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Junto a estas cuatro acciones de garantía, la Constitución de 1993 incorpora otros dos nuevos instrumentos garantistas

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Junto a estas cuatro acciones de garantía, la Constitución de 1993 incorpora otros dos nuevos instrumentos garantistas

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a) La acción de habeas data responde a la nueva dimensión que ha asumido el right to privacy, por virtud de la cual ya no se entiende tan sólo en un sentido puramente negativo, de rechazo de la intromisión de extraños en la vida privada, o de la transmisión de informaciones a ella referidas

b) La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades legales. Se trata de una acción de trámite sumarísimo que, como bien se ha advertido

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D) La acción popular, que procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen.

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C) La acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, Reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

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B) La acción de amparo procede contra todo hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnere o amenace los demás derechos reconocidos por la Constitución. Sin embargo, la nueva Carta fundamental del Perú delimita negativamente el ámbito de esta acción al prescribir que la misma no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

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A) La acción de habeas corpus sigue procediendo ante todo hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual. Sin embargo, la nueva Carta política, amplía el ámbito material de esta institución a los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, en la línea que ya había establecido la Ley número 23.506.

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- Las innovaciones introducidas por la nueva Carta del Perú en el ámbito de las relaciones Legislativo-Ejecutivo no creemos que alteren de modo significativo el marco existente en este punto con anterioridad. En efecto, pensamos que puede seguir manteniéndose que el Presidente de la República ostenta el liderazgo ejecutivo sin que por sus actos responda ante el Congreso

-  La trascendencia de la potestad de nombramiento de los magistrados otorga un rol muy relevante en el plano constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura

-  La Constitución vigente mantiene en siete al número de integrantes del Consejo, si bien prevé que el propio Consejo pueda ampliarlo a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo

-  la Constitución intenta dar un paso adelante en favor de la independencia del Poder Judicial al hacer depender la carrera judicial de un órgano de composición plural en el que están representados a la par que algunos de los poderes del Estado

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- La Constitución de 1993, al igual que hacía la que le precede, dedica un capítulo a las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, fortaleciendo, como ya hemos tenido oportunidad de destacar

-  la necesidad de una relación fiduciaria, desde el mismo momento del inicio del ejercicio de sus funciones, por parte del Consejo de Ministros y respecto del Congreso, supone introducir un elemento propio de un régimen parlamentario

-  Las innovaciones introducidas por la nueva Carta del Perú en el ámbito de las relaciones Legislativo-Ejecutivo no creemos que alteren de modo significativo el marco existente en este punto con anterioridad. En efecto, pensamos que puede seguir manteniéndose que el Presidente de la República ostenta el liderazgo ejecutivo sin que por sus actos responda ante el Congreso

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- La Asamblea Constituyente de 1978-1979 dedicó un capítulo de la Constitución al Consejo de Ministros, a cuyo frente se sitúa un Presidente, nombrado y removido por el Presidente de la República

-  La Constitución de 1993 parece dar una mayor autonomía al Consejo de Ministros y a su Presidente, a la par que fortalece la vinculación del Consejo con el Congreso. En efecto, mientras la anterior Carta se limitaba a determinar (art. 224) que el Presidente del Consejo concurría a las Cámaras reunidas en Congreso, en compañía de los demás ministros

- La Carta de 1993 ha incrementado de igual forma el protagonismo del Consejo de Ministros y de su Presidente

-  La múltiples funciones que el Presidente de la República debe constitucionalmente asumir no dejan resquicio alguno a la duda acerca de su rol de director de la vida política en los principales asuntos de Estado

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- La nueva Constitución del Perú, al igual que la inmediatamente precedente, se ajusta a tal pauta general, disponiendo (art. 111) que el Presidente de la República  se elige por sufragio directo

-  La elección directa del Presidente le confiere a esta magistratura una legitimidad equiparable a la que cabe atribuir al Congreso, y ello, es claro, potencia extraordinariamente el campo de maniobra presidencial

-  La constitucionalización de estas normas supone elevar al máximo nivel normativo una atribución presidencial

- La nueva Constitución se ha encargado de precisar que es el Presidente de la República quien da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Esta necesidad de «dar cuenta» viene a traducir la práctica parlamentaria dominante con anterioridad

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- En el mismo ámbito de la función legislativa son de destacar dos novedades de interés: de un lado, la interdicción de delegar en el Poder Ejecutivo aquellas materias que sean indelegables en la Comisión Permanente, a la que corresponde ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue

- Particularmente significativo es el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular, que se enmarca en ese común denominador, que en cierto modo late en el articulado constitucional, de incentivar la participación popular en las instituciones

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- Congreso de Cámara única (art. 90) del que forman parte 120 diputados (frente a los 180 de la Cámara de Diputados preexistente) que son elegidos por un período de cinco años

-  La Carta de 1993 ha potenciado las funciones de la Comisión Permanente del Congreso, de lo que constituye buen ejemplo el hecho de que el artículo 99 atribuye a dicha Comisión la iniciativa

-  La nueva Carta política del Perú no ha ampliado, por contra, las atribuciones del Congreso, lo que casa a la perfección con la idea claramente latente en el Congreso Constituyente Democrático de acentuar la primacía o liderazgo presidencial.

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- la «Constitución económica» parece que el Constituyente, en realidad, lo que ha pretendido es que el Estado se limite a cumplir un rol vigilante de las reglas de juego, ocupándose principalmente de proteger al consumidor y de actuar en áreas de promoción de empleo, de la salud y seguridad de la población, de la educación, de los servicios públicos y de la infraestructura

-  Estamos ante un modelo clásicamente liberal que, aunque se autocalifique como de economía social de mercado

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Los rasgos principales de la Constitución económica en 1979 eran, en esencia:
-  Reconocimiento del pluralismo económico, garantizado por el propio Estado, lo que es tanto como decir que la economía nacional se sustentaba en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

- Proclamación constitucional de un régimen de economía social de mercado en el que la iniciativa privada, que era libre, había de ser estimulada y reglamentada por el Estado con la finalidad de armonizar su ejercicio con el interés social

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En la nueva Constitución del Perú acoge en su artículo 2.° a lo largo, como ya señalamos, de veinticuatro apartados
- derecho fundamental de toda persona a su identidad étnica y cultural, a cuyo efecto el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación

- asume el deber de fomentar la educación bilingüe e intercultural

- el establecimiento del referéndum (arts. 31 y 32)

-  ámbito tan extraordinariamente relevante como es el educativo

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- propician la independencia de los jueces
- la institución de la Defensoría del Pueblo
- una mayor eficiencia para la organización electoral del país

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-Dos nuevos títulos, el VII y el VIII
- De los 307 artículos del Código de 1979 se ha pasado a los 206 del actual, a los que hay que añadir dieciséis disposiciones finales y transitorias
- fortalecimiento de las instituciones de la democracia directa o semidirecta

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se ha llegado a afirmar que la «nueva» Constitución del Perú no es sino un maquillaje, un retoque de la Constitución de 1979, presentada, como «nueva» Constitución acaso para ocultar la gravedad que revisten algunas de sus escasas innovaciones

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El 31 de diciembre de 1993 entró en vigor la nueva Constitución política del Perú

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LASGARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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LASGARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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 Las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. 

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 Las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. 

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 Los ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DE GOBIERNO:

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 Los ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DE GOBIERNO:

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EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA

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EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA

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RASGOS GENERALES DEL NUEVO TEXTOCONSTITUCIONA

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RASGOS GENERALES DEL NUEVO TEXTOCONSTITUCIONA

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EL NUEVO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL PERÚ: APROXIMACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE 1993

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EL NUEVO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL PERÚ: APROXIMACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE 1993

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FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO