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Caso Crucitas en Costa Rica analizado bajo los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza)

El caso de la mina Crucitas constituye uno de los ejemplos más relevantes en Costa Rica para analizar la relación entre ética, sostenibilidad y cumplimiento corporativo. Este proyecto de minería metálica a cielo abierto, ubicado en Cutris de San Carlos, generó una amplia controversia debido a cuestionamientos sobre la gestión ambiental, el impacto social y la gobernanza de las decisiones vinculadas a su aprobación. Finalmente, la concesión minera fue anulada por los tribunales costarricenses, convirtiéndose en un referente nacional sobre la importancia de incorporar criterios ASG en la toma de decisiones empresariales y gubernamentales.

Dimensión Ambiental (A)

Desde la perspectiva ambiental, el proyecto presentó preocupaciones relacionadas con la protección de ecosistemas sensibles, la biodiversidad y los recursos hídricos de la zona. Diversos sectores cuestionaron la suficiencia de los estudios ambientales realizados y el posible impacto sobre especies protegidas y áreas de alto valor ecológico. Posteriormente, resoluciones judiciales señalaron irregularidades en el proceso de evaluación ambiental y en el otorgamiento de permisos.

Bajo el enfoque ASG, una organización sostenible debe anticipar, prevenir y mitigar los riesgos ambientales antes de iniciar operaciones. En este caso, la percepción de una gestión ambiental insuficiente generó conflictos legales y sociales que terminaron afectando la viabilidad del proyecto. El caso evidencia que el crecimiento económico no puede lograrse a expensas de la degradación ambiental y que la protección de los recursos naturales constituye un elemento esencial para la sostenibilidad de largo plazo.

Dimensión Social (S)

En el ámbito social, el proyecto provocó una fuerte polarización entre diferentes grupos de interés. Mientras algunos sectores veían oportunidades de empleo y desarrollo económico, otros manifestaban preocupación por los posibles efectos sobre las comunidades locales y el patrimonio natural del país. Esta situación generó protestas, recursos legales y un amplio debate público.

Desde la óptica ASG, las empresas deben procurar una adecuada gestión de sus grupos de interés (stakeholders), promoviendo la participación de las comunidades afectadas y garantizando que sus preocupaciones sean consideradas en la toma de decisiones. El caso Crucitas demuestra cómo la falta de consenso social y de una licencia social para operar puede convertirse en un riesgo crítico para cualquier proyecto de inversión.

Además, la situación posterior en la zona, caracterizada por el crecimiento de la minería ilegal, evidenció que los conflictos socioambientales no resueltos pueden generar consecuencias negativas para las comunidades, la seguridad y la gobernanza territorial.

Dimensión de Gobernanza (G)

La dimensión de gobernanza es probablemente la más relevante en este caso. El proyecto fue objeto de cuestionamientos relacionados con la transparencia de los procesos administrativos, la calidad de las decisiones institucionales y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Las posteriores anulaciones judiciales reflejaron deficiencias en la forma en que se gestionó y supervisó el proyecto.

La gobernanza corporativa y pública exige que las decisiones se adopten con transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento normativo y respeto al Estado de derecho. Desde esta perspectiva, el caso Crucitas pone de manifiesto la importancia de que las organizaciones realicen evaluaciones de riesgo integrales, implementen sólidos programas de compliance y aseguren el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y social vigente.

Asimismo, el caso demuestra que una gobernanza deficiente puede traducirse en pérdidas económicas, daño reputacional, litigios prolongados y pérdida de confianza de los grupos de interés. Estos son precisamente algunos de los riesgos que los criterios ASG buscan prevenir mediante una gestión ética y sostenible.

El caso Crucitas confirma que los criterios ASG no son únicamente indicadores de sostenibilidad, sino herramientas estratégicas para la gestión de riesgos y la creación de valor a largo plazo. Las organizaciones que ignoran estos principios se exponen a sanciones legales, pérdida de legitimidad social y deterioro de su reputación, mientras que aquellas que integran la sostenibilidad en su estrategia fortalecen su competitividad y contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad

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El fracaso del proyecto habitacional tradicional para la comunidad aborigen radicó en la omisión total de los criterios ASG, especialmente en su dimensión Social (S), al ignorar el contexto cultural y no realizar una Consulta Previa, Libre e Informada. Al diseñar las viviendas desde una perspectiva ajena a las costumbres étnicas, el proyecto incurrió en un analfabetismo cultural que llevó a la comunidad a rechazar el uso habitacional de las estructuras de cemento, utilizándolas únicamente para almacenar leña mientras continuaban viviendo en sus chozas tradicionales. Esto demuestra una falla grave de Gobernanza (G) al medir el éxito solo mediante metas de infraestructura financiera en lugar de indicadores de impacto real, destruyendo el retorno social y el bienestar colectivo a largo plazo.

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El caso Crucitas es un conflicto ambiental, legal y social en Cutris de San Carlos, Alajuela, iniciado en 1999 con una concesión a la empresa canadiense Industrias Infinito para extraer oro a cielo abierto. Tras anularse la concesión en 2010 por ilegalidades y prohibirse esta minería por ley, la zona sufrió una grave invasión de minería ilegal y un arbitraje internacional desfavorable para la empresa en el CIADI (tomado de: https://delfino.cr/2019/02/el-caso-crucitas-de-principio-a-fin)

El caso Crucitas demuestra que la sostenibilidad no es un trámite estético, sino una necesidad operativa. Ignorar los criterios ASG no previno el impacto ambiental ni social; por el contrario, la falta de una estrategia integral y de una gobernanza sólida dejó al país sin los recursos del oro, con un daño ambiental catastrófico y con un problema social y de seguridad que aún hoy cuesta millones gestionar.

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El caso Crucitas comenzó a desarrollarse en diciembre de 1999 cuando la empresa Industrias Infinito S.A. solicitó al Estado la concesión de explotación minera sobre un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela. Tras varias solicitudes de información por parte de las autoridades, el 17 de diciembre del 2001 el Poder Ejecutivo entregó a la empresa canadiense la concesión, siempre y cuando presentara el estudio de impacto ambiental necesario.

El presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella y su ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez emitieron el 12 de junio del 2002 el Decreto Ejecutivo 30477-MINAE, declarando la moratoria nacional sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto. Dicho decreto contenía un transitorio que establecía que todos aquellos trámites relacionados con la exploración y explotación del mineral oro a cielo abierto que se encontrasen pendientes ante la Dirección de Geología y Minas y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a la fecha de publicación del decreto, serían suspendidos.

Pese a lo anterior, ni MINAE ni SETENA suspendieron los procedimientos de viabilidad ambiental, concesión de explotación minera ni trámites conexos gestionados por Industrias Infinito, la cual a la fecha de emisión de la moratoria no había presentado el estudio de impacto ambiental necesario para que pudiera obtener la concesión.

Meses después, en noviembre del 2004, la Sala Constitucional anuló la resolución del 2001 que había otorgado a Industrias Infinito la concesión de explotación minera, por no haber contado con un estudio de impacto ambiental previo. Pese a ello, en agosto del 2005 SETENA declaró que el estudio de impacto ambiental que la empresa había presentado cumplía con lo solicitado por ese órgano y solicitó a la desarrolladora nombrar un regente ambiental, presentar una bitácora y una serie de documentos referidos a los compromisos ambientales.

En diciembre del 2005, SETENA otorgó la viabilidad ambiental de Crucitas, pese a que la resolución que había otorgado la concesión fue anulada por la Sala Constitucional y se encontraba vigente la moratoria. Hasta mayo del 2007, la empresa minera pidió convalidar la resolución anulada, alegando que ya había cumplido con el estudio de impacto ambiental y que este le había sido aprobado.

En diciembre del 2007, la empresa presentó ante SETENA un documento en el que solicitaba cambios diversos al proyecto minero, incluyendo ampliar su fase operativa por 9,25 años y la autorización para el uso de explosivos. La institución dio su visto bueno, el 4 de febrero del 2008, sin solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental ni convocar a una audiencia pública para analizar los impactos que podrían generar los cambios introducidos por Industrias Infinito.

Luego, en abril del 2008, el presidente de la República, Oscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles revivieron la resolución del año 2001 que otorgaba la concesión minera a la empresa minera, pese a que esta había sido anulada por la Sala Constitucional y se encontraba vigente la moratoria emitida por el presidente Pacheco.

No fue sino hasta el 4 de junio del 2008 que Arias y Dobles derogaron el decreto que declaraba moratoria sobre la actividad minera en Costa Rica y el 17 de octubre de ese año, se publicó el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, declarando de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas.

El mismo día en que el decreto anterior fue publicado, el MINAE autorizó la corta de árboles en las áreas boscosas, pese a que había especies en peligro de extinción y otras habían sido incorrectamente identificadas. El 20 de octubre del 2008, la Sala Constitucional ordenó suspender precautoriamente la tala de bosque en Crucitas y reafirmó esa orden en otra resolución en noviembre del 2008.

La primera impugnación contra los actos que daban pie a la operación de Industrias Infinito en Costa Rica fue interpuesta en el 2008 y luego ampliada en el 2010, ambos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual finalmente emitió sentencia el 14 de diciembre del 2010.

El Tribunal encontró que el Poder Ejecutivo, liderado por Oscar Arias, no otorgó audiencia a entidades representativas de intereses de carácter general, ni dio publicidad sobre la intención de declarar de conveniencia nacional e interés público el Proyecto Minero Crucitas.

Los jueces también lograron determinar que en el lugar donde se desarollaría el proyecto había un acuífero inferior confinado, cuya existencia no fue confirmada ni verificada por la empresa, así como tampoco su potencial característica de ser transfronterizo ni sus zonas de recargo.

Otra irregularidad detectada fue que la empresa minería pretendía excavar más allá de los 75 metros de profundidad autorizados y no informó de ello al MINAE ni a SETENA. Asimismo, Industrias Infinito pretendía invadir un camino cantonal para desarrollar la laguna de relaves, sin informar de ello al Poder Ejecutivo y sin que dicho camino hubiese sido desafectado por la Asamblea Legislativa, previo visto bueno de la Municipalidad de San Carlos.

El propio MINAE pasó por alto la existencia de dicho camino, pese a que una de sus geólogas realizó una visita de campo y SETENA tampoco tomó ese factor en consideración a la hora de emitir el visto bueno.

Otra irregularidad encontrada en juicio fue que los diagramas de flujo presentados ante SETENA no tenían ni el sello, ni la firma de un ingeniero químico, ni el visto bueno del Colegio de Ingenieros Químicos.

Los jueces determinaron que la resolución 3638-2005-SETENA que otorgaba la viabilidad ambiental, la resolución N°170-2008-SETENA mediante la cual la Administración aprobó la solicitud de modificación al Proyecto Minero Crucitas presentada por Industrias Infinito S.A y la resolución R-217-2008-MINAE, mediante la que se volvió a entregar la concesión minera a Industrias Infinito, estaban viciadas, por haber sido emitidas durante la vigencia del Decreto Ejecutivo que había declarado una moratoria a la minería en el país.

El Tribunal también señaló que SETENA debía haber solicitado un nuevo estudio de impacto ambiental, dados los cambios al proyecto inicial formulados por Infinito Gold, sin embargo, no lo hizo. Asimismo, censuró que el Poder Ejecutivo hubiese revivido siete años después un acto anulado por la Sala Constitucional: el derecho de concesión que le fue entregado en 2001 y anulado en el 2008 por no haberse solicitado previamente dicho estudio de impacto ambiental.

Según los jueces, al haberse anulado la resolución que otorgaba la concesión, Industrias Infinito perdió ese derecho y por ende, lo único que tenía era un derecho de exploración, más no de explotación. "El único derecho que Industrias Infinito ha tenido declarado a su favor y que no ha sido cuestionado, es el permiso de exploración, que como ya se indicó, jamás podría conceder automáticamente el derecho de concesión, pues tal interpretación lesiona la inteligencia de este Tribunal, violenta el ordenamiento jurídico y se traduce ni más ni menos en un grosero fraude de ley", dice la resolución.

Respecto al decreto que declaraba de interés público y conveniencia nacional el proyecto Crucitas, el Tribunal determinó que tanto Oscar Arias como Roberto Dobles violentaron los artículos los artículos 131, 133, 136, 158, 166, 223 y 361 de la Ley General de la Administración Pública, pues no hicieron ni la más mínima referencia a los documentos, estudios, dictámenes, u otros elementos de orden técnico y científico que respaldaran y justificaran la conveniencia nacional del proyecto.

Arias y Dobles únicamente contemplaron en el decreto que la mina traería algunos beneficios como más empleos y pago de impuestos, pese a que estos últimos son una obligación por ley. A criterio del Tribunal, esos aspectos por sí mismos no implican ninguna diferencia sustancial con respecto a otras actividades comerciales que se desarrollan en el país día con día.

Otra falla del expresidente y del exministro encontrada por el Tribunal fue que el decreto que emitieron autorizaba la tala de bosque en un área inferior a la autorizada por SETENA, situación que generó un estado de absoluta incerteza respecto de la correcta y seria determinación de las zonas objeto de la tala de árboles. La discrepancia, según la sentencia, era suficiente para que conforme al principio precautorio en materia ambiental, el Poder Ejecutivo se abstuviera de dictar dicho decreto.

Finalmente, el Tribunal señaló que el hecho que el Código de Minería declare de utilidad pública la actividad minera, no hacía per se que Crucitas fuera un proyecto de utilidad pública, pues tal condición únicamente podía entregarse luego de hacer una serie de valoraciones y procedimientos establecidos por la Ley Forestal, los cuales no se hicieron en este caso.

Aunque el decreto firmado por Arias y Dobles tenía como fin saltarse la prohibición legal de talar especies de árboles protegidas o en peligro de extinción, los jueces indicaron que tal acción fue fraudulenta y constituyó una desviación de poder, pues debía seguirse el procedimiento establecido en la Ley Forestal, al ser esa una ley especial en lo que atañe a esos aspectos y además, por haber sido emitida con posterioridad al Código de Minería.

Por todas esas fallas, los jueces determinaron que la preparación del decreto no tuvo la más mínima rigurosidad, diligencia y respeto por analizar el fondo del asunto, ni dar publicidad ni participación a los ciudadanos u organizaciones sobre el alcance de esta declaratoria.

"Se encuentra que esta actuación es sumamente gravosa, en el tanto si bien no se cumplió con el procedimiento especial para la elaboración de disposiciones de carácter general regulado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, tampoco fue cumplido el mínimo requisito que exige nuestro ordenamiento jurídico para la emisión válida de un acto administrativo, cual es la realización de un procedimiento administrativo previo (ordinario o sumario)", agrega la resolución.

Para el caso concreto, encuentra el Tribunal que el Presidente de la República y el Ministro del ramo inobservaron groseramente este procedimiento, pues de una revisión del expediente administrativo N° DAJ-077-2008, que sustenta el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, no se observa, ni por asomo, actos tendientes a dar cumplimiento al procedimiento estipulado por Ley para poder emitir lícitamente este Decreto, no encontrándose que existan razones de interés público o de urgencia que justifiquen el incumplimiento de este requisito necesario para la validez del Decreto aludido, ni mucho menos fueron expresadas en ese acto

En su resolución integral, los jueces calificaron como "algo excepcional" el hecho que todas las ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas en este caso tuvieran como fin la aprobación del proyecto minero Crucitas, lo que hacía viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.

Por ello, dada su intervención en el desarrollo de las conductas aquí declaradas ilegales y anuladas, resulta pertinente comunicar lo resuelto al Ministerio Público para que allí se determine si es procedente o no seguir una causa penal en contra de alguna de las siguientes personas: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias.

El Tribunal recordó que el artículo 140 inciso 3 de la Constitución Política establece que el presidente de la República y el respectivo ministro tienen el deber de velar por el exacto cumplimiento de las leyes, por lo que dado que ambos suscribieron dos de los actos ilegales y anulados en el juicio, era necesario que el Ministerio Público determinara si cabía una responsabilidad penal sobre ambos.

Pese a la contundencia de los señalamientos del Tribunal Contencioso en el fallo, el cual fue reconfirmado por la Sala Primera, el fiscal general de la República de ese entonces, Jorge Chavarría, nunca indagó a Oscar Arias por el caso, más sí al exministro Dobles, a quien llevó a juicio y finalmente fue condenado a tres años de prisión por prevaricato.

En su defensa, Chavarría dijo que había pruebas de la culpabilidad de Dobles en la firma del decreto, más no del expresidente, pese a que ambos actos ilegales no habrían tenido eficacia sin la firma del mandatario.

Roberto Dobles apeló su sentencia, logró que se ordenara un nuevo juicio pero el tribunal determinó que era necesario esclarecer si Arias era imputado por los hechos que se le acusaban a Dobles, pues ambos habían sido emitidos en su conjunto. Chavarría acusó a los jueces ante la Inspección Judicial por ese hecho y reiteró que Arias no era acusado en este caso.

No fue sino hasta que asumió Emilia Navas la Fiscalía General que Arias fue citado para indagación, en noviembre del 2017. En agosto del 2018, Navas acusó a Arias de prevaricato y solicitó llevarlo a juicio.

La defensa de Arias apeló ante la Sala Constitucional el hecho que el expediente del exmandatario fuera fusionado con el del exministro Dobles y denunció supuestas violaciones por parte de la Fiscalía al derecho de defensa del expresidente. Ambos reclamos fueron rechazados.

El 22 de febrero del 2019, la defensa de Arias informó que el Juzgado Penal de Hacienda había dictado un sobreseimiento definitivo a su favor, tras determinar que la causa había prescrito. Según los abogados de expresidente, inicialmente no se iba a usar la prescripción como defensa, sin embargo, las actuaciones del Ministerio Público los hizo tomar la decisión de emplearla.

La jueza emitió el sobreseimiento no sin antes señalar que en el expediente sí había elementos de prueba que ligaban al expresidente a las conductas que se estaban denunciando, pero que como la Fiscalía General de Jorge Chavarría nunca realizó la indagación, el plazo para la prescripción continuó corriendo.

El 23 de febrero del 2019, la fiscala Emilia Navas dijo que el Ministerio Público apelaría el sobreseimiento definitivo, al afirmar que la causa penal no había prescrito. La discrepancia entre la jueza y el Ministerio Público radica en el momento a partir del cual el plazo de prescripción empezó a correr.

Según la juzgadora, dicho plazo inició a partir del 14 de diciembre del 2010, cuando el Tribunal Contencioso emitió sentencia sobre Crucitas. De ese modo, los seis años plazo vencieron el 14 de diciembre del 2016, un año antes de la primer declaración indagatoria contra Arias realizada por la Fiscalía el 8 de noviembre del 2017.

Sin embargo, para el Ministerio Público el plazo de prescripción empezó a correr a partir del momento en que la Sala Primera reconfirmó la sentencia impugnada, es decir, el 30 de noviembre del 2011, por lo que la prescripción era el 30 de noviembre del 2017. La indagatoria de Arias el 8 de noviembre del 2017 habría extendido el plazo seis años más.

La prescripción es una sanción procesal ante la inactividad del Estado en la persecución de un delito y establece plazos para que esto ocurra; en el caso del delito de prevaricato, por el que se acusó a Arias, según la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, este período se interrumpe cuando un acto es declarado nulo o ineficaz por parte de la autoridad administrativa o judicial.

El 9 de mayo del 2019, el Tribunal Penal de Hacienda anuló el sobreseimiento definitivo a favor de Oscar Arias y ordenó al juzgado realizar una nueva audiencia, con un juez diferente, para determinar si el caso estaba prescrito o no.

El 3 de octubre del 2019 el Juzgado Penal emitió otro sobreseimiento definitivo a favor de Arias al declarar la causa prescrita, sin embargo, la Fiscalía General dijo que nuevamente apelaría la resolución ante el Tribunal Penal.

El 10 de diciembre del 2019, el Tribunal Penal de Hacienda rechazó la última apelación de la Fiscalía para llevar a juicio al expresidente, agotando así los intentos de revivir el caso. Con este sobreseimiento definitivo, Arias queda libre de culpa por prescripción.

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El caso Crucitas comenzó a desarrollarse en diciembre de 1999

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Es lamentable, que la desatención de los elemento asg fueron tan evidentes que la ciudadanía paralizó el país para que se detuviera el proyecto. Esa mina tenía fallas de todo tiempo No control de los aspectos ambientales presentando peligros, no pagos a los seguros ambientales, no mantenimiento; no respeto por las prestaciones de los trabajadores, que incluso se dejaron de pagar las cuotas de seguridad social y, a pesar de realizarse en base a un contrato Ley, no se cumplían con los pagos al estado. Parece mentíar que intenten vender la idea que necesitamos la mina para sostenernos económicamente. La mina lo único que demostró es un manejo de la retórica y ostento de su poder económico al financiar todas las obras que le resultaran mediaticamente positivas. Todo era un juego de imagen, sin compromiso o acciones relevantes.

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Hola, compañeros. Desde Panamá, considero que uno de los casos más representativos de una gestión deficiente de criterios ASG es el proyecto Cobre Panamá.

Aunque fue una inversión de gran importancia económica, el proyecto terminó convirtiéndose en un fuerte conflicto nacional. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado panameño y Minera Panamá. Posteriormente, se establecieron medidas para el cierre y mantenimiento de la mina.

¿Por qué hicieron falta criterios ASG?

Ambiental: un proyecto minero de esta magnitud debía contar con controles, seguimiento y comunicación pública mucho más sólidos sobre sus impactos, compromisos ambientales y posibles pasivos futuros. De hecho, la auditoría integral oficial iniciada posteriormente analiza el cumplimiento ambiental, legal, laboral, tributario y operativo del proyecto, así como los riesgos y pasivos ambientales potenciales.

Social: la gestión no logró conservar una licencia social sólida. El conflicto generó una amplia movilización ciudadana y evidenció la necesidad de una participación más efectiva de comunidades, trabajadores y demás grupos de interés en las decisiones que podían afectar al país.

Gobernanza: este fue probablemente el aspecto más crítico. La inconstitucionalidad del contrato evidenció fallas en la legitimidad jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas y el proceso de toma de decisiones. Una mejor gobernanza habría requerido mayor consulta, trazabilidad de las decisiones, cumplimiento constitucional y comunicación clara con la sociedad.

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Barro Blanco: cuando un proyecto “verde” ignora a su gente

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Barro Blanco: cuando un proyecto “verde” ignora a su gente

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El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en territorio Ngäbe-Buglé (Chiriquí), prometía energía limpia para Panamá con financiamiento de bancos de desarrollo europeos. Pero fallaron los tres criterios ASG: en lo Ambiental, un estudio de impacto insuficiente que subestimó la inundación de tierras y sitios culturales; en lo Social, la ausencia de consulta previa, libre e informada a la comunidad, derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, lo que derivó en protestas y la muerte de un manifestante en 2012; y en Gobernanza, el reconocimiento posterior de los propios bancos financiadores (FMO y DEG) de fallas graves en su debida diligencia de derechos humanos antes de aprobar los desembolsos.

La lección: un proyecto puede ser “verde” en el papel y catastrófico en la práctica si no gestiona de forma integrada lo ambiental, lo social y lo de gobernanza desde el diseño.

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El caso de Minera Panamá demuestra la importancia de integrar los criterios ASG en la estrategia empresarial y no tratarlos únicamente como un requisito de cumplimiento. Desde la perspectiva Ambiental (A), la empresa enfrentó cuestionamientos por el impacto de la actividad minera sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y la gestión ambiental. En el componente Social (S), surgieron conflictos con comunidades, protestas ciudadanas y preocupaciones sobre los efectos de la operación en distintos grupos de interés. En cuanto a la Gobernanza (G), el proceso evidenció la necesidad de fortalecer la transparencia, el cumplimiento normativo, la comunicación con los grupos de interés y la gestión de riesgos reputacionales. Este caso pone de manifiesto que una gestión deficiente de los criterios ASG puede afectar la continuidad operativa, el acceso al financiamiento, la confianza de los inversionistas y la licencia social para operar, aun cuando el proyecto sea económicamente rentable.

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Tal vez el proyecto de infraestructura más complejo y con mayor impacto en Colombia en temas ASG fue el proyecto Hidroeléctrico de Hidroituango, este proyecto sufrió un taponamiento en la galería auxiliar de descarga, un túnel que se construyó para desviar el río Cauca, el consorcio precionado por los retrasos en el cronograma acelero la obra y cerro los túneles de desviación originales antes qué la casa de máquinas estuviera lista, esto generó en el túnel auxiliar un colapso debido a las fallas biológicas mal calculadas y provocó el llenado descontrolado y prematuro del embalse.

Las consecuencias humanas para las poblaciones aguas abajo fueron evacuaciones de más de 17.000 personas en emergencia, miles de familias perdieron todo de la noche a la mañana, se generaron problemas de salud pública y pérdidas patrimoniales severas, se interrumpió el ciclo de reproducción de peces destruyendo el ecosistema y se generaron problemas de calidad de agua por el represamiento descontrolado de los sedimentos del río.

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El río Reventazón era una joya. Rápidos legendarios, turismo de aventura, pesca ancestral, corredor biológico vivo. Un río con historia, cultura y economía alrededor.

Llegó la represa del ICE. La más grande de Centroamérica. $1,440 millones invertidos. Y esto fue lo que pasó:

Ambientalmente: los peces migratorios nativos se extinguieron. La vegetación inundada se pudrió generando metano. 34 km de hábitat fluvial destruidos y un corredor biológico partido a la mitad.

Socialmente: las comunidades que vivían del río quedaron sin compensación. Las comunidades indígenas fueron excluidas del proceso. Los rápidos que nos hacían famosos en el mundo del kayak, desaparecieron.

En gobernanza: el ICE no cumplió su propio plan de reforestación. Los financistas internacionales abrieron investigaciones. La comunidad perdió tanta confianza que cuando quisieron hacer algo similar en el río Pacuare, el 97% votó en contra.

Un proyecto puede ser técnicamente exitoso y financieramente rentable… y aun así ser un fracaso total si ignora lo Ambiental, lo Social y la Gobernanza. Eso es exactamente lo que los criterios ASG buscan evitar.

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Hay varios casos muy relevantes en Costa Rica que se pueden analizar bajo los criterios ASG. Aquí los más representativos según el caso que te interese:

Caso Cochinilla (2021) — falla en G (Gobernanza)
Las constructoras MECO y H Solís, junto con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), estuvieron involucradas en una red de corrupción donde empresarios sobornaban a funcionarios públicos para garantizarse contratos de obra vial. Se investigan delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias

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Hace algunos años, una empresa multinacional decidió construir una gran planta industrial cerca de una comunidad costera. El proyecto prometía empleo, desarrollo económico y crecimiento para toda la región. Los inversionistas estaban satisfechos, los cronogramas eran ambiciosos y la presión por iniciar la construcción era enorme.

Sin embargo, hubo un error crítico: el proyecto avanzó sin integrar adecuadamente los criterios ASG.

Desde la perspectiva ambiental, no se realizó un análisis profundo de los impactos sobre los ecosistemas marinos. Durante la construcción, se generaron vertidos que contaminaron manglares y afectaron la pesca artesanal, principal fuente de ingresos de cientos de familias.

En el ámbito social, la empresa no consultó oportunamente a las comunidades locales ni a los grupos indígenas presentes en la zona. La falta de diálogo generó protestas, bloqueos, conflictos sociales y pérdida total de la licencia social para operar.

Por otra parte, desde la gobernanza, la organización ocultó información relevante sobre los impactos ambientales y minimizó los riesgos en sus reportes de sostenibilidad. Cuando esta información salió a la luz, los inversionistas retiraron parte de su financiamiento, los reguladores impusieron sanciones millonarias y la reputación corporativa sufrió un daño irreversible.

El resultado fue catastrófico. El proyecto acumuló retrasos superiores a dos años, sobrecostos multimillonarios, demandas judiciales y una fuerte caída en el valor de la empresa.

Este caso demuestra que los criterios ASG no son un requisito adicional ni un simple ejercicio reputacional. Son elementos estratégicos de gestión del riesgo y creación de valor.

La principal lección es clara: todo proyecto debe iniciar identificando impactos ambientales y sociales, evaluando expectativas de los grupos de interés, estableciendo mecanismos sólidos de gobernanza y asegurando una comunicación transparente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Ignorar los criterios ASG puede transformar un proyecto prometedor en un fracaso financiero, social y ambiental de enormes proporciones.

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El colapso de la UNGRD en Colombia es el reflejo más crudo de cómo la corrupción destruye la viabilidad de cualquier proyecto público. En este desastre, la falta absoluta de controles éticos y auditorías reales (Gobernanza) permitió el desvío sistemático de recursos a través de un entramado de coimas y sobrecostos en la compra de carrotanques. Al final, el impacto más grave lo sufrieron las personas y el entorno: se le arrebató el acceso al agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira en plena crisis humanitaria (Social) y se dejó al país sin fondos para mitigar emergencias climáticas extremas como sequías e inundaciones (Ambiental).

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Ley de Minería Metálica en El Salvador: Un análisis desde la perspectiva ASG

Un proyecto reciente en El Salvador que considero relevante analizar bajo la óptica de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) es la aprobación de la nueva Ley General de Minería Metálica, impulsada a finales de 2024, la cual puso fin a la prohibición de la minería metálica que existía desde 2017. La medida fue presentada por el Gobierno como una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y aprovechar las reservas de oro identificadas en el país.

Sin embargo, desde una perspectiva de sostenibilidad, considero que el proyecto presenta importantes desafíos relacionados con los tres pilares ASG.

Dimensión Ambiental (A)

El principal cuestionamiento se relaciona con la protección de los recursos naturales, especialmente el agua. El Salvador es uno de los países con mayor estrés hídrico de América Latina y organizaciones ambientales han señalado que la actividad minera puede generar contaminación de ríos, acuíferos y suelos debido al drenaje ácido y al uso intensivo de recursos hídricos. Diversos grupos ambientales y organismos internacionales han manifestado preocupación por el posible impacto sobre la biodiversidad y la disponibilidad de agua para las comunidades.

Desde el punto de vista ASG, antes de aprobar un proyecto de esta magnitud debió desarrollarse una evaluación ambiental más amplia y transparente, incorporando indicadores medibles de impacto ambiental, planes de mitigación y mecanismos de monitoreo independientes.

Dimensión Social (S)

El segundo elemento crítico es el impacto en las comunidades. Históricamente, los proyectos mineros han generado conflictos sociales relacionados con el uso del agua, la salud pública y la distribución de los beneficios económicos. En este caso, diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, universidades y grupos ambientalistas expresaron preocupación por los posibles efectos sobre las poblaciones cercanas a las futuras zonas de explotación minera.

Un enfoque ASG robusto habría requerido procesos de consulta ciudadana más amplios, mecanismos de participación comunitaria y planes específicos para asegurar que los beneficios económicos se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades afectadas.

Dimensión de Gobernanza (G)

Desde la perspectiva de gobernanza, uno de los principales cuestionamientos ha sido la velocidad con la que fue aprobada la legislación y la percepción de que existió una limitada participación de actores externos en el proceso de discusión. Diversos sectores han solicitado mayor transparencia en los estudios técnicos, evaluaciones económicas y análisis de riesgos que respaldan la decisión.

La gobernanza sostenible exige procesos de toma de decisiones transparentes, rendición de cuentas y participación de múltiples grupos de interés. Estos elementos son fundamentales para generar confianza y legitimidad en proyectos de alto impacto económico y ambiental.

Reflexión personal

Desde los conceptos aprendidos en el MBA, considero que la sostenibilidad no debe verse como un obstáculo para el crecimiento económico, sino como una condición necesaria para garantizar que dicho crecimiento sea sostenible en el largo plazo.

La minería podría representar una oportunidad económica para El Salvador; sin embargo, para que un proyecto de esta naturaleza sea sostenible, debería estar respaldado por una estrategia ASG integral que contemple protección ambiental, participación comunitaria efectiva, transparencia institucional y mecanismos claros de control y supervisión.

La principal lección que deja este caso es que los proyectos de alto impacto no pueden evaluarse únicamente por su rentabilidad económica. El verdadero éxito se alcanza cuando se logra equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente, el bienestar social y una gobernanza sólida y transparente.

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Un ejemplo de la importancia de los criterios ASG en Panamá es el caso de Cobre Panamá. El proyecto enfrentó cuestionamientos relacionados con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, lo que generó protestas, conflictos con diversos grupos de interés y debates sobre la transparencia en la gestión del proyecto. Este caso demuestra que la aplicación adecuada de criterios ASG es fundamental para identificar riesgos, fortalecer la confianza de las comunidades y promover una gestión más sostenible y responsable de los proyectos de gran escala.

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El proyecto consiste en la construcción de una represa hidroeléctrica junto con la extracción a cielo abierto de cobre. Aunque se presentó como energía limpia y desarrollo económico la ejecución ignoro estándares internacionales de sostenibilidad. Esto se debe a la contaminación de cuerpos hídricos, la pérdida de biodiversidad, el incumplimiento de la huella de carbono; acompañado de la vulneración de pueblos originarios, brechas de género y esquemas de trabajo forzado. Todos estos factores han desencadenado un conflicto de intereses en su gobernanza, el riesgo de corrupción legal y la falta de transparencia y reportes financieros falsos.

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La compacía actualmente no cuenta con una estrategia formal de sostenibilidad ni con un marco ESG definido. Sin embargo la dimensión social es la más desarrollada y madura de la organización. El principal valor y oportunidad para la compañía radica en ordenar, institucionalizar y conectar las iniciativas existentes, integrándolas en una estrategia ESG alineada con la estrategia de negocio, las necesidades operativas y los planes de crecimiento futuro.

SOCIAL: No existe una estrategia social ESG formalizada, las acciones existen, pero no están integradas bajo una política de sostenibilidad, no se reportan externamente. Alto volumen de procesos manuales, muchos procesos aún no están automatizados y la carga operativa impacta el clima laboral, eficiencia y escalabilidad. Integrar capacity plan y automatización como parte del enfoque social y de personas

AMBIENTAL: Enfoque ambiental no institucionalizado, no existe una política ambiental formal, las iniciativas son aisladas, no parte de un sistema de gestión ambiental. No hay KPIs ambientales (intensidad energética, consumo per cápita, etc.)No hay metas de reducción, no se calcula huella de carbono ni impactos climáticos

GOBERNANZA: Priorizar automatización y tecnología como eje de eficiencia, sostenibilidad y bienestar laboral. Evolucionar el reporte regulatorio hacia un reporting integral ESG

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Caso proyecto minero Crucitas- San Carlos Costa Rica

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Caso proyecto minero Crucitas- San Carlos Costa Rica

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El proyecto de minería de oro a cielo abierto en Crucitas, impulsado por la empresa canadiense Infinito Gold, es uno de los casos más emblemáticos de resultados negativos en ESG en el país.

Concesión otorgada en los años 2000 para minería de oro a cielo abierto.

Generó fuerte oposición social y ambiental.

Fue anulado por tribunales en 2010 debido a irregularidades y riesgo ambiental.

El país incluso prohibió la minería metálica a cielo abierto poco después

Impacto ambiental:

Deforestación y destrucción de hábitats (incluyendo especies en peligro como la lapa verde).

Riesgo de contaminación con cianuro y mercurio, afectando agua y suelos.

Posteriormente, la zona sufrió minería ilegal, causando:

Deforestación masiva

Contaminación de ríos con mercurio.

Consecuencias sociales negativas:

Conflictos con comunidades locales y protestas ciudadanas.

Desarrollo de una crisis social en la zona:

Aumento de delincuencia, violencia y explotación laboral vinculada a minería ilegal

Presencia de crimen organizado y condiciones peligrosas para trabajadores

Problemas de salud asociados a contaminación del agua.

Debilidades claras en gobernanza pública y privada:

Irregularidades en la concesión que llevaron a su anulación judicial.

Cambios políticos contradictorios (moratoria, levantamiento, nueva prohibición).

Falta de control estatal posterior, que permitió expansión de minería ilegal.

Costos legales y conflictos prolongados por más de dos décadas.

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Un ejemplo en Costa Rica fue el caso del proyecto minero Crucitas, donde se cuestionó el cumplimiento de criterios ASG debido al impacto ambiental asociado con la tala de bosque y afectación de ecosistemas, así como preocupaciones sobre gobernanza y transparencia en los permisos otorgados. El caso generó un amplio debate público y consecuencias legales y ambientales para las partes involucradas.

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La constructora priorizó la eficiencia de costos y el ahorro de materiales por encima de la ética técnica y la seguridad.

Se ignoraron las señales de alerta estructurales que el edificio presentaba meses antes del colapso. No hubo un reporte de riesgos honesto a los propietarios ni a las autoridades. La "G" implica que la alta dirección asegure que los procesos cumplan con estándares superiores. Aquí, la falla en la supervisión interna y el diseño estructural deficiente demostraron una gobernanza enfocada en el beneficio económico de corto plazo, ignorando la sostenibilidad del activo.

El impacto social fue catastrófico y multidimensional, pues el colapso de la Torre cobró la vida de 12 personas y cientos de familias perdieron su hogar y el ahorro de toda su vida. El impacto emocional y el desplazamiento forzado de los residentes de las otras torres (que tuvieron que ser demolidas) es una vulneración masiva a los derechos de los involucrados. El caso puso en duda la seguridad de toda la industria de la construcción, afectando la confianza del consumidor en el sector.

Aunque menos discutido, la demolición controlada de las torres restantes generó:

Toneladas de escombros que debieron ser gestionados, generando una huella ambiental que no estaba planificada en el ciclo de vida del proyecto y polución, el impacto del polvo y las partículas durante la implosión afectó la calidad del aire de la zona residencial.

El colapso del Edificio Space no fue un accidente de ingeniería, sino una falla de Gestión ASG. Si la empresa hubiera tenido un comité de riesgos independiente (G) y una verdadera política de responsabilidad con sus clientes (S), se habrían atendido las fallas estructurales a tiempo. Este caso nos enseña que el 'ahorro' en criterios ASG termina siendo el costo más alto que una empresa puede pagar: su desaparición y la destrucción de su reputación.

Este evento fue el que impulsó en Colombia la creación de la "Ley de Vivienda Segura", lo que demuestra cómo una falla ASG obliga a cambios regulatorios en todo un país.

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Un proyecto terriblemente creado en el y completo fracaso en la destrucción ambiental y mal manejo del tema social.

Costo financiero elevado, factor de apoyo comunitario ausente con destruccion de bosques flora y fauna en una region donde estaban basadas comunidades indigenas con baja educacion.

Se suponia mejorar sistema de generacion electrica en el pais y mermar un poco la alta necesidad de servicio.

No pudo realizarse y los inversionistas perdieron su capital.

Factor primordial no existen leyes de gobernanza en nuestro país mas que para sector financiero.

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El proyecto Crucitas buscaba desarrollar una mina de oro a cielo abierto en San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua. Sin embargo, fue anulado por los tribunales costarricenses debido a cuestionamientos ambientales, sociales y legales. Se considera un caso catastrófico ASG porque no logró equilibrar la rentabilidad económica con la protección ambiental, el bienestar social y una gobernanza transparente.

A – Ambiental
El proyecto generó preocupación por la deforestación, la afectación de la biodiversidad y el riesgo de contaminación de fuentes de agua por el uso de sustancias químicas en la extracción de oro.

S – Social
Provocó fuerte oposición social de comunidades, ambientalistas y ciudadanía, ya que muchas personas consideraban que el proyecto ponía en riesgo el ambiente y la calidad de vida de la zona.

G – Gobernanza
Hubo cuestionamientos sobre permisos, transparencia y toma de decisiones. La anulación judicial evidenció fallas en el control institucional y en la gestión responsable del proyecto.

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El caso del Saneamiento del Riachuelo es, lamentablemente, el ejemplo de manual en Argentina sobre cómo un proyecto puede fallar sistemáticamente en los tres ejes de los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), a pesar de contar con presupuestos millonarios y mandatos judiciales.

Si bien el proyecto cumplía con la "forma" (tenía una ley, una autoridad y un presupuesto), pero falló en el impacto:

En lo Ambiental: No mejoró la calidad del agua de forma sustancial en décadas.

En lo Social: Agravó la precariedad de las familias relocalizadas.

En la Gobernanza: Se convirtió en un agujero negro de fondos públicos sin rendición de cuentas efectiva.

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Un ejemplo de proyecto con impacto negativo en términos ASG en el país puede ser la deforestación asociada a actividades extractivas o expansión no planificada. Desde el enfoque Ambiental, se generan daños irreversibles en ecosistemas y recursos hídricos. En lo Social, se afectan comunidades locales y su calidad de vida. Y en Gobernanza, muchas veces se evidencian fallas en control, transparencia o cumplimiento de normativas.

Este tipo de casos muestra que no integrar los criterios ASG desde el inicio puede generar impactos a largo plazo mucho más costosos que los beneficios económicos de corto plazo.

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Luego de mas de 5 decadas en COlombia por fin se estan aprobando obras tan importantes como lo son las vias de acceso a la capital, estos proyectos estaban afectados por falta de voluntad politica que se excusaba en temas ambientales y otros para dar via libre y reconocer importancia de los mismos y sobretodo necesidad de sentarse a encontrar como cumplir con todos los requisitos necesarios

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Un ejemplo bastante claro (y muy útil para análisis ASG en Panamá) es:

Mina Cobre Panamá

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¿Por qué se considera un caso “catastrófico” en ASG?

Este proyecto, operado por First Quantum Minerals, terminó en:

* Protestas masivas a nivel nacional

* Fallo de inconstitucionalidad del contrato

* Suspensión de operaciones en 2023

* Impacto económico significativo para el país

Es un caso clásico donde falló la gestión integral ASG

A – Ambiental (fallas críticas)

* Impacto en biodiversidad y ecosistemas

* Riesgos sobre fuentes hídricas

* Percepción de daño ambiental no mitigado

Problema clave:

Falta de confianza en la gestión ambiental y en la mitigación de impactos

S – Social (fallas más visibles)

* Rechazo social generalizado (protestas nacionales)

* Percepción de falta de consulta ciudadana efectiva

* Pérdida de “licencia social para operar”

Problema clave:

La empresa no logró legitimidad ante la sociedad

G – Gobernanza (la raíz del problema)

* Cuestionamientos al contrato con el Estado

* Falta de transparencia en acuerdos

* Percepción de decisiones políticas poco claras

Problema clave:

Débil gobernanza y falta de confianza institucional

Resultado final

* Cancelación del proyecto (de facto)

* Pérdidas millonarias

* Daño reputacional país + empresa

Esto es lo que en ASG se llama:

"Riesgo material no gestionado que destruye valor"

El caso de Mina Cobre Panamá demuestra que el fracaso en la gestión de criterios ASG, especialmente en gobernanza y dimensión social, puede derivar en la pérdida total de la viabilidad de un proyecto, incluso cuando este es económicamente rentable. La ausencia de transparencia, la falta de consulta efectiva a los grupos de interés y la débil gestión ambiental provocaron la pérdida de la licencia social para operar, generando un impacto negativo tanto para la empresa como para el país.

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Cristina Subero - Caso de Minería por First Quantum Minerals

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Cristina Subero - Caso de Minería por First Quantum Minerals

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Un ejemplo en Panamá de una gestión ASG deficiente es el caso de Minera Panamá, operada por First Quantum Minerals, que generó una crisis nacional debido a fallas en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. El proyecto fue criticado por impactos ambientales como deforestación y posibles afectaciones al agua, un fuerte rechazo social reflejado en protestas masivas, y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de su contrato, lo que culminó en la suspensión de sus operaciones tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

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Uno de los ejemplos más representativos en nuestro país (Costa Rica), tal y como lo han expuesto otros compañeros en este foro, es el proyecto de minería “Crucitas”.

Desde el Eje Ambiental (A) el proyecto se ubica en una zona de alta sensibilidad ambiental, cercana a bosques primarios y fuentes hídricas relevantes, lo que representa un impacto materia e irreversible, ya que se asocia con riesgos de deforestación, contaminación de cuerpos de agua, incompatibilidad con los compromisos de cambio climático y conservación de nuestro país.

Desde el Eje Social (S), el proyecto presenta debilidades estructurales:

Fuerte oposición social y comunitaria, lo que demuestra ausencia de licencia social para operar.

Conflictos prolongados con comunidades, organizaciones sociales y ambientalistas.

Percepción de afectación a medios de vida sostenibles como:

ecoturismo,

agricultura,

uso comunitario del agua.

Riesgos laborales asociados a la minería a cielo abierto.

Y por último, con relación al Eje de Gobernanza (G), es un de los más críticos en el caso Crucitas ya que inestabilidad jurídica y la pérdida de confianza hacen que el proyecto sea no financiable desde un enfoque ASG:

Historial de:

cuestionamientos legales,

debilidad en procesos de aprobación,

reversión de decisiones administrativas y judiciales.

Falta de transparencia y rendición de cuentas claras.

Percepción de debilidad institucional y conflictos de interés en la toma de decisiones.

Dificultad para sostener reportes confiables hacia inversionistas bajo estándares ASG.

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Hubo un proyecto de construcción de un edificio de varios niveles en Ciudad de Guatemala debido a que no se consideraron algunos criterios ASG, el proyecto de construcción tuvo un accidente se produjo un deslizamiento, que cobro la vida de 4 personas, no se cumplió con los derechos de los trabajadores, suspendieron la búsqueda a las 4 horas de haberla iniciado, el deslizamiento produjo gran contaminación en el área del accidente, falta de inspección para garantizar la seguridad de la obra.

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Hubo un proyecto de construcción de un edificio de varios niveles en Ciudad de Guatemala debido a que no se consideraron algunos criterios ASG, el proyecto de construcción tuvo un accidente se produjo un deslizamiento, que cobro la vida de 4 personas, no se cumplió con los derechos de los trabajadores, suspendieron la búsqueda a las 4 horas de haberla iniciado, el deslizamiento produjo gran contaminación en el área del accidente, falta de inspección para garantizar la seguridad de la obra.

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La extracción de oro en Crucitas, Costa Rica, ha generado graves impactos ambientales y sociales, como contaminación de ríos, deforestación y condiciones laborales precarias. Todo esto ocurre por la falta de aplicación de normas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), que son esenciales para proteger el entorno, garantizar derechos humanos y asegurar transparencia. Sin gestión ASG, Costa Rica arriesga su reputación y dificulta atraer inversiones responsables. Es urgente adoptar estándares internacionales y fortalecer la gobernanza para un desarrollo sostenible y justo.

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Proyecto: Linea 2C Metro Santo Domingo.

En este proyecto no se utilizo ningun criterio ASG por lo que hoy en dia existen familias y negocios desplazados sin reubicacion, a pesar del alto impacto positivo en el transporte de la ciudad.

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Lugar: El Salvador.

En Específico: Dpto. de Cabañas.

Contexto y descripción:

Aunque la mina de oro y plata nunca se construyó, el proceso generó daños irreversibles en tejido social, costos millonarios para el Estado, violencia, división comunitaria y un cambio radical de política nacional (la Ley de Prohibición de Minería Metálica de 2017, primera en el mundo por motivos ambientales y sociales). Fue un "no win" total.

Criterio A:

El proyecto no incorporó un análisis realista de doble materialidad ambiental

Criterio S:

No se aplicaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Crierio G:

El principal criterio por el cual falló el proyecto.

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Lugar: Panamá, provincias de Herrera y Los Santos
Río: Río La Villa

Qué ocurrió:
El río La Villa, principal fuente de agua potable en la región de Azuero, ha sufrido episodios de contaminación por agroquímicos, actividad agrícola y deforestación.

Problemas ASG:

Ambiental: deterioro de la calidad del agua y del ecosistema.

Social: afectación directa al suministro de agua potable para miles de personas.

Gobernanza: falta de control efectivo sobre actividades contaminantes y gestión de cuencas.

Consecuencia:
Crisis periódicas de agua potable en la región y necesidad de transporte de agua mediante cisternas.

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Un proyecto del gobierno y empresa privada para la generacion de energia para el pais, aun que hoy esta funcionando se omitieron criterios de ASG, que impactaron en el momento de la ejecucion del proyecto iniciendo con una falla en la Gobernanza ya que se acelero el plan de ejecucion, para evitar multas por retrasos, priorizando el cronograma financiero sobre la seguridad tecnica del proyecto, ude las galerias de desvio de agua se realizo con estudios de detalle deficientes generando fallas en los contrioles de calidad y supervision interna, afectando el criterio Ambiental, se adelantaron modificaciones en uno de los tuneles sin contar con las licencias ambientales adecuiadas de forma previa, abligo al cierre de compuertas en el año 2019, para salvar la estructura, causando un daño ambiental masivo al secar el cauce del rio Cauca, afectando la biodiversidad y el flujo hidrico, llevando a la afectacion del criterio social por la ecacuacion de moles de personas en puerto valdivia y otros muinicipios como mitigacion a un posible afectacion estructura que pondria en riesgo a estas personas, riesgo que no fue considerado desde el comienzo, se afecto tambien el sustento de pescadores, mineros artesanales, por la sequia del rio sin tener un plan de compensacion a estas afectaciones. aunque fueron mitifados y subsanados estos temas en la ejecucion del proyecto, nos muestra que faltaron criterios ASG en la formulacion del proyecto, que puidieron ser mitigados de otar forma sin tener las afectaciones principalmente en los ambiental y social del proyecto.

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Tóxicos Sepultan - Samarco, Minas Gerais en Brasil

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Tóxicos Sepultan - Samarco, Minas Gerais en Brasil

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Vertidos mineros tóxicos sepultan una región (Samarco, Minas Gerais) en Brasil.

El 5 de noviembre de 2015, la rotura de la presa del Fundão en la Ciudad de Mariana (Minas Gerais) y el vertido de 34 millones de metros cúbicos de lodo sobre el pueblo de Bento Rodriguez mató a 19 personas y 600 personas quedaron sin hogar. Se considera el mayor desastre ambiental producido en Brasil por negligência de una empresa.

Los desechos del embalse-vertedero provenían de la producción de mineral de hierro de la empresa Samarco (Vale, de Brasil, y BHP Billiton, de Australia-Reino Unido), una de las mayores minas de mineral de hierro en el mundo, hasta que el accidente paralizó sus actividades.

Tras los daños en el pueblo de Bento Rodrigues, el lodo tóxico de Samarco llegó al río Doce, donde viajó casi 700 km a lo largo de más de 40 municipios, hasta desembocar en el océano en Linhares (Espírito Santo). El lodo afectó al suministro de agua de muchos municipios y exterminó la biodiversidad acuática y extensas áreas de valor natural.

La actividad y el modo de vida de pequeños agricultores, pescadores, poblaciones tradicionales e indígenas se vieron profundamente impactados. En 2016, después de recibir una multa baja, en comparación a los daños causados (63 millones de euros), Samarco y sus controladoras acordaron con los gobiernos federal y estatales generar un fondo de hasta 4950 millones de euros para recuperar la cuenca del río Doce los próximos 15 años.

Sin embargo, un manifiesto firmado por más de 100 instituciones y movimientos sociales de todo Brasil criticó el acuerdo por no suponer una plena remediación a los daños causados, y por haber sido elaborado a espaldas de la población afectada y los movimientos sociales que la apoyan.

Impactos que seguimos viendo em muchas empresas están ligados a temas de transparencia y grandes impactos ambientales negativos para el medio ambiente y sus pobladores.

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CONTEXTO

Este proyecto es una iniciativa del gobierno municipal actual, a lo largo de veinticinco años la municipalidad ha estado administrada por diferentes representantes del mismo partido, la ciudad tiene problemas de movilidad, transporte, abastecimientos de agua, seguridad, etc.

PROYECTO: Aerómetro

El proyecto enfrenta críticas por no cumplir plenamente con los criterios ASG destacando la tala de árboles, falta de transparencia y dudosa viabilidad técnica. Se señala un alto impacto ambiental y social sin que logre resolver el problema de movilidad de la ciudad que actualmente es crítico.

A - Ambiental

1. Tala de árboles

2. Impacto urbano

S-Social

1. Dudosa utilidad pública

2. Impacto en la movilidad

G-Gobernanza

1. Falta de transparencia

2. Cuestionamientos hacia la adjudicación.

3. Falta de participación

A este proyecto los aspectos más relevantes que lo alejan de los estándares ASG son: falta de transparencia en la planificación, impactos ambientales negativos y los problemas de movilidad.

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El Proyecto Minero Crucitas fue una iniciativa para desarrollar una mina de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos, cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. El proyecto fue impulsado por la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la compañía canadiense Infinito Gold.

En 2008 el proyecto fue declarado de interés público nacional, lo que permitió avanzar con la concesión minera. Sin embargo, posteriormente surgieron fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental, conflictos sociales y problemas en el proceso de otorgamiento de permisos.

Tras una serie de litigios judiciales y protestas sociales, en 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera, convirtiendo el caso en uno de los conflictos ambientales y de gobernanza más relevantes en Costa Rica.

1)       Análisis del caso desde la perspectiva ASG

A – Ambiental

El componente ambiental fue uno de los elementos más críticos del caso.

Entre los principales impactos señalados se encuentran:

Deforestación significativa en una zona de alto valor ecológico.

Riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el uso de químicos como cianuro en el proceso de extracción del oro.

Amenaza a la biodiversidad del corredor biológico San Juan–La Selva.

Posteriormente, tras la cancelación del proyecto, surgieron problemas de minería ilegal, lo que ha generado daños ambientales adicionales.

Este caso puso en evidencia la importancia de evaluar adecuadamente los riesgos ambientales antes de aprobar proyectos extractivos.

S – Social

El proyecto generó una fuerte reacción social en el país.

Entre los principales aspectos sociales se destacan:

Movilización de organizaciones ambientalistas y comunidades locales.

Preocupaciones sobre el impacto del proyecto en la salud pública y en las fuentes de agua.

Conflictos entre comunidades, empresa y gobierno.

Posteriormente, la minería ilegal en la zona ha generado problemas sociales y de seguridad.

El caso evidenció la importancia de la licencia social para operar, un elemento clave en proyectos de alto impacto.

G – Gobernanza

el punto de vista de gobernanza, el caso también mostró debilidades institucionales.

Entre los principales aspectos se encuentran:

Cuestionamientos sobre el proceso de aprobación de la concesión minera.

Investigaciones sobre posibles irregularidades en la autorización del proyecto.

Litigios internacionales iniciados por la empresa contra el Estado costarricense.

Debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la toma de decisiones públicas.

Este componente evidenció la importancia de contar con instituciones sólidas y procesos transparentes para la aprobación de proyectos de gran impacto.

Conclusión.

El caso Crucitas se convirtió en un ejemplo emblemático en Costa Rica sobre los riesgos que enfrentan los proyectos empresariales cuando no logran integrar adecuadamente los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Este caso demuestra que la sostenibilidad de un proyecto no depende únicamente de su viabilidad económica, sino también de su capacidad para gestionar los impactos ambientales, mantener una relación constructiva con las comunidades y garantizar procesos transparentes de gobernanza.

En este sentido, Crucitas evidencia que la ausencia de una gestión integral de los criterios ASG puede derivar en conflictos sociales, riesgos reputacionales y pérdidas económicas significativas.

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Caso emblemático: Proyecto Minero Crucitas

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Caso emblemático: Proyecto Minero Crucitas

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Contexto del proyecto

El proyecto Crucitas buscaba desarrollar una mina de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua. La concesión fue otorgada en 2008 a la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold. Posteriormente el proyecto fue anulado por los tribunales costarricenses debido a impactos ambientales y cuestionamientos legales.

La explotación implicaba remover grandes cantidades de suelo y utilizar sustancias químicas como cianuro para separar el oro, lo que generó fuerte oposición social y ambiental.

ómo se convierte en un caso catastrófico ASG

A – Ambiental

El proyecto generó preocupaciones graves por impactos ambientales:

Deforestación de más de 50 hectáreas de bosque en la zona del proyecto.

Riesgo de contaminación de ríos y aguas subterráneas por uso de cianuro y mercurio en la extracción de oro.

Amenaza a ecosistemas altamente biodiversos del corredor biológico San Juan–La Selva.

Incluso años después de cancelado el proyecto, la zona ha sufrido minería ilegal, con contaminación de ríos y daños a la biodiversidad.

S – Social

El caso también generó impactos sociales importantes:

Conflictos entre comunidades, empresas y gobierno.

Riesgos para comunidades que dependen del turismo y pesca.

Problemas de salud pública por contaminación con metales pesados en el agua.

Además, la minería ilegal posterior ha generado violencia, tráfico de mercurio y crimen organizado en la zona.

G – Gobernanza

El caso también evidenció fallas en gobernanza:

Decisiones políticas controvertidas para declarar el proyecto de interés público nacional.

Investigaciones por irregularidades en la concesión minera.

Litigios internacionales contra el Estado costarricense ante el CIADI.

Este conflicto mostró debilidades en transparencia, regulación y gestión de riesgos institucionales.

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En el caso Crucitas (Costa Rica) faltaron criterios ASG porque el proyecto se impulsó sin una adecuada evaluación ambiental, sin una gestión social efectiva con las comunidades y con debilidades en gobernanza, especialmente en transparencia, control institucional y cumplimiento normativo.
La ausencia de estos criterios generó conflicto social, daño ambiental y pérdida de legitimidad del proyecto.

A – Ambiental:
En Crucitas no se gestionó adecuadamente el impacto ambiental del proyecto minero. Hubo riesgos significativos de contaminación de fuentes hídricas, afectación a la biodiversidad y deforestación, sin estudios ambientales suficientemente robustos ni medidas preventivas creíbles. Esto evidenció una débil aplicación del principio de precaución.

S – Social:
El proyecto careció de una gestión social efectiva con las comunidades locales. No se logró una participación adecuada de los actores afectados, lo que generó conflicto social, pérdida de confianza y oposición comunitaria, además de preocupaciones sobre impactos en la salud y el bienestar de la población.

G – Gobernanza:
Se identificaron fallas en gobernanza, principalmente en transparencia, cumplimiento normativo y rendición de cuentas. Las decisiones fueron percibidas como poco claras y con debilidades institucionales, lo que afectó la legitimidad del proyecto y derivó en su judicialización y cancelación.

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Reflexión sobre la importancia de la gestión ASG en las organizaciones

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Reflexión sobre la importancia de la gestión ASG en las organizaciones

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Desde mi experiencia profesional, he podido observar que muchas empresas todavía entienden los criterios ASG como un requisito reputacional o regulatorio. Sin embargo, hoy representan un elemento estratégico que impacta directamente en el acceso a financiamiento, la confianza de los inversionistas y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

La dimensión ambiental nos obliga a medir y gestionar nuestro impacto en el entorno; la dimensión social nos recuerda que las personas están en el centro de la organización; y la gobernanza garantiza transparencia, ética y rendición de cuentas. Cuando estos tres pilares se integran de manera transversal en la estrategia corporativa, dejan de ser un costo y se convierten en una ventaja competitiva.

Creo que el verdadero desafío está en pasar del discurso a la implementación real, incorporando indicadores medibles, cultura organizacional y liderazgo comprometido. Solo así podemos hablar de negocios verdaderamente sostenibles.

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Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Costa Rica

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Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Costa Rica

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El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, impulsado por el ICE, fue uno de los proyectos de infraestructura más grandes y polémicos en el país. Finalmente fue cancelado en 2018, después de más de una década de inversión, conflictos y cuestionamientos.

Este proyecto es un ejemplo claro de cómo la ausencia de criterios ASG puede llevar a un resultado catastrófico.

A – Ambiental

Fallas:

Impacto severo sobre ecosistemas y biodiversidad en la zona sur.

Inundación de grandes extensiones de bosque y tierras indígenas.

Insuficiente evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos.

S – Social

Fallas:

Afectación directa a territorios indígenas Térraba, Boruca y otros.

Procesos de consulta insuficientes o no alineados con el Convenio 169 de la OIT.

Conflictos sociales prolongados y pérdida de confianza en las instituciones.

G – Gobernanza

Fallas:

Falta de transparencia en costos, cronogramas y viabilidad.

Decisiones tomadas sin análisis de riesgo social y ambiental.

Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

Cambios políticos que afectaron la continuidad del proyecto.

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Un caso emblemático en Costa Rica que representa un "desastre" o un fallo sistémico en términos de los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) es el Proyecto Minero Crucitas.

Este proyecto, liderado originalmente por la empresa Industrias Infinito (filial de la canadiense Vanessa Ventures), pretendía ser una mina de oro a cielo abierto en la Zona Norte del país. Su fracaso no solo fue operativo, sino que se convirtió en una crisis nacional que ilustra perfectamente la falta de integración de los criterios que menciona el libro de Edna Rodríguez. ¿Por qué este caso es relevante para tu estudio?

1. Gobernanza: Demuestra que las "alianzas con el gobierno" (como las que buscaba Petróleo Vivo) no son suficientes si no hay transparencia legal.

2. Social: Ilustra cómo la falta de atención a los derechos humanos y ambientales genera un conflicto social que paraliza la operación.

3. Monitoreo: El caso Crucitas falló porque no hubo un monitoreo independiente y real de los impactos, sino una imposición política. . Desglose de Fallas bajo el Criterio ASG

Ambiental (A): Riesgo en Ecosistemas Críticos

Falla: El proyecto se ubicaba en el Corredor Biológico San Juan-La Selva. La deforestación masiva inicial para preparar el terreno afectó especies en peligro, como el Almendro Amarillo (hábitat de la Lapa Verde).

Impacto Actual: Tras la cancelación legal del proyecto, la zona fue invadida por la minería ilegal ("coligalleros"), quienes utilizan mercurio sin control. Esto ha provocado una contaminación masiva de suelos y mantos acuíferos que el Estado no ha podido contener, convirtiendo un riesgo controlado en un desastre ambiental crónico.

Social (S): Falta de Licencia Social y División Comunitaria

Falla: La empresa y el gobierno no lograron construir una verdadera "licencia social" (pág. 11 del libro). La comunidad de San Carlos se dividió profundamente entre quienes buscaban empleo y quienes defendían el entorno natural.

Impacto: Se generaron protestas masivas, huelgas de hambre y una resistencia civil que escaló a nivel nacional, lo que demuestra que la gestión social fue reactiva y no proactiva. No se consideró el bienestar a largo plazo de los pobladores frente a la actividad extractiva.

Gobernanza (G): Inconsistencias Legales y falta de Transparencia

Falla: El gobierno de la época emitió un "Decreto de Conveniencia Nacional e Interés Público" para permitir la tala y la minería, el cual fue posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Cuarta.

Impacto: Se evidenció una falta de transparencia y una "gobernanza débil". El conflicto entre los poderes del Estado (Ejecutivo vs. Judicial) y la falta de criterios técnicos sólidos para sustentar el decreto minaron la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas internacionales.

2. Consecuencias Financieras y de Inversión

Siguiendo el libro de base (pág. 8), los inversores hoy huyen de este tipo de escenarios. Las consecuencias para el Estado y la empresa fueron:

1. Arbitraje Internacional: La empresa Infinito Gold demandó a Costa Rica ante el CIADI (Banco Mundial) por cientos de millones de dólares, alegando inseguridad jurídica.

2. Pérdida de Valor: La empresa perdió la totalidad de su inversión y su reputación en la región quedó destruida.

3. Costo de Remediación: El Estado costarricense ahora debe invertir millones de dólares para tratar de limpiar la contaminación por mercurio dejada por los mineros ilegales que ocuparon el sitio abandonado.

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Un caso emblemático de proyecto catastrófico en materia ASG en Honduras es el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado sobre el río Gualcarque en el departamento de Intibucá por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.).

Aunque se trataba de un proyecto de energía renovable (lo cual en principio se alinea con criterios ambientales), terminó convirtiéndose en un caso internacional de alto impacto negativo en sostenibilidad.

Desde el criterio Ambiental, el proyecto intervino un río considerado sagrado por el pueblo indígena Lenca, generando cuestionamientos sobre la calidad y legitimidad de los estudios de impacto ambiental, así como sobre la gestión integral de la cuenca. No se evidenció una evaluación robusta de impactos acumulativos ni una gestión preventiva del conflicto socioambiental.

En el ámbito Social, el principal fallo fue la ausencia de una consulta previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT, aplicable a pueblos indígenas. Esto generó oposición comunitaria sostenida, escalamiento del conflicto y un entorno de alta tensión. El asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres en 2016 evidenció el nivel crítico de deterioro del entorno social vinculado al proyecto y marcó un punto de quiebre reputacional a nivel global.

En cuanto a Gobernanza, hubo cuestionamientos sobre la debida diligencia empresarial en derechos humanos, la transparencia en la obtención de permisos y la supervisión institucional. Financistas internacionales, como el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), retiraron su apoyo tras el escalamiento del conflicto, reflejando fallas en los mecanismos de control, gestión de riesgos y cumplimiento de estándares internacionales.

Para esta situación particular hicieron falta criterios ASG integrados desde la fase de formulación del proyecto. No se gestionó adecuadamente la identificación temprana de stakeholders críticos, no se aseguró la licencia social para operar y no se implementó una gobernanza preventiva basada en derechos humanos. El proyecto fue abordado principalmente desde su viabilidad técnica y financiera, pero no desde una visión sistémica que integrara sostenibilidad, legitimidad institucional y estabilidad social.

El resultado fue la paralización del proyecto, pérdida de inversión, daño reputacional internacional y debilitamiento de la confianza en futuros desarrollos. Este caso demuestra que un proyecto puede ser técnicamente viable, pero si no incorpora criterios ASG como eje estructural de su planificación y ejecución, el riesgo de fracaso es alto y puede escalar a consecuencias irreversibles.

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Una empresa petrolera sufre un derrame masivo de crudo en un río de la Patagonia, afectando comunidades locales, fauna y flora. El evento genera crisis reputacional y riesgo financiero.

Aplicación de criterios ASG

Ambiental (A):

Evaluar y mitigar la contaminación hídrica y del suelo.

Implementar protocolos internacionales como el GHG Protocolo y normas ISO 14000 para medir emisiones y remediación.

Plan de restauración ecológica con monitoreo independiente.

Social (S):

Garantizar la seguridad de trabajadores en la limpieza y remediación.

Compensar a comunidades afectadas (agua potable, salud, infraestructura).

Políticas de inclusión y respeto a derechos humanos en la respuesta.

Gobernanza (G):

Transparencia en la comunicación de impactos y avances de remediación.

Auditorías externas y reportes no financieros (GRI, SASB).

Junta directiva asumiendo responsabilidad y fortaleciendo políticas anticorrupción y de gestión de riesgos.

Resultado esperado

Reducción de riesgos reputacionales y financieros al mostrar compromiso con estándares internacionales.

Atracción de inversión responsable al evidenciar un plan estratégico de sostenibilidad.

Mejora en la confianza social y gubernamental, asegurando continuidad operativa.

Este tipo de enfoque convierte un evento catastrófico en una oportunidad para demostrar responsabilidad corporativa y resiliencia bajo criterios ASG.

cada dimensión (A, S y G)?

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Un caso catastrófico de ASG sería la crisis del agua, donde más del 90 % de las fuentes de agua superficial están contaminadas, muchos ríos no se pueden purificar para el consumo humano y la contaminación del agua afecta directamente la salud de comunidades vulnerables y la biodiversidad, reflejando fallas ambientales, sociales y de gobernanza en la protección y gestión de recursos hídricos esenciales.

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Un ejemplo de proyecto catastrófico en temas ASG en Costa Rica es Crucitas (minería de oro en Cutris de San Carlos).

A (Ambiental): fuerte controversia por impactos sobre el bosque y el ecosistema (incluida tala) y riesgos asociados a la alteración del territorio.

S (Social): alta conflictividad comunitaria, polarización social y presión sobre condiciones locales (empleo informal, tensiones por presencia de minería).

G (Gobernanza): cuestionamientos por decisiones y permisos, judicialización del proyecto y pérdida de confianza pública en la institucionalidad y el control.

En conjunto, se volvió un caso emblemático de cómo un proyecto puede colapsar por falta de gestión ambiental, licencia social y gobernanza sólida.

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Desde el criterio ambiental y de seguridad, el proyecto alteró de manera significativa el cauce del río, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y los medios de vida asociados a la pesca y la agricultura. Los episodios de taponamiento y liberación abrupta de caudales expusieron debilidades graves en la gestión del riesgo ambiental y en los sistemas de prevención, obligando a evacuaciones masivas y generando una percepción permanente de amenaza para las comunidades ribereñas.

En el ámbito social y de gobernanza, Hidroituango ha sido fuertemente cuestionado por la falta de consulta efectiva a las comunidades, los procesos de reasentamiento incompletos y la limitada transparencia en la toma de decisiones. La fragmentación institucional, la rendición de cuentas insuficiente y la respuesta tardía de los responsables evidencian fallas estructurales de gobernanza. En conjunto, el proyecto es un referente negativo en Colombia sobre cómo una gestión deficiente de criterios ASG puede amplificar riesgos técnicos y derivar en impactos sociales, ambientales y reputacionales de gran magnitud.

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Un caso reciente en Panamá que me parece un buen ejemplo de malas prácticas en criterios ASG es el proyecto Puerto Barú, en Chiriquí, sobre todo por todo lo que se ha discutido alrededor de los manglares.

Más allá de si el proyecto tiene o no un objetivo económico válido, el principal problema ha sido cómo se ha manejado el impacto ambiental en un ecosistema tan sensible. Los manglares cumplen funciones clave y, aun así, el proyecto avanzó generando muchas dudas sobre si los riesgos fueron realmente dimensionados y gestionados desde el inicio.

También se percibe una desconexión importante con la comunidad y otros actores. Las protestas, los cuestionamientos públicos y las acciones legales reflejan que no se logró construir confianza ni licencia social, lo que termina convirtiéndose en un riesgo grande para el propio proyecto.

A esto se suma la forma en que se ha comunicado y gestionado el proceso. La falta de claridad y la percepción de poca transparencia han hecho que el conflicto se agrave, cuando probablemente con una gestión y comunicación más tempranas el escenario habría sido distinto.

Para mí, el caso de Puerto Barú demuestra que cuando los criterios ASG no se integran desde el inicio, incluso proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico pueden terminar enfrentando conflictos ambientales, sociales y reputacionales difíciles de revertir.

Hasta ahora el proyecto no ha sido cancelado; sin embargo, el debate sigue abierto, ya que organizaciones y distintos sectores de la sociedad continúan cuestionando los impactos sobre los manglares y la forma en que se ha llevado el proceso, lo que evidencia que el conflicto ambiental y social aún no está completamente resuelto.

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Reporte Daño ambiental Puerto Barú - No a Puerto Barú

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Un informe de científico independiente de Lynker alerta de los daños irreversibles que el proyecto Puerto Barú causará a los manglares de Chiriquí.

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DEVASTACION INDISCRIMINADA DEL MEDIO AMBIENTE, INCUMPLIMIENTOS CONSTANTES DE LAS LEYES Y NORMAS PANAMEÑAS E INTERNACIONALES, CASI QUE ESCALVITUD CON PERSONAL EXTRANGERO (CHINOS), ETC

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El proyecto Minera Panamá (Cobre Panamá) ha enfrentado críticas y fallos judiciales por el incumplimiento de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). A enero de 2026, estos son los puntos clave:

1. Criterios Ambientales (A)

Gestión del Cierre y Post-cierre: Grupos ambientalistas denuncian "graves incumplimientos" en el plan de cierre, señalando que la empresa no ha garantizado la estabilidad química y física de las instalaciones tras el cese de operaciones.

Auditorías Críticas: Informes del Ministerio de Ambiente han revelado exclusiones de compromisos ambientales previamente acordados y deficiencias en la protección de cuencas hidrográficas.

Preservación Segura: En 2025, el gobierno ordenó un plan de "preservación segura" para evitar desastres ambientales por el material acumulado (stockpiles), el cual el presidente Mulino autorizó procesar en 2026 únicamente por razones de seguridad.

2. Criterios Sociales (S)

Conflicto y Descontento: La aprobación inicial del contrato generó masivas protestas sociales debido a la percepción de que el proyecto era "pernicioso" para la población local.

Impacto Laboral: El cierre resultó en la pérdida de más de 54,000 empleos directos e indirectos, lo que ha generado una crisis de desempleo que el gobierno actual atribuye directamente a este conflicto.

Derechos Humanos: Se han presentado denuncias por supuestas malas prácticas para forzar la aprobación del proyecto en áreas con poblaciones vulnerables.

3. Criterios de Gobernanza (G)

Inconstitucionalidad: La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 (el contrato concesionario) en 2023 por violar el bienestar social y el interés público.

Arbitraje Internacional: Existe un proceso de arbitraje activo entre First Quantum Minerals y el Estado panameño, cuya audiencia final ha sido aplazada hasta febrero de 2026.

Falta de Transparencia: La gobernanza del proyecto fue cuestionada por la "letra chica" del contrato y la falta de consulta pública efectiva antes de su aprobación legislativa.

El Gobierno de Panamá prevé anunciar una decisión definitiva sobre el futuro de la mina (posible reapertura bajo nuevos términos o cierre total) en junio de 2026.

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 Caso: Proyecto Minero Pueblo Viejo - República Dominicana

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 Caso: Proyecto Minero Pueblo Viejo - República Dominicana

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Un caso representativo en República Dominicana es el proyecto minero Pueblo Viejo, por los conflictos ambientales y sociales que ha generado a lo largo del tiempo. Este proyecto evidencia cómo una gestión ASG deficiente puede tener impactos profundos en las comunidades y en el entorno natural.

Desde el enfoque Ambiental, existen preocupaciones por la contaminación de fuentes hídricas y los riesgos asociados a la presa de cola. En el aspecto Social, se han presentado tensiones con comunidades cercanas, relacionadas con la salud, el acceso al agua y la falta de participación efectiva en las decisiones. A nivel de Gobernanza, la percepción de poca transparencia y comunicación ha debilitado la confianza de los grupos de interés.

Este caso me deja como aprendizaje que los criterios ASG no deben verse solo como un requisito, sino como una responsabilidad ética y estratégica para asegurar proyectos sostenibles y socialmente aceptados en el largo plazo.

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El proyecto minero de Crucitas es el ejemplo más emblemático de proyecto fallido en Costa Rica relacionado con conflictos socioambientales, donde una concesión a la empresa Industrias Infinito para oro a cielo abierto fue cancelada por la justicia debido a la oposición ciudadana y preocupaciones ambientales (deforestación, contaminación de agua, riesgo para especies como la lapa verde), evidenciando un modelo de desarrollo incompatible con la imagen de "Costa Rica verde" y generando un largo litigio internacional.

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Desastres naturales y cambio climático

(principalmente inundaciones, deslizamientos y sequías)

Clasificación ASG

A – Ambiental

Alta vulnerabilidad al cambio climático.

Deforestación, degradación de cuencas y mala gestión del suelo.

Incremento de eventos extremos (tormentas, huracanes, lluvias intensas, sequías prolongadas).

S – Social

Pérdida de vidas humanas, desplazamiento de comunidades y afectación a pueblos indígenas.

Impacto severo en seguridad alimentaria, salud y acceso al agua.

Aumento de pobreza y migración forzada.

G – Gobernanza

Débil planificación territorial y control urbano.

Insuficiente gestión del riesgo y prevención de desastres.

Problemas de corrupción, falta de transparencia y coordinación institucional en la respuesta y reconstrucción.

Ejemplos concretos en Guatemala

Deslizamientos en zonas urbanas y rurales (ej. áreas de la Ciudad de Guatemala y el altiplano).

Inundaciones en la costa sur y cuencas por lluvias intensas.

Sequías en el Corredor Seco, con impacto directo en agricultura y nutrición infantil.

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Caso del proyecto privado Valle El Ángel (El Salvador)

El proyecto Valle El Ángel fue concebido como un desarrollo inmobiliario privado de gran escala en las cercanías del Área Metropolitana de San Salvador, impulsado por la empresa Urbánica. El objetivo del proyecto era la construcción de un complejo habitacional moderno, orientado a atender la creciente demanda de vivienda en zonas estratégicas del país, con una inversión significativa y una proyección de alto impacto económico.

Desde una perspectiva estrictamente técnica y financiera, el proyecto mostraba viabilidad. Sin embargo, durante su avance comenzaron a evidenciarse conflictos importantes, principalmente asociados a su ubicación en una zona de recarga hídrica clave para el abastecimiento de agua del Gran San Salvador. Este factor detonó una fuerte oposición de comunidades, organizaciones ambientales y sectores académicos, quienes cuestionaron el impacto potencial del proyecto sobre el recurso hídrico y la sostenibilidad a largo plazo del territorio.

En el ámbito ambiental, el proyecto fue señalado por no demostrar de manera suficiente cómo mitigaría, compensaría o gestionaría los impactos sobre el agua, un recurso crítico en el país. La percepción de riesgo ambiental, sumada a la falta de información clara y verificable, generó desconfianza y presión social, lo que derivó en suspensiones, procesos judiciales y un alto nivel de incertidumbre para el desarrollador.

Desde el punto de vista social, el conflicto se intensificó por una gestión deficiente de los grupos de interés. No se logró construir un diálogo temprano, transparente y sostenido con las comunidades y otros actores clave. Esto provocó la pérdida de la llamada “licencia social para operar”, elemento fundamental para la continuidad de cualquier proyecto de gran escala.

En términos de gobernanza, el caso evidencia una falta de integración de los riesgos no financieros en la toma de decisiones estratégicas. El enfoque se centró en el cumplimiento legal mínimo, sin una visión integral que considerara la reputación, la sostenibilidad y la rendición de cuentas frente a múltiples stakeholders.

Una adecuada aplicación de los criterios ASG desde las etapas iniciales del proyecto habría permitido identificar estos riesgos de forma temprana, diseñar estrategias ambientales robustas, establecer mecanismos de participación social efectivos y fortalecer la transparencia y la gobernanza. En ese escenario, el proyecto habría tenido mayores probabilidades de avanzar de manera sostenible, reduciendo el conflicto, protegiendo su viabilidad financiera y asegurando un impacto positivo de largo plazo.

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Aunque en si mismo no es un proyecto, el gran impacto ambiental que genera permite analizar la importancia de mantener normas y leyes ASG.

La falta de normas ambientales y sociales en los proyectos ha generado espacios en los que puede existir la ilegalidad y el ataque directo a la biodiversidad, la generación de nuevos proyectos con normativas sostenibles e indicadores no solamente financieros permiten proteger estas islas y a la naturaleza

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Un proyecto catastrófico en Costa Rica en términos ASG es, sin duda, el caso Crucitas, relacionado con la extracción de oro a cielo abierto en la zona norte del país (Cutris, San Carlos).

En cuanto al impacto ambiental, se ha tenido deforestación masiva, contaminación de fuentes hídricas, y alteración del suelo.

En el aspecto social se ha presentado afectación a comunidades locales, incremento de minería ilegal y muertes por colapso de túneles y enfrentamientos armados entre coligalleros y autoridades.

Respeto a la parte de gobernanza, ha habido una debilidad institucional con SETENA, quien aprobó el proyecto sin exigir un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tras cambios sustanciales, corrupción y falta de transparencia en la concesión minera, así como incumplimiento de compromisos internacionales (Convención de Minamata sobre mercurio).

Con base en lo anterior, se evidencia una ausencia de gobernanza robusta, falta de enfoque preventivo y carencia de reportes no financieros transparentes e íntegros.

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En 2015, Barrick Gold (proyecto Veladero) protagonizó un derrame de solución cianurada que contaminó cursos de agua en San Juan, Argentina. El hecho puso en evidencia debilidades estructurales en la gestión ambiental del proyecto, particularmente en la prevención y control de riesgos críticos.

Desde una mirada ASG, el episodio expuso fallas que exceden el evento puntual. En lo ambiental, mostró la vulnerabilidad de los sistemas de contención y monitoreo. En lo social, afectó la confianza de las comunidades y la licencia social para operar. En gobernanza, reveló problemas de control interno, gestión de incidentes y transparencia en la información.

El caso Veladero se transformó así en un ejemplo concreto de cómo la falta de integración efectiva de criterios ASG puede convertir un activo productivo en una fuente de riesgo operativo y reputacional.

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PROYECTO COLOMBIANO: EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN CERREJÓN (LA GUAJIRA)

Contexto general

Se trata del complejo carbonífero a cielo abierto más grande de América Latina, ubicado en La Guajira, una región caracterizada por:

Altísima pobreza estructural

Presencia de comunidades indígenas Wayuu

Escasez crítica de agua

Fragilidad ambiental y social

Durante años, el proyecto ha sido objeto de controversia nacional e internacional por sus impactos ambientales, sociales y por la forma en que se han gestionado.

¿DÓNDE SE EVIDENCIA LA FALTA DE CRITERIOS ASG?

A — Ambiental

Principales fallas identificadas:

Desviación y uso intensivo de fuentes hídricas en una zona con estrés hídrico severo.

Afectaciones al río Ranchería y a arroyos locales.

Contaminación por material particulado, afectando aire, suelo y agua.

Tensiones frente al enfoque de transición energética y cambio climático, al tratarse de un proyecto de carbón térmico en un contexto de compromisos climáticos globales.

Desde un enfoque ASG:

El impacto ambiental no fue gestionado desde una lógica de capital natural crítico, sino predominantemente desde la viabilidad operativa.

S — Social (derechos humanos)

Este es el pilar más crítico del caso:

Reasentamientos de comunidades indígenas con cuestionamientos sobre:

Consentimiento libre, previo e informado

Restablecimiento efectivo de medios de vida

Impactos sobre:

Seguridad alimentaria

Acceso al agua

Salud infantil (desnutrición)

Conflictos sociales persistentes y pérdida de licencia social para operar.

El enfoque social fue percibido durante años como:

gestión comunitaria reactiva, más que gestión estructural del impacto social.

G — Gobernanza

Reiterados cuestionamientos sobre:

Transparencia en la toma de decisiones

Relación empresa–Estado–comunidades

Intervención de:

Cortes

Organismos de control

Organizaciones internacionales de derechos humanos

Dudas sobre la efectividad de la debida diligencia en derechos humanos, especialmente frente a comunidades étnicas.

Desde ASG:

La gobernanza no logró anticipar ni contener el riesgo social y reputacional del proyecto.

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Proyecto Hidroelectrico El Diquis en Costa Rica

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Proyecto Hidroelectrico El Diquis en Costa Rica

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El proyecto fue suspendido en 2018 tras años de oposición social y cuestionamientos ambientales. Ubicado en la zona sur del país, afectaba territorios indígenas Térraba y otras comunidades rurales.

Ambiental:

La represa inundaría miles de hectáreas de bosques y tierras agrícolas, poninedo en riesgo especies endemicas y corredores biologicos, haciendo cambios drasticos en caudales y calidad del agua.

Social:

El proyecto implicaba la pérdida de territorios ancestrales y culturales. Hubo protestas, demandas y resistencia organizada de comunidades locales. Se estimaba que cientos de personas serían reubicadas.

Gobernanza:

No se cumplió adecuadamente con el derecho de consulta a pueblos indígenas, reconocido por convenios internacionales. La transparencia fue cuestionada por críticas por falta de claridad en costos, beneficios y estudios de impacto.

Finalmente, el ICE suspendió el proyecto por inviabilidad social y económica.

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Un caso real en Guatemala que evidencia la importancia de los criterios ASG fue la construcción de una hidroeléctrica que avanzó sin un proceso adecuado de consulta a las comunidades indígenas ni una evaluación integral de impacto social y ambiental. La falta de diálogo temprano generó oposición comunitaria, bloqueos prolongados y tensiones sociales que escalaron a conflictos legales y reputacionales para la empresa. Además, la ausencia de un análisis ambiental riguroso provocó daños a ecosistemas locales y afectó fuentes de agua utilizadas por las comunidades.

Este proyecto se volvió insostenible no por su tecnología, sino por la ausencia de criterios ASG fundamentales: participación comunitaria, manejo responsable del recurso hídrico, protección del entorno natural y transparencia en la toma de decisiones. El caso demuestra que, sin una gestión adecuada de riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, incluso proyectos energéticos estratégicos pueden fracasar.

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Un ejemplo de proyecto catastrófico en temas ASG es el caso de la mina de cobre en Panamá, cuyo desarrollo evidencia claramente qué ocurre cuando los criterios ASG no se integran desde el inicio del proyecto.

En el componente ambiental, el proyecto fue cuestionado por su alto impacto sobre ecosistemas sensibles, el uso intensivo de recursos hídricos y los riesgos de contaminación, en un contexto de alta biodiversidad. La percepción de insuficiente control ambiental y de monitoreo independiente debilitó la confianza pública y dejó la sensación de que la protección del entorno no fue una prioridad estructural del proyecto.

Desde la dimensión social, se produjeron profundas tensiones con distintos grupos de interés. La falta de una licencia social sólida, el manejo inadecuado del relacionamiento comunitario y la percepción de que los beneficios económicos no compensaban los riesgos ambientales generaron protestas masivas, rechazo ciudadano y una fuerte presión social que terminó escalando a nivel nacional.

En términos de gobernanza, el proyecto evidenció debilidades críticas, cuestionamientos sobre la transparencia contractual, una comunicación deficiente con la ciudadanía, decisiones percibidas como poco participativas y una gestión del riesgo político insuficiente. La ausencia de una estrategia clara de rendición de cuentas y de divulgación de información relevante agravó la crisis de legitimidad del proyecto.

La falta de integración de criterios ASG desde la etapa de planificación fue determinante en este desenlace. No se incorporó de forma efectiva un enfoque preventivo de riesgos ambientales, no se construyó una relación de largo plazo con los grupos de interés y no se anticiparon los impactos reputacionales, sociales y políticos que finalmente llevaron a la paralización del proyecto y a pérdidas económicas significativas.

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Proyecto catastrófico en temas ASG en Costa Rica y por qué los criterios ASG son indispensables

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Proyecto catastrófico en temas ASG en Costa Rica y por qué los criterios ASG son indispensables

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Un caso que ilustra de forma dramática la importancia de los criterios ASG en Costa Rica es la crisis ambiental y social ocasionada por el Proyecto Minero Crucitas, ubicado en la zona norte del país. Aunque fue un proyecto originalmente respaldado por una concesión del Estado, rápidamente se convirtió en un ejemplo de cómo la ausencia de una correcta gestión ambiental, social y de gobernanza puede llevar a consecuencias irreversibles.

Desde la perspectiva Ambiental (A), el proyecto generó deforestación masiva, pérdida acelerada de biodiversidad y contaminación del suelo y cuerpos de agua por la introducción de sustancias como el mercurio y el cianuro, utilizadas posteriormente por la minería ilegal. Nada de esto cumplía con los lineamientos que los criterios ASG exigen: evaluación de impactos, gestión responsable, protección de recursos hídricos y alineamiento con compromisos climáticos.

En el ámbito Social (S), la zona vivió un deterioro profundo de las condiciones de seguridad y bienestar comunitario. La llegada de minería ilegal generó conflictos, aumento de trata de personas, explotación laboral y amenazas directas a comunidades vulnerables. Este escenario contradice por completo los criterios sociales del ASG, que incluyen relaciones laborales dignas, respeto a derechos humanos y una relación responsable con las comunidades.

Desde la Gobernanza (G), el proyecto evidenció fallas estructurales: decisiones políticas cuestionadas, falta de transparencia en la concesión, poca divulgación de información técnica y una débil capacidad institucional para monitorear y controlar los impactos. Precisamente el ASG apunta a fortalecer la ética, la transparencia, los procesos de reporte y la rendición de cuentas para evitar crisis como esta.

Este caso demuestra que cuando los criterios ASG no se integran desde la etapa de diseño del proyecto, los riesgos “no técnicos” se convierten en riesgos económicos, reputacionales y políticos de gran escala. Como señalan los contenidos del módulo ASG, estos criterios deben incorporarse transversalmente, desde la planificación hasta la operación, garantizando un equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y licencia social para operar.

Los criterios ASG no son una tendencia voluntaria, ni un requisito cosmético: son una herramienta indispensable para evitar daños irreversibles, atraer inversión responsable, reducir riesgos y asegurar que los proyectos operen con legitimidad y responsabilidad.

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Un proyecto ampliamente considerado catastrófico en términos ASG en Panamá es la represa hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada en el río Tabasará. Aunque fue presentada como una iniciativa de energía limpia, terminó generando uno de los conflictos socioambientales más fuertes del país. Su principal falla estuvo en la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé, cuyos territorios ancestrales serían afectados. La inundación prevista por el embalse implicaba la pérdida de viviendas, tierras agrícolas, sitios culturales y medios de subsistencia, lo que produjo desplazamiento forzado y una profunda ruptura del tejido social. En materia ambiental, el proyecto alteró ecosistemas fluviales y afectó la biodiversidad de la cuenca, evidenciando una evaluación de impacto insuficiente. Desde la perspectiva de gobernanza, se cuestionó la aprobación del proyecto a pesar de sus incumplimientos ambientales y sociales, lo que reveló deficiencias institucionales en la supervisión y en la aplicación de estándares internacionales. Como resultado, Barro Blanco se convirtió en un ejemplo claro de cómo un proyecto puede fracasar en criterios ASG cuando prioriza los objetivos económicos por encima del respeto a los derechos humanos, la protección ambiental y la transparencia en la gestión.

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Contrucción de Hotel en zona marítimo terrestre

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Contrucción de Hotel en zona marítimo terrestre

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En los años 1990, se da la contrucción de varios hoteles, presentó destrucción de muchos manglares naturales perdiendo espacios naturales y biodiversidad en las zonas afectadas, lo que provocó mucha molestia de vecinos, trabajos en jornadas elevadas en horas para la contrucción.

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Desforestaciones de campos para cultivo de soja

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Desforestaciones de campos para cultivo de soja

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En la zona norte de Argentina, mas precisamente en la provincia de Salta, se están desforestando campos con el fin de aumentar las hectáreas para la siembra de soja. Se rumorea que para estas habilitaciones se pagan grandes cantidades de dinero en coimas, incluso hubo hasta desvíos intencionales de los cauces del rio.

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El caso de la contaminación del río Machángara en Quito evidencia una falla en los criterios ambientales, sociales y de gestión debido a la falta de tratamiento de aguas residuales, la gestión inadecuada de residuos sólidos, el crecimiento urbano descontrolado y la ausencia de una aplicación efectiva de políticas públicas. Esto ha resultado en un ecosistema degradado, con severos impactos en la salud pública y el derecho al agua, a pesar de que la justicia ha reconocido al río como sujeto de derechos y ordenado su descontaminación.

Fallas en criterios ambientales

Alta contaminación química y biológica: El río está a menudo cubierto de espuma por la descarga de detergentes y otros químicos, y supera en más de siete veces los parámetros de contaminación permitidos.

Pérdida de biodiversidad: La ausencia de oxígeno en el agua ha provocado la muerte de la mayoría de los organismos acuáticos, quedando solo bacterias y hongos tolerantes a la alta contaminación. Se ha perdido hasta el 85% de la diversidad de insectos acuáticos.

Falta de tratamiento de aguas residuales: La única planta de tratamiento de aguas residuales de Quito solo procesa un porcentaje mínimo del agua de la ciudad, mientras que el 80% del agua del Machángara es residual.

Descargas industriales: Las empresas cercanas también contribuyen a la contaminación con descargas industriales directas.

Fallas en criterios sociales

Derecho al agua violado: La sentencia judicial reconoció que se violó el derecho de los quiteños al acceso a agua de calidad.

Impacto en la salud: La contaminación puede generar enfermedades, como se ha observado en peces (tilapias) de la represa de Manduriacu, que reciben agua del río Machángara.

Problemas de seguridad: La contaminación ha creado puntos muertos y microbasurales a lo largo del río, generando inseguridad para los transeúntes.

Desconocimiento y desconexión: Existe una desconexión histórica de la población con el río, que ha pasado de ser un espacio vital a ser visto como un vertedero de desechos.

Fallas en criterios de gestión

Asignación de presupuesto insuficiente: Las administraciones zonales tienen presupuestos muy limitados para la descontaminación de quebradas, los cuales no se han ejecutado.

Falta de aplicación de políticas públicas: Las sentencias judiciales buscan obligar al municipio a crear y aplicar políticas públicas, pero la aplicación efectiva ha sido históricamente deficiente.

Control y monitoreo inadecuados: La falta de control municipal ha permitido la persistencia de prácticas de descarga de desechos y el crecimiento urbano descontrolado en zonas vulnerables.

Gestión de residuos y asentamientos humanos: La expansión urbana y la falta de manejo adecuado de residuos sólidos (basura) y aguas residuales. contribuyen a la contaminación.

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La trocha fronteriza.

Muy mal manejo gubernamental, mala planificación y aseguramiento de conlcusión.

Desastre natural sin planificación. Afectación social y discordia con vecinos nicaraguenses.

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Megaproyecto Hidrohituango- Colombia

Los proyectos hidroeléctricos en Colombia se plantean con 20 años o más de anterioridad, pues la identificación de potenciales hidroeléctricos es una tarea constante de los ministerios a cargo del sector energético (hoy amparado por la Ley 1715 de 2014, la cual busca el aprovechamiento de energía no renovable y la explo-ración de dichas fuentes). Se identificó el potencial en el río Cauca, a la altura de Ituango, en el año 1967; desde entonces se consideró un entorno para la producción de energía, y su materialización inició en 2009.

Considerado el mas grande su tipo en el país va a cabo su construcción en el territorio donde se localiza bajo el argumento de generación de desarrollo para los municipios donde tendrían lugar sus intervenciones: se beneficiarían con ello 12 municipalidades con programas de atención en las líneas de infraestructura educativa, vial y construcción de vivienda

Ambiental

Desde abril del año 2018, la empresa EPM, constructora del proyecto registró fallas técnicas que obligaron a declarar en emergencia el área de influencia del mismo, dadas las afectaciones ambientales y el riesgo que representa el avance de su construcción. Se definió entonces un estado de contingencia  en el que hasta la fecha se registran23 municipios afectados, incluidos los departamentos de Córdoba y Sucre que se encuentran aguas abajo.

Se han modificado y sacrificado importantes ecosistemas y comunidades para cubrir la demanda de energía de las ciudades y la industria nacional e internacional, sin plantear oportunidades claras para el territorio que a largo plazo garanticen la protección de la fauna, la flora y la continuidad de actividades.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango revela la actual crisis ambiental, pues ha exigido un análisis de las condiciones socioambientales que intervienen en los territorios

Social

La integración de las comunidades al desarrollo que ofrecen los proyectos hidroeléctricos y sus infraestucturas obedece a la relación entre funcionalidad de los proyectos y necesidades inmediatas de los sectores económicos: construcción, energía e infraestructura.

Estos cambios suponen una aceleración de la economía en el territorio; empero, una vez entran en tensión los actores de inversión y ejecución con las comunidades relacionadas, emergen procesos de resistencia y organización social cuyo interés principal es la negociación con las empresas ejecutoras y la reclamación de derechos adquiridos. Además, estos buscan la inclusión en la toma de decisiones sobre aquello que les afecta para incidir en los planes o programas a implementarse, en aras de un proyecto que tiene una vida útil de 50a 150 años. Por lo tanto, los efectos sobre los ecosistemas y la sostenibilidad local son determinantes en la continuidad del territorio.

En línea con lo anterior, movimientos como Ríos Vivos y Asopesca, y diversas asociaciones de mineros, barequeros y pescadores de la región, han movilizado esfuerzos para defender sus actividades económicas y proteger el entorno que habitan. Esto ha traído con-sigo nuevas solicitudes de las comunidades en cuanto a los problemas ambientales que afectan el territorio, de manera que la estabilidad de la presa y las garantías técnico-constructivas del proyecto adquieren igual importancia que las garantías de trabajo, vivienda y bienestar de los habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Al evidenciarse las dificultades técnicas y socioambientales del proyecto presenta la hidroeléctrica ha permanecido bajo la mirada de la ciudadanía.

Esto marcó una preocupación por el alcance de las afectaciones y por la promesa incumplida de desarrollo para las comunidades, que ha significado y hasta entonces se ha configurado en incertidumbres y dudas por el futuro del territorio. Surgieron así preocupaciones por la estabilidad del proyecto de parte de distintos actores del territorio, cuyo objetivo era ejercer permanente veeduría al proyecto, una vez “el Tribunal Superior de Medellín ordenó al gobierno nacional ejercer la tutoría y representación legal[énfasis propio] sobre los derechos del Río Cauca.

Gobernanza

Se logró con ello identificar tres problemáticas desde la ingeniería, la política y la economía, pues de estas depende la materialización del desarrollo en un territorio.

No obstante, la ingeniería no se reduce a la técnica, pues las decisiones políticas y los ritmos de la economía global han sometido a las comunidades a los acelerados cambios de la producción a gran escala.

Se plantea, con todo lo dicho, una necesidad de incorporar la ingeniería en los procesos de desarrollo, a finde entender integralidad de la técnica, la economía y la política, y visualizarlos más allá de los estándares y criterios preestablecidos para la ejecución de un proyecto.

Los megaproyectos resultan por decisiones políticas: sus marcos normativos pueden ajustarse a los cambios que la sociedad exige y, con ello, abrir posibilidades de orientación del desarrollo en el territorio, en respuesta alas capacidades locales, de sus comunidades, sus instituciones y organizaciones. Los proyectos hidroeléctricos en Colombia implican hoy una reestructuración de los instrumentos públicos, dada la transgresión de las relaciones locales y de participación que han evidenciado. En este sentido, corresponde reivindicar por un lado mecanismos como la consulta previa de tal manera que, además de ser un espacio para la toma de decisiones delas comunidades étnicas, se dé participación en ellas a comunidades campesinas que han habitado histórica-mente los territorios; y por otro, la consulta popular, de suerte tal que con ellas sea posible definir el futuro de los municipios y la protección de actividades que afectan la autonomía territorial, todo ello junto con una revaluación colateral del derecho del ente nacional de actuar por encima de los intereses de las entidades locales y regionales

Se recomienda profundizar en estudios alrededor del a eficiencia energética que permitan transitar a otros medios de producción de energía, en procura de que las comunidades receptoras sean partícipes de este cambio.

La construcción de políticas y marcos normativos y metodológicos alrededor de la construcción de los megaproyectos es un tema aún condicionado por las orientaciones económicas; como tal, debe abordarse desde un enfoque científico y conceptual que contribuya a la generación de nuevas propuestas de marcos normativos por medio de los cuales se legisle sobre los hechos ambientales en el territorio

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Un ejemplo catastrófico en temas ASG en Panamá conocido es el caso de la mina Cobre Panamá en 2023, afectaciones en los siguientes criterios:

Ambiental: Se denunciaron riesgos de deforestación, afectación de cuencas hidrográficas y posible contaminación de fuentes de agua.

Social: Comunidades cercanas y grupos indígenas reclamaron falta de consulta previa y afectaciones a su modo de vida.

Gobernanza: El contrato minero fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, tras protestas masivas que paralizaron el país. Esto evidenció deficiencias en transparencia, participación ciudadana y gestión de riesgos.

Impacto ASG:

Económico: Pérdidas millonarias por la paralización de operaciones y caída de confianza de inversionistas.

Reputacional: Daño a la imagen del país en materia de sostenibilidad y gobernanza.

Social: Polarización y descontento ciudadano, con protestas prolongadas.

Este caso es un ejemplo de cómo la falta de una gestión sólida de riesgos ASG escaló y se convirtió en crisis nacional.

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En mi país Panama se ve el enfoque en el Ambiente

Las prioridades giran en torno a la adaptación al clima y la economía circular:

Resiliencia Climática: La adaptación al cambio climático se consolida como un eje central. Las empresas deben reforzar las estrategias para garantizar la resiliencia de sus operaciones y activos frente a fenómenos extremos (sequías, inundaciones, olas de calor).

Economía Circular y Crisis Hídrica: En América Latina, la crisis hídrica se convierte en una prioridad crítica. Las empresas se ven obligadas a implementar estrategias de gestión sostenible del agua y a adoptar modelos de economía circular que prioricen la reutilización, la eficiencia energética y la reducción de residuos.

Descarbonización y Net Zero: El escrutinio sobre las metas de emisiones netas cero (Net Zero) se amplía. Las grandes empresas están invirtiendo en energías renovables (solar, eólica) y el hidrógeno verde se posiciona como una solución clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado.

Biodiversidad: Más allá del carbono, hay un mayor enfoque en la pérdida de biodiversidad y el impacto en la naturaleza, con inversores exigiendo que las empresas consideren la deforestación y el uso del suelo.

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Esteban - Proyecto: Hub Logístico Sostenible y Ampliación del Corredor del Canal

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Esteban - Proyecto: Hub Logístico Sostenible y Ampliación del Corredor del Canal

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Un proyecto con un enfoque integral ASG es el Programa de Descarbonización y Gestión de la Cuenca del Canal de Panamá. Este no es un proyecto de construcción único, sino una estrategia operativa a largo plazo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Ambiental (A): La ACP ha implementado una estrategia proactiva para posicionar a Panamá como una "Ruta Verde". Esto incluye el "Programa de Reconocimiento Ambiental Green Connection" y un sistema que incentiva a los buques a utilizar combustibles más limpios y reducir sus emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) durante su tránsito. A nivel local, la ACP gestiona un robusto programa de reforestación y conservación en la Cuenca Hidrográfica del Canal, esencial para garantizar el agua de las operaciones y el consumo humano.

Social (S): El principal desafío social del Canal es la gestión del agua, que debe equilibrar las necesidades de la población (más del 50% del país depende de esta cuenca para agua potable) con las necesidades de las operaciones del canal. La ACP invierte en programas de desarrollo comunitario, titulación de tierras y agricultura sostenible para las comunidades que viven dentro de la Cuenca, buscando que sean guardianes del recurso hídrico y mejorando su calidad de vida.

Gobernanza (G): La ACP opera bajo un modelo de gobernanza único establecido en la Constitución de Panamá, que le otorga autonomía y la obliga a operar como una empresa eficiente y rentable, entregando excedentes al Estado. Este modelo incluye una junta directiva con representación diversa y mecanismos de transparencia en la contratación y gestión de fondos. La estrategia de sostenibilidad y la publicación de informes de emisiones son parte de su marco de rendición de cuentas.

Este caso muestra cómo una entidad logística clave integra los criterios ASG no solo para mitigar sus impactos, sino como parte central de su estrategia de competitividad y viabilidad a largo plazo.

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PROYECTO HABITACIONAL DE URIBE - UIO ECUADOR

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PROYECTO HABITACIONAL DE URIBE - UIO ECUADOR

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Este proyecto careció de vario criterios ASG, especialmente en el tema ambiental ya que inicio su construcción si considerar el impacto que tendría para la comunidad cercana y la naturaleza, consideremos que un proyecto habitacional significa que en el futuro cercano consumirá recursos por las familias habitantes y generará desperdicios, estas dos aristas no fueron estudiadas con detenimiento lo que no solo provoco una excesiva contaminación en el sector, pues no se planifico correctamente con la alcaldía el abastecimiento de carros recolectores de basura, sino que también provoco un incremento de vehículos y buses que contaminaron el área.

también cabe mencionar que el proyecto fue construido tapando una quebrada natural lo que provoco inundaciones y movimientos de tierra en las poblaciones cercanas, además de que se tuvo que talar miles de arboles para poder construir el proyecto.

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Proyecto Crucitas, extraccion de oro en Costa Rica

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Proyecto Crucitas, extraccion de oro en Costa Rica

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Uno de los proyectos más controversiales en Costa Rica en términos ASG fue el proyecto minero Crucitas, ubicado en Cutris de San Carlos. Este proyecto, impulsado por la empresa canadiense Infinito Gold, pretendía explotar oro a cielo abierto en una zona de alta sensibilidad ecológica. Desde su inicio, Crucitas enfrentó una fuerte oposición por parte de organizaciones ambientales, comunidades locales y académicos, debido a los riesgos de deforestación, contaminación por cianuro y afectación a especies protegidas como la lapa verde.

En el ámbito ambiental, el proyecto fue catastrófico por la tala ilegal de cientos de árboles en un área de bosque primario, lo que provocó una pérdida significativa de biodiversidad. En lo social, generó tensiones con comunidades locales que no fueron consultadas adecuadamente, y que se vieron afectadas por el deterioro de su entorno y la amenaza a sus medios de vida. En cuanto a la gobernanza, el caso evidenció graves fallas institucionales: se otorgó una concesión minera mediante un decreto presidencial que fue posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que dejó en evidencia la falta de transparencia y el debilitamiento del marco legal ambiental.

El proyecto Crucitas se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando los criterios ASG no son respetados: pérdida de confianza ciudadana, daño ambiental irreversible y un proceso judicial que aún genera repercusiones políticas y sociales. Este caso refuerza la importancia de integrar los criterios ASG desde la etapa de diseño de cualquier proyecto, especialmente en sectores de alto impacto como la minería.

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Un ejemplo en Panamá es el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí. Este proyecto fue ampliamente cuestionado por deficiencias en los criterios ASG, ya que se construyó sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé afectadas por la inundación de sus tierras. Además, se reportaron impactos ambientales sobre el ecosistema del río Tabasará y conflictos sociales derivados de la falta de transparencia y diálogo efectivo. El caso evidenció la necesidad de integrar una gestión ambiental, social y de gobernanza sólida antes y durante la ejecución de grandes proyectos energéticos.

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Caso: “Inundación y contaminación de la Laguna de San Carlos durante la construcción y operación de un centro geriátrico”

1) Contexto del proyecto

Ubicación: ladera cercana a la Laguna de San Carlos (zona con pendientes, suelos arcillosos y escorrentía alta en temporada lluviosa).

Objeto: centro de cuidado de adultos mayores con 60–80 camas, cocina industrial, lavandería, pequeña clínica, jardines terapéuticos.

Riesgo gatillante (catastrófico): evento de lluvia extrema provoca desbordamiento + deslizamientos, fallas en la contención de sedimentos y descargas de aguas residuales no tratadas → contaminación de la laguna, afectación a comunidades aguas abajo y fauna acuática.

2) Gestión Ambiental (A)

Riesgos clave

Inundación, erosión y arrastre de sedimentos a la laguna.

Fallas en tratamiento de aguas residuales (sobrecarga del sistema, reboses).

Manejo inadecuado de residuos sólidos y biomédicos.

Deforestación de cobertura protectora y pérdida de biodiversidad ribereña.

Incremento de huella de carbono por energía y transporte.

Medidas y planes

EIA (estudio de impacto) con modelación hidrológica/hidráulica y mapas de amenaza por inundación/deslizamientos; definir zonas de amortiguamiento a cuerpos de agua.

Sistemas de drenaje sostenible (zanjas de infiltración, cunetas vegetadas, gaviones) + barreras de sedimentos y coberturas temporales en obra.

PTAR (planta de tratamiento) dimensionada a punta máxima + tanque de tormenta y monitoreo continuo de DBO, DQO, SST, coliformes.

Plan de residuos: segregación, rutas, contratos con gestores; para biomédicos, cadena de custodia y disposición autorizada.

Reforestación/compensación con especies nativas ribereñas; no intervención en humedales.

Energía: fotovoltaico on-grid, calentadores solares, VRF de alta eficiencia, iluminación LED; agua: captación pluvial y equipos AAA.

GHG Protocol (alcances 1–2–3), inventario anual y metas de reducción (p.ej., -30% a 2030).

Plan de contingencias ambientales: kit de derrames, válvulas de corte, protocolos de cierre de compuertas y activación inmediata post-evento.

KPIs ambientales

% días con cumplimiento de efluentes vs. norma; NTU de sedimentos aguas abajo.

m³ de agua reutilizada / m² construido.

tCO₂e/cama/año; kWh/m²; % energía renovable.

% área reforestada vs. plan; índice de supervivencia de plantones.

3) Gestión Social (S)

Riesgos clave

Salud y seguridad del personal (trabajo en calor, alturas >5 m).

Impacto a comunidades por turbidez/olores y mayor tráfico.

No discriminación y accesibilidad universal para residentes y personal.

Falta de mecanismo de quejas accesible.

Medidas y planes

SST: análisis de trabajo seguro en alturas (líneas de vida, barandas, permisos de trabajo), plan de estrés térmico (pausas, hidratación, ropa, rotación), simulacros.

Relación comunitaria: mapeo de actores, plan de participación temprana, grievance mechanism (quejas) con SLA de respuesta, boletines post-lluvia extrema.

Políticas de DD. HH. y antidiscriminación (cero tolerancia) + capacitaciones; canal confidencial.

Accesibilidad: rutas libres, rampas, señalética, habitaciones adaptadas; plan de emergencia para residentes con movilidad reducida.

Preferencia a proveedores locales y formación en buenas prácticas ambientales.

KPIs sociales

Tasa de incidentes (TRIR/LTIFR) y días sin accidentes.

% quejas resueltas en ≤15 días; satisfacción comunitaria >80%.

% personal capacitado en DD. HH./SST/antidiscriminación.

% compras a proveedores locales.

4) Gestión de Gobernanza (G)

Riesgos clave

Omisión de información no financiera material.

Falta de responsables y supervisión del sistema ASG.

Incumplimiento regulatorio (permisos, vertidos, residuos).

Riesgo de corrupción/conflictos de interés en contrataciones.

Medidas y planes

Estructura ASG: Comité del Directorio + gerente ASG con autoridad transversal; tres líneas de defensa (operación, cumplimiento, auditoría interna).

Políticas: ética, anticorrupción, conflictos de interés, compras sostenibles.

Cumplimiento regulatorio: permisos ambientales/sanitarios/municipales; registros y auditorías.

Reporte: marco GRI para impactos y IFRS-S1/S2 para riesgos financieros de sostenibilidad y clima; aseguramiento limitado externo.

Riesgo climático: gestión alineada a TCFD (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y metas).

Plan de continuidad: matriz de riesgos, apetito de riesgo, escenarios de lluvias extremas.

KPIs de gobernanza

% indicadores ASG auditados externamente.

% contratos con cláusulas ASG; nº de incidentes de integridad.

Publicación anual de informe ASG con panel de materialidad.

5) Hoja de ruta (12 meses)

1. 0–3 meses: Diagnóstico rápido + línea base (calidad de agua, emisiones, SST), mapa de actores, política ASG, creación del Comité.

2. 3–6 meses: Modelos hidrológicos, rediseño drenajes, especificación PTAR + tanque de tormenta, plan de reforestación, inventario GHG.

3. 6–9 meses: Implementación obras grises/ verdes, capacitación SST y DD. HH., contratos con cláusulas ASG, KPIs en tablero.

4. 9–12 meses: Auditoría interna, simulacro de evento extremo, reporte ASG (GRI + IFRS-S2) con aseguramiento limitado, revisión de metas.

6) Entregables útiles (para tu presentación)

Mapa de riesgos ASG y flujograma de respuesta a emergencias.

Plano de drenajes y barreras de sedimentos (antes/después).

Cuadro de KPIs con metas anuales (agua, energía, residuos, seguridad, comunidad).

Política ASG (1 página) + matriz de materialidad.

Resumen ejecutivo para inversionistas (1–2 páginas): riesgos, mitigación, CAPEX/OPEX, gobierno y calendario de reporte.

7) Idea fuerza para “Hogar Serena Vida”

“Cuidar a quienes nos cuidaron”: un centro geriátrico resiliente al clima, con cero descargas no conformes a la laguna, energía limpia, cultura de seguridad cero daño y relación transparente con su comunidad.

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Un proyecto que considero catastrófico en temas ASG en mi país (Panamá) fue la contaminación del río La Villa en la provincia de Los Santos, ocurrida hace algunos años. Este río es una de las principales fuentes de agua para consumo humano y riego agrícola en la región, pero fue gravemente afectado por un derrame químico proveniente de una empresa azucarera.

En esta situación se evidenció una falta de aplicación de criterios ASG en todos los niveles. En el aspecto ambiental, no existió un plan adecuado de manejo de residuos ni controles efectivos sobre los procesos industriales. En el ámbito social, las comunidades afectadas quedaron sin acceso a agua potable durante semanas, lo que generó desconfianza, pérdidas económicas y problemas de salud. Y en cuanto al gobierno corporativo, se evidenció una débil supervisión por parte de las autoridades y una comunicación poco transparente por parte de la empresa responsable.

Creo que si se hubiesen aplicado correctamente los criterios ASG, el impacto ambiental y social podría haberse evitado o al menos mitigado. Una gestión más responsable, con auditorías ambientales, planes de contingencia y canales de comunicación abiertos con la comunidad, habría cambiado completamente el resultado. Este caso demuestra la importancia de integrar la sostenibilidad y la ética en todos los proyectos, sin importar el sector.

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Informe ASG — Propuesta Hidroeléctrica Río Grande de Térraba (Costa Rica)

Resumen ejecutivo

El Proyecto Hidroeléctrico Diquís fue planteado como la represa más grande de Centroamérica. Aunque buscaba ampliar la matriz renovable, enfrentó críticas por sus impactos ambientales, afectaciones a comunidades indígenas y dudas de gobernanza. Fue archivado en 2018.

Ambiental (A)

- Inundación de miles de hectáreas con pérdida de biodiversidad y afectación al humedal Térraba-Sierpe.

- Alteración del flujo del río y riesgos asociados al cambio climático.

Social (S)

- Desplazamiento de comunidades y afectación a pueblos Brörán y Teribe sin consulta previa adecuada.

- Impacto en medios de vida tradicionales y tensiones sociales.

Gobernanza (G)

- Falta de consulta conforme al Convenio 169 de la OIT.

- Cuestionamientos sobre viabilidad económica y transparencia en la planificación.

Recomendaciones

1. Respetar derechos indígenas y convenios internacionales.

2. Priorizar energías renovables de bajo impacto (solar, eólica, geotermia).

3. Fomentar planificación participativa y territorial.

4. Garantizar transparencia mediante auditorías independientes.

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EJEMPLO CATASTROFICO EN GUATEMALA POR FALTA DE APLICACION CRITERIOS ASG

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Crucitas: cuando el desarrollo ignora la sostenibilidad

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Crucitas: cuando el desarrollo ignora la sostenibilidad

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Costa Rica es reconocida mundialmente por su compromiso con el medio ambiente, la paz y los derechos humanos. Sin embargo, el caso del proyecto minero Crucitas nos recuerda que incluso en países con vocación verde, los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) pueden ser ignorados con consecuencias profundas.

Crucitas fue concebido como una mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país, en una región de altísima biodiversidad. Desde el inicio, el proyecto generó controversia: se autorizó la tala de especies protegidas como el almendro amarillo, hogar de la lapa verde, y se contemplaba el uso de cianuro para la extracción del mineral. La evaluación ambiental fue cuestionada por su falta de profundidad y transparencia, y no se establecieron medidas de mitigación robustas. El pilar ambiental quedó completamente vulnerado.

En lo social, las comunidades locales fueron poco consultadas. El proyecto generó división, migración informal y tensiones entre grupos ambientalistas, trabajadores informales y autoridades. Tras la suspensión del proyecto, la minería ilegal se disparó, dejando huellas de violencia, explotación laboral y deterioro social. La ausencia de diálogo y protección comunitaria evidenció una falla grave en el componente social.

En cuanto a gobernanza, el proceso estuvo marcado por decretos de interés nacional, conflictos legales y decisiones poco claras. La empresa concesionaria enfrentó cuestionamientos éticos, y el Estado costarricense fue condenado internacionalmente por el manejo del caso. La falta de rendición de cuentas y de alineación con estándares internacionales mostró una gobernanza débil y opaca.

Crucitas no solo fue un proyecto fallido. Fue una lección sobre lo que ocurre cuando el desarrollo económico se impone sin considerar el impacto ambiental, el bienestar social y la ética institucional. Si se hubieran aplicado criterios ASG desde el inicio con evaluaciones rigurosas, participación ciudadana real y gobernanza transparente el desenlace podría haber sido distinto.

Hoy, más que nunca, los proyectos deben integrar la sostenibilidad como eje estratégico. No es solo una exigencia ética, sino una condición para la viabilidad a largo plazo. Crucitas nos recuerda que ignorar los criterios ASG no solo genera conflictos, sino que puede dejar cicatrices irreversibles en el territorio, en las comunidades y en la reputación de un país

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En Ecuador existen varios proyectos mineros que no implementan ningun criterio ASG y que además de ello incumplen con normativa interna

Como es el caso de la emrpesa Ecuacorrientes que se dedica a la explotación minera, se ha conocido de denuncias que incluyen

desalojo a las personas aledañas

la contaminación que se genera en este punto se reparte aguas abajo, a lo largo de cientos de kilómetros. La megaminería, explica, implica la liberación al ambiente de metales pesados como arsénico, cadmio y níquel, que provoca la acidificación del agua, afectando a los ecosistemas frágiles de la Amazonía

La deforestación, que se ha incrementado para dar paso a la operación minera, ha provocado la transformación de las cuencas hidrográficas.

violación al derecho a la tierra y violación a los derechos de los pueblos indígenas

Tambien se conoce que existe sobre explotacion laboral y salarios no acordes a los minimos establecidos por el ministerio de trabajo

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Caso: Refugio Gandoca-Manzanillo, una zona protegida en el Caribe Sur costarricense, rica en biodiversidad y hábitat de especies en peligro como manatíes y tortugas marinas que sufrió un gran daño ambiental

Hecho principal: Otorgamiento ilegal de permisos a empresa constructora permitiendo construir en zonas protegidas por la legislación interna del país y la internacional.

Se investiga una posible modificación ilegal del Plan Regulador Costero para permitir construcciones en la zona marítimo-terrestre.

Personas señadas: funcionarios públicos, incluyendo al alcalde de Talamanca, y al presidente Rodrigo Chaves, quien admitió conocer al empresario implicado.

Problemas con la aplicación de ASG:

Ambiental: Tala ilegal, destrucción de humedales, afectación a especies protegidas, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad.

Social: Amenazas a líderes comunales y activistas; tensiones con comunidades locales. Pérdida de espacio y beneficios del mantenimiento de la zona protegida.

Gobernanza: Corrupción, tráfico de influencias, falta de transparencia en permisos. Incumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo.

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En Ecuador hay los siguientes casos

Pronaca, es una empresa ecuatoriana del sector alimenticio, que ha desarrollado programas de sostenibilidad:

A (Ambiental): implementó plantas de tratamiento de aguas residuales en sus operaciones para disminuir el impacto sobre los ríos y ha invertido en biodigestores para reducir emisiones de metano.

S (Social): mantiene programas de nutrición y capacitación en comunidades rurales, apoyando el desarrollo local y fomentando el empleo digno.

G (Gobernanza): publica reportes de sostenibilidad auditados bajo estándares internacionales (GRI), lo que fortalece la transparencia y confianza en sus prácticas.

Este caso evidencia cómo una empresa ecuatoriana puede integrar los tres criterios ASG y generar valor compartido.

Contraejemplo práctico en Ecuador (mala práctica ASG)

Un contraejemplo es el conflicto socioambiental en la explotación minera de Río Blanco, en Azuay Ecuador:

A (Ambiental): comunidades denunciaron contaminación de fuentes hídricas y deforestación, con efectos adversos en la biodiversidad.

S (Social): se registraron protestas sociales por la falta de consulta previa a comunidades campesinas e indígenas, generando conflictos violentos y divisiones comunitarias.

G (Gobernanza): la gestión estatal y empresarial fue criticada por falta de transparencia en la información ambiental y por incumplimientos en mecanismos de participación ciudadana.

Este caso muestra cómo la ausencia de una adecuada gestión ASG genera conflictos sociales, pérdida de legitimidad y judicialización de proyectos.

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Caso: “Minerales del Norte S.A.”

La empresa Minerales del Norte S.A., dedicada a la extracción de cobre en Centroamérica, recibió la visita de una consultora internacional para evaluar su desempeño bajo los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). La compañía buscaba atraer inversionistas extranjeros para expandir sus operaciones y construir una nueva planta procesadora.

Fallas detectadas en los criterios ASG

Ambientales (A)

•          La empresa descargó aguas residuales sin tratamiento en un río cercano, afectando a comunidades que dependen de este recurso para consumo y agricultura.

•          No cumplió con los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de haber firmado un acuerdo de sostenibilidad con su casa matriz.

Sociales (S)

•          Se identificaron jornadas laborales de 14 horas diarias en turnos continuos, sin descanso adecuado, lo que representa condiciones de trabajo forzado.

•          Hubo denuncias de discriminación de género y acoso laboral en los campamentos mineros.

•          La empresa no implementó protocolos de seguridad adecuados para los trabajadores en minas subterráneas, generando varios accidentes.

Gobernanza (G)

•          En el informe de sostenibilidad presentado a los inversionistas, la compañía omitió reportar los problemas ambientales y sociales bajo el argumento de que “no eran requeridos de manera explícita”.

•          Se detectó falta de transparencia en el manejo de fondos destinados a proyectos comunitarios, donde no existía trazabilidad de los recursos.

Riesgos identificados

•          Reputacionales: pérdida de credibilidad frente a comunidades locales y potenciales inversionistas.

•          Financieros: riesgo de no obtener el financiamiento para la nueva planta procesadora.

•          Operativos: conflictos sociales que podrían llevar a bloqueos de carreteras y suspensión de actividades.

•          Regulatorios: posibles sanciones por incumplimiento de normativas ambientales y laborales.

Recomendaciones

1.         Ambientales: implementar el GHG Protocol para medir y reportar emisiones, además de plantas de tratamiento de aguas residuales.

2.         Sociales: establecer un plan de seguridad ocupacional y políticas de tolerancia cero a la discriminación, con capacitaciones obligatorias.

3.         Gobernanza: crear un sistema de reporte no financiero transparente, alineado a estándares como GRI y SASB, y designar un Chief Sustainability Officer (CSO) con línea directa a la alta dirección.

Este caso refleja cómo la falta de aplicación de los criterios ASG genera no solo riesgos éticos y sociales, sino también amenazas directas a la viabilidad financiera y estratégica de una empresa.

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Reconstrucción Puente Río Virilla en Costa Rica

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Reconstrucción Puente Río Virilla en Costa Rica

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La reconstrucción del puente de la platina en Costa Rica es un ejemplo de fracaso ASG: en gobernanza, hubo mala planificación, sobrecostos y falta de transparencia; en social, provocó años de congestión, pérdidas económicas y desconfianza ciudadana; y en ambiental, mostró poca gestión de residuos y control de impactos durante las obras. El proyecto evidenció cómo ignorar los criterios ASG puede agravar retrasos, costos y daños reputacionales

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Caso del Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Costa Rica

Que ha generado una gran polémica por afectar gravemente los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Exposición del caso:

·        Se ha denunciado las talas ilegales, destrucción de bosques y humedales, zonas protegidas, incluidas áreas de ecosistemas únicos.

·        Hay acusaciones de que se han otorgado permisos irregulares, vinculados a intereses inmobiliarios, sin el debido control y transparente participación comunitaria.

·        Se menciona la implicación de funcionarios públicos importantes, lo que sugiere fallas en la gobernanza estatal, la transparencia y en la protección efectiva del ambiente.

Fallos ASG

Ambiental (A): destrucción de ecosistemas, humedales, afectación de especies, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad.

Social (S): comunidades locales afectadas, pérdida de espacios naturales que sustentan formas de vida, ausencia de participación y consulta.

  Gobernanza (G): contaminación institucional, permisos otorgados de modo cuestionable, falta de transparencia, posibles actos corruptos o al menos negligentes, deficiente supervisión.

Personas señaladas:

1.      Allan Pacheco Dent

·        Dueño de la finca dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.

·        Señalado por tala ilegal de bosque primario y aprovechamiento forestal enzona protegida.

·        Se le atribuye haber gestionado permisos y criterios favorables para excluir su propiedad del refugio.

2.      Franz Tattenbach — Ministro de Ambiente de Costa Rica, investigado por respaldo de criterios o permisos que podrían favorecer al empresario.

·         Investigado por respaldar un decreto que favorecía al empresario al excluir parte de la finca de la zona protegida.

·         Señalado por una presunta falta de criterio técnico y transparencia en la gestión del caso.

3.      Rodrigo Chaves — Presidente de la República, también investigado junto con el ministro, pues hay sospechas de involucramiento o conocimiento del caso.

·         La Fiscalía confirmó que también es investigado por su posible relación o conocimiento de la decisión que benefició al empresario.

·        La controversia gira en torno a si el Ejecutivo tuvo un papel en facilitar la tala bajo apariencia de legalidad.

4.      Maylin Mora — Directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, citada a referirse al criterio empleado para excluir propiedades del refugio.

·        Citada para explicar el criterio utilizado para recomendar la exclusión de la propiedad del refugio.

·        Señalada por autorizar o avalar lineamientos sin suficiente sustento técnico.

Funcionarios y otros implicados:

5.      Funcionarios del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), incluyendo un biológico (apellido Campbell Lindo) y otro funcionario llamado Salas Rodríguez del Área de Conservación La Amistad Caribe.

6.      Administradora del refugio Gandoca-Manzanillo, Cruz Torres.

·        Detenida en primera instancia y luego liberada.

·        Acusada de omitir su deber de velar por la protección del área protegida.

7.       Campbell Lindo (funcionario y biólogo del SINAC)

·        Investigado por supuesta participación en la aprobación de los permisos de aprovechamiento forestal.

8.      Salas Rodríguez (funcionario del Área de Conservación La Amistad-Caribe)

·        Vinculado a los trámites que permitieron la tala.

9.       Camacho Calvo (regente forestal privado)

·        Investigado por haber avalado técnicamente los planes de tala.

·        Señalado de emitir criterios técnicos favorables pese a que se trataba de bosque protegido.

10.   Regente forestal de apellidos Camacho Calvo.

·        Investigado por haber avalado técnicamente los planes de tala.

·        Señalado de emitir criterios técnicos favorables pese a que se trataba de bosque protegido.

Este caso nos muestra que los compromisos ambientales y sociales no pueden ser mera retórica ni quedar solo en políticas escritas.

Se necesita:

·        Políticas fuertes de gobernanza, con transparencia, participación ciudadana y supervisión real.

·        Evaluaciones ambientale s independientes, seguimiento constante del cumplimiento de permisos, sanciones efectivas.

·        Que las comunidades sean parte activa, no víctimas silenciosas.

Me parece que casos como Gandoca-Manzanillo deberían servir de punto de inflexión: si no se protege lo que está bajo nuestra responsabilidad hoy, mañana ya podría ser demasiado tarde.

¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que pueden las empresas y el gobierno costarricense recuperar o fortalecer la credibilidad y asegurar que los criterios ASG sean realmente respetados?

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Pablo Cristaldi - Argentina, caso EDENOR

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Pablo Cristaldi - Argentina, caso EDENOR

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Principales incumplimientos de EDENOR bajo las políticas de ASG.

1. Ambiental: Contaminación por PCB en transformadores eléctricos, a pesar de los compromisos no se concreto a la eliminación completa de los mismos, el cual permanencia el uso de sustancias toxicas.

2. Social: Deficiente atención al usuario, errores de facturación, riesgos eléctricos y manejo de obras irregulares

3. Gobernanza: Falta de transparencia regulatoria, evasión fiscal, desvío de recursos hacia terceros

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Panamá - Panama Papers - Roberto Rodriguez

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Panamá - Panama Papers - Roberto Rodriguez

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Un caso emblemático en Panamá que expone fallas en los criterios ASG —especialmente en gobernanza y transparencia— es el escándalo de los Papeles de Panamá (Panama Papers), revelado en 2016. Aunque no es reciente, sigue siendo un referente global sobre cómo estructuras corporativas opacas pueden facilitar prácticas contrarias a los principios ASG.

La empresa es cuestión fue Mossack Fonseca, un bufete panameño especializado en la creación de sociedades offshore.

Gobernanza: La falta de controles internos y transparencia permitió que se crearan estructuras utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero y ocultamiento de activos.

Social: Aunque no hubo una violación directa de derechos humanos, el impacto social fue profundo: debilitó la confianza pública en instituciones financieras y jurídicas.

Ambiental: No fue el foco del caso, pero la opacidad corporativa puede facilitar actividades que dañan el medio ambiente sin rendición de cuentas.

Repercusiones:

Panamá enfrentó sanciones reputacionales y presiones internacionales para reformar su sistema financiero.

Se impulsaron reformas legales, como la Ley 129 de 2020, que creó el Registro Único de Beneficiarios Finales, buscando mayor transparencia.

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Quiero compartir un ejemplo de Argentina que muestra claramente lo que ocurre cuando faltan criterios ASG. Me refiero al derrame de cianuro de la mina Veladero, en San Juan, ocurrido en 2015, operada por Barrick Gold. Más de un millón de litros de solución cianurada contaminaron ríos de la cordillera, afectando directamente a comunidades y ecosistemas.

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El proyecto de la trocha fronteriza evidenció una clara ausencia en la aplicación de los criterios ASG, lo cual afectó negativamente su desarrollo, impacto y percepción pública. Desde el punto de vista ambiental, no se realizaron estudios de impacto adecuados ni se tomaron medidas para mitigar la afectación a ecosistemas sensibles, lo que generó daños irreversibles en zonas de alto valor ecológico. La falta de planificación ambiental también se tradujo en una gestión deficiente de residuos y emisiones durante la ejecución del proyecto.

En el aspecto social, el proyecto no contempló mecanismos de participación ciudadana ni evaluó adecuadamente el impacto sobre comunidades locales, muchas de las cuales se vieron afectadas sin recibir información clara ni compensaciones justas. La ausencia de diálogo y de programas de inclusión social reflejó una desconexión entre el proyecto y las necesidades reales de la población.

En cuanto a la gobernanza, se evidenció una falta de transparencia en la toma de decisiones, en la asignación de recursos y en la rendición de cuentas. No se establecieron canales claros de comunicación ni se publicaron informes que permitieran evaluar el cumplimiento de objetivos o el uso de fondos públicos. Esta debilidad en la gobernanza generó desconfianza y cuestionamientos sobre la legitimidad del proyecto.

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El caso Crucitas, ocurrido en la zona norte de Costa Rica, es uno de los ejemplos más notorios de fallas en criterios ASG en el país. El proyecto minero, liderado por la empresa Infinito Gold, fue objeto de fuertes críticas por su impacto ambiental, social y por irregularidades en gobernanza. Ambientalmente, se evidenció deforestación ilegal y contaminación con mercurio en fuentes hídricas, afectando gravemente la biodiversidad local. En el ámbito social, se generaron conflictos con comunidades, ausencia de consulta pública efectiva y condiciones laborales precarias en actividades mineras ilegales. En cuanto a gobernanza, el Estado otorgó la concesión durante una moratoria minera, mediante un decreto de “conveniencia nacional” que fue posteriormente anulado por los tribunales, evidenciando falta de transparencia y debilidad institucional. El caso culminó con la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, dejando una lección clara sobre la importancia de integrar los criterios ASG en todo proyecto de alto impacto.

HAA

23.8.2025

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Caso de Estudio: Proyecto Minero “Cordillera Azul”

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Caso de Estudio: Proyecto Minero “Cordillera Azul”

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Caso de Estudio: Proyecto Minero “Cordillera Azul”

Ubicación: Región de Atacama, Chile
Sector: Minería del cobre y litio
Inversión inicial: USD 3.500 millones
Estado: Proyecto cancelado tras 5 años de conflictos socioambientales

Resumen del Proyecto:

La empresa extranjera Global Mining Corp obtuvo concesiones en la alta cordillera de Atacama para la explotación de cobre y litio, con el objetivo de proveer insumos estratégicos para la transición energética. El proyecto fue anunciado como una gran oportunidad para Chile, prometiendo más de 10.000 empleos en construcción y 3.000 empleos permanentes.

Sin embargo, la implementación derivó en un fracaso catastrófico que terminó con la suspensión indefinida del proyecto, la quiebra de su filial en Chile y demandas colectivas en tribunales nacionales e internacionales.

Principales Fallas ASG:

A. Ambiental (A)

Gestión hídrica deficiente: se extrajo agua de salares sin estudios suficientes, afectando especies endémicas y reduciendo el acceso de comunidades locales al recurso.

Impacto en biodiversidad: el proyecto ignoró corredores biológicos de vicuñas y flamencos, lo que generó sanciones de la SMA.

Incumplimiento normativo: la línea base ambiental presentada en el Estudio de Impacto Ambiental fue incompleta, y ocultó información clave.

B. Social (S)

Falta de consulta indígena: las comunidades Colla y Diaguita denunciaron que no se respetó el Convenio 169 de la OIT.

Conflictos laborales: la empresa contrató principalmente mano de obra extranjera en etapa inicial, incumpliendo promesas de empleo local.

Relación con la comunidad: no existió un plan de relacionamiento temprano ni inversión en desarrollo local; se limitaron a donaciones puntuales sin estrategia de valor compartido.

C. Gobierno Corporativo (G)

Falta de transparencia: la empresa no reportó con estándares internacionales (GRI, SASB, TCFD).

Corrupción y lobby indebido: investigaciones periodísticas revelaron pagos a asesores políticos para acelerar permisos.

Gestión de riesgos ineficiente: el directorio carecía de un comité ASG; no hubo monitoreo ni auditorías externas sobre compromisos de sostenibilidad.

Consecuencias:

1. Protestas sociales masivas en Copiapó y Vallenar, con bloqueos que paralizaron la operación.

2. Pérdida de licencia social para operar, al punto que el propio gobierno recomendó congelar el proyecto.

3. Pérdida de valor bursátil de la matriz en Nueva York (−40 % en un año).

4. Juicios ambientales y laborales en Chile, con multas superiores a USD 500 millones.

5. Daño reputacional irreversible: la empresa fue excluida de fondos de inversión internacionales por criterios ASG.

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Este Proyecto impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se planteó como la mayor planta hidroeléctrica de Centroamérica, con una capacidad estimada entre 631 y 650 MW, destinada a abastecer tanto al consumo nacional como posible exportación a países vecinos.

Se proyectaba construir un embalse que inundaría entre 6 800 y 7 400 hectáreas, incluyendo más de 915 hectáreas de territorio indígena, y desplazar aproximadamente a unas 1 547 personas. Emplearía alrededor de 3 500 personas en su construcción.

El proyecto implicaba inundación de espacios sagrados y áreas culturalmente significativas para las comunidades indígenas Térraba y Brörán. Representó graves amenazas a sus territorios ancestrales y modo de vida tradicional.

Hubo una resistencia organizada desde al menos 2006, liderada por dichos pueblos, además de comunidades campesinas y organizaciones ecologistas.

La oposición incluyó acciones legales, protestas, y denuncias ante organismos internacionales como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) desde 2011.

En noviembre de 2016, la Sala IV de la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto que permitía al ICE operar en zonas indígenas sin consulta previa, libre e informada, obligando a la paralización del avance del proyecto hasta cumplir con dicho mecanismo.

El 2 de noviembre de 2018, el ICE anunció la suspensión indefinida del proyecto y el archivo del expediente ante SETENA, afirmando que todas las actividades, incluida la consulta con comunidades indígenas, se cancelaban de inmediato.

El 3 de noviembre se oficializó su cancelación definitiva debido al alto costo (estimado en US$2 000 millones), la baja rentabilidad esperada y la existencia de capacidad eléctrica sobrante en el país por la próxima década.

En septiembre de 2024, la auditoría interna del ICE advirtió sobre “indecisiones, falta de fundamentación técnica e incertidumbre” respecto al PHED, especialmente ante la posibilidad de reactivarlo como respuesta a posibles déficits eléctricos por fenómenos climáticos como El Niño.

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís representa un claro ejemplo de cómo la falta de aplicación efectiva de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) puede llevar al colapso de una iniciativa de gran envergadura, desde el punto de vista ambiental, el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental rigurosa y participativa, se preveía la inundación de miles de hectáreas de bosque primario y tierras con alto valor ecológico, sin establecer planes adecuados de mitigación o compensación por los daños ambientales que se generarían.

En el ámbito social, los errores fueron aún más evidentes, las comunidades indígenas afectadas, como los pueblos Térraba y Brörán, no fueron consultadas de manera libre, previa e informada, como lo exige el Convenio 169 de la OIT. Además de no respetarse sus derechos territoriales, el proyecto amenazaba con desplazar a más de mil personas y destruir espacios de gran valor cultural y espiritual, sin ofrecer soluciones dignas ni sostenibles para quienes serían afectados.

El proyecto mostró serias debilidades, las decisiones se tomaron sin transparencia ni rendición de cuentas, y se invirtieron millones de dólares sin una justificación financiera clara, la falta de supervisión independiente y la escasa participación de los grupos de interés afectaron la legitimidad del proceso desde el inicio.

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El Proyecto Minero Crucitas fue una propuesta para explotar una mina de oro a cielo abierto en el distrito de Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, Costa Rica. La operación fue impulsada por la transnacional canadiense Infinito Gold, a través de su filial Industrias Infinito S.A.

Impactos ASG

Ambiental (A):

Deforestación ilegal: se talaron más de 300 hectáreas de bosque en una zona de alta biodiversidad, afectando especies protegidas.

Contaminación potencial: uso de cianuro para el procesamiento del oro, con riesgo de filtración a fuentes hídricas.

Degradación del ecosistema: afectación de suelos y corredores biológicos esenciales.

Social (S):

Conflictos con comunidades locales: protestas por el impacto ambiental y la falta de consulta adecuada a los habitantes de la zona.

Migración de trabajadores informales (coligalleros): tras la suspensión del proyecto, la extracción ilegal generó violencia y condiciones laborales precarias.

Pérdida de confianza en instituciones: las comunidades sintieron que no se protegieron sus derechos ambientales y sociales.

Gobernanza (G):

Corrupción y conflictos políticos: cuestionamientos sobre la legalidad de los permisos otorgados por el gobierno en 2008.

Falta de transparencia en procesos de concesión: se aprobó el proyecto a pesar de los riesgos ambientales señalados por expertos.

Litigios internacionales: Infinito Gold demandó al Estado costarricense por la cancelación del proyecto, lo que implicó altos costos legales y reputacionales para el país.

Impactos finales:

El proyecto fue anulado por la Sala IV (Tribunal Constitucional) en 2010 por violaciones ambientales y de procedimiento.

Costa Rica enfrentó una demanda millonaria en arbitraje internacional, que afectó su imagen como país de políticas sostenibles.

Quedaron pasivos ambientales y sociales sin resolver en la zona.

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Proyecto catastrófico: Ruta 1856 – Trocha fronteriza

Contexto:

Proyecto vial de emergencia iniciado en 2011 para construir una carretera paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.

Se justificó como una medida de soberanía nacional, pero se ejecutó sin planificación técnica ni ambiental adecuada.

Fallas ASG evidentes:

A – Ambiental

Graves daños ecológicos: deforestación, afectación de humedales y ecosistemas ribereños sin estudios de impacto ambiental.

Ausencia de medidas de mitigación: no se aplicaron protocolos como el GHG Protocol ni se evaluaron emisiones ni compensaciones.

Violación de normativa ambiental nacional.

Social

Falta de consulta a comunidades locales: no se consideraron impactos sociales ni se comunicó adecuadamente a los grupos de interés.

Condiciones laborales precarias: contrataciones informales y sin garantías laborales para trabajadores de obra.

G – Gobernanza

Corrupción y falta de transparencia: múltiples denuncias por mal manejo de fondos, contrataciones irregulares y ausencia de controles.

No se aplicaron estándares de gobernanza corporativa ni se rindieron cuentas de forma clara.

Ausencia de reporte no financiero: no se documentaron impactos ni se comunicaron riesgos a la ciudadanía.

Qué criterios ASG hicieron falta?

Evaluación de impacto ambiental y social previa.

Estándares de gobernanza y rendición de cuentas.

Herramientas de medición de impacto y sostenibilidad como GRI, IRIS+, SROI.

Participación de stakeholders y transparencia en la comunicación.

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Fue un proyecto muy publicitado como una megaobra para liberar el trafico en Chimaltenango. Inicialmente se había dicho tendría un costo de Q.451 millones pero al final se adjudico solo por Q77 millones el proyecto no es de buena calidad, cuando hay lluvias la carretera se inunda y los bordes colapsan provocando derrumbes y se cierra el paso temporalmente. Según estudios el proyecto es de la peor calidad que puede haber. algunos ejemplos es que se colocaron bóvedas en lugar de puentes formales. estas bóvedas en otros países se usan de forma temporal porque son de menor calidad.

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EXPLOSION POR FUGA DE GAS EN PROYECTO URBANA

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EXPLOSION POR FUGA DE GAS EN PROYECTO INMOBILIARIO

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EXPLOSION POR FUGA DE GAS EN PROYECTO INMOBILIARIO

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La explosión por fuga de gas ocurrida en el Proyecto Urbana, ubicado en Obarrio, Ciudad de Panamá, en el año 2019, fue un claro ejemplo de cómo la falta de supervisión o negligencia en la aplicación de criterios ASG puede llevar a un evento catastrófico en el sector inmobiliario.

Descripción del Incidente: En mayo de 2019, una fuerte explosión sacudió el edificio Urbana en Obarrio, un proyecto residencial. La causa fue una fuga de gas en las instalaciones de un apartamento, que provocó daños estructurales importantes al edificio, afectó estructuras vecinas, causó la evacuación de cientos de personas, dejó varios heridos y generó una gran alarma pública. Aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, el incidente puso en evidencia graves deficiencias en la seguridad y la gestión del proyecto.

Razones por las que Faltaron los Criterios ASG y Condujeron al Problema:

1. Criterios Ambientales (A) Fallidos:

Gestión de Riesgos de Contaminantes (Gas): Aunque el gas natural o GLP es un combustible más limpio en comparación con otros, una fuga descontrolada representa un riesgo ambiental inmediato por la liberación de metano, y por el peligro de explosión. La falla en los sistemas de detección e instalaciones defectuosas, generaron un riesgo ambiental agudo dentro de un entorno urbano, afectando la calidad del aire local y el entorno inmediato después de la explosión.

Gestión de Residuos (Después de la Explosión): Después del evento, la generación de escombros, vidrios rotos y otros residuos peligrosos por los daños estructurales y la consiguiente demolición de partes del edificio o la limpieza de áreas afectadas, implicó una gestión de residuos masiva y de emergencia, que puede no haber seguido los mejores estándares ambientales en la fase de respuesta.

2. Criterios Sociales (S) Fallidos:

Salud y Seguridad de Ocupantes y Vecinos: Esta fue la falla social más evidente. La seguridad de los residentes, trabajadores de mantenimiento y de los edificios circundantes fue gravemente comprometida. La explosión causó lesiones a personas dentro y fuera del edificio, y generó un trauma significativo a los afectados. La falta de un sistema de seguridad robusto, hacer las pruebas adecuadas y cumplir con protocolos de emergencia claros para fugas de gas, puso en riesgo directo la vida e integridad física de las personas.

Impacto en la Comunidad y Desplazamiento: Cientos de residentes tuvieron que ser evacuados, perdiendo temporalmente o permanentemente sus hogares y sus bienes. Algunos vecinos de los edificios cercanos también fueron afectados por daños o evacuaciones preventivas llevadas a cabo por los bomberos. El incidente generó pánico, interrupción de la vida cotidiana y una profunda inseguridad en la comunidad de Obarrio.

Transparencia y Comunicación con Afectados: La gestión de la crisis, la comunicación con los afectados sobre la causa, el proceso de reparación y las compensaciones, fue deficiente e inexistente en algunos casos, lo que generó frustración y desconfianza entre los propietarios del edificio y vecinos.

Protección al Consumidor: Los compradores de apartamentos en el Proyecto Urbana esperaban un producto seguro y conforme a estándares. La explosión reveló que no se les entregó un producto con la seguridad esperada, generando litigios y pérdidas económicas significativas para los propietarios.

3. Criterios de Gobernanza (G) Fallidos:

Gestión de Riesgos y Controles Internos: La empresa promotora y los contratistas no implementaron sistemas de gestión de riesgos adecuados para una infraestructura crítica como la red de gas. Hubo fallas en las inspecciones de calidad, en las pruebas de presión, en la detección de fugas y en el mantenimiento preventivo.

Cumplimiento Normativo y Auditorías: Se puso en tela de juicio si se cumplieron a cabalidad todas las normativas de construcción, las de seguridad y las de instalación de gas vigentes en Panamá. La ausencia de auditorías internas y externas rigurosas, y la falta de acción ante posibles hallazgos, es una falla de gobernanza evidente.

Transparencia y Rendición de Cuentas: La empresa promotora y los responsables de la construcción, definitivamente fallaron en la divulgación de cualquier problema de seguridad conocido previamente o en la rendición de cuentas claras sobre las causas de la explosión y las responsabilidades.

Ética Empresarial: La priorización de la reducción de costos sobre la seguridad y la calidad en la construcción, o la omisión de pruebas y mantenimiento esenciales, representa una falla ética grave en la gobernanza.

Este caso del Proyecto Urbana en Obarrio, deja a la vista como en el sector inmobiliario, la integración de unos criterios ASG bien definidos, no es solamente una cuestión de "buenas prácticas" o reputación, sino una necesidad imperiosa para garantizar la seguridad de las personas, proteger el medio ambiente y mantener la integridad operativa y la confianza pública. La negligencia en cualquiera de estos pilares puede tener consecuencias graves y catastróficas.

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El terremoto de 2001 causó un deslizamiento masivo de tierra en la colonia Las Colinas, ubicado en Santa tecla, donde muchas viviendas habían sido construidas en una zona de alta pendiente y propensa a deslizamientos. Este desastre resultó en la muerte de cientos de personas y la destrucción de numerosas viviendas.

1) Impacto ambiental: en los años que fue desarrollado el proyecto, no existia legislacion en cuanto la gestion ambiental y de riesgos, por tanto su construccion fue en cierta forma para satisfacer una demando de desarrollo sin tomar en consideracion el aspecto ambiental, el proyecto se emplazo al pie de una cordillera propensa a deslizamientos, se redujo la masa arborea existente, entre otros.

2) Impacto social: si bien es cierto este y muchos otros proyectos construidos entre 1970 y 1980, dotaron de vivienda a un gran cantidad de poblacion, los impactos sociales se evidenciarian años mas tarde, con la ocurrencia de un terremoto que cobraria la vida de 685 personas y 100 viviendas destruidas.

3) Impactos en la Gobernanza: la mala respuesta inicial a la emergencia fue lenta lo que dificultó la asistencia a todos los afectados, no existio una rendicion de cuentas en cuanto a los fondos internacionales destinados para las obras de mitigacion del proyecto, la falta inversión en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos fue insuficiente.

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Minería a cielo abierto Crucitas

El proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas fue perjudicial principalmente por su impacto ambiental irreversible, el irrespeto al marco legal costarricense y la contradicción con el modelo de desarrollo sostenible del país.

Fundamentación:

1. Impacto ambiental severo:

La zona de Crucitas alberga ecosistemas de bosque tropical húmedo con gran biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción como la lapa verde.

La tala de árboles y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro amenazaban directamente los suelos, fuentes de agua y vida silvestre.

Se estimaba la deforestación de más de 200 hectáreas de bosque primario.

2. Violación del principio de legalidad y procedimientos:

El proyecto fue declarado de “interés nacional” por decreto presidencial, lo que generó controversia y fue considerado una forma de evadir estudios y consultas necesarias.

Posteriormente, los tribunales anularon los permisos ambientales y declararon la concesión ilegal.

3. Contradicción con la identidad y compromiso ambiental del país:

Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, promotor de energías limpias y del ecoturismo. El proyecto iba en contra de esta imagen y modelo económico.

La minería a cielo abierto contradice políticas públicas centradas en el desarrollo sostenible.

4. Conflicto social y presión internacional:

Generó una fuerte oposición de comunidades, ambientalistas, universidades y organizaciones internacionales.

Se produjeron protestas, demandas judiciales y un gran desgaste político.

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En el caso de Honduras un caso catastrófico en temas ASG es el infame proyecto del Trans-450 en cual originalmente fue planteado como un proyecto de alivio vial y mejora en el transporte público en la capital Tegucigalpa, terminando como un proyecto fallido con varios inicios y cancelaciones de por medio, siendo inconcluso hoy en día.

A: Para realizar el proyecto se tuvo que intervenir las medianas de las calles en la capital provocando la deforestación desmedida de todos los árboles que llevaban años en la capital proveyendo aire y frescura. Así mismo, con la perdida de árboles el aumento de la huella de carbono era evidente.

S: Dado que la infraestructura requería de la reconstrucción de las medianas de las calles muchas aceras que utilizaban los peatones se perdieron, así como pasos y ciertos pequeños sitios de descanso, lo cual afectó a las comunidades cercanas con su libre paso y zonas de descanso.

G: Caracterizado coloquialmente como el “monumento a la corrupción” el proyecto como tal carecía de un plan de acción, a tal punto que se supo al ojo publico que nunca se tuvieron los buses en primer lugar al haber empezado el proyecto. Con costos sobrevalorados y poco atención al cuidado, con cero planificación de alivio vial con su construcción por tramos.

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República Dominicana / Mineria extraccion de Oro en Zona Rural

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República Dominicana / Mineria extraccion de Oro en Zona Rural

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Una empresa internacional inicio los trabajos de explotacion minera en una zona rural del país.

Ambiental:

-Deforestación de toda el area de minería a cielo abierto sin reposición ni contabilidad de los arboles talados ni la biodiversidad afectada del área.

-Contaminación de los cuerpos de agua.

Social:

-Sulfuros que se utilizan para la extracción del oro que afectan la salud de las personas que viven cerca de la explotación minera.

-Reubicación forzosa de las personas de la comunidad.

-Muy alta rotación de empleados.

Gobernanza:

-Serias acusaciones de intimidación por parte de los comunitarios en donde opera esta empresa minera.

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En el caso de mi país se encuentra una empresa de minería no metálica a cielo abierto que lleva 20 años de operación y ha hecho lo que podemos decir es un proyecto sin tomar en cuenta los criterios ASG en todos estos tiempos. Esto se ve evidenciado en la falta de un plan interdisciplinario para mejoramiento de su zona de influencia y compromisos ambientales. Ahora la población de sus zonas de influencia han manifestado que no han cumplido ninguna medida de lo expresado anteriormente y sienten rechazo a la empresa. Por lo tanto en el criterio A ambiental la contaminación de los ríos no se ha manejado, del criterio social existe afectación a las viviendas producto de las voladuras y G de gobierno que no existe un canal de acercamiento de la empresa con la comunidad debido a falta de interés de los directivos.