incorporan estas previsiones plantearía un riesgo mayor de impago para los sectores más vulnerables. Por otra parte, el BCE ha alertado de las vulnerabilidades de las finanzas en la sombra y de sus posibles consecuencias para la economía europea -un riesgo de inestabilidad que se agudiza con cada vuelta de tuerca monetaria--.

Finalmente, la persistencia de un déficit público elevado es un factor de vulnerabilidad para la economía española, en un contexto de reactivación de las reglas fiscales europeas y de retirada del apoyo del banco central, tanto en materia de tipos como de compra de deuda, especialmente cuando este año se prevé aumentar las emisiones de deuda pública. A esto se suma el aumento de las rentabilidades, desde tasas inferiores al 1% en los últimos años para los títulos a 10 años hasta el entorno del 3,5%, lo que va a suponer un aumento del pago de intereses en relación al PIB. En ausencia de medidas de ajuste, no está garantizado que la deuda en relación al PIB vaya a seguir una senda descendente a partir de 2025. De momento la prima de riesgo se mantiene estable, pero ante posibles perturbaciones en los mercados financieros, la situación podría cambiar drásticamente.

Cuadro 1
PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA, 2023-24
Tasas de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario

(a) Variación en puntos porcentuales entre las previsiones actuales y las anteriores.
(b) Aportación al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales.
Fuentes: 2008-2022: INE y BE; Previsiones 2023-2024: Funcas.

Cuadro 2
PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Variación en % a precios constantes, salvo indicación en contrario
Previsiones en zona sombreada

(1) Contribución en puntos porcentuales al crecimiento del PIB.
(2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Fuentes: INE y Funcas (previsiones).

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Previsiones económicas para España 2023-2024 - Funcas

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Según las cifras revisadas de la Contabilidad Nacional Trimestral, el PIB español recuperó el nivel prepandemia en el primer trimestre de este año, tras crecer un 0,6% sobre el trimestre anterior. Asimismo, se revisó al alza el crecimiento del cuarto trimestre de 2022 hasta el 0,5%.

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TRAS EL CORONAVIRUS EL ESTADO DE EMPRESRIOS AUTÓNOMOS, COMPARADO CON OTRAS EMPRESAS, ESTÁ SEVERAMENTE AFECTADO

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TRAS EL CORONAVIRUS EL ESTADO DE EMPRESRIOS AUTÓNOMOS, COMPARADO CON OTRAS EMPRESAS, ESTÁ SEVERAMENTE AFECTADO

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https://elpais.com/economia/2021-09-20/las-empresas-publicas-sufrieron-perdidas-record-durante-la-pandemia-pero-mantuvieron-las-plantillas-al-completo.html

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Los 'números rojos' de las compañías del Estado se agravaron por los gastos de personal al no recurrir a los ERTE como sus homólogas privadas pese a la escasa actividad

Un cartero deja correo en un local cerradode Barcelona, el 30 d ejunio de 2020. Marta Pérez (EFE)

Las empresas públicas no solo sufrieron pérdidas récord durante 2020 debido a la pandemia del coronavirus, sino que lo hicieron en mucha mayor medida que sus homólogas del sector privado. Una de las causas de esta evolución dispar fue que, a diferencia de las compañías privadas, las dependientes del Estado mantuvieron prácticamente a todas sus plantillas, sin recurrir a medidas como los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE). La consecuencia es que los gastos de personal apenas disminuyeron, aunque la actividad laboral fuera mínima e incluso nula y los empleados de estas compañías no tuvieran que acudir en muchos casos a sus puestos de trabajo.

Las compañías dependientes del Ministerio de Transportes y las de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde se agrupan la mayoría de las que están participadas por el Estado, registraron pérdidas netas de más de 1.600 millones de euros en 2020. Si a esa cantidad se le suman las subvenciones que reciben muchas de esas sociedades por la prestación de servicios públicos (como Renfe o Correos) y los dividendos que dejaron de cobrar de sus participadas (como Aena), los efectos de la pandemia para el Estado el año pasado se acercan a los 3.000 millones de euros.

Pese al frenazo de la actividad y el consiguiente desplome de los ingresos, los gastos de personal apenas se redujeron respecto a 2019. Los casi 80.000 empleados de las distintas empresas de la SEPI y los más de 40.000 de las firmas dependientes del Ministerio de Transportes siguieron cobrando casi íntegros sus sueldos (salvo complementos de actividad). Y es que el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda, del que depende la SEPI, y de Transportes, de los que cuelgan orgánicamente empresas como Renfe o Adif, dio órdenes estrictas (aunque mediante instrucciones internas) nada más decretarse el primer estado de alarma a mediados de marzo de 2020 de que ninguna de las sociedades públicas aplicara ERTEs para no cargar más las cuentas del Estado, y que fueran las propias empresas las que asumieran ese coste laboral en sus balances.

Así, la SEPI perdió 438,3 millones de euros en 2020, un 84% más que las pérdidas registradas en el ejercicio anterior. Gran parte de esos números rojos se debieron al desastroso ejercicio de Correos, que perdió 264 millones, frente a los beneficios de 13 millones de un año antes. Cuando estalló el estado de alarma y se decretó el confinamiento domiciliario, el operador postal decidió restringir la apertura de sus oficinas a tres horas, suspendió completamente su servicio de paquetería, y solo dejó operativo el personal estrictamente imprescindible para la prestación del servicio público. Medidas adoptadas justo cuando la demanda de entregas a domicilio se disparó por las dificultades para hacerse con mercancías de los ciudadanos encerrados en sus casas, especialmente para colectivos como ancianos o enfermos.

De esta forma, mientras que el personal de las empresas privadas de entrega urgente y el de los hipermercados y grandes almacenes multiplicaban los envíos (el comercio electrónico batió récords en 2020) y no daban a abasto para atender los pedidos, una parte de los 52.000 empleados de Correos estaban inoperativos. Aunque a partir de mayo de 2020 se recuperó gran parte de la actividad, el operador postal público perdió en el conjunto del año un 24,1% de cifra de negocio en envíos postales y solo creció un 4% en el negocio de paquetería, muy lejos de las alzas a doble dígito de los años anteriores.

Renfe, Adif y Aena

Renfe y Adif son otros ejemplos de esta generosa política laboral. El número de viajeros por tren se redujo a la mitad en 2020, e incluso la ocupación no llegaba al 5% durante los meses duros del confinamiento. Las dos empresas dependientes de Transportes mantuvieron en nómina a toda su plantilla. Renfe, con 14.000 empleados, perdió casi 500 millones de euros; y Adif, con 11.500 trabajadores, tuvo números rojos de 650 millones (sin incluir las subvenciones públicas recibidas en ambos casos).

Terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas vacía, en abril de 2020. ADOLFO BARROSO

Es el mismo caso de Aena, participada por el Estado en un 51%, que no aplicó ningún ajuste para los casi 8.000 empleados que trabajan en España pese a la reducción del 72% del tráfico aéreo en 2020 (95% en los meses del primer estado de alarma), mientras que todas las concesionarias privadas, como tiendas, asistencias técnicas o compañías aéreas de handling mandaban a su casa a la casi totalidad de las plantillas. El gestor aeroportuario perdió 126,8 millones de euros en 2020, frente a las ganancias récord de 1.442 millones del año anterior y, lo que es peor, suspendió el pago de un dividendo de 1.137 millones, de los que la mitad hubieran ido a parar a las arcas de Hacienda.

Sin embargo, tal vez el caso más paradigmático fue del de Paradores, dependiente del Ministerio de Hacienda. Mientras todas las grandes cadenas mandaban a la práctica totalidad de su personal a casa con un ERTE, el grupo de hoteles público abonó íntegra la nómina de sus 3.916 trabajadores pese a que decretó el cierre de los 97 establecimientos que tiene en 16 comunidades autónomas durante dos meses y medio, y los volvió a abrir luego muy gradualmente. Para recortar gastos, redujo su plantilla en 949 trabajadores, siendo el personal temporal el más afectado. La empresa presidida hasta el pasado mes de julio por Óscar Sánchez, actual director de gabinete de Pedro Sánchez en sustitución de Iván Redondo, perdió 63,9 millones tras reducir sus ingresos a la mitad, y precisó de una ampliación de capital.

Las empresas de la SEPI

Además de Correos, no le fue mucho mejor a las otras empresas dependientes de SEPI. Los astilleros de Navantia perdieron 176,9 millones; Hunosa, 69,5 millones, y la agencia Efe, 12 millones. También las participaciones en Airbus e Indra aportaron resultados negativos de 46,7 millones y 24,6 millones, respectivamente. Solo Tragsa (con ganancias de 14.7 millones) y la participación del 20% en Red Eléctrica (124,7 millones) paliaron las pérdidas.

"En las cuentas de 2020 se evidencia el duro impacto que la crisis sanitaria y económico-social provocada por la covid-19 tuvo el año pasado en la mayoría de las actividades del grupo, afectando directamente a los dividendos recibidos de empresas participadas. A pesar de las dificultades, el Grupo SEPI conserva importantes fortalezas derivadas de una cifra de negocio que el año pasado rozó los 4.700 millones de euros, una cartera de pedidos que superó los 11.000 millones y un volumen de empleo medio por encima de las 76.000 personas sin incluir el empleo indirecto ni el inducido. Además, su expansión internacional consiguió elevar las exportaciones por encima de los 900 millones en 2020, reduciéndose solo el 3% respecto al ejercicio de 2019, a pesar de que la crisis provocada por la pandemia en los países donde operan algunas de las principales empresas del Grupo, Navantia entre ellas, afectó de manera significativa a sus expectativas comerciales", señalaron fuentes de SEPI.

"Durante el confinamiento y los momentos más críticos de la pandemia, Tragsa y otras empresas del grupo como Correos, Navantia, Mercasa, Ensa o Enusa, pusieron al servicio de la ciudadanía su experiencia, sus recursos y también su tecnología en numerosas acciones de apoyo logístico para facilitar el acceso a material sanitario y humanitario, garantizar el abastecimiento desde los mercados de alimentación, las labores de desinfección en los centros de mayores e, incluso, la elaboración de menús solidarios y su distribución en colaboración con organizaciones como Cruz Roja, los Bancos de Alimentos o Paradores de Turismo. De esta forma, el holding público cumplió con uno de los objetivos que acentúan su carácter estratégico, el de la rentabilidad social, poniendo su capital humano y sus compañías a disposición de los ciudadanos en una de las coyunturas más delicadas", añadieron las mismas fuentes.

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Las empresas públicas sufrieron pérdidas récord durante la pandemia, pero mantuvieron las plantillas al completo

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– Todo indica que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, lo cual afectará a la demanda interna.

– Gran Bretaña y Alemania afrontan una situación económica difícil. Al ser nuestros principales importadores, esta situación nos impacta negativamente.

– La estanflación actual podría derivar en recesión si se alarga más de lo previsto y gana intensidad.

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El año 2023 estará fundamentalmente condicionado por la continuidad de la guerra y tendrá como gran referente para España el ejercicio de la presidencia del Consejo de la UE durante la segunda mitad del año

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El año 2023 estará fundamentalmente condicionado por la continuidad de la guerra y tendrá como gran referente para España el ejercicio de la presidencia del Consejo de la UE durante la segunda mitad del año

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Undécima edición del trabajo colectivo que elabora el Real Instituto Elcano para hacer balance del año recién terminado, identificar las perspectivas que presenta el escenario internacional actual y analizar los desafíos de la acción exterior española en los próximos 12 meses. Como en la edición anterior, el texto está estructurado en torno a 10 ejes de análisis: influencia e imagen exterior de España; Unión Europea; vecindad; seguridad; clima y energía; economía y tecnología; globalización, desarrollo y gobernanza; competición China-Estados Unidos (EEUU), América Latina; y democracia, derechos y ciudadanía.

2022 arrancó como un año centrado en la recuperación económica (con el control de la inflación y el rediseño de las reglas fiscales europeas como retos destacables), pero el ataque de Rusia al poco de iniciarse el año supuso un reajuste de prioridades brusco. Con la decisión de proveer ayuda militar y financiera a Ucrania, las rondas sucesivas de sanciones a la economía rusa y la reconfiguración de las políticas energéticas europeas se configuró una respuesta firme tanto desde la Unión Europea (UE) en su conjunto como de España en particular. Una combinación de firmeza y prudencia por parte de la Administración Biden permitió recomponer el liderazgo internacional estadounidense, debilitado tras la retirada de Afganistán. La cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Madrid confirmó que el atlantismo se ha visto plenamente reforzado en el contexto de la guerra.

El año 2023 estará fundamentalmente condicionado por la continuidad de la guerra y tendrá como gran referente para España el ejercicio de la presidencia del Consejo de la UE durante la segunda mitad del año. Es poco probable que el conflicto termine pronto o que Moscú y Kyiv consigan acordar un alto al fuego para contenerlo. Con el vecindario europeo -tanto el oriental como el meridional- atravesando momentos convulsos y ante el enquistamiento de la rivalidad China-EEUU, la UE necesitará afianzar sus vínculos con socios con los que comparte valores, intereses y una agenda en común. El semestre español será clave para determinar el éxito de estos esfuerzos en América Latina. Debido a su importancia para un gran número de dosieres -tecnológicos, económicos, energéticos y climáticos, de seguridad...-, la presidencia vertebrará además el conjunto de la acción exterior a lo largo del año.

A la gestión de todos estos retos se suma la del calendario electoral que seguramente recrudecerá la crispación política interna, si bien la paradoja es que la polarización de la opinión pública no se traslada a la agenda exterior, donde España mantendrá su tradicional consenso europeísta, así como un amplio apoyo a Ucrania ante la agresión.

Presentación

La serie "España en el mundo" llega a su undécima edición esta vez con 34 coautores, prácticamente la totalidad de los investigadores del Real Instituto Elcano, lo que la convierte en el gran ejercicio de análisis de los temas de la conversación global y desafíos internacionales del nuevo año desde un enfoque español.

El documento de 2023 se estructura en 10 secciones que coinciden con los 10 ejes temáticos en los que, desde hace dos años, se organiza la investigación en el Real Instituto. Si en 2020 este trabajo estuvo condicionado completamente por la irrupción de la pandemia, en esta ocasión el protagonismo en todas y cada una de las secciones lo ocupa la guerra en Ucrania y sus consecuencias. La invasión rusa ha alterado el orden de prioridades de la agenda exterior (española y europea).

La incertidumbre radical que sigue dominando el contexto global nos ha llevado a incluir en cada una de nuestras secciones tres escenarios posibles: el optimista, el pesimista y lo que los investigadores de Elcano consideramos que será el escenario central.

Los ocho escenarios centrales que creemos caracterizaran 2023 son los siguientes:

1. La guerra se prolongará y la unidad euroatlántica se mantendrá, si bien el futuro de Crimea puede convertirse en posible punto de fricción entre aliados (más pragmáticos o maximalistas) si las fuerzas ucranianas avanzan y Rusia modifica su postura de negociación para buscar un alto el fuego.

2. La presidencia de la UE en el segundo semestre vertebrará el conjunto de la acción exterior española a lo largo del año. Aunque últimamente España ha desarrollado cierta firmeza y protagonismo en el plano europeo, su presidencia rotatoria del Consejo resultará singularmente compleja porque coincidirá no solo con el contexto bélico sino también con una situación política interna volátil y polarizada, que acentuará su crispación por la cercanía electoral.

3. El riesgo de desestabilización del Magreb también preocupará a la diplomacia española, necesitada además de demostrar que hay un nuevo momento de entendimiento con Marruecos y de reconducir sus relaciones con Argelia, en el contexto de la crisis energética global y la escalada de tensión Rabat-Argel.

4. La coyuntura económica será precaria pero no necesariamente sombría, con la inflación empezando a encauzarse y un diseño de reglas fiscales europeas poco atrevido pero orientado en la buena dirección. Las perspectivas para 2023 no son alentadoras, pero sí menos catastrofistas que hace medio año.

5. En el gran juego de la geopolítica global continúa el enquistamiento del choque China-EEUU y la consecuente pauta de relativa desglobalización y crisis de las instancias, ya de por sí frágiles, de gobernanza multilateral.

6. Este escenario internacional atravesado por esa lógica de confrontación requerirá de Europa tanto una mayor coordinación interna como un acercamiento a nuevos socios en distintas regiones (África Subsahariana, América Latina o incluso el Indo-Pacífico). Aquí, de nuevo, la presidencia española resultará determinante.

7. La constatación de que seguridad y energía son bienes públicos que la UE no está siendo capaz de proveer de manera adecuada (sin que se atisbe un consenso comparable al que llevó a entender la salud, en el contexto de la pandemia, como un bien público europeo). No obstante, no es descartable avances en el proceso de integración en esos dos aspectos y en otros como el migratorio o las reglas fiscales.

8. La necesidad creciente de afianzar los recursos y proyectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos energéticos y climáticos (que en 2023 no siempre estarán alineados). Los ya crónicos fenómenos climáticos extremos, con especial énfasis en el verano y la sequía, pondrán a España de nuevo a prueba.

El tránsito hacia un nuevo año también es una buena ocasión para reflexionar sobre la situación del Real Instituto Elcano, una institución que ha entrado en su tercera década de existencia y que a lo largo de 2021 y 2022 se ha visto sometida a un intenso proceso de reformas e iniciativas.

Los cambios de gobernanza posibilitados por la reforma estatutaria acometida, la renovación del Patronato, la creación de un Colegio de Eméritos y de un Consejo de Asesores y un amplísimo relevo en el Consejo Científico, ahora paritario más internacional y diverso se han combinado con una plataforma tecnológica que engloba los activos digitales del Instituto (web, blog y especiales), la reconfiguración completa de los ejes de investigación, la aprobación de una Estrategia de Igualdad de Hombres y Mujeres, y nuevas apuestas de capital humano extremadamente cualificado.

En estos últimos dos años, el Real Instituto Elcano ha incorporado 12 nuevos patronos, de los que nueve son corporativos -Cepsa, Ayuntamiento de Madrid, Endesa, Prosegur, Oesía, Escribano, Solaria, Banco de España e Insud Pharma- y tres nominativos: Josep Borrell, Ángeles Moreno y Miguel Arias Cañete. Por otro lado, se han reclasificado como socios protectores o colaboradores a 10 empresas que han mantenido o iniciado su relación con el Instituto.

El reforzamiento de nuestro capital humano nos ha permitido una intensa actividad en forma de reuniones de los 14 Grupos de Trabajo y actos públicos -ya casi todos presenciales, aunque en algunos casos también híbridos- que cada vez trascienden más Madrid o nuestra oficina de Bruselas. En 2022 hemos organizado actos en La Haya, Londres, Zagreb y en Sevilla, Córdoba, Cádiz, Santander, Valencia, Barcelona, Yuste, La Toja y otras muchas ciudades de España. Nuestra ambición es que, en 2023, al menos un tercio de nuestras actividades se realicen fuera de Madrid.

Entre las actividades realizadas hay dos que merecen ser ponderadas especialmente: por un lado, el Public Forum que desarrollamos coincidiendo con la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid en junio de 2022 y, por otro, un curso de verano celebrado al mes siguiente en el Palacio de la Magdalena de Santander, coorganizado junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), donde 48 ponentes (expertos, políticos, diplomáticos, periodistas y representantes de empresas) de una docena de países analizaron la guerra en Ucrania desde casi todas las perspectivas posibles.

También se han publicado decenas de trabajos de investigación en distintos formatos. No obstante, entre las publicaciones más destacadas de 2022 debe mencionarse el libro España y Portugal en la globalización, elaborado para conmemorar desde una perspectiva actual los 500 años de la primera circunnavegación que protagonizaron Elcano y Magallanes (un proyecto binacional en el que ha colaborado el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España).

La colaboración intensa con las mejores redes de think tanks y con centros de investigación de excelencia marca, de hecho, nuestra labor. Y el impacto en prensa extranjera no deja de crecer: casi la mitad de las cerca de 5.000 menciones en prensa se produjo en medios de unos 90 países.

El Real Instituto Elcano es hoy una institución con una gobernanza reforzada, tecnológicamente moderna, con una agenda bien definida, un excelente capital humano y, sobre todo, con mucha voluntad de seguir contribuyendo con ideas y propuestas basadas en los datos, la ciencia y el debate a la discusión pública de los grandes temas que constituyen las grandes controversias globales que configuran el marco de libertades y de prosperidad de nuestro país y de nuestro entorno económico, cultural y político

También nos hemos reforzado, gracias a nuestros Patronos, socios y proyectos -un capítulo cada vez más importante en nuestros presupuestos- financieramente y, por primera vez en nuestra historia, en 2023 esperamos tener unos ingresos superiores a los cinco millones de euros. Lo que seguirá siendo menos de la mitad de los presupuestos que tienen los think tanks internacionales con los que competimos.

La necesidad de seguir creciendo para consolidarnos como el think tank español que produce conocimiento global desde una perspectiva española, europea y latinoamericana nos ha llevado a platear para 2023 un Plan de Actuación reforzado que aspira a aportar valor a los debates que suscitará la presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre del año. Además, lanzaremos un Programa de Salud Global que tratará de seguir analizando con independencia y datos los grandes retos que un bien público global tan determinante como la salud plantea a los ciudadanos del mundo.

Algunos de los temas que vamos a profundizar serán la evolución de los acontecimientos en Ucrania y sus consecuencias, la conceptualización y operacionalización de la idea de autonomía estratégica abierta y las perspectivas de la relación entre la UE y América Latina. Además, continuaremos nuestra participación en varios proyectos competitivos europeos de excelencia científica que atraviesan distintos ejes de investigación, como RAN-Policy Support y EUTEX (sobre prevención de la radicalización violenta y desradicalización), IBERIFIER (sobre desinformación), RECONNECT China (sobre la relación UE-China) y otros sobre la gobernanza del clima y geopolítica de la energía, y los retos de la ayuda oficial al desarrollo.

Nuestro objetivo último sigue siendo avanzar y reforzarnos para ofrecer inteligencia global en clave europea, española y latinoamericana. En la reunión del Patronato del mes de junio, tuve la oportunidad de manifestar ante S.M. el Rey, su presidente de honor: "Nuestro compromiso sigue siendo el de consolidarnos como un espacio que, frente a la posverdad y la polarización, ofrezca análisis independiente y diálogo. Que, frente al determinismo y al pesimismo, aporte propuestas y optimismo. Porque así es como entendemos nuestra misión fundacional: ser un centro que contribuya con análisis rigurosos basados en la ciencia y en los datos, a fin de crear espacios de debate y consenso que generen soluciones a nuestros problemas".

Recuperar para el debate abierto el conocimiento informado es una forma de contribuir a la defensa de la democracia, de la convivencia y las libertades. En el fondo ese es el papel de quienes con lealtad y optimismo trabajamos en el mundo de ideas. Quienes trabajamos en el Real Instituto Elcano vamos a dar todo porque nuestros esfuerzos, trabajos e ideas no se aparten de ese rumbo.

José Juan Ruiz
Presidente del Real Instituto Elcano

Influencia e imagen exterior

Política exterior e influencia de España

Tal y como se pronosticó en la edición anterior de este documento, la pandemia dejó de dominar el escenario internacional y europeo en 2022[2]. El éxito de la campaña de vacunación y la ausencia de variantes del COVID-19 más letales permitieron a España y demás países occidentales concentrar su atención en el gran acontecimiento disruptivo del año -la invasión de Ucrania y sus consecuencias-, que seguirá marcando los desarrollos en 2023. En todo momento España se ha alineado de modo inequívoco con el resto de los socios euroatlánticos y, aunque la ayuda desembolsada no haya sido cuantitativamente muy relevante, la actuación diplomática ha sido proactiva (en contraste con la conducta más bien pasiva e incluso apaciguadora adoptada frente al Kremlin en 2014, cuando la anexión de Crimea, y en 2008, durante la intervención rusa en Georgia). Ni el gobierno, ni las fuerzas de oposición, ni la ciudadanía en general ponen en duda la necesidad de condenar al agresor, apoyar a Ucrania y, por ahora, asumir el efecto económico negativo del conflicto. A pesar de las reticencias del socio menor de la coalición, se ha entregado armamento al Ejército ucraniano y se ha reforzado el despliegue militar en los países bálticos y el mar Negro.

Ese perfil alto se reforzó por la celebración en Madrid el pasado junio de una exitosa cumbre de la OTAN que sirvió para reivindicar el papel de España en la arquitectura de seguridad a ojos de toda Europa y de EEUU. Es verdad que ningún país de la alianza atlántica ha mostrado apenas discrepancias en esta cuestión (salvo Turquía y Hungría que, por ejemplo, siguen sin ratificar la adhesión de Finlandia y Suecia acordada en Madrid), pero el gobierno español podría haber optado por un apoyo matizado, dada la distancia geográfica y la falta de conflictividad previa con Moscú. No ha sido el caso y no se espera que en 2023 se altere esa firmeza. Sin embargo, es obvio que la guerra conlleva un escenario de incertidumbre y adversidad -más allá del sufrimiento en el campo de batalla y entre la población civil ucraniana- que deberá afrontarse por España y los demás países aliados: riesgo de escalada bélica incluyendo la apelación rusa a la amenaza nuclear, refugiados a los que atender, problemas económicos (suministro de gas, inflación, baja capacidad fiscal para apoyar a las empresas afectadas) y, en fin, el temor de que aparezca cierto cansancio entre los aliados.

Es posible que en el nuevo año se consoliden las voces -ya apuntadas tímidamente desde Berlín, París y Washington- que plantean explorar un diálogo con Moscú donde, junto a una retirada del territorio ocupado en 2022 y garantías futuras de seguridad para Ucrania, se tengan en cuenta parte de las preocupaciones rusas. Si se produce ese escenario de posibles negociaciones, España tendrá que implicarse en el debate y no limitarse a hacer de espectador entre el predecible pragmatismo de los países más occidentales y la inflexibilidad de Polonia o los países bálticos. Debe hacerlo con una postura propia bien articulada que, teniendo en cuenta las sensibilidades de quien ha sido tan injustamente agredido y el objetivo de mantener la unidad, sepa conjugar principios innegociables (como el rechazo al uso de la fuerza y la defensa de la soberanía de Ucrania) con una visión no maximalista. Eso supone incorporar previsiones realistas sobre ulteriores avances militares ucranianos, las dificultades de pretender recuperar Crimea, los riesgos de una desestabilización total de Rusia para la seguridad occidental y el peligro de hartazgo si la situación se eterniza.

Se produzca o no ese escenario de diálogo, va en el interés de España mostrarse como aliado comprometido, no solo por una cuestión de defensa de la paz y otros valores, sino porque eso también le permite más autoridad en debates europeos necesariamente conectados al desarrollo de la guerra que afectan a sus intereses. Entre estos destacan los cambios en la regulación del mercado energético, la reforma de las reglas fiscales y la participación nacional en las iniciativas de autonomía estratégica -incluyendo el ámbito alimentario, climático, de salud y tecnológico-industrial- que el gobierno quiere que sean elemento central en el desarrollo de la presidencia del Consejo de la UE.

El desempeño de esa responsabilidad durante la segunda mitad del año ayudará a mantener a lo largo de 2023 el protagonismo de España en la UE y más allá. En julio se prevé celebrar, en Bruselas, pero ya durante el ejercicio de la presidencia española, una cumbre de los 27 jefes de Estado y de gobierno con sus 33 pares de América Latina y el Caribe. En octubre está agendado que Granada acoja una nueva cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que acompañará a un Consejo Europeo informal. También se ha propuesto la celebración de una cumbre más con los países del Mediterráneo que, unida a las anteriores, supondría convocar durante el semestre a casi la mitad de los líderes mundiales. Asimismo, está previsto celebrar reuniones ministeriales informales de las distintas configuraciones del Consejo en varias ciudades españolas, así como el lanzamiento de un novedoso gran foro internacional de reflexión sobre la acción de Europa en el mundo.

Esa agenda tan cargada viene acompañada de un presupuesto expansivo en materia de acción exterior, que tendrá fuerte impacto en el ámbito de la seguridad y, de manera más modesta, en el de la cooperación. Las partidas del Ministerio de Defensa son las que más crecen: por encima del 25%, hasta superar los 12.000 millones. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aumenta un 15% y se provisionan aparte 81 millones para la presidencia semestral. Sube también el gasto previsto para la administración y la acción cultural exterior, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que financiará la digitalización consular, así como la transformación de la enseñanza y difusión de la cultura y la lengua española en el exterior. Igualmente, se incrementa la dotación destinada a la coordinación interna, aunque el valor que aportan las presidencias rotatorias de la UE en los procesos gubernamentales internos no es tanto disponer de más dinero, sino aprovechar la ocasión para poner al día prioridades temáticas y regionales, así como actualizar el procedimiento de toma de decisiones.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 no solo tiene relevancia en el plano económico sino también el valor político que supone que el gobierno pueda agotar la legislatura que arrancó a finales de 2019. A pesar de la fragilidad política que caracterizaba a una inédita coalición en minoría (que incluye a la izquierda radical y necesita al independentismo para superar a la oposición) y de los extraordinarios desafíos externos surgidos en este tiempo (pandemia y agresión a Ucrania), el gobierno ha sido capaz de sobrevivir cuatro años e incluso proyectar influencia exterior. El relativo éxito en la implementación de reformas en el ámbito verde y digital con cargo a los fondos Next Generation EU (NGEU), el activismo de Pedro Sánchez en la UE y la escena internacional, y la defensa de planteamientos atlantistas y proeuropeos en un contexto de guerra han permitido que España recupere cierto papel de potencia media.

Las elecciones, previstas para diciembre de 2023 se desarrollarán en un clima de gran crispación por asuntos domésticos. Pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) confrontarán poco sobre política exterior y europea. No se espera que esos ámbitos resulten relevantes para dilucidar el voto ni, por tanto, es esperable que se produzcan grandes giros de timón posteriores, sea cual sea el gobierno que se conforme. El presidente y el líder de la oposición no están tan alejados al concebir el papel a desempeñar por el país en la UE y en el mundo (desde luego, mucho menos que sus homólogos en el Reino Unido, Francia, Italia y Polonia); lo que también ayuda a dotar de previsibilidad y más ascendente a España en el exterior. La opinión pública acompaña ese consenso difuso en la materia dándose la paradoja que, a pesar del auge de los extremos ideológicos, ha sido ahora cuando al tradicional europeísmo de la ciudadanía se ha sumado la superación definitiva de la vieja controversia sobre las bondades de pertenecer a la OTAN.[3]

No todo ha sido estabilidad ni acuerdo de fondo. Sánchez ha tenido tres ministros de Exteriores en cuatro años, que abordaron de modo bien distinto la conceptualización estratégica y la gestión de la diplomacia. También existen varios aspectos concretos de discrepancia política. Aunque al principio de la legislatura parecía que América Latina protagonizaría los choques, por el giro a la izquierda en la región y la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, a lo largo de 2022 se ha confirmado que las relaciones con el inmediato sur son las más complejas y divisivas. En el nuevo año es muy posible que resulte controvertida la negociación con Londres acerca de Gibraltar, en el contexto del diálogo entre la UE y el Reino Unido. Pero será, sobre todo, la relación con Marruecos en sus distintas dimensiones la que seguirá enfrentando al PSOE con la oposición y hasta con su socio de coalición. El gobierno tendrá que esforzarse para demostrar que el polémico cambio en la postura tradicional española sobre el contencioso del Sáhara Occidental ha merecido la pena. La mala relación con Argelia -en un momento en que resulta importante la provisión de gas- y las dudas sobre la normalización de la cooperación con Rabat no ayudan a comprender la decisión tomada.

Imagen internacional de España

La guerra en Ucrania ha supuesto un punto de inflexión en la evolución de los elementos que configuran el prestigio y la imagen de los países. En un enfrentamiento de esta gravedad, las opiniones sobre los demás países están en primer lugar marcadas por la posición en el conflicto: aumenta la valoración de los aliados y disminuye la de los países del bando contrario. En esta ocasión, Rusia, responsable de la guerra, ha visto cómo su prestigio -que era ya bajo entre los países de la UE y las demás democracias liberales del mundo desarrollado- ha descendido aún más en su valoración. Pero, a su vez, puede suponerse que la valoración desde Rusia de otros países ha caído cuando estos han pasado a ser aliados de Ucrania en la guerra. Es el caso de España, que recibía puntuaciones muy altas en Rusia antes de la invasión. En el otro lado, EEUU, que solía ocupar una posición baja de prestigio entre los ciudadanos de los países del G7 (excluyendo las opiniones de los propios estadounidenses), en concreto la 34ª en 2021, ha dado un salto de gigante en su reputación en ese grupo a raíz de su posición de liderazgo en la guerra, hasta ocupar la posición 24ª en 2022, según los datos del RepCore Nations 2022, recogidos en los países del G7 y varios otros entre marzo y abril de 2022 (es decir, después de la invasión de Ucrania).

La misma fuente muestra que el prestigio español ha resultado ligeramente beneficiado en esta tormenta de cambios. Ha pasado de la posición 14ª a la 13ª (de entre las 60 primeras economías del mundo), por encima del Reino Unido, Francia y Alemania. Otra fuente, el Nations Brands 2022, que mide aspectos relativos al prestigio económico y, sobre todo, comercial, muestra una ligera mejoría del valor de la marca española, que se sitúa en la posición número 12 (sobre 100 países), gracias sobre todo a uno de los componentes del análisis, la posición de cada país en lo que respecta al índice de poder blando ( Global Soft Power Index). Este índice se elabora a partir de encuestas realizadas en 100 países, con un cuestionario que valora aspectos como la familiaridad con las marcas del país evaluado, la percepción externa sobre su influencia internacional, la opinión sobre su reputación, su gestión del COVID-19, su gobernanza económica, su nivel tecnológico, su actuación internacional, la calidad de sus medios de comunicación, su cultura y los valores de sus ciudadanos. En esta ocasión los datos de la encuesta se recogieron a finales de 2021, por lo que no incorporan el efecto de la invasión de Ucrania.

Ambos resultados muestran una muy buena posición del prestigio de España, una situación desde la que no es fácil lograr avances notables. Sin embargo, si se desciende a los detalles, España sigue teniendo espacio de mejora en algunos aspectos en los que su reputación es inferior a la media de la auto-evaluación de los países del G7: su capacidad tecnológica, la calidad de sus marcas y empresas, y el entorno económico, es decir, los mismos elementos en los que, año tras año, se constata una debilidad de la reputación española. España enfrenta también un prestigio débil en regiones y países específicos (Marruecos, Argelia, África Subsahariana, China), bien por la falta de información y contactos (en EEUU, por ejemplo, la mitad de la población no sabe nada, literalmente, sobre España), bien por la experiencia de sus inmigrantes en nuestro país, por la existencia de conflictos bilaterales o por la suma de todo ello.

La desaparición de "España Global" en 2021 puso fin a un intento institucional de coordinar y reforzar los esfuerzos de diferentes ministerios, instituciones y organizaciones privadas para mejorar el prestigio español en todos los terrenos, entre ellos, en lugar privilegiado, el de los productos y servicios españoles, y por tanto de sus marcas y empresas. Esta desaparición deja un hueco que debería cubrirse porque son necesarias iniciativas de coordinación público-privada dedicadas a promover el prestigio de la tecnología, los productos, los servicios y la cultura españoles, y a fomentar el conocimiento sobre España en grandes áreas regionales específicas. Esta necesidad puede ser más acuciante ante la perspectiva de un año 2023 marcado por la crisis económica internacional, en el que la competencia por la presencia en mercados internacionales y por la atracción de inversiones, turistas y profesionales puede endurecerse.

Cultura y poder suave

2022 ha sido el año de la recuperación postpandemia. También para la cultura, que tan duramente había sufrido el cierre de los espacios públicos y las limitaciones a la movilidad, mientras aceleraba y consolidaba los procesos de distribución y difusión de los contenidos culturales globales en las redes digitales. La crisis ha puesto de relieve una vez más la importancia de la cultura, a la que la recién celebrada Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2022, celebrada 40 años después del histórico congreso de México) declara por primera vez como bien público mundial, mientras vuelve a pedir su inclusión como objetivo específico en la agenda de desarrollo post-2030.

Parte de esta recuperación post-COVID se está canalizando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los proyectos estratégicos conocidos como PERTE, que han echado a andar en los últimos meses, como el España hub Audiovisual de Europa ( Spain AVS Hub) que en 2023 tendrá su último año de financiación. También destaca la iniciativa más ambiciosa en materia de promoción de la lengua y la cultura de las últimas décadas: el PERTE ​Nueva Economía de la Lengua​, con un presupuesto de 1.100 millones de millones de euros de inversión pública, pero con el objetivo de movilizar otros 1.000 millones de inversión privada a través de la Alianza para la Nueva Economía de la Lengua. Los cinco ejes de este ambicioso proyecto (Conocimiento en español y lenguas cooficiales, Inteligencia Artificial en español, Ciencia en español, Aprendizaje en español e Industrias Culturales) abordan temas clave como la digitalización de la red exterior, la construcción de corpus léxicos, el impulso a la diversidad lingüística en la ciencia y la interacción con las tecnologías de procesamiento natural del idioma y la Inteligencia Artificial. Además, el PERTE pondrá en marcha, por primera vez, un Observatorio Global del Español -liderado por el Instituto Cervantes y con sede en La Rioja- que contribuirá a sistematizar indicadores y seguir el curso de las grandes tendencias sociodemográficas y demolingüísticas que sirven de base a las políticas públicas de acción cultural exterior y que han tenido este año, por primera vez, un nodo de coordinación interinstitucional en la nueva Dirección General del Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En el plano exterior, la "resaca" de la Expo de Dubái y la Feria de Fráncfort (saldadas ambas, pero especialmente la última, con un rotundo éxito) no deja mucho tiempo para el descanso. En las primeras semanas del año, España será país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Calcuta 2023, la más concurrida de todas las que se celebran en el mundo y puerta de entrada a uno de los espacios geográficos en los que más dificultades encuentra la industria cultural española. A 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso, los gobiernos de España y Francia han colaborado en un programa de más de 40 exposiciones, dos congresos y actos que, aunque centrados en los dos países, se extenderán a Suiza, Alemania, Mónaco, Rumanía y EEUU (en el Metropolitan y el Guggenheim de Nueva York, entre otros museos). El centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla (1863-1923) se celebrará con la Comunidad Valenciana como epicentro, pero se proyectará a Italia y EEUU, con la participación de la Hispanic Society y el National Arts Club de Nueva York. Acción Cultural Española (AC/E) tendrá ocasión de celebrar y evaluar los 10 primeros años del valioso Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), cuyas acciones en Movilidad, Visitantes y Residencias han aumentado la proyección de los profesionales culturales y creativos. Pero buena parte de sus recursos se concentrarán en la preparación del próximo gran compromiso internacional de España: la Exposición Internacional que se celebrará en Osaka (Japón) entre abril y octubre de 2025.

Parte importante de la agenda cultural del año basculará en torno a la quinta presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, cuya parte cultural están coordinando de manera conjunta los distintos ministerios, la presidencia del gobierno, AC/E y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en sus distintas responsabilidades. La AECID tiene para este año el importante compromiso de la reapertura del Centro Cultural de España en La Habana a 20 años de su cierre, la posible reubicación del de Buenos Aires y la apertura del de Bogotá, pero también la revisión de la histórica Estrategia de Cultura y Desarrollo de 2007. Y ello en el año en el que previsiblemente las Cortes terminarán la tramitación de la ley de Cooperación que sustituirá a la de 1998 y que profundiza en la acción cultural exterior vinculada al "diálogo, la cooperación cultural y la acción cultural para el desarrollo sostenible" (hablando de "promoción de la cultura española en el exterior" donde antes se hablaba de "relaciones culturales y científicas", al menos en el texto salido del Congreso en diciembre). También el Instituto Cervantes afronta un año con dos aperturas largamente esperadas: las de Los Ángeles (en principio en los últimos días de 2022) y Seúl (que podría estar listo a finales de año[4]), mientras se avanza, gracias al PERTE, en la transformación de sus servicios en línea de formación y certificación, y siguen explorándose regiones como África y Asia en las que el Instituto Cervantes tiene una presencia limitada.

Progresos y desafíos en el proceso de integración

2022 se presentaba como el año en el que superar los efectos de la pandemia, pero la invasión rusa de Ucrania y su impacto han protagonizado la agenda, revitalizando objetivos más o menos aparcados como la necesidad de alcanzar la independencia energética, incrementar las capacidades de defensa y avanzar en materia de asilo. Es cierto que la UE ha conseguido reducir el suministro del gas ruso, respondido de forma solidaria a la llegada de refugiados ucranianos y dado pasos relevantes en seguridad y defensa, pero el año termina con el Pacto Europeo de Migración y Asilo estancado mientras en otros ámbitos, como la descarbonización, se corre el riesgo de que la emergencia energética relegue las prioridades contenidas en el Pacto Verde Europeo.

La guerra, por otro lado, ha alterado la arquitectura general de relación entre la UE y el resto del continente. Eso se ha reflejado, en primer lugar, en la confirmación de Rusia como rival estratégico. Las sucesivas rondas de sanciones europeas a Rusia -nueve a finales del 2022- han sido muestra de una contundencia que no podía darse por descontada cuando se inició la agresión en febrero, pues el espectro de las posturas entre los 27 iba desde el apoyo incondicional de Polonia y los países bálticos a Kyiv hasta la contemporización con el Kremlin por parte de Hungría. El gran reto de cara al nuevo año es mantener la unidad y coherencia, que serán puestas a prueba por la crisis energética, la inflación y otros precios a pagar por confrontar con el agresor en este conflicto.

Un segundo efecto ha sido el apoyo cerrado a Ucrania, hasta reconsiderar su estatus de mero país vecino para pasar a ser candidato a miembro (un horizonte también ofrecido a Moldavia y ampliable a Georgia). Esa decisión vino acompañada por el relanzamiento retórico de las relaciones hacia los Balcanes Occidentales, aunque está por ver que avancen significativamente las negociaciones de adhesión; desde luego, no se esperan novedades relevantes antes de que termine la actual legislatura europea. De hecho, alimentada a medias por la certeza de que la ampliación será lenta y por el escaso entusiasmo entre algunos de los Estados miembros actuales para acelerarla, se produjo otra gran novedad: la CPE propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron, que tuvo su cumbre inaugural en Praga el pasado octubre[5]. Aunque la idea fue acogida en un primer momento con tibieza, el sentir generalizado es que puede ser funcional, también para insertar en la cooperación política continental a potencias regionales alejadas de Bruselas, como el Reino Unido y Turquía. En el nuevo año la CPE volverá a reunirse en la capital moldava, Chisinau, y en España.

En 2022 también se habló de profundización, al haber finalizado la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un ejercicio participativo de reflexión y debate que se ha plasmado en un extenso documento de recomendaciones. La combinación entre el resultado de ese proceso, el impacto de la guerra y de la pandemia y la conciencia de limitaciones en el actual entramado institucional y decisorio de la UE han animado a diferentes voces, incluida la de la Comisión, a reformar los Tratados para transferir nuevas competencias nacionales y ampliar el voto por mayoría cualificada en cuestiones hoy sujetas a unanimidad.

Si bien hay varios Estados miembros -incluyendo Alemania, Francia y España- abiertos a esa reforma para avanzar en la integración, las perspectivas para que se progrese a lo largo de 2023 son limitadas. Sigue habiendo un amplio número de capitales nacionales reacias al cambio, que se ha incrementado o agudizado en los últimos meses tras los resultados electorales en Hungría, Suecia e Italia. En Berlín y París se han renovado gobiernos proeuropeos en el último año, pero ni la sintonía entre ellos se encuentra en su mejor momento ni su liderazgo obtiene el reconocimiento de antaño, sobre todo entre los Estados del este, debido a la posición más pragmática hacia Rusia defendida por Emmanuel Macron y Olaf Scholz. La aproximación de Alemania hacia China también alimenta este malestar y deja además patente la falta de una posición común europea para definir el papel de la UE en el mundo.

Más allá de los grandes debates a largo plazo sobre profundización y ampliación, 2023 supone la entrada en el tramo final del actual ciclo institucional europeo, donde se comprobará hasta qué punto se alcanzan los objetivos concretos planteados por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al inicio de su mandato y los que se sumaron luego, a raíz de la pandemia. Destaca el deseo de llegar a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales antes de que acabe 2023, ya que en 2024 se desactivaría la cláusula general de escape. Asimismo, de acuerdo con el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, diciembre del 2023 es la fecha límite en la que los fondos NGEU estarán disponibles para los Estados miembros. En el nuevo año también habrá que ver si avanzan propuestas ya conocidas como la Ley Europea de Chips y otras novedades anunciadas en el último discurso sobre el estado de la Unión, como la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales.

A nivel nacional, 2023 traerá elecciones en varios Estados miembros, siendo a priori las más relevantes las que se celebrarán en Grecia (julio), Polonia (noviembre) y España (diciembre). En algunos de esos casos (así como en Chipre, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, que son los otros países donde se votará) las candidaturas euroescépticas se presentan fuertes, pero no se esperan cambios en los equilibrios políticos actuales.

Ante la quinta presidencia europea

La política europea de España estará claramente dominada a lo largo del 2023 por el ejercicio de la presidencia del Consejo en el segundo semestre del año. Una responsabilidad rotatoria ya asumida en 1989, 1995, 2002 y 2010. Fue precisamente durante esa última ocasión cuando la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a final de 2009 conllevó una serie de novedades -presidencia estable del Consejo Europeo o Alto Representante dirigiendo el Consejo en su configuración de Asuntos Exteriores- que se tradujeron en menor brillo y margen de maniobra para el Estado que la ejerce[6]. Sin embargo, la presidencia semestral sigue suponiendo: (i) ciertas funciones representativas, que son sobre todo notorias si incluyen consejos europeos informales y cumbres con terceros como anfitrión; (ii) fijar el orden del día en nueve de las 10 configuraciones del Consejo, lo que permite influir en la agenda primando ciertos temas o posponiendo otros; (iii) buscar consensos en las reuniones ministeriales y en sus órganos preparatorios como el Comité de Representantes Permanentes y los grupos de trabajo; y (iv) dirigir las negociaciones interinstitucionales con Comisión y Parlamento.

Además, tal vez influido por el hecho de haberle correspondido hace poco a Alemania (2020) y a Francia (2022), la gestión de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania han venido a revitalizar el desempeño de las presidencias rotatorias[7]. En el caso de la española, llegará en un momento clave por las diversas consecuencias de la guerra -que hace que gestionar la unidad de los 27 resulte más difícil e importante que normalmente- y porque será el último semestre completo de trabajo antes de que finalice el actual ciclo institucional europeo, de modo que se deberán cerrar numerosos expedientes legislativos pendientes. Por otro lado, cabe recordar que la presidencia española sucederá a la sueca, un país tradicionalmente reacio a europeizar competencias nacionales y que acaba de formar gobierno sustentado en el apoyo de la derecha radical y euroescéptica. Eso aumenta las posibilidades de que España herede dosieres legislativos y grandes debates abiertos, como puede ser el pacto migratorio y la reforma de las reglas fiscales.

Aunque se espera que las presidencias sean sobre todo intermediarias neutrales ( honest broker) que moderan las negociaciones, los Estados miembros suelen aprovechar para tratar de empujar sus prioridades en Bruselas y ganar visibilidad en los medios. A veces las expectativas que se generan son excesivas y, de hecho, cuando España ocupó la mencionada presidencia de 2010 lo hizo en el contexto de una coyuntura económica europea y propia tan adversa que la experiencia resultó más bien amarga. No obstante, incluso aquel semestre demostró que se contaba con la experiencia y la capacidad administrativa para hacer frente al nuevo diseño institucional post-Lisboa. En 2023, a pesar del clima interno de polarización y del escenario electoral, se llega en mejores condiciones que entonces para lograr un resultado provechoso.

La expectativa desde la UE es positiva considerando el tamaño, la ambición europeísta del país y su capacidad para generar alianzas. No se esperan grandes avances en cuestiones a largo plazo (reforma de los Tratados, ampliación) por las discrepancias entre los Estados miembros y por la cercanía de nuevas elecciones al Parlamento Europeo, pero sí hay esperanza de que España ayude a progresos concretos y sirva para reforzar la mejorable sintonía en el motor franco-alemán. Además, las iniciativas que España impulse tendrán incidencia en el siguiente ciclo legislativo que se inaugurará por la muy euroescéptica Hungría, tras el semestre belga de transición (estos tres Estados conforman un Trío de presidencias que en teoría deben armonizar sus respectivas agendas).

Se ha creado ya una Oficina de Coordinación y un Comité Organizador que dirige el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con presencia de todos los ministerios. El programa no se presentará hasta junio, pero hay ya un primer esbozo de prioridades donde destaca la importancia de mantener la unidad en relación con Ucrania, gestionar los retos energéticos, dar respuesta a las presiones inflacionistas y aumentar inversiones públicas para las transiciones verde y digital. Todos esos objetivos son susceptibles de ser englobados bajo el concepto de "autonomía estratégica abierta", que la UE viene elaborando desde hace algún tiempo, con importantes contribuciones españolas, y que es el tema elegido para el Consejo Europeo informal a celebrar en octubre en Granada. En el apartado exterior, el semestre se presenta muy ambicioso y también se pretende aprovechar la ocasión para primar prioridades geográficas españolas, de modo que no todo el foco se dirija al este. Así, junto a una cumbre de la CPE que se celebrará aprovechando la reunión de los 27 líderes en Granada, está ya anunciada otra cumbre con América Latina en Bruselas y se pretende programar otra más con la Vecindad Sur.

También habrá reuniones ministeriales informales en distintas ciudades, repartidas por las 17 comunidades autónomas, mientras que la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE tendrá que organizar y liderar trabajos de cooperación interparlamentaria. Se trasciende así el estricto eje gubernamental Madrid-Bruselas y, de hecho, la panoplia típica de actividades de toda presidencia implica proyectos paralelos que movilizan a la sociedad civil y al mundo investigador, lo que supone una ocasión excelente para reflexionar sobre los grandes desafíos de la política europea de España.

No obstante, el año también incluye una serie de riesgos para el deseo español de acrecentar su influencia en Bruselas. Entre ellos, la celebración de sucesivas elecciones (autonómicas y municipales en mayo, generales seguramente en diciembre) que pueden erosionar el aún dominante consenso interno sobre el proceso de integración. Resultan especialmente preocupantes los problemas de politización de la justicia y judicialización de la política agravados en los últimos tiempos (a propósito de los bloqueos en las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional) y que afectan a la autoridad de España en temas de Estado de derecho. Por último, la presidencia va a coincidir con un momento crucial en la implementación de los planes de recuperación, pues para finales del 2023 los recursos asignados deberían estar comprometidos. España, como segundo mayor beneficiario del Instrumento Europeo de Recuperación, tiene la responsabilidad de demostrar su capacidad para absorber y administrar de manera eficaz los fondos que le corresponden.

Política Común de Seguridad y Defensa

La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la creciente relevancia política -e incluso centralidad- de los temas relacionados con la seguridad y la defensa. Un claro ejemplo es el aumento en el gasto militar. Por otro lado, el retorno de una guerra de alta intensidad al suelo europeo y el espectro de una confrontación con una gran potencia (además nuclear) ha revertido en una creciente asociación de las cuestiones de seguridad con la defensa territorial y la disuasión. Esto supone un cambio importante ya que, durante las últimas tres décadas, los debates sobre seguridad y defensa en España y en la UE han girado en torno a operaciones de gestión de crisis en el exterior, generalmente asociadas con el mantenimiento de la paz, la estabilización y la lucha contra el terrorismo en lugares como Afganistán, Irak, África y los Balcanes.

¿Cómo afectarán estos cambios al papel de la propia UE en el ámbito de la seguridad y la defensa, y a la posición de España? En primer lugar, se ha abierto un debate sobre la necesidad de dar mayor prioridad a la defensa en las políticas públicas europeas y elevarla al rango de prioridad estratégica para la UE, junto a la descarbonización y la digitalización. Esto podría abrir la puerta a un aumento de las partidas de seguridad y defensa en el presupuesto comunitario, su entrada en los fondos NGEU o iniciativas que les sigan, y la aplicación de excepciones en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un momento de renegociación de las reglas fiscales europeas. Adoptar pasos en cualquiera de estas direcciones iría en el interés de España, ya que podría contribuir a recuperar parte del terreno perdido tras años de escasa atención a la inversión en defensa, y ofrecer oportunidades para dinamizar el sector tecnológico-industrial de la defensa española, todavía relativamente competitiva en un contexto europeo.

En lo que se refiere al ámbito político-estratégico de la política de defensa europea, cabría resaltar dos puntos. Por un lado, la UE seguirá reconociendo la primacía de la OTAN en el ámbito de la disuasión y la defensa territorial, así como la voluntad de la Alianza Atlántica de dar prioridad al refuerzo de la disuasión en Europa del este en detrimento de otras tareas y ámbitos geográficos, como la proyección de estabilidad en el Vecindario Sur, la seguridad marítima, la lucha contra el terrorismo y la gestión de crisis en el exterior. Esto probablemente resalte el potencial y el valor añadido de la UE en esos otros medios funcionales y geográficos, entre los que cabe destacar la estabilidad en ámbitos geográficos prioritarios para España (el Mediterráneo occidental, el norte de África, el Sahel y la fachada atlántica del continente africano, sobre todo el tramo entre el golfo de Guinea y la península Ibérica).

La división de tareas ofrecería importantes oportunidades para España a la hora de alinear las prioridades estratégicas de la UE en seguridad y defensa con las suyas propias, más si cabe teniendo en cuenta que España ejerce un mayor grado de influencia sobre la política de defensa de la UE que en la OTAN. España podrá utilizar su presidencia del Consejo de la UE en 2023 para promover una visión de la política de defensa europea que resalte sus prioridades funcionales y geográficas: seguridad marítima y desarrollo de capacidades aero-navales, fomento de misiones de seguridad marítima en el tramo Mediterráneo-golfo de Guinea, desarrollo de capacidades de seguridad y defensa de países socios en el norte de África, el Sahel y el golfo de Guinea, y desarrollo de capacidades de intervención rápida y estabilización ante posibles contingencias en el Vecindario Sur. Asimismo, la presidencia del Consejo ofrece una oportunidad a España para aprovechar el creciente interés de la UE en el Indo-Pacífico para reforzar su proyección en esta zona, de enorme interés estratégico y comercial, y en la que España tiene escasa presencia. También ofrecerá una oportunidad para reforzar la relación entre la UE y la OTAN, garantizando su complementariedad.

Por otro lado, si bien se reconocerá la primacía de la OTAN en cuestiones de disuasión y defensa territorial, la propia UE deberá dedicar mayor atención y esfuerzo a estos ámbitos. Esto es una cuestión de necesidad estratégica y política: no tomarse en serio la disuasión frente a grandes potencias en un momento en el que se ha convertido en el principal problema de la seguridad europea y en la primera prioridad para muchos de los Estados miembros de la UE -sobre todo en Europa del este y central- condenaría la política de seguridad y defensa europea a la irrelevancia. España debe entender que su influencia en la UE (incluso más allá de la política exterior, de seguridad y defensa) pasa por su solidaridad y contribución a este debate. Debe mostrar su apoyo al incipiente proceso de reorientación en la política de seguridad y defensa de la UE hacia cuestiones relacionadas con la disuasión y la defensa territorial, lo cual representa un argumento adicional para reforzar la cooperación UE-OTAN. Asimismo, España ha de aprovechar este proceso para promocionar el desarrollo de aquellas capacidades que aporten valor específico desde el punto de vista militar e industrial, como la defensa antimisiles (cabe destacar aquí la necesidad de sistemas de defensa antimisiles tácticos, útiles en un contexto de proliferación en el norte de África), la disuasión en el ámbito naval y aéreo, y la ciberdefensa.

La relación UE-Reino Unido y las negociaciones sobre Gibraltar

Las relaciones del Reino Unido con la UE en 2022 no han conseguido librarse de la pesada losa del Brexit, que sigue marcando la agenda bilateral. Aunque el Acuerdo de Comercio y Cooperación -regulador del " Brexit económico"- que entró en vigor en enero del 2021 supuso un importante retroceso en términos de integración económica con Europa, con importantes fricciones comerciales y restricciones en servicios y circulación de personas, sus efectos se están notando fundamentalmente a nivel nacional en el Reino Unido. Las barreras aduaneras se van acentuando poco a poco (especialmente en productos agroalimentarios, muy importantes para España), pero el gobierno británico ha sido bastante pragmático y ha aplazado hasta en cuatro ocasiones diversos aspectos de los controles sanitarios y fitosanitarios o de los relativos al etiquetado (dentro de un calendario de despliegue en varias fases), facilitando la adaptación progresiva de los exportadores europeos.

Lo que sigue alterando la relación con la UE es el previo Acuerdo de Retirada -marco del " Brexit político"-, en vigor desde febrero del 2020, en lo relativo a las dificultades de implementación del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, que obliga a establecer controles aduaneros entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, lo que provoca la férrea oposición de los unionistas. La propuesta de la Comisión de octubre del 2021 para simplificar los requisitos aduaneros con Irlanda del Norte sigue pareciendo insuficiente al gobierno británico, que insiste en una renegociación completa del Protocolo para eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (algo inaceptable para la Comisión).

Por suerte, las frecuentes amenazas británicas de invocar el artículo 16 del Protocolo y suspender su aplicación no han llegado a materializarse, en parte gracias a la presión del gobierno de EEUU, que ha advertido reiteradamente que no tolerará el cuestionamiento del Acuerdo de Viernes Santo ni arriesgar la paz en Irlanda. La salida de Liz Truss ha rebajado un poco la tensión y el teórico mayor pragmatismo de Rishi Sunak podría hacer más probable una solución negociada.

Parte de dicho pragmatismo viene forzado por la complicada situación económica del Reino Unido (la economía desarrollada del G20 que menos crecerá en 2023), que a su vez se explica en parte por una serie de malas decisiones de política fiscal -que desembocaron en una grave crisis monetaria y financiera en septiembre del 2022- y en parte por la fuerte incertidumbre política y legislativa desde el referéndum del 2016 (según el Banco de Inglaterra, el factor, junto con la pandemia, que más ha deteriorado la inversión empresarial en los últimos años). Poco a poco los efectos económicos del Brexit se van pudiendo separar de los de la pandemia y se manifiestan ahora en todo su esplendor, tanto en términos de ralentización del comercio (curiosamente, más el de bienes que el de servicios) como de rigideces en el mercado de trabajo.

Las tensiones del Reino Unido con la UE tienen implicaciones para España en diversos aspectos, entre ellos las negociaciones del acuerdo sobre Gibraltar, territorio no sujeto al marco general del Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido sino a otro específico. En diciembre del 2020 los gobiernos español y británico alcanzaron un entendimiento bilateral sobre cuya base la Comisión preparó un mandato de negociación presentado en julio del 2021 y finalmente aprobado en octubre, momento en el que comenzaron las negociaciones entre Comisión y gobierno británico para definir la relación definitiva UE-Gibraltar.

Tras una rápida negociación de las cuestiones más técnicas (casi el 90% de los 300 artículos), el acuerdo sigue estancado por dos motivos, fundamentalmente políticos. El primero tiene que ver con el control de las fronteras: pese a que España siempre ha sido pragmática y no ha entrado en cuestiones de soberanía y jurisdicción, sino en medidas prácticas de eliminación de controles físicos de mercancías y personas entre España y Gibraltar (garantizando la integridad del mercado único y la del espacio Schengen), el mandato negociador para la Comisión rebajó sustancialmente el papel "intermediador" de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en los controles de movimiento de personas respecto al entendimiento bilateral, lo que molestó al gobierno británico, que no quiere que España tenga la competencia exclusiva. El segundo motivo, nunca oficialmente reconocido, tiene que ver con las reticencias de la propia Comisión a firmar un acuerdo sobre Gibraltar en medio de las amenazas de revocación del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, ya que solo tiene sentido firmar acuerdos que se vayan a cumplir.

La falta de avances sobre Gibraltar (indirectamente vinculada a la implementación del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte) podría llevar a la Comisión a exigir a España los controles habituales de pasajeros y de mercancías en cualquier frontera exterior de la UE, amenazando la normalidad de los casi 10.000 españoles que trabajan en la colonia británica. España, socio clave del Reino Unido en muchos sectores de comercio (como agroalimentario, automóvil, transporte aéreo, turismo y servicios empresariales) y de inversión, quiere cerrar el asunto cuanto antes y evitar que las tensiones entre la Comisión y el gobierno británico perjudiquen sus intereses económicos y, por ello, es partidaria de soluciones prácticas con diversos niveles competenciales. España tiene una relación demasiado estrecha con el Reino Unido y necesita un comercio fluido, una inversión estable y una relación de cooperación con Gibraltar en materia no solo comercial y de circulación de personas, sino también medioambiental (como se demostró en el verano del 2022 cuando el buque OS35 encalló frente a las costas de Gibraltar), fiscal y, en última instancia, política.

Magreb y Oriente Medio

Como anticipaba la edición anterior de este documento[8], España se ha encontrado en 2022 con un vecindario sur más complejo, donde se han superpuesto nuevas dificultades provocadas por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania a la miríada de problemas antiguos -económicos, sociales, geopolíticos- sin resolver. El autoritarismo se ha visto robustecido en la región y las posiciones de varios regímenes se han vuelto más duras y combativas. Esa dinámica aleja aún más la ilusión de construir un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida en torno al Mediterráneo, que era el objetivo que acordaron los países euro mediterráneos en la Declaración de Barcelona hace casi tres décadas.

El Magreb se ha convertido en el escenario de una creciente rivalidad entre Marruecos y Argelia, que ha salpicado de lleno a España. Tanto Rabat como Argel han percibido que el gobierno de Pedro Sánchez dio un giro a la posición tradicional española de "neutralidad activa" en el conflicto del Sáhara Occidental. La carta enviada por el presidente del gobierno al rey de Marruecos en marzo de 2022 -revelada por el Palacio Real marroquí- decía que "España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo". La misiva daba a entender que España abandonaba su posición oficial y pasaba de no tener una solución preferida para resolver el conflicto (los anteriores gobiernos afirmaban que apoyarían la salida al conflicto que acordaran las partes) a tener la misma que plantea Marruecos (un escasamente definido régimen de autonomía para el territorio), pero que rechazan tanto el Frente Polisario como su principal apoyo, Argelia. Esa percepción es también la que dijeron tener casi todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, mostrando una amplia desaprobación hacia el giro dado.

Lo ocurrido en marzo de 2022 ha tenido unas profundas repercusiones para las relaciones hispano-magrebíes. Las relaciones entre España y Marruecos han empezado a normalizarse, superando en apariencia una fase de crisis que se había acentuado a partir de 2018. En abril se firmó una declaración conjunta en Rabat para una "nueva etapa del partenariado" entre ambos países, lo que ha dado lugar a una intensificación de los contactos oficiales. La Reunión de Alto Nivel, que no se pudo celebrar en 2022 por problemas de agenda, se ha anunciado para principios de 2023. Los resultados de ese encuentro ayudarán a aclarar si puede esperarse de verdad un salto cualitativo en las bases de la relación hispano-marroquí para un amplio abanico de dosieres.

La otra cara de la moneda fueron las reacciones del Frente Polisario, que ha suspendido los contactos con el gobierno español, y de Argelia, primero retirando a su embajador de Madrid y después suspendiendo el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, y poniendo grandes trabas al comercio exterior con España fuera del sector de la energía[9]. La Comisión Europea ha considerado esto último como una posible violación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia. Sin embargo, eso no ha impedido que durante 2022 se hayan multiplicado los contactos y visitas a Argelia de dirigentes de países europeos, principalmente Italia y Francia, quienes buscan garantizar su seguridad energética y aprovechar las oportunidades económicas que ofrece Argel, además de contar con su apoyo en la lucha contra la inestabilidad en la vecina y conflictiva región del Sahel.

La competición argelino-marroquí por la hegemonía regional, acentuada desde que en 2020 Marruecos recibió el respaldo de EEUU e Israel en sus reclamaciones sobre el Sáhara Occidental, recuerda a los peores momentos vividos entre ambos países cuando libraron una guerra en 1963. Eso ocurre en medio de una carrera armamentística. Para 2023, Argelia ha aprobado un gran incremento del presupuesto de defensa (de 9.700 millones de dólares a 22.700 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de más del 130%). A su vez, Marruecos destina cerca del 4,7% de su PIB al sector de la defensa, mientras estrecha vínculos militares y de inteligencia con Israel. Esas tendencias ponen al vecindario sur de España en una situación de creciente inestabilidad y mayor riesgo de que se emplee la fuerza, bien sea como resultado de un accidente o de un cálculo premeditado.

España necesita salir de la lógica de juego de suma cero en la que están instalados sus dos vecinos magrebíes más próximos y buscar un nuevo equilibrio en sus relaciones con ellos. Cualquier posicionamiento se debe ajustar a las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al derecho internacional, puesto que eso es lo que garantiza que se respete un orden internacional basado en normas. Eso se pondrá a prueba a lo largo de 2023, cuando el Tribunal de Justicia de la UE emita su sentencia de casación sobre los acuerdos comerciales y de pesca entre la UE y Marruecos, en lo referente a su alcance territorial y su aplicación a los recursos del Sáhara Occidental.

El reto para España no es fácil debido a las presiones que suele ejercer Marruecos, pero es necesario que haya claridad y consensos en esa política de Estado. Las decisiones del gobierno serán más efectivas cuanto más respaldo político y social reciban dentro de España y cuanta más coordinación busquen en el ámbito europeo e internacional.

En cuanto al contexto regional más amplio en el sur y este del Mediterráneo, los retos socioeconómicos crecen a un ritmo muy superior al de las soluciones que se requieren. Las sucesivas disrupciones vividas en el último decenio (conflictos regionales, oleadas de refugiados, la pandemia, la invasión rusa de Ucrania, la inseguridad alimentaria, la inflación y perspectivas de recesión mundial, etc.) están aumentando las presiones sobre numerosos países árabes. Esto ocurre, además, sin que se hayan abordado muchos de los retos preexistentes en áreas como el desempleo, la innovación, la competitividad, el desarrollo del sector privado y, sobre todo, el buen gobierno y el establecimiento de instituciones modernas y transparentes. Todo lo anterior ha llevado a crecientes -y alarmantes- niveles de endeudamiento. Líbano, país que sufre un colapso multidimensional, ya se declaró en suspensión de pagos en 2020, mientras que Túnez y Egipto están en zona de riesgo de colapso económico.

Durante 2023, España tendrá la oportunidad de influir en la agenda mediterránea de la UE considerando su presidencia del Consejo a lo largo del segundo semestre. A pesar de que las miradas de Europa están puestas en sus fronteras orientales por motivos más que justificados, España debe recordar a sus socios -tanto de la UE como de la OTAN- que el vecindario sur requiere atención, recursos y voluntad política para salir de los atolladeros que les impiden tener mayores niveles de desarrollo humano. Frente al riesgo de ver más inestabilidad y Estados fallidos en torno al Mediterráneo, sería muy deseable anticiparse con propuestas de proyectos regionales estructurantes que aporten soluciones a problemas compartidos y ayuden a generar confianza. Una posible iniciativa sería la de proponer una "Comunidad Mediterránea del Agua y la Energía", siguiendo la lógica de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero que fomentó la paz y la prosperidad en Europa.

Rusia y la vecindad oriental de la UE

La ilegal e injustificada agresión rusa a Ucrania -denominada "operación militar especial" por el Kremlin- el 24 de febrero de 2022 ha sido un punto de inflexión en las relaciones de Rusia con Ucrania, con los demás países de la vecindad oriental y con Occidente. El resto del mundo ha reaccionado con mucha menor intensidad a la guerra, aunque no por eso esta ha dejado de desplegar sus efectos como nuevo vector en la reconfiguración global del orden internacional, que se suma a los efectos de la pandemia y a la creciente rivalidad geopolítica entre EEUU y China.

Cuando se pone el foco en Ucrania, la invasión rusa se revela como la encarnación de la política revisionista y revanchista de una potencia que ha perdido el imperio, pero no la mentalidad imperial[10]. A pesar de que el Kremlin ha definido sus objetivos como "desmilitarización y desnazificación" de Ucrania, su principal objetivo político es alejar a Ucrania de Occidente, impedir su entrada en la OTAN y convertirla en un Estado fallido para poder retener control en él. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha cambiado varias veces su estrategia. Debido a la eficaz defensa de los ucranianos, Moscú ha tenido que renunciar su ambición original de derrocar el gobierno legítimo de Ucrania y conquistar Kyiv, centrándose en el sureste del país. En septiembre de 2022, tras un profundo revés militar en la región de Járkov, Rusia proclamó una "movilización general parcial" para reclutar 300.000 soldados, reconociendo por primera vez que estaba en guerra. El 3 de octubre, la Duma ratificó, con el voto unánime, la anexión de cuatro territorios -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia- a la Federación Rusa, después de que sus poblaciones celebrasen referéndums de adhesión fraudulentos.

Ucrania es uno de los seis países que conforman la Asociación Oriental de la UE, región que ha quedado por completo afectada con la guerra. Bielorrusia, que desde 1994 está presidida por el dictador Aleksander Lukashenko, apoya a Putin: ha modificado su Constitución para permitir el despliegue de armamento nuclear ruso en su territorio y está facilitando un creciente control político y económico por parte de su vecino. Pero Rusia está perdiendo la credibilidad e influencia en todos los otros casos[11]. Moldavia, con un conflicto congelado en el territorio de Transnistria (que cuenta con la presencia de alrededor de 7.000 soldados rusos) y que comparte frontera con Ucrania, es el país más desestabilizado por el conflicto. Armenia y Azerbaiyán renovaron hostilidades en el conflicto de Nagorno-Karabaj (que se reactivó a final de 2020 cuando el gobierno de Bakú recuperó gran parte del territorio bajo control armenio desde hace 30 años) sin que Moscú haya podido afirmarse como garante efectivo de los diversos altos el fuego. Georgia, por fin, es -junto con Kazajistán- uno de los países que ha recibido más refugiados rusos que huían del reclutamiento.

La guerra ha supuesto también la ruptura de las relaciones económicas y energéticas entre Rusia y Occidente. Europa ha tenido que lidiar con una nueva crisis de refugiados, problemas de suministro energético e incrementos bruscos de precios, pero las sanciones económicas, políticas, diplomáticas y financieras impuestas por Bruselas (y Washington) a Moscú son probablemente las más duras en la historia moderna hacia un país, como castigo por la agresión de un país soberano[12]. Otra consecuencia ha sido el fortalecimiento de la relación transatlántica y la OTAN, incluyendo la decisión tomada en Madrid de incorporar como nuevos miembros a los vecinos escandinavos de Rusia: Finlandia y Suecia. La noción de una UE geopolítica también ha ganado peso y, además, Ucrania y Moldavia han pasado de vecinos a países candidatos a la adhesión, lo que refleja que la UE está dispuesta a competir con Rusia por la influencia en los países que forman parte de su vecindad oriental.

A pesar de la solidificación del bloque occidental en su respuesta conjunta en apoyo a Ucrania, la guerra ha puesto de relieve que China, la India, los países de África Subsahariana, el Magreb y Oriente Medio, así como el resto del "Sur Global", ven este conflicto como una guerra europea. No se han sumado a las sanciones impuestas a Rusia por razones de diferente índole (dependencia energética, de suministro de equipamiento militar, de cereales y/o fertilizantes rusos).

En 2023 la guerra en Ucrania seguirá desestabilizando la región y las relaciones entre Rusia y Occidente. También promoverá un mayor acercamiento de Pekín y Moscú, que abogan por un orden internacional "post occidental", sin la "hegemonía" norteamericana. La bifurcación del orden internacional causado por la rivalidad entre China y EEUU continuará profundizándose, lo que será el segundo factor más importante detrás del acercamiento entre Rusia y China.

En el campo de batalla, a pesar de los éxitos de las contraofensivas ucranianas y las grandes pérdidas materiales y humanas rusas, Ucrania no tiene capacidad de derrotar completamente a una potencia nuclear. Por lo tanto, y dado que es inaceptable para Kyiv firmar una paz a cambio de los territorios que Moscú ha anexionado, la guerra se prolongará, dentro del conflicto más amplio entre Rusia y Occidente. Es poco probable que estalle una nueva guerra en la que los aliados euroatlánticos confronten directa o indirectamente contra Rusia, pero la rivalidad continuará afectando a diferentes regiones del mundo: sobre todo los Balcanes, África y América Latina.

No parece que en 2023 se vaya tampoco a romper el "equilibrio de la debilidad" entre Rusia y Occidente. Rusia seguirá esperando que se desvanezca la unidad occidental en su apoyo a Ucrania o que el Congreso de EEUU conceda menos ayuda financiera y militar. Los aliados, por su parte, seguirán esperando el colapso económico de Rusia -que la obligaría a detener su invasión- o un cambio del régimen en Moscú. Ninguno de esos escenarios es probable, pero, a falta de un acuerdo duradero de paz, sí es más posible algún alto el fuego que serviría para detener la guerra, aun sin solucionar el profundo conflicto político de fondo entre los dos países y sin restablecer la cooperación económica y energética entre Occidente y Rusia.

El apoyo occidental a Ucrania no se basa en una identidad completa de intereses, pero sí en la necesidad de impedir la victoria de una Rusia agresora y revisionista que erosionaría de manera profunda el orden internacional liberal. España, como miembro de la OTAN y la UE, seguirá demostrando su solidaridad como aliado a través de la ayuda humanitaria y militar, incluyendo la vigilancia del espacio aéreo de los países bálticos. En 2023 se debe continuar en esa pauta de solidaridad y, desde la presidencia semestral de la UE, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas en todos los países de la Asociación Oriental, ya que nada garantiza mejor la resistencia frente al proceso de "reimperialización" ruso que una democracia sólida.

África Subsahariana

África Subsahariana se encuentra inmersa en uno de los entornos económicos más complicados de los últimos años, marcado por la lenta recuperación de la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos que propicia la guerra en Ucrania y los crecientes niveles de deuda pública. El crecimiento en términos de PIB se ha desacelerado notablemente en el año 2022, pasando de un 4,7% en 2021 a un 3,6%. Aunque hay grandes diferencias entre países, la media de tasas de inflación aumentó en 2022 hasta casi el 9% -duplicando los valores previos a la pandemia- y la deuda pública media en la región ha aumentado hasta un 60% del PIB, situándose en niveles de hace 20 años. Este contexto económico, acompañado de un empeoramiento de la seguridad alimentaria, supone un riesgo de inestabilidad social y política en un importante número de países africanos.

En el plano político, los retrocesos democráticos han superado un año más a los éxitos del continente. En el Sahel y algunas zonas del cuerno de África, la población enfrenta situaciones de creciente inseguridad, instabilidad y conflictos armados. Tras los golpes militares de 2021 en Chad, Sudán, Guinea y Malí, se han producido en 2022 nuevos golpes militares: dos en Burkina Faso (enero y septiembre) y un intento fallido en Guinea Bissau. Como nota positiva, el gobierno federal de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPFL) firmaron el 2 de noviembre un histórico acuerdo de alto el fuego. Aunque el acuerdo es complejo de implantar, supone un histórico avance tras dos años de guerra devastadora.

A pesar del contexto de frágil recuperación económica y de deterioro democrático en 2022, los países africanos han seguido impulsando la implantación del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA). En octubre se inició un proyecto piloto Guided Trade Initiative (GTI), con ocho países africanos, que pone a prueba a nivel operativo, institucional y jurídico el nuevo entorno de comercio liberalizado. En junio se puso en marcha la nueva plataforma de pagos interbancarios en África ( Pan-African Payment and Settlement System, PAPSS), formada por ocho bancos centrales y 28 bancos comerciales.

2022 ha traído también avances en producción y conducciones energéticas, incluyendo la construcción del oleoducto más largo de África, que exportará petróleo desde Níger -a través de Benín- hacia los mercados internacionales. Tanzania y Kenia han acordado construir un gasoducto entre ambos países. Mozambique -uno de los países más pobres del mundo- ha realizado su primer envío de gas licuado con destino a Europa, desde uno de los mayores yacimientos africanos de gas en alta mar. La Gran Presa del Renacimiento de Etiopía comenzó su producción eléctrica y, cuando se termine su proceso de llenado en el 2027, se convertirá en la mayor planta de producción hidroeléctrica de África y una de las mayores del mundo. También destaca en el plano de las infraestructuras claves que Nigeria haya inaugurado, en plena subida de los precios de los fertilizantes, la tercera mayor planta de producción de fertilizantes del mundo, que permitirá el abastecimiento nacional y la exportación a otros países africanos y resto del mundo.

2023 se presenta como un año complejo para la región. Perturbaciones internas y externas socavan las perspectivas de recuperación nacionales, pero los pronósticos apuntan a que, en general, los países serán capaces de sortear las turbulencias y continuar creciendo. Es probable que retroceda la inflación y que los precios de las exportaciones -tanto energéticas como de materias primas no combustibles- se mantengan altos. Siguiendo la coordinación que marca la Unión Africana, los países productores de energía seguirán desplegando sus abundantes recursos naturales para hacer frente a la demanda a lo largo de 2023. La transición hacia energías verdes está siendo impulsada por la agenda continental y los fondos internacionales, con crecimientos registrados sobre todo en el ámbito hidroeléctrico, si bien la generación de renovables es todavía reducida (en torno al 10% del total en el continente). Los principales elementos de riesgo económico en el nuevo año vendrán de la carga de los pagos de la deuda, la inestabilidad generada por los procesos políticos y los conflictos y el agravamiento del problema de la inseguridad alimentaria.

Durante 2023 se celebrarán elecciones presidenciales en Nigeria, Sudán, Liberia, Gabón y Sudán de Sur, entre otros, mientras que en Chad se han retrasado a 2024 con gran contestación popular y disturbios. Es probable que en 2023 continúen los fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía prolongada, inundaciones y otros shocks naturales recurrentes. Agravada por el alza de los precios de los alimentos, las perturbaciones de las cadenas de suministro globales y los conflictos, la inseguridad alimentaria es ya un problema grave en el cuerno de África (Somalia, Etiopía), Sudán del Sur y Kenia. También podría empeorar en el Sahel y otras zonas de especial preocupación, como Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán. Malawi, Madagascar y Zimbabue.

Las relaciones con Europa estarán marcadas por los resultados de la VI Cumbre entre la Unión Africana y la UE que se celebró en 2022 -tras dos años de retraso por la pandemia- en un contexto inusual, donde mandaban las prioridades sanitarias y financieras de los países africanos. La declaración conjunta, " A Joint Vision for 2030 ", incluyó una fuerte apuesta europea de apoyo al acceso a las vacunas y nuevos compromisos financieros pero pocas novedades en temas más habituales -y fundamentales- para Europa en sus relaciones con África, como la cooperación en paz y seguridad, migraciones y movilidad.

España enfrenta en 2023 un importante reto para su estrategia exterior hacia África Subsahariana. Con las visitas presidenciales a Kenia y Sudáfrica en 2022 y la de Angola en 2021 se avanzó en un novedoso camino para estrechar las relaciones diplomático-económicas con África. Este acercamiento hacia países africanos está fuera de la órbita habitual de interés migratorio y de seguridad para España. Las visitas lanzan, además, un mensaje de coherencia con el III Plan África aprobado en 2019 y su documento de acción Foco África 2023, que consideran de interés prioritario estos países, en tanto que referentes regionales y polos de crecimiento. Aunque en comparativa europea todavía son escasos los esfuerzos de diplomacia económica española en África al sur del Sáhara, es un mensaje político que legitima la declaración de interés genuino en el continente africano como un continente de oportunidades y no sólo de riesgos[13]. El reto consistirá en acompañar el gesto con acciones relevantes y prestar mayor atención a los países de África Subsahariana durante la presidencia española de la UE, en coherencia con la consideración de España y África como vecinos próximos y socios estratégicos.

Perspectivas española y europea de seguridad y defensa

España ha sido durante 2022 protagonista en materia de seguridad internacional debido al éxito de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, en un contexto claramente dominado por la guerra en Ucrania (que no se anticipó en la anterior edición de este documento)[14]. En cambio, el Concepto Estratégico aprobado en Madrid sí coincide sustancialmente con lo pronosticado aquí hace un año, incluyendo la necesidad de adecuar la disuasión y las capacidades de defensa para poder aplicar los contenidos de dicho Concepto. Además, se han sincronizado los planteamientos estratégicos de la OTAN y la UE, en parte gracias a la reacción frente a la invasión rusa de Ucrania, que amortiguó la reivindicación de una mayor autonomía estratégica europea.

Tanto la importancia renovada de la función de defensa colectiva dentro de la OTAN como de la autonomía estratégica de la UE plantean un reto para la cultura estratégica española, obligándola a asumir un mayor nivel de ambición presupuestario y operativo. De no haberse producido la invasión de febrero, la política española de defensa y seguridad se hubiera tenido que enfrentar a la necesidad de justificar el incremento de recursos que exigiría la actualización de las estrategias atlántica (Concepto Estratégico de la OTAN) y europea (Brújula Estratégica de la UE). La invasión acabó de arrollar el tabú del incremento de gastos en defensa y el gobierno español se comprometió a subir sus presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB en 2029.

España se esforzó durante la elaboración del Concepto Estratégico para que este recogiera los problemas críticos que plantean los riesgos del Mediterráneo, el norte de África y el Sahel para su seguridad y defensa[15]. La OTAN reconoció su existencia, pero no de una forma específica para el flanco sur, sino englobados en el inventario general de riesgos de los 360º. Aunque los documentos estratégicos aprobados en 2022 resaltan la importancia de la gestión de crisis en la seguridad internacional, no se han abierto nuevas misiones y operaciones -salvo las anunciadas para Ucrania- lo que confirma el retraimiento occidental general tras las retiradas de EEUU de Afganistán y de Francia en Malí. Un retraimiento que, paradójicamente, se produce a la vez que aumentan los escenarios de confrontación geopolítica, sobre todo con China y Rusia.

La que no fue una "guerra" en Ucrania en 2014, a pesar de que Rusia utilizó contra el denominado "occidente colectivo" todo su arsenal de instrumentos híbridos de agresión, ha pasado a ser, en 2022, "la" guerra. La constatación de que existe una guerra en Europa, de que los países occidentales han tomado partido por Ucrania y apoyado militar, económica y políticamente frente a la indiferencia -o animadversión- del Sur Global va a centrar la dinámica de (in)seguridad internacional de los próximos años.

La dinámica de confrontación se va a focalizar en dos frentes distintos: uno, de alta intensidad y corto plazo, derivado de mantener la disuasión militar frente al revisionismo ruso; y otro, de intensidad creciente y mayor plazo, la competición geopolítica con China. El primero representa, para potencias como EEUU, Australia, Japón y Corea del Sur, una distracción respecto al segundo, que está en el centro de gravedad de su situación estratégica. Para los países europeos, más preocupados por lo que ocurre en el continente que por lo que pueda ocurrir con China, participar en la competición geopolítica les parece una distracción para la que no está preparada su cultura estratégica, más favorable al apaciguamiento que a la contención.

El primer frente, el ruso, parecía plantear en sus comienzos una amenaza más inminente debido a la dimensión del poder militar ruso. Pero visto lo visto en Ucrania, no parece que la Federación Rusa pueda amenazar con ese poder militar las fronteras aliadas, salvo una escalada nuclear que no se puede subestimar porque Rusia ha amenazado con recurrir a ella si ve en riesgo su seguridad[16]. El Concepto Estratégico de la OTAN ha puesto en marcha medidas de refuerzo y resiliencia para aumentar más su capacidad de disuasión frente a la Federación Rusa. Por el contrario, la Brújula Estratégica de la UE no ha podido emular al documento aliado porque no se ocupa de la defensa colectiva de sus miembros, aunque el refuerzo de sus capacidades militares ayuda a ella (la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN ejemplifica esta diferencia).

Tanto la OTAN como la UE comparten la dualidad de frentes señalada, ya sea porque sus Estados miembros comparten una visión de riesgo sistémica parecida ( like-minded) o porque se ven obligados a secundar a quienes la comparten. La guerra en 2023 continuará desarrollándose en el marco de un conflicto híbrido continuo en el tiempo sin derivar necesariamente en un enfrentamiento armado, pero sin descartarlo, al menos con la misma convicción con la que se descartaba una invasión total de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022. Una guerra menos tangible y letal que la que se retransmitirá desde Ucrania en 2023, pero que afecta tanto a la seguridad y la prosperidad de las sociedades como los derivados del propio conflicto.

Si 2022 se ha caracterizado por un apoyo sin fisura a la resistencia ucraniana, puede que ese apoyo se debilite en 2023 a medida que aumente el coste económico y social de la guerra. La acumulación de desgaste y costes entre quienes apoyan a Ucrania acentuará una dinámica, ya visible en 2022, favorable a iniciar la búsqueda de alguna interrupción o salida de la guerra. Por el contrario, las partes enfrentadas no considerarán interrumpir el conflicto porque esperan ganarlo siguiendo el momento actual (Ucrania) o buscando un mejor momento en el futuro (Rusia).

Política española de seguridad y defensa

Durante 2023, la política española de seguridad y defensa vendrá marcada por el desarrollo de los compromisos alcanzados en la UE y en la OTAN. En el caso de la UE, la guerra en Ucrania ha permitido llevar el enfoque geopolítico de la Comisión y su "lenguaje de poder" hasta cotas insospechadas en los años anteriores, pero su nivel de ambición se verá limitado en 2023 por el cierre de la legislatura que corresponde, precisamente, a la presidencia española del Consejo de la UE. La Comisión quiere incentivar las compras conjuntas y los programas cooperativos con instrumentos financieros y fiscales, así como generar sinergias entre los sectores de defensa, civil y espacio, pero su viabilidad depende de la voluntad de los Estados miembros.

Los cambios en la política española para 2023 se derivan de los compromisos adquiridos con la OTAN, que obligan a duplicar el presupuesto de defensa hasta 2029, comenzando por un aumento del 25,8% en 2023 (de 9.791 millones de euros en 2022 a 12.317 millones en 2023). Incrementos con los que los aliados esperan que España aumente su capacidad de disuasión y resiliencia. La duplicación del objetivo de gasto (del 1,1% actual del PIB al 2%) alivia problemas crónicos como la insuficiencia presupuestaria pero no resuelve otros como la inestabilidad, la eficacia o la legitimación de las decisiones de gasto que tendrán que acometerse en 2023.

Empezando por la inestabilidad, no es tan importante contar con presupuestos como tener la seguridad que el compromiso de gasto fijado se mantendrá dentro de unos límites razonables de estabilidad hasta el cumplimiento de sus objetivos. Sin un programa plurianual de inversiones será posible gastar más pero no será posible acometer la transformación de la economía de defensa que precisa España. La guerra en Ucrania en 2022, al igual que la pandemia en los años anteriores, ha mostrado la fragilidad de las cadenas de suministro actuales y la necesidad de contar con capacidades y reservas estratégicas. En 2023 se deberían programar las inversiones previstas, al menos hasta 2029, para asegurar el refuerzo y adaptación de la base tecnológica e industrial de la defensa nacional.

Siguiendo por la eficacia, España deberá comenzar en 2023 a transformar su industria de defensa para poder garantizar su autonomía estratégica en conflictos de alta intensidad como los registrados en Ucrania. La misma dificultad encontrada para suministrar ayuda militar a las fuerzas ucranianas podría repetirse para satisfacer necesidades propias, por lo que es de esperar que se adopten decisiones para adaptar la economía de defensa al contexto estratégico actual, robustecer las cadenas logísticas, aumentar la seguridad del suministro y establecer las reservas estratégicas que se anunciaron en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 y que la Comisión Europea reclama vista la experiencia de Ucrania. Por la misma razón es necesario que España acentúe la protección de sus activos estratégicos industriales y tecnológicos asociados con la defensa y la seguridad frente a los competidores que cuentan con ayudas estatales que desvirtúan las reglas de la competencia, sean de terceros como China o incluso de países europeos como Alemania y Francia.

De cara a la legitimación, el incremento del gasto no puede asociarse exclusivamente al desarrollo de las capacidades militares sino al más amplio de reforzar la industria y la tecnología nacional para competir en todos los ámbitos y no solo en el de defensa. Se debe primar la inversión en investigación, desarrollo e innovación de la base industrial y tecnológica española; una carencia que afecta a su competitividad a medio y largo plazo. Por otro lado, la cofinanciación de los programas europeos debe potenciar la integración de las industrias españolas en las cadenas europeas de valor. En consecuencia, sería conveniente avanzar durante 2023 en la actualización de la Estrategia Industrial de la Defensa de 2015, aunque el cierre de la legislatura y la presidencia europea no ayuden al respecto.

Terrorismo global y radicalización yihadista

En 2022 se cumplieron cinco años desde los atentados en Barcelona y Cambrils.[17] Pero la amenaza de un terrorismo yihadista aún más complejo y diversificado persiste en España, como en otros países occidentales (en algunos de los cuales coexiste con la amenaza terrorista del supremacismo de extrema derecha). Las fuentes de la amenaza yihadista proceden tanto de al-Qaeda como de Estado Islámico (EI), incluyendo a sus ramas territoriales y entidades filiales. No solo son las organizaciones de referencia para quienes dentro de España se radicalizan en las actitudes y creencias del salafismo yihadista, sino que, en el marco de la pugna por la hegemonía del yihadismo global que mantienen, siguen ambicionando ejecutar algún atentado espectacular en países occidentales.

Los focos de esta amenaza del terrorismo yihadista son exógenos y endógenos. A la luz de las operaciones policiales desarrolladas en 2022, entre los exógenos continúan destacando el escenario de conflicto que configuran Siria e Irak, al igual que Marruecos. Pero vuelve a adquirir relevancia Pakistán y, con el retorno de los talibanes al poder, también Afganistán. A diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa Occidental donde las diásporas de población musulmana originarias del este de África o del Sahel son significativas, estos dos últimos focos tienen una menor incidencia, al menos directa, en el caso de España, aunque su potencial es susceptible de aumentar. Además, se han constatado las interconexiones entre yihadistas residentes en España y otros establecidos en Francia, Bélgica e Italia. El foco endógeno tiene sus principales demarcaciones en Cataluña, Ceuta, Melilla, la Comunidad de Madrid y provincias del Levante español correspondientes tanto a la Comunidad Valenciana como a la región de Murcia.

Las expresiones posibles de la amenaza del terrorismo yihadista para España en la actualidad son varias. Por una parte, la asociada con los combatientes terroristas extranjeros que, en su retorno a través del norte de África o la ruta de los Balcanes, pueden llevar a cabo atentados en conexión con las organizaciones a las que permanezcan leales, por sí mismos o tras haber movilizado a otros individuos con similar finalidad. A este respecto, en noviembre de 2022 el gobierno español anunció la repatriación de tres mujeres de nacionalidad española vinculadas con EI, junto a los 13 menores a su cargo, que todavía permanecían en los campos del noroeste de Siria (una cuarta mujer de nacionalidad española que permanecía igualmente recluida en el campo de Al Hol, al noreste de Siria, así como sus tres hijos menores, se encuentran en paradero desconocido desde que consiguieron fugarse de dicho recinto a principios de 2020). A su retorno, las tres mujeres han de comparecer ante la Audiencia Nacional dada la Orden Internacional de Detención en vigor contra ellas. Las tres se desplazaron a Siria en 2014 y vivieron bajo mandato de EI, hallándose en la localidad de Baguz, el último reducto territorial del califato, cuando la organización yihadista lo perdió en 2019.

Pero los terroristas extranjeros retornados son solo una parte del rango de actores que en la actualidad constituyen la realidad del yihadismo dentro de España. No cabe descartar que de nuevo se produzca la articulación de células o redes integradas a organizaciones yihadistas con base en regiones inestables del mundo islámico o enlazadas con ellas a través de facilitadores que operan tanto en zonas de conflicto como desde algunos países de la UE. Tampoco es descartable la formación de células independientes inspiradas por esas entidades del yihadismo global, pero sin vínculos directos con ellas ni tampoco a través de intermediarios. A ello se añaden los llamados actores solitarios o individuos radicalizados, a menudo afectados por problemas de salud mental, que intentan atentar por su propia cuenta, instigados únicamente por la propaganda emitida por EI y al-Qaeda, o en general por los contenidos online que difunden los fines y los medios propios del yihadismo global.

La reproducción del yihadismo global en España continúa a través de los procesos de radicalización que tienen lugar en el seno de las comunidades musulmanas, especialmente entre adolescentes y jóvenes de segunda generación, nacidos o crecidos en España, pero descendientes de inmigrantes procedentes de países islámicos. Estos y otros muchachos con caracterizaciones diferentes pueden encontrarse expuestos, en su entorno cercano o a través de Internet desde el exterior, a la influencia de agentes de radicalización. Las personas desplazadas como yihadistas a zonas de conflicto son especialmente propensas a convertirse en figuras de referencia como agentes de radicalización y reclutamiento, al igual que activistas de orientación islamista en general e imanes salafistas en particular. A lo largo de 2022 se ha constatado que los agentes de radicalización yihadista, actuando dentro del territorio español o desde fuera del mismo, siguen teniendo en los menores un objetivo prioritario de sus estrategias de movilización.

España, al igual que otros países europeos, sigue afrontando importantes retos en el ámbito penitenciario. La gestión del fenómeno yihadista en las prisiones presenta múltiples desafíos, que incluyen la prevención de la radicalización violenta entre internos comunes, la detección del riesgo de reincidencia entre condenados por delitos de terrorismo y su efectiva reintegración social tras el cumplimiento de penas privativas de libertad. La estrategia que ha seguido el sistema penitenciario español en los últimos años se sitúa en línea con las prioridades de la agenda europea, con el diseño de una nueva herramienta de evaluación del riesgo y la revisión de un programa terapéutico que favorezca el desistimiento de la violencia. Además, España ha impulsado en 2022, en el órgano de asesoramiento de la Comisión Europea en prevención del extremismo violento - RAN Policy Support -, el debate acerca de las mejores prácticas existentes en los ámbitos penitenciario y local para asegurar la formación de sus profesionales, así como una transición adecuada entre la prisión y la libertad que den consistencia y continuidad entre el trabajo realizado en los centros penitenciarios y fuera de ellos.

Ante la persistente amenaza del terrorismo yihadista, el gobierno central debe mantener la calidad del trabajo que desarrollan tanto las unidades de información del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia, al igual que corresponde a los gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco hacer lo mismo en relación con los correspondientes servicios antiterroristas de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, respectivamente. Las numerosas operaciones contra el terrorismo yihadista desarrolladas a lo largo de 2022 han puesto de manifiesto la importancia que adquiere, por un lado, una adecuada coordinación entre esas agencias y, por otro, una efectiva cooperación internacional, particularmente en el ámbito de la UE -incluida la aportación de Europol-, y con los vecinos del sur en el espacio del Mediterráneo occidental: Argelia y especialmente -dado el predominio de individuos de origen marroquí entre los yihadistas activos dentro del territorio español- Marruecos.

España tiene en 2023 dos compromisos de relevancia para la agenda antiterrorista. Por un lado, debe presentarse la nueva Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR), una vez transcurridos cuatro años desde su última revisión en 2019. La nueva Estrategia deberá reflejar una serie de aspectos que han ganado una particular singularidad en los últimos tiempos, como el fortalecimiento del entorno online con propósitos de radicalización, reclutamiento y capacitación de yihadistas o la específica movilización de menores. El nuevo documento también deberá desarrollar respuestas a retos más acuciantes, como la reintegración en sus respectivas circunscripciones locales de los condenados por actividades yihadistas que sean excarcelados una vez cumplidas sus penas. Todo ello, adoptando una perspectiva de género. Asimismo, la Estrategia tiene que contemplar en su dimensión preventiva el reto que suponen los movimientos extremistas no violentos para la convivencia y la cohesión social, en particular en lo que se refiere al salafismo.

Algunos de estos asuntos pueden adquirir un especial protagonismo con el segundo compromiso importante para la agenda antiterrorista española en 2023: la presidencia del Consejo de la UE. España debe aprovechar esta circunstancia para impulsar algunos de los temas que resultan prioritarios en su acción contra el terrorismo, donde las víctimas tienen un papel central, además de favorecer el debate sobre asuntos de interés general para el conjunto de los Estados miembros, como el escenario de seguridad en los Balcanes y el Sahel.

Clima y energía

2022: el año de la verdad de la política energética y climática

En la edición previa de este documento se conjeturaba que la seguridad de suministro energético de España estaría garantizada, pero no así la seguridad económica.[18] Esta se vería comprometida por las tensiones de precios en los mercados de gas que previsiblemente se agravarían en caso de seguir deteriorándose la situación de seguridad en Ucrania. La invasión rusa se consumó el 24 de febrero sin que la UE estuviera plenamente preparada para gestionarla desde el punto de vista de la política energética, desatándose una tormenta perfecta. 2022 pronto sacudió los fundamentos energéticos europeos: en pocos meses perdió a su principal suministrador energético y se puso en duda el modelo de mercado eléctrico que había llevado décadas desarrollar, amenazando además su senda de descarbonización. Se convirtió así en el año de la verdad de la política energética y climática europea y de sus Estados miembros, obligados a un desacoplamiento energético casi inmediato de Rusia; a acelerar renovables, interconexiones y tecnologías sostenibles para aumentar la autonomía estratégica; y a mantener el liderazgo en ambición climática a largo plazo.

Como también se apuntaba para 2022, tras la COP26 de Glasgow el régimen climático internacional disponía del libro de Reglas del Acuerdo de París y entraría en su fase de aplicación a nivel nacional. La UE se disponía a negociar el paquete Objetivo 55 ( Fit for 55) para implementar el Pacto Verde Europeo y caminar así hacia la neutralidad climática a mediados de siglo. En 2022 estaba previsto que España desarrollase varios elementos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y comenzara la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), entre otros. Sin embargo, la interacción de las crisis energética, alimentaria, de inflación, de deuda, la invasión rusa de Ucrania, el empeoramiento de las perspectivas económicas y las tensiones geopolíticas entre los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero (China y EEUU) redujeron el capital político dedicado a la acción climática.

La excesiva dependencia energética de la UE y muchos Estados miembros con respecto a Rusia pronto se reveló como un error estratégico acumulado durante años con difícil solución a corto plazo. El segundo error expuesto por la crisis fue la ausencia de interconexiones eléctricas y de gas entre la península Ibérica y el resto de Europa, con las que España pudiera aportar a la seguridad energética europea.[19] La crisis de precios del gas, iniciada a mediados de 2021 con la renuencia de Rusia a rellenar los almacenamientos europeos, se agravó tras su invasión de Ucrania y ha seguido fragilizando la economía europea y española.

Las respuestas europeas de política energética han tendido a ir por detrás de los acontecimientos. Cuando apenas se empezaban a negociar medidas de ahorro, solidaridad y almacenamiento, la bajada del flujo en verano hacia Alemania por el Nord Stream 1 precipitó las medidas de emergencia de ahorro de gas y reconstitución de sus almacenamientos de cara al invierno. Poco después Nord Stream 1 y 2 quedaban dañados por actos de sabotaje cuyo origen no pudo ser probado, escalando el empleo de la energía como arma de presión política hasta amenazar la seguridad de las infraestructuras. La respuesta exterior de REPowerEU consistió en que los Estados miembros asegurasen los suministros de sus socios tradicionales y explorasen vías diplomáticas para comprometer otros nuevos. El papel de EEUU fue crucial para superar el invierno, tanto por el fuerte aumento de sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) hacia Europa como por su ayuda para que otros países liberasen cargamentos ya contratados.

Tras la invasión rusa de Ucrania, los principales elementos que se debatirían en la COP27 no tenían visos de avanzar de manera sustantiva, a pesar de las advertencias de la ciencia. En la COP27 se logró, tras una ardua pelea, mantener en la decisión ómnibus la referencia al objetivo de limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5ºC a finales de siglo con respecto a la era preindustrial, tal y como recogiera un año antes el Pacto Climático de Glasgow. En cuanto a la adaptación, quizá los progresos más notables fueron el compromiso de disponer de un informe sobre el progreso hacia el objetivo de duplicar la financiación para la adaptación en 2023, así como el de explorar un marco de adaptación que se podría acordar en 2023 dentro del programa de trabajo sobre el Objetivo Global de Adaptación. España, con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al frente, volvió a ejercer las labores de facilitación en materia de adaptación.[20]

Los resultados de la COP27 en cuanto a la financiación han sido insuficientes, aunque la propuesta para la reforma de las instituciones financieras internacionales, la iniciativa de Bridgetown y el futuro trabajo sobre la alineación de los flujos financieros con los objetivos climáticos son esperanzadores. En 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimaba que durante 2020 la financiación climática internacional ascendió a 83.300 millones de dólares, frente a los 100.000 millones de dólares comprometidos. Reconociendo que la financiación climática global es menos de un tercio de la necesaria para cumplir los objetivos de descarbonización, se inició en Egipto un diálogo para la alineación de los flujos financieros con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático.

En cuanto a las pérdidas, los daños y su financiación (que es una reivindicación de los países más vulnerables desde hace 30 años), la COP27 supuso un claro e inesperado avance en materia de justicia climática. Se acordó el establecimiento de un fondo para responder a las pérdidas y daños dentro de un "mosaico" de iniciativas para responder a aquellos impactos a los que no será posible adaptarse, una victoria política para los países más vulnerables. En la COP27 también se sentaron las bases para la operacionalización de la Red de Santiago de Pérdidas y Daños para prestar apoyo técnico a los países. Como ejemplo de enfoques cooperativos, el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh destaca el papel de los partenariados para una transición energética justa ( Just Energy Transition Partnerships, JETPs) que se lanzaron en la COP26 con Sudáfrica.

En la COP27 también se presentaron compromisos fuera del ámbito de las negociaciones formales. Destacan los desarrollos en el marco del Breakthrough Agenda; se lanzó además la iniciativa sobre bosques y clima ( Forest and Climate Leaders Partnership) y se avanzó en los compromisos de Race to Zero y Race to Resilience. Como cada año desde 2017, se presentaron los avances de la Agenda de la Acción Climática Global en el anuario del Partenariado de Marrakech, que engloba las más de 30.000 acciones de los actores que no son Parte del Acuerdo de París. Por último, y para evitar el blanqueo ( greenwashing) de los compromisos de los actores que no son Parte del Acuerdo de París, se presentó el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los Compromisos de Emisiones Netas Nulas en el que se detallan recomendaciones para estandarizar y dotar de credibilidad a los compromisos de neutralidad climática.

La política española en clima y energía durante 2022

En 2022 avanzaron los trabajos técnicos para la actualización del PNIEC que establece los objetivos de descarbonización 2021-2030. Una actualización que se espera aumente la ambición en reducción de emisiones, renovables y eficiencia energética, entre otros. 2022 supuso avances en materia de democracia deliberativa, al aprobar y presentar la Asamblea Ciudadana para el Clima al gobierno sus propuestas para una España más segura y justa frente al cambio climático. Además, se presentó el proyecto de Real Decreto por el que se articula el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética para evaluar la acción climática de España y proponer medidas de política climática.

España ha mostrado gran robustez frente a la crisis energética de 2022 gracias a sus regasificadoras, su mallada red eléctrica y una creciente penetración de renovables. El aumento de precios del gas, electricidad y combustibles han sido parcialmente mitigados con medidas regulatorias innovadoras, como la excepción ibérica, cuya aprobación exigió todo el capital político del gobierno español en Bruselas; y no tan innovadoras, como la bonificación a los carburantes. Pese a la sequía y la indisponibilidad nuclear francesa, España ha podido contribuir a la seguridad de suministro europeo dentro del límite que sus escasas interconexiones imponen, exportando electricidad (parcialmente subsidiada) y gas a Francia muy por encima de la media histórica. 2022 también ha estado marcado por el comienzo de las exportaciones de gas natural a Marruecos a través del gasoducto Magreb Europa, históricamente utilizado en sentido inverso para importar gas natural desde Argelia.

La crisis energética ha tenido una incidencia negativa en los sectores electro-intensivos y los grandes consumidores de gas: metalurgia, fertilizantes, cerámica y sector papelero, con cierres temporales de líneas de producción, pero sin alcanzar los niveles de otros países europeos. Los altos precios energéticos también han acelerado el autoconsumo solar en hogares y empresas, una de las cuentas pendientes de la transición española. La ampliación de la distancia de autoconsumo colectivo a dos kilómetros, equiparando a España con su vecindario europeo, puede haber hecho de 2022 el año del despliegue definitivo de las comunidades energéticas.

De cara a 2023, las perspectivas siguen siendo inciertas. Del lado de los riesgos de precios, se espera el cese total de las importaciones europeas de gas ruso y se prevén tensiones adicionales en los mercados de gas por el repunte de la demanda asiática (a su vez contingente a la evolución en China). No obstante, la reducción de la demanda en algunos países, un invierno tardío y la destrucción de demanda industrial ha permitido llenar los almacenamientos. Las medidas europeas han ayudado a mitigar los riesgos de suministro, aunque la falta de concertación tensionará los precios. Las medidas nacionales, como la excepción ibérica o el paquete de gasto alemán, han contenido la subida de precios y/o su impacto económico. Con los almacenamientos europeos de gas repletos de cara al invierno, hay un cierto conformismo y consenso acerca de que parece difícil que 2023 pueda ser más disruptivo para Europa que 2022 en lo referente a choques geopolíticos y debates de política energética.

Respecto a la política climática, la COP28 tratará de cerrar las diversas brechas de ambición climática derivadas de los avances insuficientes hasta 2022. Un elemento fundamental será operacionalizar el fondo de pérdidas y daños acordado en la COP27. Finalmente, se prevé que España mantenga una presencia relevante en el debate europeo de política energética, tanto en la promoción de una agenda verde como de reforma del diseño de mercado. Esa presencia se verá reforzada en el plano internacional con iniciativas relacionadas con América Latina durante la presidencia española del Consejo de la UE. En el plano nacional, el año estará marcado por la actualización del PNIEC y la creación del comité de expertos sobre cambio climático, entre otros.

Perspectivas y desafíos para 2023: desacoplarse de Rusia conciliando seguridad energética y ambición climática

Para 2023, los Estados miembros de la UE con capacidad de GNL seguirán reorientando sus suministros. Se prevé que el mercado se mantenga tensionado y con los futuros del gas altos hasta entrado 2024. En 2023 se verá el recorrido de la plataforma conjunta de compra de gas de la Comisión Europea, que se espera estrenar en los próximos meses con contratos menores y poco problemáticos para su posterior escalamiento. Un caso especialmente delicado para España es el papel de Argelia como alternativa siquiera parcial a Rusia. A corto plazo urge evitar que el deterioro de la relación política hispano-argelina se transmita al sector energético, para lo cual resulta clave preservar a corto plazo el carácter estratégico de la relación energética bilateral, recuperando una cooperación energética renovada y ampliada lo antes posible. Aunque parece difícil que la relación bilateral se reencauce plenamente en 2023, durante todo el año resultará fundamental emitir las señales y construir las bases necesarias para ello.

n paralelo a la diversificación y gestión de la interdependencia gasista, en 2023 la UE deberá acometer la aplicación del plan REPowerEU con la aceleración del despliegue de proyectos eólicos y solares en marcha, impulsando el autoconsumo y las bombas de calor, así como la eficiencia energética y el hidrógeno descarbonizado. Para ello se han incrementado los fondos dedicados al Plan de Recuperación y Resiliencia en 20.000 millones de euros adicionales provenientes de la venta de derechos de emisión, además de incrementar los recursos para nuevas interconexiones eléctricas y gasistas, con mención especial para la península Ibérica y los países bálticos.

Si la crisis se agrava en los primeros meses de invierno de 2023, se deberán aplicar nuevas medidas extraordinarias para impulsar la sobriedad energética en calefacción, transporte e industria. Aquellos Estados miembros más expuestos a la desconexión energética con Rusia podrían llegar al racionamiento industrial e incluso residencial en el peor escenario. Estos países podrían verse obligados a incrementar temporalmente la generación con carbón, incluso fuelóleo, en detrimento de los objetivos de descarbonización. Alemania o Bélgica ya han revisado sus programas de cierre nuclear, posponiendo el cierre de centrales, respuesta que podría extenderse en tiempo y alcance geográfico e influir en la aceptabilidad de la nuclear en Europa. Por el contrario, un accidente en la central de Zaporiya inducido por el hostigamiento ruso sería catastrófico para la seguridad humana y ecológica, además de un gran revés para las sendas de descarbonización nuclear en Europa.

A estos elementos geopolíticos se suma el debate sobre el diseño del mercado eléctrico europeo. La presidenta Ursula von der Leyen, presionada por unos gobiernos nacionales preocupados por los costes de la crisis energética, ha urgido a los equipos técnicos de la Comisión que adelanten sus propuestas de reforma del mercado eléctrico al primer trimestre del año, lo que reproducirá el debate entre aquellos gobiernos temerosos de apartarse del modelo marginalista vigente y los impulsores de su reforma al considerar que no está adaptado ni a la actual situación de crisis del gas ni a los imperativos de la transición energética (por ejemplo, Alemania y España, respectivamente). Para la política energética quizás las únicas tres certezas para 2023 sean que la crisis de precios está lejos de remitir, que la probabilidad de una crisis de suministro en los países más dependientes de Rusia se mantiene y que durante el año se tomarán muchas medidas extraordinarias de política energética a nivel europeo y nacional para afrontar ambas crisis.

En cuanto a la agenda climática global, uno de los principales hitos en la COP28 de 2023 en Dubái será concluir la primera evaluación global del avance hacia los objetivos climáticos ( Global Stocktake, GST), un ejercicio de rendición de cuentas cuyos objetivos incluyen también aumentar la ambición y acelerar la acción climática. Algunos de los retos pendientes para la COP28 comprenden el aumento de la ambición por parte de los mayores emisores en una nueva ronda de presentación de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); el desarrollo del marco para especificar el Objetivo Global de Adaptación; el aumento de la financiación climática internacional para llegar a los 100.000 millones anuales de dólares comprometidos; los debates sobre el artículo 2.1.c del Acuerdo de París para la alineación de los flujos financieros con los objetivos climáticos; la mejora en el acceso a la financiación; y el diálogo para el establecimiento de un objetivo de financiación climática internacional post 2025. Destacan las recomendaciones del comité de transición para el establecimiento del fondo para pérdidas y daños, que hay que encajar en la arquitectura de la financiación climática internacional.

En cuanto a la frustrada llamada a la ampliación de la reducción de los combustibles fósiles en la decisión ómnibus de la COP27, al menos dos elementos serán importantes en 2023. Por un lado, la presidencia del G20 de 2023 (India) podría tratar de apoyar la inclusión de una referencia a la reducción de todos los combustibles fósiles en el comunicado del G20, influyendo así en los resultados de la COP28. Por otro, Emiratos Árabes Unidos, con las séptimas reservas de gas y petróleo del mundo y un 30% de su actividad económica dependiente de los combustibles fósiles, puede ser menos proclive a su inclusión en la decisión ómnibus de la COP28.

En la UE, entre finales de 2022 y 2023 concluirán previsiblemente las negociaciones del paquete de implementación Fit for 55. Se espera que su conclusión resulte en un aumento del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, potencialmente más allá del 57% anunciado en la COP27. Por tanto, la UE podría llegar a la COP28 con compromisos de acción climática (recogidos en su NDC) más ambiciosos.

Un 2023 de presencia europea para España

Una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 será impulsar la agenda verde, que incluye el paquete Fit for 55, así como la biodiversidad y la movilidad sostenible. La presidencia española prestará especial atención a América Latina y a la vecindad sur, ofreciendo una oportunidad para poner en valor, ampliar a otras geografías y dotar de mayor peso institucional a iniciativas de cooperación técnica en materia de cambio climático, meteorología y agua, como la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (Cimhet) y la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (Codia).

En lo relativo a la gobernanza climática en España, 2023 supondrá la continuación de la implementación del Marco Estratégico de Energía y Clima. Se actualizará el PNIEC y se pondrán en marcha o avanzarán distintos elementos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, iniciándose la revisión de los objetivos de descarbonización de la ley. Además, se establecerá el Comité de Personas Expertas sobre Cambio Climático y Transición Energética. Algunos de los elementos de un comité efectivo suponen dotarlo de independencia institucional y financiera, así como capacidad de evaluación, seguimiento y propositiva. Dependiendo de su gobernanza, medios e independencia, el comité podría ayudar a alinear las decisiones de política climática con el mejor conocimiento científico, con independencia de los vaivenes políticos.

La presencia española en los debates de política energética europea se mantendrá en 2023. Las primeras demandas de reforma del gobierno español en septiembre de 2021 ante la crisis de precios fueron rechazadas categóricamente tanto por los países frugales como por la Comisión con el argumento de que la crisis era temporal y remitiría tras el invierno. Pero la invasión rusa de Ucrania disparó los precios del gas y el debate sobre diseño eléctrico ha evolucionado hacia posturas más cercanas a la española. Como mínimo, ha ampliado el espacio de la política energética europea, introduciendo el debate sobre la adecuación del actual modelo de mercado eléctrico a la crisis energética y, a largo plazo, a la transición. Lo previsible es que esa reforma vea la luz en 2023, y que implique algún tipo de intervención de mercado siquiera temporal, aunque es difícil conjeturar qué modelo se impondrá entre los propuestos.

En todo caso, las contribuciones de España al debate seguirán siendo relevantes, como lo será su aportación a la seguridad energética de Europa con el mantenimiento previsto de exportaciones de gas y electricidad a Francia. 2023 también será clave para el futuro del mercado del hidrógeno en la UE y España. Además de establecerse los criterios para definir el hidrógeno descarbonizado y renovable, continuarán los debates sobre el modelo del mercado europeo y su interacción con el resto del mundo, dividido entre la propuesta de Berlín de fomentar las importaciones frente a la autosuficiencia nacional y europea preferida por París. A España, situada a la vanguardia de los proyectos de hidrógeno en Europa, le interesan reglas claras y equilibradas que incluyan criterios de sostenibilidad y gobernanza, con preferencia por un mercado europeo del hidrógeno conectado y competitivo.

Economía y tecnología

Perspectivas de crecimiento y efectos de la lucha contra la inflación

En la pasada edición de este documento se preveía que, en un contexto de recuperación postpandemia y gradual acoplamiento de oferta y demanda a nivel mundial, el crecimiento de la economía española se aceleraría por encima del 6% siempre y cuando no se materializara ninguna de las principales amenazas latentes: un resurgimiento de la pandemia, nuevas disrupciones en las cadenas de distribución, descontrol de la inflación, graves fallos en la implementación de los programas de estímulo y un agravamiento de los problemas de abastecimiento de gas a Europa.[21]

Afortunadamente, no surgieron nuevas cepas de COVID-19 resistentes a las vacunas, por lo que la interacción social continuó con su proceso de normalización, tal y como reflejan los más de 46 millones de turistas extranjeros que visitaron España durante el segundo y tercer trimestre del año: solo un 12% menos que en el mismo periodo del año récord que supuso 2019. La transferencia de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también siguió el curso previsto con un desembolso que ya ha alcanzado los 31.000 millones de euros (España lidera la implementación en la UE).

Sin embargo, las disrupciones en el abastecimiento de gas, ya percibidas en 2021 a causa del incremento de la demanda china y de las reservas estratégicas rusas, se agravaron abruptamente tras la invasión rusa de Ucrania. Entre febrero y junio el precio del gas casi se triplicó, disparando los costes energéticos y por extensión la inflación: a mitad de año el IPC interanual superaba el 10% y la inflación subyacente el 6%, cifras no vistas en España en los últimos 30 años. Ante semejante escenario inflacionista, extensible a toda la UE, resultaba inevitable una intervención contundente del Banco Central Europeo (BCE), que tras seis años con el tipo de interés congelado al 0%, y siguiendo la estela de la Reserva Federal estadounidense, en poco más de tres meses lo incrementó en 200 puntos básicos. Tal circunstancia supuso un importante freno añadido a la actividad económica de unas empresas y hogares todavía en fase de recuperación tras los estragos de la pandemia, limitándose el crecimiento del PIB español al entorno del 4,5% en 2022.

Aunque la extrema volatilidad en la que se encuentran inmersos los precios y la situación geopolítica dificultan sobremanera cualquier pronóstico, en sus previsiones de octubre el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó una desaceleración económica global, que para España implicaría también un crecimiento menor del previsto en un contexto de alta (pero descendente) inflación y buen comportamiento del mercado de trabajo. Se trata de un escenario de estancamiento en el que la inercia positiva de 2022 y los fondos europeos ayudarían a no caer en recesión, pero que después de cuatro años todavía hará difícil que el país recupere plenamente la actividad económica prepandémica. En todo caso, conviene señalar que la economía mundial, europea y española se está mostrando más resiliente de lo previsto, por lo que no es descartable que al final la economía en 2023 se comporte algo mejor de lo previsto.

Relajar las presiones inflacionistas no será una tarea sencilla. A una guerra en Ucrania que no tiene visos de terminar a corto plazo -pero que ya es compatible con una bajada significativa del precio de los hidrocarburos y ciertos alimentos básicos- se le suman un reajuste de las cadenas de suministro que no acaba de finalizar por un exceso de demanda que sigue recalentando algunas economías importantes (especialmente la estadounidense) y por las disrupciones provocadas por la política de "COVID-cero"' en China (que parece estar llegando a su fin ante las protestas), así como por la transformación de estructuras productivas vinculada a la lucha contra el cambio climático, todo ello en un contexto de desglobalización paulatina pero firme. Cabe prever que el BCE y el resto de los bancos centrales no cejarán en dicho empeño mediante un mayor incremento de los tipos de interés, lo que supondrá un freno a la actividad económica. Así, se encarecerán los préstamos de muchas empresas que llevan retrasando inversiones pendientes desde la pandemia, pero también acarreará problemas de financiación en numerosas entidades y países que, tras años acostumbrados a un entorno de extrema liquidez, ahora tendrán que hacer frente al nuevo escenario cargando con un elevado nivel de endeudamiento público, que en el caso de España supera el 115% del PIB.

Más allá del riesgo en el ámbito monetario, deben señalarse igualmente otras amenazas que acechan el curso de la economía mundial y, por extensión, española. A algunas de carácter económico -como pudieran ser los desequilibrios financieros de China derivados de su sector inmobiliario, la política fiscal del nuevo gobierno italiano de derecha, las tensiones comerciales transatlánticas derivadas del nuevo proteccionismo norteamericano o las erráticas medidas del Reino Unido para hacer frente a un Brexit que ya ha consumido cuatro primeros ministros- se le suman otras más geopolíticas, como la deriva de las protestas en Irán, la sempiterna tensión militar entre China y Taiwán y, por encima de todas, la evolución de la guerra en Ucrania.[22] Aunque, como se señalaba anteriormente, no se vislumbra un final en los próximos meses, la espiral en la que podría sumirse el continente europeo en caso de ataque a un miembro de la OTAN o de uso de armamento nuclear es inimaginable.

A diferencia de la crisis económica derivada de la pandemia, en la que existía un consenso generalizado en aplicar políticas monetarias y fiscales ultraexpansivas para ganar la "guerra" contra el COVID-19, la naturaleza de la crisis actual dificulta mucho más al diseño de políticas efectivas y aumenta la probabilidad de cometer errores que puedan penalizar los mercados. Ante la rampante inflación no cabe otra opción por parte del BCE que aplicar una política monetaria lo suficientemente restrictiva como para frenar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los hogares, pero no tanto como para estrangular la actividad económica. Sobre todo porque en el caso europeo, a diferencia del estadounidense, la inflación viene más por el lado de la oferta (energética) que la demanda.

En España, la política fiscal deberá seguir siendo lo suficientemente expansiva como para continuar apoyando los colectivos más desfavorecidos, pero no tanto. como para que las medidas excepcionales de gasto se vuelvan estructurales y engorden déficits que puedan llegar a inquietar a los mercados de deuda. La política fiscal tiene que ser, por lo tanto, muy quirúrgica. Lograr ambos equilibrios no será fácil, pero de ello dependerá la marcha de la economía de España, cuya administración debería concentrar buena parte de sus esfuerzos en explotar el potencial transformador de la transición verde y digital propiciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Reforma de las reglas fiscales y desarrollo del Next Generation EU

La crisis del COVID-19 dio pie a la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2021 y 2022 para poder hacer frente a las necesidades sanitarias y económicas de la crisis, y la guerra en Ucrania obligó a prorrogarla hasta enero de 2024. Para entonces, las reglas fiscales -imprescindibles en una unión monetaria incompleta- no pueden ser las mismas que las actuales, ya que las existentes no sólo han funcionado mal, sino que serían inaplicables en un escenario de elevada deuda y altas necesidades de inversión en transición energética, digital o en defensa. Hace falta un nuevo marco más sencillo y efectivo, que habrá de aprobarse en los próximos meses. Por eso la Comisión presentó el 9 de noviembre una propuesta para la reforma de las reglas fiscales, que será uno de los debates europeos más relevantes y complejos del 2023.[23]

La Comisión mantiene las reglas del 3% y 60% como referencias de nivel de déficit y deuda a largo plazo (su inclusión en los tratados dificulta su eliminación o modificación), pero al menos suprime la regla de reducción de deuda en un 1/20 anual, asumiendo que cada país necesita un ritmo adaptado a sus circunstancias. Por ese motivo, propone que la senda de ajuste se discuta bilateralmente entre la Comisión, que así gana poder, y los Estados miembros, siguiendo el modelo de los fondos NGEU, y se plasme en planes cuatrienales validados por el Consejo y acompañados de reformas estructurales (si estas y las inversiones públicas son ambiciosas, además, el ajuste puede alargarse hasta siete años).

Por otro lado, la variable de control del déficit estructural es sustituida por una regla de gasto primario neto (excluyendo medidas discrecionales y fondos europeos, intereses de la deuda y gasto cíclico en desempleo), más sencilla, aunque no exenta de problemas. Se ha descartado la posibilidad de crear una capacidad fiscal europea central o eximir de cómputo las inversiones verdes o digitales nacionales ("regla de oro"). La medición de la sostenibilidad de la deuda se seguirá basando en un marco econométrico, pero con metodología más transparente y acordada con los Estados miembros.

En cuanto al cumplimiento de las reglas, la Comisión propone una reducción del importe de las multas, pero con aplicación más estricta, la posibilidad de congelación de fondos europeos o la condicionalidad macroeconómica, así como sanciones reputacionales, como la comparecencia de ministros ante el Parlamento Europeo en caso de incumplimiento. Finalmente, se propone un mayor protagonismo de las instituciones fiscales independientes nacionales para evaluar los programas de reducción de deuda (aunque con recomendaciones no vinculantes) y medidas de transparencia, como hacer público los análisis de sostenibilidad de la deuda, las trayectorias de ajuste o el saldo primario estructural al final del periodo.

La valoración de la propuesta de la Comisión es positiva para España, en la medida en la que supone una modificación sustancial del marco actual y una visión mucho más pragmática. Sin embargo, en un marco geopolítico como el actual, donde las alianzas cada vez son más frágiles y las amenazas cada vez más serias, no hay que hablar solo de transición verde, sino también de otros bienes públicos europeos, como la defensa, la autonomía estratégica y la competitividad tecnológica, y no está claro que la propuesta de la Comisión permita una adecuada provisión de estos solo con financiación nacional. Se sigue insistiendo en separar el debate sobre las reglas fiscales de los desafíos socioeconómicos y geopolíticos que enfrenta la Unión y eso, en los tiempos actuales, puede ser un error estratégico.

No parece que la negociación de la propuesta de la Comisión vaya a ser fácil en el seno del Consejo. Los "frugales", que consideran que la Comisión es demasiado relajada a la hora de disciplinar a los Estados miembros, no son muy partidarios de las negociaciones bilaterales para definir las sendas de ajuste y Alemania ya ha manifestado su oposición. A otros países como Francia, por el contrario, les preocupa la aplicación aparentemente más automática del procedimiento de déficit excesivo. Otros, incluido Italia y España, temen que la evaluación de la sostenibilidad siga dependiendo de complejas mediciones de qué es "estructural", ya que ni siquiera permite una evaluación coincidente de la situación de partida.

La negociación de las reglas fiscales va a estar muy vinculada a cómo se usen los fondos NGEU. España, que ha sido uno de los países más rápidos a la hora de plantear sus Planes de Recuperación y Resiliencia y de recibir fondos, está teniendo problemas para alcanzar una velocidad de crucero en el gasto ejecutado, no tanto en términos formales como de alcance efectivo para empresas y ciudadanos. Aunque posponer la petición de la parte de los créditos NGEU fue un acierto, dada la evolución de los costes de financiación, la aprobación de la adenda probablemente exija un replanteamiento de la definición de los hitos, ya que algunos países son muy críticos con la forma en que la Comisión valida el cumplimiento efectivo de los mismos. Cabe plantearse también la posibilidad de pedir una extensión temporal de la ejecución de los fondos más allá de 2026, un debate que ya ha llegado a Bruselas. En este sentido, la cooperación con otro de los grandes beneficiarios de los fondos, Italia, tampoco será fácil en el contexto de su nuevo gobierno.

Será importante comprobar también en qué medida las reformas estructurales se han llevado a cabo también en el resto de los países, no solo en los mayores receptores. Del éxito en la reforma de las reglas fiscales y en la ejecución de los fondos NGEU depende en gran medida la posibilidad de seguir avanzando en la dirección de una política fiscal europea más integrada, que cada vez es más una cuestión de supervivencia para el futuro de la UE.

Escenarios para la política tecnológica

Si 2020 y 2021 fueron años de transformación -de adaptación y creación-, 2022 lo ha sido de consolidación de buena parte de los proyectos que se habían puesto en marcha con anterioridad. También lo ha sido de expansión en algunos casos, como el posicionamiento de España en la gobernanza tecnológica global, aunque a intensidad variable, lo que merita una llamada de atención.

La proyección internacional de España en el ámbito tecnológico se puede entender a través de varias iniciativas y estrategias. Una de ellas, la Agenda Digital España 2025, que luego se actualizó con la del escenario 2026, articula 10 grandes líneas de trabajo, de las que en perspectiva internacional destacan el objetivo de situar a España como el polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronterizas de referencia del sur de Europa, así como el hub del sector audiovisual; la internacionalización del sector de la ciberseguridad, altamente maduro pero con poca visibilidad hacia el exterior; el apoyo a la expansión de las empresas españolas en el extranjero; y la atracción de inversiones extranjeras y talento.

Si estas iniciativas aún tienen que materializarse, una de las que sí ha calado ya es la Carta de Derechos Digitales, con la redacción de la primera Declaración de Principios y Derechos Digitales lanzada por la Comisión Europea durante 2022. Si bien ninguno es de carácter obligatorio y requiere de nuevos contenidos, es importante apuntar que esta iniciativa española ha sido capaz de permear en un escenario como la gobernanza tecnológica global, terreno lento y de tensa competición entre países.

En lo que se refiere al posicionamiento en foros internacionales, España acogió la Cumbre de la OTAN (en la que la tecnología ha adquirido un papel prominente en tanto que eje transversal, así como principio de base del documento), ha coordinado la Cumbre Interministerial de la OCDE sobre Economía Digital y ha renovado su puesto en el Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia de las Naciones Unidas que se ha convertido en uno de los epicentros de la rivalidad tecnológica global.

En 2023, la presidencia española del Consejo de la UE será el núcleo de trabajo en materia tecnológica pues la transformación digital es uno de los ejes que articularán el semestre. De los 10 objetivos anunciados en un primer avance del programa por parte del ministro de Asuntos Exteriores, dos de ellos están relacionados con la digitalización: el desarrollo del mercado interior con una autonomía estratégica e innovación más sólidas y el impulso de la Agenda Digital Europea. En la práctica, la presidencia supervisará el cierre de varios expedientes legislativos (identidad digital europea o eIDAS), el avance de otros (propuesta de Reglamento Europeo de Datos), y asumirá algunos que podrían retrasarse durante la presidencia anterior sueca, como la propuesta de reglamento de Inteligencia Artificial, que puede despertar sensibilidades distintas, a veces opuestas, entre Estados miembros.

En 2023 se espera también que España siga ascendiendo puestos entre los Estados miembros con mayor madurez digital, habiendo pasado del 11º en 2020, al 9º en 2021 y al 7º en 2022. Este avance le aportará mayor vigor dentro del grupo D9+, que reúne a los Estados miembros de la Unión más maduros digitalmente. Ahora bien, este espacio de diálogo no tiene todavía un papel propositivo ni una institucionalización que le permita llevar a cabo acciones conjuntas entre los países para fomentar la autonomía estratégica europea en el ámbito tecnológico; algo que España podría fomentar durante su presidencia y que sirva de factor empuje para más adelante.

Si España destaca en conectividad y servicios públicos digitales, uno de sus grandes retos es mejorar en capital humano e integración de la tecnología digital en pymes, donde todavía se queda atrás. Los efectos esperados de la recientemente aprobada Ley de startups deberían empezar a materializarse en 2023, con el fomento de una mayor atracción y retención de talento extranjero, el posicionamiento como hub de startups de alta especialización y una mayor prevalencia de emprendimiento digital con inversiones extranjeras. Ahora bien, esta iniciativa no deberá dejar de lado la necesidad de fomentar también la innovación ya que, de acuerdo con el European Innovation Scoreboard 2022, España se está quedando atrás como un "innovador moderado", siendo el 16º de un total de 27 Estados miembros, y con un desempeño lento y cada vez más alejado de la media de la UE, un asunto que se deberá seguir trabajando.

La proyección de España en el mundo no es solo de dentro hacia fuera, sino también al revés. La aprobación de varios proyectos estratégicos PERTE vinculados al portafolio digital, como son el aeroespacial, el de microelectrónica y semiconductores, y el de nueva economía de la lengua, así como la canalización de fondos público-privados para su ejecución, son ventanas de oportunidad para fomentar la llegada de inversión extranjera directa, la instalación de empresas extranjeras de vanguardia y proyección global que cumplan con los criterios requeridos y la inserción de pymes españolas en cadenas de valor globales. El éxito de este proceso dependerá de la ejecución de los fondos, la reconfiguración de los mecanismos de colaboración público-privada (como la Compra Pública Innovadora) y la necesidad de realizar más reformas que inversiones, que es el caso contrario al panorama actual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La posición de España no depende solo de medidas legislativas ni de la política industrial en el país y la UE. También depende de incorporar una tercera capa: una política exterior tecnológica, ya desarrollada en cada vez más países europeos, pero todavía inexistente en el caso español. Si bien en 2023 se va a aprobar la Alianza Digital UE-LATAM como un paraguas de iniciativas para la relación con América Latina, se necesita ir más allá profundizando en áreas de cooperación por verticales tecnológicas y una mayor institucionalización de las relaciones tanto bilaterales como subregionales.

Es importante que España sepa aprovechar -proyectando una narrativa fuerte- su potencial como punto de entrada de otros continentes hacia la UE en cableado submarino y centros de datos. Ya ocurre con varias iniciativas, como el anuncio de instalación del cable submarino más largo del mundo, que conectará África y Asia con Europa a través de Barcelona, o con la elección de la misma ciudad para instalar el centro tecnológico GIGA, promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Pero se necesita que estas iniciativas se engloben bajo una misma estrategia. Las conclusiones del Consejo de la UE sobre un primer marco de diplomacia digital europea de julio de 2022 pueden ser fuente de inspiración tanto para establecer nuevas medidas temáticas como trabajar en pro de una mayor coordinación interministerial.

También resultará importante unirse a iniciativas internacionales con una voz más prominente. un ejemplo es la Aceleradora de Innovación en Defensa de la OTAN, DIANA, que busca reunir a personal de defensa, startups, investigación científica y empresas tecnológicas para crear proyectos de tecnologías profundas: desde tecnologías cuánticas a nuevos materiales, biotecnología y espacio, entre otros. España participa en DIANA, aunque tímidamente, limitándose a cuestiones de seguridad marítima y no tanto a otras tecnologías emergentes y disruptivas. Sería deseable que formara parte de la misma centrándose en un mayor número de tecnologías profundas, ya que estas aportarán una visión de largo plazo en la toma de decisiones.

Así, es estratégico y urgente emplazar todas estas iniciativas bajo un mismo paraguas de política exterior tecnológica, a compartir de manera equitativa entre ministerios. Todo ello permitirá a España influir con una voz única durante la presidencia española del Consejo de la UE.

Globalización, desarrollo y gobernanza

Desglobalización y competición China-EEUU

A lo largo de 2023 continuará la reestructuración de la globalización que ya lleva en marcha varios años y que probablemente desembocará en una menor integración de la economía mundial, mayor proteccionismo, control de inversiones y movimientos de capital, extensión de las sanciones a Rusia, cierta reversión de las cadenas globales de suministro y crecientes problemas en la gobernanza económica global por la rivalidad entre grandes potencias. Esta tendencia, sin embargo, es compatible con el crecimiento del comercio dentro de algunos bloques ya constituidos, sobre todo en Asia, así como en los sectores vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial.

También podrían negociarse (o ratificarse) nuevos acuerdos comerciales entre la UE y los países considerados cercanos geopolíticamente ahora que la Unión tiene claro que debe diversificar sus fuentes de suministro, depender menos de China y Rusia y ampliar sus alianzas en América Latina, África y Asia. En este contexto, cabe esperar que continúe un proceso de tenue desglobalización que se verá apoyado por, al menos, tres iniciativas.

En primer lugar, destacan las medidas proteccionistas que introduce la Inflation Reduction Act (IRA) estadounidense. Esta ambiciosa legislación, aprobada en agosto de 2022 para acelerar la transición energética y promover la digitalización en EEUU, dedicará 369.000 millones de dólares en 10 años a subsidios e inversiones para la transformación energética y la luchar contra el cambio climático, pero discrimina a los productores no estadounidenses. Aunque se ha creado un grupo de trabajo EEUU-UE para intentar evitar una guerra comercial transatlántica, esto no será fácil. Washington no suele modificar su legislación interna ante reclamaciones externas, aunque sean de aliados.

Segundo, las sanciones occidentales a Rusia, así como las restricciones a las exportaciones de alta tecnología estadounidense a China o las nuevas provisiones para restringir la inversión europea, configuran una tendencia de menor integración económica internacional ante el que la UE se muestra ambivalente. Por una parte, se está imponiendo la lógica del friendshoring: trasladar los vínculos y dependencias económicas hacia países con los que haya buenas relaciones políticas. Pero esto supone una reducción de la eficiencia en la producción, que además se acentúa por las presiones en las cadenas globales de suministro que amplifican cualquier shock que se produce en la economía mundial.

Y tercero, cada vez es más probable que se impongan aranceles y legislaciones verdes que reduzcan los intercambios comerciales e incluso el movimiento de personas al aumentar los costes de la movilidad, sobre todo aérea. El arancel verde europeo ( Carbon Border Adjustment Mechanism, CABM) será una realidad en 2023. En el marco de los compromisos de la COP, es posible que se produzcan más medidas restrictivas de los intercambios. Por último, no es probable que la gobernanza económica global mejore en 2023. El antagonismo entre EEUU y China impedirá que avance la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución cada vez menos relevante. Solo se puede esperar que el G20, bajo presidencia india, logre sacar adelante comunicados conjuntos y permita cierta colaboración en la provisión de bienes públicos globales.

Para España este panorama tiene claroscuros. Por una parte, los mayores costes de transporte y movilidad no son una buena noticia en la medida que pueden perjudicar al turismo. Pero su situación relativamente privilegiada desde el punto de vista energético puede suponer una oportunidad de localización de actividad económica e inversión. Asimismo, el desacoplamiento económico de Occidente con China no supone una amenaza tan grave para España como para otros países por los limitados lazos económicos. Por último, se abre la oportunidad de ratificar el acuerdo comercial UE-Mercosur, al que España intentará dar un impulso en la segunda mitad de 2023 durante su presidencia del Consejo. En todo caso, el gobierno, las empresas y los ciudadanos estarían más cómodos con un entorno internacional estable y con una gobernanza de la globalización económica más sólida y predecible. Pero esto no sucederá en 2023.

Presencia global de España

Antes de la pandemia y la invasión de Ucrania, el proceso de globalización ya mostraba signos de debilitamiento y de transformación de su naturaleza respecto a décadas pasadas. Si se mira la suma del valor del Índice Elcano de Presencia Global de los 150 países para los que se calcula la cuantificación del proceso de globalización, esta había alcanzado su valor máximo en 2015 y desde entonces se ha registrado reducción o crecimiento nulo en varios años.[24] Desde la crisis de 2008 se venía produciendo una ralentización del crecimiento de la dimensión económica, y en menor medida de la militar, configurando una etapa de la globalización que había estado liderada por el crecimiento de la presencia blanda, sobre todo en lo relacionado con la movilidad de personas (migraciones, turismo, educación y acontecimientos culturales y deportivos). Fue justo en esas variables donde la pandemia añadió un fuerte efecto desglobalizador. En 2020 la reducción del valor agregado del Índice fue la mayor de la serie (2,4% respecto al año anterior) y España el país del mundo que mayor presencia global perdió entre 2020 y 2021, debido a su dependencia del turismo y el alto grado de terciarización de su estructura productiva y exportadora.

Esos resultados fueron, en buena medida, un reflejo coyuntural de la pandemia (primero, por los confinamientos y luego por los cuellos de botella en las cadenas de suministro global tras la reactivación de la actividad productiva mundial). Sin embargo, aunque en 2021 se produjo una recuperación general del comercio mundial de bienes y servicios, el contexto de guerra actual vuelve a empujar hacia la desglobalización. La OMC ya anuncia un menor crecimiento en 2022 y particularmente para 2023. El incremento de precios en general, y particularmente en combustibles, supondrá un encarecimiento del transporte que puede llevar a un escenario de contracción del turismo mundial más duradero y también puede incidir de manera negativa en el comercio en general. Por lo que se refiere a la inversión exterior, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala el impacto negativo de la guerra, la crisis alimentaria y la crisis energética, particularmente en lo referido a inversiones relacionadas con la instalación de nuevas capacidades productivas ( greenfield) y el especial impacto en países en desarrollo.

Es posible que, en cambio, los países sí aumenten su presencia global en la dimensión militar debido al incremento de los presupuestos de defensa, también anunciado para el caso de España. Más dudas presenta la tendencia que seguirá la proyección de las dimensiones de presencia blanda y su impacto sobre España. Es cierto que el turismo mundial ha experimentado una notable recuperación a lo largo de 2022. Pero la Organización Mundial del Turismo advierte en su último informe de la dificultad de recuperación de los niveles previos a la pandemia debido al incremento de los precios del transporte y a la inflación general en buena parte de los principales emisores y receptores de turismo. Una tendencia que tendrá también incidencia negativa en los movimientos migratorios y de estudiantes, dado que el aumento de costes, de viaje y de vida en destino, puede desincentivarlos.

Política española de cooperación al desarrollo

La cooperación española debe (re)encontrar su espacio político en un contexto global de crisis múltiples. A la pandemia se han sumado en el último año las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, lo que incluye un aumento de las tensiones inflacionarias (con el consiguiente riesgo de crisis de deuda), el agravamiento de la crisis alimentaria o la salida masiva de refugiados de Ucrania.

Los últimos datos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) publicados por la OCDE muestran, de nuevo, un aumento del esfuerzo en desarrollo, que sitúa la ayuda de los llamados donantes tradicionales en 178.900 millones de dólares en 2021: un 4,4% más, en términos reales, que el año anterior. Continúa la tendencia al alza de la ayuda al desarrollo, lo que vendría a mostrar, como ya se indicó en la anterior edición de este documento, que, al menos en el plano de la ayuda, el Norte trata de responder a las poli-crisis con un mayor esfuerzo de cooperación multilateral.[25]

Aunque los datos de ayuda para el año 2022 no estén aún disponibles, cabe prever un mantenimiento de esta tendencia. Esto sería así, por una parte, por las señales que se han ido dando en estos meses por parte de los líderes de los principales donantes mundiales incluyendo, por ejemplo, el éxito de la conferencia trienal de reposición del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria celebrada en Nueva York en septiembre; y, por otra parte, debido al efecto contable que tendrá en la AOD la acogida de refugiados ucranianos en países que, a su vez, son donantes miembros de la OCDE. Existe una (controvertida) norma contable de la ayuda según la cual los costes de acogida de refugiados realizados durante el primer año de asilo o refugio pueden ser computados como AOD por parte del Estado que los acoge. Previsiblemente, esto aumentará sensiblemente la ayuda al desarrollo de 2022 en países como Alemania, la República Checa y Polonia, que son los principales destinos de los refugiados huidos de la guerra.

España se ha sumado a la tendencia general de aumento de la ayuda. Continúa el suave crecimiento de la cooperación española que comienza en 2017 y que la sitúa en 2021 en 3.542 millones de dólares o 0,25% de la Renta Nacional Bruta (RNB); una cifra bien superior a los 2.680 millones de dólares desembolsados en 2017 (0,19% de la RNB).

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 aprobados por el Congreso de los Diputados se incluye una partida para ayuda al desarrollo de 4.419 millones de euros, 0,34% de la RNB, siguiendo los cálculos de la Coordinadora. Suponiendo que llegase a ejecutarse la totalidad de las partidas, la ayuda seguiría situándose lejos del objetivo de 0,5% de la RNB al final de legislatura, objetivo al que se había comprometido el actual gobierno.

Estos presupuestos serán, además, los primeros de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global. La nueva ley, que remplaza la de 1998, debería permitir deshacer, al menos en parte, los numerosos obstáculos al crecimiento y la modernización de la cooperación española, incluyendo su capacidad para vincular más efectivamente la ayuda reembolsable con la no reembolsable e integrarse en mayor medida con sus socios europeos. Sin embargo, para poder hacerlo, deberán desarrollarse necesariamente los reglamentos que enmarquen la labor de la AECID y de la herramienta de cooperación financiera reembolsable a través del Fondo de Desarrollo (FEDES), heredero, en la nueva ley, del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Dados los plazos que ha requerido la elaboración y tramitación de la nueva ley y dadas las citas electorales en 2023, no se debe descartar que esta legislatura termine sin que se haya completado el desarrollo normativo necesario para la reforma.

A nivel europeo, en el nuevo año resultará importante avanzar en el diseño y puesta en marcha del Global Gateway, de forma estratégica (con una orientación política reconocible), coordinada y coherente con las nuevas herramientas de la cooperación europea ( Team Europe, Global Europe) e incluyente del conjunto de sus instituciones (fundamentalmente Banco Europeo de Inversiones y Comisión Europea) y de sus Estados miembros. También será necesario aprovechar la presidencia española del Consejo de la UE para fortalecer el partenariado con América Latina, un potencial aliado en la agenda de bienes públicos globales (clima, salud global).

En cuanto a la cooperación española, en 2023 debe culminar el desarrollo de su marco normativo para dotar de estabilidad, viabilidad y capacidad de respuesta al sector. Será necesario alinear dicho desarrollo institucional con el que se está produciendo en la UE para facilitar una mayor coherencia e integración de la ayuda europea, así como aprovechar la presidencia semestral a ejercer por España para, más allá de impulsar en la UE la agenda latinoamericana, re-pensar la agenda española en el marco europeo, en línea con los objetivos y prioridades de la Unión como donante. Por último, 2023 presenta una oportunidad para afianzar las bases políticas y sociales de la política de cooperación (entre partidos políticos, administraciones, sector privado, ciudadanía) de forma que se reduzca la característica volatilidad en los flujos de ayuda española.

España y el cumplimiento de la Agenda 2030

En la edición del año pasado de este documento se subrayaba el retroceso que los efectos de la pandemia habían supuesto para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo en materia de salud y bienestar (ODS 3) y educación (ODS 4). También se señalaba que el progreso en 2022 vendría determinado en gran medida por los avances en la inmunización contra el COVID-19. El ritmo acelerado de vacunación en 2022 ha permitido alcanzar casi 13.000 millones de dosis administradas en el mundo, si bien países de todos los continentes, sobre todo africanos, no alcanzarán el objetivo de tener al 70% de la población inmunizada para finales de 2022. En España, estos avances han supuesto una importante rebaja de la tasa de mortalidad por la enfermedad: del 6,4% a mediados de 2021 al 0,5% en mayo de 2022. La tendencia global respecto al ODS 3 es, pues, de modesta mejora, con retos importantes aún por superar.

A nivel global, los indicadores más preocupantes son los relacionados con el ODS 1 (fin de la pobreza) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico), a los que se suma que el progreso observado en 2020 en indicadores medioambientales (ODS 12-15) se vio estancado en 2021 al levantarse las restricciones a los desplazamientos. Más alarmante aún resulta el hecho de que estos datos no reflejen todavía, por no tener mediciones definitivas, el impacto de la guerra en Ucrania. Se espera que afecte negativamente a la seguridad alimentaria en todo el mundo (ODS 2), sobre todo en África (donde el 60% de la población ya vive expuesta al riesgo de inseguridad alimentaria), debido a las interrupciones en las cadenas de suministro, a la inflación y a la subida de precios de alimentos y fertilizantes; así como a la seguridad energética (ODS 7), a lo que los países de la UE pueden ser particularmente susceptibles y cuya gravedad en 2023 dependerá de la medida en que Europa consiga asegurar su autonomía energética.

El conflicto ha provocado ya que casi ocho millones de ucranianos busquen refugio en países europeos, incluida España, donde se registraron más de 150.000. La capacidad de la UE para absorber e integrar a estas personas, así como de controlar la inflación, puede afectar significativamente al ODS 10 (reducción de desigualdades) y 1. La Agenda 2030 en 2023 vendrá marcada, en gran medida, por cómo evolucione la situación en Ucrania y por la capacidad que se demuestre para mitigar sus efectos. Esto último cuenta, además, con el gran desafío de movilizar los fondos adicionales que se necesitan para financiar la consecución de la Agenda teniendo en cuenta la presión financiera y económica derivada de la guerra.

En este contexto, resultará esencial no olvidar el ODS 3 (salud), entre otras cosas por su fuerte interrelación con muchos otros. El cambio climático (ODS 13) y la guerra tienen efectos devastadores en la salud pública global. Se estima que este año el aumento de las temperaturas y sus consecuencias han causado la muerte de más de 4.700 personas solo en España; entre mayo y julio fueron más de cinco veces las contadas en 2021 en los mismos meses. Esto, junto con las oleadas de incendios forestales y su impacto en la calidad del aire, el riesgo de desertificación y sus consecuencias sobre el suministro y la calidad del agua, y los efectos a largo plazo de las múltiples crisis sobre la salud (incluida la salud mental), supone una amenaza seria para la salud pública en España.

Ahora bien, merece la pena también señalar que los datos confirmados más recientes (de 2021) muestran una España que pasa de ocupar la posición 20 a la 16 en el ranking global de cumplimiento de los ODS, liderada por una mejoría en el ODS 5 (igualdad de género), 6 (agua) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico), si bien los avances positivos en este último no evitan que siga encontrándose entre los objetivos en peor estado del país (junto con el 2 de hambre cero, el 13 de acción climática y el 15 de vida terrestre). Aún es pronto para determinar el alcance de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada el año pasado.

De cara al futuro, será necesario promover una mayor coordinación entre todos los actores nacionales para la consecución de los ODS. Al tratarse de una agenda multidisciplinaria en la que unos objetivos están inevitablemente relacionados con otros, es esencial asentar la cooperación entre distintos ministerios dentro del gobierno, pero también entre este y el resto de los actores relevantes: gobiernos autonómicos y locales, sociedad civil, sector privado (a través de alianzas público-privadas) y medios de comunicación (para que se convierta en una agenda compartida por todos), entre otros. Todo ello está en línea con el ODS 17 (partenariados) y contribuiría a hacer de la consecución de los ODS una prioridad compartida resistente a posibles vaivenes políticos asociados al año electoral que entra. La Estrategia aprobada por el gobierno en 2021 ya refleja una cierta tendencia en este sentido, al empezar a sacar la Agenda 2030 del nicho tradicional en el que se encontraba como competencia casi exclusiva de la cooperación internacional de España. Impulsar la importancia de su vertiente doméstica es vital para darle continuidad y afianzarla a nivel nacional.

También será necesario para España contribuir en la reforma del sistema de salud global, participando activamente en los debates que están tomando fuerza sobre fortalecimiento de los sistemas de salud y de la preparación para futuras pandemias. Involucrarse más en esta agenda, tanto a nivel nacional como internacional, puede ayudar a que España esté más preparada frente a amenazas futuras -sanitarias y/o de otra índole- cada vez más impredecibles y globales. La presidencia del Consejo de la UE ofrece una buena ocasión para poner en valor sus fortalezas relacionadas con la Agenda 2030 y de manera especial sus avances en cuestiones de género, dentro de la UE.

En cuanto a la UE, como actor global y primer donante mundial de ayuda oficial al desarrollo, en 2023 tendrá que renovar y reforzar sus alianzas con socios en África, en América Latina y en Asia para promover la sostenibilidad de los esfuerzos alcanzados y por alcanzar en la Agenda 2030. Un foco especial debe ser la seguridad alimentaria, así como asegurar la continuidad de la financiación del desarrollo existente junto con la apuesta por fuentes y mecanismos innovadores de financiación.

Internamente, la UE deberá aprovechar los fondos NGEU para impulsar la transición energética y medidas para conseguir los objetivos relacionados con el clima y la biodiversidad, que son aquellos en los que peor avanza Europa como región. Externamente, ha de continuar con la puesta en marcha del Global Europe, el nuevo instrumento europeo para el desarrollo, como vehículo para la consecución de los ODS, y del nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (y su Garantía de Acción Exterior) para la movilización de recursos adicionales para ello.[26]

Competición EEUU-China

Relaciones China-EEUU en plena guerra en Ucrania

Como se pronosticó en la edición del año pasado, no era previsible que las relaciones entre China y EEUU mejorasen en 2022.[27] Ninguno de sus dos presidentes podía permitirse proyectar internamente una imagen de debilidad en un año políticamente tan significativo para ellos: ya fuera por la celebración del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) o las elecciones de mitad de mandato en EEUU. También se acertó aquí al identificar el estrecho de Taiwán como el punto potencialmente más conflictivo, pues ambas potencias están intentando modificar a su favor el statu quo en la zona. Esto quedó claramente patente con la crisis detonada por la visita de Nancy Pelosi a la isla en agosto, a la que siguieron, por parte de China, unas maniobras militares sin precedentes y la publicación de un nuevo libro blanco sobre Taiwán con una interpretación menos ventajosa para la isla del principio "Un país, dos sistemas".

Asimismo, se anticipó que Xi Jinping renovaría su mandato al frente del PCCh y que el ciclo de elecciones en Alemania y Francia no conllevaría un giro significativo en el posicionamiento de la UE hacia la rivalidad estratégica entre EEUU y China. En la misma línea, se ha cumplido la prevista intensificación de la coordinación entre EEUU y sus aliados europeos hacia China, siendo el Concepto Estratégico de la OTAN -aprobado en la cumbre de Madrid- el ejemplo más evidente de ello.

También se publicó la esperada Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del presidente Biden, aunque se demoró hasta octubre por el estallido de la guerra en Ucrania y la mayor atención en la amenaza que supone Rusia. Sin embargo, la Estrategia refleja que los hechos en Ucrania no han alterado la decisión de EEUU de priorizar la competición con China, algo que también está presente en la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, publicada pocos días después.[28] Según la ESN, China es el único competidor al que se le presume la capacidad (y también la intención) de dominar su región (el Indo-Pacífico) y de modificar el llamado orden liberal internacional. La ESN, de todos modos, hace referencia a la necesidad de no mirar al mundo exclusivamente a través del prisma de la competición estratégica, resaltando la importancia de retos de índole transnacional (como el desafío climático, la lucha contra las pandemias, la seguridad alimentaria, el terrorismo y la no proliferación) y la necesidad de cooperar con China, aunque también se dice que es difícil encontrar espacios de cooperación en un entorno crecientemente competitivo. Por su parte, el Senado aprobó en julio la ley de Chips y Ciencia, que prevé invertir 54.000 millones de dólares en la fabricación e investigación de semiconductores en EEUU y que, según sus partidarios, ayudará a reducir la dependencia de China e impulsar la competitividad estadounidense en este sector estratégico.

En cuanto a los desarrollos más relevantes que no se identificaron hace un año con la suficiente claridad, destacan dos. El primero es el estrechamiento de la asociación estratégica entre Pekín y Moscú, plasmado en el comunicado conjunto que publicaron a inicios de febrero, y que ha sido particularmente trascendente tras la invasión rusa de Ucrania. El segundo es la inclusión inequívoca de elementos de contención en la estrategia estadounidense hacia China, como ilustran las restricciones a las exportaciones de semiconductores a este país anunciadas en octubre y las explicaciones públicas de las mismas. De cara a 2023, tres son los elementos que probablemente serán los más influyentes en la evolución de las relaciones bilaterales entre EEEUU y China: el estrecho de Taiwán, la guerra en Ucrania y la evolución de las restricciones estadounidenses sobre China.

La reunión bilateral entre Biden y Xi en el G20 evidenció que el estrecho de Taiwán sigue siendo el primer punto caliente de la relación bilateral. Si EEUU continúa diluyendo su política de "Una sola China" y China aumentando su presión militar sobre Taiwán será probable asistir a una nueva crisis en la zona, especialmente si el Partido Democrático Progresista elige un candidato de marcado perfil independentista para las próximas elecciones presidenciales. En cualquier caso, dado que Xi ha reforzado y revalidado su control al frente del régimen y Biden superado con relativo éxito las elecciones de mitad de mandato, puede que ambos líderes decidan emplear parte de ese capital político renovado en buscar un compromiso que estabilice la zona.

El desarrollo de la actitud china ante la guerra en Ucrania tendrá un impacto directo en sus relaciones con EEUU, si a lo largo de 2023 se vuelve más afín o más contraria a la posición estadounidense. La labor de la diplomacia china podría ser particularmente significativa una vez asuma la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en noviembre. En un escenario optimista, la colaboración entre ambos países resultaría clave para poner fin a la agresión rusa contra Ucrania, lo que conllevaría una distensión entre Pekín y Washington. Sin embargo, un más improbable escenario en el que China vulnerase las sanciones estadounidenses contra Rusia o aumentara su apoyo material a este país tendría el efecto contrario.

En tercer lugar, la Administración Biden tratará a lo largo de este año de impulsar la Estrategia Indo-Pacífica que promueve el llamado marco económico Indo-Pacífico. El resultado de las elecciones de medio mandato en EEUU, con una Cámara de Representantes de mayoría republicana y un Senado que se mantiene demócrata, también podría afectar al tono, si no a la sustancia del enfoque del presidente Biden hacia China. Hay un fuerte consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso sobre la necesidad de aprobar legislación para proteger las ventajas tecnológicas estadounidenses y mejorar la defensa estadounidense con respecto a China. Si el consenso se mantiene, como todo parece indicar, se seguirá adelante con el proyecto de ley bipartita Taiwan Policy Act, que busca una reestructuración completa de la política estadounidense hacia la isla e incluye la denominación de Taipéi como "aliado principal no-OTAN", lo que abriría nuevas oportunidades para el apoyo de EEUU a la isla.

Los republicanos se han mostrado especialmente interesados en ser más duros a la hora de garantizar que varios tipos de tecnología estadounidense no acaben en manos chinas y en tratar de cortar los flujos de capital estadounidense a las empresas chinas que puedan tener vínculos con el gobierno chino. Se espera, por tanto, que una Cámara de Representantes controlada por los republicanos presione a la Casa Blanca para que adopte una postura más dura frente a Pekín. Se podría incluso esperar el viaje de una delegación de la Cámara de Representantes a Taiwán, encabezada por quien podría ser su presidente, el republicano Kevin McCarthy, decisión que tensaría la relación aún más que el viaje de Pelosi. Los republicanos, además, ya han indicado que dentro de la Cámara Baja crearán un comité para averiguar el origen del COVID-19, examinar las acusaciones de robo de propiedad intelectual de empresas estadounidenses e investigar si China está dominando industrias clave en EEUU. Todo apunta, por tanto, que la dirección será la misma pero quizás con una mayor tensión en la relación.

Hay dos hitos diplomáticos en 2023 que obligarán a las autoridades españolas a prestar particular atención a la evolución de las relaciones sino-estadounidenses. En primer lugar, la celebración el 9 de marzo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales entre España y la República Popular China. En este sentido, podría explorarse la posibilidad de organizar alguna visita de Estado, que sería coherente con la que realizó Olaf Scholz en noviembre de 2022 y las anunciadas visitas de Emmanuel Macron y Giorgia Meloni a China en 2023. El segundo acontecimiento será la presidencia española de turno de la UE en el segundo semestre de 2023. Aunque en principio no tendrá a China como uno de los puntos centrales de su agenda, esta posición obligará a España a estar al tanto de cualquier contingencia significativa entre China y EEUU que pudiera requerir un posicionamiento europeo. En este sentido, posiblemente el asunto más relevante será la evolución de las posiciones de la Casa Blanca y Zhongnanhai ante la guerra en Ucrania. Nótese que la mayor parte de la conversión mantenida entre Pedro Sánchez y Xi Jinping el pasado noviembre en Bali versó precisamente sobre este tema.

Relación bilateral y de la UE con EEUU

Tras un año de altibajos diplomáticos, la guerra de Rusia contra Ucrania provocó una unidad transatlántica sin precedentes recientes. Washington lideró una respuesta internacional contundente apoyándose en sus aliados, sobre todo los europeos, lo que supuso una dinámica unificadora bajo el liderazgo de Biden. El nivel de consenso transatlántico sobre la necesidad de apoyar a Ucrania, con ayuda militar, financiera y humanitaria fue algo poco común, siendo la magnitud del apoyo financiero y militar de EEUU extraordinaria en comparación con otros países.

La respuesta estadounidense a la guerra en Ucrania revitalizó en Europa las voces atlantistas, como mostró la cumbre de la OTAN en Madrid. Dicha unidad pareció compensar las tensiones sobre energía y políticas económicas que también han surgido entre ambos lados. Algunos responsables políticos estadounidenses parecieron alarmados por la posibilidad de que la crisis energética presionase a los gobiernos de la UE para moderar sus planteamientos hacia Rusia y debilitar las sanciones europeas. Por ello, en marzo de 2022, Washington y la Comisión se comprometieron a apoyar la seguridad energética de Europa y reducir su dependencia respecto a Rusia, planeando envíos adicionales de gas natural licuado de EEUU hasta 2030.

En la nueva ESN se destaca el papel de los aliados europeos en el ámbito tecnológico como aspecto esencial de la competición estratégica. China es identificada como el principal competidor y el Consejo de Comercio y Tecnología entre EEUU y la UE se consolida como un elemento central de la política exterior y tecnológica estadounidense. No obstante, la invasión rusa de Ucrania llevó al Consejo a priorizar qué exportaciones tecnológicas bloquear, cómo reforzar las defensas de ciberseguridad y qué hacer con las campañas de desinformación en línea de Rusia, en vez de desafiar a China.

Con todo, los problemas domésticos de Biden, como las decisiones del Tribunal Supremo sobre el derecho al aborto y asuntos controvertidos como la posesión de armas de fuego, enturbiaron la imagen del país como líder democrático. Las elecciones de medio mandato, a pesar de que anticipaban una contundente victoria del Partido Republicano, resultaron en un espaldarazo al Demócrata -que mantiene el Senado y cede la Cámara de Representantes por la mínima- y ayudaron a la imagen exterior de EEUU.

La relación bilateral con España también se vio reforzada en 2022. EEUU agradeció la rápida respuesta y el esfuerzo de España en su apoyo militar y humanitario a Ucrania desde el comienzo de la guerra, así como la organización de la cumbre de Madrid, donde se aprobó el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. En los márgenes del encuentro, se firmó una nueva Declaración Conjunta -la última fue en 2001- aunque sin más concreciones que las relativas a la defensa. La declaración se propone intensificar la cooperación en seguridad, incluyendo la lucha antiterrorista, el narcotráfico y la trata de personas, así como la ciberseguridad y el ciberespacio. También busca promover una migración segura, ordenada y regular, tanto en América Latina como en el Norte de África, la lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París y la mejora de la seguridad energética y el suministro de minerales críticos. Asimismo, se pretende una mayor cooperación en el ámbito comercial, la fiscalidad empresarial y el terreno digital, científico y tecnológico.

En defensa, se confirmó el reforzamiento de la presencia militar en la base naval de Rota para reforzar la seguridad colectiva de la Alianza, presumiblemente con dos nuevos destructores. El presidente Sánchez aprovechó la ocasión para agradecer el suministro de gas a España en un momento de tensión en los mercados energéticos debido a la guerra. Biden y Sánchez también coincidieron en la importancia de promover una agenda positiva para América Latina, región con la que, en su mayoría, ambos países comparten una comunidad de valores. De hecho, en mayo se celebró la primera reunión del grupo de trabajo EEUU-España sobre Centroamérica como clara muestra de voluntad de colaborar en asuntos globales y dentro de un nuevo impulso que parece que emerge para buscar sinergias con América Latina.

España y EEUU también fortalecieron durante 2022 la colaboración en materia de educación, con la firma de un memorando de entendimiento. También destaca la incorporación de España en la iniciativa Ransware impulsada por EEUU y el anuncio del desarrollo común de una nueva herramienta de capacitación para combatir el secuestro de datos.

No se esperan grandes cambios en la política exterior de EEUU para 2023, a pesar de que el Congreso estará dividido. Con los republicanos haciéndose por la mínima con la Cámara de Representantes, hay dudas sobre el futuro del frente unido presentado por Occidente ante la agresión rusa a Ucrania. Todo apunta a que habrá una mayor supervisión por parte de la Cámara de Representantes a medida que la guerra avance, con el potencial de que se intente vincular la ayuda a Ucrania a concesiones en política interna y que se presione a los aliados europeos para que dediquen más recursos a ayudar a Kyiv.

Los sondeos muestran que un creciente número de estadounidenses, tanto en la izquierda como la derecha, creen que la ayuda a Ucrania es excesiva. Pero también existen preocupaciones estadounidenses sobre cómo mantener a los líderes europeos alineados con su estrategia. Los europeos deberán hacer frente a la creciente presión de Washington para aumentar su apoyo militar y financiero a Ucrania; los estadounidenses, por su parte, ven con preocupación las protestas en algunas ciudades europeas por el aumento de la inflación y el elevado coste de la calefacción.

Teniendo en cuenta las declaraciones de los representantes republicanos de mayor rango, que seguramente presidirán varios comités parlamentarios, es previsible que la Cámara de Representantes empuje hacia un mayor control de exportaciones de China y más seguridad en las cadenas de suministro. La reciente Ley de Chips y Ciencia, que pretende impulsar el sector de los semiconductores en EEUU, solo ha sido un primer paso. Todo apunta a una mayor presión sobre los aliados transatlánticos para que se alineen con Washington en estos dos ámbitos. El Consejo de Comercio y Tecnología será por tanto crucial en 2023. También la seguridad energética, donde un grupo de trabajo EEUU-UE se encargará de poner en práctica varios objetivos relacionados con la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias.

Las fricciones entre EEUU y la UE persistirán en otras cuestiones. Algunos funcionarios y empresas estadounidenses expresan su preocupación por la posibilidad de que las nuevas normas de competencia y comercio digital europeas discriminen a las grandes tecnológicas. La UE advierte que los nuevos créditos fiscales estadounidenses para la compra de vehículos eléctricos podrían discriminar a los fabricantes de la UE e infringir las normas comerciales de la OMC. Los funcionarios estadounidenses han expresado su disconformidad con algunas iniciativas de la UE en materia de clima y medio ambiente, incluido el mecanismo de ajuste fronterizo del carbono propuesto por Bruselas y los cambios previstos en las políticas alimentarias y agrícolas de la UE.

La relación bilateral España-EEUU se fortalecerá de cara a la presidencia española del Consejo de la UE. España buscar promover una mayor cooperación política, con consultas regulares entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Departamento de Estado, así como entre los dos gobiernos. La profundización del vínculo transatlántico sería uno de los objetivos de dicha presidencia, al igual que el foco en América Latina. En este ámbito se esperan avances concretos de cooperación EEUU-España. A lo largo del 2023 se espera además precisar los términos para ampliar las capacidades defensivas de Rota, tras las negociaciones previstas sobre el envío de dos destructores adicionales.

Las grandes empresas españolas tienen puesta la vista en la implementación de dos iniciativas legislativas en EEUU: la ley de infraestructuras de noviembre del 2021 y la IRA. Ambas han suscitado el interés de empresas españolas con presencia al otro lado del Atlántico: tanto de las grandes compañías de infraestructuras como de las energéticas, ya que la IRA hace hincapié en las renovables y en la transición energética. Sin embargo, también hay preocupación por las subvenciones de dicha ley, porque pueden ir contra las reglas del comercio internacional.

En definitiva, la presidencia española de la UE deberá reforzar la relación UE-EEUU y la bilateral. El interés por América Latina puede empezar a materializarse en los ámbitos como el tecnológico y digital, de seguridad interior, de migraciones y gobernanza democrática. La Administración Biden buscará fortalecer no solo su relación con la UE -sobre todo de cara a la competición con China- sino también las relaciones bilaterales con las capitales europeas. España tiene una gran oportunidad. Ucrania, transición energética y América Latina pueden ser los puntos de partida.

Relación bilateral y de la UE con China y la región Asia-Pacífico

Como se anticipó en la edición anterior de este documento, la UE y España han seguido profundizando sus vínculos con Asia-Pacífico en 2022 debido al creciente peso relativo de esta región dentro de la comunidad internacional. Esto ha sido particularmente patente con los países en vías de desarrollo y con aquellos con los que se comparten valores y alineamiento geoestratégicos. Con los primeros ha tenido un gran protagonismo la cooperación europea enmarcada dentro de su estrategia para el Indo-Pacífico -véase el Foro Ministerial para la Cooperación en el Indo-Pacífico de febrero de 2022- y de la iniciativa Global Gateway, que se ha promovido particularmente entre los países del Sudeste Asiático y Asia central. En relación con los segundos, la necesidad de cooperar en materia de seguridad y defensa se ha hecho todavía más evidente tras el estrechamiento de la asociación estratégica entre China y Rusia y la invasión rusa de Ucrania. El avance más notable en este sector se ha dado dentro de la OTAN, con la participación de sus cuatro socios de Asia-Pacífico por primera vez en una de sus cumbres.

La evolución del contexto político interno de China en 2022 ha deteriorado aún más su imagen dentro de la UE, situando los derechos humanos en el centro de la agenda bilateral y haciendo imposible la mejora de la relación. Es más: el acercamiento chino a Rusia, su posición ante la guerra en Ucrania y las dinámicas en el estrecho de Taiwán -con aumento de la presencia militar china y expansión de las relaciones de la UE con Taipéi- han tensionado más las relaciones sino-europeas.

Por su parte, Corea del Norte ha seguido desarrollando su programa nuclear en 2022, lo que mantiene a Pyongyang como foco activo de tensión regional y dificulta cualquier mejora significativa de sus vínculos con la UE y sus Estados miembros. Es de esperar que estas dinámicas continúen en 2023, sin cambios estratégicos mayores, aprovechando el actual contexto en el que China y Rusia son claramente reticentes a aprobar sanciones adiciones contra el régimen norcoreano.

En China, a raíz del 20º Congreso Nacional del PCCh, es probable la nominación Li Qiang como primer ministro, lo que permitirá a Xi Jinping tener un control todavía más directo de la política económica. Asimismo, tras su nombramiento como miembro del Politburó, Wang Yi, actual ministro de Asuntos Exteriores, podría sustituir a Yang Jiechi como principal figura diplomática dentro del Partido tras Xi. Su promoción a un cargo más alto supondrá la designación de un nuevo ministro de Exteriores. A nivel de acción política, probablemente la cuestión más significativa sea la difícil transición de una estrategia de "COVID-cero" a otra basada en la convivencia con el virus. Además, será significativo ver cómo reacciona Pekín una vez se conozca el candidato electoral del Partido Democrático Progresista, gran favorito a las próximas elecciones presidenciales taiwanesas previstas para principios de 2024, y a las que no podrá presentarse la actual presidenta. Si presentara un candidato de marcado perfil independentista, esto podría generar una respuesta coercitiva por parte de Pekín.

En política exterior, se celebrará el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), y posiblemente un tercer Foro de la misma, aunque probablemente pierda protagonismo como estrategia insignia de la diplomacia china a favor de la Iniciativa para el Desarrollo Global (GDI) y la Iniciativa de Seguridad Global (GSI).[29] La GSI es relativamente innovadora, al institucionalizar la cooperación internacional en el ámbito de seguridad. Su marco geográfico muy posiblemente se restringirá a la vecindad china y a regímenes afines. En el contexto de competición estratégica, la rivalidad tecnológica con EEUU se está intensificando, con sanciones estadounidenses extendidas. No obstante, China debería incrementar sus capacidades autónomas de producción de semiconductores en tecnologías no punteras y podría ganar cuotas de mercado en este segmento a lo largo del año próximo.

Corea del Sur y Japón también persiguen estrategias plurianuales de inversión y desarrollo en tecnologías estratégicas en el ámbito digital o en sectores vinculados a la transición climática, cuya implementación empezara en 2023. Ambos países también deberían adoptar presupuestos de defensa récords frente al incremento en modernización de las capacidades militares chinas y las tensiones fomentadas por Corea del Norte. Este entorno estratégico, y la coyuntura política, los ha llevado a reanudar un dialogo de alto nivel en margen de cumbres internacionales, como la de la OTAN en Madrid, la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre y la Cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en Phnom Penh en noviembre. Este dialogo debería mantenerse en 2023, con un encuentro trilateral con EEUU previsto en el primer trimestre.

Las elecciones significativas a nivel nacional o subestatal que se celebrarán en la región incluyen seis de los 10 países de la ASEAN, Pakistán y la India. La posible elección de un candidato populista autoritario en Indonesia, de obstrucción electoral en Tailandia, o de sucesión dinástica en Camboya (a lo que se añade el caso particular de Birmania) plantean un mantenimiento o fomento de tendencias iliberales e incluso de un retroceso democrático.

Es previsible que en 2023 Asia-Pacífico tengo poco protagonismo en Europa, a menos que estalle una crisis regional de cierta intensidad, como podría producirse en la península coreana. No obstante, la cumbre UE-ASEAN en diciembre de 2022, así como el plan 2023-2027 para la implementación del acuerdo estratégico UE-ASEAN generarán cierta dinámica política. Asimismo, aunque se prevé que la futura presidencia española del Consejo de la UE tenga otras preferencias, la reanudación de visitas de alto nivel a la región tras el parón del COVID-19, incluirá encuentros bilaterales de Pedro Sánchez con líderes de la India, Indonesia y Singapur en el marco del G20 y su futuro viaje a la India. Es posible que se le sume una visita a China, en marco del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular, siguiendo el ejemplo de otros líderes europeos. A nivel institucional, el liderazgo de países asiáticos en foros multilaterales, con la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de Japón (enero) y China (noviembre), y la presidencia del G20 por parte de la India, contribuirán a la aproximación europea hacia Asia-Pacífico. En particular, se espera una revisión de la estrategia de la UE hacia China a la luz de la nueva estrategia alemana hacia este país, que verá la luz en primavera de 2023, y la revisión de la estrategia de Berlín hacia el Indo-Pacífico.

Sería deseable que España aprovechase, en la medida de sus posibilidades estas dinámicas para incrementar su presencia en esta región y promover inversiones productivas. Algunos sectores especialmente atractivos serán los vinculados a las transiciones digital y verde, seguridad y defensa.

América Latina

Contexto regional

El año 2023 va a comenzar de un modo intenso para la relación entre España y América Latina, que seguirá marcada por los prolongados efectos de la pandemia y por la agresión rusa a Ucrania. El 1 de enero fue la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, a la que asistió el rey Felipe VI, tal como viene haciendo en otras situaciones semejantes. El triunfo de Lula, que le permitirá ejercer un tercer mandato, supuso un paso más en la secuencia de elecciones latinoamericanas ganadas por la oposición, lo que algunos interpretan como un giro a la izquierda o una "ola rosa". Esto no evitó, una semana después, la violenta respuesta de un bolsonarismo que habrá que ver cómo se articula en tanto oposición.

En el nuevo año se comprobará la validez de semejante tendencia. A lo largo de los 12 meses habrá elecciones presidenciales en Argentina, Guatemala y Paraguay. También se elegirá al gobernador del estado de México, hasta ahora un tradicional feudo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin olvidar el renovado proceso constituyente que debería tener lugar en Chile, una verdadera prueba de fuego para el gobierno del presidente Gabriel Boric, que concluye 2022 con una importante caída en su popularidad.

En Argentina, el gobierno kirchnerista/peronista afronta el final de su mandato en condiciones complicadas, agravadas por la condena por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Si la oposición del centro-derecha y el radicalismo se mantiene unida, tiene serias posibilidades de recuperar el poder, sin olvidar las opciones del libertario -populista de extrema derecha- Javier Milei. En Paraguay, el hegemónico Partido Colorado afronta los comicios dividido y con sanciones por corrupción de EEUU a algunos de sus principales dirigentes. Pero, si logra evitar la ruptura entre los seguidores del presidente Mario Abdo Benítez y los del expresidente Horacio Cartes, sus opciones de imponerse a Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y posible candidato de la Concertación (centro izquierda) son elevadas. En Guatemala, las dos candidatas que de momento tienen mayores opciones son la conservadora Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, y la populista (de centro-izquierda) Sandra Torres, exmujer del expresidente Álvaro Colom.

En estos tres casos, la probabilidad de triunfo de algún candidato "progresista" es mucho más remota que las victorias que se vaticinaban, por ejemplo, en 2022 en Colombia y Brasil. Si a esto se agrega un buen desempeño de la derecha chilena a la hora de constituir la nueva Asamblea Constitucional, la idea del "giro a la izquierda" sería puesta en cuestión. Por su parte, el resultado del estado de México daría importantes referencias acerca de las opciones de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales no puede aspirar a la reelección.

En 2023 también se verá si Perú, una vez resuelto el problema de la continuidad de Pedro Castillo, se encamina o no hacia una nueva crisis institucional bajo la presidencia de Dina Boluarte; si en Bolivia se reconduce la pugna entre el gobierno nacional y el gobierno departamental de Santa Cruz, motor económico del país. Sobre la región sobrevolarán otros riesgos: los efectos de la crisis haitiana sobre la República Dominicana, la viabilidad de Nayib Bukele en El Salvador y de Xiomara Castro en Honduras, y la difícil convivencia en Costa Rica entre el presidente Rodrigo Chaves y la Asamblea Nacional.

Los resultados electorales, con independencia de la identidad de los ganadores, incidirán en la correlación de fuerzas intrarregional y también en el diseño de las alianzas que podrían tejerse tanto dentro de América Latina como fuera de ella. Por eso habrá que ver cómo la presencia de tantos gobiernos de izquierda condiciona o no la política regional, una cuestión no tan sencilla como algunos medios de comunicación intentan transmitir.

Todo ello genera interés para buena parte de los actores extrarregionales y más en la coyuntura marcada por la postpandemia y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. La invasión vulneró la soberanía territorial de un país libre y reconocido internacionalmente, algo que los gobiernos y las sociedades latinoamericanas recalcan constantemente. Pero, más allá de la votación en los organismos internacionales, las respuestas regionales, salvo algunas excepciones y la postura de aquellos países alineados abiertamente con Moscú, fueron de escaso o nulo compromiso con la UE y EEUU. De hecho, ningún país latinoamericano se sumó a las sanciones contra Rusia.[30]

En el plano económico, el crecimiento seguirá siendo sumamente limitado: de acuerdo con los pronósticos se espera que la región crezca un 2% en 2023, después de hacerlo en un 3,5% en 2022. La reconfiguración de las cadenas globales de valor y de abastecimiento, con el fenómeno paralelo del nearshoring o friendshoring, puede suponer algunas buenas noticias, aunque de momento sin efectos duraderos. De acuerdo con este diagnóstico general, los cuatro mayores desafíos económicos que enfrentará la región son: 1) prevenir crisis de deuda soberana ante el deterioro económico global; 2) quebrar la dinámica inflacionaria; 3) impulsar el crecimiento tras una década de estancamiento y 4) gestionar la puja distributiva.

El primer desafío es la aceleración inflacionaria en EEUU y buena parte de mundo, que (combinada con el endurecimiento de la política monetaria, la subida de los tipos de interés, las turbulencias financieras y las presiones recesivas) hacen pensar en diversos procesos de reestructuración de la deuda externa, algunas veces acompañados de defaults, en los países emergentes y, en particular, en América Latina. Pero a diferencia de lo ocurrido en la década los años 80, la región está hoy en una posición más sólida, lo que le permite capear mejor el temporal.[31] La principal diferencia no es el nivel de endeudamiento externo (algo más frágil que a principios de la década de los 80) ni la liquidez internacional, sino que el déficit de cuenta corriente (que mide la dependencia del financiamiento externo) es cuatro veces menor que 40 años atrás. Esto reduce la probabilidad de que las economías regionales tengan que procesar ajustes externos y cambiarios traumáticos ante la dificultad de acceso al financiamiento externo. De este modo, los problemas de deuda externa, como los que ya enfrentan algunos países (Argentina, Ecuador, Costa Rica y El Salvador) serán selectivos, pero no necesariamente generalizados.

En segundo lugar, la inflación es hoy una preocupación central de la economía mundial. La formidable expansión de los agregados monetarios en EEUU a raíz de la pandemia y la demora en retirarlos tuvieron un impacto negativo en América Latina. El aumento de la inflación estadounidense se tradujo en una mayor inflación importada y la expectativa de una política monetaria más restrictiva provocó depreciaciones generalizadas. Los tempranos aumentos de los tipos de interés decretados por algunos bancos centrales (Brasil) tuvieron éxito en que el proceso inflacionario no se disparara. Asumiendo un escenario sin interrupciones repentinas de los flujos de capital, en los próximos meses la inflación puede comenzar a bajar más rápidamente, aunque en Argentina y Venezuela continuará siendo muy alta. En este contexto, es previsible que los bancos centrales mantengan políticas restrictivas hasta que la inflación disminuya de un modo consistente.

En lo que respecta al crecimiento, tras el súper ciclo de las materias primas (2004-2013), el PIB per cápita regional se estancó entre 2014 y 2019, en un contexto global más favorable que el actual. La pandemia y la invasión rusa empeoraron las cosas y se espera que solo en 2023 se consiga recuperar el PIB per cápita de 2019. De ahí la necesidad de introducir un debate clave, que se intensificará en los próximos años: ¿cómo crecer de manera sostenida y sostenible? La combinación de bajo crecimiento y elevadas tasas de interés y endeudamiento no deja margen para la acción pública (a diferencia de lo ocurrido durante el súper ciclo, con ingresos fiscales abundantes). En este contexto, el estancamiento del PIB per cápita planteará una "puja distributiva", con su correlato en la intensificación de demandas sociales en las clases medias emergentes.

En ausencia de un crecimiento vigoroso (no previsto para los próximos años), la puja distributiva estará inevitablemente presente durante un cierto tiempo, lo que demandará medidas políticas y económicas eficaces para limitar sus efectos. La forma en que se procesen las demandas sociales, sin comprometer la estabilidad ni los incentivos a la inversión, la innovación y el crecimiento marcarán, sin lugar a duda, el destino de América Latina. Desde esta perspectiva, la renegociación de los contratos sociales sería un importante paso adelante.

Al margen de los problemas económicos, la región debe afrontar otras cuestiones que son fuente de conflictividad en las distintas sociedades nacionales, como las migraciones irregulares, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, un fenómeno agravado por la expansión continental de los carteles de la droga mexicanos y brasileños. Todas estas cuestiones impulsan la expulsión de población en algunos países, cuyo destino es EEUU, la UE (España) y, en algunos casos, los propios países de la región (entre ellos Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana). Tampoco se puede olvidar la polarización política, la presencia de experiencias populistas de distinto signo y la proliferación de regímenes iliberales (algunos, como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un claro signo autoritario). Por eso no sería descartable, en algunos casos, el retorno de la protesta social, incluso con brotes violentos, como se observa tanto en la Patagonia chilena como en la argentina. La fragmentación existente en América Latina, que impide a la región hablar con una sola voz, dificulta coordinar políticas que permitan impulsar soluciones consensuadas para los problemas más urgentes.

Relaciones con España y la UE

A la vista de los cambios económicos y políticos que ocurren en algunos países de América Latina, el interés de muchos de sus ciudadanos y empresas por España se ha incrementado en los últimos años. Por un lado, con un sostenido aumento de la inmigración, que afecta tanto a grupos pertenecientes a las clases medias emergentes como a sectores de mayores recursos. Por el otro, con una mayor presencia de inversiones latinoamericanas en España, que afectan no solo al sector inmobiliario, sino también al resto de la inversión productiva.

Teniendo en cuenta que buena parte de la imagen de España en América Latina es producto de las imágenes y valoraciones que proyectan los inmigrantes en sus sociedades de origen, la administración española (en sus niveles nacional, autonómico y municipal) debería dar respuestas positivas para facilitar las condiciones de vida de estos grupos. Dada la buena receptividad que tiene la migración latinoamericana en todo el espectro político nacional, sería un objetivo que no provocaría grandes recelos.

En sentido inverso, la situación económica latinoamericana condiciona algunas decisiones empresariales sobre la oportunidad y el monto de las inversiones en determinados países. El desenlace de algunos proyectos de reformas económicas más o menos profundas (reformas tributarias y del sistema de pensiones, por ejemplo) añaden ciertas dosis de incertidumbre sobre el futuro. Lo que está ocurriendo en Chile y Colombia, así como lo que podría pasar en Brasil, son un ejemplo de lo que aquí se apunta. De todos modos, las empresas españolas presentes en esos países, muchas de ellas con un profundo conocimiento de su realidad, no están viviendo con excesivo temor los cambios políticos que se están produciendo.

En líneas generales, las relaciones bilaterales de España con el conjunto de la región son relativamente satisfactorias, más allá de ciertas fricciones en algunos casos concretos. También hay oportunidades que se abren y que habrá que estar atentos para saberlas aprovechar. Entre las mayores dificultades sobresale la relación con México, que seguirá siendo una constante fuente de conflicto. Dadas las dificultades que parece estar encontrando el presidente López Obrador para llevar adelante su tan deseada reforma del sistema electoral y la creciente proximidad de las elecciones de 2024, se persiste en la tendencia de movilizar a los sectores más leales atizando el componente antiespañol del nacionalismo mexicano. En este sentido, destacan unas recientes declaraciones del presidente que afirmaba que España ha dado "continuidad" al franquismo "sin Franco" y que, pese a los cambios de los últimos años, la presencia del franquismo no ayuda a los valores democráticos. Los repetidos ataques contra España y su ausencia de tres grandes cumbres internacionales en noviembre de 2022 (COP27, G20 y APEC), así como de otras similares en los últimos cuatro años, sientan un mal precedente de cara a la Cumbre Iberoamericana (en marzo) y en la UE-CELAC (en julio).

En Colombia, el proceso de "paz total" iniciado por el presidente Petro podría ser una buena oportunidad para que España vuelva a evidenciar su compromiso con la región, pese a la existencia de fuertes condicionantes, como la resistencia venezolana, para desempeñar un papel protagónico[32]. En Nicaragua, mientras se prolongue la política represiva y dictatorial del matrimonio Ortega-Murillo, será muy difícil recuperar el diálogo bilateral, hoy bastante maltrecho, especialmente tras la expulsión de la embajadora de la UE en octubre de 2022.

Cuba, por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, es un caso especial. La diplomacia española deberá seguir con atención lo que allí ocurre, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente, como por la manera en que podría afectar la relación bilateral. Algo similar ocurre con relación a Venezuela, especialmente tras el inicio de un incipiente acercamiento con EEUU y la posibilidad de que se reanuden las negociaciones con la oposición en la Ciudad de México.

La relación de España, y también de la UE, con América Latina está condicionada por la fragmentación que atraviesa la región y la forma en que ésta incide en la formulación de la política exterior de sus diversos países, impidiéndoles alcanzar los más mínimos consensos en temas relevantes, tanto de la propia agenda regional como de la internacional. En la coyuntura marcada por la invasión rusa de Ucrania, España y la UE necesitan potenciar la relación con América Latina, reformulando en buena medida las alianzas previamente existentes. Sin embargo, en el pasado los esfuerzos hechos para potenciar el vínculo birregional han demostrado tener límites.

Hoy América Latina tiene un renovado interés para la UE, tanto porque la mayoría de las democracias existentes en la región suponen un importante dique de contención frente a los regímenes autoritarios e iliberales que proliferan en el mundo, como por la gran disponibilidad de materias primas y recursos naturales para hacer frente a la actual coyuntura y a su papel clave en los retos globales del futuro inmediato (cambio climático y transformación digital). Así, por ejemplo, la región posee abundantes recursos hidrológicos, el 86% de las reservas mundiales de litio y grandes yacimientos de minerales estratégicos (cobre, cadmio, etc.), así como un gran potencial para generar energías renovables, incluyendo el hidrógeno verde.

Para poder romper el impasse (e incluso el desinterés de muchos Estados miembros de la Unión) es preciso que en Madrid y Bruselas se definan las líneas centrales de una estrategia más asertiva hacia América Latina. Para potenciar la relación y neutralizar, en cierta medida, la presencia e influencia de otros actores extrarregionales, como China, Rusia e Irán, es necesario que la UE invierta mucho capital político y físico en la región en los próximos años. La presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 será una buena oportunidad para impulsar la relación entre la UE y América Latina, como ya ocurrió en 1989, 1995, 2002 y 2010. En esta ocasión, se podrán reforzar las demandas existentes en la actual coyuntura. Ahora bien, uno de los mayores empeños de la presidencia pasa por tratar de evitar que todos los esfuerzos y trabajo depositado en un semestre no se agote en tan corto período de tiempo, sino que vaya más allá, construyendo logros duraderos y sostenibles a medio y largo plazo.

La proyección latinoamericana de España se asienta, por un lado, en los lineamientos de su política exterior y, por el otro, en el marco de la acción exterior europea definido por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Una acertada combinación de ambos factores permitirá reforzar la presencia e influencia españolas en la región. Como se ha mencionado anteriormente, 2023 presenciará dos encuentros importantes: la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en República Dominicana en marzo; y la Cumbre UE-CELAC, en julio en Bruselas. Hay cuatro líneas de acción básicas que permitirían redefinir la relación birregional: 1) impulsar una articulación política más permanente, 2) avanzar en los acuerdos comerciales aún pendientes de ratificación (UE-Mercosur) o de renovación (UE-Chile y UE-México), 3) incrementar el flujo de las inversiones y 4) repensar la estrategia de cooperación en un contexto postpandemia.

Como señaló el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand: "Considerando que España estará a la cabeza de la UE, y que el alto comisionado sea un español, los astros están alineados de manera tal que podamos tener un relanzamiento de las relaciones entre Latinoamérica y Europa". En este sentido, el lema de la Cumbre, "Juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible", señala algunos de los lineamientos clave para sostener la relación, partiendo de una clara definición del Pacto Verde y de la transformación digital. Desde esta perspectiva, la agenda de la Cumbre incluye avanzar en la definición de una Carta Iberoamericana de Derechos Digitales y de una Carta Ambiental Iberoamericana y contribuir a la formación de una "Arquitectura Financiera Internacional".

Con la Cumbre UE-CELAC, que se celebrará tras siete años de parálisis (en 2015 se reunió la última), Bruselas aspira a convertir América Latina en uno de los ejes prioritarios de su proyección internacional, especialmente relevante en el nuevo contexto geopolítico que comenzó a definirse tras la invasión de Ucrania. Esto ocurre tras el largo eclipse en la relación debido a problemas internos de la UE (crisis de 2008 y Brexit), las renovadas prioridades geopolíticas europeas y la apuesta latinoamericana por otros actores internacionales, como China.

Para que la UE recupere protagonismo en América Latina, con una estrategia eficaz ante el avance de China, se debe rediseñar el vínculo, logrando que vaya más allá de los intercambios comerciales, con otros componentes políticos, económicos, sociales y de seguridad, que trasciendan la retórica tradicional de las buenas intenciones y de los valores compartidos.

Para ello, tanto la UE como los países de América Latina deberían clarificar su papel internacional. Por el lado de América Latina ésta debe generar un consenso mínimo entre la mayor parte de los países que la componen, para convertirse en un interlocutor fiable. A su vez, para recuperar influencia y presencia en la región, la UE debe diseñar una agenda atractiva para América Latina, especialmente ante la creciente presencia china. Se trata de no replicar el vínculo asimétrico entre los países latinoamericanos y China (y previamente con EEUU), basado en la dependencia económica y comercial y, eventualmente, política. La relación reformulada debería ser mucho más horizontal, teniendo presente los valiosos aportes latinoamericanos para dar respuesta a los problemas globales y también para dinamizar la relación birregional. Vistas las grandes dificultades existentes en América Latina para reforzar la arquitectura institucional de su integración y el estado de fragmentación existente, la UE debería ser capaz de combinar su apuesta por potenciar la relación birregional (a través de la CELAC) con un mayor despliegue en lo que respecta a las relaciones bilaterales, comenzando por promover las alianzas estratégicas existentes con México y Brasil.

Democracia, derechos y ciudadanía

Calidad democrática y Estado de derecho

La situación mundial y europea en lo relativo al fomento de la democracia y el respeto a los derechos está marcada en el tránsito de 2022 a 2023 por el impacto de la guerra en Ucrania y los claroscuros que ha supuesto. Es, ante todo, una agresión contra un Estado soberano (la violación más execrable del Derecho Internacional) desencadenando crímenes de guerra y violaciones flagrantes de derechos humanos. En el lado positivo, ha ayudado a movilizar la defensa de un país que quiere ser democrático frente al ataque de un régimen autoritario y ha revitalizado la reivindicación del orden internacional liberal en los debates nacionales internos, en la UE y en los foros globales. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado por amplia mayoría, aunque con la abstención de China, India y otros países relevantes del sur global, la invasión rusa dos veces, en marzo y octubre. España y el resto de los países europeos impulsaron sendas resoluciones, afirmándose como defensores de valores fundamentales (paz, autodeterminación, integridad territorial, derecho humanitario) y mostrando generosidad para la asistencia a los refugiados.

Otras consecuencias más indirectas de la guerra también pueden incluirse en el catálogo de efectos negativos, como los interrogantes por doble rasero (frente a conflictos ignorados en otras zonas del mundo) y el riesgo de retrocesos en la exigencia de cumplimiento de los altos estándares de respeto a la democracia y a la división de poderes exigibles, al menos, a los Estados miembros de la UE. En los procedimientos seguidos contra los casos recalcitrantes de violaciones del Estado de derecho en Polonia y Hungría, la Comisión ha adoptado una postura más laxa con Varsovia, influida por el papel geoestratégico de un país que está en primera línea del conflicto y recibe a muchos refugiados ucranianos. Y puede que, incluso, deba ceder frente a Budapest. La congelación de fondos y otras acciones contra el gobierno de Víktor Orbán (cuyo régimen ha sido declarado autocracia electoral por el Parlamento Europeo) están en riesgo por la necesidad de contar con la unanimidad para aprobar nuevas sanciones a Rusia y más ayuda a Ucrania.

Por desgracia, la recurrencia de los ataques al Estado de derecho en Polonia y Hungría no son la única mala noticia para la calidad democrática. La anterior edición de este documento señalaba que "el auge de la polarización sociopolítica afecta ya a casi todas las democracias occidentales".[33] El año ha dejado constancia de ello. Las elecciones de medio mandato en EEUU, donde fueron electos 178 republicanos que niegan los resultados electorales de 2020; la negativa de Jair Bolsonaro a reconocer oficialmente su derrota electoral en Brasil; los avances de derecha radical en las elecciones francesas, suecas e italianas; y hasta una conspiración golpista en Alemania son muestras de que el panorama no se limita a registrar defectos en países puntuales o un alza más o menos coyuntural de la crispación social y política, sino que existe una tendencia robusta y generalizada de amenaza a la salud de las democracias consolidadas.

España no escapa a ese fenómeno e incluso se ha convertido en caso paradigmático de estudio de la llamada polarización afectiva, con niveles de confianza en las instituciones que quedan muy por debajo de los países de su entorno. La fuerte confrontación está alimentada, sobre la base previa de años de crisis económica y territorial, por el auge de partidos en los extremos y por contenidos sensacionalistas cada vez más frecuentes en los medios de comunicación o las redes sociales. La tensión política no solo se manifiesta en una relación bronca entre gobierno y oposición, sino que también estructura la competición dentro de cada uno de los bloques ideológicos. El PP, a pesar de un cambio de liderazgo en 2022 que buscaba orientarse al centro político, sigue condicionado por el temor a perder votos por su derecha. Paralelamente, se multiplican las diferencias en el seno de la coalición gobernante y dentro del propio espacio a la izquierda del PSOE porque así se puede marcar perfil propio. No obstante, los elementos polarizantes se concentran en consignas identitarias, guerras culturales y discursos divisivos sobre las supuestamente pobres credenciales democráticas del adversario, sin que apenas se discuta en la esfera pública sobre discrepancias de fondo acerca de los grandes desafíos de España y las políticas para abordarlos.

El consenso todavía dominante sobre política exterior y europea, que contrasta con las graves divisiones existentes en otros países acerca de su posición internacional, es un buen exponente de esa distancia paradójica entre radicalismo retórico y realidad mucho más moderada. Así, por ejemplo, puede mencionarse el contenido marcadamente europeísta del Informe de las Cortes Generales relativo a la Conferencia sobre el futuro de Europa, que fue aprobado en noviembre de 2022 por todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de Vox. También destaca, frente a la controversia que ha suscitado la cuestión en otros países europeos, el respaldo contundente a Ucrania, expresado en el aplauso casi unánime del Congreso de los Diputados al discurso pronunciado en abril por el presidente Volodímir Zelenski en el Congreso. Un apoyo que se extiende a la opinión pública, tal y como muestran las encuestas realizadas, entre otros, por el Real Instituto Elcano. La percepción exterior de la situación en España también resulta marcadamente más favorable que lo que se trasluce de la tensión con la que convive la ciudadanía.

De todos modos, no abundan los motivos para la complacencia. El clima político en 2023 quedará dominado por la celebración de distintas elecciones, incluyendo las generales, que están programadas para final de año. Las consideraciones electorales se interpondrán a cualquier intento de alcanzar consensos entre PSOE y PP. Prueba de ello es el sostenido fracaso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que amenaza con agravarse en el nuevo año, ampliándose el choque al Tribunal Constitucional. Este conflicto institucional ya le ha costado a España advertencias de la Comisión Europea, así como un descenso en la valoración de la calidad de su sistema político, que según el Economist Intelligence Unit (en su informe de 2021, publicado en marzo de 2022) pasó de democracia plena a democracia con defectos.

El calendario también condicionará el desempeño de la actuación diplomática española con el riesgo de que esta se politice y erosione los mencionados consensos en materia europea e internacional. La presidencia del Consejo de la UE se desarrollará en la segunda mitad del año y, por tanto, comenzará tras las elecciones municipales y autonómicas, para terminar poco después de celebrarse las generales. A la espera de que se concrete el programa para el semestre, no es arriesgado anticipar que parte de la agenda desplegada, al margen de su contenido, será criticada por electoralista. En el ámbito más amplio de la política exterior, dominará igualmente el deseo por marcar distancias de cara a las urnas, de modo que es de esperar confrontación en aspectos divisivos como, por ejemplo, Sáhara Occidental (considerando, además, que el giro llevado a cabo en 2022 respecto a este contencioso se realizó sin contar con el consenso que sería deseable para decisiones de esta trascendencia).

En lo referente a la cuestión catalana, que desde hace años va perdiendo presencia internacional, se espera para 2023 distintas decisiones de los tribunales europeos en Estrasburgo y Luxemburgo. Dependiendo del sentido de esos pronunciamientos, se puede llegar al fin de la inmunidad europarlamentaria de Carles Puigdemont que desembocaría en su detención y juicio, pero también en un conflicto con el Poder Judicial belga si vuelve a rechazar las euroórdenes o incluso en desautorizaciones de distinto alcance a la actuación del Tribunal Supremo desde 2017. En todo caso, el independentismo termina el año desmovilizado y dividido, quedando además el sector unilateralista en minoría, lo que reduce la preocupación de la diplomacia española. Esa pauta debería contribuir a rebajar las tensiones territoriales, que explican buena parte de la polarización en los últimos años, pero eso no se producirá en el corto plazo, Al contrario, la controvertida reforma de la sedición y otros delitos en el Código Penal (que la oposición considera un intercambio de favores indigno, mientras que el PSOE defiende que puede servir para facilitar la entrega a España de los huidos) acentuará aún más la confrontación política.

España y los Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumplirá 75 años en 2023, está en entredicho. La agresión rusa en Ucrania, que está causando un enorme sufrimiento de la población ucraniana y ha supuesto la retirada rusa del Convenio Europeo de Derechos Humanos, marca un fuerte retroceso en este sentido. En palabras del nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk: "necesitamos recuperar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y hemos de encontrar también una nueva energía que consiga motivar a los jóvenes de todo el mundo". Por ello, el Día de los Derechos Humanos 2022 (10 de diciembre) se dedicó a abordar ese reto mediante la educación, promoción, movilización y empoderamiento de los grupos más vulnerables y la sociedad civil. Más allá, se espera que los gobiernos con un claro compromiso con los derechos humanos, como España, asuman su responsabilidad a través de una promoción continuada de los mismos, tanto en su orden interno como en su acción exterior.

La Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 hace hincapié en la universalidad de los derechos humanos, comprometiéndose a condenar y combatir sus vulneraciones con independencia de dónde se produzcan. Asimismo, manifiesta la indivisibilidad de estos derechos cuando prioriza tanto los de carácter civil y político como los de carácter económico y social. Las prioridades españolas son la "defensa de las libertades, la abolición de la pena de muerte, el combate contra todo tipo de discriminación y el avance de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento", haciendo especial énfasis en la implicación del sector privado y las empresas en su defensa y promoción. Otra iniciativa destacable durante 2022 ha sido la presentación de la candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2027. En septiembre, España presentó una declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre Alegaciones de genocidio bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Ucrania c. Rusia).

El compromiso español hacia la protección universal de los derechos humanos se manifiesta también en los esfuerzos por dar cumplimiento a las decisiones o sentencias condenatorias de su conducta emitidas por los órganos internacionales especializados en derechos humanos, incluyendo aquellas que resultan políticamente sensibles. Para ilustrar, en línea con las recomendaciones del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas de 2021, España ha adoptado la Ley sobre la Memoria Democrática a favor de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Se espera que España siga con la misma actitud a la hora de cumplir las sentencias o decisiones internacionales condenatorias que han sido emitidas durante 2022 y las que puedan venir en 2023.

En el último año España ha sido sometida a múltiples exámenes internacionales que han producido condenas. La mayoría de estos casos concierne al derecho a la vida privada que corresponde a una obligación estatal de proteger. En la sentencia en el caso de M.D. y otros c. España (28 de junio), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que España había vulnerado el derecho a la vida privada de un grupo de jueces que habían firmado un manifiesto sobre el "derecho a decidir" del pueblo catalán, por el incumplimiento del deber de investigar la filtración de datos sobre estos jueces a la prensa. En el caso Reyes Jiménez c. España (8 de marzo), que concernía a un niño expuesto a una intervención quirúrgica con consecuencias muy graves sobre su salud sin que sus padres hubieran dado su consentimiento libre e informado, el mismo Tribunal determinó que España había vulnerado el derecho a la vida privada. Un dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (14 de julio) declaró que una mujer que había sido sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento había sido víctima de violencia obstétrica.

Otros exámenes que han producido decisiones internacionales condenatorias conciernen a vulneraciones de otros derechos fundamentales. En primer lugar, un dictamen del Comité de Derechos Humanos (12 de julio) concluye que España vulneró los derechos políticos de cuatro exmiembros del gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones tras el referéndum independentista de 2017, antes de existir una condena de su conducta. En el caso Atristain Gorosabel c. España (18 de enero), El Tribunal Europeo declaró que España vulneró el derecho a un proceso judicial equitativo cuando se utilizó la confesión inicial de un sospechoso de terrorismo mantenido en detención incomunicada y al que se le negó, sin razones individuales, asistencia letrada. Otro caso destacable que fue examinado por el mismo Tribunal concernía una decisión de un tribunal español de conceder la custodia de una niña de siete años a su padre, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales que pesaban sobre él. El Tribunal consideró que esta decisión vulneró el derecho a la familia (Veres c. España, sentencia del 8 de noviembre).

Migraciones y fronteras

El principal acontecimiento producido durante 2022 en el terreno de las migraciones internacionales ha sido uno completamente inesperado: la invasión de Ucrania por las tropas rusas y la salida de varios millones de refugiados ucranianos hacia la UE. Este flujo, compuesto básicamente por mujeres y menores de edad, ha sido recibido en los Estados de la Unión, por parte de la sociedad y de las instituciones, con los brazos abiertos, en una respuesta positiva que se ha visto institucionalizada a través de la activación de la Directiva de Protección Temporal, aprobada en 2001 pero nunca antes empleada.

Alrededor de 180.000 refugiados ucranianos llegaron a España, sobre todo en los primeros meses tras la guerra.[34] Parte de ellos han retornado a Ucrania o se han trasladado a otros países de la UE. Las cifras más recientes disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (septiembre de 2022) señalan un total de 240.000 ucranianos empadronados en el país, de los cuales 143.000 se han acogido al estatus de protección temporal de la Directiva (la mayor parte del resto residía ya en el país con anterioridad a la guerra). España es, en el contexto europeo, un destino de tamaño medio, semejante a Italia o el Reino Unido, con cifras parecidas de refugiados ucranianos, pero lejos de la República Checa, con medio millón, Alemania, con más de un millón, y de Polonia, con millón y medio.

Los problemas suscitados por este acogimiento son semejantes en toda Europa. A partir de una primera reacción de extraordinaria movilización de la sociedad, con miles de iniciativas de particulares para recoger a refugiados ucranianos y un gran esfuerzo de gestión y provisión de alojamientos y ayudas por parte de las instituciones, se ha pasado a otra fase en la que prima la preocupación por el desafío de la integración a largo plazo (trabajo, vivienda, educación) y se comienza a detectar cierto cansancio de las poblaciones locales, mientras que la perspectiva temporal de la duración de este refugio se alarga. En España, siempre destacada en este terreno, la población sigue mostrando un apoyo muy masivo a la acogida de los refugiados ucranianos, mucho más alta que a la acogida de otros refugiados y más alta también que la de países vecinos.

La activación de la Directiva de Protección Temporal, aprobada por unanimidad de los Estados miembros de la UE, no ha supuesto un cambio sustancial de posiciones respecto a los refugiados o peticionarios de asilo procedentes de otras zonas del mundo. En consecuencia, la reforma del sistema de asilo europeo, una tarea pendiente desde 2015 y una prioridad para España, sigue bloqueada. El Consejo Europeo de junio de 2022, bajo la presidencia de turno francesa, consiguió avances en aspectos parciales (el procedimiento de screening en frontera de los que llegan de forma irregular, la base de datos de EURODAC) pero no en el que preocupa más a España y los demás países del sur europeo: el reparto entre los Estados europeos de los llegados por mar de forma automática y no dependiente de la voluntad de los Estados en cada momento. El Consejo aprobó la puesta en marcha de un mecanismo de reparto voluntario que, hasta ahora, en la práctica no ha funcionado, ya que sólo ha conseguido el reparto efectivo de unos cientos de inmigrantes, frente a las 8.000 plazas ofertadas por varios Estados.

Por otra parte, el triunfo electoral del partido Hermanos de Italia, la formación de un nuevo gobierno de coalición de estos con la Liga y Forza Italia, y el retorno de este gobierno a las políticas migratorias restrictivas de la época en que Matteo Salvini era ministro de Interior (2018-19) han alejado a Madrid de Roma en la defensa común de sus intereses ante la política migratoria europea. España se ha distanciado del grupo Med5 (España, Italia, Grecia, Chipre y Malta), muy influido por Italia, que en el pasado ha coordinado las posiciones de los Estados del sur sujetos a una presión migratoria semejante. A su vez, el enfrentamiento entre Italia y Francia por la acogida de inmigrantes rescatados en el mar ha llevado a Francia a retirarse del esquema de reparto voluntario. Todo ello augura mayores dificultades para avanzar en este tema dentro de la UE. Otro factor que contribuye a la mayor incertidumbre es el aumento sustancial de llegadas irregulares a través de la frontera oriental de la UE, la de los Balcanes, que se ha convertido ya en la ruta de mayor número de entradas irregulares y desplaza la atención política hacia los Estados del este y centro más afectados. La creciente importancia de esa ruta ha causado la negativa de varios Estados europeos a la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen de libre circulación de personas que, sin embargo, sí se ampliará en el nuevo año a Croacia

Durante 2022 la presión en España de esa inmigración irregular ha descendido respecto al año anterior, con un total de 27.000 llegadas por vía marítima o terrestre hasta noviembre, frente a las 34.000 del año anterior. Como en 2021, esto implica una presión sustancialmente menor que la que afecta a la ruta del Mediterráneo central (Italia y Malta), con 90.000 entradas en el mismo periodo. La importancia para España de la cooperación con Marruecos en el terreno migratorio ha vuelto a subrayarse como trasfondo del gesto político del gobierno español respecto a la solución del conflicto enquistado en el Sáhara Occidental. A su vez, los sucesos de Melilla del 24 de junio, cuando un gran grupo de inmigrantes, en su mayoría sudaneses, intentaron saltar las vallas desde suelo marroquí, con el resultado de varias decenas de muertos, muestran la dificultad de compatibilizar el control efectivo de fronteras, en casos de fuerte presión migratoria, con el respeto al espíritu y la letra de las normas nacionales e internacionales.

Por su parte, como se preveía, las solicitudes de asilo (sin incluir a los ucranianos) han aumentado en el 2022 tras la progresiva vuelta a la normalidad en la movilidad internacional: en los nueve primeros meses del 2022, 86.000 personas habían pedido asilo en España, lo que coloca a nuestro país, en números absolutos, en el tercero con más solicitudes en la UE, sólo por debajo de Alemania y Francia. Esa cifra todavía queda por debajo de la situación prepandemia (118.000 peticiones se presentaron en 2019), pero, como en años anteriores, plantea importantes dificultades de acogida en un sistema que estaba ya muy tensionado y que este año ha tenido que dedicar fondos, atención y gestión a los refugiados ucranianos.

La inmigración total recibida por España (de la que sólo una pequeña parte entra en el país de forma irregular) ha recuperado en 2022 el impulso que venía experimentado desde 2017, que se vio interrumpido por la pandemia y las consecuentes restricciones a la movilidad. En el primer semestre de 2022 el saldo migratorio positivo fue de 258.000 personas (mayor que el referido al mismo periodo de 2019: 209.000 personas), un saldo que suele duplicarse cuando se dispone de los datos sobre el conjunto del año. Es decir, excluyendo el periodo más afectado por la pandemia, el país lleva cuatro años desde 2017 recibiendo, como saldo neto, más de 200.000 inmigrantes anuales y más de 400.000 en 2019 y 2022. Como resultado, la población nacida en el extranjero supone ya el 16% de la población española, un porcentaje que se eleva al 27% para la población de entre 25 y 39 años. Estos porcentajes sitúan a España por encima de Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido en cuanto al peso demográfico de la población inmigrante (definida por la División de Población de las Naciones Unidas como aquella nacida en un país diferente a ese en el que habita). En conjunto, todo el crecimiento experimentado por la población española en 2022 (182.000 habitantes más durante la primera mitad del año) se debe a la llegada de inmigrantes, que compensa un crecimiento vegetativo negativo (se produjeron más muertes que nacimientos).

Mientras tanto, siguen existiendo importantes desajustes entre la demanda de profesionales en determinados sectores y la oferta de trabajadores disponibles (en las condiciones laborales y de salario actuales), especialmente en el caso de la construcción, a la vez que España mantiene una tasa de paro muy alta en términos comparados. En estas circunstancias, las propuestas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de reformar las normas migratorias para facilitar la entrada laboral de inmigrantes a los sectores deficitarios y de ampliar el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura para contratar en el exterior a trabajadores especializados en la construcción, se han encontrado con el desacuerdo de otros ministerios y con la oposición de los sindicatos. Estos abogan por mejorar las condiciones de trabajo y salariales en esos sectores para hacerlos atractivos a los autóctonos y a los inmigrantes ya residentes en España que cuentan con permiso de trabajo.

Igualdad de género en la acción exterior española

Los progresos en materia de igualdad de género, en términos globales, no son lineales y en muchos países del mundo la situación de los derechos y libertades de las mujeres experimenta retrocesos. Según datos del Banco Mundial, las mujeres acceden a sólo tres cuartas partes de los derechos legales reconocidos a los hombres (y a la mitad en Oriente Medio y Norte de África). Sólo en 21 países, todos ellos integrantes de la OCDE, existe paridad jurídica entre hombres y mujeres. La violencia contra mujeres y niñas sigue afectando a una de cada tres mujeres, una cifra que prácticamente no ha variado durante la última década, según datos de ONU Mujeres. La guerra en Ucrania también tiene efectos mundiales desde una perspectiva de género. Debido al aumento de los precios y la escasez de alimentos en determinados contextos, se están profundizando las desigualdades ya existentes, aumentando el abandono escolar y el matrimonio infantil, la explotación sexual y el tráfico de personas y la brecha de género en materia de inseguridad alimentaria.

En Irán o Afganistán se mantiene desde hace meses el activismo de las mujeres reclamando sus derechos y libertades básicos. En EEUU, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la norma que no permitía a los estados legislar contra la interrupción voluntaria del embarazo (lo que ha resultado en prohibiciones del aborto en varios estados, así como en leyes que lo garantizan en otros). Mientras el nuevo gobierno sueco surgido de las elecciones de septiembre anunciaba el abandono de la política exterior feminista (aunque subrayando que la igualdad de género seguirá siendo una cuestión central de su política exterior), en los últimos meses varios países han adoptado políticas exteriores feministas: Alemania, los Países Bajos, Chile y Colombia. Se prevé que otros, como Liberia o Argentina lo harán en el futuro.

A lo largo de 2022, España mantuvo su voluntad de moldear la agenda de igualdad de género en las organizaciones internacionales de las que forma parte, como en la OTAN, coincidiendo con la Cumbre de Madrid. Si bien el nuevo Concepto Estratégico incluyó una referencia a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, el tema no encontró cabida en la agenda oficial de la Cumbre, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación impulsó, en sus márgenes, un evento con participación de ponentes internacionales de alto nivel y organizaciones de la sociedad civil. El Informe de seguimiento y evaluación del II Plan Nacional de Acción 2017-2023 sobre Mujeres, Paz y Seguridad recibió un fuerte impulso en el segundo semestre del año, entrando en su fase final, lo que hace esperar su próxima presentación en el Congreso de los Diputados. En el marco de su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, el presidente del gobierno anunció una aportación de 100 millones de euros durante los próximos tres años para apoyar a organizaciones que promueven la igualdad de género (incluida ONU Mujeres) y, en particular, a aquellas que trabajan en derechos de salud sexual y reproductiva.

La puesta en marcha de la política exterior feminista por parte del gobierno incluyó en 2022 medidas concretas hacia dentro (impulso a medidas de corresponsabilidad, lucha contra la discriminación y formación sobre igualdad de género); y hacia fuera (inclusión de la igualdad de género en la agenda con ocasión de todos los viajes y visitas oficiales; diálogos por parte de las jefaturas de Misión con organizaciones locales de mujeres; aplicación, en todas las Embajadas, de un Protocolo contra la violencia de género y para la protección de las mujeres en el exterior; nuevas herramientas para evaluar los impactos de género que cada acción o acuerdo internacional puedan tener; o el incremento del número de embajadoras del 22% en 2018 al 25% en 2022). El nombramiento de una embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, encargada de acompañar e impulsar su desarrollo, ha contribuido a mantener la coordinación, así como la visión global sobre dicha política. No obstante, la política exterior feminista sigue adoleciendo de falta de recursos humanos y financieros para impulsar su implementación y desplegar todo su potencial, lo que representa un coste de oportunidad en un momento de alto potencial para el reconocimiento al perfil y liderazgo de España.

A principios de 2023 cabe esperar que se presente el Plan de Acción de la Política Exterior Feminista (PEF), que debería incluir medidas concretas para su fortalecimiento en el conjunto de la Acción Exterior y, por tanto, en la tarea de proyección internacional que realizan otros Ministerios, además del de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como para impulsar la propia conformación de una política exterior que sitúa la igualdad de género en el centro de la combinación de valores e intereses. Adicionalmente, se presentará en el Congreso un informe de evaluación sobre los avances y resultados de la PEF, y se creará el Grupo Asesor de alto nivel que identifique prioridades futuras y vías de actuación.

En 2023 la Coalición que co-lidera España en el Foro Generación Igualdad prestará especial atención a la economía de los cuidados, asunto que ha ido tomando relevancia en los últimos años. Como se ha señalado en anteriores análisis, la identificación de la igualdad de género como un bien público global que hay que contribuir a proveer requiere que España continúe haciendo propuestas que combatan la desigualdad estructural en cuestiones clave como los derechos y libertades de las mujeres, la lucha contra la violencia de género -incluida la violencia sexual en los conflictos-, el papel de agencia de las mujeres en materia de paz y seguridad, el comercio internacional o la lucha contra el cambio climático. En 2023 comenzará la elaboración del III Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2024-2029, en cuyo proceso se deberían incorporar, de una manera activa y no meramente consultiva, las organizaciones de la sociedad civil.

La presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023 constituye una oportunidad para subrayar el liderazgo de España en la materia y para elevar el compromiso de la UE con la igualdad de género. El ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la presidencia debe ser relevante para la política exterior feminista. Se desea impulsar avances en igualdad salarial, promoviendo una mayor transparencia y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. La lucha contra la violencia de género será también prioritaria. En el ámbito de la acción exterior de la UE, y con el apoyo de los Estados miembros más comprometidos (Alemania, Finlandia, los Países Bajos, Francia y Luxemburgo), España podría hacer una aportación diferencial incorporando la perspectiva de género en el análisis sobre la eventual resolución del conflicto en Ucrania y la reconstrucción, una mirada que sigue estando ausente.

Conclusiones

En la anterior edición de este mismo trabajo, escrito hace ahora 12 meses, se usó aquí una metáfora histórica que aludía a la larga duración de la Primera Guerra Mundial para advertir sobre los espejismos que puede causar el lógico deseo humano de que las tragedias sean cortas. Aunque el optimismo siempre está presente en esta sección final, señalábamos entonces que los diferentes impactos negativos del COVID-19 podían prolongarse, sin imaginar que esa preocupación todavía dominante por la recuperación pospandemia sería reemplazada a las pocas semanas por una nueva guerra que no tenía nada de metafórica. Es verdad que apuntamos de modo expreso a la tensión entre una Rusia agresiva y su vecino como amenaza para 2022 pero, bien entrados ya en el siglo XXI, nos resultaba muy poco verosímil que un Estado soberano europeo fuese invadido por razones tan abiertamente imperialistas. Y, sin embargo, desde el pasado 24 de febrero convivimos con ese enorme desafío a nuestros valores e intereses más fundamentales. Si hace ya casi tres años que anhelamos el regreso a la normalidad previa a la irrupción del coronavirus, parece evidente que falta todavía bastante tiempo para lograrlo.

Las conclusiones de este año parten de la anterior reflexión para subrayar no solo la centralidad absoluta que debe ocupar el condenable ataque militar a Ucrania en cualquier análisis sobre el momento internacional actual y sobre la política exterior a desarrollar por España, sino también para volver a recordar lo difícil que resulta hacer prospectiva y la necesidad de tener en cuenta desarrollos alternativos que pueden, además, cambiar rápidamente. La prospectiva es un ejercicio intelectual que no consiste en adivinar el futuro ni tampoco en desear sin más un mejor porvenir. Se trata, por el contrario, de definir la previsión más esperable de los acontecimientos a partir de una información completa y realista, pero sin descartar otras combinaciones de las variables que lleven a una evolución distinta. A veces, el resultado final será peor que el escenario base, pero también puede suceder lo contrario, sobre todo si los decisores tienen en cuenta las prescripciones de los expertos (hacerlas es también una tarea propia de los think tanks, tal como se ha demostrado a lo largo de este trabajo). Por tanto, resulta interesante terminar este texto sobre sobre lo que nos espera en 2023 con una triple previsión -la más probable, una variante negativa y otra positiva- que ha realizado nuestro equipo de investigación en las distintas dimensiones temáticas y geográficas.

Por lo que se refiere al propio devenir de los acontecimientos en Ucrania, el escenario base que manejamos en el Real Instituto Elcano es que continuará una prolongada guerra de desgaste sin cambios significativos: las posiciones de ambas partes en el sur y el este se estancan, las repercusiones económicas siguen creciendo y haciendo mella en el apoyo público europeo; pero los gobiernos continúan con su apoyo a Kyiv, como parte de un conflicto más amplio entre Rusia y Occidente que puede no obstante ir paralelo a un debate creciente sobre la posibilidad de negociar algún modus vivendi de coexistencia más o menos pacífica. La alternativa negativa apunta a que Rusia sea capaz de revertir la contraofensiva ucraniana hasta consolidar sus posiciones en el mar Negro y producir la asfixia económica del país atacado. Los aliados podrían entonces comenzar a dividirse sobre si seguir o no con su apoyo, a la vez que EEUU rebaja su interés y se centra cada vez más en China, elevándose así hasta el extremo el riesgo de que Ucrania acabe vencida y convertida en Estado fallido a merced de Moscú. La variante optimista, aun siéndolo, no llega a contemplar la derrota total rusa y el cambio en su política exterior, pero no es descabellado que los dos contendientes establezcan canales para un proceso de diálogo que desemboque en la recuperación por Ucrania de la mayor parte de su territorio ocupado y en una Rusia desgastada que sólo pueda congelar el conflicto en torno a Crimea e incluso sea forzada a conceder garantías futuras de seguridad. Ese desenlace no alteraría la convicción ahora dominante en Europa, España incluida, sobre la necesidad de fortalecer la disuasión, lo que requiere un aumento del gasto militar y una revitalización de la base industrial de la defensa.

En el ámbito europeo lo más previsible es que se consolide el entendimiento continental que se ha ido gestando en 2022 con el lanzamiento de la CPE y cierto giro hacia el pragmatismo por parte de Londres en su relación con los 27. Dentro de la UE será aún más nítido ese momento de unidad, con mayor sintonía en la relación París-Berlín, lo que permitirá a la presidencia española del Consejo culminar procesos legislativos y lograr ciertos compromisos en acción exterior o en gobernanza económica a partir de la propuesta de la Comisión sobre reglas fiscales. Por su parte, el escenario negativo se traduciría en un auge del euroescepticismo como resultado de un menor bienestar o de reveses y discrepancias en Ucrania. Como parte de ese deterioro del clima podría asistirse a un enfrentamiento abierto con el Reino Unido, a una nueva victoria electoral del nacionalismo en Polonia, al desgaste social de los gobiernos francés y alemán, a la oposición de los miembros septentrionales de la Eurozona a ajustar el control del déficit público, o al empeoramiento del ya de por sí polarizado ambiente político doméstico, lo que frustraría los planes españoles para un semestre brillante. El desarrollo positivo, en cambio, incluiría avances ambiciosos en el proceso de integración gracias a la combinación de un buen desempeño económico general y consensos políticos, con el acercamiento a Bruselas de Roma y Varsovia. Eso permitiría anunciar durante la presidencia española grandes acuerdos en materia migratoria, la reforma de las reglas fiscales, el desbloqueo del contencioso con el Reino Unido (que incluya un acuerdo sobre Gibraltar) e incluso el lanzamiento de una reforma de los Tratados que elimine la unanimidad en política exterior.

En el espacio de la vecindad meridional, el escenario base no altera la pauta de malas relaciones intra-magrebíes, aunque sin escalar especialmente en el enfrentamiento. España no logra abandonar el juego de "suma cero" entre Marruecos y Argelia y, al tratarse de un año electoral, ambos países tratan de extraer concesiones del gobierno, lo que genera varios momentos de tensión. La continuidad de la guerra en Ucrania pone más presiones económicas y sociales sobre el conjunto de los países árabes, experimentando varios de ellos una nueva ola de movilizaciones contra sus regímenes. La UE se centrará en la gestión de los flujos migratorios irregulares en el Mediterráneo central. En África Subsahariana las perturbaciones internas y externas socavan las perspectivas de recuperación, pero en general la región es capaz de sortear las turbulencias y continuar creciendo pues la inflación retrocede y los precios de las exportaciones se mantienen altos. El escenario pesimista podría incluir una carrera armamentística entre Argelia y Marruecos que desemboque incluso en riesgo de enfrentamiento armado y procesos desestabilizadores en todo el Mediterráneo occidental, con nueva crisis migratoria que recrudezca el nacionalismo combativo a ambas orillas del Mediterráneo y desborde a varios dirigentes europeos. En el conjunto del mundo árabe y de toda África, los precios de los alimentos y fertilizantes podrían seguir manteniéndose altos, agravando los conflictos y la inestabilidad política. La carga de los pagos de deuda, el conflicto armado y la inseguridad alimentaria podrían desestabilizar la región. Por lo que hace al escenario optimista, se puede pensar en la reapertura de los canales de comunicación entre Marruecos y Argelia. El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental logra reunir a las partes en una mesa de negociación. España sería además capaz de recuperar sus relaciones con Argelia, sin provocar una reacción negativa de Marruecos. La presidencia española de la UE pone las bases para grandes proyectos estructurantes en el Mediterráneo a partir de la idea española de una "Comunidad Mediterránea del Agua y la Energía".

En América Latina lo más previsible es la continuidad de la situación vigente: bajo crecimiento, inflación persistente, polarización política, predominio de los castigos a los gobiernos en las elecciones y mantenimiento de la desafección con la democracia. Las relaciones con la UE adquirirán cierto momento por la celebración de la cumbre durante el semestre de presidencia española, pero sin que se altere fundamentalmente la actual dinámica de escaso interés europeo hacia la región. El escenario negativo apuntaría a un claro deterioro de la situación económica con protestas sociales en un ambiente similar al de fines de 2019. Los desbordes sociales podrían tener repercusiones políticas en varios países, un clima de mayor inestabilidad con crisis institucionales (como las vividas en Perú y, más recientemente, en Brasil) y avance de las alternativas iliberales. Por fin, la alternativa optimista podría incluir un importante avance de los procesos reformistas en la región (Chile, Colombia, Brasil), una mejora económica por la contención de la inflación, la moderación de la conflictividad social y el reencauzamiento de las protestas, y la alternancia política sin sobresaltos.

Por lo que hace a las grandes tendencias económicas mundiales, la previsión más probable es una desaceleración, aunque con la inflación moderándose gradualmente, de forma que la recesión sea leve y no alcance a España. EEUU y China seguirán también con crecimiento débil mientras la UE, a pesar de los fondos de recuperación y de lograr evitar tensiones en los mercados de deuda, pierde competitividad por los elevados precios de la energía. La alternativa negativa se traduciría en una recesión global: la inflación sigue disparada, la guerra continúa, las subidas de tipos de interés generan crisis financieras en la eurozona y países emergentes, EEUU y la UE inician una guerra comercial que mina la cooperación transatlántica, y la crisis inmobiliaria en China se convierte en crisis bancaria y económica. El escenario optimista incluiría, por el contrario, un acuerdo de paz en Ucrania, lo que genera reducción de la incertidumbre, un descenso rápido de la inflación y una aceleración del crecimiento en EEUU, China y Europa. Eso ayudaría también a suavizar las tensiones comerciales entre bloques, a relanzar la cooperación económica multilateral (con acuerdos internacionales para, por ejemplo, regular la gobernanza de los gigantes digitales) y a un fortalecimiento sustantivo de la unión económica y monetaria.

En los asuntos globales, el escenario base contempla que los efectos de la guerra se hagan notar coyunturalmente en la consecución de los ODS, dados los altos precios de alimentos y fertilizantes, ciertos retrocesos de acción climática ante la necesidad de garantizar el suministro energético y un balance ambivalente en materia de derechos y libertades de las mujeres. En materia de salud sí habrá progresos en la mejor preparación frente a futuras pandemias, pero sin lograr una coordinación eficiente ni priorizar resultados duraderos sobre el corto plazo. la presidencia española de la UE contribuye a proyectar el perfil de España como país comprometido con la provisión de bienes públicos globales, aunque los resultados concretos son modestos. La prospectiva pesimista apunta a que el conflicto en Ucrania y un giro ideológico reaccionario pueden incrementar los niveles mundiales de pobreza, reducir significativamente los recursos destinados a la salud global, debilitar los esfuerzos para la transición energética y profundizar las desigualdades de género. Por último, la variante optimista supone avances en el tratado de pandemias, y una finalización de la guerra que permita reducir precios de los alimentos con el consiguiente impacto positivo sobre la pobreza. También se volvería a políticas más decididas de mitigación del cambio climático y a acelerar las medidas para promover la igualdad de género, con liderazgo de España en estas dos cuestiones.

En cooperación internacional el escenario base es que continuará el diseño y puesta en marcha de las nuevas herramientas de la ayuda europea, con ciertas dificultades por la divergencia de intereses y visiones, que permiten mejorar la capacidad de interlocución de la UE con el Sur Global. En España se espera la aprobación de la Ley de Cooperación, aunque se mantiene la brecha entre ayuda presupuestada, que va creciendo tímidamente, y la realmente ejecutada. El escenario optimista implicaría la puesta en marcha de Global Gateway por la UE, lo que permitiría consolidarla como socio clave del Sur Global, mientras en España se produce una reforma completa de la Cooperación que permite acercar la ejecución de la ayuda al presupuesto en 2023 al tiempo que se acelera la senda de aumento del gasto para 2024. La alternativa pesimista es que la UE no avanza en la formulación de Global Gateway ni de partenariados integrales de modo que su capacidad de interlocución con socios clave sigue por debajo de la que tienen Rusia o China. En España las citas electorales absorben los esfuerzos del Gobierno y no varía apenas el funcionamiento de la Cooperación Española, produciéndose una baja ejecución de la ayuda presupuestada para este año y un descenso para el siguiente.

Charles Powell
Director del Real Instituto Elcano

Coordinado por Ignacio Molina y Jorge Tamames con la colaboración de Jessica Almqvist, Haizam Amirah Fernández, Ugo Armanini, Félix Arteaga, Ángel Badillo, Gonzalo Escribano, Mario Esteban, Enrique Feás, Carlota García Encina, Raquel García Llorente, Carola García-Calvo, Carmen González Enríquez, Manuel Gracia, Raquel Jorge, Lara Lázaro, Carlos Malamud, Ainhoa Marín Egoscozábal, José Pablo Martínez, Mira Milosevich-Juaristi, Rogelio Núñez, Iliana Olivié, Miguel Otero Iglesias, Fernando Reinares, María Santillán O'Shea, Luis Simón, María Solanas, Federico Steinberg, Ernesto Talvi, Ignacio Urbasos y Álvaro Vicente, con presentación a cargo de José Juan Ruiz y conclusiones de Charles Powell.

[1] Documento coordinado por Ignacio Molina y Jorge Tamames con la colaboración de Jessica Almqvist, Haizam Amirah Fernández, Ugo Armanini, Félix Arteaga, Ángel Badillo, Gonzalo Escribano, Mario Esteban, Enrique Feás, Carlota García Encina, Raquel García Llorente, Carola García-Calvo, Carmen González Enríquez, Manuel Gracia, Raquel Jorge, Lara Lázaro, Carlos Malamud, Ainhoa Marín Egoscozábal, José Pablo Martínez, Mira Milosevich-Juaristi, Rogelio Núñez, Iliana Olivié, Miguel Otero Iglesias, Fernando Reinares, María Santillán O'Shea, Luis Simón, María Solanas, Federico Steinberg, Ernesto Talvi, Ignacio Urbasos y Álvaro Vicente, con presentación a cargo de José Juan Ruiz y conclusiones de Charles Powell.

[2] Ignacio Molina y Jorge Tamames (2022), " España en el mundo en 2022: perspectivas y desafíos ", Real Instituto Elcano, 13/01/2022.

[3] Carmen González Enríquez y José Pablo Martinez (2022), " Barómetro del Real Instituto Elcano. Edición especial: Guerra en Ucrania y Cumbre de la OTAN ", 23/06/2022.

[4] Ángel Badillo (2021), " El español en Corea del Sur: ¿hacia un nuevo escenario? ", Real Instituto Elcano, 29/3/2022.

[5] Jorge Tamames y Raquel García (2022), " La Comunidad Política Europea: ¿imprescindible, redundante, o las dos cosas al mismo tiempo?", ARI 71/2022, Real Instituto Elcano, 11/11/2022.

[8] Haizam Amirah Fernández, Ainhoa Marín, Mira Milosevich-Juaristi e Ilke Toygür (2021), " España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos en la vecindad ", Real Instituto Elcano, 23/12/2021.

[13] Ainhoa Marín (2022) " África: mercado en auge y dinámicas de desarrollo. Las empresas canarias como caso de estudio ", Real Instituto Elcano, 7/3/2022.

[14] Félix Arteaga, Carola García-Calvo, Fernando Reinares, Luis Simón y Álvaro Vicente (2021), " España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos en seguridad ", Real Instituto Elcano, 22/12/2021.

[15] Félix Arteaga y Luis Simón (2022), " El Concepto Estratégico de Madrid: una (auto)evaluación de los resultados ", ARI 51/2022, Real Instituto Elcano, 7/7/2022.

[17] Carola García-Calvo y Fernando Reinares (2022), " Atentados en Barcelona y Cambrils: (I) formación de la célula de Ripoll, radicalización de sus miembros y preparación de unos actos de terrorismo a gran escala", Documento de trabajo 3/2022, Real Instituto Elcano; Fernando Reinares y Carola García-Calvo (2022), " Atentados en Barcelona y Cambrils: (II) célula de Ripoll, enlace con el aparato de seguridad exterior de Estado Islámico y combatientes terroristas extranjeros", Documento de trabajo 4/2022, Real Instituto Elcano.

[18] Gonzalo Escribano y Lara Lázaro (2021), " España en el mundo en 2022: perspectivas y desafíos en energía ", Real Instituto Elcano, 28/12/2021.

[21] Raquel Jorge Ricart, José Pablo Martínez, Andrés Ortega, Miguel Otero Iglesias y Federico Steinberg (2021) " España en el mundo en 2022: perspectivas y desafíos ecológicos y tecnológicos", Real Instituto Elcano, 21/12/2021.

[22] Max Bergman y Federico Steinberg (2022), " How to Avoid a Transatlantic Trade War over Climate ", Center for Strategic and International Studies, 15/12/2022.

[24] Iliana Olivié y Manuel Gracia Santos (2022), " Informe Elcano de Presencia Global 2022 ", Real Instituto Elcano, 20/7/2022.

[25] Enrique Feás, Manuel Gracia Santos, Iliana Olivié, Andrés Ortega, María Santillán O'Shea y Federico Steinberg (2021), " España en el mundo en 2022: perspectivas y desafíos en globalización, desarrollo, y gobernanza ", Real Instituto Elcano, 23/12/2021.

[26] Daniele Fattibene, Iliana Olivié y María Santillán O'Shea (2022), " La UE como actor global de desarrollo ", European Think Tanks Group y Real Instituto Elcano, 5/8/2022.

[27] Mario Esteban y Carlota García Encina (2021), " España en el mundo en 2022: perspectivas y desafíos en la relación EEUU-China ", Real Instituto Elcano, 21/12/2021.

[33] Jessica Almqvist, Carmen González Enríquez, Ignacio Molina, María Solanas y Jorge Tamames (2021), " España en el mundo 2022: perspectivas y desafíos en democracia, derechos y ciudadanía ", Real Instituto Elcano, 29/12/2021.

[34] Carmen González Enríquez (2022), " La acogida a los refugiados ucranianos: algunos desafíos e incertidumbres ", Real Instituto Elcano, 4/04/2022.

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España en el mundo en 2023: perspectivas y desafíos - Real Instituto Elcano

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Undécima edición del trabajo colectivo que elabora el Real Instituto Elcano para hacer balance del año recién terminado, identificar las perspectivas que presenta el escenario internacional actual y analizar los desafíos de la acción exterior española en los próximos 12 meses.

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¿Qué normas se comienzan a aplicar con la entrada en vigor de la ley de bienestar animal?

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¿Qué normas se comienzan a aplicar con la entrada en vigor de la ley de bienestar animal?

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La ley de bienestar animal que entra en vigor este 29 de septiembre ha sido concebida para garantizar la protección de los animales de compañía y silvestres en cautividad y para asegurar que se cumplen sus derechos de recibir un buen trato como seres sintientes. Así, algunos de los puntos clave que se aplican desde hoy son:

Prohibición de sacrificar animales sin causa justificada. La iniciativa solamente autoriza el sacrificio de animales de compañía si está justificado por motivos de seguridad o de riesgo para la salud pública o para evitar el sufrimiento por “causas no recuperables”, siempre bajo criterio veterinario.

Mascotas solas y sin supervisión. Se prohíbe dejar a los animales de compañía solos y sin supervisión durante más de tres días consecutivos, un límite de tiempo que en el caso de los perros se reduce a un máximo de 24 horas.Animales encerrados. La ley de bienestar animal que hoy entra en vigor ilegaliza que se deje de forma habitual a perros y gatos en entornos como terrazas, patios, sótanos o coches.Ferias y circos.

Los animales desaparecerán de las atracciones de ferias y de espectáculos que les causen “angustia, dolor o sufrimiento”. Sin embargo, la ley no afecta a los animales utilizados en espectáculos taurinos.Comercialización de animales.

No se podrá comercializar con perros, gatos y hurones en tiendas de animales, al igual que su exhibición y su exposición al público con fines comerciales. Por otro lado, la cría solo podrá efectuarla quien se encuentre inscrito en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Especies prohibidas. La nueva ley establece la prohibición de tener determinadas especies como animales de compañía. Entre ellos, los primates, los reptiles venenosos y aquellos que en estado adulto superen los dos kilos de peso, excepto las tortugas

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Maldita.es - Periodismo para que no te la cuelen

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El 16 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó de manera definitiva la ley de Bienestar Animal y la consiguiente reforma del Código Penal en materia de maltrato animal * publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de marzo de 2023, con entrada en vigor seis meses después, como se recoge . **

Durante su tramitación y aprobación nos habéis hecho llegar vuestras dudas a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) y por redes sociales han circulado varias preguntas, como si matar a una rata está penado con entre 12 y 24 meses de cárcel o si se "despenaliza la zoofilia" .

¿Qué novedades establece esta normativa? En Maldita.es respondemos a algunas de las preguntas más habituales y aclaramos las dudas con el texto aprobado por el Congreso este pasado jueves 16 de marzo.

¿Qué animales serán considerados mascotas? **

Cuando la nueva ley entre en vigor el próximo 29 de septiembre, no todos los animales serán considerados mascotas. De hecho, hay que esperar a que se publique un "listado de especies domésticas de compañía", también llamado "listado positivo", para conocer qué animales serán considerados como tales y cuáles estarán prohibidos , como recoge en el artículo 34 . Además, deberá ser aprobado a nivel ministerial y tener el visto bueno del Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. **

El texto aprobado en el BOE asegura que sí estarán permitidos tener como animales domésticos a perros, gatos y hurones , y aquellos considerados domésticos por la , así como animales silvestres que estén incluidos en el futuro listado positivo de animales de compañía. No obstante, se indica que "en ningún caso" se recogerá en el listado positivo especies exóticas incluidas en el real decreto que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras . Por ello, no podrán ser animales de compañía sapos, ranas, pitones, cerdos vietnamitas o erizos, entre otros. **

También nos habéis preguntado en nuestro chatbot de WhatsApp ( +34 644 22 93 19 ) si a partir de ahora tener en casa animales como hámsters estará permitido con la nueva ley.

Esta información todavía se desconoce hasta que se elabore este listado positivo que prepara el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por el momento, esta cartera ha asegurado a Maldita.e s que esta norma no tendrá un efecto retroactivo. "Lo que no se podrá a partir de la creación del listado será la nueva tenencia de esos animales, pero no se retirarán los existentes", puntualizan. Para ello, las personas que ya cuenten con un animal de este tipo tendrán que "notificarlo a las autoridades y estas se encargarán de otorgarle una autorización especial de tenencia de ese animal", aseguran.

¿Qué animales quedarán excluidos del ámbito de aplicación de la ley? *

En el artículo 1 de la ley se puntualiza que quedan excluidos de la norma los animales utilizados en espectáculos taurinos, así como animales de producción para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

Los animales usados para experimentación y fines científicos como ratones, ratas, jerbos, hámsters y cobayas, también quedan fuera, así como los animales silvestres, salvo que se encuentren en cautividad.

Además, finalmente los perros de caza quedan excluidos . El pasado 22 de diciembre de 2023 la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó en un pleno la inclusión de una de las enmiendas presentadas por el PSOE por la que los perros de caza quedaban excluidos de esta ley. "Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza", dice el texto final.**

También quedan fuera los animales que sean utilizados en actividades deportivas (siempre que sean reconocidas por el Consejo Superior de Deportes), las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado, así como los utilizados en actividades profesionales como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.

¿Será necesario un curso para tener un perro? *

Sí. A partir de ahora las personas que quieran tener como mascota a un perro deben realizar primero un curso de formación para "facilitar una correcta tenencia responsable del animal" debido a la "ausencia de conocimientos en el manejo, cuidado y tenencia de animales", dice el texto. El curso será gratuito y tendrá una validez indefinida.

¿Habrá lista de perros peligrosos? *

Sí. Una de las principales novedades de la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado es que se mantiene la lista de perros potencialmente peligrosos . El proyecto de ley prometía derogarla , pero finalmente no ha salido adelante.

De esta forma, también se elimina el test de sociabilidad tanto para titulares como para perros con el fin de valorar su "aptitud para desenvolverse en el ámbito social".

Además, los dueños de los perros deberán contratar y mantener en vigor un "seguro de responsabilidad civil por daños a terceros" en el que se incluyan todas las personas dueñas del animal.

¿Qué pasará con las tiendas de mascotas? **

Según el texto publicado, quedará prohibido comercializar perros, gatos y hurones en tiendas de animales desde la entrada en vigor de la norma. Según especifica el artículo 27, también estará prohibido exhibirlos y exponerlos en los escaparates de las tiendas, y ya sólo podrán venderse por parte de criadores registrados.

Desde la entrada en vigor de esta norma, las tiendas dispondrán de un plazo de 12 meses para finalizar la venta de estos animales. De esta forma, se pretende regular la venta y adopción de animales, procurando que se haga únicamente a través de profesionales de la cría, tiendas especializadas y autorizadas o centros de protección animal, como se indica en el preámbulo.

¿Cuáles son las multas que se aplicarán si no se cumple la ley de Bienestar Animal?

Las multas por incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal se dividirán en tres tramos: infracciones leves, con un importe a pagar de 500 a 10.000 euros; graves, entre 10.001 y 50.000 euros; y muy graves, entre 50.001 y 200.000 euro s.

Entre las graves se encuentran usar métodos agresivos o violentos para educar al animal, administrar sustancias que le perjudican, practicar mutilaciones o usarlo como reclamo sin autorización o el abandono, entre otros. En cambio, algunas como llevar a cabo la eutanasia con medios inadecuados o personal no cualificado, adiestrarlo para peleas o la cría, comercio o explicación del animal con finales comerciales serán consideradas como multas muy graves.

¿Es cierto que la ley despenaliza la zoofilia? *

Desde que la ley de Bienestar Animal comenzó su tramitación, han circulado por redes desde que ya no se puede matar a una plaga de ratas si te entra en casa o que la zoofilia ya no se penalizará . El 16 de marzo, el Pleno del Congreso también dio luz verde a la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal , y al no incorporar ninguna enmienda que introdujo el Senado, la ley se mantiene igual desde que salió del Congreso.* Vamos por partes.

Estos contenidos se están difundiendo porque con la Ley de Bienestar Animal se produce un cambio en el Código Penal en materia de maltrato animal . Ya no solo se estará maltratando a un 'animal doméstico', como dictaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre , sino que se amplía el término a 'animal vertebrado', de acuerdo con la exposición de motivos de la ley . Ampliar este término significa ahora que lesionar o matar a cualquier animal "que tiene esqueleto con columna vertebral y cráneo, y sistema nervioso central constituido por médula espinal y encéfalo", según la RAE , está penado.

Con la reforma viene la supresión del de los artículos 337 y 337 bis Código Penal , que recogía el maltrato a los animales domésticos o bajo el control humano cuando se los maltrata de forma injustificada, incluyendo la "explotación sexual". Sin embargo, son muchos los contenidos desinformadores que están circulando sobre que "la ley de la ministra (de Derechos Sociales y Agenda 2030), Ione Belarra, permite la zoofilia" con la nueva ley. En ningún momento la pena del anterior Código Penal condenaba la "zoofilia", como se ha asegurado en redes, simplemente "explotación sexual", como aparece en el apartado 1 del artículo 337.

Desde Maldita.es hemos recapitulado todo lo que sabemos sobre la despenalización de la zoofilia .

Y si se mete una rata en casa, ¿puedo matarla?

Nos habéis preguntado en nuestro chatbot de WhatsApp ( +34 644 22 93 19 ) qué puede pasar si una rata entra en casa y la matamos usando una escoba o un matarratas.

Como dicta la reforma, el castigo por muerte de un animal sería de 6 a 18 meses de cárcel . El hecho de ensañarse con el animal, así como atacarlo con "objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o salud del animal", como una escoba o un cuchillo también estaría penado. "Pegar con la escoba a una rata no tiene por qué ser delito si de ello no se derivan daños para el animal que requieran de intervención veterinaria o la muerte del mismo", indica Javier Jiménez, abogado medioambiental y animal. *

No obstante, el ministerio asegura a Maldita.es que en caso de que una persona no autorizada legalmente mate un animal en una situación como la del ejemplo de la rata o, por ejemplo, el ataque de un animal doméstico o de compañía, "el Código Penal prevé en su artículo 20 una serie de causas de exención de responsabilidad penal ". Entre estas se encuentran, entre otras, que actúe en defensa propia, que se trate de un miedo insuperable o que se obre de manera profesional . En este último caso se encuentran las "actividades legalmente reguladas", como "el exterminio de plagas, el sacrificio de ganadería o la tauromaquia", que "evita que estas actividades sean delito", según nos afirma el ministerio.

La nueva reforma del Código Penal sí contempla la prohibición de herramientas de exterminio tradicionales como "utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos", así como "ejecutar el hecho en presencia de un menor", que al ser agravantes aumentan las penas previstas. Sin embargo, como ya te hemos explicado, esto no ocurriría si lo hace un profesional o bajo causas de exención de responsabilidad penal previstas en el apartado 7 del artículo 20 del Código Penal.

"Hay que tener en cuenta que para cada delito el Código Penal siempre prevé una horquilla o rango de penas, de manera que el juez puede determinar aquella que se ajuste más a las circunstancias y gravedad de cada caso. Que la pena máxima sean 18 meses no significa, lógicamente, que en todos los casos vaya a aplicarse", explican a Maldita.es desde el despacho de abogados y consultoría en Derecho Animal, ANIMALEX.

Aún así, expertos como Jiménez, reconocen que existe "algo de inseguridad jurídica", pero esperan que se vaya reduciendo con la práctica jurídica y los criterios interpretativos que marque la jurisprudencia."

* A fecha de 21/03/2023 hemos actualizado este artículo para incluir las modificaciones tras aprobarse el texto final por el Pleno del Congreso de los Diputados el 18/03/2023

** A fecha de 15/09/2023 hemos actualizado este artículo para incluir las modificaciones del texto publicado en el BOE

Primera fecha de publicación de este artículo: 15/02/2023

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Preguntas y respuestas sobre la Ley de Bienestar Animal que entra en vigor el 29 de septiembre · Maldita.es - Periodismo para que no te la cuelen

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El 16 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó de manera definitiva la ley de Bienestar Animal y la consiguiente...

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La ley de startups aprobada a finales de 2022, aunque busca dar facilidades a los inversores y a los fundadores de empresas, será complicado que no se vea afectada por la inflación, la subida de tipos de interés y la guerra en Ucrania.

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La ley de startups aprobada a finales de 2022, aunque busca dar facilidades a los inversores y a los fundadores de empresas, será complicado que no se vea afectada por la inflación, la subida de tipos de interés y la guerra en Ucrania.

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Es difícil predecir exactamente cómo evolucionará el sector tecnológico en España, depende de muchos factores económicos, políticos y sociales. Sin embargo, es probable que veamos algunas tendencias en el sector.

Inversión en empresas económicamente sostenibles

Según Layoffs.fyi, un rastreador de despidos en el sector tecnológico, hemos finalizado el año 2022 con más de 150.000 despidos en el sector tecnológico, la gran mayoría "Big Tech".

En España, no hemos vivido y es posible que no vivamos estos despidos masivos, no podemos compararnos con el negocio de los gigantes estadounidense. Sin embargo sí existirán ajustes de plantilla, se reducirán las rondas de financiación y el foco de inversión estará proyectos económicamente sostenibles.

La ley de startups aprobada a finales de 2022, aunque busca dar facilidades a los inversores y a los fundadores de empresas, será complicado que no se vea afectada por la inflación, la subida de tipos de interés y la guerra de Ucrania.

El 2023 seguirá siendo un año de gran incertidumbre económica y las inversiones serán más selectivas. Probablemente, las preferencias de inversión serán en negocios sin deuda, rentables y sostenibles económicamente.

Nuevos pasos para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

Es probable que la IA y el aprendizaje automático sigan adquiriendo un papel cada vez más importante. Por ejemplo, la imagen de portada en este artículo está creada con Dalle-2 y está escrito gracias a la ayuda de ChatOpenai.

Aunque ambos programas están en fases muy iniciales, su funcionamiento es tan impresionante que estaremos muy atentos a cualquier avance durante todo este año.

Cruzando la línea entre el mundo real y el virtual

Y cuando hablamos de cruzar esta línea, no estamos solo hablando de los videojuegos. Ya en 2021, Mark Zuckerberg sorprendió al mundo con su nuevo proyecto, el metaverso. Todavía es un concepto que está empezando a construirse, sin embargo durante los próximos años, posiblemente escucharemos y hablaremos sobre estas realidades.

Hacia un mundo conectado y más seguro

A medida que el mundo está más conectado, tenemos más dispositivos conectados a internet y compartimos cada vez más información online, lo que implica más protección de nuestros datos e información.

Según el estudio "Estado de la ciberseguridad en España", elaborado por Secure & IT, más de la mitad de las empresas (51,3%) tiene previsto incrementar su inversión en ciberseguridad. Por tanto, durante todo el año 2023, la seguridad seguirá siendo una preocupación importante.

Mayor demanda de especialistas en desarrollo de software, inteligencia artificial, ciencias de datos y ciberseguridad

Para avanzar en inteligencia artificial, análisis de datos, aprendizaje automático, internet de las cosas y alcanzar el metaverso, tenemos que tener profesionales especializados que lo hagan posible, y en este 2023 habrá una mayor demanda de profesionales con estas habilidades.

Sin embargo, las empresas se enfrentarán a dificultades en la contratación como por ejemplo:

Escasez de especialistas con las habilidades y el conocimiento actualizado y necesario

Fuerte competencia entre empresas para atraer y fidelizar profesionales

Debido a la alta demanda de estas habilidades, la contratación y fidelización será costosa

Dificultades para evaluar las habilidades de los candidatos, sobre todo en tecnologías más novedosas, y especialmente si las empresas no tienen acceso a las herramientas y tecnologías necesarias.

Apuesta por la formación especializada

Las dificultades mencionadas en la contratación de estos especialistas en tecnología acelerará la formación de profesionales en esas habilidades.

Los bootcamps seguirán presentes en el 2023, las empresas invertirán en modelos formativos como upskilling y reskilling con la finalidad de que los profesionales estén actualizados, y se crearán cátedras universidad-empresa dedicadas a la investigación, divulgación, docencia e innovación sobre Inteligencia Artificial (IA) y ciberseguridad para conseguir mejorar la transferencia de conocimiento entre las universidades.

Mayor inversión en estrategias DEIB y creación de culturas más inclusivas

Cada vez más las empresas son conscientes de tener una visión holística, inclusiva y preventiva. Sin embargo, muy pocas tienen estrategias definidas y un propósito claro en diversidad, equidad, inclusión y pertenencia.

Durante este año 2023, veremos más ejemplos en DEIB en el sector tecnológico y esperemos que menos discursos sobre iniciativas que nunca llegan.

Programas de bienestar laboral

La situación tan drástica vivida durante la pandemia ha generado un tema de debate que para muchas empresas estaba en un segundo plano: la salud mental y el bienestar laboral.

La mayoría de las personas hemos tomado conciencia durante los periodos de teletrabajo de la importancia de trabajar en un entorno laboral saludable y que nuestra salud no debería estar en un segundo plano sino ser una prioridad.

La seguridad física, mental y social en la que se encuentra un profesional pasará a un primer plano y veremos más ejemplos de empresas con programas de bienestar.

Mayor flexibilidad laboral y preferencia por el modelo híbrido

Uno de los legados que dejó la pandemia es vivir la experiencia de trabajar desde casa. En realidad, en el sector tecnológico se ha convertido en una de las exigencias de los trabajadores. No obstante, la preferencia de los profesionales es hacia un modelo híbrido elegido por ellos y no impuesto por la empresa.

En 2023, las personas se preocupan más que nunca por la conciliación y salud mental, y buscarán que las empresas les ofrezcan flexibilidad y autonomía.

Contratación y adopción de equipos distribuidos

La pandemia también impulsó la contratación de personas de cualquier lugar de España. En lugar de buscar solo empleadas locales, se empezó a contratar a especialistas en tecnología de todo el país.

Muchas personas empezaron a recibir ofertas laborales que las permitían trabajar en remoto y con mejores condiciones. Y no solo eso, aquellas con un buen nivel de inglés, tenían acceso a mejores oportunidades, no solo en España sino también fuera del país.

En España, la tendencia seguirá siendo contratar profesionales distruidos por toda España. Además aumentarán las contrataciones de especialistas en tecnología de fuera del país, pero posiblemente en aquellos lugares donde la diferencia horaria no suponga una barrera en el día a día del trabajo.

Aumento de herramientas, evaluaciones y pruebas digitales

En 2023, muchas organizaciones adoptarán más plataformas y herramientas digitales que permitan la búsqueda de candidatos, la evaluación de las habilidades y la conexión de las personas y sus equipos en entornos remotos.

Además, el uso de Cloud para almacenar y procesar datos seguirá siendo una tendencia importante.

Conclusión

A medida que avanzamos hacia 2023, las principales tendencias que iremos viendo en el sector tecnológico en España estarán centradas especialmente en:

Inversiones económicamente sostenibles

El protagonismo de la inteligencia artificial

El refinamiento del modelo de trabajo híbrido

La prioridad de la salud y el bienestar de las personas

El activismo más corporativo con estrategias DEIB

La creación de más puestos de trabajo para especialistas en tecnología

Los nuevo retos en la contratación y fidelización de estos profesionales

Y muchos nuevos retos que demostrarán si seguimos o no creyendo en El Lado Humano de la Tecnología.

Documentación consultada
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Tendencias para el 2023 en el sector tecnológico (España) | Talento IT Blog

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Las principales tendencias están centradas en refinar el modelo de trabajo híbrido, priorizar el bienestar de las personas y mejorar las estrategias de contratación y fidelización de especialistas en tecnología.

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Las previsiones de IDC (Informe de Datos de Cotización) también son especialmente positivas en lo que a la inversión en la nube se refiere. Así, en 2023 la inversión de las empresas españolas crecerá un 21,2% en este segmento.

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El clima económico mundial es de incertidumbre. Tanto que el 76% de las empresas en todo el mundo cree que 2023 será un año de recesión económica (un 60% adelanta ese frenazo económico a finales de este mismo año). Los últimos coletazos de la pandemia, los problemas en la cadena de suministro que aún se mantienen, la crisis energética y la guerra de Rusia contra Ucrania son algunos de los principales causantes de esta sensación. Sin embargo, la inversión en tecnología por parte de los negocios seguirá creciendo, según la consultora de mercado IDC.

Según sus previsiones, dadas a conocer a la prensa esta misma mañana, el año que viene una de cada dos compañías generará el 40% de sus ingresos mediante productos y servicios digitales, lo que hará que terminemos 2022 con 51.400 millones de euros en gasto en TI en España y que en 2023 esta cifra crezca un 3,9% hasta los 53.500 millones de euros.

"La expectativa de inversión es positiva, pero hay sensación de que hay recesión y, ante esto, tendemos a protegernos", contextualiza José Antonio Cano, director de investigación de IDC en España. Según su análisis, las empresas invertirán "en lo prioritario, no en todo lo que tenían previsto". Unas inversiones que les permitirán avanzar en su digitalización y en las áreas en las que dicho dinero genere más retorno. "Es un gasto medido, pensado y racionalizado, más consciente", subraya.

El viaje a la nube continúa

Las previsiones de IDC también son especialmente positivas en lo que a la inversión en la nube se refiere. Así, en 2023 la inversión de las empresas españolas crecerá un 21,2% en este segmento.

Las empresas son cada vez más entusiastas de migrar todos los archivos a la nube / Pixabaylarazon

Cabe destacar que todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad, aumentarán sus inversiones en el cloud computing, con cifras que también rondan ese 20% en todos los casos. Según Cano, estas inversiones están pensadas para que las empresas pasen de "proyectos digitales" a "negocios digitales".

Otra partida en la que las empresas españolas seguirán destinando más dinero en TI es al puesto de trabajo, que crecerá un 18% (frente al 13% de incremento que está previsto de media en Europa). Según IDC, este crecimiento se debe, en parte, a la falta de talento tecnológico que sufren las empresas, lo que les obliga a ser más eficientes con los recursos que ya tienen. "Hay empresas que tienen retrasos de hasta ocho meses en la ejecución de sus proyectos porque no tienen las competencias necesarias entre sus empleados para realizar dichos proyectos", asegura este analista.

Ante esta situación las empresas tienden a formar a sus empleados para que, gracias a las herramientas low code, puedan aprender a automatizar algunas de sus de tareas. Se espera que una de cada tres empresas destine dinero a este tipo de capacitación.

Sostenibilidad y seguridad

Otras áreas en las que IDC espera que se produzcan importantes crecimientos durante 2023 es en todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la sostenibilidad.

En la primera de las áreas, la compañía asegura que el desarrollo de los motores de Inteligencia Artificial va a abrir nuevas brechas, especialmente en lo que a la autenticación de dos factores se refiere y en la proliferación de las Deep fake s (o rostros falsos).

Esto provocará que el mercado de la seguridad crezca un 9,2% en 2023 en España hasta los 2.130 millones de euros.

Cabe señalar, en este punto, que la consultora considera que la Web 3.0 (que está empezando a desarrollarse en España) tendrá en la seguridad una de sus principales bases de acción. "En España la Web3 no es una prioridad, pero es un inicio del camino con blockchain como tecnología subyacente y habilitadora de la transformación digital para la seguridad o la trazabilidad", exponía Cano.

En cuanto a la sostenibilidad, IDC espera que el desarrollo e implantación de métricas que midan la huella de carbono será una de las necesidades especiales, dado que aún no están desplegadas y que a las empresas les resulta difícil hacer estas mediciones. "En 2026, los ESG (Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) y Governance (gobierno corporativo))se considerarán de uno de los tres principales factores de decisión para la compra de equipos informáticos y el 50% de las licitaciones incluirán métricas de emisiones de carbono, uso de materiales condiciones laborales", augura la consultora.

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El sector tecnológico seguirá creciendo en España, según IDC

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El sector tecnológico seguirá creciendo en España, según IDC

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ESTADÍSTICAS DEMUESTRAN QUE LA CAPACIDAD DE TELETRABAJO EN ESPAÑA ESTÁ ASCENDIENDO DRAMÁTICAMENTE

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ESTADÍSTICAS DEMUESTRAN QUE LA CAPACIDAD DE TELETRABAJO EN ESPAÑA ESTÁ ASCENDIENDO DRAMÁTICAMENTE

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La última reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), operada mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, atribuyó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)la competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos españoles por vía directa (cfr. disposición adicional primera, ap. 2). Dicha atribución de competencia entrará en vigor el 14 de enero de 2023.

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La última reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), operada mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, atribuyó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)la competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos españoles por vía directa (cfr. disposición adicional primera, ap. 2). Dicha atribución de competencia entrará en vigor el 14 de enero de 2023.

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Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 28/07/2022"

[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.

La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.º de la Constitución.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

II

En lo que se refiere a los motivos de carácter constitucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias, atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexión se fijan de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad que constituye la protección de los signos distintivos.

III

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes:

nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho español ha exigido reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.

Menor relevancia presenta la incorporación de las directrices contenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual -incluidas las marcas-, al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su vez, influyó decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas específicas: la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y, finalmente, la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción de este Tratado destacan la implantación de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las marcas internacionales que entran en la fase nacional española); la consiguiente creación de tasas por clase; la supresión del deber de declaración de uso de la marca; la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca; la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo; y, por último, la desaparición de las tasas quinquenales. Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque las dos últimas ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear), al haber entrado en vigor para España dicho Tratado el 17 de marzo de 1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauración, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las otras modificaciones, que ahora se implantan, pues las mismas pudieron posponerse hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de depósito del Instrumento de Ratificación mediante la oportuna declaración.

IV

No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional.

Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno jurídico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Información. Todo ello sin pérdida de los niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.

La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias -con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

Dentro de la regulación del procedimiento, se introducen otras importantes novedades como la figura de la "restitutio in integrum", que ya incorporó el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, así mismo, la suspensión del procedimiento de concesión cuando la oposición se basa en una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una acción reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, así como en el supuesto de presentación de una solicitud de división o a petición conjunta de todos los interesados.

El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro y regula los modos de notificación y la consulta pública de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar consultas de expedientes por vías telemáticas. En este ámbito de adaptación a la Sociedad de la Información, merecen ser destacadas las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilización futura de medios electrónicos o telemáticos para la presentación de solicitudes y demás documentos.

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.

La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del "ius prohibendi" a los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese "ius prohibendi" a la utilización de la marca en redes de comunicación telemática; al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la reproducción de su marca en diccionarios, si ello perjudica su carácter distintivo.

Se supera la deficiencia técnica de la legislación anterior, estableciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destrucción de los bienes ilícitamente marcados.

Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca.

La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta de renovación, se introducen garantías en beneficio de quienes hubieran ejercido una acción reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulación de las marcas colectivas y de garantía, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan más nítidamente definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las mismas.

El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público. Se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección.

Finalmente, la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesión y la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades.

La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores.

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al amparo de la Ley de Marcas, adecuándolas al marco internacional y comunitario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de la relación entre los interesados y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

[Bloque 3: #a1]

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

a) Las marcas.

b) Los nombres comerciales.

2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.

[Bloque 4: #a2]

Artículo 2. Adquisición del derecho.

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

[Bloque 8: #a4]

Artículo 4. Concepto de Marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Se modifica por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 13: #a7]

Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:

a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

[Bloque 14: #a8]

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados

1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.

Se modifica por el art. 1.5 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 20: #a12]

Artículo 12. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:

a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.

b) La información que permita identificar al solicitante.

c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).

d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

2. La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten.

3. La solicitud de marca deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Se modifica el apartado 1.b) y c) por el art. 1.8 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 30: #a21]

Artículo 21. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

4. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. La Oficina así mismo, dará traslado al solicitante de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

5. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

6. Los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

7. Mediante real decreto el Gobierno llevará a cabo el desarrollo reglamentario de lo previsto en este artículo.

Se modifica por el art. 1.10 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Los apartados 3 a 6 entrarán en vigor el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7, se desarrollen reglamentariamente, según establece la disposición final 7 del citado Real Decreto-ley.

[Bloque 36: #a26]

Artículo 26. Suspensión de procedimientos de tramitación.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación:

a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior, hasta el momento en que se produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolución firme sobre la misma.

b) A instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente

c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.

d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

Se modifican las letras a) y b) por el art. 1.13 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 38: #a28]

Artículo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:

a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral.

5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.

6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.

Se modifican los apartados 4 y 7 por la disposición adicional 6.1y .2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. Ref. BOE-A-2003-13615

[Bloque 39: #a29]

Artículo 29. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas se ajustarán a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando un destinatario así lo solicite y posea un buzón en la Oficina Española de Patentes y Marcas, las notificaciones se podrán efectuar mediante el depósito en dicho buzón del acto o resolución que deba notificarse. En la notificación se indicará la fecha de depósito, y producirá sus efectos desde el quinto día siguiente al de depósito.

3. Cuando el interesado así lo solicite, las notificaciones se realizarán mediante publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", mediante telefax, mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se practiquen al interesado a través de un representante profesional lo serán en todo caso por medio de la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la decisión recaída, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin perjuicio de que, además previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado el texto íntegro del acto a dicho representante por medio de su depósito en el buzón de que disponga en la Oficina Española de Patentes y Marcas, correo electrónico u otro medio idóneo de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán, a efectos de notificaciones, designar una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, en lugar de ellas, podrán indicar que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación en España o la notificación no hubiere podido practicarse después de dos intentos, la notificación se efectuará mediante publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

6. Las notificaciones que deban practicar los órganos competentes de las Comunidades Autónomas lo serán de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la normativa propia que les sea aplicable.

Se modifica el apartado 4 por el art. 1.15 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Se modifica el apartado 4 por la disposición final 6 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2007-22437

[Bloque 49: #a36]

Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

[Bloque 50: #a37]

Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.

1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.

b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.

c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Se modifica por el art. 1.19 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 57: #a4-2]

Artículo 41 bis. Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca.

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

Se añade por el art. 1.22 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Texto añadido, publicado el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019.

[Bloque 63: #a46]

Artículo 46. Principios generales.

1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.

2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.

3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.

4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clase antes expresada.

5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.

6. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposición adicional undécima de la presente Ley.

[Bloque 65: #a48]

Artículo 48. Licencia.

1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

8. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado

Se añaden los apartados 7 y 8 por el art. 1.26 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 67: #a50]

Artículo 50. Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.

1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del artículo 46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario y la solicitud de inscripción se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.

2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá, en su caso, los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El órgano competente para la recepción examinará si la documentación presentada consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número del registro de marca afectado, los datos de identificación del nuevo titular y la indicación de los productos o servicios a los que afecte la cesión o licencia, si no fueran totales.

b) El documento acreditativo de la cesión o licencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 49.

c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente comunicará las irregularidades observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripción se tendrá por desistida, procediéndose, en su caso, conforme establece el apartado 2 del artículo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, si de él se tratara, procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 17.

5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado.

Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", con mención expresa de los siguientes datos:

a) Nuevo titular del derecho.

b) Número de expediente.

c) Identificación de los registros afectados.

d) Fecha de resolución.

e) Representante, si hubiere intervenido.

f) El acto que dio origen a la inscripción.

[Bloque 73: #ci-6]

CAPÍTULO II

Caducidad

Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Texto añadido, publicado el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019.

[Bloque 74: #a54]

Artículo 54. Caducidad.

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

3. Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:

a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 76: #a55]

Artículo 55. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.

2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el propietario de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca, lo que se comunicará en forma telemática al Registro de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el artículo 46.2 de esta Ley.

Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 79: #ci-7]

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Texto añadido, publicado el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019.

[Bloque 80: #a58]

Artículo 58. Solicitud de nulidad o caducidad.

1. Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:

a) En los casos previstos en los artículo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

b) En los casos previstos en el artículo 52, las personas contempladas en las letras b) a e) del artículo 19, apartado 1.

2. La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y solo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.

3. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

4. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 82: #a59]

Artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.

1. Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.

2. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

3. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina así mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

5. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.

6. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 39, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

7. Los apartados 2 a 6 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 85: #a6-2]

Artículo 61 bis. Normas en materia de conexión de causas.

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal ante el que se hubiere formulado una demanda reconvencional por nulidad o caducidad de marca, suspenderá su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca ya se hallara impugnada ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal.

3. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del proceso, hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

4. La pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales o procesales, se producirá desde la presentación de la solicitud o demanda, siempre que las mismas sean admitidas.

5. Interpuesta una demanda por violación de marca ante un tribunal, el demandado no podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que habrá de interponer la correspondiente demanda de reconvención ante dicho tribunal.

6. La acción negatoria no podrá interponerse junto con la acción de nulidad o caducidad de la marca.

Se añade por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Texto añadido, publicado el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019.

[Bloque 86: #a6-3]

Artículo 61 ter. Anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas anotará en el Registro de Marcas la interposición de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca, así como toda resolución o sentencia firmes que recayeran sobre las mismas.

2. El tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por nulidad o caducidad de una marca comunicará de oficio a la Oficina la fecha de interposición de la misma. La Oficina, si dicha marca tuviera pendiente de resolución una solicitud de nulidad o caducidad, informará de ello al tribunal, así como de la ausencia, en su caso, de dicha circunstancia.

3. Si ante la Oficina estuviera pendiente de resolución una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de fecha de presentación anterior a la de interposición de la demanda de reconvención, el tribunal, una vez informado conforme al apartado anterior, suspenderá el fallo de conformidad con el artículo 61 bis, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud sea firme. La Oficina comunicará esta resolución firme al tribunal.

4. El tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de reconvención por nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicará de oficio dicha sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda conforme a lo previsto en el apartado 1 y, en su caso, en el apartado 5.

5. Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". En el caso de que la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes Muebles.

Se añade por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Texto añadido, publicado el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019.

[Bloque 101: #a73]

Artículo 73. Causas de caducidad.

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 54, se declararán caducados los derechos del titular de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación, cuando:

a) El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68, apartado 2.

b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.

c) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en artículo 70, apartado 2.

d) La modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Se modifica por el art. 1.33 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 110: #a80]

Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España.

1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.

2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artículo 29.

3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.

4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir de la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la mención a que se refiere el apartado anterior.

5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento común al Arreglo y al Protocolo").

[Bloque 114: #tix]

TÍTULO IX

Marcas de la Unión Europea

Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

[Bloque 124: #daprimera]

Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvención a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54.

Se suprime el apartado 3 por la disposición final 2 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578

Se modifica por el art. 1.38 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Téngase en cuenta que la modificación del apartado 2, entra en vigor el 14 de enero de 2023, según determina la disposición final 7 del citado Real Decreto-ley

Se modifica por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8328.

[Bloque 131: #daoctava]

Disposición adicional octava. Utilización de medios electrónicos.

1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que en el plazo de dos años determine, en colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, los órganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autónomas y los usuarios de sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte electrónico. Las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, serán fijadas por resolución del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Una vez establecidas las condiciones generales, requisitos y características técnicas de la presentación de solicitudes y escritos en soporte magnético o por medios telemáticos, quedará reducido en un 15 por ciento el importe de las tasas a que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 18 del la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117.

Esta disposición adicional entró en vigor el 9 de diciembre de 2001, según establece la disposición final 3.

[Bloque 136: #dadecimotercera]

Disposición adicional decimotercera. Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial".

1. Se modifica el número 1 del artículo 3.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", que quedará redactado como sigue: "1. El Presidente del Organismo."

2. Se modifica el artículo 4.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", que quedará redactado como sigue:

"Art. 4.º 1. El Presidente del Organismo será el Subsecretario del Ministerio de adscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Son facultades del Presidente del Organismo:

a) Definir la política del Organismo y establecer las directrices de su actuación.

b) Aprobar la gestión del Director del Organismo.

c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por medio de los informes que periódicamente rinda el Director.

d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, así como la liquidación anual del mismo.

e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.

f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento."

3. Se modifica el artículo 5.º de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial", que quedará redactado como sigue:

"Art. 5.º 1. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas será el ejecutor de las directrices marcadas por el Presidente del Organismo y ostentará la representación legal del Organismo y las facultades efectivas de dirección y gestión de los servicios ; tendrá a su cargo la vigilancia y fiscalización de todas las dependencias del Organismo; resolverá los asuntos propios de la competencia del mismo, y sus resoluciones en las materias de propiedad industrial de las que sea competente pondrán fin a la vía administrativa.

2. El nombramiento del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas se efectuará por Real Decreto a propuesta del Ministro del Departamento de adscripción del Organismo."

[Bloque 155: #firma]

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

[Bloque 156: #an]

ANEXO

Las tasas previstas en la disposición adicional segunda serán las siguientes:

TARIFA PRIMERA. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1 Tasa de solicitud de registro:

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase solicitada: 138,94 euros. Por la segunda clase y cada una de las sucesivas: 90,00 euros.

b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera clase solicitada: 277,85 euros. Por la segunda clase y cada una las sucesivas: 180,00 euros.

c. De un registro internacional (tasa nacional): 41,43 euros.

1.2 Tasa de división. Por cada solicitud o registro divisional resultante: 52,81 euros.

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.

1.4 Tasa de solicitud de resolución urgente: 51,11 euros.

1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 19,08 euros.

1.6 Modificaciones: por la modificación de la modalidad, distintivo, lista de productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante o titular y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 23,19 euros.

1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 43,27 euros.

1.8 Tasas de la renovación del registro:

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase renovada: 160,86 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesivas: 108,00 euros.

b. De una marca de garantía o colectiva. Por la primera clase renovada: 323,10 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesivas: 216,00 euros.

1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25%, dentro de los tres primeros meses, y del 50%, dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.

1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.

Cuando la presentación del recurso se efectúe por medios telemáticos: reducción de un 15% sobre el importe de la tasa.

1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 79,90 euros.

1.12 Nulidad o caducidad: por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad: 200 euros.

TARIFA SEGUNDA. Inscripción de cesión de derechos y otras modificaciones.

2.1 Por la inscripción o cancelación de cambios en la titularidad, licencias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución. Por cada registro afectado: 32,44 [hasta un máximo de 6.768,37 euros].

2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 16,38 euros, hasta un máximo de 2.789,65 euros.

TARIFA TERCERA. Otros servicios.

3.1 Certificaciones: 16,40 euros.

3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.

3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 11,38 euros más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros.

TARIFA CUARTA. Publicaciones.

4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de signos distintivos: 142,24 euros.

4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo sobre signos distintivos: 142,24 euros.

Se modifica la tarifa 1 por el art. 1.40 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Se modifica por el art. 95 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2018-9268

Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2011, por el art. 95 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-19703.

Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2010, por el art. 87 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20765

Se modifican las tarifas 1 y 2, por la disposición adicional 6.4 y .5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. Ref. BOE-A-2003-13615

[Bloque 157: #ir]

Información relacionada

Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según establece la disposición adicional 2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769

Texto añadido, publicado el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019.

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El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y definitivamente por el Senado el 17 de mayo. El 25 de mayo se publicó en el BOE como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Asimismo, ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

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El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y definitivamente por el Senado el 17 de mayo. El 25 de mayo se publicó en el BOE como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Asimismo, ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

Impulso de la vivienda pública

Regulación de los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión

Calificación indefinida de la vivienda protegida para garantizar siempre un periodo de, al menos, 30 años

Porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida e incremento de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado

Elaboración y mantenimiento de un inventario del parque público de vivienda

Límites al precio del alquiler

Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido

Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler

Incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024

A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en la renta

En las zonas declaradas como tensionadas:

posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato

en nuevos contratos a nuevos inquilinos, limitación del alquiler a la renta del contrato anterior

posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años

Asimismo, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

Mejoras para fortalecer el equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario

Prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica

Gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato a cargo del arrendador (por ejemplo, la comisión o los honorarios de la agencia inmobiliaria)

Protección contra desahucios

Mejoras para garantizar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales que logre, así, una atención rápida a las personas en situación de vulnerabilidad

Soluciones habitacionales para los afectados y, mientras estas soluciones llegan, ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos

Cuando el demandante sea "gran tenedor" y la demanda de desahucio afecte a personas vulnerables, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación

Nueva definición de gran propietario y vivienda vacía

Se podrá considerar "gran tenedor" a aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la misma zona declarada como tensionada, cuando así lo solicite la comunidad autónoma

Definición de "vivienda vacía" para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas que lleven vacías más de 2 años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de 4 viviendas en esta situación

Modulación del recargo del IBI (actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI), que podrá alcanzar el 150%

Más información

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persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas.

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Nueva ley de vivienda: ¿qué regula y cómo funciona?

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jueves, 25 de mayo de 2023. La Ley por el Derecho a la Vivienda desarrolla el derecho recogido en la Constitución a una vivienda digna. Persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas.

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El ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, ha avanzado el desarrollo del primer Plan para la Reducción de la Huella de Carbono en el sector sanitario de nuestro país, con la intención de colaborar a frenar la «grave amenaza para la salud» que supone el cambio climático. Un estudio que servirá para calcular, por primera vez en la historia de nuestro país, la huella de carbono del SNS y que va a permitir identificar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y entender las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Como ha recordado José Miñones, estas iniciativas forman parte del Programa de Actuación 2022-2023 del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente , «una hoja de ruta pionera en nuestro país que ya se ha convertido en un documento de referencia a nivel internacional». En esta misma línea y, también dentro del PESMA, el Gobierno de España ha puesto en marcha recientemente el Observatorio de Salud y Cambio Climático , que va a permitir seguir impulsando acciones que prioricen la salud y la acción climática, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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"Es más habitual de lo que parece que los empresarios de la noche funcionen sin licencia"

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"Es más habitual de lo que parece que los empresarios de la noche funcionen sin licencia"

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Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ha intervenido en numerosas causas judiciales abiertas a raíz de siniestros como el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia. Además, del proceso de Alcalá 20, registrado en 1983, ha colaborado en el caso Madrid Arena, en el que perdieron la vida cinco jóvenes en noviembre de 2012.
El proceso de Alcalá 20 terminó con una condena de dos años para uno de los responsables. ¿Puede ocurrir lo mismo en Murcia?
Lo que pasó allí va a ser el preámbulo de lo que pasa aquí. Va a haber un proceso penal con un montón de acusaciones, que va a terminar en un juicio en la Audiencia Provincial. Por el incendio de Madrid se condenó a un funcionario del Ministerio del Interior por una inspección defectuosa que hizo a la discoteca y que dio el visto bueno a las medidas de seguridad, aunque no eran las adecuadas. Y se indemnizó nada más que con 13 millones de pesetas (78.131 euros) a cada familiar de los fallecidos.
También en Murcia parece que puede haber una responsabilidad de los funcionarios municipales.
Lo que pasará es que todo el proceso penal versará sobre la adecuación de las medidas contra incendios: si eran las adecuadas y si el empresario las tenía correctamente instaladas; si no las tenía, o si, siendo adecuadas o no adecuadas, la Concejalía al inspeccionarlas les dio el visto bueno. Entonces el empresario se convierte en una persona que está trabajando de buena fe, porque si la Administración lo inspecciona y le dice que lo que tiene es correcto, eludiría su responsabilidad penal.
Pero aquí no tienen ni licencia.
En Murcia el expediente de cierre se inició porque el empresario solicitó que Teatre se dividiera en dos: Teatre y Fonda Milagros. Esa diversificación no pasó el filtro de la Concejalía de Urbanismo y por eso se está hablando del cierre. La explicación es que cuando tú metes una pared de pladur en un local, el extintor que estaba en un sitio deja de estar accesible en el otro y tampoco hay las mismas vías de escape. Por eso denegaron la licencia. Lo que no sabemos es cómo está esa licencia. Si estaba en fase de alegaciones, no había una orden ejecutiva de clausura. Si había una orden definitiva de clausura y el empresario le dijo al inspector que estaba haciendo alegaciones, él lo puso en el acta, pero luego no lo comprobó. Si lo que le dijo el empresario no hubiera sido cierto, tendría que haber vuelto a cerrar el local, pero no lo hizo. El empresario va a decir que la culpa es del Ayuntamiento porque no hizo seguimiento y el Consistorio dirá que la culpa es del empresario porque tenía una orden de clausura.

Es difícil entender que la empresa modifique un local sin autorización y que el Ayuntamiento no actúe con más contundencia, a pesar del riesgo.

Hay una culpa por omisión. Si hay una orden de cierre a la que le sigue una orden de clausura, tiene que ser ejecutada. Fíjese el descontrol que tenía el Ayuntamiento, que había un inspector de Urbanismo con una orden de clausura y, paralelamente, un inspector de Sanidad, de la Concejalía vecina, que la desconocía. Aunque parezca mentira, que los empresarios de la noche funcionen sin licencia es bastante más habitual de lo que parece. Pero eso no es excusa para que se haga un seguimiento de las órdenes de clausura. Todo esto termina en una multa y no pasa nada, hasta que pasa lo que ha pasado y ha habido 13 muertos.
Tanta irresponsabilidad crea una sensación de indefensión, cuando han pasado más de 40 años desde Alcalá 20 .
Los empresarios dilatan muchas veces los procedimientos de clausura, porque si tardan tres o cuatro meses en que les manden a la Policía para que les cierre, siguen facturando durante ese tiempo. Cuando simplemente se juegan una multa, prefieren pagarla porque igual la sanción es de 100.000 y ganan 500.000. Pero cuando estamos hablando de vidas humanas, le genera indefensión al ciudadano. Tenemos una Administración ágil para lo que conviene, para cuestiones fiscales, por ejemplo. Si te ponen un multa de tráfico, puede llegar a casa antes que tú. Pero en la Administración de Justicia no hay ningún interés. Este procedimiento se va a alargar seis o siete años, porque no hay medios. Al Estado no le interesa invertir en la Justicia.
¿La responsabilidad en Murcia sería del empresario o de los funcionarios que no ejecutaron la orden?
Yo creo que aquí no hay responsabilidad política, porque no hay ningún político que haga una inspección. Creo que la responsabilidad es de los funcionarios, de los que llevan el seguimiento de los expedientes administrativos.
¿Cómo llevan las familias esta situación?
Es un horror. Es una muerte tan absurda cuando una persona se va de fiesta y no vuelve que lo viven muy mal. Y todas las dudas que provocan estos procesos les llevan a reconcomerse. No se recuperan nunca, van a tener un daño psiquiátrico. Habría que habilitar una fórmula para que se indemnice a las familias con el fin de que puedan pasar página, mientras dura la pelea entre los responsables.

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¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar el juicio de Alcalá 20?
La vista fue en 1993 y la sentencia del Supremo llegó en 1998. El proceso tardó casi 15 años, fue un calvario.

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"Es más habitual de lo que parece que los empresarios de la noche funcionen sin licencia"

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El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes ejerció en caso Alcalá 20 y en el Madrid Arena Cree que no puede culparse a un concejal de que no se ejecutara la orden de cierre de Teatre

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CIBERATAQUES El negocio de las mascotas, en el punto de mira de los hackers

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CIBERATAQUES El negocio de las mascotas, en el punto de mira de los hackers

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"Ahora, el oro son las cifras, los datos. En España hay más de 10 millones de animales de compañía así que sabe quienes son sus dueños es una información muy relevante. El negocio que mueven las mascotas es cada vez mayor. Gasto en alimentación, accesorios, manutención, servicio veterinario, dispositivos para el transporte, juguetes... El abanico es amplio y cada vez es más extenso. Por eso no es de extrañar que el trabajo de los hackers se haya centrado en los registros de animales y saber quién los tiene en casa". Así lo asegura Juan Ignacio Codina, del Observatorio Justicia Defensa Animal, tras asegurar que la "clave" se centra en un negocio que está en auge.

Para el experto en defensa y bienestar animal, el dinero y el sector en el que se han convertido las mascotas responde "a un cambio de mentalidad donde no 'tenemos' a un animal en casa sino que 'cuidamos' del animal que está en casa. Alimentarlos lo mejor posible, tener una cama adecuada para su descanso, juguetes, accesorios de higiene, o de transporte... los servicios veterinarios... el negocio es infinito". "Y no se trata de 'humanizar' a las mascotas ni de un capricho o una excentricidad. Se trata de un cambio de mentalidad y es algo a nivel internacional. El mercado también se reinventa para ofrecer productos que mejoran nuestra vida, la de los dueños de mascotas, así que el mercado es increíble y va a más. En los últimos años el sector se ha expandido mucho y lo ha hecho a la vez que han crecido nuestras conciencias como responsables de animales que queremos que estén lo mejor posible", explica Codina.

El robo de datos del registro de mascotas del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris se inició el 7 de julio y perduró hasta el pasado 29 de septiembre, cuando la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca alertó del ciberataque a la Agencia Española de Protección de Datos e interpuso una denuncia ante el Grupo de Delitos Telemáticos del Cuerpo Nacional de Policía, que trabaja en colaboración con los equipos de seguridad del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana. No ha sido el único ciberataque a un registro de animales. A Ciberseguridad Nacional le constan el msmo "modus operandi" en Cantabria y en Galicia. Y es que tener los datos de los dueños de mascotas parece estar en el punto de mira de los hackers.

Por ello, desde la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca advierten a los propietarios de mascotas de la posibilidad de que la información sustraída "pueda ser empleada para el envío de ofertas de publicidad no deseada, crear perfiles falsos o suplantar identidades". La Generalitat Valenciana trabnaja ahora en un plan de acción para mejorar la seguridad global de la actual aplicación informática que gestiona la base de datos.

Un gasto familiar de casi 1.200 euros al año

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De media, el desembolso anual por cada mascota que una familia realiza para asegurar su alimentación, higiene, sanidad o belleza alcanza casi los 1.200 euros, según un estudio realizado por Tiendanimal. Aunque los porcentajes de gasto en estos conceptos varía dependiendo del animal, el tamaño o el tipo de alimento que se compre, la comida se sitúa como la principal fuente de esta inversión, especialmente entre los gatos y los perros, donde representa el 41 % y el 27 %, respectivamente.

Tras la alimentación, la salud es el segundo mayor gasto a la hora de cuidar a una mascota. La primera vez que un perro, por ejemplo, acude al veterinario, la familia invierte en él un mínimo de 120 euros, en el cual se incluyen las vacunas o el proceso de desparasitarlo. A este precio base hay que añadir la compra de pipetas y otros elementos para prevenir los ataques de pulgas o garrapatas, así como el uso de medicamentos en caso de que el animal se encuentre enfermo. Todo ello provoca que las familias inviertan en la salud de sus mascotas una media anual de 332 euros.

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El negocio de las mascotas, en el punto de mira de los hackers

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El ciberataque al registro de mascotas de la Generalitat Valenciana evidencia "el valor de datos" personales de los clientes de un sector que mueve cantidades millonarias y está en auge

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“Nosotros, los líderes de la UE, nos hemos reunido en Granada para marcar el comienzo del proceso que definirá la dirección política y las prioridades de la Unión para los próximos años”, comienza el documento. La pandemia y la crisis por la agresión rusa, continua, “han subrayado la necesidad de ampliar nuestra soberanía y tomar decisiones importantes para proteger a nuestros ciudadanos y nuestras economías”. 

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“Nosotros, los líderes de la UE, nos hemos reunido en Granada para marcar el comienzo del proceso que definirá la dirección política y las prioridades de la Unión para los próximos años”, comienza el documento. La pandemia y la crisis por la agresión rusa, continua, “han subrayado la necesidad de ampliar nuestra soberanía y tomar decisiones importantes para proteger a nuestros ciudadanos y nuestras economías”. 

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Una de cal, y una de arena; algo de proteccionismo pero también de apertura comercial. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE discuten en estos momentos, a puerta cerrada, un borrador de declaración final para la cumbre de Granada que hace una llamada clara a la necesidad de "proteger a nuestros ciudadanos y nuestras economías&rdquor;, al tiempo que defiende el "la promoción de los acuerdos de asociación, comercio e inversión&rdquor;. La cita de la reunión de Granada está organizada por la presidencia española rotatoria del Consejo. El documento principal que lleva España, un análisis de las debilidades estratégicas de la UE llamado Resiliencia 2030, ha sido tratado y loado por todas las partes, según fuentes europeas presentes en la sala del plenario.

El mayor peso del texto de la declaración final se pone en las cuestiones económicas, a las que dedica cinco párrafos, mientras que los otros dos grandes asuntos de este Consejo informal, migración y ampliación, se despachan en uno. La declaración final podría cambiar o incluso no aprobarse, si no hay acuerdo. Las mismas fuentes mencionadas consideran que finalmente será aprobado, aunque la discusión sobre los detalles se realizará en la segunda y última sesión esta tarde.

"Nosotros, los líderes de la UE, nos hemos reunido en Granada para marcar el comienzo del proceso que definirá la dirección política y las prioridades de la Unión para los próximos años&rdquor;, comienza el documento. La pandemia y la crisis por la agresión rusa, continua, "han subrayado la necesidad de ampliar nuestra soberanía y tomar decisiones importantes para proteger a nuestros ciudadanos y nuestras economías&rdquor;.

Todos están de acuerdo en que hay que mantener a la UE como una zona competitiva "en un mundo cambiante&rdquor;. Las diferencias, según cuentan fuentes diplomáticas, está en cómo hacerlo. Países como Francia defienden medidas más proteccionistas. Por ejemplo, en el acuerdo inconcluso con Brasil y Argentina, entre otros países del Mercosur, exige París sanciones para aquellos productores agropecuarios que no cumplan con los mismos requisitos medioambientales que los europeos. España defiende que la "autonomía estratégica&rdquor; que la UE debe defender debe ser "muy, muy abierta&rdquor; al mundo, según explican fuentes de Moncloa. Aunque al mismo tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez defiende que se deben fortalecer las barreras de entrada a gobiernos "no afines&rdquor; en las empresas estratégicas clave.

Discusiones en Granada

A su llegada al Palacio de Congresos de Granada, Ursula von der Leyen ya ha fijado el tono del debate. La presidenta de la Comisión ha recordado que lo que se va a discutir hoy, entre otras cosas, es la evolución de la Agenda Estratégica que la UE fijó en Versalles (Francia) en 2019. "Hemos avanzado montañas desde entonces. Por ejemplo en energía, o en microchips, que es ahora una de las palabras clave&rdquor;, ha dicho la alemana.

En la declaración final en discusión se insta a reforzar la "competitividad a largo plazo&rdquor; para "garantizar que la UE tiene las herramientas necesarias para garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo (...) en esta década crucial&rdquor;.

Uno de los riesgos de las tendencias proteccionistas de algunos Estados de la UE es que tenga un impacto también en el mercado común europeo. En ese sentido, el texto promete reforzar "los esfuerzos para construir un Mercado Único más cohesivo, basado en la innovación e interconectado (...) siempre preservando su apertura&rdquor;.

Resiliencia 2030

En la presentación de las prioridades de España para este semestre de presidencia del Consejo de la UE, Pedro Sánchez puso el foco en la reindustrialización de Europa, tras décadas de globalización y deslocalización. En ese sentido, la reunión de Granada debate sobre la base de que es necesario "fortalecer&rdquor; la posición de "potencia industrial, tecnológica y comercial&rdquor; de la Unión Europea, pero poniendo el foco en los sectores en los que ya se es líder o hay posibilidades de serlo en un futuro.

La UE tiene un enorme déficit comercial con China (de 400.000 millones de euros), pero mantiene un superávit con Estados Unidos (de 155.000 millones). En el pasado discurso del Estado de la Unión, Ursula von der Leyen anunció por sorpresa la apertura de una investigación contra China por subvencionar en exceso a sus coches eléctrico s en particular y, más en general, alertó contra las prácticas proteccionistas del gigante asiático en las tecnologías verdes, algo que, dice, ha provocado el cierre de miles de empresas europeas.

España enarbola para esta cumbre un documento estratégico que ha estado elaborando la recién creada Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno español. El resultado ha sido el texto Resiliencia 2030: 80 páginas elaboradas en colaboración con más de 250 expertos y 80 ministerios de los 27 estados miembros, la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

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En ese documento se fija la música y la letra de lo que España propone para evitar riesgos futuros en la Unión. Lo llaman "autonomía estratégica abierta&rdquor;. Una de las incógnitas del encuentro de Granada es ver cuánto del lenguaje de ese texto se va a trasladar a la declaración final.

Por el momento, en el borrador, se aborda la necesidad de que la UE siga tejiendo alianzas comerciales. "Es ahora más importante que nunca que cooperemos para fortalecer y diversificar nuestras cadenas de valor, fomentando los acuerdos de asociación, comercio e inversión para conseguir llegar a nuestras metas de cero emisiones, y fortalecer la salud de nuestra preparación ante futuras emergencias&rdquor;, dicen las conclusiones. "Este trabajo requiere de un comercio internacional revigorizado, en el que la Organización Mundial del Comercio juega un rol fundamental&rdquor;.

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La UE debate en Granada cuánto proteccionismo aplicar: "Debemos proteger nuestras economías"

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El borrador de declaración que se discute ahora en el Consejo informal incluye llamadas al proteccionismo, pero también cooperar con los socios globales

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ENTRA EN VIGOR LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

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ENTRA EN VIGOR LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS

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Con la nueva legislaura se abren nuevos nichos de mercado y posibilidades de establecer marcas en Españita

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El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en España

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El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en España

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El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años en España, según ha destacado este viernes la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que considera este un tema "de gran relevancia". Mientras tanto, l os recursos en salud mental de los que dispone la sanidad pública española siguen siendo muy limitados. Solo un 36 % de las personas que intentaron acabar con su vida -en un país donde en 2021 se produjeron más de 4.000 suicidios- había recibido tratamiento el año previo y, en los suicidios consumados, esta cifra es del 23 %, según datos aportados por el secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

Aparicio y Olmedo han participado en una jornada organizada por los Ministerios de Sanidad y Justicia bajo el epígrafe 'La importancia del dato en el análisis y prevención de la conducta suicida' en la que se ha analizado, junto a expertos y asociaciones, los datos de suicidio en España. El objetivo, iniciar un trabajo conjunto e integral para prevenir este tipo de conductas.

Si se habla de datos, Manuel Olmedo ha situado el sistema sanitario público como "el eje nuclear" a partir del cual se pueden desarrollar esas estrategias de prevención por medio de herramientas tan relevantes como la detección precoz, la valoración del riesgo en pacientes en situación de vulnerabilidad, el seguimiento evolutivo o la vigilancia epidemiológica.

Causas violentas o sospechosas

El encuentro ha puesto de manifiesto cómo en España es la Administración de Justicia la encargada de la investigación de las muertes producidas por causas violentas o sospechosas de criminalidad, a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependientes de Justicia y las CCAA. Los datos epidemiológicos se publican en el Portal de Datos del Ministerio, que incluyen los casos atendidos por el Servicio del Instituto Nacional de Toxicología, entre los que existe un alto número de intoxicaciones que tienen un origen autolítico (autolesiones e intentos de suicidio).

En cuanto a los datos totales, en la jornada también se ha puesto de manifiesto que desde el año 2008, el suicidio es la principal causa de mortalidad por causas externas, consecuencia del descenso en las cifras de accidentes de tráfico.

Si la cifra de los 4.000 suicidios diarios se pone en relación con el aumento paralelo de las cifras de población, se aprecia que "las tasas son muy estables, en torno a los 8 casos por 100.000 habitantes y año sin modificación apreciable en lo que va de siglo XXI", según los expertos. Se trata de una tasa inferior a la media europea, que se encuentran sobre los 12 casos por 100.000 habitantes y año.

Servicios forenses

El representante del Ministerio de Justicia ha subrayado que "la colaboración entre el estamento sanitario y los servicios forenses en materia de prevención del suicidio se ha intensificado en los últimos tiempos gracias al desarrollo de herramientas relevantes como la historia clínica electrónica".

Otros datos que ha aportado es que, aunque el 90 % de los suicidios consumados se producen en personas con un trastorno mental previo, "no se debe caer en el reduccionismo de pensar que todo suicidio procede de una patología psiquiátrica sin tener en cuenta la realidad de que esos trastornos van acompañados muchas veces de circunstancias desencadenantes, ambientales o adaptativas o incluso reacciones situacionales que no tienen por qué suceder".

Intoxicaciones autolíticas

En la jornada, José Luis Conejo Menor, el jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha expuesto los datos de intoxicaciones autolíticas en España durante el año 2022. La última memoria del Servicio, dependiente del Ministerio de Justicia, alerta sobre un aumento en un 29 % de consultas basadas en intentos de suicidio con sustancias tóxicas res pecto al año anterior, registrándose un total de 6.997 consultas de este tipo.

El grupo más afectado dentro de esta categoría fue el de la franja de edad de 11 a 15 años, y mujeres en su mayoría. Conejo Menor habló de un grupo "claramente vulnerable" y admitió que la pandemia "ha tenido muchísimo que ver" con el malestar que sienten los menores. "Ya no estamos en pandemia y veremos", ha afirmado sobre si continuará esa alza de tentativas que tachó de "evitables".

De las 8.246 consultas de intoxicaciones voluntarias, en un 83 % (6.997) de los casos la causa era el intento de suicidio o autolisis. Como se ha dicho, el grupo más afectado dentro de esta categoría fue el de la franja de edad de 11 a 15 años, con un 19,7 % del total, seguido por el 13,3 % en la franja de 16 a 19 años. En el 86,4 % de estas intoxicaciones voluntarias, el producto predominante fueron los medicamentos, sobre todo los que afectan al sistema nervioso central (un 81,8% del total).

La soledad de los mayores

En el encuentro también se aportaron datos del 024, el teléfono impulsado hace más de un año por el Ministerio de Sanidad para la prevención del suicidio. La línea ha atendido 153.232 llamadas hasta agosto de 2023, derivando 5.155 al 112 para "intervención inmediata" por su gravedad. Lo ha explicado la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, quien dijo que, en general, son más las mujeres que llaman, pero existe una franja de edad, entre los 50 y 54 años, en la que son más los hombres que piden ayuda.

Aparicio admitió la preocupación por la salud mental de los jóvenes españoles, pero reseñó que el suicidio también afecta a las personas mayores y abogó por estrategias de acompañamiento para paliar la soledad no deseada en este colectivo, o potenciar la atención a otros como los migrantes -que deben vivir el desarraigo de empezar en otra cultura, subrayó- o quienes han vivido la crudeza de la guerra de Ucrania.

Suicidio en mayores

En la misma línea, en una de las mesas redondas organizadas con asociaciones y supervivientes, el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, ha aportado datos: el suicidio entre mayores se incrementó un 8,8% en los últimos 5 años, según los últimos datos definitivos de 2017 a 2021, publicados por el Instituto Nacional de Estadística ( INE). En España, hay casi 10 millones de personas mayores de 65 años ( 20% de la población total).

Con datos del INE recogidos por SALUD MENTAL ESPAÑA los suicidios en mayores de 65 representaron el 30,85% del total, lo que supone 1.235 personas. El 75% fueron hombres (921) y el 25% mujeres (314). Los últimos datos definitivos publicados por el INE, relativos a 2021, indican que ese año en España se suicidaron 4.003 personas (2.982 hombres y 1.021 mujeres), un 1,6% más que en 2020. A nivel mundial, la población de edad avanzada presenta las tasas más altas de suicidio.

Asimismo, se dan diferencias por territorios. Las comunidades con una mayor tasa son Asturias y Galicia, y las tasas menores corresponden a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la Comunidad de Madrid.

Iniciativas de prevención

Si se habla de prevención, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha detallado algunas de las iniciativas que se llevan a cabo por parte del Ministerio de Justicia. Mencionó el Servicio de Intoxicación Toxicológica y las oficinas de asistencia a víctimas del delito, un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito.

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También ha explicado la importancia del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID). Se trata, explicó, de la posibilidad de realizar trámites legales con total certeza jurídica a través de una videoconferencia, pero que también puede servir de mucha ayuda a aquellas personas que están realizando un tratamiento psiquiátrico en un centro de internamiento o personas mayores que están en un dispositivo asistencial y que trasladarlas a un juzgado "es garantizar su desorientación y pasar un mal día".

Por último, ha resaltado que el Sistema Integrado de Registros de la Administración de Justicia (SIRAG), una "herramienta fundamental para proteger a las víctimas a través de la inscripción de todas las medidas de protección desde que se dicta la medida y agilizando la comunicación entre las administraciones públicas".

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El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en España

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Sólo el 36% de las personas que intentaron suicidarse habían recibido tratamiento previo

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LAS ENERGÍAS RENOVABLES DISMINUYEN EL PRECIO DE LA LUZ EN UN 70% SEGÚN EL GRUPO ASE

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LAS ENERGÍAS RENOVABLES DISMINUYEN EL PRECIO DE LA LUZ EN UN 70% SEGÚN EL GRUPO ASE

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Solamente la generación de electricidad eólica ha bajado el precio en un 60%. Hasta el 19 de enero, el precio diario del mercado mayorista español se ha situado en 66,69 €/MWh. Esto implica un descenso del 50,8% frente a diciembre y del 69,9% en comparación con su nivel hace un año

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Hasta el 19 de enero, el precio diario del mercado mayorista (POOL) español se ha situado en 64,76 €/MWh. Sumando el sobrecoste que supone para los consumidores el ajuste por el tope al gas (1,93 €/MWh), se coloca en 66,69 €/MWh. Esto implica un descenso del 50,8% frente a diciembre y del 69,9% en comparación con su nivel hace un año. Sin embargo, los analistas de Grupo ASE avanzan que la previsión de producción eólica se reducirá a fin de mes, lo que llevará el precio de la electricidad en torno a 100-140 €/MWh.
Las renovables hunde el precio de la luz
La eólica ha producido un 24% más de electricidad que hace un año. Y a ello se une el extraordinario aumento de la hidráulica (+ 78,4%). Ambas han propiciado que el precio eléctrico se haya desplomado en los primeros 19 días de enero.

El descenso ha sido aún más acusado en la última semana, en la que los ciclos combinados de gas (CCG) apenas han intervenido en el mix energético. De hecho, algunos días la eólica ha llegado a cubrir cerca del 60% de la demanda. Y, en determinadas horas, el exceso de oferta ha provocado que el precio del POOL haya sido cercano a "cero" en muchos momentos.

Así mismo, el coste del "tope del precio del gas" se ha visto muy reducido, a tan solo 1,93 €/MWh, por la escasa participación del gas, que en la última semana solo ha participado en el mercado de ajuste. Incluso algunos días han llegado a registrarse precios negativos porque el coste del ajuste por el tope al gas ha sido inferior al importe de las rentas de congestión por las exportaciones a Francia.
La demanda de gas y electricidad arranca 2023 con un fuerte descenso
La demanda de electricidad en los primeros 19 días del año se ha reducido un 4,8%. Si tenemos en cuenta el dato corregido (días festivos y temperatura) el descenso es de un extraordinario 5,7%.

Con respecto al gas, a 18 de enero su demanda había disminuido un 30,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Salvo los últimos días, las temperaturas se han mantenido por encima de su promedio para estas fechas y han rebajado la demanda convencional (hogares, comercio y empresas) un 25,8%.

Pero, según señalan los analistas de Grupo ASE, la mayor parte del descenso en la demanda de gas se ha concentrado en el sector de generación de electricidad, con una bajada del 44,8%. La fuerte producción eólica e hidráulica ha reducido la necesidad de recurrir a la generación de los CCG en las primeras semanas de enero.

A esta escasa demanda se une el fuerte ritmo de llegadas de barcos gaseros que ha permitido que las reservas terrestres españolas se encuentren al 83,8% de su capacidad y las de los tanques de gas natural licuado (GNL) 76,74%.
El precio del gas cae arrastrado por su baja demanda y la alta producción renovable
El elevado nivel de las reservas ha presionado a la baja el precio diario del gas, también en Europa. El TTF holandés se ha situado en un promedio de 64,16 €/MWh con una disminución del 44% respecto a diciembre. En España, también con una fuerte disminución, el precio promedio está en 62,45 €/MWh.

Y no solo bajan los mercados diarios, también los de futuros. El objetivo de la UE de llegar al 1 de febrero con un mínimo de reservas del 45% en todos los países parece sencillo cuando ahora está al 80% de media. Por eso, como se espera que ese punto de partida reduzca el volumen necesario para rellenarlos de cara al próximo invierno, ha descendido la presión sobre los precios de los mercados de futuros, que han experimentado una fuerte corrección.

En España el precio de MIBGAS para toda la curva de 2023 se ha reducido alrededor de un 30%, hasta niveles de 55-60 €/MWh. Similar ha sido el comportamiento del principal mercado europeo de gas, el TTF, que se mueve en 60-65 €/MWh.

El mercado de futuros eléctrico español (OMIP) también se ha visto arrastrado a la baja cerca del 30% y se mueve por debajo de los 150 €/MWh para 2023.
La reducción de eólica comportará un aumento del precio eléctrico la próxima semana
Las previsiones climatológicas apuntan a que las temperaturas se acerquen a su media estacional. Así mismo, indican una reducción de la producción eólica para la próxima semana, aunque se mantendrá a un nivel medio-alto.

Por su parte, se espera que la producción hidráulica siendo elevada durante los próximos días, dado el fuerte caudal de los ríos y la recuperación de las reservas hidroeléctricas de la cuenca atlántica, que en este momento superan en un 28,5% su nivel promedio de los últimos 5 años.

Aunque de forma moderada, porque las aportaciones eólica e hidráulica seguirán siendo notables, es de esperar que la participación de los CCG crezca la próxima semana. Los analistas de Grupo ASE calculan que en la última parte de enero la electricidad podría situarse en niveles de 100-140 €/MWh (incluido el tope del precio del gas).

Por otra parte, los analistas de Grupo ASE también recuerdan que Europa aún se encuentra en una situación compleja, de escasez de GNL y necesidad de compensar la falta de suministro ruso. Cualquier problema importante, como el aumento de la demanda de gas en Asia o un cambio en las condiciones climatológicas puede tener un impacto inmediato y brusco en los mercados de futuros.

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Las renovables tumban el precio de la luz un 70% en lo que va de enero

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La generación eólica ha llegado a cubrir algunos días un 60% de toda la demanda eléctrica, que ha arrancado 2023 con un fuerte descenso. El cálido invierno reduce los precios en los mercados spot de gas y electricidad europeos y el buen nivel de las reservas de gas rebaja el precio de los futuros.

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Putin recula y Rusia levanta la prohibición de exportar diésel a nivel mundial

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Putin recula y Rusia levanta la prohibición de exportar diésel a nivel mundial

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Vladímir Putin ha reculado en sus planes iniciales y el Gobierno de Rusia ha anunciado el levantamiento de las restricciones impuestas a la exportación de combustible diésel entregado a los puertos marítimos a través de oleoductos, siempre que la empresa fabricante haya suministrado al mercado interno al menos el 50% del combustible diésel producido.

De este modo, Rusia alivia en parte el veto impuesto hace unas semanas a las exportaciones de combustible con el fin de estabilizar el mercado interior, donde la escasez de diésel había empujado al alza los costes, provocando una escalada de los precios en todo el mundo.

Asimismo, para evitar posibles "exportaciones grises", el Gobierno ha anunciado que, tras el levantamiento de las restricciones actuales a la exportación de combustible fuera del país, se ha introducido un impuesto protector sobre los productos petrolíferos. El importe del gravamen aplicado será de 50.000 rublos (475 euros) por tonelada para los proveedores de productos petrolíferos de terceros, aquellos que los compran en el mercado para revenderlos posteriormente.

"Así, el Gobierno reprime los intentos de los revendedores de comprar combustible por adelantado para su posterior exportación una vez que se levanten las restricciones actuales", ha indicado el Gobierno ruso. Un alivio para el resto de países y para los consumidores, puesto que se preveía que este veto provocase un mayor repunte del precio de los combustibles.

Vladímir Putin ha reculado en sus planes iniciales y el Gobierno de Rusia ha anunciado el levantamiento de las restricciones impuestas a la exportación de combustible diésel entregado a los puertos marítimos a través de oleoductos, siempre que la empresa fabricante haya suministrado al mercado interno al menos el 50% del combustible diésel producido.

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Putin recula y Rusia levanta la prohibición de exportar diésel a nivel mundial

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Alivia en parte el veto impuesto con el fin de estabilizar el mercado interior, donde la escasez de diésel había empujado al alza los costes, provocando una escalada de los precios mundial

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En plena precampaña electoral, surge el tema estrella. El intento de intervención de la empresa Desokupa en los dos inmuebles okupados en la zona alta de Barcelona, malograda por la intercesión de los Mossos d'Esquadra, ha desatado una debate avivado por una cobertura mediática milimétrica. La polarización crece. En un mundo lleno de noticias falseadas, o fake news, sortear los bulos supone una gran labor. ¿ Es verdad que la nueva Ley de la Vivienda favorece a los okupas? Veámoslo, punto por punto.

Lo que dice la Ley de Vivienda en cuanto a okupación

La nueva Ley de Vivienda de 2023 no menciona la okupación como movimiento social, es decir, el acto de invadir e instalarse en un inmueble que no constituye el domicilio del propietarion sin su autorización. La okupación constituiría un delito de usurpación y se resolvería como se lleva haciendo: con un desahucio por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad si el propietario interpone una demanda judicial.

Con la nueva Ley de Vivienda vendrá, eso sí, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tiene como intención fortalecer el procedimiento de mediación durante los desahucios, y especialmente en aquellos que involucren a los grandes tenedores de vivienda y a inquilinos que están en una situación de vulnerabilidad.

El objetivo es potenciar que se llegue a un acuerdo entre ambas partes antes de proceder al desahucio. A falta de conciliación, se procederá al desalojo a la vez que se tratará de encontrar una solución habitacional para los ocupantes vulnerables.

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¿Qué cambiará en cuanto a los desahucios para los grandes tenedores?

Según lo que se ha hecho público hasta ahora, esta última enmienda transaccional se aplicará siempre que se reúnan estos requisitos:

El propietario es un gran tenedor (o sea, más de 10 viviendas en propiedad o de más de 1.500 m2, excluyendo garajes y trasteros, puesto que la rebaja a 5 viviendas solo ocurre si así lo declara la Administración competente). Todo propietario deberá entregar, al presentar la demanda judicial, un documento con la relación de sus viviendas expedido por el Registro de la Propiedad.

El inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. Aunque todavía queda poco claro cómo se determinará esta condición, se potenciará la comunicación entre el poder judicial y los servicios sociales para demostrar la vulnerabilidad del ocupante.

Los cambios que influyen en el procedimiento de desahucio son los siguientes:

El propietario que inicie un trámite para recuperar su propiedad deberá acreditar que ha habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre las dos partes; la Administración pública competente cooperará para ofrecer las ayudas o subvenciones que existen en materia de vivienda para llegar a un acuerdo. Si no se acredita, la demanda de desahucio será desestimada.

La policía deberá comunicar día y hora del desahucio y no podrá intervenir por sorpresa.

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¿Y los pequeños propietarios?

Uno de los puntos de la nueva Ley de Vivienda pretende flexibilizar los desahucios por impago de rentas, con independencia de si el propietario es pequeño o grande tenedor, siempre y cuando la orden judicial haya atestiguado que se trata de una situación de vulnerabilidad.

En estos casos, los plazos de suspensión de los desahucios se prolongan un mes más:

Si se trata de un propietario persona física, ahora el plazo será de 2 meses.

Si es una persona jurídica (una empresa o sociedad), el plazo será de 4 meses.

Estas medidas son complementarias -y no excluyen - a las anteriormente mencionadas para los grandes tenedores.

Como propietario, ¿me debo preocupar por los okupas con la Ley de Vivienda?

Si eres un pequeño propietario que quiere alquilar un piso, la Ley de Vivienda no impulsará a que los okupas entren en tu inmueble con mayor facilidad.

La coordinadora de la Vivienda de Madrid de la Plataforma Antidesahucios (PAH), Laura Barrio, apunta para elDiario.es que "las declaraciones de que se favorece la okupación son una lectura interesada de los grandes capitales para meter miedo a los pequeños rentistas ".

Si tu temor es que el inquilino no te pague, una buena solución es alquilar el piso con una inmobiliaria online que se ocupe de los trámites, resuelva cualquier incidencia que suceda durante el contrato y te asesore en caso de impago de las rentas.

Algunas de ellas, como Housfy Alquiler, ofrecen varias ventajas al propietario, como el cobro mensual garantizado, a fin de que la morosidad no sea el motivo de desasosiego. Infórmate aquí:

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¿Qué dice la Ley de Vivienda sobre los okupas? - Housfy

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¿Es la nueva Ley de Vivienda un chollo para los okupas? Estas son las novedades sobre los desahucios para pequeños y grandes propietarios.

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La OMC rebaja a menos de la mitad su previsión de crecimiento del comercio mundial en 2023Las expectativas de la OMC apuntan a una expansión del 3,6% en 2023 del comercio de mercancías de Norteamérica, mientras que en Europa el crecimiento será del 0,4%

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La OMC rebaja a menos de la mitad su previsión de crecimiento del comercio mundial en 2023Las expectativas de la OMC apuntan a una expansión del 3,6% en 2023 del comercio de mercancías de Norteamérica, mientras que en Europa el crecimiento será del 0,4%

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El volumen del comercio mundial de mercancías crecerá un 0,8% este año, menos de la mitad del aumento del 1,7% previsto en abril por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que espera una expansión del 3,3% para 2024, prácticamente sin cambios con respecto a su anterior pronóstico.

En este sentido, las expectativas de la OMC apuntan a una expansión del 3,6% en 2023 del comercio de mercancías de Norteamérica, mientras que en Europa el crecimiento será del 0,4%. De cara a 2024, el aumento esperado en Norteamérica será del 2,7% y del 2,2% en el Viejo Continente.

En cuanto al comercio mundial de servicios comerciales, que no está abarcado por las previsiones, la OMC apunta que los datos preliminares muestran que el crecimiento de ese sector podría estar ralentizándose después de la fuerte reactivación del transporte y los viajes el año pasado.

La institución internacional señala que el comercio y la actividad mundiales se desaceleraron bruscamente en el cuarto trimestre de 2022 al hacerse notar los efectos de una inflación persistente y de la política monetaria más estricta en los Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías, mientras que el debilitado mercado inmobiliario en China impidió que se consolidara en el país una mayor recuperación tras el covid.

Asimismo, advierte de que estos acontecimientos, sumados a las consecuencias de la guerra en Ucrania, " han ensombrecido las perspectivas del comercio", añadiendo que la desaceleración " parece ser generalizada", ya que afecta a un gran número de países y una amplia gama de mercancías. De este modo, el crecimiento del comercio esperado este año por la OMC quedará sustancialmente por debajo de la expansión del PIB real mundial, que se prevé en el 2,6% a tipos de cambio del mercado, mientras que rebasará el crecimiento del PIB del 2,5% anticipado para 2024.

La organización confía en que el crecimiento del comercio repunte el año próximo, acompañado de un aumento lento pero estable del PIB, ya que los sectores más sensibles a los ciclos económicos deberían estabilizarse y reactivarse a medida que se reduce la inflación y comienzan a caer los tipos de interés. Sin embargo, la OMC advierte de que están empezando a verse " signos de fragmentación" de las cadenas de suministro, lo que podría amenazar las perspectivas relativamente positivas para 2024.

" La desaceleración del comercio prevista para 2023 es preocupante, ya que tiene efectos desfavorables para el nivel de vida de la población de todo el mundo", ha advertido la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, añadiendo que la fragmentación de la economía mundial agravaría estos problemas.

"Vemos efectivamente algunas señales que muestran que los datos de la fragmentación del comercio están relacionados con las tensiones geopolíticas. Afortunadamente, aún no hemos llegado a un alto grado de desglobalización", ha apuntado el economista jefe de la OMC, Ralph Ossa, para quien la amplitud de las cadenas de suministro puede haber alcanzado su nivel máximo, al menos en el corto plazo.

El volumen del comercio mundial de mercancías crecerá un 0,8% este año, menos de la mitad del aumento del 1,7% previsto en abril por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que espera una expansión del 3,3% para 2024, prácticamente sin cambios con respecto a su anterior pronóstico.

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La OMC rebaja a menos de la mitad su previsión de crecimiento del comercio mundial en 2023

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Las expectativas de la OMC apuntan a una expansión del 3,6% en 2023 del comercio de mercancías de Norteamérica, mientras que en Europa el crecimiento será del 0,4%

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La Reforma de la Ley de Extranjería introduce una nueva figura para obtener un permiso de residencia: el arraigo por formación, por virtud del cual, un extranjero puede obtener una autorización temporal de residencia por un periodo de 12 meses, cumpliendo los siguientes requisitos:

Ausencia de antecedentes penales en España, en el lugar de su nacionalidad y en sus últimos lugares de residencia durante los últimos cinco años.

Permanencia previa continuada en España de dos años.

Asunción del compromiso de realizar formación oficial en España, enfocada al empleo. El extranjero deberá aportar los justificantes de matrícula en el plazo de tres meses desde la autorización de residencia. De lo contrario, se revocará el permiso.