# data[].attributes.attachment_link.title
Ley PROMESA EE.UU.- Puerto Rico: ¿rescate financiero o colonización?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Puerto Rico se halla en recesión desde hace diez años. En ese periodo, su PIB ha caído un 14%. Todo comenzó en 2006, cuando terminó un privilegio impositivo. "Sol, playa y cero impuestos" prometía Puerto Rico a empresas estadounidenses que invirtieran en la isla. Muchas vinieron.

La idea era desarrollar en Puerto Rico una estructura industrial que se beneficiara de la proximidad a los Estados Unidos. Con los privilegios impositivos se aspiraba a compensar la desventaja que supone que la isla, como estado asociado, deba aplicar el derecho laboral estadounidense, incluido el sueldo mínimo.

Pero esa política de fomento económico reveló ser insostenible. Cuando, en 2006, Estados Unidos derogó los privilegios impositivos para inversiones de empresas norteamericanas en Puerto Rico, como habían venido, las empresas también se fueron. Lo que quedó fue el sueldo mínimo, de US$7,25 la hora.

Quien lo cobra gana por año unos US15.000, lo que se aproxima bastante al ingreso promedio per cápita en la isla, de unos US$20.000. Ese sueldo mínimo es demasiado alto para Puerto Rico, lo que queda claro teniendo en cuenta que el ingreso promedio per cápita en Estados Unidos es unas tres veces mayor.

Una sangría permanente. Las consecuencias de ese desequilibrio son dos: personas jóvenes con escasa capacitación no hallan trabajo en la isla y quien puede, se marcha a Estados Unidos. Puerto Rico tiene 3,5 millones de habitantes, en Estados Unidos viven hoy unos 5 millones de puertorriqueños.

En los últimos cinco años, un cuarto de millón de personas ha abandonado Puerto Rico. Esa sangría hace que la deuda pública acumulada deba repartirse entre cada vez menos habitantes. Hoy, cada puertorriqueño debe en promedio un ingreso anual.

Otro efecto de la emigración es que las estructuras públicas están sobredimensionadas. A ello se agregan generosas prestaciones sociales, que llegan al 40% de los ingresos totales. En Estados Unidos son del 20%. Quien cobra prestaciones sociales en Puerto Rico tiene poca motivación para postularse a un puesto de trabajo en el que ganará igual o poco más.

En lugar de tratar de sanear las finanzas públicas, redimensionar el Estado y reducir los programas sociales, el gobierno ha intentado combatir el problema de la deuda con más deuda: un método que ya en muchos otros países demostró ser ineficaz.

Para pagar la deuda, más deuda. Aún en marzo de 2014, el gobierno emitió nuevos bonos del tesoro por US$3.500 millones, prometiendo, junto con exenciones impositivas, un beneficio neto anual del 20%. Los bonos pronto hallaron compradores. Pero ese dinero fue pulverizado en un año sin mayores beneficios para la economía de la isla.

Los que se beneficiaron fueron fondos hedge de Estados Unidos, que hoy controlan un tercio de la deuda pública de Puerto Rico. Estos cuentan además con importantes ventajas: de acuerdo con la legislación puertorriqueña, inversionistas estadounidenses que compren bonos del estado libre asociado tienen prioridad. Eso significa que el gobierno, antes de pagar a los funcionarios y jubilados, debe pagar a los inversionistas.

No puede sorprender, por lo tanto, que los fondos de inversión no tengan interés alguno en llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda con el gobierno de Puerto Rico: el pago de intereses y amortización de deuda les está prácticamente asegurado. Y mientras los republicanos los apoyen en el Congreso, no se ve otra salida a la complicada situación en que se halla Puerto Rico más que un radical ajuste de las finanzas públicas.

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Qué sucedió en la economía de Puerto Rico?

# data[].attributes.attachment_link.description
Puerto Rico se halla en recesión desde hace diez años. En ese periodo, su PIB ha caído un 14%. Todo comenzó en 2006, cuando terminó un privilegio impositivo. "Sol, playa y cero impuestos" prometía Puerto Rico a empresas estadounidenses que invirtieran en la isla. Muchas vinieron.

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Estadidad para Puerto Rico? Presentan proyecto mientras Rosselló y Trump aumentan la tensión

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Al igual que otros indicadores económicos, la deuda no explica por sí sola la realidad financiera de la economía global. Pero es un excelente instrumento para analizar el futuro a medio y largo plazo de muchos países. Este gráfico de HowMuch, la web dedicada a producir ilustraciones que explican las escalas de la economía global (y de la que hemos hablado en otras ocasiones), muestra qué países lideran en materia de deuda.

El resultado es interesante. A la cabeza se ubica Japón cuyo volumen de deuda es astronómico: alrededor de 238% del Producto Interior Bruto, cifras inalcanzables para su más inmediato perseguidor (Grecia, con 182%, un caso familiar para los europeos). ¿Por qué? La historia del endeudamiento japonés se remonta a principios de los años noventa, cuando el sector financiero del país explota y da paso a la década perdida.

Al igual que sucedió en los países mediterráneos, el gobierno acude al rescate de las instituciones bancarias, gravemente expuestas. Pero al contrario que ellas, pudo servirse de la deflación para financiar los intereses. El resultado ha sido una permanente patada a seguir que ha engrosado poco a poco la descomunal deuda. Japón, hoy, puede pagar sus vencimientos gracias a la recolección de impuestos. ¿Cuánto durará?

Algunos economistas apuntan a que a mediados de este siglo, a partir de 2040, el país podría entrar en graves apuros (suspensión de pagos). El crecimiento económico lleva estancado décadas, y las proyecciones demográficas son terroríficas. Sin embargo, Japón se las ha apañado para ser una de las tres economías más grandes del mundo, aún muy productiva, sin que el peso de su deuda le ahogue. Es una excepción.

Grecia es un ejemplo más realista de lo que le sucede a un país cuando la calamidad económica llama a la puerta. La recesión de 2008, un largo historial de derroche y mala gestión financiera, el falseamiento de cuentas y las ataduras impuestas por el BCE al euro provocaron una tormenta perfecta que impidió a Grecia hacer frente a sus pagos. Los rescates europeos, aparejados a sacrificios políticos, dispararon los volúmenes de deuda.

¿Resultado? 182%. Superado lo peor de la crisis, Grecia, al menos, ha dejado de vivir con el agua al cuello.

El top ten lo completan países de lo más variopintos. Países subdesarrollados sumergidos en conflictos civiles eternos (el Congo, Sudán, Eritrea); islas de pequeño tamaño y escaso rendimiento económico (Barbados, Cabo Verde); países europeos que aún pagan las consecuencias de la crisis del euro y de décadas de pobre gestión financiera (Portugal, Italia); e incluso uno de los micropaíses más boyantes del planeta (Singapur).

Todos ellos superan el 100% de volúmenes de deuda. Otros les siguen de cerca: Bután, Estados Unidos, Bélgica, Egipto, Mozambique y Jamaica, cada uno por razones muy diversas, han visto crecer su deuda de forma constante durante las últimas décadas. En ocasiones el problema es de carácter inmediato e hipoteca al desarrollo de la economía (dado que ningún inversor se atreve a financiarla). En otras, es un dilema a largo plazo.

En casi todos los casos la deuda explica sólo parcialmente cómo de próspero (o de bien gestionado es un país). En el otro extremo de la balanza, no obstante, se encuentran naciones tan calamitosas en su rendimiento económico (Afganistán, con tan sólo un 7% de deuda; o Bostwana, con un 14%), como boyantes o muy ricas (Estonia con un 9%; Arabia Saudí con otro 17%; o Luxemburgo con un 23%).

Es un mundo impulsado por la deuda, pero uno en el que cada volumen de deuda sólo es dramático (o muy positivo) en relación a las condiciones particulares de cada estado (y el tiempo en el que la bomba de relojería crediticia tarde en activarse). España, por cierto, ocupa la parte alta de la tabla con un 95%. México la media, con un 49%.

# data[].attributes.attachment_link.title
La deuda de todos los países del mundo, explicada en un sólo gráfico

# data[].attributes.attachment_link.description
Al igual que otros indicadores económicos, la deuda no explica por sí sola la realidad financiera de la economía global. Pero es un excelente instrumento para analizar el futuro a medio y largo plazo de muchos países.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Centro de Estudios Latinoamericanos - CELU

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Durante un poco más de la primera mitad del siglo XX, EE. UU. centró las inversiones de Puerto Rico en el desarrollo de la industria química, apartando el fomento agrícola; sin embargo, durante la crisis del petróleo de los 70, la industria química quebró. Como respuesta, Washington optó por establecer y fomentar en la isla la industria farmacéutica estadounidense.

En los 90, EE. UU. firmó TLC con varios países, lo que significó que varias industrias estadounidenses que funcionaban en la isla se trasladaran a otros países. Fruto de esta situación, Puerto Rico está viviendo una de sus mayores crisis sociales: el 40% de la población se encuentra en el desempleo, generando uno de los mayores éxodos al continente; cerca de 50.000 puertorriqueños viajan a Estados Unidos al año, pues no necesitan visa.

Artículo completo: https://celu.co/la-desaceleracion-economica-un-duro-golpe-para-america-latina/

# data[].attributes.attachment_link.title
Infografía | Puerto Rico en ruinas (II) - Centro de Estudios Latinoamericanos - CELU

# data[].attributes.attachment_link.description
Durante un poco más de la primera mitad del siglo XX, EE. UU. centró las inversiones de Puerto Rico en el desarrollo de la industria química, apartando el fomento agrícola; sin embargo, durante la crisis del petróleo de los 70, la industria química quebró. Como respuesta, Washington optó por establecer y fomentar en la isla ...

# data[].attributes.attachment_link.description
Crédito y défict en las economías avanzadas, emergentes y países de menores ingresos

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
No te pierdas el especial "Puerto Rico: 6 meses después de María", presentado por Rafael Romo, el próximo domingo 25 de marzo a las 7:00 p.m. hora de Miami.
(CNN Español) - Hace seis meses, Puerto Rico sufrió su peor desaste natural del último siglo. El 20 de septiembre de 2017 el huracán María arrancó árboles y destruyó casas, causó inundaciones generalizadas y destrozó el servicio eléctrico de la isla.

Una investigación independiente de CNN calcula cientos de cifras mortales, aunque el gobierno de la isla reportó cifras mucho menores. Medio año después, no se ha podido restablecer el servicio eléctrico en toda la isla, que aún no vuelve a la normalidad.

Una serie de imágenes cenitales del fotógrafo Ricardo Arduengo muestra los destrozos del huracán María en septiembre y octubre de 2017 en comparación con fotografías tomadas el 19 de marzo de 2018 en los mismos lugares.
Desliza para ver el antes y después
Manatí

Barranquitas

Humacao

Fajardo

Corozal

Río de la Plata, Toa Alta

Fajardo

Toa Alta

Cataño

San Juan

San Juan

Humacao

Cataño

# data[].attributes.attachment_link.title
Antes y después: así se ve Puerto Rico desde el aire 6 meses tras María

# data[].attributes.attachment_link.description
No te pierdas el especial "Puerto Rico: 6 meses después de María", presentado por Rafael Romo, el próximo domingo 25 de marzo a las 7:00 p.m. hora de Miami. (CNN Español) - Hace seis meses, Puerto Rico sufrió su peor desaste natural del último siglo.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Así fue como los residentes de Puerto Rico lidiaron con las deudas antes y después del huracán María en el 2017

Debido a las deudas ocasionadas por el huracán María en Puerto Rico, Consolidated Credit preparó una encuesta respecto a "Las deudas de los puertorriqueños por el huracán María". Al momento de esta publicación, 438 personas habían respondido un total de 13 preguntas. Por la gran cantidad de información recabada en la encuesta, hemos decidido mostrar los resultados y conclusiones en 2 partes o infografías. Esta es la segunda parte. Ver la primera parte aquí.

Si sufriste los embates por el paso del huracán María por Puerto Rico en el 2017 y no puedes con tus deudas de tarjetas de crédito, podemos ayudarle. Tenemos un plan de manejo de deudas especialmente diseñado para los residentes de la isla que resultaron afectados.

Llámenos al 1-844-664-8196 o complete el siguiente formulario para ser contactado.

Completar formulario

# data[].attributes.attachment_link.title
Las deudas de los puertorriqueños por el huracán María II

# data[].attributes.attachment_link.description
Debido a las deudas ocasionadas por el huracán María en Puerto Rico, Consolidated Credit preparó una encuesta respecto a "Las deudas de los puertorriqueños por el huracán María ". Al momento de esta publicación, 438 personas habían respondido un total de 13 preguntas.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Así fue como los residentes de Puerto Rico lidiaron con los gastos antes y después del huracán María en el 2017

Debido a la importancia de las deudas ocasionadas por el huracán María, Consolidated Credit ha preparado una encuesta respecto a "Las deudas de los puertorriqueños por el huracán María". Al momento de esta publicación, 438 personas habían respondido un total de 13 preguntas. Por la gran cantidad de información recabada en la encuesta, hemos decidido mostrar los resultados y conclusiones en 2 partes o infografías. Esta es la primera parte. Ver la segunda parte aquí.

Si sufriste los embates por el paso del huracán María por Puerto Rico en el 2017 y no puedes con tus deudas de tarjetas de crédito, podemos ayudarle. Tenemos un plan de manejo de deudas especialmente diseñado para los residentes de la isla que resultaron afectados.

# data[].attributes.attachment_link.title
Deudas de los puertorriqueños por el huracán María

# data[].attributes.attachment_link.description
Debido a la importancia de las deudas ocasionadas por el huracán María, Consolidated Credit ha preparado una encuesta respecto a "Las deudas de los puertorriqueños por el huracán María ". Al momento de esta publicación, 438 personas habían respondido un total de 13 preguntas.

# data[].attributes.attachment_link.description
Los puertorriqueños ya tienen infinidad de desafíos con los cuales lidiar. Un trato neocolonial bajo la ley de Estados Unidos es lo último que necesitan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Los puertorriqueños votaron el 11 de junio nuevamente en un referendo sobre la relación política con Estados Unidos (EE.UU.), en un plebiscito sin carácter vinculante - para el Gobierno estadounidense - impulsado por el actual gobernador Ricardo Rosselló.

La nueva consulta es el único plebiscito de estatus que cuenta con aval y presupuesto federal, la misma incluye, finalmente, las opciones, en una sola papeleta de votación, de anexión o "estadidad", la "libre asociación/independencia" y el "actual estatus territorial".

El resultado de la consulta del 11 de junio, como las de 1967, 1993, 1998 y 2012, carece de compromiso alguno por parte del Congreso estadounidense.

En la consulta solo participó medio millón de los 2,6 millones de electores habilitados para participar. De ese medio millón, 97 por ciento aprobó ser considerado un estado más de Estados Unidos.

El plebiscito

Esta nueva consulta popular se da tras la aprobación por el Gobierno de la Isla de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico (2017) la cual estipula en primer caso lograr igualdad política y social con Estados Unidos por medio de la estadidad.

La segunda alternativa que propone la Ley es convertir a Puerto Rico en un país independiente, ya sea por medio de la independencia o mediante un tratado de libre asociación con Estados Unidos. Del gobierno escoger esta formula, se realizará un referendo para escoger entre la independencia o la libre asociación.

Los puertorriqueños aspiran a su independencia de EE.UU. EFE

El gobernador de Ricardo Rosello ha sido el encargado de dirigir todos los esfuerzos para llevar a cabo la consulta, que se dio gracias a la aprobación de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico .

Rosselló ha denunciado que Puerto Rico es una colonia y sostiene que esa situación es la causa de los males que aquejan a la isla, pues también la imposibilita de pagar su millonaria deuda que asciende a los 70 mil millones de dólares.

Puerto Rico se encuentra bajo la supervisión del Congreso de EE.UU. que implantó una entidad de control federal que debe aprobar cualquier decisión financiera que se tome en la capital puertorriqueña.

>> Puerto Rico pide a EE.UU. compromiso con su descolonización

Se trata de la quinta consulta popular que se lleva adelante para preguntar a la población sobre la relación política con EE.UU., la cual solo cuenta con el apoyo del Gobierno, porque la oposición se ha encargado obstruir el referendo, está llamando a un boicot.

La última consulta celebrada en la isla sobre estatus fue el 6 de noviembre de 2012 y se le preguntó al elector si estaba de acuerdo con mantener la condición política territorial actual, a lo que un 51,71 por ciento dijo que no.

En la segunda pregunta se pedía elegir entre las opciones de anexión, estado libre asociado soberano e independencia, saliendo la primera opción como la más votada con el 44,61 por ciento.

Esta vez los puertorriqueños tendrán que elegir entre tres opciones en la papeleta: (1) Estadidad, (2) Libre Asociación/ Independencia y (3) Actual estatus territorial.

Si resultara ganadora la opción compuesta por Libre Asociación/Independencia, se tendría que realizar un referendo el próximo 8 de octubre en el que los electores deberán elegir una de las dos opciones por separado.

Estadidad: Con mi voto, reitero mi petición al Gobierno federal para comenzar de inmediato el proceso para la descolonización de Puerto Rico con la admisión de Puerto Rico como estado de la unión de los Estados Unidos de América.

Libre Asociación: se trata de una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.

Ciudadanos puertorriqueños prostestan contra la injerencia de EE.UU. EFE

Actual Estatus Territoria l: Con mi voto expreso que deseo que Puerto Rico se mantenga como está hoy, bajo los poderes plenarios del Congreso y sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos.

¿Qué lograra Puerto Rico con un plebiscito no vinculante? El plebiscito por el que está trabajando el gobernador Ricardo Roselló y que cuenta con el aval del congreso, permitirá al pueblo de Puerto Rico decir si quiere pasar de la colonia a ser un Estado independiente. De ser positivo el resultado, se intensificará la lucha independentista dentro y fuera del país.

¿Cuáles son los actores políticos a favor y en contra del plebiscito?

El impulso a favor de la estadidad fue una promesa del gobernador Ricardo Rosselló y sus aliados, él pedirá en junio a los residentes que voten en un plebiscito no vinculante, como parte de un arreglo a largo plazo para un país que pasa por tiempos difíciles que se traduce en cierre de escuelas públicas, el congelamiento de los salarios, cortes a las pensiones y afectaciones a las inversiones en materia de salud pública.

Roselló considera que la estadidad significará más inversiones en infraestrutura, es decir, una economía más estable y un pueblo que dejará de estar privado "del derecho a la igualdad política, social y económica bajo el control estadounidense".

Pero Roselló no solo deberá convencer a EE.UU., sino también a los tres partidos políticos principales; conocidos por los puertorriqueños como el partido de la estadidad, el partido de la independencia y el partido que apoya una versión mejorada de statu quo. Los votantes del plebiscito deberán escoger entre esas tres versiones.

Para la oposición puertorriqueña la opción que defiende Roselló, no se corresponde con los ideales independentistas del pueblo que no desea seguir bajo el control de los Estados Unidos sino que reclaman la independencia de un estado soberano.

De acuerdo a los independentistas, la nueva consulta popular podría atar los destinos de la isla a Estados Unidos y seguir arrastrando los problemas ligados a su actual condición de Estado libre asociado.

# data[].attributes.attachment_link.title
Plebiscito en Puerto Rico 2017: Lo que debe saber

# data[].attributes.attachment_link.description
Los puertorriqueños votaron el 11 de junio nuevamente en un referendo sobre la relación política con Estados Unidos (EE.UU.), en un plebiscito sin carácter vinculante - para el Gobierno estadounidense - impulsado por el actual gobernador Ricardo Rosselló.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Publicado con permiso de X-Square Capital, Inc.

If you are interested in the subject, we recommend our online seminar Understanding Puerto Rico's Economic Crisis: Executive, Judicial, and Congressional Responses and Proposals - 2.9 CLE Credit Hours [COME-2016- 909] - Approved by the Supreme Court of Puerto Rico

H.R. 4900 - PROMESA (descarga el proyecto aquí)
OVERSIGHT BOARD ("OB")

Purpose: provide a method to achieve fiscal responsibility and access to the capital markets.

Membership: 7 members appointed by the President to 3 year terms.
- Oversight board can initiate action with 4+ members;
- 2 members each appointed by Speaker of the House (1 of which must be a resident or have principal place of business in Puerto Rico) & Majority Leader of the Senate;
- 1 member each appointed by Minority Leader of the House & Minority Leader of the Senate;
- Puerto Rico Governor, or designee, non-voting ex officio member.

Completely autonomous from Puerto Rico; not a federal agency;

All of the government of Puerto Rico and its Instrumentalities' fiscal plans, budgets, and proposed modification/restructurings, must be approved and certified by the OB:
- OB will receive constant financial information from the relevant parties and will actively participate in facilitating the development, overseeing progress and adherence to, and, to a degree, enforcing budgets;
- OB has broad subpoena powers to gather information;
- If Fiscal Plan presented by the Governor is not deemed compliant, OB can implement its own fiscal plan that will be automatically "deemed approved by the Governor";
- Same process as above applies to the budgets of the Territory and the Territory Instrumentalities.

VOLUNTARY NEGOTIATIONS

Voluntary negotiations and agreements must be approved and certified by the Oversight Board;
- Debt levels must be sustainable and in conformance with the Fiscal Plan

Preexisting voluntary agreements will be upheld;

BUDGET REDUCTIONS BY OVERSIGHT BOARD

Oversight board can make appropriate reductions in nondebt expenditures of the Territory and Instrumentalities to ensure compliance with approved budgets and fiscal plan;
- With regards to Instrumentalities, OB can institute automatic hiring freezes and require approval of contracts in excess of $100,000.
OB DUTIES RELATED TO RESTRUCTURING & DEBT ISSUANCE

The Territorial Government must complete the Collective Action process prior to receiving a restructuring certification from the OB;

Timely financial statements must be available for the Territory or Instrumentality seeking a restructuring;

If the entity receives less than 10% of its revenues from the taxing power of the Territory, it must be insolvent;

The priority of claims as established by law must be respected;

Restructuring certifications require at least 5 OB board votes (supermajority);

OB must approve all proposed debt issuances, guarantees, exchanges, modifications, redemptions, repurchases, and similar transactions.

CREDITOR COLLECTIVE ACTION

OB serves as Administrative Supervisor; modifications can only be proposed by issuer;

Creditors will be "pooled" depending on the securities/claims they own:
- Each bond issuer must have at least one "pool";
- Pools containing one or more bonds secured by a lien on property are "secured pools" (dedicated revenue streams will be respected);
- Pools will be established according to the following principles:

Pools shall be established corresponding to the relative priority of security arrangements of each holder of bonds against each issuer;

Senior and subordinate bonds will be separated into different pools;

Commonwealth guaranteed bonds fall into their own pool within an issuer;

All bonds of the same issuer that have identical rights in security or priority shall fall into the same pool.

Modifications of pools only allowed after consultation with holders of bonds in the pool;

All bondholders within a pool must be treated equally;

Secured Pools retain the liens securing such bonds and the modification does not reduce the outstanding principal amount of such bonds;

The Administrative Supervisor must certify that the modification "is in the best interests of creditors and is feasible".

Modifications to a pool can only be made with mutual consent between the issuer and at least two thirds (2/3) of the votes within a pool (amount of votes determined by outstanding principal amount held by each bondholder);

Qualifying modifications will be binding on all holders of bonds within a pool. However, holders who did not consent to or approve the modification shall receive or retain under the modification "property of a value, as of the effective date of the qualifying modification, that is not less than the amount that such holders would so receive or retain if there were no qualifying modification".

ADDITIONAL OBSERVATIONS

Expedited consideration in courts of matters related to the act.

Fiscal Plan must cover not less than 5 fiscal years. Oversight Board must approve Fiscal Plan and Budgets; able to implement own Fiscal Plan and Budgets if those submitted by the Territory and Instrumentalities are not acceptable.

OB can only be terminated after Puerto Rico regains access to short-term and long-term credit markets at reasonable rates and for at least 4 consecutive fiscal years Puerto Rico has complied with the Fiscal Plan and has had a balanced budget.

Recent debt moratorium passed by the local government cannot be enforced without creditor consent.

All debt related cases will be seen in federal court.

Courts must confirm that any restructuring plan is consistent with the applicable Fiscal Plan and "is in the best interests of creditors..".

Federal minimum wage reduced to $4.25 for employees under 25 years of age.

Legal stay implemented against all legal actions, covered by the bill, against the Government of Puerto Rico after December 15, 2015. Such stay will remain in effect until the earlier of February 15, 2017 or the date in which a restructuring case is filed by or on behalf of Puerto Rico.

Legal stay means that creditors may not exercise remedies or terminate contracts due to violations of certain terms and covenants such as events of default, coverage, etc., so long as the stay is in place.

Legal stay only against Government of Puerto Rico, its employees and directors, and the OB.

Expedited federal permitting process for Puerto Rico agencies with Critical Projects.

# data[].attributes.attachment_link.title
Resumen del proyecto PROMESA [H.R. 4900] - en inglés

# data[].attributes.attachment_link.description
ACTUALIZACIÓN: 30/junio/2016: PROMESA: Firman en ley proyecto que establece junta federal de control fiscal en Puerto Rico Publicado con permiso de X-Square Capital, Inc. If you are interested in the subject, we recommend our online seminar Understanding Puerto Rico's Economic Crisis: Executive, Judicial, and Congressional Responses and Proposals - 2.9 CLE Credit Hours [COME-2016- 909] - Approved by...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Hay muchas razones por las que los meses de mediados de año del 2016 demostrarán ser cruciales para el futuro de Puerto Rico, un territorio bajo el control de Estados Unidos. Se prevé que el gobierno puertorriqueño no cumplirá con el pago de casi $2,000 millones de bonos de obligaciones generales. La Suprema Corte estadounidense decidirá sobre dos casos que podrían mencionar brevemente el corazón mismo del problema de la condición colonial de Puerto Rico. El Congreso estadounidense votará por la propuesta de ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (que por su nombre en inglés se conoce con el acrónimo de PROMESA).

Esto último parece ahora que se acerca peligrosamente a convertirse en realidad.

El 25 de mayo, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene autoridad sobre los asuntos de Puerto Rico, aprobó el HR 5278, un proyecto de ley que propone una junta de control fiscal independiente con facultades para reestructurar las deudas de Puerto Rico. De crearse esta junta, sus facultades invalidarían las de todo el gobierno de Puerto Rico, incluida su Constitución. Tendría control absoluto del presupuesto del gobierno, ingresos y operación, y nadie en Puerto Rico podría opinar sobre el asunto.

Esta versión del proyecto no es muy diferente de su antecesor, el HR 4900. Sin duda, la mayoría de los cambios parecen bastante superficiales. Uno de los puntos más importantes de la disputa entre los partidos políticos demócrata y republicano, que es la reducción del sueldo mínimo de $7.25 a $4.25 para trabajadores de 25 años y menos, ha quedado intacta, por ejemplo. De cualquier manera, el nuevo proyecto crea una junta de control fiscal aun más poderosa que la propuesta originalmente.

Aunque las juntas de control fiscal no son nada nuevo para Estados Unidos (la capital Washington DC estuvo sujeta a una junta desde 1995 a 2001), la junta propuesta para Puerto Rico es más dura que cualquiera que se haya creada antes. En una entrevista con el canal independiente de noticias estadounidense Democracy Now!, el periodista Juan González explicó en términos generales lo que significaría el proyecto de ley para Puerto Rico de ser aprobado:

[The] bill does have a restructuring mechanism in it for Puerto Rico, but it's now really a poison pill, because in addition to providing the restructuring that the government of Puerto Rico has asked for, it's also requiring the government of Puerto Rico to submit to a virtual total takeover of its economy. It would require a new oversight board of seven people, four of whom will be chosen basically by the Republicans; even though they will be appointed by the president, the president has to take them from lists provided by [House of Representatives] Speaker [Paul] Ryan and by the Senate majority leader. So it's basically going to be a Republican-dominated board.

[El] proyecto de ley contiene un mecanismo de reestructuración para Puerto Rico, pero en realidad es una píldora venenosa, porque además de disponer la reestructuración que el gobierno de Puerto Rico pidió, también está pidiendo que el gobierno de Puerto Rico se someta a una absorción virtual total de su economía. Requeriría una nueva junta de control de siete personas, de las cuales cuatro serán elegidas básicamente por los republicanos; aunque los designará el presidente, el presidente los debe sacar de listas brindadas por el presidente [de la Cámara de Representanes, Paul] Ryan, y por el líder de la mayoría del Senado. Así que básicamente será una junta dominada por los republicanos.

Continúa:

And most importantly-this is what rankles most people on the island-is that only one of the seven actually has to be a resident or have a primary business in Puerto Rico. So you're in essence creating a board [...] that will be of nonresidents of the island running the financial affairs of Puerto Rico for the next five, possibly 10 years.

Y más importante aun -esto es lo que irrita a la mayoría de personas en la isla- es que solamente uno de los siete tiene que ser residente o tener un negocio principal en Puerto Rico. Así que, en esencia están creando una junta [...] que será de no residentes de la isla que manejarán los asuntos financieros de Puerto Rico los próximos cinco, posiblemente diez años.

Esto significa que la ya limitada autonomía de Puerto Rico se restringiría aun más. Como territorio estadounidense, los puertorriqueños tienen ciudadanía estadounidense, pero no se les permite votar en las elecciones federales para el presidente del país. Los puertorriqueños también carecen de representación para votar en el Congreso estadounidense -donde se deciden las leyes que les afectan mucho, como el proyecto de ley PROMESA.

El representante republicano Paul Ryan, que es el funcionario que preside la Cámara de Representantes, o la cámara baja del Congreso estadounidense, defendió el proyecto de ley en Twitter:

Here's my statement on #PROMESA, the House's bipartisan #PuertoRico legislation that prevents a taxpayer bailout. pic.twitter.com/lY0YuW5cIs

- Paul Ryan (@SpeakerRyan) May 19, 2016

En este momento, la estabilidad del territorio de Estados Unidos está en peligro, pues el gobierno de Puerto Rico sigue incumpliendo pagos de importantes préstamos. Hemos insistido en que nuestra propuesta cumple con principios básicos, y el primero es proteger a los contribuyentes de un rescate financiero. Hoy, republicanos y demócratas se reunieron para cumplir la responsabilidad constitucional y fiscal del Congreso para abordar la crisis con la introducción de PROMESA, legislación bipartidista de la Cámara. PROMESA es la solución más responsable a la crisis porque brinda a Puerto Rico un camino a una reforma real mientras protege a los contribuyentes. Recomiendo al presidente [Rob] Bishop del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, al representante [Sean] Duffy y al representante [James] Sensebrenner su liderazgo para esta legislación.
--
Esta es mi declaración sobre el proyecto de ley PROMESA, legislación bipartidista de la Cámara sobre Puerto Rico que evita un rescate financiero de los contribuyentes.

Por su parte, para los políticos que se preparan para las elecciones de noviembre en Puerto Rico, son asuntos habituales. Aunque conocen las facultades extraordinarias que tendrá la junta de control fiscal si se convierte en ley, se podría pensar de otra manera, a juzgar por sus campañas. Un tuit de la periodista Maritza Díaz Alcaide lo resumió bastante bien:

Surrealista ver en campaña a los que no van a gobernar...

- Maritza Diaz Alcaide (@maritzadiazalca) May 21, 2016

Los medios tradicionales en Puerto Rico se han unido a las filas de los que exhortan a las personas a acoger la junta de control fiscal como necesaria e inevitable. El Nuevo Día, uno de los periódicos más influyentes de Puerto Rico, ha publicado una serie de editoriales en los últimos meses que argumentan a favor del control fiscal federal. Un editorial reciente dice:

Without belittling the concerns regarding the authority the law grants the Board, the thing to do right now is for the Senators and members of Congress who are friends of the island to close ranks with the federal House leadership, Republicans and Democrats alike, which removed the restructuring legislation from the dangerous deadlock in which it previously found itself.

The legislation should not be blocked in the House or Senate. That must not happen in this final stretch. We trust that, after the House vote, the Senate will establish a swift work plan so the legislation can return to its counterpart and be completed in a final version before the critical date of July 1st, when Puerto Rico anticipates a default of about $2 billion.

[...]

In times of crisis, reason must prevail over emotions. Local and congressional leaders should make note of that.

Sin subestimar las preocupaciones relacionadas con la autoridad que la ley concede a la junta, lo que hay que hacer ahora es que Senadores y miembros del Congreso que son amigos de la isla cierren filas con la dirigencia de la Cámara, republicanos y demócratas por igual, que retiraron la legislación de reestructuración del peligroso punto muerto en que estaba antes.

La legislación no debería ser bloqueada en la Cámara ni en el Senado. Eso no debe pasar en este trecho final. Confiamos en que, después que la Cámara vote, el Senado establecerá un rápido plan de trabajo para que la legislación puede regresar a su contrparte y se complete en una versión final antes de la fecha crítica del 1 de julio, cuando Puerto Rico prevé un incumplimiento de unos $2,000 millones.

[...]

En tiempos de crisis, la razón debe prevalecer sobre las emociones. Los líderes locales y congresales deben tener eso en cuenta.

'Un costo muy alto a cambio de un beneficio incierto'

Pero en los medios alternos y sobre todo en los medios sociales, la narrativa es bastante diferentes. Muchos grupos se han formado en Facebook con el propósito de organizar esfuerzos para protestar contra la junta de control propuesta, con desobediencia civil de ser necesario.

Junte contra la Junta se describe como una herramienta para la "agitación" de las masas contra la junta de control. Otro grupo de Facebook es Coalición Ciudadana contra la Junta de Control Fiscal, que afirma como uno de sus propósitos principales educar al público sobre las consecuencias de la junta de control y para ayudar a manifestarse en contra a diferentes sectores.

En un artículo de opinión aparecido en Diálogo, periódico mensual publicado por la Universidad de Puerto Rico, José G. Caraballo explica por qué muchas personas rechazan el proyecto de ley PROMESA:

Lo que no es bueno para Estados Unidos no es bueno para Puerto Rico. Por eso, el proyecto PROMESA es rechazado por amplios sectores dado su impacto sobre los trabajadores privados y públicos, sobre la pobreza y sobre nuestro colonialismo centenario. En un sondeo reciente una mayoría de economistas boricuas (de diferentes ideologías) rechazan una Junta de Control Fiscal federal. La inmensa mayoría de la sociedad civil también la rechaza, incluyendo las más de 42 organizaciones que testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una cumbre de la diáspora boricua el mes pasado también observé una mayoría opuesta a esta Junta.

También agrega que a pesar de su oposición, aún hay muchos que quieren que el Congreso imponga una junta de control fiscal por ignorancia:

Un número de personas en Puerto Rico favorecen esta Junta sin saber qué es, sin leer el proyecto (el 70% de las personas no hablan inglés) y piensan que esta Junta parará la corrupción (una palabra que no aparece en el proyecto). Esas mismas personas cambian de opinión cuando saben que los miembros de esa Junta pueden recibir "donaciones" pero tienen inmunidad criminal (abriendo las puertas a la corrupción), que ese proyecto le reduce el salario mínimo a los jóvenes y le quita el pago de horas extras a todos los empleados privados que ganen más de $455 semanalmente. Esto sin entrar en que el "representante" de Puerto Rico ante la Junta pudiese ser Donald Trump o John Paulson quienes tienen negocios aquí o que el proyecto se hizo secretamente entre el personal del Tesoro (exejecutivos de Wall Street) y congresistas conservadores, sin consultar la sociedad civil local.

El Centro para una Nueva Economía, comité asesor independiente no partidario, también se ha expresado contra el proyecto de ley PROMESA:

Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 - y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita - tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.

Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que - luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos - pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.

Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.

El proyecto de ley PROMESA tiene todas las señales de colonialismo puro y a la antigua, que para muchos solamente confirma que Puerto Rico está bajo control colonial de Estados Unidos. Reveladoramente, los medios tradicionales en Estados Unidos se frenan en seco para referirse a esta relación como colonial. Si el término colonial se usa, lo acompaña algún modificador (cuasicolonial, pseudocolonial, estilo colonial, etc.). El ejemplo más reciente de esto ocurrió durante la visita a Puerto Rico del candidato presidencial Bernie Sanders el 16 de mayo, donde dijo a multitudes: "El pueblo de Estados Unidos no puede continuar una relación de estilo colonial con el pueblo de Puerto Rico".

Tal vez el primer paso hacia verdadera ayuda para Puerto Rico sea que Estados Unidos reconozca que ciertamente es una relación colonial con Puerto Rico, un hecho que no ha cambiado en los últimos 118 años.

# data[].attributes.attachment_link.title
Para muchos puertorriqueños, la junta de control fiscal propuesta huele a colonialismo estadounidense · Global Voices en Español

# data[].attributes.attachment_link.description
Hay muchas razones por las que los meses de mediados de año del 2016 demostrarán ser cruciales para el futuro de Puerto Rico, un territorio bajo el control de Estados Unidos. Se prevé que el gobierno puertorriqueño no cumplirá con el pago de casi $2,000 millones de bonos de obligaciones generales.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Se ha hipotecado la economía de la isla por los próximos 40 años
En esta nota ofrecemos unos factores para comprobar que la deuda de los 70 mil millones que tiene Puerto Rico con los bonistas no es responsabilidad de los ciudadanos de la isla. Esto es debido a que la deuda fue contraída por las corporaciones públicas del gobierno, los gobernadores y legislaturas, las cuales en ningún momento le solicitaron de forma democrática al pueblo pedir prestado ese dinero.

Este tipo de acción irresponsable de contraer deudas para pagar las nóminas del gobierno y para dar una idea ficticia de la economía de Puerto Rico, es lo que al final provocó la llegada de una Junta de Control Fiscal enviada por el Congreso de los Estados Unidos de Norte América.

Lo mas injusto de todo es que ahora la gente pobre que no dio el permiso para incurrir en esta deuda tan gigante tiene que pagarla por medio de un recorte al retiro, al Seguro mèdico, despidos, recortes en la Universidad de Puerto Rico, a los servicios esenciales de todos los ciudadanos, y quien sabe que mas hay en planes. Se ha hipotecado la economía de la isla por los próximos 40 años si es que comienzan a renegociar las deudas con la corte federal.

Los que deben pagar la deuda son los irresponsables del gobierno que dieron el permiso y firmaron esos préstamos.

El racismo y clasismo del gobierno de los Estados Unidos y su presidente no solo se nota con la negativa de nunca hacer a Puerto Rico un estado, pero también con lo lento e ineficiente que se ha trabajado con FEMA y la reconstrucción de las casas y estructuras que se llevó el huracán María.

En el nuevo congreso electo podrán escribir resoluciones y presentar proyectos junto a los comisionados residentes, pero eso de nada sirve si no hay el respaldo de la mayoría del congreso.

Aun siendo estado, no se va a perdonar la deuda que tiene Puerto Rico de 70 mil millones. Todavía la economía, la falta de médicos, el pago por los artículos con arbitrios bien caros, el usar las flotas americanas para traer la comida a Puerto Rico seguirá estrangulando la economía.

La salud de los habitantes de Puerto Rico está cada día más a riesgo debido a los planes médicos que toman el dinero para sus administradores y le dan lo mínimo a los proveedores y médicos. Ahora mismo con el Plan Vital, muchos pacientes van a pedir servicios médicos y le son negados porque no han firmado contratos con sus médicos y proveedores.

No se le debe prometer a Puerto Rico lo que sabemos que no va a suceder. La costumbre de hablar en los medios prometiendo que Puerto Rico se encamina a la estadidad ha sido una constante mentira y solo engaña a los pobres seguidores fieles de un partido político.

Para que Puerto Rico sea estado hay que seguir unos pasos que toman décadas. Lo primero es pagar la deuda a los americanos que se les tomó 7 mil millones de dólares prestados. Esos bonistas o prestamistas tienen muy buena amistad con los miembros del congreso. El congreso debe aprobar el añadir a Puerto Rico como parte de la nación. Hasta que no se pague la deuda, los bonistas tendrán a los congresistas agarrados por el rabo. Puerto Rico entonces debe redactar una nueva constitución como un estado donde se define cuantos congresistas tendremos. Ese berenjenal es algo que toma décadas y ni sus nietos van a verlo.

Lo que podemos predecir es que Puerto Rico va a ser un país de viejitos pobres, sin retiro, sin medicinas y usando Vicks como remedio casero con guarapos de Yerba Buena, con el Seguro Social que apenas le dará para comer, y enfermos porque los hospitales tendrán que cerrar por falta de fondos.

La gente de Puerto Rico debe poner el esfuerzo en la productividad y la educación de la isla. Si quiere ver un cambio en la dirección debe hacer algo diferente el día de las elecciones.

Hay que salir de la caja partidaria para promover negocios nuevos que traigan dinero a la isla. Todos debemos escribir y comunicarle al mundo los problemas que están ocurriendo para de esta manera encontrar soluciones viables y rápidas.

Puerto Rico debe conectarse con el mundo entero. Debe atraer compañías extranjeras de China, Canadá, Europa y Sur América para poder diversificar los ingresos y traer un progreso a la isla.

# data[].attributes.attachment_link.title
La deuda de Puerto Rico no es de los ciudadanos.

# data[].attributes.attachment_link.description
Se ha hipotecado la economía de la isla por los próximos 40 años En esta nota ofrecemos unos factores para comprobar que la deuda de los 70 mil millones que tiene Puerto Rico con los bonistas no es responsabilidad de los ciudadanos de la isla. Esto es debido a que la deuda fue contraída por...

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Centro de Estudios Latinoamericanos - CELU

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Las políticas impuestas desde Washington no solo han ocasionado la crisis actual, sino que además han generado que la isla no sea competitiva, producto de la Ley de Cabotaje aplicada desde 1920, la cual manifiesta que solo se pueden utilizar buques de fabricación, propiedad y tripulación norteamericanas, la flota más cara del mundo.

El impacto económico sobre la isla equivalente a 29,052 millones de dólares entre 1970 y 2012.

Con la liberalización de las restricciones de cabotaje marítimo se obtendría un beneficio calculado de 1,3 mil millones de dólares.

# data[].attributes.attachment_link.title
Infografía | Puerto Rico en ruinas (III) - Centro de Estudios Latinoamericanos - CELU

# data[].attributes.attachment_link.description
Las políticas impuestas desde Washington no solo han ocasionado la crisis actual, sino que además han generado que la isla no sea competitiva, producto de la Ley de Cabotaje aplicada desde 1920, la cual manifiesta que solo se pueden utilizar buques de fabricación, propiedad y tripulación norteamericanas, la flota más cara del mundo.

# data[].attributes.attachment_link.description
En la continuación de la Serie Puerto Rico y su destino, hoy se explora la alternativa de la estadidad que está representada por el triángulo en la papeleta del plebiscito del 11 de junio.

# data[].attributes.body
Formato del debate
Muchas conexiones con los políticos EE.UU.

# data[].attributes.attachment_link.description
Dos analistas analizaron las relaciones entre Washington y Puerto Rico para este 2019. | Video | Univision Puerto Rico WLII | Univision

# data[].attributes.attachment_link.title
Estos huracanes marcaron la historia de Puerto Rico

# data[].attributes.attachment_link.description
El primero de junio comienza la temporada de huracanes en el Atlántico. Puerto Rico, por su ubicación geográfica ha sido impactado por varios fenómenos que han deteriorado la infraestructura y hasta cobrado vidas. | Fotos | Univision Puerto Rico WLII | Univision

# data[].attributes.attachment_link.title
Newsela | "Hamilton" se presenta en Puerto Rico: un regreso a casa lleno de alegría... pero complicado

# data[].attributes.attachment_link.description
El subtitulo de Hamilton dice: 'un musical estadounidense', y más estadounidense que eso ¡imposible! Así que esta obra no tiene sentido alguno para nosotros, en cuanto a nuestra cultura. No tiene nada que ver con nosotros en absoluto".

# data[].attributes.attachment_link.title
Newsela | Estudiantes de Puerto Rico enfrentan adversidades después del huracán María

# data[].attributes.attachment_link.description
Muchos de los estudiantes que se marcharon llegaron a Florida, el epicentro del éxodo puertorriqueño.

# data[].attributes.attachment_link.title
Newsela | La deuda de Puerto Rico provoca migración masiva hacia Estados Unidos

# data[].attributes.attachment_link.title
Newsela | Clima severo: Muchos puertorriqueños podrían mudarse a EE. UU. tras devastador huracán María

# data[].attributes.attachment_link.description
Las personas que abandonan Puerto Rico por causa de María pueden tener más dificultades para adaptarse a sus nuevos hogares.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
A todas las voces anónimas sobrevivientes de María,
cuyas historias también merecen ser contadas.
Recuerdo que era un sábado, a medio día, a mediados de septiembre. Estaba en el Tívoli, a la entrada de mi barrio Camino Nuevo, en Yabucoa, tomándome una cervecita. En eso me llega un mensaje a mi celular. Era mi hermano Miguel. 'Juan Antonio, parece que viene otra tormenta. Mira'. Entonces añadió un enlace del Primera Hora, donde el Centro Nacional de Huracanes pronosticaba un huracán, y que venía en esta dirección. Ya habíamos pasado Irma, y recién nos había llegado la luz, después de haber estado como una semana sin ella. Irma fue mala, pero simplemente nos rozó, y como siempre, solo nos tocaron los vientos de tormenta tropical; lo más duro de ese huracán apenas nos dio.

Me tomé la cerveza y me fui a mi casa. He vivido toda mi vida en Camino Nuevo. Mi hermano y yo vivíamos con Mamá en el Sector El Tamarindo de Camino Nuevo, más arriba de las parcelas, en lo alto de un cerro que domina la vista de toda la costa de Yabucoa. Ese terreno nos lo cedieron mis abuelos, cuando papá se marchó y Mamá se quedó con nosotros. Primero era una casita de madera, pero con mi trabajo de bibliotecario en la Universidad de Puerto Rico, obtuve un préstamo de Retiro, y construimos una casa de concreto y varilla, sencilla pero sólida, con un amplio balcón en la parte trasera, para sentarnos a contemplar lo majestuoso del Mar Caribe. Mis abuelos ya hacía mucho habían muerto, y mis tíos se fueron a la Florida uno, los otros dos a Connecticut, y allá hicieron sus vidas. El año pasado murió uno de ellos, pero no pudimos ir a su entierro allá; no teníamos quién cuidara a Mamá.

Cuando llegué a mi casa, mi hermano Miguel andaba nervioso.

__Tengo un mal presentimiento__ me dijo. Su mirada estaba muy nerviosa, y se fijaba en el cuarto donde estaba Mamá, mirando desde la cama a la televisión, donde transmitían la novela de la tarde. Me senté a mirar el enlace. El mapa que se mostraba en la pantalla del teléfono tiraba una línea curva, con entrada precisamente a estos lares. El parte pronosticaba que el disturbio se convertiría en un poderoso huracán justo antes de entrar al Caribe. Yo traté de calmarme. Lo de Irma me dejó mala impresión, y estar sin luz ni agua por una semana fue toda una odisea. Al menos nos pudimos resolver.

__No te alteres__, le dije con aire de tranquilidad. __ Lo importante es que tengamos lo necesario para sobrellevar la tormenta.

Mamá, diabética desde que yo tenga memoria, ya llevaba unos años encamada, desde que le dio un derrame y la dejó sin habla y sin poder caminar. Miguel era el que se encargaba de ella. Yo siempre salía hasta Río Piedras a trabajar en la Universidad, y llegaba por las tardecitas, luego de atravesar el tapón cotidiano del expreso. Pero hace tres años me jubilé, y ya desde entonces, ayudaba a mi hermano a cuidar de Mamá.

Al otro día, el disturbio en el Atlántico era ya María, y venía para acá. Así que comenzamos a prepararnos -de nuevo-, para afrontar el huracán. Nosotros teníamos unos tablones con los cuales pasamos Irma, y no nos pasó nada. Lo único que necesitábamos era algo de comida, y tener lo necesario para cuidar a Mamá. Entre mi hermano y yo comenzamos a martillar los tablones sobre algunas de las ventanas. El ruido de las sierras y un olor a aserrín sustituyó el aroma del salitre en el ambiente. Un aire de nerviosismo se apoderó del barrio completo.

Yo bajé al pueblo para hacer la compra. Ya para entonces, el supermercado estaba repleto de gente ansiosa y las colas en las cajas registradoras eran largas. Pero aun así pude adquirir lo que consideré que era necesario: productos enlatados, agua, baterías, velas. También compré un paquete extra de pañales desechables para Mamá, así como suplementos alimenticios y una ración extra de insulina, y para el lunes estábamos preparados. O al menos, eso pensábamos.

El monstruo comenzó a asomar su feo rostro, ya rayando la medianoche de ese miércoles. La luz no tardó en irse. Miguel y yo nos fuimos a la sala, y nos alumbrábamos con unos "flashlights" que habíamos comprado para Irma. No podíamos dormir. El viento rugía ensordecedor en el alto de nuestro cerro, y se metía el agua entre las rendijas de las ventanas. A Mamá la movimos del cuarto, y la pusimos en la sala. No podía hablar, pero en su mirada le vimos el terror que causaba el ruido del temporal afuera.

Ya a las cinco de la mañana lo que había afuera era algo que nunca había visto, ni siquiera con el Hugo o el Georges 20 años antes. Me asomé por la puerta, y la primera luz del día me mostró que los vientos habían arrancado de raíz, no uno, sino dos árboles frondosos que estaban frente a la casa. La lluvia era tan copiosa que no podía ver la casa de la vecina que estaba un poco más abajo. El temporal rugía como una poderosa bestia salvaje, y estremecía la casa. El viento era intenso, y las ráfagas, aún peores. Fue entonces que escuché un ruido, como un marrón grande dando a la casa. Traté de abrir la puerta, pero se había atascado. La empujé y la abrí. Vi entonces que el vendaval estaba levantando el techo de la marquesina, y había grietas en el balcón.

__Miguel, tenemos que irnos, __ le dije. __Vamos a llevarnos a Mamá a la casa de la vecina. __

Miguel no lo pensó dos veces. Sacó la silla de ruedas, y entre los dos pusimos a Mamá. A las seis y media de la mañana sentimos que ya el huracán no estaba soplando. Supe que era el ojo del temporal sobre nosotros, y Miguel y yo aprovechamos para salir y llevar a Mamá a la casa de la vecina. Ella nos abrió tan pronto llamamos; entramos, y de inmediato la acomodamos en un cuarto. Dejé a Miguel con ella, y regresé a la casa, para asegurar los muebles.

Cuando llegué, el agua había inundado toda la casa. Era horrible. Traté de sacarla con una escoba, pero ahí fue que comenzó el huracán a soplar de nuevo, en virazón, y con mucha más violencia. El techo sonaba más y más duro con cada ráfaga que azotaba. Entonces vi con espanto cómo este se levantó completo, se dobló, y la lluvia y el viento entraban por toda la casa, desde el baño y el cuarto trasero. El viento abrió los closets y sacó todo lo que había adentro. Me refugié en una esquina de la sala, a esperar lo peor. De eso fueron como cinco horas más. Para mí, fue una eternidad. Fue tanto el ruido, que me desconecté; ni siquiera recuerdo cuándo, o cómo desperté.

__¡Juan Antonio! __ me llamó gritando mi hermano. Me miraba con ojos aterrados.

__ ¿Estás bien? __ me preguntó.

Me levanté de un sobresalto.

__ Sí, estoy bien. ¿Qué hora es? ¿Todavía está malo afuera?

__ Mano, son más de las tres de la tarde. Ya escampó un poco.

Cuando miramos la casa, nos quedamos aturdidos. La casa entera estaba inundada; y toda la parte de atrás de la casa, los cuartos, el baño, todo, estaba destruido.

Lo que quedaba era la ruina de una casa.

Mi hermano y yo salimos a ver los alrededores de la casa. Todavía estaba lloviendo un poco, y soplaba el viento, pero nada como por la mañana. Supe que era más de mediodía por el hambre. Cuando salimos, lo que vimos nos horrorizó. El techo se había levantado, partido y hecho trizas como si fuera porcelana que hubiera caído al piso. Solo pedazos de concreto y varilla era lo que se veía. La mitad de la casa estaba a la intemperie. Únicamente la sala, el comedor y la cocina estaban cubiertos.

Miguel y yo nos volteamos a mirar la costa. Aquello era un cuadro de total devastación. Todo estaba completamente desolado. Las colinas y laderas estaban completamente despojadas de vegetación; solo los troncos de los árboles más resistentes estaban de pie. Abajo en la costa, el mar había invadido los terrenos bajos; las pocas palmas que estaban en pie estaban totalmente desnudas. Me quedé un rato absorto; se me aguaron los ojos.

Una mano encima de mi hombro me hizo entrar en sí.

__ Juan Antonio, ¿estás bien? Vamos, hay que despejar.

Fuimos a la marquesina. Al menos mi guagua, que estaba sobre la marquesina descubierta, estaba intacta. El pequeño Toyota de mi hermano no corrió igual suerte. Pedazos de concreto habían caído sobre el bonete y habían roto el cristal delantero. Así que sacamos los vehículos de la marquesina, y los colocamos frente a la casa.

El temporal fue una pesadilla. Pero lo que pasó después fue inmensamente peor.

De Tamarindo no podíamos bajar. Mi hermano se fue a atender a Mamá, que estaba en un cuarto en la casa de la vecina, que había sobrevivido intacta los potentes vientos del huracán. Yo me fui con unos vecinos a limpiar los destrozos.

Comenzamos por despejar el camino. Nos tomó hasta la noche removiendo todo tipo de escombros: árboles y ramas de árboles, postes de alumbrado y del tendido eléctrico, techos y maderas; era una infinidad de despojos. Un vecino de Tamarindo trajo una sierra de gasolina; otro trajo un par de machetes, con los cuales él y yo nos pusimos a picar las ramas y pedazos de madera que bloqueaban el camino. Unos vecinos de las parcelas también subieron para ayudarnos. La densa oscuridad de la noche nos obligó a suspender los trabajos. Fue entonces que comenzamos a escuchar las plantas eléctricas, que ahogaban el sonido de los coquíes. Pronto el olor del humo de las plantas eléctricas inundó el aire. Todavía ese olor me provoca pesadillas.

Al otro día, mi hermano y yo comenzamos a despejar la casa. Excepto por la cama de posiciones de Mamá, todo lo demás se había perdido. Mi hermano y yo sacamos algunas piezas de ropa, la cama y par de sillas del comedor, y las acomodamos en el pequeño cuarto donde la vecina había acomodado a Mamá. La vecina fue demasiado generosa al traernos unos colchones para que no durmiéramos en el piso. Ella tenía una pequeña planta de emergencia, con la cual podía mantener encendida la nevera, y cargar nuestros teléfonos. De la casa nuestra, pude traer un pequeño radio transistor de baterías. Escuchando una de las pocas estaciones AM que funcionaban, nos enteramos que la Isla entera estaba destrozada.

La próxima odisea fue conseguir gasolina para la guagua. Tan pronto el camino quedó despejado, bajé a la carretera. Toda Yabucoa estaba en el piso. No había gasolina en ninguna de las gasolineras. A los dos días fue que abrieron como dos, y tuve que hacer una fila de 3 horas para entrar. Tuve suerte: pude llenar el tanque. Tan pronto salí, cerraron la gasolinera porque se había agotado el combustible.

Por la radio me enteré que la FEMA había llegado a Humacao. Así que tomé fotografías a toda mi casa para documentar la destrucción y hacer la reclamación. Fui hasta Humacao. Primero acudí a una farmacia que tenía una planta de emergencia, y luego de hacer una fila como de una hora, pude imprimir las fotos, las organicé cuidadosamente, y me fui al centro de FEMA, donde hice la fila para hacer la reclamación. La que me atendió me dijo que tenía que hacer la solicitud por internet.

__ Señora, no entiendo. ¿Tengo que llenar la solicitud por Internet? Mire, apenas mi celular tiene señal. Mi casa quedó destruida, y donde nos quedamos no hay luz. ¿Y qué hago con estas fotos?

__ Entonces tiene que esperar a que venga el resto del staff. Ellos vienen la semana que viene.

Así que tuve que esperar una semana completa para volver a Humacao. Con la escasez de gasolina, casi no podía salir. De lo poco que saqué de mi casa, pudimos comer. Menos mal, que vino un camión del municipio y nos trajo agua embotellada, y algunas latas de comida. Pero no fue mucho.

Al cabo de la semana, regresé al centro de servicios de la FEMA. Otra señora me atendió.

__ Vengo a hacer la reclamación. Mi casa en Camino Nuevo de Yabucoa quedó destruida. ¿Dónde puedo llenar la solicitud?

__ El caballero que está en esa mesa está llenando las solicitudes. Haga la fila allá.

Luego de esperar tres horas por mi turno, el oficial de la FEMA me atendió. Era un latino; por el acento, me sonaba como mexicano. Me tomó la información, llenó la solicitud, fotocopió las fotos, y me dijo que un inspector de la FEMA vendría a verificar los daños.

__ ¿Y cuándo sería eso?

__ Tiene que esperar.

Se me aguaron los ojos.

__Mire, no podemos esperar mucho. Mi casa quedó destruida. Apenas ha visto las fotos. Estamos de refugiados en casa de una vecina en Camino Nuevo. Tengo a mi madre encamada y enferma. Por favor, haga algo por nosotros, __ le supliqué, mientras le mostraba las fotos. Entonces el funcionario prestó atención.

El mexicano abrió los ojos. __ ¿Y es ésa su casa? ¿Y así quedó? __ Me miró con aire de total incredulidad.

__ Sí, señor. Así nos la dejó el huracán. Por favor, haga algo por nosotros.

__ Voy a hacer una anotación en el sistema para que le adelanten la ayuda de emergencia. ¿Tiene cuenta de banco? Anótelo aquí. Anote aquí también su dirección postal para avisarle cualquier cosa. La FEMA le contestará en unos días.

Unos días fue que pasaron como dos semanas para que me notificaran que me estaban dando una ayuda de emergencia de $500 dólares.

Pero Mamá ya no pudo aguantar. El calor en la casa de la vecina era insoportable. Se nos puso mala el día antes de que me avisaran de que tenía el dinero disponible, y Miguel y yo corrimos con ella a Humacao para el hospital.

Cuando llegamos, el hospital estaba a oscuras. Entramos a sala de emergencias, pero la enfermera de turno nos interrumpió el paso.

__ Caballero, no puede pasar.

__ ¿Cómo que no podemos pasar? ¿Y qué hacemos con Mamá? ¡Mire que ella está mala! ¡Necesita ayuda!

__ Le entiendo, pero la planta de emergencia lleva como una hora dañada, y no nos han dicho cuándo estará lista. Se nos han muerto 2 pacientes ya. Nos dijeron que no podemos aceptar pacientes. Vaya al hospital HIMA en Caguas; allá estamos enviando a todos los pacientes, en lo que se resuelve el problema acá.

Con suma dificultad, volvimos a montar a Mamá en la guagua. Ella se quejaba de dolor incesantemente. Mi hermano Miguel no se despegaba de ella. Una angustia profunda se apoderó de nosotros.

Arranqué como un bólido a Caguas. Aun con el tráfico pesado, llegamos en menos de 20 minutos al hospital. De veras, no sé cómo lo hice; como que un tizón encendido se me pegó y puse el pie sobre el acelerador. En menos de lo que pensaba, ya estaba entrando al hospital.

Coloqué la guagua en el área de las ambulancias. Mi hermano brincó como un resorte y vino con 2 enfermeros y una silla de ruedas. Montamos a Mamá y vi cómo se la llevaban al interior del área de emergencia.

No tuvimos que esperar mucho. Los enfermeros la atendieron rápido. Por sus miradas, supe que la situación de Mamá era muy seria. Estaba deshidratada, no estaba orinando, y su mirada estaba desorientada.

__Mamá es diabética, __ les dije.

__ ¿Cuándo fue la última vez que le pusieron insulina?

__ Esta mañana. Traje el potecito de insulina. Aquí lo tengo. __ Les mostré el medicamento.

__ ¿Estaba refrigerada la insulina? __

__ Mire, en la casa de la vecina la planta funciona de 4 a 5 horas, porque casi no hay gasolina. Al menos enfría algo la nevera.

__ Caballero, la insulina está dañada. Vamos a ver qué podemos hacer.

De inmediato se llevaron a Mamá, todavía en la silla de ruedas. Mi hermano se fue detrás de ella y los enfermeros.

__ Juan Antonio, no te preocupes. Cualquier cosa, te aviso.

Tras de ellos, las puertas de la sala de emergencia se cerraron. Esa imagen de Mamá siendo llevada en la silla al interior de la sala todavía no se me borra de mi mente.

Yo me regresé a Camino Nuevo. El paisaje de repente lucía lúgubre; y mi viaje hasta el barrio me pareció largo. En el cuarto, ver la cama vacía de Mamá me llenó de angustia. Casi no me dio apetito. Me costó trabajo dormir.

Al otro día, con los primeros rayos del sol, sonó el timbre del celular. Miguel me había enviado un mensaje de texto. No quería leerlo, porque la zozobra me traicionaba; yo ya me anticipaba una fatídica nota. No quería mirar, de veras, pero allí estaba el mensaje en la pantalla. 'Mamá se murió', me escribió. 'Me dijeron que fue fallo renal'. Sentí que se me cayó el mundo.

Acudí al hospital. El camino me pareció eterno. Cuando llegué, mi hermano estaba derrumbado en una de las sillas del área de espera de la sala de emergencia. Me miró con ojos llorosos.

__ Hace como dos horas y pico que falleció. Ni siquiera llegó a ver la luz del día. Y no fui el único.

Señalando hacia una esquina, me apuntó hacia una familia. Un hombre lloraba y rabiaba amargamente, mientras que lo que me pareció era su esposa estaba a su lado, consolándolo. Me compungió de sobremanera la escena.

Entonces mi hermano me habló.

__ Esa familia acaba de perder a una niña. Oí que tenía leucemia, pero el medicamento que se necesitaba no estaba disponible. Lo mandaron a buscar de urgencia, pero los federales detuvieron el paquete porque les pareció y que sospechoso. El papá tuvo que ir corriendo al aeropuerto, a rogar para que le dieran el medicamento. Oí que se alteró cuando el oficial de aduanas, que se jactaba de que era hijo de un juez federal, decía que así no se le podía pedir. Que tenía que suplicarle. Supuestamente el papá se tiró al piso a rogarle. No sé cómo terminó la cosa, pero tal parece que con el revolú, el supervisor intervino, y fue entonces que le dieron el paquete. Pero llegó tarde; te digo que no lleva ni media hora acá. La nena murió casi al mismo tiempo que Mamá. Esto es una tragedia.

El entierro de Mamá fue una comedia de horrores. Primero, nos dijeron en el hospital que el protocolo establecía que había que conducir una autopsia. Así que se llevaron el cadáver a Ciencias Forenses. Pasaron los días, y no nos avisaban.

Como a los 10 días de estar esperando, por la mañana temprano llamé allá, y la señorita que contestó, de mala gana nos dijo que había muchos cadáveres.

__Tiene que venir acá a reclamar su cadáver, señor, __ me dijo, antes de colgar el teléfono.

Así que me fui hasta Río Piedras, a Ciencias Forenses. Allí me enteré que todavía no habían conducido la autopsia, que tenían muchos cadáveres en turno para ser examinados. Aquello me pareció inaceptable. Les exigí que me entregaran el cadáver. Entonces me hicieron firmar un montón de formularios y de formas de consentimiento y relevo. Fue entonces que me dijeron que ya podía llevarme el cadáver.

Ya mi hermano se había comunicado con una funeraria en Yabucoa, y había hecho los arreglos. Llamé a la funeraria. En una hora vino una guagua de la funeraria a llevarse el cadáver. Al menos fueron muy eficientes. Yo seguí el vehículo hasta Yabucoa. Mientras introducían el cadáver por la puerta trasera, me fui a la oficina a llenar los documentos para el entierro. De repente, el embalsamador se apareció en la oficina.

__ ¿Es usted Juan Antonio Torres? __

__ Mire, no podemos preparar el cadáver como debe ser. El cuerpo está en estado de descomposición. En la morgue parece que la tenían en un tráiler sin refrigeración. Hay que enterrarla rápido. Lo lamento mucho. Nosotros haremos las gestiones con el cementerio municipal para que mañana la entierren.

La velamos esa misma noche. Apenas pudimos avisar a los primos en Florida y en Connecticut. Al otro día, la enterramos. Solo la vecina, un primo que vive en el pueblo, y par de amistades de las parcelas estuvieron con nosotros. Mi hermano no se despegaba del ataúd que estaba cerrado. En cambio, yo, sentía un dolor de rabia. Tener que enterrar a nuestra madre de esta forma. Miré a mi hermano al lado del ataúd. Entonces lloré amargamente.

A la semana de haber enterrado a Mamá, llegó a Tamarindo un americano de la FEMA que apenas hablaba español. Acudió a lo que fue nuestra casa, entró, tomó algunas fotos, hizo algunas preguntas en un español que yo casi no entendía, verificó los alrededores, tomó algunas notas, y terminó. También tomó fotos al Toyota de Miguel. Le mostré las fotografías que había tomado, pero me dijo que no las necesitaba. Finalmente, me dijo que tenía que esperar, que la FEMA me iba a contestar en unos días.

La carta de la FEMA demoró un mes en llegar. Cuando llegó, abrí el sobre con gran anticipación. Lo que leí, me desmoralizó. Necesitaban evidencia adicional, me escribieron. Solicitaban evidencia de que ocupábamos la casa para el temporal, así como el título de propiedad de la casa. Increíble. Mi casa destruida, y ahora es que vienen con estos requisitos, pensé yo. De los muebles, el Toyota, y la solicitud para alquilar, no dijeron nada. Me la pusieron difícil éstos, me dije yo.

Así que, al otro día, tuve que ir a Acueductos en Humacao para buscar una copia de una factura del mes anterior al huracán, porque la oficina de Energía Eléctrica estaba cerrada. Al menos con la factura __que por fortuna estaba a mi nombre__ podía demostrar que vivía en la casa para el momento del desastre. Para el título de propiedad, fue lo más difícil. Fui al CRIM, y luego de estar todo el día allí, me dieron una certificación. Ahí fue que me di cuenta de que el terreno todavía aparecía a nombre de mis abuelos. Me expidieron la certificación.

Llamé a la FEMA para decirles que tenía los documentos y preguntar cómo se los sometería y a dónde. A pesar de que supuestamente había una línea en español, me atendió una dama que no sabía hablarlo. Tuve que esperar a que le trajeran un traductor para que también estuviera en la misma llamada telefónica, a pesar de que yo podía hablar algo de inglés. Luego de una conversación tan complicada como difícil, finalmente me dijeron que sometiera los documentos, junto con una carta explicativa, y que podía dejarlos en el centro de servicios de FEMA más cercano.

Con la paciencia de Job, regresé al centro FEMA de Humacao a la mañana siguiente, donde sometí la certificación, las fotos, la factura y los certificados de nacimiento de mi mamá, el mío y el de mi hermano, así como una carta explicativa que hice a mano, en español, para probar que somos los herederos. También me aseguré que en la reclamación, quedara incluida la solicitud de ayuda para el reemplazo de los muebles, así como los daños del Toyota de Miguel. Cuando me tomaron los documentos, me dio algo de ansiedad. Ojalá me indiquen cuánto me van a dar para reconstruir la casa, me dije.

Con la ansiedad de la espera, todos los días iba al buzón del barrio, donde recibo la correspondencia, para verificar si había llegado la carta. Después de dos semanas, me cansé de la tensión que me causaba ir al buzón. Todavía la FEMA se demoró un mes más para enviar la carta con su contestación. Cuando abrí la carta, sentí que me cayó un balde de agua fría. Me escribieron para decirme que daban como $2,500 para el reemplazo de los muebles que había dentro de la casa. También concedieron como $800 para irnos a vivir alquilado por dos meses. Pero para reparar la casa, nos denegaron la ayuda. Me dijeron que no tenía título de propiedad, y que los daños no eran tan sustanciales. ¿Y cuál es el propósito de darnos $800 para vivir alquilados por par de meses, si no tenemos casa? ¿Qué rayos es lo que están pensando estos americanos? También me negaron la ayuda para reparar el Toyota. Increíble, decía que los daños del vehículo no impiden que se pueda utilizar. ¿Y el cristal roto? ¿Cómo se puede conducir un carro así? De veras, yo no lo podía creer. No tuve el corazón para decirle a mi hermano. Él estaba visitando a unas amistades en las parcelas.

Nuevamente me armé de paciencia, y regresé una vez más al centro de asistencia de la FEMA en Humacao a reclamar. Allá me dijeron que tenía que apelar la decisión. Me comentaron que tenía que hacer una carta, que tenía que hacer una declaración jurada. Me indicaron que, con la carta, tenía que someter también un estimado de un contratista. Así que tuve que buscar todo eso. Fue una odisea reunir de nuevo documentos. Localizar a un contratista certificado fue una empresa poco menos que imposible. Todos estaban ocupados; solicitarles una visita era como pautar una cita con endocrinólogos. Pero al menos, me acreditaron como $3,300 a mi cuenta de banco. Eso sí se lo dije a mi hermano. Con la emoción, ni siquiera preguntó por lo de su carro. No me atreví a decirle.

Con los $800.00, buscamos una casa en las parcelas para mudarnos. Todo lo que encontramos fue un apartamento detrás de una casa, con un cuarto, una cocina pequeña, un baño más pequeño, y su salita. Estaba sencillamente amueblada. Al menos nos lo alquilaron por $200.00 mensuales para resolver. En la casa de la vecina, estuvimos como 5 meses y medio. Cuando nos mudamos, ella se puso muy triste. Al menos le servía de consuelo que íbamos a estar cerca. Nos dijo que se había enterado que como 10 familias que ella conocía en las parcelas se habían marchado a Florida y a Nueva York porque ya estaban hartos de estar tanto tiempo sin luz.

El día que nos mudamos, finalmente llegó la luz a Camino Nuevo. Eran como las 3:00 de la tarde. La algarabía que se formó en el barrio fue algo que ni en Año Viejo. La gente salió a la calle a celebrar, todos se abrazaban, y lloraban de la alegría. Parecía que hubiese sucedido un milagro.

Pero hoy, yo me siento cansado. Mi hermano y yo llevamos como dos meses viviendo en el apartamento. Cuando fui a la mueblería del pueblo, el estimado de lo que necesitaba para equipar la casa no bajaba de $5,000 dólares. Después de tanto buscar, finalmente conseguí un contratista de Ponce que muy amablemente accedió a venir a evaluar la casa. Nos dijo que reconstruir mi casa cuesta más de $40,000 dólares. No puede ser, me dije. Yo no tengo ese dinero. Yo ya he dado demasiadas vueltas. Para el título de propiedad, un abogado en Yabucoa nos ofreció a mi hermano y a mí tramitar una declaratoria de herederos y un expediente de dominio, pero nos dijo que todo eso sale en $2,500 dólares como mínimo. Para mí, eso es demasiado tiempo y dinero. No cuento con un seguro privado y no puedo conseguir dinero prestado. FEMA sigue diciendo que no. No sé qué más hacer, licenciado.

Todo eso me contó don Juan Antonio Torres cuando le entrevisté en la capilla de las parcelas de Camino Nuevo, a donde habíamos acudido un grupo de abogados voluntarios para tramitar apelaciones ante la FEMA. Primero, me mostró todos los documentos, impecablemente organizados en un cartapacio. Le preparé una declaración jurada, así como una carta de apelación en el idioma inglés. Con paciencia, le expliqué que la declaración jurada era para explicar el interés propietario de él y su hermano sobre la casa, pero que, por experiencia, le dije que la FEMA lo que espera son documentos acreditativos de propiedad antes del desastre; le mencioné que la agencia estaba rechazando sistemáticamente las declaraciones hechas con posterioridad al huracán. Tuve que explicarle que la FEMA solamente aceptaba evidencia de título de propiedad previo a la fecha del desastre. Pero para don Juan, ya eso no importaba. Al menos, eso fue lo que hizo entender. En sus ojos le noté el cansancio. Una leve sonrisa se asomó a su rostro.

Cuando terminé de preparar los documentos y la declaración jurada, me los firmó sin chistar. Entonces fue que me contó esta historia. A mí me rompió el corazón. Pero lo que me impresionó fueron las fotos que había tomado el hombre. Me las mostró con solemnidad y me permitió documentarlas. Las fotografié, y se las devolví. Don Juan las recogió, las colocó cuidadosamente en el cartapacio. Luego de darme las gracias, se marchó con el cartapacio en la mano, los documentos que le había colocado en un sobre pre-dirigido, y la ilusión de una nueva expectativa, de algo distinto que pudiera ser positivo, o más bien, eso quise pensar yo. A mí se me aguaron los ojos. Ayer había leído en un titular de un periódico, que la FEMA estaba rechazando un gran porciento de las apelaciones, precisamente por problemas de titularidad. No sé si don Juan lo había leído. Su mirada era serena, de persistencia. Para él, era otro día.

Me levanté y me asomé por la ventana. En lo alto del cerro de Camino Nuevo, ondeaba la monoestrellada, solitaria y oronda. A su alrededor, la loma mostraba color de esperanza.

__________________

Nota del autor:

El 20 de septiembre de 2018, se cumplió un año del paso del catastrófico huracán María sobre Puerto Rico. Si bien el sistema atmosférico fue demoledor para Puerto Rico, la ineficiencia e incompetencia de los gobiernos, tanto estatal, como federal, profundizaron la devastación en Puerto Rico sumiéndolo en una profunda crisis, que había comenzado con la quiebra financiera gubernamental meses antes.

Sabemos que muchos damnificados y sobrevivientes del huracán solicitaron asistencia por desastre a la FEMA. No obstante, esta agencia federal, en un acto de suprema indolencia y desdén por nuestro país, denegó más de un 60% de las solicitudes hechas. El Fondo para Acceso a la Justicia, entre otras organizaciones sin fines de lucro, se dio a la tarea de reclutar a organizaciones que destacaron brigadas de abogados-notarios, quienes, a cambio de una modesta compensación, se dieron a la tarea de asesorar y notarizar documentos y declaraciones juradas a los solicitantes que les fuera denegada la asistencia, para preparar las correspondientes apelaciones.

En esa calidad, estuve participando de una brigada de abogados con el proyecto Casa Solidaria, del Proyecto Matria. Así, tuve la oportunidad de visitar numerosos pueblos a lo largo y ancho de la Isla, donde asistí a decenas de clientes en la preparación de los documentos necesarios para las apelaciones de las denegaciones de asistencia por desastre, y escuchar atentamente todas y cada una de sus historias.

En particular, cada cliente damnificado nos contaba historias de sufrimiento, de traspiés, de obstáculos y de sobrevivencias, cada una de las cuales iban de impresionantes a puro horror. Todas estas historias, anónimas, consideré que debían ser contadas, porque cada una de estas voces lleva en su contenido, el sufrimiento de todo un pueblo, que, en estos días, sufre humillación tras humillación a manos de un desacreditado e indolente gobierno estatal, y de un francamente inhumano gobierno federal norteamericano.

Desde hace un tiempo, he estado documentando estas historias, y las he desarrollado en cuentos, a modo de crónicas literarias, al estilo de Elena Poniatowska, Edgardo Rodríguez Juliá, Svetlana Alexiévich, o mi mayor fuente de inspiración, los cuentos publicados en la década de los '40 por don Emilio S. Belaval Maldonado.

# data[].attributes.attachment_link.description
A todas las voces anónimas sobrevivientes de María, cuyas historias también merecen ser contadas. Recuerdo que era un sábado, a medio día, a mediados de septiembre. Estaba en el Tívoli, a la entrada de mi barrio Camino Nuevo, en Yabucoa, tomándome una cervecita. En eso me llega un mensaje a mi celular.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
The advantages of statehood for Puerto Rico are obvious:

1. The sometimes bizarre legal inequalities between Puerto Rico and the states would end, immediately helping disaster response. For example, Puerto Rico would be eligible for D-SNAP, the special food stamp program for disaster victims. No one can explain why Puerto Rico isn't eligible for the program now, but this situation would end if Puerto Rico were a state. The same holds true for the inequities in Medicaid, family tax credits, and many more federal programs.

2. Like every territory which has become a state, Puerto Rico would be in a stronger economic position. Jobs for local people will come naturally as Puerto Rico rebuilds. Being part of the larger U.S. economy will increase tourism, entrepreneurship, and investment in business in Puerto Rico. Instead of having to rely on self-destructive tax loopholes, Puerto Rico will have the same opportunities for growth the other states have.

3. Puerto Rico will have full representation in the U.S. legislature, with the ability to vote on laws that affect Puerto Rico.

4. Residents of Puerto Rico will be able to vote in presidential elections, as well as in elections for senators and congresspeople. Full participation in the democratic process will be available to all residents of Puerto Rico.

5. With increased power and prosperity, Puerto Rico will bring greater benefits to the United States as a whole, as every territory has done when it has become a state.

What are the disadvantages of statehood for Puerto Rico? We've researched this question, examining the disadvantages others have listed.

1. Puerto Rico could lose its place in the Olympics or the Miss Universe Pageant. A complaint from the United States could remove Puerto Rico from the Olympics at any time, and the same is true for the international pageants. For example, Guadeloup and French Guyana used to participate separately in beauty pageants as Puerto Rico does, but since 1984 they have been included in the Miss France competition. This happened with no change in status for Guadeloup or French Guyana. Miss France 2017 is the contestant from French Guyana, as it happens, and Puerto Ricans have won medals for the U.S. in the Olympics. The point is that this participation is not an automatic consequence of being a territory, and loss of this participation would not be an automatic consequence of statehood. This issue is independent of political status.

2. Puerto Rico could become an English-speaking state. While it is not true that states must be English only or even English mostly, it is true that states like Louisiana and New Mexico, which didn't have English as their majority language before statehood, are now English speaking states. Puerto Rico would not be the only state with more than one official language, and it would not be the state with the largest number of Spanish speakers. With 47% Spanish speakers, New Mexico has the largest percentage of Spanish speakers, followed by California and Texas with 38% each. Eight states have more than 1,000,000 Spanish speakers, and the U.S. has more Spanish speakers than Spain. Spanish is clearly the second language of the United States. Nonetheless, it is likely that more people would speak English in the state of Puerto Rico.

3. Residents of Puerto Rico would pay federal income tax. Actually, with a higher poverty level and higher unemployment than any of the 50 states even before Hurricane Maria, Puerto Rico's residents would not pay income tax. Like nearly half of their fellow citizens in the states, most of the residents of Puerto Rico don't earn enough to pay income taxes. Instead, they would be eligible for family tax credits. As Puerto Rico rebuilds and becomes more prosperous, the Island will see a better quality of life and the United States will see more tax revenue from the Island.

4. U.S. statistics will falter. Some national statistics are calculated without including Puerto Rico. If those numbers are recalculated with Puerto Rico's information included, the United States could suddenly have a higher poverty rate, a higher crime rate, and a larger number of hours of sunshine. People who worry about this downside to statehood don't usually mention the sunshine. They shouldn't worry about the crime rate, either. Unless data is being sorted out by state, all statistics about the United States should include the states and the territories. If more accurate crime rate figures embarrass the U.S., they might also motivate the federal government to take action to reduce crime and poverty in Puerto Rico.

5. The United States would become responsible for Puerto Rico's financial troubles. We see this claim as a reason for the United States to refuse statehood to Puerto Rico. This shows ignorance. There has never been a requirement for territories to be solvent before they become states. One good reason for this is that the United States is responsible for the territories she owns. She is in fact more responsible for the territories than for the states. Congress has complete power over territories, according to the U.S. Constitution. States have rights and powers of their own. Unless Congress is prepared to force independence on Puerto Rico - and we don't think they are - the buck stops in Washington.

Are there any real disadvantages to statehood? On closer examination, we don't see any. Join us. Now more than ever, we can't go backwards. We can only go forward, and statehood is our future.

Filed under: Statehood

# data[].attributes.attachment_link.title
Puerto Rico Statehood: Pros and Cons - Puerto Rico 51st

# data[].attributes.attachment_link.description
The advantages of statehood for Puerto Rico are obvious: The sometimes bizarre legal inequalities between Puerto Rico and the states would end, immediately helping disaster response. For example, Puerto Rico would be eligible for D-SNAP, the special food stamp program for disaster victims. No one can explain why Puerto Rico isn't eligible for the program now, but this situation would end if Puerto Rico were a state.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Puerto Rico's June referendum on U.S. statehood was boycotted by the opposition and suffered from low turnout but has once again put a spotlight on the island's economic depression and debt crisis. Supporters see statehood as a way of easing Puerto Rico's mounting woes. But Congress has consistently rejected the idea of statehood and even if it approved such a move it would carry heavy costs, warns CFR Senior Fellow and former Treasury Department official Brad W. Setser. "The fact that Puerto Rico has built up a level of debt that is far in excess of any other state would make the transition to statehood quite difficult," he says. Meanwhile, further hardships loom as a federal oversight board imposes austerity measures. "There will be sacrifices on the part of pretty much everyone," Setser says.

The pro-statehood position won 97 percent of the vote. What do these results mean?

The results show that Governor Ricardo Rossello's New Progressive Party, or PNP, is still committed to statehood, and their voters came out and voted in support of statehood. But the level of participation was quite low. The opposition parties boycotted the election. Barely a quarter of eligible voters showed up and voted, when in Puerto Rico, there's a tradition of high participation in most elections. As a result, I doubt it will have a very significant effect.

Ultimately, it's up to Congress to decide if Puerto Rico becomes a state or not. It has so far not been willing, and I doubt that this referendum fundamentally changes that dynamic.

Proponents argue that if Puerto Rico becomes a state, its current economic crisis would be ameliorated. Is that true?

That's actually a quite hard question. Puerto Rico's current status as a territory provides it with some significant benefits, but it also has costs.

The benefit is that Puerto Ricans don't pay U.S. federal income tax on income earned in Puerto Rico, and U.S. companies operating in Puerto Rico can structure themselves so that they are offshore for purposes of U.S. corporate income tax. If Puerto Rico were to become a state, there would be a significant shock from the loss of those tax benefits.

On the other hand, Puerto Ricans do not have access to the same level of federal benefits that they would get if the island were a state. While Puerto Rico does receive some federal assistance-food stamps, housing funds, and some highway and transportation funds-it clearly receives less from the federal government than it would if it were a state. It receives, for instance, less in Medicaid funding than it would get if it were a state. And, ironically, many Puerto Ricans would get a rebate if Puerto Rico were part of the personal income tax system, which is progressive and provides subsidies through the earned income tax credit for low-income workers.

If Puerto Rico were to become a state, there would be a significant shock from the loss of those tax benefits.

But the fact that Puerto Rico has built up a level of debt that is far in excess of any other state, combined with the change in the tax treatment of companies operating in Puerto Rico, would make the transition to statehood quite difficult.

Congress passed the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) last year to help Puerto Rico deal with its debt load. Where is that process now?

PROMESA created an oversight board that is charged with working with Puerto Rico's governor to create a long-run budget plan. The board has to approve annual budgets.

Secondly, the legislation also created two restructuring provisions: Title VI, the so-called voluntary restructuring, and Title III, which is more akin to the municipal bankruptcy process.

Since it's been created, the oversight board has approved a long-run fiscal plan. It has authorized Puerto Rico's government and various subcomponents of the Puerto Rican government to file for municipal-bankruptcy-style protection. The Sales Tax Financing Corporation and the highway authority, for instance, which account for a significant share of Puerto Rico's debt, have filed for Title III protection, as have others. And that court-supervised restructuring process is now in its early stages.

The PROMESA process is playing out more or less as expected. The board's program for fiscal adjustment requires significant austerity from Puerto Rico. But it also envisions rather limited debt service over the next ten years, and thus a significant debt restructuring.

Are bondholders and the roughly $73 billion in bonds going to be treated differently than the pension system, which is underfunded by almost $50 billion?

There will be sacrifices on the part of pretty much everyone. But a large part of the fiscal plan is putting money into the pensions to cover the legacy obligations that cannot be covered out of the pension system's assets because the pension system has no assets. Pensioners will have to make some sacrifices, but they likely will come closer to getting their full pension payment than most bondholders will to getting their full payment on their bonds.

An important point here, though, is that there is no single entity that issued $73 billion in bonds. About fourteen different entities have issued that much to different borrowers with different credit profiles. So while the bulk of it is going to be restructured in one way or another, some bondholders will receive a significantly better deal than others. Part of the complexity of the Puerto Rican case is this diversity of debt stock, and the uncertainty surrounding the relative status of different parts of the debt, which is what the PROMESA process seeks to sort out.

Some have warned that the austerity measures foreseen in the new budget will contribute to a downward economic spiral, causing more people to leave the island, and ultimately making things worse. Is there any way to avoid that?

Unless there are significant changes in U.S. federal law, there will be no way for Puerto Rico to avoid a lot of austerity in the next couple of years. That's for two reasons. The first is that Puerto Rico has covered payments on its existing pensions by running down the assets of its pension system. It has been using the legacy assets of its pension system as a form of fiscal financing. And those assets are exhausted. As a result, Puerto Rico is going to have to undertake some austerity just to make up for the loss of the financing provided by the sale of pension assets.

Second, Puerto Rico benefited from a provision of the Affordable Care Act that gave it funding to offset the limited funding it receives under the current Medicaid program. But that Affordable Care Act grant is running out. Congress provided a bit of short-term funding in the last omnibus bill, but it hasn't provided clarity about the level of federal support Puerto Rico will receive going forward. And so to maintain the current level of medical care in the face of the imminent loss of Affordable Care Act funding, Puerto Rico has to make some significant cuts. Puerto Rico is going to have to tighten up its budget and there's no real way to avoid that.

One of the big risks associated with austerity is that it leads to a bigger downturn.

Clearly, one of the big risks associated with austerity is that it leads to a bigger downturn than is envisioned in the fiscal plan, and more people leave than expected. As a result, Puerto Rico's economic capacity falls and there's permanent damage done to the economy. There certainly is a risk that the downturn gets significantly worse in the next few years.

But Puerto Rico will also benefit from the legal protections from creditor lawsuits afforded by the PROMESA legislation while it undertakes that adjustment, and hopefully will emerge with a realistic amount of debt at the end of the process.

Are there any signs that the restructuring is spilling over onto the broader municipal bond market on the mainland?

Puerto Rico has been frozen out of traditional municipal financing for at least four years. It did place a bond in 2014, but it placed it with a group of investors that specialize in high-risk debt, not the traditional municipal market. The municipal market has expected a restructuring in Puerto Rico, and so far there's really no evidence that it has changed conditions for healthy municipal issuers in the United States.

Are there any lessons here for states, like Illinois, that have problems with high debt and pension obligations?

It is a totally different legal issue. Territories are not states. Municipalities are also not states, but rather subdivisions of states. The municipal bond market includes borrowing by both municipalities, which are eligible for Chapter 9 bankruptcy protection, and borrowing by states, which are not eligible for any restructuring process.

The PROMESA legislation as created by Congress is a restructuring tool that is available only to territories. It is not available to states. The constitutional issues associated with creating a restructuring process for states are actually significantly more difficult than the constitutional issues around territories.

This is because bankruptcy restructuring is usually accompanied with some kind of external oversight. For a municipality, that usually means a state-for example, the state of Michigan provided oversight for the city of Detroit. For Puerto Rico, a territory of the United States, the federal government is providing the oversight.

Now that PROMESA is in place, is there anything else the federal government could be doing, or should be doing?

There are fundamental questions about the federal fiscal bargain with Puerto Rico that will need to be settled independently of the statehood issue.

Puerto Rico is poorer than the poorest of U.S. states. It depends more on federal anti-poverty programs than most states. So some of the cuts to things like food stamps or housing assistance that are envisioned in the Republican budget plan would have a disproportionate impact on Puerto Rico-an impact that is not factored in to the island's current budget projections. Washington needs to be conscious of how changes to federal programs might impact Puerto Rico.

Washington needs to be conscious of how changes to federal programs might impact Puerto Rico.

Puerto Rico's treatment under Medicaid will also have to be addressed. In the long run, it isn't sustainable for Puerto Rico's Medicaid benefits to be capped at a level far below what it would receive if it were a state.

In addition, there's a strong case for a program similar to the federal Earned Income Tax Credit (EITC), which would provide tax credits to low-income Puerto Rican workers below a certain income threshold. Such employment-based tax relief incentivizes work, and would help boost Puerto Rico's low labor-force participation rate. Moreover, it would encourage Puerto Ricans to stay on the island and continue working there. Right now, the federal government in effect provides a tax incentive for many Puerto Ricans to move off-island to benefit from the EITC.

Finally and probably most controversially, I do think Puerto Rico's treatment in the U.S. corporate income tax system needs to be clarified, particularly if there is a comprehensive reform of the corporate income tax system. In particular, Puerto Rico still generates a lot of tax revenue from the controversial Act 154-a special tax on multinational companies that operate in Puerto Rico because it isn't part of the U.S. for corporate income tax purposes.
This interview has been edited and condensed.

# data[].attributes.attachment_link.description
Puerto Rico's June referendum on U.S. statehood was boycotted by the opposition and suffered from low turnout but has once again put a spotlight on the island's economic depression and debt crisis. Supporters see statehood as a way of easing Puerto Rico's mounting woes.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pasquines is a nonprofit news organization, led and run by volunteers, dedicated to ending the insularity between the United States and its territories.

We believe that the United States territories of Puerto Rico, Guam, the US Virgin Islands, American Samoa and the Northern Mariana Islands, are needlessly absent from national conversations involving politics, policy, design, and innovation. At the same time, local discussions negate the impact that federal issues have on life in these jurisdictions. That is why we are focused on bringing local issues to the national conversation, and national issues to local consideration. In the face of a challenging environment for journalism, we seek to pioneer innovative news publishing that is focused on rising students and journalists; raise awareness of the existence and conditions of the territories; and inspire inclusion of these citizens in all critical considerations. With ardent tenacity to eradicate the insularity between the nation and the territories, we publish the context of islands.

The work by Pasquines is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

# data[].attributes.attachment_link.description
Pasquines is a nonprofit news organization, led and run by volunteers, dedicated to ending the insularity between the United States and its territories. We believe that the United States territories of Puerto Rico, Guam, the US Virgin Islands, American Samoa and the Northern Mariana Islands, are needlessly absent from national conversations involving politics, policy, design, and innovation.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017, los estadounidenses en el continente estaban horrorizados por la magnitud de los daños: miles de muertos, cientos de miles de desplazados, millones de personas sin electricidad y, según algunos estimados, pérdidas económicas de hasta 90 mil millones de dólares. Lo que pocos registraron, a medida que el número de víctimas del huracán y la terrible insuficiencia de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos se hicieron evidentes, fue una causa subyacente de la condición de Puerto Rico: que la isla sigue siendo efectivamente una colonia estadounidense.

Desde 1898, cuando Washington tomó posesión de la isla al final de la Guerra Hispano-Americana, a Puerto Rico no se le ha concedido soberanía ni se le ha integrado plenamente en los Estados Unidos. En cambio, ha permanecido como un "territorio no-incorporado", un lugar que es a la vez parte del resto del país, pero separado.

Los residentes de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, sujetos a las leyes federales y elegibles para el reclutamiento, pero no gozan de los mismos derechos políticos que sus compatriotas estadounidenses. Tienen un solo miembro sin derecho a voto en la Cámara de Representantes y, aunque pueden votar en las primarias presidenciales de Estados Unidos, no tienen votos en el Colegio Electoral en las elecciones generales.

Sin tener voz ni voto en las políticas federales que lo gobiernan, Puerto Rico ha sido descuidado por Washington durante décadas. Esta negligencia ha sido costosa: incluso antes de María, la economía de Puerto Rico llevaba años en declive. Entre 2004 y 2017, el producto económico cayó un 14 por ciento. Si se midiera a Puerto Rico como un país, esa caída estaría entre las peores de la historia reciente para una nación que no está en guerra. Esta crisis económica ha provocado una ola de emigración: la población de Puerto Rico ha pasado de más de 3,8 millones en 2006 a menos de 3,2 millones en la actualidad.

La isla tiene una tasa de pobreza que duplica la de Mississippi, el estado más pobre de los Estados Unidos: alrededor del 45 por ciento de los residentes de Puerto Rico y el 56 por ciento de sus niños viven por debajo de la línea de pobreza a nivel federal.

El statu quo no puede continuar. La constante negligencia económica y política de Estados Unidos hacia la isla es una mancha en la autoridad moral del país. Puerto Rico no eligió entrar a los Estados Unidos, sino que fue conquistado en una guerra expansionista, y sus deseos han sido ignorados desde entonces. Para que Estados Unidos siga siendo una voz a favor de la democracia y la autodeterminación en el escenario internacional, debe poner fin a su injusta relación colonial con Puerto Rico y el dañino purgatorio que representa el actual status de la isla.

La decisión sobre el futuro de la isla debe ser dejada en manos del propio pueblo de Puerto Rico, ya que no es sólo una cuestión económica sino también de identidad, patrimonio y valores. Sin embargo, por complejo que sea el proceso, el gobierno de Estados Unidos debe comprometerse a trabajar con Puerto Rico para resolver el status de la isla de una vez por todas. Los estadounidenses en el continente deben estar dispuestos a apoyar cualquier decisión que tome el pueblo puertorriqueño, ya sea revisar el actual status de Estado Libre Asociado, convertirse en una nación independiente o unirse a la Unión Federal como el 51º estado de los Estados Unidos.
Una cuestión de status
En 1898, Estados Unidos ganó la Guerra Hispano-Americana y obligó a España a ceder el control de Guam, las Filipinas y Puerto Rico. La soberanía sobre Puerto Rico fue transferida al Congreso, que bajo el Artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos tiene poder plenario sobre todos los "Territorios u otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos". De inmediato, el gobierno federal tuvo que determinar la situación constitucional de los territorios recién conquistados

En una serie de decisiones controvertidas conocidas como los Casos Insulares, la Corte Suprema resolvió esta cuestión distinguiendo entre territorios incorporados -los destinados a la futura estadidad, como Hawai- y territorios no incorporados, incluyendo a Puerto Rico.

Aunque el Tribunal dictaminó que las libertades personales fundamentales garantizadas por la Constitución se extendían a las personas en los territorios no incorporados, esos territorios no gozarían automáticamente de todas las garantías constitucionales, como la ciudadanía por nacimiento y el derecho a un juicio por jurado.

Había una clara dimensión racial en los fallos: en la opinión de la Corte en el caso Downes v. Bidwell de 1901, el juez Henry Billings Brown se preocupó de que si Puerto Rico era reconocido como parte de los Estados Unidos, entonces sus habitantes, "sean salvajes o civilizados", tendrían "todos los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos". En su disenso premonitorio el juez John Marshall Harlan criticó el fallo mayoritario por permitir que el Congreso implantara en nuestras instituciones republicanas un sistema colonial como el que existe bajo los gobiernos monárquicos".

Estados Unidos designó inicialmente un gobierno colonial en Puerto Rico. Pero la resistencia local condujo a la Ley Jones de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense a los habitantes de la isla y creó un Senado puertorriqueño elegido por el pueblo. En 1947, el Congreso aprobó una ley que permitía a los puertorriqueños elegir a su propio gobernador. Tres años después, impulsado en parte por el deseo de cumplir con las reglas de la ONU relacionadas con el autogobierno de los territorios, permitió que la legislatura puertorriqueña redactara su propia constitución, sujeta a la aprobación del Congreso. Desde la ratificación de su constitución en 1952, Puerto Rico ha sido oficialmente llamado un "Commonwealth" en inglés, pero su título en español de "Estado Libre Asociado" implica un grado de autonomía que Washington, a pesar de las reformas en parches, consistentemente ha fallado en otorgarle.

La cuestión del status ha definido desde hace mucho tiempo la propia política de Puerto Rico. Los principales partidos políticos de la isla se centran en su apoyo a la estadidad o al Estado Libre Asociado (ELA), y las políticas se diseñan y descartan sistemáticamente en vista de sus implicaciones para una u otra posición. La isla ha celebrado cinco referéndums no vinculantes sobre su status político. Los dos primeros, en 1967 y 1993, señalaron una preferencia por la opción del Estado Libre Asociado (ELA), pero en el tercero, celebrado en 1998, "ninguno de los anteriores" obtuvo poco más de la mitad de los votos. Los más recientes parecen mostrar un mayor apoyo a la estadidad. En 2017, por ejemplo, en un referéndum diseñado por el actual gobierno estadista, la estadidad obtuvo el 97 por ciento de los votos, pero la participación fue de apenas el 23 por ciento, ya que tanto los pro-independencia como los pro-ELA

boicotearon el referéndum.

El gobierno federal, por su parte, se ha conformado en gran medida con mantener la relación colonial.

En respuesta al referéndum de 1967, en 1970, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, creó un grupo asesor ad hoc sobre Puerto Rico que recomendó que se permitiera a los residentes de Puerto Rico votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pero esa propuesta no obtuvo el apoyo del Congreso, y una recomendación posterior para otorgar mayor autonomía a la isla fue rechazada por el sucesor de Nixon, Gerald Ford, quien estaba a favor de la estadidad.

Durante las últimas tres décadas, el Congreso ha considerado periódicamente legislación para abordar el status de Puerto Rico, pero la única medida aprobada fue una pequeña asignación en 2014 que otorgó fondos federales para una consulta sin ningún tipo de compromiso para actuar sobre los resultados. Y así prevalece el statu quo.
Una historia de negligencia
Estados Unidos no sólo ha afirmado su soberanía política sobre Puerto Rico, sino que fundamentalmente ha dado forma a la economía de la isla. La moneda de Puerto Rico es el dólar estadounidense, sus principales bancos están supervisados por organismos reguladores estadounidenses y su comercio con los 50 estados se rige por la ley estadounidense. Cuando un producto extranjero entra a Puerto Rico, pasa por la aduana de los Estados Unidos y no enfrenta más aranceles o restricciones comerciales.

El salario mínimo federal se aplica en Puerto Rico desde 1983. Los residentes puertorriqueños pueden moverse libremente dentro de los Estados Unidos, y los estadounidenses pueden visitar Puerto Rico sin pasaporte. Sin embargo, la isla no está completamente integrada con el continente: a efectos del impuesto sobre la renta, Puerto Rico está legalmente en el extranjero. Las compañías que operan en Puerto Rico no pagan impuestos federales sobre las ganancias obtenidas en la isla. Y aunque los residentes puertorriqueños pagan impuestos locales y estadounidenses, la mayoría no paga impuestos federales sobre la renta. Como resultado, reciben sólo algunos de los beneficios federales disponibles para los estadounidenses en el continente -Seguro Social, por ejemplo, pero no el Ingreso de Seguro Suplementario.

En ocasiones, Puerto Rico se ha beneficiado de sus lazos económicos con los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios industriales abrieron fábricas en Puerto Rico, atraídos por los bajos salarios de la isla, la creciente mano de obra calificada y el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. El crecimiento medio anual superó el cinco por ciento tanto en los años 50 como en los 60, y los niveles de ingresos, aunque bajos en comparación con los del continente, fueron muy superiores a los del resto del Caribe. Muchos veían a Puerto Rico como la respuesta capitalista y democrática a la Cuba comunista.

Sin embargo, el auge de la isla en la posguerra no fue construido para durar.

El crecimiento de Puerto Rico dependía en gran medida de las políticas federales que lo protegían de la competencia internacional. Esas políticas comenzaron a cambiar después de la década de 1970, cuando Estados Unidos se integró más profundamente en la economía mundial. En 1973, cuando los Estados Unidos abandonaron su sistema de cuotas de importación de petróleo, que había privilegiado las importaciones de petróleo puertorriqueño y, por lo tanto, ayudó a estimular el desarrollo económico de la isla, la pujante industria petroquímica de Puerto Rico se derrumbó.

A medida que los sectores manufactureros tradicionales de Puerto Rico estaban expuestos a la competencia global, la isla se hizo cada vez más dependiente de su condición de paraíso fiscal offshore para las empresas estadounidenses. Un cambio de 1976 en el Código de Impuestos de los Estados Unidos, Sección 936, permitió a las empresas repatriar los ingresos obtenidos en Puerto Rico al territorio continental de los Estados Unidos sin tener que pagar impuestos. Esto hizo de la isla un destino atractivo para las compañías estadounidenses, particularmente las de la industria farmacéutica, que podían transferir los derechos de propiedad intelectual de un medicamento de gran valor a una subsidiaria puertorriqueña, fabricar el medicamento en Puerto Rico, cobrar un alto margen de ganancia en sus ventas a los clientes en el continente, y luego repatriar las ganancias libres de impuestos. Con el tiempo, otras industrias de gran rentabilidad que dependen de la propiedad intelectual también se aprovecharon de la condición impositiva tributaria de Puerto Rico, pero no lograron generar mucho empleo local.

Como resultado, incluso conestos incentivos contributivos, en las décadas de 1970 y 1980 Puerto Rico nunca replicó el rápido e importante crecimiento de las décadas de 1950 y 1960. Para cuando Estados Unidos revocó la Sección 936 (a través de una eliminación gradual a diez años que terminó en 2006), las políticas federales que habían apoyado a la economía puertorriqueña -altos aranceles externos, cuotas de importación de petróleo y repatriación libre de impuestos de las ganancias en el extranjero- habían desaparecido.

Cuando la burbuja inmobiliaria de la isla estalló en 2008, la economía de Puerto Rico colapsó, y luego continuó decayendo a pesar de que el continente se recuperó. No es de extrañar que el gobierno de la isla comenzara a enfrentarse a una persistente escasez de ingresos y déficits presupuestarios, que financiaba mediante endeudamiento excesivo (y a menudo oculto) y mediante la venta de cualquier activo negociable que se mantuviera en su ya diezmado sistema público de pensiones.

Entre 2005 y 2017, la deuda pública total de la isla aumentó de 35 mil millones de dólares a más de 70 mil millones de dólares, o 20 mil dólares por cada puertorriqueño. La última vez que Puerto Rico intentó emitir bonos, en 2014, las tres principales agencias de calificación crediticia de Estados Unidos los calificaron como chatarra.

Puerto Rico ha tenido su propia porción de errores en política económica. El gobierno de la isla nunca dominó completamente sus propias finanzas, careciendo de sistemas modernos para controlar y monitorear el gasto de sus partes constituyentes. Celebró acuerdos fiscales opacos y con poca visión de futuro con empresas multinacionales que terminaron sacrificando los ingresos a largo plazo para hacer frente a los déficit presupuestarios a corto plazo. Recortó la inversión pública a medida que la economía se contraía, debilitando la infraestructura de la isla, y abandonó iniciativas críticas, como la modernización de la peligrosamente obsoleta red eléctrica de Puerto Rico.

Pero el gobierno de Estados Unidos también tiene una gran responsabilidad en la difícil situación de la isla. Cuando se derogaron las políticas federales que ayudaban al desarrollo económico de Puerto Rico, no se establecieron alternativas duraderas. Washington ignoró en gran parte a Puerto Rico hasta que quedó claro que la isla estaba en graves dificultades financieras y que incumpliría con su deuda sin las protecciones que se otorgan a las municipalidades de los Estados Unidos cuando se declaran en quiebra. En 2016, mucho antes del huracán María, el Congreso aprobó una ley para crear un proceso similar a la bancarrota que permitiría reestructurar la deuda de la isla en los tribunales.

También estableció una Junta de Supervisión encargada de controlar las finanzas de la isla y de garantizar que, con el tiempo, vuelva a tener acceso a los mercados de crédito. Aunque necesaria para obtener apoyo bipartidista para el proyecto de ley, la creación de la Junta -consiete miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos- fue un duro recordatorio de la condición colonial de la isla.

Sin embargo, el Congreso no hizo nada para resolver la integración incompleta de Puerto Rico en la red de seguridad federal, dejando a los residentes de la isla más expuestos a la pobreza que los ciudadanos estadounidenses en el continente. Los residentes de Puerto Rico no reciben el Crédito Federal por Ingreso Devengado, que complementa los ingresos de los estadounidenses de bajos recursos.

Los beneficios de EITC pueden ser sustanciales: en el continente, una familia con dos hijos que gane el ingreso medio puertorriqueño de $20,000 recibiría alrededor de $5,600 en créditos fiscales cada año. Y aunque Puerto Rico participa en mayor o menor grado en otros programas federales de protección social, incluyendo Medicaid y Medicare, un estudio realizado en 2014 por la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que Puerto Rico recibió entre $1,700 millones y $5,400 millones menos en beneficios federales anuales de lo que recibiría si fuera un estado.
Primero lo primero
La primera prioridad para los políticos estadounidenses y puertorriqueños debe ser reducir la abrumadora carga de la deuda de la isla, que, medida tanto en términos per cápita como en relación con el PIB, es mucho mayor que la de cualquier otro estado de los Estados Unidos. El servicio de la deuda de Puerto Rico asciende a alrededor del 20 por ciento de sus ingresos anuales, comparado con menos del cinco por ciento para un estado promedio.

Ahora que Puerto Rico ha entrado en el proceso de bancarrota establecido por el Congreso en 2016, debería poder reducir su deuda. Pero no hay garantía de que una vez que Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal y varios grupos de acreedores acuerden una reestructuración de la deuda, la isla saldrá con una carga de deuda verdaderamente sostenible.

Después de que la deuda haya sido reestructurada, la isla debe tener acceso a fondos federales para reconstruir su infraestructura crítica. Desde el huracán María, a Puerto Rico se le ha prometido una importante asistencia federal para mitigar desastres durante las próximas décadas. Aunque el monto total de esta ayuda podría alcanzar más de 80 mil millones de dólares, sólo la mitad ha sido autorizada por las agencias federales, y poco más de 10 mil millones de dólares habían llegado a la isla a principios de 2019. Es crucial que este dinero se utilice para modernizar la infraestructura desactualizada de la isla y no para pagar las deudas heredadas.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, por ejemplo, actualmente usa plantas de generación de energía que tienen 40 años de antigüedad y que queman petróleo para generar gran parte de la electricidad de Puerto Rico. Esta electricidad se distribuye a lo largo del terreno irregular y boscoso de la isla, a través de extensas líneas de transmisión, que son muy susceptibles a los vientos huracanados. Por lo tanto, la red eléctrica de Puerto Rico está expuesta tanto a los precios elevados del petróleo como a los daños causados por los desastres naturales. Puerto Rico necesita mejorar su generación de electricidad, reducir su dependencia de la energía importada invirtiendo en energías renovables y construir una red eléctrica resiliente que pueda resistir los futuros huracanes.

El gobierno de Puerto Rico también debe tomar medidas para mejorar el clima de negocios, al tiempo que reconoce que este no es el momento para implementar medidas de austeridad o reformas punitivas en el mercado laboral. El estímulo económico proporcionado por la reconstrucción post-María debería traducirse en un aumento a corto plazo de los ingresos fiscales de la isla, lo que permitiría al gobierno evitar algunos recortes presupuestarios previstos anteriormente, incluso en sus sistemas educativo y de salud.

Las propuestas para reducir el salario mínimo de Puerto Rico, defendidas por algunos economistas, o aumentar su empleo a voluntad, impulsadas por la Junta de Supervisión Fiscal pero rechazadas por los representantes electos de Puerto Rico, tendrían menos probabilidades de estimular el crecimiento económico que medidas como la introducciónde una EITC con el respaldo del gobierno federal.
El camino por delante
La crisis económica inmediata debe ser abordada a través de un ambicioso programa para reestructurar la deuda de Puerto Rico, reconstruir su infraestructura y revitalizar su economía. Sin embargo, el camino a seguir sólo será sostenible si se resuelve definitivamente el status político de la isla. Aunque corresponde al pueblo de Puerto Rico decidir su futuro, el gobierno federal tiene la responsabilidad de trabajar con ellos para desarrollar opciones para un referéndum y explicar cómo se implementaría cada opción si se eligiera.

El gobierno federal también debe aclarar que el resultado de la votación se traducirá en acciones. Washington debe comprometerse, por primera vez, a respetar la voluntad del pueblo puertorriqueño, independientemente del camino que escoja.

Ninguna de las opciones para abordar el status de Puerto Rico es sencilla. Cada una de ellas plantea complejas cuestiones económicas, culturales y constitucionales y requeriría un proceso de transición de varios años, diseñado conjuntamente con el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, por difícil que parezca, la tarea es necesaria.

La primera opción para resolver el status de Puerto Rico es revisar el actual acuerdo de Estado Libre Asociado. El paso inicial para tal revisión sería abordar el quebrado modelo económico de la isla. El gobierno federal, por ejemplo, debe estar dispuesto a proporcionar fondos adicionales para el sistema de salud de Puerto Rico, que actualmente depende de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) y de los fondos asignados para mitigar los daños causados por el Huracán María que pronto se agotarán.

Un acuerdo revisado también debería asegurar que cualquier incentivo fiscal para empresas esté vinculado a la creación de empleos en Puerto Rico, en lugar de proporcionar a las multinacionales un conveniente paraíso fiscal.

Estos cambios en la relación económica podrían ser promulgados a través de legislación en el Congreso, pero no pondrían fin por sí solos al status colonial de la isla, ya que un futuro Congreso podría revocarlos o cambiarlos sin el consentimiento de Puerto Rico. Un acuerdo revisado tendría que proporcionar a Puerto Rico un mayor control sobre su destino, a través de una mayor autonomía local, una voz más representativa en el desarrollo de la política nacional, o ambas cosas.

Para lograr esto, probablemente se requeriría una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ya que más de un siglo de acciones federales y decisiones judiciales, incluyendo dos casos recientes de la Corte Suprema, han sugerido que el Congreso continuará teniendo autoridad absoluta sobre Puerto Rico bajo el actual acuerdo constitucional. Una enmienda debería consagrar la igualdad de status de los residentes puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses con derechos específicos de autogobierno, representación electoral en las elecciones presidenciales e igualdad en el trato igualitario para los programas de protección social. Existe algún precedente para tal enmienda: la 23ª Enmienda, ratificada en 1961, garantiza a los residentes de Washington, D.C., representación en el Colegio Electoral.

Sin embargo, una enmienda constitucional requiere la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o de dos tercios de los estados y luego la ratificación de tres cuartas partes de los estados, una vara muy alta, pero que ha sido aprobada 27 veces.

La segunda opción, la independencia, tiene un apoyo relativamente limitado dentro de Puerto Rico, a juzgar por las encuestas más recientes. La independencia ofrecería plena autonomía política, incluyendo, si Puerto Rico así lo desea, un banco central independiente, una moneda flotante y la capacidad de elaborar sus propias políticas laborales, tributarias y comerciales. Esto, en teoría, permitiría a Puerto Rico establecer políticas económicas basadas en sus propias necesidades, en lugar de las de los Estados Unidos. En la práctica, sin embargo, la autonomía requeriría una reforma profunda.

El beneficio de una moneda flotante, por ejemplo, sería limitado mientras la deuda de Puerto Rico siga estando denominada en dólares, ya que cualquier depreciación de la moneda de la isla aumentaría el costo de su deuda.

La independencia plena tendría un costo, ya que Puerto Rico recibe sustanciales beneficios económicos por ser parte de los Estados Unidos. Antes de cualquier referéndum, el gobierno federal y Puerto Rico tendrían que acordar cómo se llevaría a cabo la independencia, incluyendo un cronograma realista, un plan para reemplazar o mantener las funciones queactualmente lleva a cabo el gobierno federal, y claridad sobre cómo los beneficios federales que hoy se brindan a los residentes puertorriqueños se financiarían durante la transición, y cómo los mantendría el gobierno puertorriqueño después de la independencia.

Ambas partes también tendrían que definir su futura relación comercial y determinar si los residentes puertorriqueños conservarían su ciudadanía estadounidense y el derecho a viajar libremente a los Estados Unidos.

En el polo opuesto a la independencia está la estadidad. La estadidad es una clara alternativa al actual mosaico de impuestos federales parciales y acceso a los beneficios federales de Puerto Rico. Pero han pasado casi 60 años desde que el último estado, Hawai, fue admitido en la Unión Federal, y hay varias cuestiones pendientes relacionadas con la posible estadidad de Puerto Rico que deben ser resueltas antes de cualquier referéndum.

Una pregunta crucial es cómo respondería Estados Unidos a un voto a favor de la estadidad, ya que la admisión requiere una resolución conjunta del Congreso firmada por el presidente. Washington debe dejar en claro que está preparado para aceptar a Puerto Rico como miembro de la Unión, incluyendo otorgarle representación plena en el Congreso. Puerto Rico se convertiría inmediatamente en el trigésimo estado más grande por población, con dos senadores y quizás cinco congresistas.

La estadidad también otorgaría a los residentes puertorriqueños acceso a todos los beneficios federales, incluyendo el EITC, Medicaid y Medicare.

Durante mucho tiempo hubo escepticismo acerca de que la estadidad pudiera obtener suficiente apoyo bipartidista, dado que los republicanos temen que la mayoría de los puertorriqueños voten por los demócratas.

Pero aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su oposición a la estadidad, los anteriores candidatos presidenciales republicanos y las plataformas de los partidos la han apoyado consistentemente. En 2018, por ejemplo, el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre los territorios de los Estados Unidos, pidió al Departamento de Justicia que supervisara un plebiscito puertorriqueño sobre la estadidad.

Si Puerto Rico se convirtiera en un estado, sus residentes recibirían todos los beneficios federales, iguales a los que disfrutan los ciudadanos del continente. La población de Puerto Rico ya está envejeciendo, y con una baja tasa de natalidad y altos niveles de emigración, la isla pronto tendrá la población más envejecida de los Estados Unidos. Se beneficiaría en particular de un mayor acceso a los fondos federales para la atención de la salud.

Muchas familias puertorriqueñas también recibirían importantes beneficios del EITC al declarar impuestos federales sobre la renta. El acceso a la EITC no sólo reduciría la pobreza, sino que también, al sumar incentivos para que las personas de bajos ingresos trabajen, aumentaría la tasa de participación en la fuerza laboral de la isla, que hoy en día, con un 40 por ciento, es de sólo dos tercios de la media continental.

Quizás el aspecto económico más difícil de la estadidad sería la integración de Puerto Rico en el sistema tributario de los Estados Unidos. Incluso después de la derogación de la Sección 936, las empresas que operan en Puerto Rico pueden evitar el impuesto a las sociedades de los EE.UU., pagando la tasa "mínima global" mucho más baja que se aplica a los ingresos intangibles extranjeros.

Sin embargo, si Puerto Rico fuera un estado, las empresas que operan allí estarían sujetas al impuesto federal sobre la renta, eliminando sus incentivos para trasladar sus operaciones a la isla. Los residentes individuales de Puerto Rico también tendrían que pagar el impuesto federal sobre la renta, lo que dificulta que la isla mantenga su alta tasa local de impuesto sobre la renta individual, que actualmente tiene una tasa marginal superior del 33 por ciento. La estadidad podría poner en riesgo casi $5 mil millones de los ingresos anuales de Puerto Rico, o cerca de un tercio de su total.

Para ayudar a que la isla siga cubriendo su deuda y sus obligaciones de pensiones, el gobierno federal tendría que compensar una parte de los ingresos perdidos, al menos durante la transición inicial a la estadidad.

En su esencia, el status es una cuestión de ideología e identidad. Resolver el status de Puerto Rico no es una alternativa a la reestructuración de su deuda o a la revitalización de su economía. Sin embargo, es un paso fundamental para que Puerto Rico pueda trazar un rumbo económico sostenible a largo plazo. Y para Estados Unidos, que ha gobernado a Puerto Rico como colonia durante más de un siglo, darle al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de decidir su propio futuro no es sólo una sabia decisión política, sino que para un país que se enorgullece de ser el líder del mundo libre, es un imperativo moral.
Este artículo fue publicado en su versión original en inglés en la publicación Foreign Affairs.
Antonio Weiss es Senior Fellow en el Mossavar-Rahmani Center for Business and Government de la Harvard Kennedy School. Anteriormente se desempeñó como Consejero del Secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Brad Setser es Senior Fellow de Steven A. Tananbaum de Economía Internacional en el Consejo de Relaciones Exteriores. Anteriormente se desempeñó como Subsecretario Adjunto de Análisis Económico Internacional en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

# data[].attributes.attachment_link.title
La colonia olvidada de los Estados Unidos

# data[].attributes.attachment_link.description
Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017, los estadounidenses en el continente estaban horrorizados por la magnitud de los daños: miles de muertos, cientos de miles de desplazados, millones de personas sin electricidad y, según algunos estimados, pérdidas económicas de hasta 90 mil millones de dólares.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Candidatos a la gobernación de Puerto Rico. (NotiCel)

Claro que lo ideal sería que cada elector leyera bien las plataformas y programas de gobierno de cada candidato y partido. Pero se trata de páginas y páginas que muchos no tendrán tiempo de examinar. Comoquiera, de los amplios documentos, resaltan algunas propuestas por parecer justas, atractivas, utópicas o controvertibles. A continuación, NotiCel te presenta algunas de las que se destacan de las plataformas de cada partido en las áreas de Educación, Seguridad y Economía y empleos.

Partido Nuevo Progresista (PNP)

Educación

Seguridad

Economía y Empleos

Partido Popular Democrático (PPD)

Educación

Seguridad

Economía y Empleos

Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)

Educación

Seguridad

Economía y empleos

Partido del Pueblo Trabajador (PPT)

Educación

Seguridad

Economía y empleos

Movimiento Unión Soberanista (MUS)

Educación

Seguridad

Economía y Empleos

Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR)

Educación

Seguridad

Economía y Empleos

Eliminar el IVU.

Crear 50,000 nuevos empleos y reducir el desempleo a menos del 5%

Reducir el costo de la electricidad residencial y comercial, asignándole la misión a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de llevar a Puerto Rico a la autosuficiencia energética con la participación de los empresarios de energías renovables.

Impulsar nuevas industrias locales de manufactura de comida, combustibles y materiales y producción de electricidad, rescatando todos los centros industriales abandonados.

Crear un sistema de transporte colectivo a nivel Isla, que integre a la Autoridad Metropolitana de Autobuses AMA), los carros públicos, los taxistas y los operadores de lanchas y aviones, con la participación de los choferes y un equipo de planificadores urbanos.

Aseguraremos la participación ciudadana, redefiniendo las APP para que sean Alianzas Público-Cooperativas (APC) que coadministren todas las agencias de gobierno.

# data[].attributes.attachment_link.title
Nos leímos las plataformas para que tú te leas el resumen

# data[].attributes.attachment_link.description
Claro que lo ideal sería que cada elector leyera bien las plataformas y programas de gobierno de cada candidato y partido. Pero se trata de páginas y páginas que muchos no tendrán tiempo de examinar. Comoquiera, de los amplios documentos, resaltan algunas propuestas por parecer justas, atractivas, utópicas o controvertibles.

# data[].attributes.headline
In 1897, the Queen of Spain signed the Autonomy Papers, which gave Puerto Rico the right to govern itself

# data[].attributes.subject
In 1897, the Queen of Spain signed the Autonomy Papers, which gave Puerto Rico the right to govern itself

# data[].attributes.headline
Foraker Act of 1901, Puerto Rico’s first American constitution

# data[].attributes.subject
Foraker Act of 1901, Puerto Rico’s first American constitution

# data[].attributes.headline
Yale sample unit on PR cultural differences in politics

# data[].attributes.subject
Yale sample unit on PR cultural differences in politics

# data[].attributes.attachment_link.title
80.06.08: Puerto Rican Cultural Differences in Politics

# data[].attributes.attachment_link.description
In order to have a better understanding of Puerto Rican participation in politics, one should have some knowledge of Puerto Rican history. History and culture alike shape the political attitudes. The unit will focus on the political agencies which indirectly affect the attitudes of the Puerto Ricans.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Puerto Rico is the easternmost and smallest of the Greater Antilles, bordered by the Atlantic Ocean to the north and the Caribbean Basin to the south.

Neither a state nor independent, the island has been a US territory since 1898.

Everyone born on the island is an American citizen and holds a US passport. However, residents cannot vote in US presidential elections, unless they are registered to vote in one of the 50 states.

Puerto Rican culture is a blend of Amerindian Taino, Spanish and African influences with Spanish being the island's first language.

Tourism is an important money-earner and the island attracts millions of visitors each year. But crippling public debt, poverty and high unemployment have seen many of the islanders leave for the US mainland.

Read more country profiles - Profiles by BBC Monitoring

FACTS

LEADER
Head of State: President Donald Trump Governor: Ricardo Rossello
Ricardo Rossello was sworn in in January 2017 after winning the governor's race, promising to push for statehood as the territory faced a deep economic crisis.

He proposed several measures aimed at alleviating the crisis, including a proposal to hold a referendum that would ask voters whether they prefer statehood or independence.

Many have argued that Puerto Rico's political status has contributed to its decade-long crisis that has prompted more than 200,000 people to flee to the US mainland in recent years.

Mr Rossello is a scientist and the son of a former governor who also sought statehood for Puerto Rico.

The commonwealth constitution is modelled on that of the United States with a governor elected for a four-year term and a bicameral legislature.

MEDIA

Broadcasting is regulated by the US Federal Communications Commission (FCC).

Home-grown comedies, talk shows and Spanish-language soaps are staple fare on local TV stations. The multichannel offerings of cable TV are widely available.

News and talk and Spanish-language pop music are among the most popular radio formats.

There were 2.6 million internet users by June 2014 Internetworldstats.com).

Read full media profile

TIMELINE
Some key dates in the history of Puerto Rico:
1493 - Christopher Colombus claims the island for Spain on his second voyage to the Americas. Spanish explorer Juan Ponce de Leon establishes the first settlement in 1508.

1500s - Indigenous Amerindian Taino population is virtually wiped out by disease and new settlers. African slave labour is imported.

1868 - A popular uprising against Spanish rule is suppressed but becomes a symbol of the independence struggle.

1898 - Spain cedes Puerto Rico to the US at the end of the Spanish-American War.

1900 - US Congress establishes a civil government under the Foraker Act but maintains strict control over island affairs. Puerto Ricans are granted US citizenship in 1917 under the Jones Act.

1940s - Puerto Rico gains partial self-rule with popularly elected governors.

1952 - Puerto Rico becomes a self-governing commonwealth of the United States. Under US administration, it experiences growth but nationalist sentiment is still present.

1960- 70s - Violent separatism - A series of bombings and killings in the 1970s and 1980s are blamed on pro-independence group, the Macheteros, or Cane Cutters.

1998 - Puerto Ricans back continued commonwealth status in a referendum.

2003 - The US government stops military training on the offshore island of Vieques after protests.

2006 - The expiry of a federal tax break for US corporations in place since 1976 triggers economic recession.

2012 - Puerto Ricans vote for US statehood for the first time in a non-binding referendum on the island's status.

2017 - The territory declares bankruptcy - the largest ever for a US local government. In a non-binding referendum afterward, it votes again to become a US state though only 23 percent of voters take part.

# data[].attributes.attachment_link.description
Puerto Rico is the easternmost and smallest of the Greater Antilles, bordered by the Atlantic Ocean to the north and the Caribbean Basin to the south. Neither a state nor independent, the island has been a US territory since 1898. Everyone born on the island is an American citizen and holds a US passport.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Partido Popular Democrático | Puerto Rico | Pan Tierra Libertad

# data[].attributes.attachment_link.title
Partido Popular Democrático | Historia del PPD

# data[].attributes.attachment_link.description
Historia del Partido Popular Democrático, su emblema "la pava", consigna "Pan, Tierra, Libertad" y su himno "Jalda Arriba". San Juan, Puerto Rico.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
In a recent visit to Puerto Rico, Sen. Elizabeth Warren Elizabeth Ann Warren Kudlow hits Democratic candidates' economic policies: 'I don't understand what planet they're describing' Democratic debates didn't knock out frontrunners - but Kamala Harris got a big boost Repeat of border aid battle expected with Homeland Security bill MORE (D-Mass.) declared that with regards to its political status she would favor whatever the people of the island decided. At first reading this statement would seem to defer judgment to the democratic process. No one surely could be against such a reasonable position. This has also been the position adopted by many congressional leaders and presidential hopefuls throughout the past decades.

Behind this aseptic declaration is likely a calculated move which tries, on the one hand, to straddle the political factions which drive insular politics and, on the other hand, avoid any specific commitment concerning Puerto Rico's status question in her pursuit of her presidential aspirations.

The political factions in Puerto Rico group themselves around the issue of its political status. The current administration of Gov. Ricardo Rosselló and the Legislative Assembly is controlled by the New Progressive Party, which favors statehood.

The minority Popular Democratic Party is the ideological custodian of the failed territorial model and the tax privileges of vested stateside interests. After the legislation of PROMESA (2016) and the imposition of a Financial Oversight Board to supervise the bankrupt local government, there is no doubt that Puerto Rico is, and has been, nothing other than an unincorporated territory under the plenary powers of Congress.

This current state of affairs has placed the Popular Democratic Party in the untenable position of either coming out in favor of continued territorial unincorporation or independence in any of its recognized forms. This dilemma is at the heart of the Popular Democratic Party woes and is the catalyst to the political aspirations of San Juan Mayor Carmen Yulín Cruz, who favors independence for Puerto Rico.

Both local parties have ties to the Democratic and Republican Parties, and in each presidential election cycle send their delegates to their respective conventions. The local Republican Party has traditionally been controlled by statehooders. In the recent past, the local Democratic Party had been divided between statehooders and territorialists, which canceled each other out in their lobbying efforts at the national level. Taking to heart the aphorism that the enemy of my enemy is my friend, the PPD has continually courted the more extreme members of the Republican Party, stoking their fears of a Hispanic Democratic state. Last year the local Democratic Party elected known statehooders to all official positions.

Typically, during the primary process candidates of both parties come to Puerto Rico looking for support and delegates. Although American citizens in Puerto Rico cannot vote in presidential or congressional elections, they do participate in the national party's respective primaries. This limited participation in the democratic process has led to the inclusion in their respective platforms of language regarding the political future of Puerto Rico.

The Democratic Party included in its 2016 platform that it believes "that the people of Puerto Rico should determine their ultimate political status from permanent options that do not conflict with the Constitution, laws, and policies of the United States." The Republican Party declared that it supported "the right of the United States citizens of Puerto Rico to be admitted to the Union as a fully sovereign state" and recognized the historic significance of the 2012 local referendum in which statehood prevailed. With some notable exceptions, once in Congress most politicians choose to ignore their party's platform commitments, failing to legislate either a statehood admission bill, a "statehood yes or no" plebiscite or any other process.

For example, in 2014 Congress delegated on the Department of Justice to supervise the confection of a ballot for a local non-binding plebiscite with constitutionally valid alternatives. This process was short circuited by the Trump administration in 2017 and even now is used as political cover to justify congressional inaction.

Given the growing importance of the Hispanic vote and the identity politics that drives much of the current national debate, the Puerto Rican vote suddenly has a larger role to play. The recent 2018 mid-term election of Sen. Rick Scott (R-Fla.) over then incumbent Democrat Bill Nelson Clarence (Bill) William Nelson Democrats target Florida Hispanics in 2020 Poll: Six Democrats lead Trump in Florida match-ups How Jim Bridenstine recruited an old enemy to advise NASA MORE , with the support of the Florida's Puerto Rican vote is a clear sign of its importance in the national stage. Scott favors statehood for Puerto Rico, while Nelson favored a position similar to the one adopted by Warren.

It is in this context that Warren's statements on Puerto Rico need to be understood. It is not enough to come to Puerto Rico and make generic statements of support for self-determination and make rhetorical flourishes on the cruelty of the federal government on its handling of the debt crisis and hurricane recuperation efforts. As a sitting senator - although in the minority - she can join efforts to introduce federal legislation that addresses Puerto Rico's political status.

To argue that the ultimate decision on Puerto Rico's political future rests with the American citizens in Puerto Rico conveniently ignores that it is Congress who has jurisdiction and responsibility for the territory of Puerto Rico. As the Supreme Court made abundantly clear in Commonwealth of Puerto Rico v. Sanchez Valle (2016), Puerto Rico lacks original sovereignty under our Constitution and depends on congressional leadership to solve the status question.

As the historical record shows, the various factions that compose the island's political spectrum have and will try to undercut each other's initiatives at every turn. To expect a consensus on this matter is naive at best, and Machiavellian at worst. Any politician that claims to favor whatever the people of Puerto Rico decide, while failing to take specific actions to address the issue, is just kicking the can down the road for personal political advantage. In the upcoming presidential electoral cycle Puerto Rico's Republican and Democrat delegates need to hold their candidates to answer.
Andrés L. Córdova is a law professor at Inter American University of Puerto Rico,. where he teaches contracts and property courses. He is also an occasional columnist on legal and political issues at the Spanish daily El Vocero de Puerto Rico

# data[].attributes.attachment_link.description
In a recent visit to Puerto Rico, Sen. Elizabeth Warren Elizabeth Ann Warren Kudlow hits Democratic candidates' economic policies: 'I don't understand what planet they're describing' Democratic debates didn't knock out frontrunners - but Kamala Harris got a big boost Repeat of border aid battle expected with Homeland Security bill MORE (D-Mass.)

# data[].attributes.attachment_link.description
Departamento de Educación de Puerto Rico

# data[].attributes.headline
1917 Jones Act PRs are citizens of the US (kind of)

# data[].attributes.subject
1917 Jones Act PRs are citizens of the US (kind of)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Constitution del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América.

Al así hacerlo declaramos:

Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña;

Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas;

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano; el aún por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.

Seccion 1. Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.

Seccion 2. El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

Seccion 3. La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción.

Seccion 4. La sede de gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico.

Sección 1. La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.

Sección 2. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.

Sección 3. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.

Sección 4. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

Sección 5. Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatorio para la escuela primaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por la ley para protección o bienestar de la niñez. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquéllos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales.1

Sección 6. Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.

Seccion 7. Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las ligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

Seccion 8. Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

Seccion 9. No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Seccion 10. No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

Seccion 11. En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.

Sección 12. No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta.

No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Sección 13. El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. Sólo la Asamblea Legislativa tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.

La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil.

Sección 14. No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado del Estado Libre Asociado aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.

Sección 15. No se permitirá el empleo de menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral, o que de alguna manera amenace la vida o integridad física.

No se permitirá el ingreso de un menor de dieciseis años en una cárcel o presidio.

Sección 16. Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario según se disponga por ley.

Sección 17. Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresa o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar.

Sección 18. A fin de aseguraar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.

Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa a aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad pública, o los servicios públicos esenciales.

Sección 19. La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

Seccion 20.2 The Commonwealth also recognizes the existence of the following human rights:

El derecho de toda persona recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

El derecho de toda persona a obtener trabajo.

El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia módica y los servicios sociales necesarios.

El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física.

El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña.

En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos, y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible.

Sección 1. El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras--el Senado y la Cámara de Representante--cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general.

Sección 2. El Senado se compondrá de veintisiete Senadores y la Cámara de Representantes del cincuenta y un Representantes, excepto cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que se dispone en la Sección 7 de este Artículo.

Sección 3. Para los fines de elección de los miembros a la Asamblea Legislativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales y en cuarenta distritos representativos. Cada distrito senatorial elegirá dos Senadores y cada distrito representativo un Representante.

Se elegirán además once Senadores y once Representantes por acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a Senador por Acumulación ni por más de un candidato a Representante por Acumulación.

Sección 4. En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el Artículo VIII. Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una Junta que estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo como Presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos representativos.

La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta después de practicada cada revisión.

Sección 5. Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan cumplido veinticinco años de edad.

Sección 6. Para ser electo o nombrado Senador o Representante por un distrito será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el municipio.

Sección 7. Cuando en una elección general resultaren electos más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las cámaras por un solo partido o bajo una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentará el número de sus miembros en los siguientes casos:

(a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de ambos cuerpos, según fuere el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. Cuando hubiere más de un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo de Gobernador por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de Gobernador depositaron en total esos partidos de minoría.

Cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a Gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de minoría.

(b) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, y uno o más partidos de mnoría no eligieron el número de miembros que les correspondía en el Senado o en la Cámara de Representantes o en ambos cuerpos, según fuere el caso, en proporción a los votos depositados por cada uno de ellos para el cargo de Gobernador, se declararán electos adicionalmente sus candidatos hasta completar dicha proporción en lo que fuere posible, pero los Senadores de todos los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición más de nueve ni los Representantes más de diecisiete.

Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento de estas disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren obtenido y, en segundo término sus candidatos de distrito que, sin haber resultado electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos.

Los Senadores y Representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta sección serán considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por Acumulación.

La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías , y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Gobernador para tener derecho a la representación que en la presente se provee.

Sección 8. El término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual haya sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de Senador o Representante por un distrito, antes de los quince meses inmediatamente precedente a la fecha de la próxima elección general, el Gobernador convocará dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante, a elección especial en dicho distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de convocada, y la persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo hasta la expiración del término de su antecesor. Cuando dicha vacante ocurriere en el trancurso de una sessión legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la elección especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo quedó vacante, para que ocupe el cargo hasta que se certifique la elección del candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los quince meses anteriores a una elección general, o cuando ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por Acumulación, se cubrirá por el presidente de la cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos.

Sección 9. Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno; y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este Artículo. Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos.

Sección 10. La Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero. La duración de las sesiones ordinarias y los plazos para la radicación y la consideración de proyectos serán prescritos por ley. Cuando el Gobernador convoque a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria sólo podrá considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial que el Gobernador le envie en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más de veinte días naturales.

Sección 11. Las sesiones de las cámaras serán públicas.

Sección 12. Una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara constituirá quórum, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausentes.

Sección 13. Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico y ninguna de ellas podrá suspender sus sesiones por más de tres días consecutivos sin el consentimiento de la otra.

Sección 14. Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la cámara de la cual forma parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave, o alteración de la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones.

Sección 15. Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo, durante dicho término. Niguna persona podrá ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Senador o Representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones ad honorem.

Sección 16. La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y defiinir sus funciones.

Seccion 17. Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo.

Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratare de cualquier otro proyecto de ley.

Seccion 18. Se determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley.

Seccion 19. Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto solo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista.

Seccion 20. Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales correspondientes.

Seccion 21. La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traicíón, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos grave que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador.

Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarlas para entender en tales procesos. Sección 22. Habrá un Contralor que será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador.

Seccion 22. Habrá un Contralor que será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador.

En el desempeño de sus deberes el Contralor estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo conocimiento del asunto bajo investigación.

El Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el procedimiento establecido en la sección precedente.

Seccion 1. El poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, quien será elegido por voto directo en cada elección general.

Seccion 2. El Gobernador ejercerá su cargo por el término de cuatro años a partir del día dos de enero del año siguiente al de su elección y hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. Residirá en Puerto Rico, cuya ciudad tendrá su despacho.

Seccion 3. Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea, y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico.

Seccion 4. Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán:

Cumplir y hacer cumplir las leyes.

Convocar a la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran.

Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. El Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.

Ser comandante en jefe de la milicia.

Llamar la milicia y convocar el posse comitatus a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión.

Proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reuinirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama.

La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocarla proclama.

Suspender la ejecución de sentencia en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de residencia.

Sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. Presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación.

Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le señalen por esta Constitución o por ley.

Seccion 5. Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. El nombramiento del Secretario de Estado requerirá, además, el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes, y la persona nombrada deberá reunir los requisitos establecidos en la sección 3 de este Artículo. Los Secretarios de Gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo del Gobernador que se denominará Consejo de Secretarios.

Seccion 6. Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Públicas. Cada departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno.

Seccion 7. Cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. La ley dispondrá cuál de los Secretarios de Gobierno ocupará el cargo de Gobernador en caso de que simultáneamente quedaren vacantes los cargos de Gobernador y de Secretario de Estado.

Seccion 8. Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secretario de Estado. Si por cualquier razón el Secretario de Estado no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Gobierno que se determine por ley.

Seccion 9. Cuando el Gobernador electo no tomase posesión de su cargo, o habiéndolo hecho ocurra una vacante absoluta en el mismo sin que dicho Gobernador haya nombrado un Secretario de Estado o cuando habiéndolo nombrado éste no haya tomado posesión, la Asamblea Legislativa electa, al reunirse en su primera sesión ordinaria, elegirá por mayoría del número total de los mienbros que componen cada cámara, un Gobernador y éste desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea electo en la siguiente elección general y tome posesión.

Seccion 10. El Gobernador podrá ser destituído por las causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del Artículo III.

Sección 1. El poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley.

Sección 2. Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción , funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización.

Sección 3. El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo.

Sección 4. El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido en salas compuestas de no menos de tres jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la ley.3

Sección 5. El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley.

Sección 6. El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.

Sección 7. El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado.

Sección 8. Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de jueces de igual o equivalente categoría existentes en la fecha que comience a regir esta Constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales, se determinará por ley.

Sección 9. Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a menos que sea ciudadano de los Estado Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos diez años antes del nombramiento y haya residido en Puerto Rico durante los cinco años inmediatamente anteriores al mismo.

Sección 10. La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años de edad.

Sección 11. Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituídos por las causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del Artículo III. Los jueces de los demás tribunales podrán ser destituídos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley.

Sección 12. Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de su nominación.

Sección 13. De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o sección del mismo, la persona que en él ocupare un cargo de juez continuará desempeñándolo durante el resto del término por el cual fué nombrado, y ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el Juez Presidente del Tribunal Supremo.

ARTICULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1. La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos orgnismos que fueren necesarios a tal fin.

Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá electividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley.

Sección 2. El poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, pero ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de la cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico fueren empeñados será emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total de (i) el monto del principal de e intereses sobre dichos bonos y pagarés, junto con el monto del principal de e intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre

Asociado y en circulación, pagaderos en cualquier año económico y (ii) cualesquiera cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en el año económico inmediatamente anterior al año económico corriente en concepto de principal e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizadas por el Estado Libre Asociado, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado e ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente; y ninguno de dichos bonos o pagarés emitidos por el Estado Libre Asociado para cualquier fin que no fuere facilidades de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 30 años desde la fecha de su emisión y ningún bono o pagaré emitido para fines de vivienda vencerá con posterioridad a un término de 30 años desde la fecha de su emisión; y el Estado Libre Asociado no garantizará obligación alguna evidenciada mediante bonos o pagarés si el total de la cantidad pagadera en cualquier año económico en concepto de principal e intereses sobre la totalidad de las antes referidas obligaciones directas hasta entonces emitidas por el Estado Libre Asociado y en circulación y las cantidades a que se hace referencia en la cláusula (ii) excediere el 15 por ciento del promedio del monto total de dichas rentas anuales.

La Asamblea Legislativa fijará límites para la emisión de obligaciones directas por cualquier municipio de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por dicho municipio evidenciadas mediante bonos o pagarés para el pago de las cuales la buena fe, el crédito y el poder para imponer contribuciones de dicho municipio fueren empeñados; disponiéndose, sin embargo, que ninguno de dichos bonos o pagarés será emitido por municipio alguno en una cantidad que, junto con el monto de la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por dicho municipio y en circulación, exceda el por ciento determinado por la Asamblea Legislativa, el cual no será menor del cinco por ciento (5%) ni mayor del diez por ciento (10%) del valor total de la tasación de la propiedad situada en dicho municipio.

El Secretario de Hacienda podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable la Sección 8 de este Artículo VI mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma.4

Sección 3. Las reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico.

Sección 4. Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha disponga por ley.

Será elector toda persona que haya cumplido 18 años de edad, y reuna los demás requisitos que se determine por ley. Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad.

Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.

Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo.

Sección 5. Las leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia.

Sección 6. Cuando a la terminación de un año económico no se hubiesen aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del gobierno y para el pago de intereses y amortización de la deuda pública durante el siguiente año económico, continuarán rigiendo las partidas consignadas en la últimas leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren aplicables, y el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines hasta que se aprueben las asignaciones correspondientes.

Sección 7. Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.

Sección 8. Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.

Sección 9. Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del estado, y en todo caso por autoridad de ley.

Sección 10. Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo a emolumentos después de su elección o nombramiento. Niguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.

Sección 11. Los sueldos del Gobernador, de los Secretarios de Gobierno, de los miembros de la Asamblea Legislativa, del Contralor y de los jueces se fijarán por ley especial y, con excepción del sueldo de los miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser disminuídos durante el término para el cual fueron electos o nombrados. Los del Gobernador y el Contralor no podrán ser aumentados durante dicho término. Ningún aumento en los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa tendrá efectividad hasta vencido el término de la Asamblea Legislativa que lo apruebe. Cualquier reducción de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa sólo tendrá efectividad durante el término de la Asamblea Legislativa que la apruebe.

Sección 12. Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado Libre Asociado que hasta ahora han sido usados y ocupados por el Gobernador como Jefe Ejecutivo, y aquellos que usare y ocupare en la misma capacidad, no devengarán rentas.

Sección 13. El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por ley, pero toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el Gobernador o por el funcionario ejecutivo en quien él delegue. Toda franquicia, derecho, privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta o enmienda, alteración o revocación según se determine por ley.

Sección 14. Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquéllos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una entidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.

Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sera necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos. Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que hagan negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable.

Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en exceso de quinientos acres por el Estado Libre Asociado y sus agencias o instrumentalidades.

Sección 15. La Asamblea Legislativa determinará todo lo concerniente a la Bandera, el Escudo y el Himno del Estado Libre Asociado. Una vez así establecidos, cualquier ley que los cambie no comenzará a regir hasta un año después de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la aprobación de dicha ley.

Sección 16. Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán antes de asumir las funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sección 17. En casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros que provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podrá convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras, siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la Asamblea Legislativa. Así mismo podrá ordenar el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la emergencia.

Sección 18. Toda acción criminal en los tribunales del Estado Libre Asociado se instruirá a nombre y por autoridad de "El Pueblo de Puerto Rico" mientras otra cosa no se dispusiere por ley.

Sección 19. Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delicuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.

ARTICULO VII
DE LAS ENMIENDAS A LA CONSTITUCION

Sección 1. La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a la Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a los electores capacitado en referéndum especial, pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

Sección 2. La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de esta Constitución. La consulta se hará mediante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección general; y si se deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se procederá a la revisión en Convención Constituyente elegida en la forma que se disponga por ley. Toda revisión de esta Constitución deberá someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo por mayoría de los votos que se emitan.

Sección 3. Ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos. Cualquier enmienda o revisión de esta constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimoprimero, adoptada con el carácter de un convenio.5

ARTICULO VIII
DE LOS DISTRITOS SENATORIALES Y DE LOS REPRESENTATIVOS

Seccion 1. Los distritos senatoriales y representativos serán los siguientes:

I. DISTRITO SENATORIAL DE SAN JUAN, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 1. La Capital de Puerto Rico excluyendo los actuales precintos electorales de Santurce y Río Piedras; 2. Las zonas electorales números 1 y 2 del actual precinto de Santurce; 3. La zona electoral número 3 del actual precinto de Santurce; 4. La zona electoral número 4 del actual precinto de Santurce y 5. Los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights, de la Capital de Puerto Rico.

II. DISTRITO SENATORIAL DE BAYAMÓN, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 6. El municipio de Bayamón; 7. Los municipios de Carolina y Trujillo Alto; 8. El actual precinto electoral de Río Piedras excluyendo los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de Puerto Rico; 9. Los municipios de Cataño, Guaynabo y Toa Baja y 10. Los municipios de Toa Alta, Corozal y Naranjito.

III. DISTRITO SENATORIAL DE ARECIBO, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 11. Los municipios de Vega Baja, Vega Alta y Dorado; 12. Los municipios de Manatí y Barceloneta; 13. Los municipios de Ciales y Morovis; 14. El municipio de Arecibo y 13. El Municipio de Utuado.

IV. DISTRITO SENATORIAL DE AGUADILLA, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 16. Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas; 17. Los municipios de Aguadilla e Isabela; 18. Los municipios de San Sebastián y Moca; 19. Los municipios de Lares, Las Marías y Maricao y 20. Los municipios de Añasco, Aguada y Rincón.

V. DISTRITO SENATORIAL DE MAYAGÜEZ, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 21. El municipio de Mayagüez; 22. Los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas; 23. Los municipios de San Germán y Sabana Grande; 24. Los municipios de Yauco y Guánica y 25. Los municipios de Guayanilla y Peñuelas.

VI. DISTRITO SENATORIAL DE PONCE, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos; 26. Los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la ciudad de Ponce, del municipio de Ponce; 27. Todo el municipio de Ponce, exceptuando los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y la Playa de la ciudad de Ponce; 28. Los municipios de Adjuntas y Jayuya; 29. Los muncipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba y 30. Los municipios de Coamo y Orocovis.

VII. DISTRITO SENATORIAL DE GUAYAMA, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 31. Los municipios de Aibonito, Barranquitas y Comerío; 32. Los municipios de Cayey y Cidra; 33. Los municipios de Caguas y Aguas Buenas; 34. Los municipios de Guayama y Salinas y 35. Los municipios de Patillas, Maunabo y Arroyo.

VIII. DISTRITO SENATORIAL DE HUMACAO, que se compondrá de los siguientes Distritos Representativos: 36. Los municipios de Humacao y Yabucoa; 37. Los muncipios de Juncos, Gurabo y San Lorenzo; 38. Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las Piedras; 39. Los muncipios de Fajardo, Vieques y la Isla de Culebra y 40. Los muncipios de Río Grande, Loíza y Luquillo.

Seccion 2. Las zonas electorales números 1, 2, 3, y 4 incluídas en tres distritos representativos comprendidos en el distrito senatorial de San Juan, son las mismas actualmente existentes para fines de organización electoral, en el segundo precinto de San Juan.

ARTICULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Salvo que otra cosa disponga esta Constitución, la responsabilidad civil y criminal, los derechos, franquicias, concesiones, privilegios, reclamaciones, acciones, causas de acción, contratos y los procesos civiles, criminales y administrativos subsistirán no obstante la vigencia de esta Constitución.

Sección 2. Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o nombramiento a la fecha en que comience a regir esta Constitución, continuarán en el desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo las funciones de sus cargos que no sean incompatibles con esta Constitución, a menos que las funciones de los mismos sean abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma.

Sección 3. Independientemente del límite de edad fijado por esta Constitución para el retiro obligatorio, todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución continuarán como jueces hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados y los del Tribunal Supremo continuarán en sus cargos mientras observen buena conducta.

Sección 4. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las mismas.

Sección 5. En lo sucesivo la expresión "ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" sustituirá a la expresión "ciudadano de Puerto Rico"según ésta ha sido usada antes de la vigencia de esta Constitución.

Sección 6. Los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconozca la ley electoral, siempre que reunan los requisitos mínimos exigidos para la inscripción de nuevos partidos por la ley vigente al comenzar a regir esta Constitución. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la Constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la misma.

Sección 7. La Asamblea Legislativa podrá aprobar las leyes que fueren necesarias para complementar y hacer efectivas estas disposiciones transitorias a fin de asegurar el funcionamiento del Gobierno, hasta que los funcionarios que en esta Constitución se proveen sean electos o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y hasta que esta Constitución adquiera vigencia en todos sus aspectos.

Sección 8. De crearse un Departamento de Comercio, el departamento denominado de Agricultura y Comercio en esta Constitución, se llamará Departamento de Agricultura.

Sección 9. La primera elección bajo las disposiciones de esta Constitución se celebrará en la fecha que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la fecha en que comience a regir esta Constitución y la siguiente se celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día que se determine por ley.

Sección 10. Esta Constitución comenzará a regir cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde de sesenta días después de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos.

Dada en Convención reunida en el Capitolio de Puerto Rico
el día seis de febrero del año de Nuestro Señor de
mil novecientos cincuenta y dos.

1. By Resolution number 34, approved by the Constitutional Convention and ratified in the Referendum held on November 4, 1952, section 5 of article II was amended, adding to such section the following declaration: "Compulsory attendance at elementary public schools to the extent permitted by the facilities of the state as herein provided shall not be construed as applicable to those who receive elementary education in schools established under non-governmental auspices."

2. By Resolution number 34, approved by the Constitutional Convention and ratified in the Referendum held on November 4, 1962, section 20 of article II was eliminated.

3. As amended in General Election of Nov. 8, 1960.

4. As amended by the voters at a referendum held Dec. 10, 1961.

5. By Resolution number 34, approved by the Constitutional Convention and ratified in the Referendum held on November 4, 1952, the following new sentence was added to section 3 of article VII: "Any amendment or revision of this constitution shall be consistent with the resolution enacted by the applicable provisions of the Constitution of the United States, with the Puerto Rican Federal Relations Act and with Public Law 600, Eighty-first Congress, adopted in the nature of a compact"

report this ad

# data[].attributes.attachment_link.title
Constitution del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

# data[].attributes.attachment_link.description
Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
A Puerto Rico la llaman "la isla del encanto" o "la estrella del Caribe", pero también recibe otro título bastante menos elogioso: "la colonia más antigua del mundo".

Desde que llegó Cristóbal Colón en 1493 hasta 1898, Puerto Rico fue colonia de España. "Desde entonces, y hasta nuestros días, es colonia de Estados Unidos de América", escribió en 2015 Pedro F. Silva-Ruiz, catedrático jubilado de derecho de la Universidad de Puerto Rico.

El texto, titulado "Puerto Rico: la colonia más vieja del mundo", dice que los puertorriqueños deben enfrentar la "dura verdad" de su estatus político más allá de lo que dice la constitución de 1952, que lo consagra como un estado libre asociado (ELA) de Estados Unidos.

¿Por qué en algunos lugares se les llama americanos a los estadounidenses?

En aquel entonces, Naciones Unidas retiró a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos (los que se consideran colonias) y EE.UU. terminó de asumir su rol como máxima potencia postcolonial del mundo.

Pero el debate en esta isla de 3,5 millones de habitantes parece que no se termina de saldar.

La cuestión del estatus de la isla sigue tan vigente 65 años después que este domingo los puertorriqueños vota ron por quinta vez qué relación política desean tener con Estados Unidos.

¿Independencia, un nuevo Estado de EE.UU. o más de lo mismo?: 6 claves para entender el trascendental referendo de Puerto Rico

Tal como sucedió con las consultas de 1967, 1993, 1998 y 2012, el plebiscito no tiene carácter vinculante para el gobierno o Congreso de EE.UU. Y tal vez por eso, los votos cayeron en saco roto.

En esta oportunidad, las opciones para los boricuas eran tres: buscar convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, ser un país independiente o seguir con el estatus territorial actual.

El 97% de los puertorriqueños eligió a favor de la estadidad, en un proceso marcado por la baja participación, con solo el 23%, es decir, 511.000 personas.

Llama la atención que la normativa que habilitó el plebiscito de este domingo, firmada por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, se llama "Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico".

Ni colonia ni estado

En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un tercio de la población global vivía en territorios dependientes, según datos de Naciones Unidas (ONU).

La descolonización se convirtió en ese momento en una de las prioridades de la ONU, que comenzó a presionar a los países considerados potencias coloniales.

Es en este contexto que EE.UU. propuso una solución para Puerto Rico que no era la de colonia ni la de estado.

Como ELA, Puerto Rico pasó a tener autoridad sobre su política interna, supeditada a las leyes estadounidenses y sin control sobre sus relaciones exteriores.

En el Congreso de EE.UU., hay un delegado puertorriqueño con voz, pero sin voto.

Asimismo, los boricuas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales mientras vivan en la isla. Allí, por contraparte, no pagan impuestos federales.

El entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, quien encabezó las negociaciones con el gobierno del presidente estadounidense Harry S. Truman, dijo que el nuevo estatus eliminó "los últimos vestigios jurídicos de colonialismo".

Y agregó: "No vamos (...) a dar otro paso hacia el autogobierno. Esto es autogobierno".

"Una farsa"

"La firma de la constitución del ELA ha sido uno de los actos de magia más fascinantes de la historia", dice a BBC Mundo Javier Hernández-Acosta, director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico).

"El 24 de julio de 1952 había una colonia reconocida por la ONU y al otro día desapareció y se convirtió en un estado libre asociado, que todavía al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué figura político-legal es", agrega.

Hoy en día la ONU reconoce que existen 17 territorios no autónomos, tres de los cuales pertenecen al gigante norteamericano: Guam, Samoa Estadounidense e Islas Vírgenes Estadounidenses.

Para Pedro Cabán, profesor y presidente del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de la Universidad de Albany (EE.UU), se trató de "una farsa".

El Congreso de EE.UU. debía aprobar la nueva constitución puertorriqueña, que confería a la isla poderes autónomos para asuntos locales, explica Cabán a BBC Mundo.

Sin embargo, según la constitución estadounidense, "el Congreso tiene absoluta autoridad sobre los territorios que no son incorporados a la unión de estados".

"Dio la impresión de que Puerto Rico de pronto trascendió su estatus colonial y pasó a tener poderes completos para regular sus asuntos internos, pero bajo ninguna circunstancia el Congreso dijo a Puerto Rico que esos poderes eran permanentes".

El propio Muñoz Marín lo explicó ante el parlamento estadounidense de forma más colorida: "Si la gente de Puerto Rico (...) se vuelve loca, el Congreso siempre puede darle la vuelta y legislar de nuevo".

¿Peor que en los 50?

Según escribe José Trías Monge, un abogado que presidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico durante una década, la isla caribeña no es una colonia en el "usual sentido despectivo del término".

En su influyente libro "Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo", publicado en 1997, Trías Monge sostiene que el término ilustra la "innecesaria retención de poder excesivo" de Washington sobre San Juan.

Entre los múltiples argumentos que da para defender el uso de la palabra, afirma que EE.UU. legisla en Puerto Rico sin su consentimiento, que los que ciudadanos que viven en la isla tienen menos derechos que los que viven en los estados y que "sistemáticamente pasa por alto los resultados de plebiscitos".

Por ejemplo, en el de 2012 por primera vez en la historia la mayoría de votos válidos optó por la estadidad, o sea, por incorporarse de forma completa a EE.UU.

El resultado de esta consulta, que coincidió con las elecciones nacionales, fue analizado como una muestra de disconformidad a la pregunta de si se estaba de acuerdo con el estatus presente.

De todos modos, como cerca del 30% de los votantes emitieron boletas en blanco o no válidas, se generaron dudas sobre la legitimidad política del resultado a favor de la estatidad.

"No hay, en el mundo actual, relación no colonial alguna conocida, en la que un pueblo ejerza tan vasto, casi ilimitado poder sobre el gobierno de otro", escribe Trías Monge.

Sin ir tan lejos, en abril la prestigiosa revista especializada en derecho Harvard Law Review publicó un análisis que explica por qué "Puerto Rico ha sido y sigue siendo un territorio no autónomo según los criterios de la ONU".

El texto argumenta que hoy en día la isla "está todavía más lejos del real autogobierno de lo que estaba en 1953".

La "Promesa"

Entre los años 1970 y principios de los 2000, Puerto Rico se convirtió en una de las economías líderes del Caribe.

Las exenciones fiscales, menores regulaciones ambientales y políticas específicas para fomentar industrias como las farmacéuticas, generaron décadas de bonanza en la isla.

Tal es así que para Hernández-Acosta la favorable situación económica provocó una "complacencia" entre los puertorriqueños, quienes en general no presionaron para salir de ese estatus transicional del ELA.

Pero hace una década todo cambió.

Los cambios en las regulaciones impositivas y medioambientales sumados a problemas de ineficiencia y corrupción empujaron a la isla a una grave crisis económica.

Con una tasa de pobreza que alcanzó el 45%, un desempleo del 12% (el doble de la media de Estados Unidos) y una población en decrecimiento por la emigración, Puerto Rico recurrió al Congreso en busca de soluciones.

4 claves para entender la histórica quiebra de Puerto Rico (y qué papel juega EE.UU.)

Al tratarse de un ELA, la isla no podía acogerse al Código de Bancarrotas estadounidense, como sí lo hizo Detroit en 2013.

La respuesta del gobierno de Barack Obama fue la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, es su acrónimo en inglés), promulgada en junio de 2016.

El artículo de Harvard Law Review cita esta ley para ejemplificar la tesis que defiende la relación colonial de San Juan y Washington.

El Congreso, explica el texto, crea "una 'agencia externa' con control directo y significativo sobre el gobernador", que "recorta la autonomía de Puerto Rico" en asuntos económicos y sociales, cuyos miembros son elegidos por el presidente de EE.UU. y donde la isla tiene voz pero no voto.

Cabán es más tajante: "Promesa reafirma sin equívocos que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos", escribe en el último número de la revista de izquierda New Politics.

Finalmente, este mayo la isla se declaró en quiebra con el fin de comenzar a reestructurar su multimillonaria deuda de más de US$73.000 millones, convirtiéndose así en el protagonista del mayor proceso de bancarrota de un territorio bajo la jurisdicción de EE.UU. en la historia.

Puerto Rico se declara en quiebra para reestructurar su multimillonaria deuda

De todos modos, la crisis económica ya abrió heridas del pasado y empujó un nuevo plebiscito.

¿Qué pasa después del plebiscito?

La ley de la consulta establece que, si gana la anexión, de inmediato comienza un proceso para la admisión de Puerto Rico como un estado más de EE.UU., en igualdad de derechos y deberes que los otros 50.

Rosselló, quien apoya la estadidad, anunció que para ello recurrirá al llamado Plan Tennessee, una estrategia de presión como la que empleó el estado del mismo nombre a finales del siglo XVIII para lograr que Estados Unidos le dejara entrar a la federación, aún cuando Washington no estaba muy convencido de ello.

La estrategia del siglo XVIII que Puerto Rico quiere usar para ser admitido por Washington como el estado 51 de EE.UU.

En caso de imponerse la opción independentista, la ley dispone la convocatoria automática de un referéndum para el 8 de octubre.

Entonces los boricuas deberán elegir entre dos alternativas de soberanía separada de EE.UU.: con un tratado voluntario de libre asociación o independencia.

Constitucionalmente, Washington puede seguir ignorando a Puerto Rico. Pero el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz no cree que sea una buena idea.

En una columna publicada en 2015 en el periódico The Wall Street Journal, Stiglitz afirma: "EE.UU. debe hacerse responsable de su pasado imperialista y su presente neocolonial".

"Washington debe a los puertorriqueños un futuro basado en legitimidad democrática y una estrategia de desarrollo que sea financiera y socialmente viable".

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Por qué algunos consideran que Puerto Rico es la "colonia más antigua del mundo"?

# data[].attributes.attachment_link.description
A Puerto Rico la llaman "la isla del encanto" o "la estrella del Caribe", pero también recibe otro título bastante menos elogioso: "la colonia más antigua del mundo". Desde que llegó Cristóbal Colón en 1493 hasta 1898, Puerto Rico fue colonia de España.

# data[].attributes.headline
1948 Right for PRs to elect their own governer

# data[].attributes.subject
1948 Right for PRs to elect their own governer