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Una medida de protección de derechos que podría aplicarse en la problemática de la pobreza y la desigualdad es la implementación de políticas de inclusión social y económica. Esto puede incluir programas de transferencias monetarias condicionadas que proporcionen apoyo financiero a las familias en situación de pobreza, así como también políticas de acceso equitativo a la educación y la salud.

Además, se pueden establecer políticas laborales que promuevan salarios justos, condiciones laborales seguras y oportunidades de empleo para todos, incluidos aquellos en situaciones de vulnerabilidad económica. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a servicios básicos como vivienda digna, agua potable, saneamiento adecuado y transporte público asequible.

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Otro mecanismo importante es el fortalecimiento del sistema de protección social, que incluya programas de seguridad social amplios y efectivos que brinden protección contra el desempleo, la enfermedad, la discapacidad y otros riesgos sociales. Estos programas deben ser diseñados de manera inclusiva y sensible al género, la etnia y otras formas de diversidad para garantizar que nadie se quede atrás.

Además, es crucial fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la formulación y implementación de políticas públicas relacionadas con la pobreza y la desigualdad, para asegurar que las voces de los grupos marginados sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones. En resumen, la aplicación de estos mecanismos de protección de derechos puede contribuir significativamente a abordar la problemática de la pobreza y la desigualdad, promoviendo el respeto por la dignidad humana y la igualdad de oportunidades para todos.

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"Fomentaremos la inclusión social y laboral de grupos vulnerables mediante la sensibilización y la eliminación de barreras discriminatorias."

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"Promoveremos la educación sobre derechos humanos en las escuelas y universidades para crear una cultura de respeto y responsabilidad cívica."