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El sistema de salud peruano es producto de la superposición de diversas estructuras organizacionales provenientes de diferentes estadios sanitarios, tributarios de diversas concepciones y portadores de variados intereses, patrones culturales, formas de financiamiento y modelos de gobierno, de gestión y de prestación; acumulados a modo de estratos geológicos, algunos de ellas procedentes del mundo colonial. Los primeros esfuerzos por modelar el sistema de salud datan de la década de 1970, cuando el Estado, en su intento por implementar una ‘política de bienestar’ en el campo de la salud, decide asumir la administración de la red hospitalaria nacional perteneciente a la Beneficencia Públicac y organizar el subsistema público estatal, que pasa a constituirse en el subsector público estatal y pilar central de sistema de salud.

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El camino hacia la reforma del sistema de salud 

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El camino hacia la reforma del sistema de salud 

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Los pronunciamientos iniciales sobre la necesidad de reformar el sistema de salud surgieron a fines de la década de 1960, sus voceros fueron principalmente funcionarios y académicos organizados en la Sociedad Peruana de Salud Pública.e La conformación de la comisión para la elaboración del proyecto de la Ley general de salud, en 1974, fue la ocasión para diseñar una propuesta de reforma. No obstante, las marcadas diferencias conceptuales e ideológicas de sus miembros no permitieron arribar a un consenso. Finalmente, en 1975, se aprobó la creación del Sistema Nacional Coordinado de Salud, y se desechó la propuesta que recomendaba la creación del Servicio Nacional Participativo de Salud, con base en la fusión de las dos grandes organizaciones sanitarias del subsector público

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Descentralización y sus implicancias en salud

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Descentralización y sus implicancias en salud

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La descentralización política constituye una antigua aspiración de las provincias y pueblos alejados de la capital del país. Es vista como la gran oportunidad de avanzar hacia el desarrollo nacional  armónico y sostenible. En 2001, cuando se recuperó la democracia, esta aspiración cobró fuerza en la agenda política nacional y se promulgó un conjunto de leyes para impulsar y regular el proceso de descentralización. En este proceso, si bien el Estado conserva su naturaleza unitaria, se organiza en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. La descentralización de la función salud desde el nivel central hasta los niveles subnacionales tuvo diferentes implicaciones y pese al tiempo transcurrido se desconoce sus avances como factor de democratización de las decisiones y el desarrollo sanitario de los ámbitos descentralizados. Las aproximaciones iniciales muestran situaciones muy diversas Se percibe que un buen número de gobiernos regionales, luego de un difícil período de aprendizaje, vienen asumiendo responsablemente el desafío de la salud en sus ámbitos y han logrado importantes objetivos sanitarios. Por el contrario, otros gobiernos regionales no han logrado hacerse de las capacidades necesarias o prestan escasa prioridad a sus funciones en materia de salud, principalmente en lo concerniente a las intervenciones en salud pública, con el consecuente riesgo de qué se presente cualquier emergencia sanitaria.

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Tránsito de la asistencia sanitaria estatalal aseguramiento universal 

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Tránsito de la asistencia sanitaria estatalal aseguramiento universal 

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Durante la década de 1990, se introduce gradualmente el concepto de aseguramiento en salud. Este concepto expresa operativamente la aparente necesidad de diferenciar, en los sistemas de salud, la función de compra de la función de venta de servicios, en aras de conseguir mayor eficiencia. En la práctica, esta preocupación, básicamente financiera, desestima la provisión de servicios de salud, función mediante la cual se plasma la misión central del sistema. En este planteamiento subyace el concepto de ‘mercado interno’ (internal market), promovido por el liberalismo económico y concebido como instrumento de eficiencia en la producción y distribución de los bienes sanitarios.32 En esta orientación, a fines de la década de 1990, se gestaron las primeras experiencias de seguro público en el país. Se trató de dos programas destinados a superar la barrera económica de acceso a los servicios de salud de poblaciones de menores ingresos. El Seguro Escolar Gratuito (SEG), dirigido a los niños de 3 a 17 años, y el Seguro Materno Infantil (SMI), que brindaba cobertura a las madres gestantes y a los niños menores de 5 años.g Ambos programas ofertaban paquetes básicos de atenciones.