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LEYSI SUÁREZ

El ministerio Público formalice una denuncia contra Deysi Suarez como presunta autora del delito de ultraje contra los símbolos patrios, al haber publicado fotos totalmente desnuda sobre un caballo cubierto con el pabellón patrio. Asimismo, la señora Ontaneda Rueda, directora de la revista “D farándula” y la bailarina Leysi Suarez incurrieron en ilícitos penales tipificados en el primer párrafo del artículo 344 del Condigo penal.

La fiscal señalo que el Ministerio Publico no ha ejercido una acción penal por el hecho que una persona aparezca sentada en un caballo, sino porque aparece en una publicación desnuda sobre el pabellón nacional, lo cual  si configura delito en agravio del Estado Peruano. La representante del Ministerio Publico resalto que la constitución Política del Perú, establece que todos los peruanos tenemos el deber de honrar a la patria y proteger los intereses nacionales; y que en la carta Magna, se señala cuáles son los símbolos de la Patria.

El artículo 344 del Código Penal establece que, “El que, públicamente o por cualquier medio de difusión, ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia, por obra o por expresión verbal, los símbolos de la Patria o la memoria de los próceres o héroes que nuestra historia consagra, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y con sesenta a ciento ochenta días multa”.

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Cinemark modifica símbolo patrio y genera polémica en redes sociales

Este 28 de julio y en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, Cinemark  no tuvo mejor idea que saludar a los peruanos mediante una publicación en Facebook en la que reemplazó el Escudo Nacional del Perú por personajes cinematográficos.

La publicación de la cadena de cines en Facebook generó polémica entre los usuarios, que no dudaron en criticar dicha publicación y logrando que Cinemark retire la pieza gráfica de sus redes sociales.

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“Se condena el asesinato del periodista Marlon de Carvalho Araújo y pide a las autoridades brasileñas investigar acerca de las posibles conexiones del crimen con la labor periodística de la víctima. El periodista Marlon de Carvalho Araújo fue asesinado con un arma de fuego en la madrugada del 16 de agosto en su hogar, en el pueblo de Chapada, en Brasil. Marlon de Carvalho era periodista independiente, difundía videos e informaba sobre política en redes sociales. El periodista era conocido por realizar denuncias de corrupción contra políticos de diversos municipios de su región. Además, según publican los medios del país, en las últimas elecciones Marlon de Carvalho Araújo fue candidato para ocupar un escaño en el cuerpo legislativo de Riachão de Jacuípe. También, con información del público, en el último video que subió a su cuenta Facebook el periodista afirmó que relataría un esquema de corrupción involucrando un concejal del cuerpo legislativo de Pé de Serra, un Municipio vecino.”

“El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

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Cuando el cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, publicó su libro “De puño y letra” (2009), en el que reivindicaba diversos actos terroristas cometidos en nuestro país, el Poder Judicial descartó que ello constituyera delito de apología. Por entonces, la norma que tipificaba el delito era demasiada genérica y no permitió que Guzmán fuera procesado.

Ese no es el único caso en el que hubo dificultades sobre el delito. A inicios del 2017, la fiscalía y la procuraduría antiterrorismo emprendieron una batalla jurídica para que el caso del panfleto “Amnistía nacional”, del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) –el brazo político de Sendero Luminoso–, llegara a juicio oral.

Recién en julio del año pasado se logró modificar el artículo 316 del Código Penal (Ley 30610), que especificó los caracteres delictivos del delito de apología del terrorismo.

Para el procurador antiterrorismo Milko Torres, ese cambio en la ley “fue importantísimo”.

“Antes, los jueces entendían la apología como parte de la libertad de expresión. Sin embargo, con la modificación se determinó la exaltación, justificación y enaltecimiento como los verbos rectores de la apología, esto es más específico”, comentó.

Según el funcionario, en los siete meses de vigencia de la norma, las marchas que realizaba, por ejemplo, el Movadef, con fotografías y frases de elogio a los cabecillas terroristas, han disminuido. No obstante, advirtió que se han incrementado los mensajes de apología en las redes sociales.

No obstante, el uso de las redes sociales fue advertido en el artículo 316-A de la norma sobre la apología, referido a las tecnologías de la información o de comunicación (entiéndase Facebook, Twitter, blogs u otra herramienta de Internet). Antes solo se hablaba de medios de comunicación de manera tradicional (escritos, televisivos o radiales).

Bajo los parámetros de la modificación, la procuraduría antiterrorismo ya logró formalizar 13 denuncias por presunta apología del terrorismo en redes sociales. Estas son investigadas por la fiscalía.
“Con esta norma, las marchas han desaparecido, pero se han trasladado de las calles a las redes. En las redes sociales y en las tecnologías de la información sí se comienza a dar con más frecuencia la apología”, comentó.

Es más, en su oficina de Miraflores, la procuraduría ya implementó un equipo para mapear y hacer seguimiento a personas o movimientos vinculados a facciones terroristas que a través de las redes sociales puedan estar realizando apología