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Somos estudiantes de 4º de Trabajo Social en la mención de Salud. Hemos creado este espacio desde la necesidad de poder atender cuestiones de salud de interés para personas con Diversidad Funcional.

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         Introducción, motivación y objetivos    

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         Introducción, motivación y objetivos    

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A través de este espacio vamos a tratar de poner de manifiesto cuál es el marco legislativo, los derechos sanitarios y otras cuestiones de las personas con diverisdad funcional en el ámbito de la salud. Con él se pretende dar cuenta de cómo se desarrolla el sistema sanitario en relación a la diversidad funcional, con el fin de dar a conocer la información obtenida.
Este Padlet se crea a través de la motivación de unas estudiantes de Trabajo Social, por conocer en mayor profundidad los aspectos relacionados entre la salud y las personas con Diversidad Funcional (DF), para así compartir con los lectores y las lectoras la información recopilada, considerando que puede ser de interés conceptual, además de aportar un enriquencimiento compartido que nos permita crecer dentro del ámbito que recoge el Trabajo Social en relación a la salud.
Por último, este Padlet tiene como objetivos principales:

Conocer cómo se relacionan la Salud y la DF.

Investigar en relación a este aspecto para realizar una recopilación de información.

Dar a conocer a la comunidad lectora lo aprendido.

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Estado de la cuestión  (legislación, situación actual, problemas, características, necesidades) (Parte I)

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Estado de la cuestión  (legislación, situación actual, problemas, características, necesidades) (Parte I)

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La salud es un derecho humano fundamental.
Tras la revisión de varios artículos encontramos que:
Las personas con discapacidad intelectual y sus familias afrontan una gran cantidad de barreras  cuando acceden a los servicios sanitarios. La falta de acceso a estos servicios coloca a las personas con discapacidad intelectual en serias desven- . tajas sociales. Las barreras que las personas con discapacidad intelectual encuentran en los servicios sanitarios les hacen mas vulnerables a la enfermedad.  Los profesionales de los hospitales y centros de salud saben poco sobre las personas con discapacidad y tienden a valorarlos desde un punto de vista medico que promueve una visión negativa de las personas con discapacidad intelectual.
https://sid.usal.es/idocs/F8/ART8764/articulos1.pdf

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Estado de la cuestión (legislación, situación actual, problemas, características, necesidades) Parte II

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Estado de la cuestión (legislación, situación actual, problemas, características, necesidades) Parte II

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Link: https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17633/discapacidad_y_asistencia_sanitaria.pdf

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Estado de la cuestión (Legislación, situación actual, problemas, características,necesidades) Parte III

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Estado de la cuestión (Legislación, situación actual, problemas, características,necesidades) Parte III

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ley 9/2018 de 24 de abril, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6403

Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13775

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18476

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13241

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

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Algunos de los proyectos que se han encontrado en materia de sanidad y DF son los siguientes:
- GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LAS ACTUACIONES DE LA COOPERACIÓN VALENCIANA AL DESARROLLO.
- Proyecto europeo de alimentación y deporte para el bienestar de personas con parálisis cerebral.
- PLAN DE ACCIÓN DE LA
ESTRATEGIA ESPAÑOLA
SOBRE DISCAPACIDAD 2014-2020.
- Modelos integrados de
atención a la discapacidad (Observatorio Estatal de la Discapacidad).

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OLIVIA RUEDA: "NO SABES LO QUE ME CUESTA ESCRIBIR ESTO"

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OLIVIA RUEDA: "NO SABES LO QUE ME CUESTA ESCRIBIR ESTO"

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Un libro que narra en primera persona la historia Olivia que sufrió un ataque de epilepsia, lo que le cambió radicalmente la vida ya que tuvo que comenzar desde cero.
Tras innumerables visitas a consultas, entrevistas con especialistas y consejos de doctores distantes, Rueda decide someterse a un proceso de embolización —ocluir de manera voluntaria vasos sanguíneos— y otros tratamientos .
En una de las operaciones Olivia sufrió un derrame. Cuando despertó, su mente era incapaz de hablar y escribir. Lo entendía todo, pero no podía expresarse, es en este momento desencadena una afasia.
El proceso de recuperación se vuelve lento y cambia por completo su vida.

El libro pone el foco en la necesidad de una medicina humana y cercana, y reclama esa mano en el hombro que haga más llevadero el anuncio de un diagnóstico negativo.

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"Desperté sin poder expresarme con palabras, y tuve que aprender a hablar y a escribir de nuevo. Hablar es muy difícil. Explicar por qué no puedes hacerlo lo es todavía aún más". Esta es la historia de Olivia Rueda y la de al menos 420.000 personas más que sufren afasia, un trastorno en la comunicación provocado por una lesión cerebral (normalmente un ictus). Este trastorno afecta a las habilidades comunicativas más básicas como hablar, comprender, leer y escribir.

Hace nueve años Olivia sufrió una crisis epiléptica. Los médicos descubrieron que estaba provocada por una malformación en su cerebro. Tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. "Antes de la primera operación pregunté: ¿Cuáles son los riesgos?. Me contestaron: Morir o quedar afásica, no poder hablar". Decidió arriesgarse y vivir. Le operaron tres veces. Las dos primeras fueron bien y a la tercera sufrió un ictus. Pasó toda una tarde entre la vida y la muerte.

Una enfermera le preguntó a Roberto, su marido, tras la fatídica operación que si tenían hijos. "Tranquilo. Entonces, ella despertará". Finalmente despertó, pero sin poder hablar ni escribir. "No me acuerdo de cómo desperté ni de cuáles fueron mis primeras 'palabras'. Me acuerdo de abrazar a Roberto y llorar. Salí de la operación sin movilidad en el lado derecho del cuerpo". Y pensó para sus adentros piensa: "Al final era verdad que habría sido mejor ser zurda".

Varias semanas postrada en la cama del hospital le dieron que pensar, ya que verbalizar no podía. "Odio lo que me ha pasado, odio mi vida, estoy jodida, y los días pasan y sigo igual de mal". Tras pasar semanas en el hospital, pasó una larga estancia en el Institut Guttman, un hospital especializado en neurorehabilitación. Odiaba las visitas de sus amigos que luego volvían a sus vidas 'normales' llenas de obligaciones. "Cuando estamos bien nos da pereza ir a trabajar el lunes. Siempre decimos: lo que daría por estar siempre de vacaciones. El problema es que ahora tengo este día, hoy, y también mañana y pasado y el otro y todos los de mi vida. Y eso da vértigo".

Olivia trabajaba como montadora contando historias en televisión (de hecho su nombre, viene de una telenovela que veía su madre), pero esta es una muy distinta porque es la historia de su propia vida. Aunque perdió la capacidad de escribir, fue capaz de contar su experiencia en su libro: No sabes lo que me cuesta escribir esto, editado por Blackie Books. Un proceso agotador que le ha llevado años. Pero también un relato sincero y sin adornos donde refleja sus miedos más profundos con dosis de humor negro e ironía.

"Antes de empezar a leer este libro tienes que saber una cosa: es el libro más difícil de escribir que habrás leído jamás. Porque quien lo escribe no sabe escribir", estas son las primeras líneas del relato. Para una persona con afasia cuando está a mitad de una frase ya se le ha olvidado lo que quería decir. Los seres humanos cuando descubrimos algo nuevo, lo primero que hacemos es ponerle un nombre para referirnos a ello. El cerebro de Olivia no, pues todas esas palabras se esfumaron de repente. Le cuesta mucho recordar títulos de películas y libros, gente que ha conocido recientemente, etc. "Me cuesta recordarlo porque está conectado con el lenguaje. Sé que una silla es una silla porque visualizo la silla en mi cabeza".

Nada más despertar de aquella tercera operación pidió tres deseos por señas: una moto, viajar a Islandia y una casa en el Empordà (Girona). Ahora ha aprendido a vivir sin listas de deseos. "No quiero tener obligaciones ni para hacer lo que me dice la lista. Tienes que aprender a vivir y no a obligarte a nada, sino dejan de ser deseos y pasan a ser obligaciones". Por aquel entonces, consiguió viajar a Islandia con Roberto y sus niños Martina, de 14 años, y Leo de 9. Lo de la moto ni hablar, sigue yendo de paquete.

"Al tigre solo le pido que vivamos juntos en paz o que me mate del todo. Pero, por favor, que no me muerda y me deje más lesiones". El tigre fue la metáfora del primer médico que la visitó. Le contó que en su cerebro había un tigre durmiendo y que se había despertado. El tigre todavía sigue ahí y su cabeza podría volver a petar en cualquier momento, pero ahora ha aprendido a vivir con él. No queda otra. Olivia estuvo a punto de morir, de hecho pensaba que se estaba muriendo en el hospital. "Ahora la muerte me da igual, pero lo que no quiero es que sea larga".

El silencio le apretó demasiado: a fuerza de estar muda, se dio cuenta de cuánto necesitaba las palabras. En su libro cuenta que cuando una persona sufre afasia lo hace en silencio y te cierras en ti misma. El círculo de amigos se convierte más pequeño y te alejas de los tuyos. "Una soledad desconocida sobre la enfermedad porque todo el mundo te ve pero nadie sabe lo que te pasa ". Y añade: "Es mejor intentar decir estoy bien. Y sonreír. Sonreír es mentir. Y mentir me duele menos que recordar cada día la verdad".

Su aprendizaje no terminará nunca. Hablar con cierta fluidez le supone un esfuerzo y necesita recuperarse. Las palabras tardan en aparecer en su mente. Para ella, no es un proceso automático. "Ahora estoy bien, pero antes era mucho más rápida, con recursos e inteligente, y desde entonces me siento un poco tonta". Su logopeda siempre le decía "Tú eres afásica, pero no tonta". Y añade mientras se ríe: "También es verdad que, a veces, me hago la tonta". Olivia puede hablar con "cierta fluidez", pero no puede tener una conversación sobre Kant, cuenta con humor para 'La Vanguardia'. El lenguaje limita su mundo hasta con las conversaciones y preguntas más básicas, pero: "Hay un lenguaje secreto, que no necesita diccionarios ni normas gramaticales, con el que tus hijos te entienden. Los quiero más allá de lo que pueda decirles".

Con el paso de los años, Olivia no ha aprendido nada de la enfermedad. "¿Qué voy a aprender? ¿Que hay que vivir cada minuto porque la vida se esfuma? Para aprender eso no necesitas la enfermedad. Para ser mejor persona no necesitas la enfermedad". Morir ya no le da miedo. "A veces me preguntan: ¿Cómo puedes seguir adelante con todo lo que te ha pasado? Bien, no es una elección. No soy una heroína, solo hago lo que puedo".

Olivia asume sus miedos y sus dificultades. Tampoco entiende ni comprende la presión que ejerce la sociedad sobre un enfermo cuando le dicen eso de "si quieres, puedes". "Si tú estás enfermo es como decir a la persona que es culpable de su enfermedad porque no hace lo suficiente para estar bien". Y se sincera: "Ahora pido abrazar. Hay mucha soledad y gente que necesita abrazos ". Antes apenas lo hacía, excepto a su entorno más cercano. Cuenta que hay un vecino al que le dijo esto y ahora siempre que la ve le abraza.

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Olivia Rueda: "El ictus me dejó sin habla y sin poder escribir"

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"Desperté sin poder expresarme con palabras, y tuve que aprender a hablar y a escribir de nuevo. Hablar es muy difícil. Explicar por qué no puedes hacerlo lo es todavía aún más". Esta es la historia de Olivia Rueda y la de al menos 420.000 personas más que sufren afasia, un trastorno en la comunicación provocado por una lesión cerebral (normalmente un ictus).

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Las personas con diversidad funcional somos una minoría social discriminada desde la antigüedad, incluso dentro de otros colectivos discriminados, que también han olvidado incluir en su lucha a sus propios miembros con diversidad funcional.

Las personas con diversidad funcional somos etiquetadas con términos que nos remiten a una mirada patológica (enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc). Terminología propia de la visión de un paradigma médico que presenta a la persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y ajustar a utópicos patrones de “normalidad”. Las palabras utilizadas para denominar a las personas con diversidad funcional son fundamentales en el refuerzo de la valoración negativa y en el mantenimiento de la opresión, discriminación y segregación.

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Las personas con diversidad funcional somos una minoría social discriminada desde la antigüedad, incluso dentro de otros colectivos discriminados, que también han olvidado incluir en su lucha a sus propios miembros con diversidad funcional.

Las personas con diversidad funcional somos etiquetadas con términos que nos remiten a una mirada patológica (enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc). Terminología propia de la visión de un paradigma médico que presenta a la persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y ajustar a utópicos patrones de "normalidad". Las palabras utilizadas para denominar a las personas con diversidad funcional son fundamentales en el refuerzo de la valoración negativa y en el mantenimiento de la opresión, discriminación y segregación.

Desde el activismo de derechos humanos del Foro de Vida Independiente se ha propuesto el concepto de "diversidad funcional" para sustituir otros con connotaciones consideradas peyorativas, como "discapacidad", "minusvalía", "invalidez", etc. Y a partir de dicho concepto podemos hablar de "personas discriminadas por su diversidad funcional", una expresión que claramente contradice el principio de economía del lenguaje pero que ha demostrado gran utilidad como instrumento de empoderamiento.

Conscientes de que el lenguaje utilizado cotidianamente, con aparente inocencia, perpetúa la ideología y los valores dominantes en la sociedad, rotundamente negativos en el caso de nuestro colectivo, esta nueva expresión tiene un carácter contrahegemónico y pretende igualar en derechos a las personas con diversidad funcional en la sociedad. No se trata de crear etiquetas más o menos correctas o afortunadas, se trata de establecer un desacuerdo desde donde hablar y actuar demandando el reconocimiento y el ejercicio de la libertad.

La representación de las personas con diversidad funcional mediante imágenes y relatos adversos tiene profundas consecuencias en las vidas reales. Por ejemplo:

Falta de modelos de inclusión adecuados para las personas con diversidad.

Refuerzo continuado de estereotipos negativos que se aplican a la comunidad de personas con diversidad de forma generalizada.

Centrar la atención en logros, conquistas o hazañas sobre la insuficiencia, significando que las personas con diversidad no pueden ser quienes son sin esforzarse en superar su circunstancia (porno inspiracional).

La distancia entre las realidades estereotipadas de las personas con diversidad y la comunidad aumenta el prejuicio y la brecha entre ambas.

Las organizaciones de diversidad funcional aparentan moverse lentamente hacia el modelo de Derechos, desde donde las personas diversas pueden acceder al poder, emanciparse y realizarse. Las entidades orientadas a manejar un lenguaje de derechos e inclusión en la sociedad han de centrar sus esfuerzos de forma clara y contundente en como la sociedad tiene que transformarse, en lugar de mantener discursos cosméticos adversos e insistir en transformar (¿o normalizar?) a la persona diversa.

Si hemos de señalar algunas críticas a las organizaciones más conservadoras del "sector de la discapacidad", en general, apuntarían a:

Que organizaciones basadas en modelos tradicionales de dependencia, de apariencia benéfica, contribuyen a la segregación de las personas diversas.

Influyentes entidades acomodadas en la gestión de la dependencia y la discapacidad refuerzan los estereotipos negativos de las personas diversas, en particular mediante la publicidad y el marketing (porno caridad).

Que las organizaciones benéficas mismas se benefician más que las personas que dicen estar ayudando, y que como parte de este proceso reciben una imagen positiva, mientras que las personas diversas son retratadas como menos valiosas y necesitadas (porno caridad).

Que la beneficencia discapacitante está vinculada estrechamente al modelo médico centrado en la deficiencia en lugar de la persona y los derechos humanos, reiterando que la persona diversa es "defectuosa" para la sociedad.

Más allá de los problemas resaltados, que cada día a día atribulan y achican las vidas de adultos con diversidad, esto presenta un inconveniente particularmente grave para los padres y los adolescentes que adquieren en esos relatos conservadores algunos de sus propios conocimientos sobre el papel de las personas con diversidad funcional en el mundo, al prescribirles un territorio de dominación.

Las personas con diversidad funcional tienen que estar presentes con dignidad y en su propia diversidad, además de mezclados en los espacios y situaciones comunes a todas las personas, en los relatos difundidos y publicados por las instituciones públicas y organizaciones sociales y por los medios de comunicación, libres de atributos y distintivos provenientes de las creencias en formas de superioridad inherente de unas personas que tienen el derecho a dominar.

Seamos claros, se trata de elegir entre mantener la dominación de los invisibles, los dependientes, los sin parte, o poner los esfuerzos en visibilizar, mezclarnos, a las personas diversas como ciudadanas y ciudadanos libres e iguales, formando parte de la experiencia humana corriente, común. Tenemos un conflicto entre justicia y relato. Elijan (¿pueden?).

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Las personas con diversidad funcional somos una minoría social discriminada desde la antigüedad, incluso dentro de otros colectivos discriminados, que también han olvidado incluir en su lucha a sus propios miembros con diversidad funcional. Las personas con diversidad funcional somos etiquetadas con términos que nos remiten a una mirada patológica (enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc).

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Convocatoria para la concesión de subvenciones directas para personas con diversidad funcional destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante 2019.

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Convocatoria para la concesión de subvenciones directas para personas con diversidad funcional destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante 2019.

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Objeto del trámite:
Solicitar o renunciar a la concesión de las ayudas directas directas destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante 2019.
Interesados/Solicitantes
Personas que presentan alguna diversidad funcional.
Plazo de presentación

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

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Los criterios con los que en la actualidad se determina el grado de discapacidad "se han quedado anticuados", pues es preciso "migrar de un enfoque médico y etológico, en el que hay una enfermedad que genera una situación discapacitante, a un enfoque social", donde se evalúan las carencias en función de las interacciones de cada persona con su entorno y se le prestan los apoyos personalizados. Consideramos que tenemos que evolucionar hacia un nuevo enfoque social a la hora de valorar la discapacidad.

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La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha instado a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcero, a que se "renueve el baremo de valoración de la diversidad funcional para poder agilizar la valoración de la discapacidad de las personas que la solicitan", ya que el actual " está obsoleto y que no tiene en cuenta las nuevas realidades".

Oltra ha participado en la reunión del consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, que ha estado presidido por la Reina Letizia y ha contado con la participación de la ministra y representantes de todas las comunidades autónomas y entidades del sector.

La vicepresidenta ha recordado que, hace más de un año, "se decidió que había que actualizar el baremo, pero en estos momentos los trabajos están muy parados ", por lo que ha urgido a la ministra a que se acelere la aprobación de un nuevo sistema de baremación los más pronto posible.

En este sentido, ha recordado que el actual baremo para el reconocimiento, declaración y clasificación del grado de discapacidad se aprobó a través del Real Decreto 1971/1999, hace 10 años. Hace un año, en febrero de 2018, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia dio luz verde a la aprobación del nuevo baremo de valoración tras tres años de reuniones con representantes de comunidades autónomas junto con el Imserso para actualizar el decreto de 1999.

En noviembre de 2018, el Consejo Territorial se reunió para estudiar las alegaciones presentadas y se decidió paralizar el proceso de actualización, hasta la actualidad.

Por otra parte, Oltra ha también ha trasladado a la ministra "la necesidad del refuerzo de la figura del asistente personal, que favorece sobre todo la autonomía de las personas con discapacidad" y ha abogado por "primar esta figura frente a otro tipo de recursos. Es una cuestión fundamental para favorecer la autonomía de las personas frente a la dependencia", ha puntualizado.

En este sentido, ha destacado que autonomías como la valenciana "estamos apostando por esta figura, que está dotada con una prestación de 2.350 euros, y solo recibimos del Estado una tercer parte de esta ayuda".

"Por ello, queremos que la Administración General del Estado haga un mayor esfuerzo para reforzar esta figura y ayudar a las comunidades autónomas que estamos apostando por la autonomía de las personas con diversidad funcional", ha añadido.

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Oltra insta a Sanidad a actualizar el baremo de valoración de la diversidad funcional

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La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha instado a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcero, a que se "renueve el baremo de valoración de la diversidad funcional para poder agilizar la valoración de la discapacidad de las personas que la solicitan", ya que el actual " está obsoleto y que no tiene en cuenta las nuevas realidades".

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Es importante respetar siempre los gustos de las personas, pero en cuanto a la alimentación como todas en general no pueden faltar la inclusión de verduras, carnes blancas, frutas, entre otros., podemos camuflarlos a través de purés o cremas, por ejemplo. Siempre debemos indicarles que están comiendo, así estimularemos su proceso alimenticio.

Hay que tener en cuenta las capacidades de las personas con diversidad funcional ya que pueden tener inconveniente al masticar y luego al tragar, por lo que la alimentación debe estar ajustada a estos problemas.  El entorno y los utensilios que se utilicen es vital y debe estar preparado para poder brindarles un momento placentero.
Reglas para una alimentación adecuada:

Tomar gran variedad de alimentos, pero en poca cantidad.

Comer despacio y masticar bien.

Evitar exceso de grasas de origen animal.

Consumir grasas insaturadas (aceite de oliva, omega 3)

Tomar leche semidesnatada o desnatada suplementada con vitaminas A, D, E.

Moderar el consumo de azúcar y usar poca sal.

Aumentar el consumo de fibra: frutas, verduras, cereales y legumbres.

Limitar el consumo de azucares, dulces y bollería.

Mantener una ingesta adecuada de calcio, vitamina D, pasear y tomar el sol a horas adecuadas y si el estado de salud lo permite.

El agua ha de ser la bebida por excelencia, beber a intervalos regulares, aunque no se tenga sed.

Moderar el consumo de sustancias excitantes como café, té, coca-cola, etc.

Evitar el consumo de alcohol.

Prevenir o reducir el sobrepeso.

Realizar ejercicio físico, siempre que sea posible.

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Su cesta de la compra esta vacía

Blog " La alimentación en personas con discapacidad

La alimentación en personas con discapacidad

Hablar de alimentación en personas con discapacidad puede llegar a ser muy complejo puesto que dependiendo de sus capacidad podrá comer un alimento u otro. Pero sin duda es de vital importancia que esta sea óptima para incluso mejorar su condición. Para ello un nutricionista debe determinar desde la cantidad correcta y el número de veces al día, así como los tipos de alimentos según las horas y los medicamentos que este consuma.

Aunque es importante respetar también lo que les gusta o no a las personas con discapacidad, puede resultar muy complicado establecer una dieta rígida para que estos la consuman con agrado. Lo más importante es hacerles probar con paciencia la gama de productos que pueden comer para saber preparárselas. Y para ello existen varias pautas que forman parte del ritual antes y después de alimentarlos que es necesario dominar.

Uno de los aspectos básicos en la nutrición, después de suprimir los alimentos que definitivamente no puede ser incluido en la alimentación de una persona con discapacidad, es necesario comprender que según el grado de su padecimiento o condición, cada ingesta debe suministrase despacio y de forma espaciada, para brindar el tiempo que el paciente requiera para masticar y tragar bien. Obligarlos a comer puede ser contraproducente.

Identificar, adecuar y enseñar serán clave

Aunque se dijo que es importante respetar los gustos de la persona con discapacidad en cuanto a su alimentación, la dieta no puede saltarse la inclusión de verduras, carnes blancas, frutas, entre otros. Pero si por alguna razón estos son necesarios dentro de la dieta pueden ser camuflados en forma de puré o cremas. Lo importante es no dejar de suministrárselos. Existen cientos de recetas y formulas para que la ingesta sea un momento agradable y de buen gusto al paladar.

Por lo general, las personas con discapacidad llegan a tener algún tipo de inconveniente al masticar y luego al tragar, por lo que la alimentación debe estar ajustada a estos problemas. Esto debe ser identificado por un profesional de la salud y su nutricionista, de esta manera las recetas estarán adecuadas a que su proceso sea más llevadero y responda bien a cada momento de comer.

Por último y lo más importante es comunicar bien a las personas o pacientes con discapacidad sobre lo que están comiendo, esto estimula mucho mas el proceso alimenticio y puede tener respuestas positivas ante ellos. El entorno y los utensilios que se utilicen es vital y debe estar preparado para poder brindarles un momento placentero y como en un restaurant también resulte toda una experiencia agradable y amena.

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La alimentación en personas con discapacidad

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Su cesta de la compra esta vacía Blog " La alimentación en personas con discapacidad La alimentación en personas con discapacidad Hablar de alimentación en personas con discapacidad puede llegar a ser muy complejo puesto que dependiendo de sus capacidad podrá comer un alimento u otro.

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Respuesta Grupo Familias: ¿Qué gasto público supone atender  a las personas con diversidad funcional? ¿Y a las personas con ninguna diversidad?

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Respuesta Grupo Familias: ¿Qué gasto público supone atender  a las personas con diversidad funcional? ¿Y a las personas con ninguna diversidad?

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Respuesta al Grupo de Relaciones Afectivas y Sexuales: diferencias que hay a la hora de tener un hijo entre personas con y sin diversidad funcional, ¿qué opináis?

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Respuesta al Grupo de Relaciones Afectivas y Sexuales: diferencias que hay a la hora de tener un hijo entre personas con y sin diversidad funcional, ¿qué opináis?

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https://www.youtube.com/watch?v=2dFtnHWbBIw

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DIVER-DEPORTE RESPUESTA:  ¿Sabríais decirnos algún ejemplo de estos programas que se llevan a cabo, o que se realizan en ellos? 

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DIVER-DEPORTE RESPUESTA:  ¿Sabríais decirnos algún ejemplo de estos programas que se llevan a cabo, o que se realizan en ellos? 

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Hola compañeras, atendiendo a vuestra pregunta sobre programas que se llevan a cabo en relación a la salud, os ofrecemos la siguiente información.
Desde Centros para el control y la prevención de enfermedades, se lanzan unas estrategias de inclusión. Una de ellas en relación a la salud tiene que ver con Tecnología de Asistencia. Esta consiste en  el conjunto de dispositivos o equipos que se pueden utilizar para ayudar a que una persona con una discapacidad participe plenamente en las actividades de la vida diaria. La tecnología de asistencia puede ayudar a mejorar la independencia funcional y facilitar las tareas cotidianas mediante el uso de dispositivos que ayudan a una persona a viajar, comunicarse con los demás, aprender, trabajar y participar en actividades sociales y recreativas. Ejemplos de esta tecnología pueden ser desde cualquier objeto sencillo, como una lupa, hasta un dispositivo de alta tecnología, como un computador que habla y ayuda a alguien a comunicarse. También pueden ser sillas de ruedas, andaderas y escúteres (scooters) que ayudan a movilizarse y pueden ser utilizados por personas con discapacidades físicas. Los teléfonos inteligentes han expandido significativamente la disponibilidad de la tecnología de asistencia para las personas con dificultades de visión o audición, o que tengan problemas con la comunicación eficaz de sus pensamientos debido a limitaciones mentales o físicas.
Por otro lado, existen los Centros de Recuperación

de personas con discapacidad física (CRMF). Estos son establecimientos que disponen de un conjunto idóneo de instalaciones y profesionales para facilitar la integración socio-laboral de aquellas personas que por accidente, enfermedad, causas congénitas o adquiridas, tienen una discapacidad física y/o sensorial que les impide recibir una atención recuperadora en centros ordinarios.
Pueden acudir a ellos personas con discapacidad de cualquier punto de España.

Estos son algunos ejemplos que hemos podido encontar. Esparamos que os sirva.
¡Un abrazo!

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RESPUESTA, un rincón educativo para la diversidad. ¿En qué creéis que se debería mejorar desde el ámbito del trabajo social hospitalario respecto a los pacientes con diversidad funcional?

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RESPUESTA, un rincón educativo para la diversidad. ¿En qué creéis que se debería mejorar desde el ámbito del trabajo social hospitalario respecto a los pacientes con diversidad funcional?

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Desde el ámbito hospitalario podrían mejorarse diversas cuestiones, una de las más importantes es el problema del factor tiempo, es esencial adaptar las agendas y citas de los Trabajadores Sociales para  asegurar un tiempo mínimo necesario y de la calidad para la asistencia de las personas con diversidad funcional (20-30 minutos por persona).
Sería interesante desde el campo del Trabajo Social llevar a cabo un programa de formación dirigido a los profesionales que garantice una adecuada atención a las personas con diversidad funcional.

Es muy importante que el trabajador social se muestre en relación de ayuda, comunicativo y con una escucha activa.

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¿Que dicen las leyes y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en el ámbito de la salud?

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¿Que dicen las leyes y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en el ámbito de la salud?

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Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las personas con discapacidad :

En el Preámbulo v dice que se reconoce la prioridad de la accesibilidad al entorno de la salud y otros que menciona dicho apartado, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En el artículo 16.4. comenta que los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que se sean victimas de cualquier explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de la protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y edad.

En el artículo 22.1, desarrolla que los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

En el artículo 25 los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Como por ejemplo,  Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población. Y otras medidas que se desarrollan en dicho convenio.

En el artículo 26.1.  los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud y otros que desarrolla el artículo.

En el artículo 27.1.a.  hablan de prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables.

Y por último, en el artículo 27.1.b,   proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos.

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Real Decreto Legislativo 1/2013, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

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Real Decreto Legislativo 1/2013, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

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En el artículo 7.3. habla de que las Administraciones pública protegerán a las personas con discapacidad tanto en materia de salud y de otros asuntos que nombra dicho artículo.

En el artículo 10.1. comenta que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud incluida la prevención d la enfermedad y la protección así como la promoción y recuperación de la salud, sin discriminación por tener discapacidad, dándole importancia a la salud mental, sexual y reproductiva.

En el artículo 10.3. desarrolla que las administraciones públicas harán las actuaciones necesarias para la coordinación de la atención de carácter social y sanitario, dirigida a personas que por problemas de salud relacionados a su discapacidad necesitan de ambos sistemas de atención, y promoverán las medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud, igual que el resto de la ciudadanía.

En el artículo 11.1. la prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades constituye un derecho y deber de todo ciudadano/a y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y servicios sociales. Se atenderá a la persona con discapacidad dándoles un tratamiento diferenciado según las necesidades de cada persona.

En el artículo 11.3. los planes de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se le otorgará mayor importancia a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica (salud menta infanto-juvenil), asistencia geriátrica, así como a la seguridad y salud en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental.

En el artículo 13.4. dice que las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, mediante la coordinación de los recursos y servicios de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud y otros ámbitos con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas rurales como urbanas.

En el artículo 51.3. expone que los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal tiene como finalidad prevenir la aparición e intensificación de discapacidades y de sus consecuencias, mediante actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, apoyo en el entorno y programas específicos de carácter preventivo.

En el artículo 95.4.d. Son infracciones muy graves: generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.

En el artículo 102 en el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o psíquica o para la libertad de las personas con discapacidad, el órgano que tenga atribuida la competencia, en la materia que se trate, podrá acordar como medida cautelar, y por razones de urgencia inaplazables, el cierre temporal del centro o establecimiento o la suspensión del servicio, hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo

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Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 09/05/2023"

[Bloque 1: #preambulo]

Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos.

Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos.

El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero, en primer lugar, al legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las líneas generales de acción más adecuadas. Como ya se ha demostrado con anterioridad, es necesario que el marco normativo y las acciones públicas en materia de discapacidad intervengan en la organización social y en sus expresiones materiales o relacionales que con sus estructuras y actuaciones segregadoras postergan o apartan a las personas con discapacidad de la vida social ordinaria, todo ello con el objetivo último de que éstas puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos.

En este sentido, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para la época.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, participaba ya de la idea de que el amparo especial y las medidas de equiparación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad debía basarse en apoyos complementarios, ayudas técnicas y servicios especializados que les permitieran llevar una vida normal en su entorno. Estableció un sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, de accesibilidad y subsidios económicos, y una serie de principios que posteriormente se incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo.

Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, supuso un renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, centrándose especialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal.

La propia Ley 51/2003, de 2 de diciembre, preveía el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que se hizo realidad con la aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Asimismo, y aunque no es objeto de la tarea de refundición de esta norma, es necesario destacar en la configuración del marco legislativo de los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, lo que constituye un factor esencial para su inclusión social.

Finalmente, es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.

La labor de refundición, regularizando, aclarando y armonizando las tres leyes citadas, que es mandato de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, resulta necesaria dadas las modificaciones que han experimentado en estos años, así como el sustancial cambio del marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad. Esta tarea ha tenido como referente principal la mencionada Convención Internacional. Por ello, además de revisar los principios que informan la ley conforme a lo previsto en la Convención, en su estructura se dedica un título específico a determinados derechos de las personas con discapacidad. También se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones.

En la elaboración de este texto refundido han sido consultadas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y se ha sometido al informe previo y preceptivo del Consejo Nacional de la Discapacidad. Se ha dado audiencia a los sectores afectados y se ha sometido a informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos.

Esta norma se dicta en aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de noviembre de 2013,

DISPONGO:

[Bloque 5: #dfunica]

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

[Bloque 6: #firma]

Dado en Madrid, el 29 de noviembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

ANA MATO ADROVER

[Bloque 13: #a4]

Artículo 4. Titulares de los derechos.

1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Las disposiciones normativas de los poderes y las Administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes, cuando actúen en calidad de tales, utilizarán los términos "persona con discapacidad" o "personas con discapacidad" para denominarlas.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad.

5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

6. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 2.1 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5365

[Bloque 14: #a5]

Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, conforme a lo estipulado en la letra k) del artículo 2, se aplicarán, además de a los derechos regulados en el título I, en los ámbitos siguientes:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

c) Transportes.

d) Bienes y servicios a disposición del público.

e) Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.

f) Administración de justicia.

g) Participación en la vida pública y en los procesos electorales.

h) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico, siempre con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad.

i) Empleo.

Se modifica por el art. único.2 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 20: #a8]

Artículo 8. Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad.

1. La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá:

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

c) Recuperación profesional.

d) Rehabilitación y habilitación profesionales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica previstas en la letra a) del apartado anterior tendrán la extensión, duración y condiciones que se prevean reglamentariamente.

3. Las personas beneficiarias de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, continuarán con el derecho a la percepción de los mismos de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única.

[Bloque 25: #a12]

Artículo 12. Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad.

1. Los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad de cada ámbito sectorial deberán contar con la formación especializada correspondiente y serán competentes, en su ámbito territorial, para prestar una atención interdisciplinaria a cada persona con discapacidad que lo necesite, para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

2. Los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad son los órganos encargados de valorar y calificar las situaciones de discapacidad, para su reconocimiento oficial por el órgano administrativo competente.

3. Son funciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad:

a) Emitir un dictamen técnico normalizado sobre las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las barreras en la participación social, recogiendo las capacidades y habilidades para las que la persona necesita apoyos.

b) La orientación para la habilitación y rehabilitación, con pleno respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, proponiendo las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.

c) La valoración y calificación de la situación de discapacidad, determinando el tipo y grado de discapacidad en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente.

d) La valoración y calificación de la situación de discapacidad será revisable en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y calificación definitivas solo se realizará cuando la persona haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando la deficiencia sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para obtener determinados beneficios.

4. Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad responderán a criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público y en todo el territorio del Estado.

[Bloque 27: #a13]

Artículo 13. Atención integral.

1. Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.

2. Los programas de atención integral podrán comprender:

a) Habilitación o rehabilitación médico-funcional.

b) Atención, tratamiento y orientación psicológica.

c) Educación.

d) Apoyo para la actividad profesional.

3. Estos programas deberán comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona con discapacidad, así como de las oportunidades del entorno, considerando las adaptaciones o adecuaciones oportunas y los apoyos a la toma de decisiones y a la promoción de la autonomía personal.

4. Las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, mediante la coordinación de los recursos y servicios de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas rurales como urbanas.

[Bloque 29: #a15]

Artículo 15. Atención, tratamiento y orientación psicológica.

1. La atención, el tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las distintas fases del proceso interdisciplinar habilitador o rehabilitador e irán encaminadas a lograr de la persona con discapacidad la máxima autonomía y el pleno desarrollo de su personalidad, así como el apoyo a su entorno familiar más inmediato.

2. La atención, el tratamiento y orientación psicológica se basarán en las características personales de la persona con discapacidad, sus motivaciones e intereses así como los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y estarán dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades y su autonomía personal, teniendo en cuenta su proyecto singular de vida.

3. La atención, el tratamiento y la orientación psicológica formarán parte de los apoyos a la autonomía personal y deberán estar coordinados con el resto de los tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la detección de la deficiencia, o desde el momento en que se inicie un proceso patológico o concurra una circunstancia sobrevenida que pueda desembocar en una limitación en la actividad.

[Bloque 31: #a17]

Artículo 17. Apoyo para la actividad profesional.

1. Las personas con discapacidad en edad laboral tendrán derecho a beneficiarse de programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo.

2. Los procesos de apoyo para la actividad profesional comprenderán, entre otras, las siguientes prestaciones:

a) Los procesos de habilitación o rehabilitación médico-funcional.

b) La orientación profesional.

c) La formación, readaptación o recualificación profesional.

3. En los procesos de apoyo para la actividad profesional, la habilitación o rehabilitación médico-funcional, regulada en el artículo 14, comprenderá tanto el desarrollo de las capacidades como la utilización de productos y tecnologías de apoyo y dispositivos necesarios para el mejor desempeño de un puesto de trabajo en igualdad de condiciones con los demás.

4. La orientación profesional será prestada por los correspondientes servicios, teniendo en cuenta las capacidades reales de la persona con discapacidad, determinadas conforme a los informes de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. Asimismo se tomará en consideración la formación efectivamente recibida y por recibir, y las posibilidades de empleo existentes en cada caso, así como la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias profesionales. Comprenderá asimismo los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

5. La formación, readaptación o recualificación profesional que podrá comprender en su caso, una preformación general básica, promoverá la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo y se impartirá de acuerdo con el itinerario personal y la orientación profesional prestada con anterioridad, conforme a la decisión tomada por la persona con discapacidad, y siguiendo los criterios establecidos en el artículo 15.

6. Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los centros de formación dedicados a ello, en las empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje, cuyo contenido básico se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y sus normas de desarrollo.

7. Los procesos de apoyo para la actividad profesional a que se refiere este artículo podrán ser complementados, en su caso, con otras medidas adicionales que faciliten al beneficiario el logro del máximo nivel de desarrollo personal y favorezcan su plena inclusión y participación en la vida social.

Se modifica el apartado 6 por el art. único.7.1 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 38: #s1]

Sección 1.ª Disposiciones generales

[Bloque 40: #a23]

Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad.

Toda referencia a accesibilidad y a accesibilidad universal en esta ley, se entiende que incluye la accesibilidad cognitiva, conforme a lo estipulado en la letra k) del artículo 2.

Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones impuestas, y abarcará todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el artículo 5.

2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades. Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:

a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.

b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.

c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables.

e) Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.

f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

3. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta los diferentes tipos y grados de discapacidad que deberán orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la ley.

Se modifican los apartados 1 y 2.c) por el art. único.3 y 4 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 46: #a29]

Artículo 29. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su discapacidad.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados, proporcionados y necesarios.

4. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los bienes y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.2.

5. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal.

[Bloque 47: #a2-2]

Artículo 29 bis. Condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

1. Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos.

2. Estas condiciones básicas, que serán objeto de desarrollo normativo específico, se extenderán a todos los ámbitos a los que se refiere el artículo 5 de esta ley, por resultar precisas para promover el desarrollo humano y la máxima autonomía individual de todas las personas.

3. Estas condiciones básicas serán exigibles en los plazos y términos que se establezcan reglamentariamente.

4. Estas condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, quedan encuadradas en el marco de la accesibilidad universal, conforme a lo estipulado en la letra k) del artículo 2 de esta ley.

Se añade por el art. único.5 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

Texto añadido, publicado el 01/04/2022, en vigor a partir del 02/04/2022.

[Bloque 48: #s2]

Sección 2.ª Medidas de acción positiva

[Bloque 55: #s1-2]

Sección 1.ª Disposiciones generales

[Bloque 56: #a35]

Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, a los efectos del presente capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. La garantía y efectividad de los derechos a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con discapacidad se regirá por lo establecido en este capítulo y en su normativa específica en el acceso al empleo, así como en el acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y de despido, en la promoción profesional, la formación profesional ocupacional y continua, la formación para el empleo, y en la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y empresariales o la incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta.

3. Existirá discriminación directa cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad.

4. Existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta y de acuerdo con el artículo 40, para eliminar las desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión.

5. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo.

6. El acoso por razón de discapacidad, en los términos definidos en la letra f) del artículo 2, se considera en todo caso acto discriminatorio.

7. Se considerará igualmente discriminación toda orden de discriminar a personas por motivo o por razón de su discapacidad.

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5365

[Bloque 58: #a37]

Artículo 37. Tipos de empleo de las personas con discapacidad.

1. Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

2. Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo:

a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.

b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales.

c) Empleo autónomo.

3. El acceso al empleo público se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora de la materia.

[Bloque 59: #a38]

Artículo 38. Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral.

1. Corresponde a los servicios públicos de empleo, bien directamente o bien a través de entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación debidamente autorizadas, la orientación y colocación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad que se encuentren en situación de búsqueda de empleo.

2. A los efectos de aplicación de beneficios que esta ley y sus normas de desarrollo reconozcan tanto a las personas trabajadoras con discapacidad como a las empresas que los empleen, se incluirá en el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo con el consentimiento previo de dichas personas trabajadoras una referencia a su tipo y grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

3. Para garantizar la eficaz aplicación de lo dispuesto en los dos apartados anteriores y lograr la adecuación entre las condiciones personales de la persona con discapacidad y las características del puesto de trabajo, se establecerá, reglamentariamente, la coordinación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación debidamente autorizadas y los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad previstos en esta ley.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 2.3 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5365

[Bloque 61: #s2-2]

Sección 2.ª Empleo ordinario

[Bloque 64: #a42]

Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.

2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.7.1 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 65: #s3]

Sección 3.ª Empleo protegido

[Bloque 66: #a43]

Artículo 43. Centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.

2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.

3. La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y se rige por su normativa específica.

4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.

Se modifica el apartado 3 por el art. único.7.1 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

Se añade el apartado 4, con efectos de 9 de marzo de 2018, por la disposición final 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Ref. BOE-A-2017-12902

[Bloque 70: #s4]

Sección 4.ª Empleo autónomo

[Bloque 76: #a51]

Artículo 51. Clases de servicios sociales.

1. El servicio de apoyo familiar tendrá como objetivo la orientación e información a las familias, el apoyo emocional, su capacitación y formación para atender a la estimulación, maduración y desarrollo físico, psíquico e intelectual de los niños y niñas con discapacidad, y a las personas con discapacidad y para la adecuación del entorno familiar y próximo a las necesidades de todos ellos.

2. Los servicios de orientación e información deben facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.

3. Los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal tienen como finalidad prevenir la aparición o la intensificación de discapacidades y de sus consecuencias, mediante actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, apoyo en el entorno y programas específicos de carácter preventivo.

4. Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación habilitadora o rehabilitadora tal y como ya dispone el artículo 14, todo ello sólo para aquellas personas con discapacidad cuyas situaciones lo requieran.

5. Los servicios de vivienda, ya sean servicios de atención residencial, viviendas tuteladas, u otros alojamientos de apoyo para la inclusión, tienen como objetivo promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad a través de la convivencia, así como favorecer su inclusión social.

Asimismo, deberán atender a las necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, como en los casos en que carezcan de hogar o familia, o cuando existan graves problemas para garantizar una adecuada convivencia familiar.

6. Los servicios de centro de día y de noche ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias.

7. Los servicios de residencias, centros de día y de noche, y viviendas tuteladas podrán ser promovidos por las administraciones públicas, por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas. En la promoción de residencias, centros de día y viviendas tuteladas, realizados por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas, éstas gozarán de la protección prioritaria por parte de las administraciones públicas.

La planificación de estos servicios atenderá a la proximidad al entorno en el que desarrollan su vida las personas con discapacidad.

8. Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Sólo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran, podrá establecerse, de forma subsidiaria o complementaria, servicios y actividades específicas.

9. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en esta ley, cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo hicieran necesario, la persona con discapacidad tendrá derecho a residir o ser atendida en un establecimiento especializado.

[Bloque 84: #s1-3]

Sección 1.ª Disposiciones generales

[Bloque 88: #s2-3]

Sección 2.ª Del personal de los distintos servicios de atención a las personas con discapacidad

[Bloque 102: #s1-4]

Sección 1.ª Medidas de fomento

[Bloque 106: #a73]

Artículo 73. Observatorio Estatal de la Discapacidad.

1. Se considera al Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.

2. Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España elaborado de acuerdo con datos estadísticos recopilados, con especial atención al género, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate.

3. El Observatorio Estatal de la Discapacidad se configura asimismo como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

4. El cumplimiento de las funciones dirigidas al desarrollo de los objetivos generales del Observatorio Estatal de la Discapacidad no supondrá incremento del gasto público.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.8.1 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 107: #s2-4]

Sección 2.ª Medidas de defensa

[Bloque 116: #s1-5]

Sección 1.ª Infracciones

[Bloque 118: #a81]

Artículo 81. Infracciones.

1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves.

2. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones leves, las conductas que incurran en cualquier incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales de lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

3. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones graves:

a) Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

b) El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable, a que se refiere el artículo 66 así como en sus normas de desarrollo.

c) El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley.

d) Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal.

4. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del artículo 66 y en sus normas de desarrollo.

b) El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, y en sus normas de desarrollo.

c) Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta ley, y en sus normas de desarrollo.

[Bloque 120: #s2-5]

Sección 2.ª Sanciones

[Bloque 127: #s3-2]

Sección 3.ª Garantías del régimen sancionador

[Bloque 128: #a89]

Artículo 89. Legitimación.

1. Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran, tendrán la consideración de interesados en estos procedimientos en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Contra el acuerdo de archivo de las actuaciones o la resolución desestimatoria, expresa o tácita, de la denuncia o puesta en conocimiento de la administración de posibles infracciones previstas en esta ley o en las que establezcan las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias, las organizaciones y asociaciones anteriormente referidas estarán legitimadas para interponer los recursos o, en su caso, las acciones que consideren procedentes como representantes de intereses sociales.

3. La legitimación activa que se otorga a las citadas organizaciones y asociaciones, en ningún caso supondrá trato preferente cuando sean denunciadas o se las considere presuntas infractoras por la administración competente.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.7.2 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 135: #s1-6]

Sección 1.ª Infracciones y sanciones

[Bloque 136: #a95]

Artículo 95. Infracciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82, se tipifican en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, las siguientes infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la sección 1.ª del capítulo V del Título I, y en el Título II así como en sus normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.

b) El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.

c) Obstaculizar la acción de los servicios de inspección.

3. Son infracciones graves:

a) Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

b) La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.

c) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades.

d) La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en los términos previstos en este Título.

e) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte, medios de comunicación y de los productos y servicios a disposición del público, así como los apoyos y medios asistenciales específicos para cada persona, que obstaculice o limite su acceso o utilización regulares por las personas con discapacidad.

f) La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable, en los términos establecidos en el artículo 66.

g) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en la disposición adicional tercera, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la implantación de las exigencias de accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

h) La coacción, amenaza, represalia ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia o participen en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.

i) Tendrá también la consideración de infracción grave la comisión, en el plazo de tres meses y por tres veces, de la misma infracción leve.

4. Son infracciones muy graves:

a) Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.

b) Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad.

c) Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público.

d) Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.

e) Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos, además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad severa o no posibilidad de representarse a sí mismo.

f) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de los entornos, productos y servicios a disposición del público que impida el libre acceso y utilización regulares por las personas con discapacidad.

g) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad que impida o dificulte gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el disfrute de libertades públicas por parte de las personas con discapacidad.

h) Tendrá también la consideración de infracción muy grave, la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año; así como las que reciban expresamente dicha calificación en las disposiciones normativas especiales aplicables en cada caso.

[Bloque 140: #s2-6]

Sección 2.ª Procedimiento sancionador

[Bloque 141: #a99]

Artículo 99. Normativa de aplicación.

Las infracciones y sanciones en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se regirán por lo dispuesto en el capítulo III, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en su normativa de desarrollo.

Se modifica por el art. único.6 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 147: #s3-3]

Sección 3.ª Órganos competentes

[Bloque 148: #a105]

Artículo 105. Autoridades competentes.

1. El órgano competente para iniciar el procedimiento será el órgano directivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad.

2. El ejercicio de los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución sancionadora, corresponde al órgano directivo con rango de Subdirección General a que correspondan las funciones de impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad, que elevará propuesta de resolución al órgano competente para imponer la sanción.

3. Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en el artículo 96:

a) El órgano con rango de Dirección General a que se hace referencia en el apartado 1, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.

b) La Secretaría de Estado de Derechos Sociales cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.

c) La persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros.

Se modifica por el art. único.8.2 de la Ley 6/2022, de 31 de marzo de 2022. Ref. BOE-A-2022-5140

[Bloque 160: #daduodecima]

Disposición adicional duodécima. Acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad.

Las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a la nacionalidad española. Será nula cualquier norma que provoque la discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad. En los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, las personas con discapacidad que lo precisen dispondrán de los apoyos y de los ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de esta garantía de igualdad.

Se añade por la disposición final 2 de la Ley 12/2015, de 24 de junio. Ref. BOE-A-2015-7045.

Texto añadido, publicado el 25/06/2015, en vigor a partir del 01/10/2015.

[Bloque 161: #da]

Disposición adicional decimotercera. No discriminación de personas con discapacidad en espectáculos públicos y actividades recreativas.

1. Las personas con discapacidad participarán en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas, comprendidos los taurinos, sin discriminaciones ni exclusiones que lesionen su derecho a ser incluidas plenamente en la comunidad.

2. Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.

3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán políticas, estrategias y acciones públicas, en cooperación con las organizaciones representativas de este sector social, para que las personas con discapacidad que laboralmente se han desempeñado en espectáculos y actividades a las que se refiere el apartado 2 de esta disposición puedan transitar e incorporarse a ocupaciones regulares.

Se añade por la disposición final 5 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo. Ref. BOE-A-2023-11022

Texto añadido, publicado el 09/05/2023, en vigor a partir del 10/05/2023.

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BOE-A-2013-12632 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

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BOE-A-2013-12632 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

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Cómo acompañar a las familias cuando conocen que su hijx tiene discapacidad.

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Cómo acompañar a las familias cuando conocen que su hijx tiene discapacidad.

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Queridas compañeras, algunas nos preguntáis si existe algún tipo de protocolo para informar a las familias la situación que acontece.
En este sentido, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se recoge el derecho que tiene el/la paciente y/o su familia de recibir la información clínica.
Bien es cierto, que no existe un protocolo único a la hora de transmitir a las familias y/o persona la situación, pero sí algunas obligaciones-indicaciones a la hora de hacerlo, pues la entrega de esta información constituye un gran desafío comunicacional, el cual se debe entender como un proceso que va mas allá de la información.
Lillo, S (2014) en su trabajo

El proceso de comunicar y acompañar a los padres y al paciente frente al diagnóstico de discapacidad, propone algunas ideas sobre cómo comunicar a las familias la discapacidad de su descendiente, considerando los aspectos relacionados con la persona que entrega la información, el momento, la forma y el contenido; las reacciones de las familias y su proceso de duelo, enfrentamiento y acomodación frente a esta nueva realidad y las necesidades de capacitación del equipo de salud para realizar adecuadamente esta tarea.

En él concluye que los conflictos emocionales que se producen son significativos e inevitables, sin embargo, un equipo de profesionales cohesionado y competente, que conozca y comprenda esta cascada de eventos e incorpore todos los conceptos mencionados, contribuirá a que estos procesos se vivan de una manera más sana y constructiva tanto para los afectados, como para el equipo de salud.
En resumen, sentimos comunicaros que no existe una fórmula única y exclusiva de informar, la cual sea la más adecuada, ya que existen numerosas formas de transmitir y recibir la información. Sí consideramos que a las familias se les debe de dar una solución inicial, no siendo estas quienes vayan de un lado a otro buscando respuestas.
Esperamos que os sea de utilidad esta información, además de recordaros que si queréis indagar más, podéis hacerlo en el artículo mencionado con anterioridad.
Os dejamos aquí el enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014700495

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Para vuestra pregunta, de si sabemos si existe algún tipo de procedimiento para comunicar a los/las familiares cuando un menor o una menor tienen algún tipo de diversidad funcional, os dejo un artículo interesante.
https://online.ucv.es/resolucion/familia-y-discapacidad/

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Respuesta Grupo EDIFU: ¿Cuáles son los porcentajes de personas con DF que estudian o trabajan cuando son mayores, y cuál el porcentaje de población con DF que necesita cuidados y asistencia y no los recibe?

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Respuesta Grupo EDIFU: ¿Cuáles son los porcentajes de personas con DF que estudian o trabajan cuando son mayores, y cuál el porcentaje de población con DF que necesita cuidados y asistencia y no los recibe?

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https://www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf

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 ¿Existe alguna ley que haga referencia a la obligación mínima de contratación de personas con algún tipo de diversidad funcional?

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 ¿Existe alguna ley que haga referencia a la obligación mínima de contratación de personas con algún tipo de diversidad funcional?

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LEY 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad.

Artículo 17.
Se modifica el punto 3 del artículo 25 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado como sigue:

En las ofertas de empleo público, la Generalitat reservará en las convocatorias anuales un cupo de plazas no inferior al 7 %
o a aquel porcentaje y sus cuotas específicas que se establezcan en la Ley de ordenación de la función pública valenciana, para ser cubiertas por personas con diversidad funcional o discapacidad, atendiendo a la definición legal de las mismas contenida en el artículo 4.2 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de modo que se alcance, como mínimo, el 2 % o porcentaje superior que establezca la normativa específica, de los efectivos totales de la administración pública valenciana.

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Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Generalitat dispone desde el año 2003 de un estatuto de las personas con discapacidad (Ley 11/2003, de 10 de abril) por el que se regulan las actuaciones de las administraciones públicas valencianas, dirigido a la atención y promoción del bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España posteriormente y en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

El mandato de la convención y el cambio de concepción global cristalizaron en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, cuya disposición final segunda emplazaba al legislador estatal a una labor de refundición, regularizando, aclarando y armonizando la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (originariamente, "minusválidos"), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Fruto de tal labor, se publicó en el "BOE" de 3 de diciembre de 2013 el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La convención de la ONU es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, es una apuesta por una sociedad inclusiva, en la que la diversidad ocupa un lugar central y no es sino consecuencia del nuevo enfoque de derechos, ya que este está irremediablemente unido a la inclusión. En ella se reafirma que todas las personas con los diferentes tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir ajustes y proporcionar apoyos para que puedan ejercer de forma efectiva sus derechos y los ámbitos en los que se han vulnerado esos derechos y debe reforzarse su protección.

Así pues, nos encontramos ante una ley valenciana que no recoge los postulados de la convención de la ONU y que, por tanto, requiere una adaptación, como, además, se han encargado de señalar desde la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana con discapacidad y sus familias (Cermi-CV).

Las enmiendas contenidas en este documento corrigen esta situación permitiendo adaptar y actualizar la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana, a los postulados de la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, y también incide en aspectos coincidentes ya reconocidos por normativa posterior. No se entra en otras cuestiones reguladas en el estatuto de las personas con discapacidad como aquellas referidas a centros y servicios, su tipología, organización, autorización, o en la regulación específica para actividades o prestaciones concretas, pues todo ello se encuentra previsto y dispuesto en la normativa preceptiva al efecto.

Respecto al título III, sí que se introduce la regulación de actuaciones que vulneran derechos de las personas con discapacidad y que requieren ser tipificadas como infracción y merecedoras de la correspondiente sanción.

En este sentido, cabe señalar el trabajo de expertos, como el catedrático de filosofía del derecho Rafael de Asís, quien no duda en señalar que la citada convención es un punto de inflexión en la historia de los derechos de las personas con discapacidad e incluso en la historia del tratamiento de la discapacidad. "Obviamente, todo lo que en ella se dispone y lo que representa se llevaba tiempo defendiendo en el plano filosófico y ético, pero está claro que la convención lo confirma y lo hace fuerte", afirma.

La convención de la ONU es un compromiso por una sociedad inclusiva en la que la diversidad ocupa un lugar central, se adapta al pluralismo y plantea un nuevo enfoque irremediablemente unido a la inclusión que es necesario trasladar al cuerpo legislativo valenciano. Así, la convención expresa la obligación de abordar la discapacidad desde el modelo social y desde un enfoque de derechos humanos, a partir de políticas y legislaciones surgidas del diálogo civil, acogiendo del modo más amplio la participación de la sociedad civil que articula y representa a esta parte de la ciudadanía, que se convierte en protagonista de la acción pública en la materia. Se trata de dos cuestiones que están estrechamente relacionadas e implicadas, un gran cambio en el tratamiento de la discapacidad que no puede ser llevado a cabo de manera automática, sino que exige un importante esfuerzo de concienciación y sensibilización.

No en vano, la convención dedica todo un artículo, el 8, a la toma de conciencia, señalando en su punto 1 que "los Estados parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida.

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad".

Por otra parte, el artículo 19 de la convención establece que "los Estados parte en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad".

A partir de ahí, la convención apuntala este modelo de sociedad en lo que son los cinco grandes pilares de una sociedad inclusiva: la participación política y social; la educación; el trabajo; la justicia, y la sanidad. Estos pilares son los abordados en esta proposición de ley.

Como consecuencia, la convención ejerce dos funciones fundamentales:

a) La lucha contra la discriminación, por la inclusión y la participación plena sin restricciones.

b) El reconocimiento de derechos.

En el caso del reconocimiento de los derechos, nos encontramos ante una función que enfatiza que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, pero que también concreta nuevos derechos que tienen que ver con los apoyos y ajustes razonables, así como con la lengua de signos.

En consecuencia, se trata no solo de reforzar el reconocimiento de derechos ya existentes sino de incorporar los nuevos derechos nacidos de la convención al texto legal vigente en la Comunitat Valenciana. Un texto legal (la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana) que necesita, sin duda, actualizarse, así como también incorporar una terminología semántica, utilizada con toda normalidad, como es la de diversidad funcional, que en esta proposición de ley se introduce atendiendo a una creciente sensibilidad social.

Por último, cabe señalar que esta proposición de ley nace atendiendo a una demanda sostenida y vigorosa trasladada por el Cermi-CV a todos los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes.

Artículo 1.

Se modifican, en todo el texto, a excepción del apartado III del preámbulo de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, los conceptos siguientes:

"Donde dice: "minusvalía", debe decir: "discapacidad".

Donde dice: "padecer/sufrir", debe decir: "tener/presentar".

Donde dice: "integración", debe decir: "inclusión" (excepto en el capítulo IV, donde "inclusión" se sustituirá por "inserción")."

Artículo 2.

Se añaden, al final del preámbulo, III, de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, párrafos nuevos:

"Asimismo, resulta imprescindible que este estatuto recoja las directrices de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

La convención supone la consagración del nuevo enfoque de derechos de las personas con discapacidad, erigiéndose en el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Y, así, representa un auténtico punto de inflexión en la historia de los derechos de las personas con discapacidad e incluso en la historia del tratamiento de la discapacidad, expresando, sin ambages, la obligación de los estados de abordar la discapacidad desde el modelo biopsicosocial y desde un enfoque de derechos humanos.

El mandato de la convención y dicho cambio de concepción global cristalizaron en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, cuya disposición final segunda emplazaba al legislador estatal a una labor de refundición, regularizando, aclarando y armonizando la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (originariamente, "minusválidos"), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Fruto de tal labor, se publicó en el "BOE" de 3 de diciembre de 2013, el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La convención de la ONU es una apuesta por una sociedad inclusiva, en la que la diversidad ocupa un lugar central y no es sino consecuencia del nuevo enfoque de derechos ya que este está irremediablemente unido a la inclusión."

Artículo 3.

Se modifica el artículo 1 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la manera siguiente:

"1. Constituye el objeto de la presente ley la regulación de la actuación de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, por medio de una acción coordinada, dirigida a la atención, promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales, el bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad, posibilitando su autonomía, habilitación, o en su caso, rehabilitación así como su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, con el fin de asegurar el derecho a la igualdad y dignidad reconocido por la Constitución española y demás derechos protegidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Todo ello en el marco específico previsto en el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, en la Ley de la Generalitat Valenciana por la que se regula el sistema de servicios sociales y la coordinación requerida por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y demás disposiciones de aplicación.

2. Será de aplicación a todas las actuaciones y servicios que, en el ámbito de las personas con discapacidad y dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, lleven a cabo la administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, así como las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, y las demás entidades públicas y privadas que colaboren con ellas.

3. Asimismo, se establece la ordenación y tipología de centros y servicios de acción social destinados a las personas con discapacidad y la fijación del correspondiente régimen de infracciones y sanciones."

Artículo 4.

Se modifica el artículo 2 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la forma siguiente:

"A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Personas con discapacidad o diversidad funcional, aquellas que por su diversidad física, mental, intelectual, cognitiva o sensorial, previsiblemente de carácter permanente, en la interacción con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3. Personas con diversidad funcional o discapacidad que presentan movilidad reducida: aquellas personas que, de forma permanente o temporal, tienen limitada la capacidad de movimiento. El reconocimiento se fijará a través de la aplicación del baremo que se establezca con carácter general para esta función.

4. Personas con diversidad funcional o discapacidad con necesidades de apoyo generalizado: aquellas personas que, como consecuencia de su discapacidad, necesitan atención o ayuda de otra u otras personas para hacer las actividades básicas de la vida diaria. La concurrencia de esta necesidad se entenderá acreditada cuando se obtenga cualquier grado de dependencia, de acuerdo con el baremo establecido con carácter general por la normativa estatal para este fin."

Artículo 5.

Se modifican el punto 1 y el apartado a del artículo 3 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan redactados de la manera que sigue:

"1. Serán titulares de los derechos:

a) Las personas con discapacidad o diversidad funcional y nacionalidad española que tengan o adquieran su vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana."

Artículo 6.

Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la manera siguiente:

"La administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas, adoptarán las medidas tendentes a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con diversidad funcional o discapacidad y velará por el respeto de su dignidad inherente rigiéndose en sus actuaciones, de acuerdo con la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, por los principios siguientes:

1. El respeto a la dignidad inherente y la libertad de tomar sus propias decisiones.

2. La autonomía individual y la promoción de la vida independiente, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia, con la asistencia personal necesaria para cada persona y situación.

3. La igualdad de trato y no discriminación.

4. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y el diálogo civil.

5. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.

6. La igualdad de oportunidades.

7. La accesibilidad universal.

8. La igualdad entre mujer y hombre, sin perjuicio del impulso de medidas de discriminación positiva para mujeres y niñas con discapacidad, sujetas a múltiples formas de discriminación.

9. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

10. La transversalidad de las políticas, programas y actuaciones impulsadas por la Generalitat en el ámbito social y económico.

11. La responsabilidad pública en la dotación de los medios y recursos necesarios para alcanzar la plena realización de los principios enumerados en el presente artículo."

Artículo 7.

Se modifica el artículo 6 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la forma siguiente:

"Las personas con diversidad funcional o discapacidad, en sus relaciones con la administración de la Generalitat o sus entidades autónomas y sus entidades de derecho público sujetas a derecho privado, gozarán de los derechos que les otorgan la presente ley y demás normas que les sean de aplicación, y, en especial, tendrán los siguientes derechos:

1. A igual protección legal y a beneficiarse de la ley sin discriminación alguna.

2. Al reconocimiento de su personalidad jurídica y capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.

3. Al acceso a la justicia en igualdad de condiciones y la garantía de sus derechos en todo tipo de procesos, especialmente en el ámbito del proceso penal, así como en el penitenciario.

4. A los ajustes razonables, entendiendo por tales las modificaciones adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, para garantizar el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

5. A recibir un trato personalizado e individualizado y a acceder en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos a los servicios públicos.

6. A disponer de una imagen social ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las personas con diversidad funcional o discapacidad, en tanto que manifestación enriquecedora de la diversidad humana.

7. A la libertad de expresión y opinión y al acceso y uso eficaz, en igualdad de condiciones, a la información, la comunicación y el conocimiento a través de las TIC.

El ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional o discapacidad se realizará de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones; para ello, la información y consentimiento deberán efectuarse en formatos accesibles y comprensibles. En particular, se intentará facilitar la información en braille, lengua de signos, estenotipia u otros sistemas alternativos de comunicación.

En todo caso, se deberán tener en cuenta las circunstancias personales, su capacidad para tomar la concreta decisión y asegurar el apoyo conveniente si es necesario."

Artículo 8.

Se modifican el título y la redacción del artículo 14 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan de la manera siguiente:

"Artículo 14. Actuaciones en materia de protección a la salud.

La conselleria u organismo de la Generalitat con competencias en materia de sanidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes, velarán por el efectivo disfrute del derecho de las personas con diversidad funcional o discapacidad a la protección de la salud, incluyendo la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud mental, a la salud sexual y reproductiva y, por su incidencia en la pluridiscapacidad, a la salud cerebral, siendo los encargados de llevar a cabo las políticas en materia de prevención y de adoptar las medidas necesarias para garantizar la asistencia sanitaria y la habilitación y rehabilitación integral de las personas con diversidad funcional o discapacidad."

Artículo 9.

Se modifican el título y la redacción del artículo 15 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan de la manera siguiente:

"Artículo 15. Prevención de las discapacidades y de su evolución.

1. La prevención de patologías que puedan originar discapacidades y la atención a su evolución constituye un derecho de todo ciudadano y ciudadana y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias de la administración en el campo de la salud pública y de los servicios sociales.

La política de prevención tendrá por objeto evitar y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, así como su impacto negativo y su intensificación y atenderá, en todo caso, a la diversidad de las personas, dando un tratamiento diferenciado según las necesidades específicas de cada persona.

2. Con el fin de llevar a cabo la política de prevención de la discapacidad, la Generalitat, adoptará las siguientes medidas:

a) Proporcionará los servicios de salud adecuados dirigidos a unas prontas detección e intervención, cuando proceda.

b) Fomentará la orientación en materia de salud sexual y reproductiva y el asesoramiento genético a los grupos de riesgo.

c) Fomentará el desarrollo de las capacidades individuales de las personas con discapacidad a cualquier edad y desde la aparición de la discapacidad.

d) Realizará campañas de vacunación contra las enfermedades que generen riesgos de discapacidad a las personas.

e) Realizará campañas de prevención, orientación y asesoramiento de las patologías sobrevenidas.

f) Los profesionales de la salud que presten atención a las personas con diversidad funcional o discapacidad lo harán con la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades específicas a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado."

Artículo 10.

Se modifica el artículo 17 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda de la manera siguiente:

"Artículo 17. Habilitación y rehabilitación.

1. La administración de la Generalitat llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a garantizar a las personas con diversidad funcional o discapacidad la habilitación y la rehabilitación integral necesarias para mejorar, mantener o compensar su estado físico, psíquico o sensorial.

A este efecto, se entiende por rehabilitación el proceso orientado a la recuperación, el mantenimiento o la adquisición de una función o una habilitación perdida, reducida o no adquirida, teniendo por objeto la prestación de servicios y ayudas técnicas dirigidas a la consecución de la recuperación de las personas con discapacidad, la minoración de las secuelas resultantes y el desarrollo de las capacidades de que dispone la persona con diversidad funcional, para que pueda alcanzar y mantener la máxima independencia y la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida.

2. Cuando se estime conveniente, este proceso de rehabilitación exigirá un tratamiento continuado, permanente y especializado."

Artículo 11.

Se modifican el título y la redacción del artículo 18 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan de la manera siguiente:

"Artículo 18. Actuaciones en materia educativa.

1. La conselleria u organismo de la Generalitat con competencias en materia de educación y formación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica, velarán por el efectivo disfrute del derecho de las personas con discapacidad o diversidad funcional a una educación pública, inclusiva y de calidad, así como a la formación a lo largo de la vida, sin discriminación por motivo o por razón de tal circunstancia y sobre la base de la igualdad de oportunidades, siendo los encargados de garantizar una política de fomento que asegure el proceso educativo adecuado, la adopción de ajustes razonables en función de las necesidades individuales y facilite las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

2. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros y maestras, incluidos también aquellos con discapacidad, y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad o diversidad funcional."

Artículo 12.

Se modifica el apartado g del artículo 19 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado como sigue:

"g) La administración de la Generalitat dotará a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a todos los niveles, de los recursos necesarios, humanos y materiales, para atender las necesidades del alumnado con diversidad funcional o discapacidad. La escolarización en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos solo se llevará a cabo cuando, excepcionalmente, sus necesidades no puedan ser atendidas en los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres y tutores legales. Se garantizará la accesibilidad universal en todas las instalaciones educativas."

Artículo 13.

Se modifican los puntos 2 y 3 del artículo 20 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan redactados de la manera siguiente:

"2. Derecho a la atención temprana de las necesidades educativas de apoyo específico de los alumnos y alumnas que presenten discapacidad o pluridiscapacidad.

3. Derecho a la evaluación psicopedagógica continua de su proceso educativo, garantizando a las familias de los alumnos y alumnas información completa y en formato accesible sobre la misma."

Artículo 14.

Se añade un capítulo III nuevo con artículos nuevos a la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con la redacción siguiente:

"CAPÍTULO III BIS

Del acceso a la justicia

Artículo 20 bis. Medidas específicas.

Las medidas específicas para garantizar la efectividad de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal se aplicarán, además de a los derechos regulados en el presente título, en el ámbito de la administración de justicia.

Artículo 20 ter. Garantía para la igualdad de condiciones.

La Generalitat, en el uso de las competencias que ostenta en esta materia y sin perjuicio de las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado, asegurará que las personas con diversidad funcional o discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás así como la garantía de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales, favoreciendo dentro de dicho ámbito competencial la adopción de medidas tales como la puesta a disposición de intérpretes de lengua de signos u otro sistema de comunicación no verbal y, siempre que resulte necesario, la traducción de documentación a un formato accesible, a fin de facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares de cualquier proceso."

Artículo 15.

Se modifica la denominación del capítulo IV de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactada como sigue:

"CAPÍTULO IV

De la inserción laboral"

Artículo 16.

Se modifica el artículo 21 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la forma siguiente:

"La conselleria o el organismo de la Generalitat con competencias en materia de empleo y formación profesional o continua, de acuerdo con los artículos siguientes, velarán por el disfrute efectivo del derecho de las personas con discapacidad al trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad, sobre la base de la no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades, no solo en la ocupación sino en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo, y serán los encargados de promover y llevar a efecto políticas de inserción e inclusión de las personas con diversidad funcional, prioritariamente en el sistema ordinario o, en su defecto, en el sistema productivo, mediante la fórmula de la ocupación protegida, la finalidad de las cuales será aumentar las tasas de actividad y de empleo e inserción laboral de las personas con discapacidad, como también mejorar la calidad de la ocupación y dignificar sus condiciones de trabajo.

Igualmente, especial atención se dedicará a la orientación, intermediación y apoyo para la formación profesional, para el autoempleo y para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo."

Artículo 17.

Se modifica el punto 3 del artículo 25 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado como sigue:

"En las ofertas de empleo público, la Generalitat reservará en las convocatorias anuales un cupo de plazas no inferior al 7 % o a aquel porcentaje y sus cuotas específicas que se establezcan en la Ley de ordenación de la función pública valenciana, para ser cubiertas por personas con diversidad funcional o discapacidad, atendiendo a la definición legal de las mismas contenida en el artículo 4.2 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de modo que se alcance, como mínimo, el 2 % o porcentaje superior que establezca la normativa específica, de los efectivos totales de la administración pública valenciana."

Artículo 18.

Se añade un artículo nuevo al capítulo IV, sección 2, de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con la redacción siguiente:

"Artículo 27 bis. Empleo público.

La conselleria u organismo de la Generalitat con competencias en materia de administración pública promoverán y adoptarán las medidas necesarias para el acceso de las personas con diversidad funcional o discapacidad al empleo público y su permanencia en él, sobre la base de no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades. El acceso al empleo público y las vicisitudes en su desempeño, se regirán por lo dispuesto en la normativa específica reguladora de la materia."

Artículo 19.

Se modifica la denominación y el contenido del artículo del artículo 29 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan redactados como sigue:

"Artículo 29. Actuaciones en materia de políticas de protección social.

1. La conselleria o el organismo de la Generalitat competente en materia de igualdad y políticas inclusivas, como también ayuntamientos u organismos municipales en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes, velarán por el efectivo disfrute del derecho de las personas con diversidad funcional o discapacidad y sus familias a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, en particular, a disfrutar de unos servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad, preservando su dignidad e incrementando su calidad de vida.

2. La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad o diversidad funcional en su medio familiar y en su entorno geográfico, cultural y social teniendo en cuenta las barreras específicas de quienes habiten en zonas rurales, sin perjuicio de garantizar el acceso a otra tipología de recursos cuando resulte necesario o más idóneo, teniendo en cuenta el ejercicio del derecho de la persona a decidir libremente.

3. Especial atención tendrá la incorporación de una perspectiva de género en todas las acciones destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y libertades, reconociendo que los niños y niñas con discapacidad están expuestos a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, abandono, trato denigrante, malos tratos o explotación."

Artículo 20.

Se modifica el título y la redacción del artículo 43 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que quedan redactados como sigue:

"Artículo 43. Instituciones de protección y apoyo a personas afectadas por un proceso de incapacitación o con incapacidad declarada judicialmente.

La administración de la Generalitat apoyará y dinamizará, en coordinación con la autoridad judicial, la atención a las personas afectadas por un proceso de incapacitación o con incapacidad declarada total o parcialmente, promoviendo entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar, cuando proceda, la tutela o curatela de aquellas, o asumir otras figuras de protección y apoyo de acuerdo con lo previsto en el Código civil."

Artículo 21.

Se añade un capítulo y artículo nuevo al título II de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con la redacción siguiente:

"CAPÍTULO IX

De la participación en la vida política y pública

Artículo 70 bis. Garantías de la participación en la vida política y ciudadana.

La conselleria u organismo de la Generalitat competente en materia de participación ciudadana promoverán activamente un entorno en el que las personas con diversidad funcional o discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la toma de decisiones de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás y, asimismo, fomentará su participación."

Artículo 22.

Se añade un capítulo y artículos nuevos al título II de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con la redacción siguiente:

"CAPÍTULO X

De los ajustes razonables

Artículo 70 ter.

Las garantías contenidas en los capítulos anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho que asiste a las personas con discapacidad o diversidad funcional de exigir la adopción de ajustes razonables.

Artículo 70 quáter.

Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con diversidad funcional o discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Artículo 23.

Se añade un nuevo apartado a bis al punto 1 del artículo 73 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con la redacción siguiente:

"a bis) Difundir por cualquier medio audiovisual o haciendo uso de las redes sociales y en ellas una imagen desajustada, no respetuosa ni inclusiva de las personas con discapacidad o contraria a la manifestación enriquecedora de la diversidad humana. La vulneración del derecho a un trato digno o de cualquier otro derecho reconocido a los usuarios en las disposiciones legales así como en las reguladoras de la organización y funcionamiento del centro, siempre que la misma no constituya una infracción muy grave."

Artículo 24.

Se modifica el apartado e del artículo 74 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la forma siguiente:

"e) Infligir a los usuarios un trato degradante que afecte a su dignidad personal, así como vulnerar su derecho al honor, a su intimidad personal o familiar y a su propia imagen, cualquier otro derecho fundamental o imponer dificultades para su disfrute."

Artículo 25.

Se añade un apartado nuevo al punto 1 del artículo 75 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con la redacción siguiente:

"d) las personas físicas y jurídicas que incurran en las conductas tipificadas en los artículos 73.1.b y 74.e."

Disposición adicional.

Se modifica el apartado III del preámbulo de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, que queda redactado de la siguiente manera:

"Asumiendo la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, aprobada en el mayo de 2001, por la Organización Mundial de la Salud, en la que se tomó la decisión de reemplazar los conceptos "deficiencia", "discapacidad" y "minusvalía", esta Ley ha optado por utilizar indistintamente el término "discapacidad" o "diversidad funcional" como un término genérico, inclusivo y respetuoso con las personas que tienen limitaciones en la actividad y restricciones en la participación."

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

València, 24 de abril de 2018.-El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.

(Publicada en el "Diario Oficial de la Generalitat Valenciana" núm. 8282, de 26 de abril de 2018)

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Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley.

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Un vídeo interesante sobre el plan de diversidad funcional que han desarrollado en los Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó.
Entre los principales objetivos está el reducir el tiempo de espera entre la llegada del paciente al centro sanitario y el momento de la visita.
Gracias a este plan las personas reciben una atención aún más especializada, un trato cercano, humano, y formado para darles una atención de lo más profesional.

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¿Qué dicen los estudios sobre el estado de salud de las personas con DF?

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¿Qué dicen los estudios sobre el estado de salud de las personas con DF?

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Las personas con DF son particularmente vulnerables a las deficiencias de los servicios de asistencia sanitaria. Dependiendo del grupo y las circunstancias pueden experimentar:

Afecciones secundarias
Las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria y están relacionadas con esta; a menudo, ambas son previsibles y evitables. Por ejemplo, úlceras por presión, las infecciones urinarias, la osteoporosis y el dolor crónico.

Comorbilidad
Afecciones que vienen a agregarse a la enfermedad primaria relacionada con la discapacidad pero no se relacionan con ella. Por ejemplo, la prevalencia de la diabetes sacarina en las personas aquejadas de esquizofrenia es de aproximadamente un 15%, por comparación con un 2% a un 3% en la población general.

Enfermedades relacionadas con la edad
En algunos grupos de personas con diversidad funcional el proceso de envejecimiento comienza antes de lo normal. Por ejemplo, algunas personas que padecen trastornos del desarrollo muestran signos de envejecimiento prematuro cuando apenas tienen entre cuarenta y cincuenta años de edad.

Adopción de comportamientos nocivos para la salud
Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos como el tabaquismo, una alimentación malsana e inactividad física.

Mayor frecuencia de muerte prematura
Las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad varían según la enfermedad primaria. Sin embargo, una investigación efectuada en el Reino Unido comprobó que las personas con trastornos mentales y deficiencias intelectuales tenían una esperanza de vida menor.

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La discapacidad forma parte del ser humano y es consustancial a la experiencia humana. Es el resultado de la interacción entre afecciones como la demencia, la ceguera o las lesiones medulares, y una serie de factores ambientales y personales. Se calcula que 1300 millones de personas, es decir, el 16…

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A lo largo del presente Padlet, hemos podido conocer cómo se relacionan la sanidad y la discapacidad.
Por un lado, se observa cómo ambas materias han ido desarrollándose a lo largo del tiempo, generando un círculo virtuoso que permite a las personas con discapacidad un acceso y trato igualitario, empezando desde la accesibilidad y terminando por acciones específicas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bien es cierto, que todavía queda un largo camnino por recorrer, pero teniendo presente que en el momento actual ya se han generado algunos cambios positivos.
Además, este trabajo nos ha servido para conocer más en profundidad el sistema sanitario, los derechos de la ciudadanía y algunos de los fallos del sistema. El cuál debe seguir generando unas políticas activas e inclusivas en materia de sanidad.
Por último, entendemos que se debe seguir dotando a los y las profesionales de la salud, las herramientas necesarias para un buen acompañamiento a las familias y las personas con discapacidad, con el fin de que la atención a la salud sea lo más igualitaria e inclusiva posible.

Nos gustaría cerrar este post, agradeciendo a todas las compañeras que han seguido nuestro trabajo y que, con sus preguntas, nos han permitido replantearnos qué queríamos enseñar y cómo.

Ha sido un placer colaborar en este proyecto y esperamos que haya sido de utilidad.

Un saludo.

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Alonso Salgado, C.; Sánchez Bayle, M; Ruiz-Giménez Aguilar, J.L. et al (2007). Trabajo Social y Sistema Público de Salud. Revista TRABAJO SOCIAL HOY (5-211). Recuperado de: http://www.comtrabajosocial.com/documentos.asp?id=832

Aragón, E. (Fundación Mehuer). (2016). 'Playa y Montaña', una historia de superación en torno a las enfermedades raras. YouTube. Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=2dFtnHWbBIw

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Generalitat Valenciana. (2019). Convocatoria para la concesión de subvenciones directas para personas con diversidad funcional destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante 2019. Lugar de publicación: Generalitat Valenciana. Recuperado de: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17920&version=red

Guindo, D. (2019). Oltra insta a Sanidad a actualizar el baremo de valoración de la diversidad funcional. Las provincias. Recuperado de: https://www.lasprovincias.es/politica/oltra-insta-sanidad-20190709212935-nt.html

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2009) Panorámica de la discapacidad en España Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. 2008. Revista Cifras INE. (1-12). Recuperado de: https://www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf

Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios (ISES). La alimentación en personas con discapacidad. Blog ISES. Recuperado de: https://www.isesinstituto.com/noticia/la-alimentacion-en-personas-con-discapacidad

Ley 9/2018 de 24 de abril, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6403

Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13775

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18476

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13241

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188

Lillo, S. (2014) El proceso de comunicar y acompañar a los padres y al paciente frente al diagnóstico de discapacidad. Revista Médica Clínica Las Condes. 25 (372-378). Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014700495

Muñoz Bravo, J. y Marín Girona, M. (2005). Necesidades sanitarias de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Revista Española de Discapacidad Intelectual. 36(3), (215), (5-24). Recuperado de: https://sid.usal.es/idocs/F8/ART8764/articulos1.pdf

Novoa, J.A. (6, junio, 2016) Justicia versus relato. Recuperado de: http://forovidaindependiente.org/justicia-versus-relato/

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018). Discapacidad y salud. Lugar de publicación: OMS. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

Oriol Val, C. (2019). Olivia Rueda: “El ictus me dejó sin habla y sin poder escribir”. La vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20191112/471524730531/olivia-rueda-ictus-sin-habla-libro.html

Pérez Bueno, L.C. (2006). Discapacidad y asistencia sanitaria Propuestas de mejora. Recuperado de: https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17633/discapacidad_y_asistencia_sanitaria.pdf

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632

Ribera Salud (Ribera Salud). (2019). Plan de Diversidad Funcional. YouTube. Recuperado de:   https://www.youtube.com/watch?v=M9cqv1gXit4