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Respeto por la verdad: reconocimiento y compromiso 

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Respeto por la verdad: reconocimiento y compromiso 

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RESPETO POR LA VERDAD: RECONOCIMIENTO Y COMPROMISO

Como partes constitutivas y esenciales de las sociedades modernas, los medios de comunicación social no pueden concebirse como una suerte de "Semidioses" omnipotentes. Deben de regirse y estar regidos por las leyes establecidas y por las normas de la connivencia humana.

Pero no se trata de revivir el viejo debate sobre si es pertinente o no la censura, el control legal o el libertinaje ("que la mejor ley es la que no existe"). Se propone ver el asunto en una perspectiva más realista y menos utópica o romántica.

Como dice Delarbre, "esa identificación entre libertad de información y responsabilidad de los informadores se llevará a cabo cuando se busquen garantía para la primera o cuando se discutan obligaciones de los segundos".

Cuando se aborda el tema de cómo garantizar la responsabilidad de los informadores, surge la no tan genial sugerencia "deben penalizar los abusos en el funcionamiento de los medios", para que "no se salgan del carril", y que deben establecerse controles férreos sobre el diseño y la transmisión de mensajes periodísticos, especialmente de los que son "amarillistas" como los publicados por Cuatro Visión. La instancia que debe controlar esto es Unidad del Espectáculo Público, del Ministerio del Interior.

Se trata de contar con pautas que permitan un desempeño profesional orientado por normas consensuadas por todas las organizaciones de periodistas existentes y asumidas individualmente por todos o la mayoría de los periodistas, asociados o no. De no ser así, cualquier "intento" por desarrollar profesionalmente el periodismo en el país "caerá en saco roto" o, como diría Don Marquis, "... tirar un pétalo al Gran Cañón y esperar a que suene el eco".

En esa dirección, conviene optar por una normativa profesional, cuyas reglas no sólo "cacareen" el libre ejercicio del periodismo o el etéreo "deber ser", sino que se comprometa a respetar las leyes, los principios penales y los derechos humanos. Esto debe estar contemplado en un código deontológico moderno, en el que se contemple el respeto al ser humano, al principio de inocencia y a la sostenibilidad de naturaleza, y que promueva los derechos individuales y colectivos, el bien común, la cultura, los principios democráticos, desde una perspectiva salvadoreña y desde una enfoque de nación.

En este nuevo milenio, me supongo que los medios de comunicación salvadoreños cuentan con un libro de estilo bien definido (expresión de la política informativa y concreción de una manera de pensar y de decir adecuadamente lo que pasa en la sociedad salvadoreña). Sin embargo, con toda modestia y respeto me permito sugerir los siguientes ejes de contenido de la reglamentación profesional del trabajo periodístico:

1. La determinación de los hechos que se abordarán: previsibles y no previsibles, históricos y de actualidad, finitos y de seguimiento, enfoques, dimensiones y otros.

2. Definición de lenguajes con que se designarán los hechos, en los que se establezcan las normas básicas en el uso de términos referidos a la geografía, a la traslación o transliteración de lenguas extranjeras, la designación de fuentes y otros.

3. Contrastación de fuentes informativas y establecimiento de políticas de democracia informativa, para superar las "ruedas de caballitos", que muchas veces no responden a los intereses informativos del público sino que son convenientes a los intereses de determinados grupos de poder.

4. Disposición del material probatorio para poder difundir informaciones delicadas jurídica, política, moral y socialmente.

5. Diferenciación entre intereses personales, institucionales y periodísticos dentro de una noticia de modo manifiesto o velado para evitar los compadrazgos políticos o económicos entre medios y/o periodistas y sectores sociales o políticos.

6. Identificación de valores noticiables más apegados a la dimensión cívica de la información -como la seguridad social, la memoria histórica, la identidad cultural, la necesidad de orientación social o educativa, la educación sexual, los servicios básicos, la democracia participativa, los derechos humanos, la solidaridad, la historia mediata y otros- y menos a la dimensión exageradamente comercial y espectacular de la noticia, como los chambres políticos, la sangre corriendo por los arriates, el despedazado brutalmente o el accidentado espectacular. En todo caso habría que equilibrar.

7. Establecimiento de la independencia profesional de las salas de redacción, en el sentido de posibilitar toda la libertad y las condiciones de trabajo necesarias para la elaboración técnica de la información de acuerdo con las necesidades informativas. Esto evitaría las posibilidades de corrupción y de conflicto de intereses.

Si no hay una norma constitucional que asegure específicamente la libertad de informar y de ser informado exactamente, en este país no se podrá hablar de otras perspectivas profesionales que garanticen otras acciones en favor del desarrollo del ejercicio periodístico honesto y profesional.

La Constitución Política debe reformarse, para ubicarla en el concierto de las sociedades modernamente democráticas, de tal manera que ese "ambiguo" y "confuso" artículo 6 sea superado por otro u otros jurídicamente más precisos, en los que se reconozca el libre acceso a las fuentes informativas, la profesionalidad del empleo, el respeto a los derechos constitucionales por los periodistas y la garantía socioeconómica de los mismos.

Se trata de una figura jurídica y concreta que proteja los intereses del usuario de la noticia, con el propósito de garantizar una información exacta y respetuosa de las necesidades informativas de la población y de los derechos de la fuente de información. En estos momentos, todos los usuarios de la información noticiosa no tenemos ninguna posibilidad y el espacio de reclamar a los medios por nuestros derechos. Sin ningún contrapeso en el proceso informativo, los usuarios de la información periodística no podemos solicitar o demandar informaciones diarias de acuerdo a nuestras necesidades, no podemos reclamar para que por lo menos haya disculpas públicas por los errores en el manejo de datos o por el tratamiento de los temas.

Completamente, los medios informativos deciden, a partir de una suerte de "sabiduría periodística" o de "olfato propio", como suelen llamarle, qué debemos consumir en las noticias. Las cartas al director o los espacios para que la comunidad opine, y en raros casos los sondeos de opinión, están bien como posibilidades válidas; pero deben crearse otros espacios más constantes y más seguros donde se esté fiscalizando social y profesionalmente a los medios informativos.

El "cambio de cinta" (pasar de la discusión del libre ejercicio a la información veraz), en el marco del reconocimiento de la trascendencia de la práctica periodística en la sociedad salvadoreña (pasar de la razón comercial de la noticia a la razón social de la proveeduría o del arbitraje social de la información), supone un cambio estratégico en la actuación de los medios y de los periodistas del país.

Superar las presiones externas contra la información ("la cherocracia", los sobornos económicos y la todavía presente intolerancia política), las irresponsabilidades en el manejo de las nociones de "objetividad" en la elaboración de la noticia (acusaciones infundadas, las faltas de evidencia probatoria, el abuso de las "prominencias", las descontextualizaciones, las ficciones informativas y la marginación de los públicos usuarios), para establecer un ejercicio realmente profesional, implica la búsqueda y consolidación del poder de la unión del gremio y el establecimiento de una política informativa más moderna.

Lo anterior habría que concebirlo de modo que sea un proyecto que perdure en el ejercicio periodístico. Pienso que supone, por los menos las siguientes acciones a largo plazo:

El Código de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (1952), citado por Martínez de Souza, José (1981): Diccionario general del periodismo, Madrid.

Trejo Delabre, Raúl (1995): De la crítica a la ética. Medios y sociedad. El nuevo contrato público, México.

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina43julio/45cantarero.htm

Rodrigo Alsina, Miquel (1989): La construcción de la noticia. Barcelona. Piados.

Casasús, José María (1992): "Set hipòtesis de treball sobre història de la recepció del text periodistic", ANÀLISI, nÂº 14, pp 33-46.

Tuchmann, Gaye (2000): "La objetividad como ritual estratégico: una análisis de las nociones de objetividad de los periodistas"; en CIP DIGITAL, No.4., España.

Gitlin, Todd (2000): "La política de la comunicación y la comunicación de la política", en DIGITAL, No.3, España.

Este artículo fue publicado en la revista razón y palabra 26, de junio de 2001.

1. Adecuación de los planes de estudio en las instituciones de educación superior. Debe buscarse la introyección y asunción del respeto a los derechos humanos, del conocimiento de la legislación pertinente, y, además, simularse su práctica en la producción periodística profesional.

Estos supone "descapsularse" y abrirse a modificaciones curriculares más modernas, que ubiquen la amplitud de la profesión periodística a formas de producción, distribución y consumo de la información, y al manejo de los lenguajes de los medios y de sus nuevas tecnologías.

Además, tienen el compromiso de superar el modelo teórico de la profesión como un simple amanuense o leedor de noticias, o preparador de excursiones. Significa ubicar la profesión desde la perspectiva trasdisciplinar, en donde se expliquen todas sus características desde las diferentes ciencias humanas, políticas, éticas y económicas.

La modernización de las universidades, en esta área profesional, requiere la búsqueda de los estándares de eficiencia académica. Esto supone establecer el rigor científico tanto al profesorado como a los estudiantes. Sólo así se pueden acercar al vasto conocimiento acumulado por las ciencias de la comunicación y por los niveles de complejidad que supone comprender el fenómeno comunicativo.

También, como parte de sus funciones, las universidades deben convertirse, por medio de la ejecución de políticas serias de investigación de las comunicaciones en el país y la socialización de los resultados, en proveedoras de información científicas a la comunidad profesional; obviamente, esto se convierte en algo así como en una conciencia crítica del funcionamiento de los medios y una fuente de propuestas para superar las dificultades profesionales.

En esta misma dirección, el Ministerio de Educación está llamado, Â¡No imponer un único modelo educativo!, a incorporar en la ley de Educación Superior ejes fundamentales sobre los conocimientos y habilidades que debe poseer un comunicador, desde la perspectiva científico-profesional. Y, por supuesto, dejar la libertad de enfoques y de mercados objetivos, como ocurre en la educación superior de España. En nuestro país actualmente varios planes de estudio adolecen de conocimientos básicos necesarios para un profesional de la comunicación, hasta el extremo de ofrecer libertades para cualquier tema como "conocimientos culinarios" y "prácticas de asados de carne y promoción de excursiones".

2. Incorporación en las rutinas productivas de los periodistas. En el "día a día" del ejercicio periodístico supone concretar las siguientes acciones: buscar la identidad de la profesión y propugnar por el respeto de los colegas en las relaciones intra e interorganizativas como en las relaciones con las fuentes informativas. La identidad de la profesión y el establecimiento de las condiciones básicas para ejercer cómoda y honestamente el trabajo no se consiguen con unas relaciones laborales donde el peor enemigo es el propio compañero: "el pone dedo", "el trinquetero", "el lambiscón", "la serpiente", "los prepotentes pavos reales", etc.

Debe buscarse la cohesión el gremio: un conjunto de profesionales que desempeñan una misma profesión, con los mismos problemas y con las mismas expectativas, solidarios en las buenas y en las malas, cooperadores para el bien común, como miembros de una misma familia. Esto implica ser autocrítico del propio trabajo y crítico del trabajo de los demás, con sentido propositivo en la consecución de la libertad de informar y del derecho de ser informado verazmente.

3. Adecuación jurídica. Potenciar y consolidar las libertades en el ejercicio periodístico supone la obligación de ser veraz con la información ofrecida. Para establecer esta coherencia entre la libertad y la obligación, las fuentes y de las instancias judiciales deben actuar decisivamente, desde un cambio de mentalidad hasta la actitud de promover una legislación adecuada y moderna.

Instancias como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa deben involucrarse en la solución de la problemática: discutir, consensuar y aprobar un planteamiento jurídico encaminado a definir correctamente en nuestra legislación primaria y secundaria el derecho a informar y el derecho a ser informado adecuada y profesionalmente.

Esta participación activa conlleva la formación de leyes modernas, la profesionalización de abogados expertos en el tema y la vigilancia por el cumplimiento de los derechos relacionados al ejercicio periodístico.

Asumir el compromiso de seguir un código deontológico integral y realista como un proyecto personal (en el cual se concilie la libertad de informar con la responsabilidad de hacerlo profesionalmente y con apego a las leyes), así como facilitar las condiciones básicas a los periodistas (en las que puedan ejercer "con el estómago lleno y el corazón contento" y con el futuro asegurado), supone que todos y cada uno de los miembros del gremio opten personalmente por ser honesto en cada una de las acciones del proceso productivo de la noticia.

Además, se necesita que las autoridades pertinentes (Asamblea Legislativa y todo el sistema judicial) establezcan normativas esenciales (crear normativas para el ejercicio profesional en condiciones adecuadas) para garantizar la ejecución de la ley cuando se trate de abusos en el manejo de la información periodística. Solamente así se puede establecer un estilo periodístico vigoroso, de acuerdo con las normas profesionales y con respeto a los derechos humanos de los implicados y de acuerdo con las necesidades informativas de la población salvadoreña.

El cumplimiento de esas opciones, compromisos y responsabilidades, sin duda alguna, requiere de un control y autocontrol de la práctica por medio de una procuración interna y externa del trabajo informativo, de acuerdo con las exigencias informativas de la población salvadoreña. Obliga, también, a disponer de una legislación pertinente y a respetar los derechos humanos de los implicados en los hechos. Reconociendo nuestra idiosincrasia en las relaciones sociales (popularmente se dice que, además, de "mentirosos" y "mala paga", somos "incumplidores de las promesas"), se necesita de una normativa encaminada a garantizar el acatamiento de esos compromisos informativos.

Así como existe en el país un procurador de los Derechos Humanos que, supuestamente, defiende los derechos de los salvadoreños frente a los abusos de poder del estado, debe incorporarse una procuración de los derechos de los usuarios y de las fuentes informativas frente de a los abusos de los medios de comunicación social.

Planteo la medida de la instauración de la figura del procurador de los derechos de la información en dos direcciones:

Una parte que sea asumida por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, en donde por medio de una unidad especializada se procuren los derechos de los usuarios de la noticia frente a los abusos de los medios de comunicación, por medio de consulta permanentes a la población sobre el servicio informativo que ofrecen y, además, la administración de quejas y procuración de justicia.

Otra parte que sea asumida por el propio medio de comunicación, en cuya estructura organizativa se cree la figura del procurador, quien administre las quejas de los usuarios y procure justicia informativa. Esto supone que este procurador interno, además de cumplir con la idoneidad profesional en el ramo, debe contar con independencia, con un espacio para publicar información sobre su procuración.

Como se ha establecido en su momento, actualmente la legislación salvadoreña adolece de vacíos, imprecisiones y de ambigüedades con relación a la información periodística. Por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución se refiere sólo a la libertad de expresión, término amplísimo que no puede ni debe confundirse con el libre ejercicio periodístico; es más el mismo artículo está redactado en un estilo cantinflesco del "Sí, pero no". Lo que se contempla en la normativa penal existente, más que posibilitar la información exacta y profesional, es un retraso para un trabajo profesional, que, por la excesiva discrecionalidad otorgada al juez, en casos "extremadamente etéreos de seguridad nacional", puede llevarlo a cometer arbitrariedades en contra del periodista y del derecho ciudadano a estar debidamente informado.

Solamente con una ley fuerte, precisa y específica de la profesión, que posibilite y facilite el libre ejercicio periodístico y la elaboración de una información veraz, se puede generar un periodismo más profesional y responsable. Con ambigüedades jurídicas no hay posibilidad de nada en favor del gremio de periodistas y de los usuarios de la información.

No conviene al país, desde ningún punto de vista, seguir con el pleito inútil entre los discursos de "oposición" y de la "burguesía", de "cultura hegemónica" y "cultura popular", de "periodismo revolucionario" y "periodismo burgués", porque es una discusión estéril que nada aportó en la época de contención política, ni aportará al entendimiento crítico de la realidad del periodismo en estos momentos de distensión. Tampoco ha beneficiado a los trabajadores de la información que, dicho sea de paso, siguen con su angustia existencial diaria del "salario que no alcanza" y de "la inseguridad laboral en los trabajos".

El poder de una profesión en un estado --su dignidad, su responsabilidad y su legitimidad sociales-- no se alcanza con discursos "ideologizados", sino con la capacidad de entender y orientar su trabajo en un terreno democrático. De lo que se trata es de competir a través de las ideas y de la inclusión, no de las demagogias prometéicas y exclusionistas. Su esfuerzo debe encaminarse a "examinar el poder y superarlo, de instigar, empujar y también de proponer creativamente, tiene que ser tan impertinente con el poder como consigo mismo", como dice Todd Gitlin refiriéndose al paradigma de la crítica social (CIC, No.3, julio de 2000)

Esto supone políticamente superar la debilidad y la fragmentación actuales del gremio, profesionalizarse en términos cualitativos, encontrar su identidad social honesta y sin prepotencias y vivezas mezquinas, negociar pragmáticamente y establecer alianzas con otros actores sociales relacionados con la información y crear propuestas viables de políticas formativas para los colegas, informativas para los medios y culturales para una nación hambrienta de propuestas, en beneficio de toda la nación y con respeto de los derechos ajenos.

Desde una perspectiva más seria y responsable, se puede afirmar que no basta con penalizar los abusos en el ejercicio periodístico con censuras estatales al estilo de la Gestapo o de la KGB, propio de regímenes tiránicos. Esta afirmación lleva a otra pregunta: Â¿Cómo hacer entonces para conciliar el libre ejercicio del periodismo con la responsabilidad de informar exactamente sobre los hechos, según las necesidades de los usuarios de la noticia, con respeto a las leyes penales y a la dignidad humana?

Sin pretender agotar el tema, someto a consideración las siguientes acciones estratégicas:

1. El reconocimiento del enorme compromiso social del periodismo. Los propietarios y los periodistas deben reconocer que los medios informativos tienen una importancia en el desarrollo del país, en la cultura y en la convivencia social. Esto supone admitir que se han cometido errores profesionales en el ejercicio de la labor informativa, que han afectado a personas de "carne y hueso", a instituciones públicas y a los usuarios de la noticia. Con base al reconocimiento, debe asumirse con responsabilidad el compromiso de superar las dificultades, no dándose golpes de pecho en rezos públicos, sino superándolas con las acciones pertinentes y duraderas.

2. El otorgamiento de las condiciones básicas para el ejercicio. Internacionalmente hay consenso, "del diente al labio", que deben facilitarse las condiciones necesarias para garantizar la libertad de información. En el terreno de los hechos concretos no hay un acuerdo generalizado en el cómo posibilitar esas circunstancias favorables, para que los periodistas puedan ejercer sin las restricciones y limitaciones actuales su labor de trasladar la noticia veraz al público usuario.

No hay visos cercanos de querer discutir el asunto, porque ofrecer esas condiciones básicas implica por lo menos: 1) Que los empresarios de los medios deberán reconocer la importancia social de la profesión con un salario adecuado al costo de la vida en El Salvador; 2) Que los políticos deberán asumir realmente que los periodistas deben ser profesionales independientes que tienen derecho a acceder a los datos relativos al manejo de la cosa pública; 3) Que, como parte garante de las dos anteriores, legalmente debe consignarse la libertad de información y la profesionalización de los informadores en la Carta Magna.

Hemos dicho que la manera de conciliar el libre ejercicio del periodismo con la responsabilidad de informar exactamente sobre los hechos debe ser conforme al derecho, respetando la dignidad humana y dando respuesta a las necesidades de información de los usuarios de la noticia. Asimismo, que supone (re)conocer el deber social del periodismo y otorgarle las condiciones básicas en el orden socioeconómico a los periodistas para que desempeñen sus funciones profesionales dignamente.

Además, para posibilitar esa conciliación, el gremio de periodistas debe pensar y ejecutar otras acciones de tipo estratégico como la asunción de reglas de garantía jurídicas y sociales, es decir, la promoción de una reforma constitucional referida al derecho de información y al establecimiento de la figura de un procurador de los derechos del usuario de la información.

Según el Código de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, formulado en 1952, por un grupo de intelectuales especialistas en la materia, la libertad de información como derecho fundamental estará mejor garantizada si los trabajadores de los medios "se esfuerzan por tener el más alto sentido de responsabilidad, y se hallan profundamente compenetrados en las obligaciones morales, de ser verídico y de buscar la verdad en el relato, en la explicación y en la interpretación de los hechos"

Siguiendo el tenor del articulado de este código, los periodistas deben reconocer y asumir en la práctica los siguientes compromisos:

1. Elaborar y difundir noticias exactas. Deben hacer "todo lo que esté a su alance por asegurarse de que la información que reciba el público sea exacta en cuanto a los hechos", "deben comprobar sus fuentes" y contar con la prueba material del hecho.

2. Separar los intereses personales. Una conducta profesional no es compatible con la "búsqueda de ventajas personales y la promoción de intereses privados contrarios al bienestar general",

3. Evitar los delitos profesionales. Por respeto a las leyes penales y a la honorabilidad de las personas, se debe evitar la calumnia, la difamación, el libelo deliberado y las acusaciones infundadas. Esta corrección debe hacerse tanto en el ámbito superficial como en el profundo.

4. Reconocer y rectificar los errores. "Toda información publicada que resulta ser perjudicialmente inexacta debe ser rectificada en forma espontánea e inmediata". Aunque en el país existe legalmente el derecho de respuesta, en la práctica los medios se hacen del "ojo pacho". Debe ser un compromiso profesional hacer público la expresión del derecho a respuesta como las disculpas por la información difundida con imprecisiones.

5. Nombrar correctamente el tipo de información dudosa. Los rumores y noticias no confirmados deben ser indicados y tratados como tales. Como he dicho ya, no basta, en una actitud Pilatos, con citar indiscriminadamente los famosos complementos adverbiales "según fuentes cercanas a la institución X..." o "según fuentes anónimas...", sino denominar adecuadamente la calidad de la información y la identidad de la fuente informativa, según la disponibilidad de datos probatorios y de las circunstancias de seguridad para la fuente.

CONCILIACIÓN ENTRE LIBERTAD Y REPONSABILIDAD INFORMATIVAS

Compromiso profesional, un deber de todos

CIMIENTOS DE UN ESTILO PERIODÍSTICO VIGOROSO

CORRECCIÓN CONSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA INFORMACIÓN

PROCURADOR DE LOS DERECHOS DE LA INFORMACIÓN

RECUENTO DEL ENORME RETO PROFESIONAL

DE UNA CULTURA DE LA ANARQUÍA A UNA CULTURA PROFESIONAL

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO DE LATINA EN BIBLIOGRAFÍAS:

Nombre del autor, 2001; título del texto, en Revista Latina de Comunicación Social, número 43, de julio-agosto-septiembre de 2001, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección telemática (URL):

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RESPETO POR LA VERDAD: RECONOCIMIENTO Y COMPROMISO Como partes constitutivas y esenciales de las sociedades modernas, los medios de comunicación social no pueden concebirse como una suerte de "Semidioses" omnipotentes. Deben de regirse y estar regidos por las leyes establecidas y por las normas de la connivencia humana.

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Medios de comunicación, legislación y libertad de expresión

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Medios de comunicación, legislación y libertad de expresión

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Pocos sectores de la actividad legislativa han resultado más insolubles dentro de las democracias liberales que estos relacionados con los medios de comunicación masiva. Las razones son obvias. La tarea supone el equilibrio de dos intereses vitales, pero que están frecuentemente en conflicto: el derecho, de un lado, de individuos o de grupos a expresarse por ellos mismos y a recibir información sin obstáculos, y, por otro lado, la legítima esperanza de la sociedad de que tal derecho no será mal empleado ni que se abusará de él en detrimento de los demás.

Debido a que la acción para lograr este equilibrio requiere de una evaluación de varios factores, algunos de los cuales puede ser peculiar de un país o de una región, la receta universal puede quedarse a un lado. Por consiguiente, la mayoría de las pautas morales internacionales acerca del tema, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están casi siempre expresadas en términos vagos, en términos generales. Típicamente, estas pautas establecen que todas las personas tendrán derecho a la libertad de expresión; pero, este es un derecho que se puede restringir de acuerdo con los intereses de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o las éticas, la protección de la reputación de los demás, la protección de los secretos estatales y la conservación de la autoridad y la dignidad de las cortes. Cada país se queda en libertad para preparar leyes más elaboradas teniendo en cuenta los factores locales.

En estos últimos años, un enfoque como éste no ha protegido suficientemente el derecho a la libre de expresión, ya que permite a los gobiernos autoritarios demasiado margen de acción para ahogar la disidencia por medio de interpretaciones exageradamente amplias de frases tales como "seguridad nacional" u "orden público". Se ha propuesto para discutir un enfoque alternativo y complementario para prescribir pautas que describan más concretamente las características regionales y subregionales, que, al mismo tiempo que reúnan las genuinas preocupaciones acerca de la necesidad de tener en cuenta los factores específicos del país o de la región, limiten la libertad de acción de los gobiernos. Se sostiene que esto también contribuiría a facilitar más la observancia de la ley, dada la más pequeña extensión geográfica del sistema. Esta filosofía ha informado la creación de la Convención Europea de Derechos Humanos (1950), la Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969)y La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

Se puede decir que es una curiosa ironía que Asia, la región más poblada del mundo, no cuente con tales mecanismos para la protección de los derechos humanos, una laguna en la que se repara frecuentemente, pero acerca de la cual se ha hecho muy poco hasta ahora. Asia ha constituido un área de interés particular para aquellos que siguen el rastro y vigilan el comportamiento de la libertad de palabra, quienes han expresado su preocupación sobre los frenos cada vez más severos impuestos sobre la libertad de expresión por parte de algunos regímenes en la región. Al reconocer la necesidad de alguna acción para llenar este vacío - incluso si es sólo sobre una base subregional - , la Asociación de los Medios de Comunicación de Asia del Sur (South Asia Media Association), una organización no gubernamental, dio inicio a un proyecto en octubre de 1994 que trata de dar a luz el borrador de una ley para garantizar la libertad de prensa y de otros medios de comunicación en siete países de la región (India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután y las Maldivas). El objetivo del proyecto es más bien modesto. Sus organizadores no pretenden más que en un inicio identificar los elementos liberales básicos de la legislación nacional existente acerca de la libertad de expresión en aquellos siete países y hacer el borrador de la ley propuesto alrededor de aquellos elementos. Ellos creen que esto serviría como un posible impedimento a los gobiernos en la región para introducir nuevas medidas legales que puedan restringir la libertad de palabra más de lo que actualmente es.

El proyecto está recibiendo apoyo del Centro Asiático de Información e Investigación de la Comunicación Masiva (Asian Mass Communication Research and Information Centre, AMIC), el cual está especialmente calificado para asesorar acerca del tema. Hace ya una década, AMIC ha llevado a cabo investigaciones acerca de las leyes y regulaciones de los medios de comunicación en algunas juridicciones asiáticas, y ha publicado o tiene en proceso de publicación extensos estudios acerca de al menos cinco de los siete países de Asia Meridional que abarca el proyecto. La investigación de AMIC describe una variada realidad. Aunque los medios de comunicación masivos, en especial la prensa, han disfrutado de una libertad considerable de parte de la censura pública en la mayoría de los países de Asia Meridional, la región no está exenta de leyes represivas. Más inquietante, incluso donde las leyes mismas se expresan en términos relativamente inofensivos, es que su aplicación por parte de los gobiernos ha estado lejos de proteger la libertad de palabra. Este abismo inmenso entre el precepto y la práctica, emparejado con un inaceptable alto nivel de control político sobre los medios de comunicación electrónicos en casi todos los países examinados, representa un reto tremendo para los reformistas.

El éxito de cualquier sistema más allá del contexto nacional para proteger los derechos humanos es, dada la naturaleza de las cosas, limitado. Depende, fundamentalmente, del grado de voluntad política que cada gobierno dentro del sistema ejercerá para hacer obedecer lo que, al fin de la jornada, son reglas que no se pueden aplicar. Esperamos que esta iniciativa en Asia Meridional no tropiece con las piedras de la intransigencia política.

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Medios de comunicación, legislación y libertad de expresión

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Pocos sectores de la actividad legislativa han resultado más insolubles dentro de las democracias liberales que estos relacionados con los medios de comunicación masiva. Las razones son obvias.

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Legislación de los medios de comunicación. 

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Legislación de los medios de comunicación. 

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Los medios de comunicación juegan un papel importante dentro de la sociedad, por múltiples razones ya que por medio de ellos estamos informados acerca de los temas más relevantes y además es el principal vínculo entre la gente y el gobierno.

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LEGISLACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

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Algunos puntos clave de la Legislación y Reglamentación.

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La Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador (Amecode) presentó este lunes en la Asamblea Nacional dos propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación.

El presidente Lenín Moreno remitió a la Legislatura, el pasado 21 de mayo, un proyecto con ochenta reformas a la ley de Comunicación que, por ejemplo, elimina la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y traslada la atribución de protección y restitución de derechos a la Defensoría del Pueblo.

Según el titular de la asociación, Danny Wilka, no fueron tomados en cuenta en esa reforma por ello hacen dos planteamientos. El primero, que actualmente el artículo 5 de la normativa se refiere a los medios de comunicación tradicionales, es decir, radio, televisión, prensa escrita pero no se incluye a los medios digitales. A este tipo de medios se los incluye en el artículo 3 del reglamento, agregó.

Además, señaló el dirigente, la otra reforma es al artículo 202 del Código de la Democracia para que puedan formar parte del pautaje publicitario, a fin de que participen también en las campañas políticas.

Asociacion de Medios Digitales presenta en @AsambleaEcuador propuestas para reforma a ley de Comunicacion. @danywilka su representante lo explica pic.twitter.com/EEfxPegs8M

- Javier Gonzalez P. (@gonzalezxv) 28 de mayo de 2018

"Que es el tema de pautaje, que nos permitirá a los medios digitales sean estos pequeños, medianos o grandes, poder competir en igualdad de condiciones con los medios tradicionales", dijo.

Wilka acotó que los medios nativos digitales son aquellos que transmiten mediante las plataformas de internet en sus diferentes modalidades, como radio on line, televisión on-line, o los portales informativos de medios o de blogs que estén registrados, dirección URL o contenido informativo.

El dirigente señaló que actualmente, tomando como referencia información del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), hay 79 medios digitales registrados, según datos de 2017, de los cuales 30 forman parte de la Amecode.

La Comisión de Derechos Colectivos es la encargada de tramitar no solo el proyecto remitido por el Gobierno sino otros diez planteamientos.
Disconformidad
Representantes de los sitios 4Pelagatos, La Posta y GkillCity señalaron que no se sienten representados por este gremio. (I)

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Medios digitales plantean reformas a Ley de Comunicación

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Según el titular de la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador (Amecode), Danny Wilka, no fueron tomados en cuenta en el Proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación entregado el pasado 21 de mayo por el presidente Lenín Moreno al Legislativo.

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El tema de la iniciativa fue objeto de atención de los medios durante ese día y la semana subsiguiente, sin embargo, las notas informativas y los comentarios de la prensa escrita reflejaron una mayor diversidad y pluralidad de opiniones: desde quienes insistían en calificarla como "Ley mordaza" hasta quienes argumentaban la necesidad de establecer en México una legislación que permitiera reglamentar el derecho a la información reconocido por la Constitución.

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Legislación de los medios de comunicación

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Legislacion de los medios de Comunicación

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La Documentación Audiovisual en las empresas televisivas

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La Documentación Audiovisual en las empresas televisivas

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red de revistas científicas de américa latina y el caribe españoa y portugal

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universidad autónoma del estado de méxico

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La Documentación audiovisual en las empresas televisivas

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La Documentación Audiovisual en las empresas televisivas

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Concentración de medios de comunicación, poder y nuevas legislaciones en América Latina

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Concentración de medios de comunicación, poder y nuevas legislaciones en América Latina

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concentración también ha sido adversa a la democracia. Los grandes medios han sido

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Una mujer protesta por los asesinatos y el acoso a los periodistas. CUARTOSCURO

El Congreso mexicano avanza a contrarreloj en la regulación de la publicidad oficial y lo hace mediante un proceso legislativo que las organizaciones civiles han tachado de "desaseado" y de "simulación". El martes iniciaron en el Senado las audiencias públicas sobre una ley que debe emitirse antes del 30 de abril. La norma obedece a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligó al Congreso a regular el gasto discrecional en propaganda del Gobierno, que supera los 2.000 millones de dólares desde 2013. Los colectivos convocados al debate acusaron falta de seriedad en el llamado a la audiencia, ya que se organizó con cinco días de anticipación y hubo personas convocadas que no fueron citadas y se enteraron de su participación en redes sociales.

El colectivo #MediosLibres, que agrupa a periodistas, medios de comunicación y a organizaciones civiles, académicas y empresariales, ha denunciado que los textos que preparan los partidos no garantizan el derecho a la libertad de prensa y no avanzan hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La propuesta más preocupante es la presentada por el Partido Revolucionario institucional (PRI) y sus aliados, el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). "Es una iniciativa preocupante porque lo que hace es convertir los lineamientos de publicidad que ya existen en propuesta de ley, lo cual significaría que estaríamos institucionalizando prácticas que no han servido para tener una mejor relación entre el sistema político y los medios de comunicación", explica Haydeé Pérez Garrido, directora del centro de análisis Fundar. .

El fallo del Supremo, el 15 de noviembre de 2017, ordenó al Congreso expedir una ley que regulara el gasto en publicidad. La resolución del máximo órgano de justicia, calificada de histórica, se dio tras resolver un amparo que promovió Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión. El 10 de febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral que instruía al Congreso a legislar en la materia, pero esto nunca se hizo. Ante la omisión, la organización promovió un amparo para que se diera cumplimiento al mandato.

El Supremo destacó que la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión. "La omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes", se expuso en un comunicado.

El colectivo #MediosLibres ha exigido al Congreso escuchar diferentes voces en las mesas de discusión. "No queremos que esto sea una simulación como ya lo hemos visto antes, donde llaman a audiencias, nos escuchan y al final elaboran y aprueban leyes sin tomar en cuenta los planteamientos que hace la sociedad civil", dice Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia.

La experta en temas de derecho a la información dice que la audiencia de este martes fue una simulación porque el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre la metodología, los tiempos y los objetivos específicos en la elaboración del dictamen. Además, las iniciativas de ley que han revisado mantienen a la Secretaría de Gobernación (Interior) como la instancia que debe seguir teniendo el control del uso de la publicidad oficial. "Siempre ha sido un absurdo que la instancia de control político en México sea la que maneje el tema de publicidad oficial porque a lo largo de los años sólo ha demostrado un mal manejo y uso arbitrario de los recursos en este tema", argumenta.

Haydeé Pérez, de Fundar, cree que el proceso legislativo es poco ordenado pues no brinda certeza a los interesados en participar y parece ser un intento de simulación más que un genuino interés en contrastar ideas con los ciudadanos. "Levanta la suspicacia de nuestra parte y nos hace pensar que están incluyendo las audiencias en el proceso como una mera formalidad para decir que hubo participación ciudadana pero sin establecer un diálogo real para configurar una ley que atienda de fondo la problemática de la publicidad oficial en el país", afirma.

El colectivo, al que pertenece Pérez y Calleja, se ha pronunciado porque la ley impida los abusos que se han documentado en los últimos años, como el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad y la discriminación en su asignación, la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, la ausencia de rendición de cuentas y la inequidad. La norma debe considerar sujetos obligados a quienes reciben recursos públicos asociados a la publicad oficial. "Se deberá contar con una lista nacional de servicios de publicidad oficial que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas en los servicios de contratación", han exigido.

El contenido de la publicidad oficial debe ser informativo, útil y necesario y no debe promover la imagen de los funcionarios públicos como lo estipula la propia Constitución. Tampoco debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios, ha advertido #MediosLibres. Además la ley debe establecer las sanciones a las que serán acreedores los servidores públicos o usuarios de los recursos públicos que violen lo dispuesto en la normatividad.

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México busca frenar el derroche de la publicidad oficial

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El Congreso mexicano avanza a contrarreloj en la regulación de la publicidad oficial y lo hace mediante un proceso legislativo que las organizaciones civiles han tachado de "desaseado" y de "simulación". El martes iniciaron en el Senado las audiencias públicas sobre una ley que debe emitirse antes del 30 de abril.

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El Congreso mexicano aprobó una polémica ley que mantiene el control gubernamental sobre los medios de comunicación a través de la publicidad oficial. Un asunto que, de acuerdo con organizaciones, promueve la censura en México, país que se encuentra entre los peores del mundo en materia de libertad de expresión.

De este modo, el Senado mexicano aprobó con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental. Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso mexicano a legislar los términos en que debía controlarse el excesivo gasto gubernamental en publicidad oficial, para antes del 30 de abril.

Un mecanismo para controlar los medios de comunicación

Sin embargo, los términos en que se aprobó la ley, impulsada por los partidos PRI y PVEM, aliados del actual presidente Enrique Peña Nieto, ha sido criticada por mantener en manos del gobierno y sin contrapesos el control de la publicidad oficial de la que dependen muchos medios mexicanos. Un mecanismo que durante años ha sido utilizado por el gobierno en turno para presionar a los dueños de medios de comunicación en temas sensibles para las autoridades.

Pero los críticos de la llamada #LeyChayote (término que en México se utiliza para referirse a los periodistas que reciben dinero del gobierno para proteger intereses oficiales), evidenciaron su molestia por los términos en que fue avalada la iniciativa sin tomar en cuenta los reclamos de la ciudadanía.

El dictamen aprobado por el Congreso concentra el control de los recursos en la Secretaría de Gobernación, no define criterios de asignación de la publicidad oficial, ni establece un control presupuestal claro, manteniendo un gasto opaco y arbitrario.

De 2013 a 2017, el gobierno de Peña Nieto gastó 40.600 millones de pesos (2.154 millones de dólares) en publicidad oficial. Un monto 70% por arriba del presupuesto oficial aprobado por el Congreso.

El colectivo #MediosLibres, conformado por organizaciones como Fundar y Artículo 19, cuestionó que dicha ley permite al gobierno federal seguir utilizando de forma discrecional la publicidad oficial como un mecanismo de presión contra los medios de comunicación, promoviendo la censura y afectando la libertad de expresión.

''Los legisladores perdieron una oportunidad histórica, la de avanzar hacia la construcción de una democracia con medios libres. En su lugar, decidieron perpetuar otro sexenio con libertad de expresión limitada'', señaló Justine Dupuy, investigadora experta en el tema de publicidad oficial de Fundar.

Pero a pesar de las críticas de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos (incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y la Organización de los Estados Americanos), PRI y PVEM aprobaron la ley en sus propios términos sin escuchar los señalamientos de la oposición.

En contraparte, senadores de oposición de los partidos PRD, PAN y PT-Morena, externaron sus críticas al proyecto de ley al considerar que no establece mecanismos de transparencia a través de los cuales se destine dinero gubernamental a los medios de comunicación.

México, un país difícil para la libertad de expresión

De acuerdo con el Índice de Libertad de Prensa en el Mundo 2018, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, México se ubica en la posición 147 de 180 países con menor libertad de prensa del mundo. Esto ubica a México como el segundo país con menor libertad de prensa de América, por detrás de Cuba, superando a Venezuela.

En 2017, México fue el segundo país más letal para los periodistas, luego de que 11 comunicadores fueran asesinados.

Asimismo, el control de los grandes medios de comunicación en México está concentrado en 11 familias, afectando la pluralidad de la cobertura noticiosa, lo cual ha generado dueños de medios cada vez más ricos con periodistas cada vez más pobres, según el informe Media Owner Monitor México (MOM México), desarrollado por Reporteros Sin Fronteras y Cencos.
Manuel Hernández Borbolla

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#LeyChayote: El Gobierno mexicano mantiene el control sobre los medios de comunicación

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El Congreso mexicano aprobó una polémica ley que mantiene el control gubernamental sobre los medios de comunicación a través de la publicidad oficial. Un asunto que, de acuerdo con organizaciones, promueve la censura en México, país que se encuentra entre los peores del mundo en materia de libertad de expresión.

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Legislación de los medios de comunicación

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Legislación de los Medios de Comunicación

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Marco Legal para los Medios de Comunicación

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Marco Legal para los Medios de Comunicación

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El marco legal dentro del cual operan los medios de
comunicación derivan en primera instancia de la legislación internacional.

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Marco Legal para los Medios de Comunicación -

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Home → Marco Legal para los Medios de ComunicaciónAdministración y Costo de Elecciones →

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La violación a los derechos de autor, entre las medidas precautorias que se pueden aplicar está el aseguramiento cautelar de equipos, como servidores, enrutadores u otros instrumentos, o la censura de un video en la web.

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Con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones, el Senado avaló este jueves una reforma al artículo 215 de la Ley Federal de Derechos Autor, que a juicio de la organización R3D es anticonstitucional y permite la censura en Internet.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó en entrevista que con la reforma al artículo 215 y la adición del artículo 213 Bis se introduce la figura de "medidas precautorias", que pueden ordenar tribunales, tan solo cuando haya sospecha o riesgo de una violación a derechos de autor.

De ese modo, detalló, sin que se haya demostrado en un juicio la violación a los derechos de autor, entre las medidas precautorias que se pueden aplicar está el aseguramiento cautelar de equipos, como servidores, enrutadores u otros instrumentos, o la censura de un video en la web.

"Cualquier tribunal tendría la facultad de ordenar que una comunicación pública -por ejemplo, un video en Internet- sea censurada o que los servidores, enrutadores u otras instrumentos usados en su difusión sean asegurados, sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viole el derecho de autor", explicó R3D, en un comunicado.

El artículo 213 Bis, dice textual: "Los titulares de los derechos reconocidos por esta ley, sus representantes o las Sociedades de Gestión Colectiva que los representen podrán solicitar a los Tribunales Federales y/o Tribunales de los Estados y/o de la Ciudad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta Ley:
I. La suspensión de la representación, comunicación y/o ejecución públicas.
II. El embargo de las entradas y/o ingresos que se obtengan ya sea antes o durante la representación, comunicación y/o ejecución públicas;
III. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución púbicas.
IV. Cuando las medidas previstas en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos de autor, se decretará el embargo de la negociación mercantil".

De acuerdo con Luis Fernando García, además de que los cambios aprobados "constituyen claramente una medida de censura previa, violatoria del artículo séptimo de la Constitución mexicana", el proceso legislativo de su aprobación fue irregular.

El director de R3D dijo que a los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks se les quiso hacer firmar, aceptando que el dictamen pasó por Comisión de Estudios Legislativos Segunda, siendo que nunca hubo convocatoria o sesión de comisiones.

"A pesar de eso se sube al pleno, sin haber pasado por comisiones", dijo Luis Fernando, "es un albazo deliverado".

Romero Hicks, de acuerdo con un reporte de @NoticiaCongreso, presentó una moción sobre procedimiento, "pues asegura que no se convocó a la Sesión a Estudios Legislativos Segunda".

@JLozanoA presentó al @senadomexicano actas sin firmas para aprobar el dictamen de modificación a la ley de propiedad intelectual.
Es una total afrenta a la democracia y una burla al Poder Legislativo pic.twitter.com/WIl1X9oABa

- Erik Gtz (@MausterChief) April 27, 2018

La reforma, agregó Luis Fernando, fue impulsada por el PRI y el PVEM, y por personajes como Javier Lozano y Ernesto Cordero.

Si hay 5 senadores en la Comisión de Estudios Legislativos y @JCRomeroHicks @RuffoAppel no votaron por el #MadrugueteAInternet. Y hay 2 priístas que seguro votaron a favor. Entonces quiere decir que el Senador Félix Hernández del PT-MORENA fue cómplice.

- Luis Fernando García (@tumbolian) April 27, 2018

Lozano defendió las reformas aprobadas -que ya fueron enviadas al Ejecutivo-; dijo que su objetivo es dar protección a los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, con medidas precautorias ordenadas por tribunales del Poder Judicial.

Luis Fernando García, de R3D, mencionó que lo aprobado beneficia a "monopolios de la cultura", sobre todo extranjeros, y que los cambios legales avanzaron sin la participación de la sociedad civil, en las discusiones.

En cuanto a cómo buscarán combatir estas reformas, dijo que la Red interpondrá un juicio de amparo, y que también buscarán impulsar acciones de inconstitucionalidad, por la vía de un grupo de legisladores del Congreso o de la CNDH.

Por su parte, la organización Artículo 19, a través de su cuenta en Twitter, criticó la decisión de los senadores para aprobar esta reforma, sin considerar que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ya se había pronunciado sobre el tema, al considerar que cualquier tipo de medida precautoria en internet para proteger derechos de autor es violatoria.

#ÚltimaHora: En un proceso lleno de irregularidades, @senadomexicano aprobó hoy la reforma a la Ley del Derecho de Autor, sin considerar que la @SCJN estableció que este derecho no justifica por sí mismo el bloqueo de contenidos y páginas web en internet. #MadrugueteAInternet pic.twitter.com/WCc98WKgUG

- ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) April 27, 2018

El 20 de abril de 2017, la Segunda Sala de la SCJN advirtió que fue inconstitucional que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ordenara el bloqueo del sitio web de la empresa Alestra, con el argumento de protección de obras musicales. En esa ocasión los ministros de la Corte determinaron que "para considerar válidas las limitaciones a la libertad de expresión a través de una página de internet, deben estar previstas en ley; perseguir un fin legítimo; y ser necesarias y proporcionales".

El dictamen discutido y aprobado, sin embargo, cuya copia se encuentra en la gaceta parlamentaria del Senado, no cuenta con las firmas de los senadores de las comisiones de cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, la primera de ellas presidida por Lozano Alarcón, y la segunda integrada por Romero Hicks.

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Senado aprueba reforma a Ley de Derecho de Autor; permite la censura en internet, acusan organizaciones

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Con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones, el Senado avaló este jueves una reforma al artículo 215 de la Ley Federal de Derechos Autor, que a juicio de la organización R3D es anticonstitucional y permite la censura en Internet.

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Una legislación que proteja la libertad de expresión

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Una legislación que proteja la libertad de expresión

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El punto de partida de cualquier estrategia a largo plazo dirigida a lograr la estabilidad estructural de los medios de comunicación es una legislación que proteja la libertad de expresión.

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El respaldo a la legislación sobre los medios de información

El punto de partida de cualquier estrategia a largo plazo dirigida a lograr la estabilidad estructural de los medios de comunicación es una legislación que proteja la libertad de expresión. Esa legislación se debe basar en las normas internacionales pertinentes para promover el pluralismo mediático. Frecuentemente, en los países en situaciones posteriores a conflictos no existen legislaciones sobre los medios de información, o ya están obsoletas, y es necesario reformarlas para fomentar la libertad de prensa y la diversidad de opiniones y de propiedad.

La UNESCO respalda con frecuencia la creación de órganos reguladores independientes, ya que en la mayoría de los casos las entidades independientes reguladoras de la radiodifusión se encargan de asignar las longitudes de onda y de los procedimientos necesarios para la concesión de licencias de emitir.

La independencia de los medios de comunicación sólo podrá florecer en un terreno en el que se pueda desarrollar un verdadero mercado de medios privado. Además, los medios de comunicación económicamente viables son indispensables para ofrecer condiciones de trabajo razonables a los periodistas, en especial sueldos dignos, lo que a su vez es fundamental para garantizar la transparencia y la inexistencia de corrupción entre los profesionales de la comunicación.

En muchas sociedades en situaciones posteriores a conflictos, el mercado de los medios de comunicación es sumamente débil. Los medios son respaldados frecuentemente por grupos poderosos (partidos, facciones y comercios) para que sean portavoces de sus intereses. Apoyar el mercado de la prensa escrita y la radiodifusión en desarrollo es crucial para proveer un respaldo económico a todos los nuevos medios de comunicación, reuniendo los costos de puesta en marcha, las competencias profesionales, e incluso los equipos y materiales, muchos de los cuales podrían estar fuera del alcance de muchas personas que tienen el deseo de convertirse en propietarios, editores y productores. Además, es muy importante evaluar la viabilidad comercial y las perspectivas de desarrollo de un mercado de medios de información y delimitar los ámbitos en los que las inversiones dirigidas específicamente a la investigación y la formación pueden fortalecer la viabilidad comercial y la ventaja del mercado de los medios.

También se debe alentar a los medios de comunicación locales a debatir sobre las normas profesionales de los periodistas y mejorarlas y a aliarse con asociaciones regionales e internacionales. Se deben promover asimismo las asociaciones independientes de periodistas

Para más información sobre las actividades específicas de la UNESCO encaminadas a respaldar la legislación sobre los medios de información en zonas en situaciones posteriores a conflictos de todo el mundo, haga click en los enlaces que aparecen más adelante.
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El respaldo a la legislación sobre los medios de información | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

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El punto de partida de cualquier estrategia a largo plazo dirigida a lograr la estabilidad estructural de los medios de comunicación es una legislación que proteja la libertad de expresión. Esa legislación se debe basar en las normas internacionales pertinentes para promover el pluralismo mediático.

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La Ley de Comunicación desde la ciudadanía

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La Ley de Comunicación desde la ciudadanía

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La ambigüedad de la regulación de contenidos podría ser contraproducente con la nueva legislación.

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El Reglamento que determina los procedimientos para la aplicación de la Ley de Comunicación aún no ha sido publicado en el Registro Oficial. Una vez que esto suceda, quedará en firme el texto que fue elaborado por el Ejecutivo y en el cual se definen los criterios de aplicación de los derechos, las competencias, las obligaciones y los deberes de las autoridades y demás actores regulados por esa normativa legal.

Así, luego de siete meses de que fue aprobada la Ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional, los medios de comunicación y periodistas del país cuentan ya con la regulación completa para su trabajo.

A pesar de la publicación de este reglamento, organizaciones como la Unión Nacional de Periodistas o la Asociación de Editores de periódicos han ratificado que aún existe y que ello podría desencadenar subjetividad al momento de su aplicación.

Desde el Ejecutivo se asegura en cambio que con este Reglamento, la Ley de Comunicación ya está operativa y que es cuestión de tiempo a que todos los actores se acoplen a las nuevas normas. De hecho se espera que a partir de junio próximo, cuando se cumpla un año de aprobación de la Ley, todos sus contenidos se apliquen a cabalidad, pues hay plazos que todavía no se completan. Además, los organismos como la Superintendencia de Comunicación así como el Consejo de Regulación estarán consolidados.

Sin embargo, más allá de cómo el Gobierno y los medios ven la normativa, la vigencia de la ley y su reglamento incidirá, en parte, de la vida de los ciudadanos. Este Diario realizó un análisis de los ocho temas cuya aplicación repercutirá en los usuarios: los contenidos; derechos ciudadanos; interculturalidad; programación; defensor de audiencias; protección de los ciudadanos, publicidad y producción nacional. A continuación un análisis de estos puntos.

Los contenidos de la red, sin regulación

Los contenidos que los ciudadanos o empresas publiquen dentro de la Internet no estarán sujetos a regulación alguna. Así, la información que se divulgue en blogs, redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube y páginas web personales, corporativas o institucionales será de libre circulación.

Sin embargo, si un ciudadano o una organización tiene, por ejemplo, un blog o cualquier espacio virtual dentro de la plataforma web de un medio de comunicación nacional, lo que produzca en ese espacio sí podrá ser regulado. El Reglamento establece que los medios de que operan sobre plataformas web deben acogerse a la Ley de Comunicación.

La inclusión de un contenido intercultural

Los ciudadanos recibirán contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Por ello, a partir del 25 de junio, fecha en que la Ley de Comunicación cumplirá un año, se verán cambios en la programación. En el caso de los medios audiovisuales los consumidores recibirán un promedio del 5% de programas expresen esta diversidad, durante un horario familiar. En el caso de los periódicos los lectores también recibirán un 5% de contenido intercultural con el texto en lengua original y la respectiva traducción al castellano.

Habrá un nexo entre el medio y las audiencias

Los medios de comunicación de carácter nacional contarán con un defensor de audiencia cuya remuneración será pagada por el medio a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación.

Estos serán designados mediante concurso público y durarán en su cargo dos años. El defensor de audiencias deberá atender el reclamo de los ciudadanos si ha existido una vulneración de sus derechos, realizar actos de mediación, comunicar las respuestas que dará el medio, formular recomendaciones a los directivos del medio de comunicación para mejorar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

La protección a la gente en casos judiciales

Los medios de comunicación no podrán publicar los nombres, fotografías, imágenes o cualquier elemento que permita establecer o insinuar la identidad de niños, niñas y adolescentes que están involucrados de cualquier hacho delictivo o en la investigación y el procesamiento judicial del mismo.

Esta misma prohibición operará para proteger la identidad e imagen de cualquier persona que haya sido víctima de un delito de violencia sexual o violencia intrafamiliar. Sin embargo existe una excepción: los testimonios de personas adultas que voluntaria y explícitamente den su autorización para que los medios de comunicación cubran sus casos.

Habrá más publicidad 'made in' Ecuador

Los medios de comunicación difundirán más piezas publicitarias elaboradas en el Ecuador, con lo cual se pretende además impulsar la industria nacional. En el caso de las fotos para anuncios publicitarios se establece que estas serán realizadas por autores nacionales o extranjeros que residan en el Ecuador.

En cambio, los anuncios publicitarios que se difundan en la televisión o el cine, para el caso de películas extranjeras, eventos deportivos extranjeros, destinos turísticos, podrán incorporar hasta en un 20% de su duración imágenes producidas en el extranjero. No se aplicará a este caso los avances o tráileres de obras audiovisuales extranjeras.

Los ciudadanos recibirán una mayor cantidad de piezas audiovisuales (programas, música, series...) realizadas en el país. En el caso de los medios televisivos y radiales se estableció que el porcentaje total de la producción nacional que se difundirá será mínimo del 60% de la programación diaria de la franja apta para todo público que va de 06:00 a 18:00. En el caso de los contenidos musicales se determinó que el 50% del material deberá ser producido, compuesto o ejecutado en el Ecuador y que se difundirá en cada programa radial. Esta podrá realizarse de forma secuencial y alternativa con piezas musicales, o alternando segmentos de música nacional con música internacional.

Contenidos televisivos de acuerdo a un horario

Los medios audiovisuales del país deben difundir los contenidos en sus espacios de acuerdo a un horario preestablecido. Casi todos los medios ya cumplen con esta exigencia. Así, los televidentes recibirán entre las 06:00 y 22:00 programas que estén dirigidos a las audiencias de nominadas como 'todo público'.

Los programas, películas, documentales, series o telenovelas que puedan contener ideas, imágenes, diálogos, reales o ficticios, contrarios al respeto y ejercicio de los derechos solo podrán difundirse por los medios audiovisuales tanto de señal abierta y por suscripción (cable), para las audiencias de adultos en la franja horaria que va desde las 22:00 hasta 06:00.

Los ciudadanos y el derecho a la réplica

Si un ciudadano se siente afectado por alguna publicación errónea de un medio, podrá solicitar una rectificación de manera personal, que deberá publicarse en el mismo espacio y sección en que se difundieron los contenidos que motivaron la petición. El plazo no será mayor a 72 horas. A esto se suma que el medio deberá detallar en el título si se trata de una rectificación, una réplica o una corrección.

Por otro lado, los medios de comunicación deben, por ley, transmitir la "información de relevancia pública" y esta será considerada aquella que puede afectar positiva o negativamente los derechos ciudadanos, el orden o las relaciones internacionales.

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El Reglamento a la Ley de Comunicación, desde ocho temas ciudadanos

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El Reglamento que determina los procedimientos para la aplicación de la Ley de Comunicación aún no ha sido publicado en el Registro Oficial. Una vez que esto suceda, quedará en firme el texto que fue elaborado por el Ejecutivo y en el cual se definen los criterios de aplicación de los derechos, las competencias, las obligaciones y los deberes de las autoridades y demás actores regulados por esa normativa legal.