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Nuestra Constitución Política de 1991 incluye múltiples principios y mandatos que exigen al Estado proteger el ambiente de manera activa y eficaz, por lo que no se trata de un texto indiferente sobre este punto, sino que constituye una auténtica Constitución Verde o Ecológica.

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Derecho fundamental a un ambiente sano

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Esta visión del ambiente y de la humanidad, pone en el centro a la persona y defiende la protección de los ecosistemas sólo como un medio para garantizar el bienestar y la supervivencia de las sociedades y los seres humanos

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En contraste con la visión anterior, este enfoque reconoce que la persona es sólo uno de los seres que habitan la naturaleza, por lo que ésta debe ser protegida como un fin en sí mismo y que trasciende el bienestar y/o supervivencia de la humanidad

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Es una metodología normativa para resolver los conflictos ambientales que entrañan injusticias frente a los derechos, las cargas y los beneficios de los ecosistemas

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Ecofeminismos.3 - Ecofeminismo Crítico Justicia y Ética Interespecies

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Ecofeminismos.3 - Ecofeminismo Crítico Justicia y Ética Interespecies

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Este postulado exige que los Estados y los particulares deben lograr un desarrollo que permita la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin llegar a comprometer las de las generaciones futuras, lo que demanda la conservación y restauración del ambiente

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A diferencia del anterior, este principio se aplica cuando existe certeza sobre las consecuencias nocivas de una actuación, caso en el cual existe la obligación de evitar, controlar y minimizar hasta su mínima expresión los daños ambientales que puedan ocurrir.

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El texto de la Constitución de 1991 ubicó el derecho a un ambiente sano dentro del capítulo III del Título II de la Constitución, es decir, en el catálogo de los derechos colectivos y del ambiente. De igual forma señaló que para la protección de estos derechos estaba prevista la acción popular contenida en el artículo 88 superior y desarrollada a través de la ley 472 de 1998 y el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011. Debido a que se trata de un derecho colectivo, el titular del derecho es la comunidad y la acción judicial para su protección debe ser ejercida por una o varias personas, en tanto miembros de la comunidad.