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The demands of the social outbreak of October 2019 point to structural changes that are based on the development of a new constitution, which guarantees equal rights and opportunities for the population.

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El Metro cerrado; estaciones incendiadas. Miles de personas copando el eje Alameda-Providencia, sin transporte para llegar a su casa; cacerolazos nocturnos, mientras el Presidente Sebastián Piñera era captado en una pizzería celebrando el cumpleaños de su nieto. Así inició un estado de emergencia y una crisis social que se extendió durante meses. Por ahora, durante 12 meses, incluso si se descuenta la pandemia que a su turno también lo ha trastocado todo.

Un año después del 18 de octubre de 2019 (18-O), PAUTA recoge los principales fenómenos que el estallido social provocó en Chile.

El alza de $30 pesos del pasaje de transporte fue la carátula. Aquel hito, que por sí solo podría no haber sido tan resistido, se tradujo los primeros días de octubre en evasiones masivas al sistema de transporte, originadas entre los estudiantes del Instituto Nacional. Rápidamente se extendió a escolares de toda la región y todo el país, y un desconcertado Gobierno respondió con el cierre de varias estaciones de Metro. Pero el viernes 18 de octubre la clausura de la línea fue completa. Y miles de personas tuvieron que desplazarse a sus casas caminando desde el centro de Santiago.

Recién entrada la noche, algo hizo que cambiara el rumbo. Mientras el Presidente pasaba a saludar a un nieto de cumpleaños en el restaurante Romaria, en Vitacura, se reportaban daños por fuego en 20 estaciones del Metro y en la torre de la eléctrica Enel, casi en plena Alameda y a pasos de La Moneda.

Aquel fue solo el comienzo, pues la historia continuó en las horas y jornadas posteriores con barricadas, saqueos, vandalismo y destrucción de infraestructura pública y privada de toda índole. En total, 77 terminales del subterráneo resultaron con daños. Aquello tuvo consecuencias drásticas para miles de ciudadanos: algunas estaciones de la zona sur del Gran Santiago, como Protectora de la Infancia o Trinidad, en Puente Alto, recién reabrieron el 25 de septiembre de este año.

Por delitos asociados al estallido social, el Ministerio Público formalizó a 5.084 personas. 4.004 de ese total, por saqueos.

El día después del inicio de todo, hubo cacerolazos. Y manifestaciones violentas y pacíficas. La mayor protesta masiva ocurrió una semana después, el 25 de octubre, en lo que se llamó la "Marcha más grande de Chile", que con Plaza Italia como vértice se extendió hacia el poniente y el oriente por decenas de cuadras.

Hubo jóvenes, adultos, familias. Las demandas eran de toda índole y variaban de letrero en letrero. Desde el inicio del estallido hasta el 31 de marzo ocurrieron más de 4 mil manifestaciones y casi 6 mil eventos de desorden público, según los datos de Carabineros. En varios de ellos se enfrentaron entre los mismos manifestantes y transeúntes, por ejemplo, a partir de la práctica de "el que baila, pasa". En un contexto así se enmarca el episodio del estadounidense radicado en Reñaca John Cobin, que disparó a quienes bloqueaban su auto durante una protesta en noviembre.

El volumen de manifestantes en marchas mayormente no autorizadas sorprendió a la policía sin suficiente personal y sin formación acorde. Los gases lacrimógenos, el uso del carro lanzaaguas y de la escopeta antidisturbios fueron la tónica de muchas jornadas. Fruto de aquellos enfrentamientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró denuncias de 3.023 personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los casos más emblemáticos en investigación fueron los de Gustavo Gatica, quien quedó ciego luego de que presuntamente el carabinero Claudio Crespo le disparara; y el de Fabiola Campillai, impactada por una bomba lacrimógena cuando esperaba transporte para ir a trabajar. El policía Patricio Maturana es hoy investigado por aquel hecho, en el que Campillai perdió la vista, gusto y el olfato.

Según el mismo INDH en sus cifras más actualizadas, fueron 163 las víctimas de trauma ocular en las manifestaciones de 2019. Al mismo tiempo, el Ministerio Público inició investigaciones por la muerte de 33 personas en el contexto de las protestas, cuatro a manos de agentes del Estado. Además, el Ministerio Público informó este octubre de la formalización de 75 agentes del Estado por violencia institucional. En esa lista están Crespo, Maturana; y tres carabineros más recientemente: por torturas, Sebastián González y Juan Pablo Leiva y por apremios ilegítimos, Carlos Fuenzalida.

Una bomba molotov impactó a dos carabineras en Plaza Italia los primeros días de octubre. Aquello marcó la otra cara de la crisis, la violencia contra Carabineros, que en 2015 era la institución mejor evaluada según el Centro de Estudios Públicos (CEP): el 57% de la población manifestaba mucha o bastante confianza en ella. El hecho generó incluso una discusión sobre la necesidad de condenar la violencia "de ambos lados", como decían desde el Gobierno y en el oficialismo.

Pero las funcionarias no fueron las únicas. En marzo de este año, el general director de la institución, Mario Rozas, entregó un balance sobre los daños al personal y a la infraestructura de la policía uniformada. Hasta el 31 de ese mes había 4.817 carabineros lesionados en el contexto de las manifestaciones y 544 ataques a cuarteles. Entre los lesionados, 263 estuvieron "graves" y 30 resultaron con traumas oculares. Durante octubre hubo 5,6 ataques diarios a comisarías en el país. Las que recibieron los daños más grandes: la Subcomisaría de Peñalolén y la 54° Comisaría de Huechuraba.

La confianza en la institución también quedó fracturada. En diciembre de 2019, solo el 17% confiaba mucho o bastante, según la encuesta del CEP.

Los hechos de octubre y noviembre pusieron presión sobre Carabineros y el Ministerio del Interior, que ya desde 2018 había comprometido cambios en la policía uniformada. El Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública que el Mandatario presentó en julio de ese año incluía una "modernización" de las policías a través de una serie de proyectos y medidas administrativas que el Ejecutivo tomaría. La operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca y el fraude multimillonario en la institución habían sentado los precedentes para que el Gobierno impulsara aquellos cambios.

El estallido social solo reforzó aquello. Desde entonces, la idea de una reforma total cobró fuerza y antes de finalizar el año ya había dos comisiones funcionando para materializarla. Una la lideró el senador Felipe Harboe (PPD) y la otra fue organizada por el Ejecutivo. De esa última salió un informe presentado en marzo de este año, en una actividad en La Moneda. Desde entonces, se avanzó casi nada.

Recién en octubre y a partir del "incidente en el Mapocho" que dejó a un carabinero formalizado y a un adolescente con múltiples fracturas en el lecho del río, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se comprometió a acelerar el trámite. Esta semana comenzó a funcionar la Unidad Coordinadora para la Reforma, creada para poner en marcha los pendientes.

Los casos de heridos en manifestaciones se empezaron a acumular y de repente la atención mundial estaba sobre Chile. Así llegaron cuatro misiones de organismos de derechos humanos, tres invitadas por el mismo Gobierno, y desde el 28 de octubre hasta el 22 de noviembre se entrevistaron con víctimas, carabineros, personal de salud y autoridades de los tres poderes del Estado.

Las cuatro instituciones, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entregaron informes de la situación de derechos humanos en Chile.

El más duro fue el de Amnistía Internacional, que fue cuestionado por el Gobierno. Acusaba una clara intención de las fuerzas de seguridad de lesionar para desincentivar la protesta. Los demás, considerados de mayor seriedad por los especialistas, coincidieron en la preocupación por las denuncias de violencia sexual durante las manifestaciones, malos tratos reiterados en el tiempo y en una recomendación recurrente: reformar a la policía uniformada.

Ya era noviembre y la crisis no cesaba. Un llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social coincidió con el recrudecimiento de la violencia, el 12 de ese mes. Esa noche, el Presidente consideró incluso reponer el estado de emergencia. Pero luego de conocer las opiniones de distintos asesores y ministros presentes en La Moneda, optó por convocar a tres grandes acuerdos: por la paz, la justicia y una nueva Constitución.

No obstante, ya desde los últimos días de octubre la idea de un proceso constituyente iba cobrando fuerza, sobre todo en el Congreso. Se sumó a eso la irrupción de cabildos ciudadanos, donde se pretendía abordar este tema; y la primera semana de noviembre, la Asociación Chilena de Municipalidades decidió que harían una consulta nacional, el 7 de diciembre, para preguntar a los vecinos si deseaban o no una nueva Constitución.

Se les adelantaron los parlamentarios, pues luego de varios días de negociaciones, la madrugada del 15 de noviembre personeros de todo el espectro político - con excepción del PC y sectores del Frente Amplio- alcanzaron un acuerdo para trazar el camino hacia una nueva Carta Magna. El resultado: la convocatoria a un Plebiscito, fechado primero para el 26 de abril, que preguntara a la ciudadanía si quería o no un proceso constituyente y a través de qué mecanismo se efectuaría. La pandemia provocó la postergación del evento para este 25 de octubre.

El 14 de noviembre apareció una placa en el monumento a Manuel Baquedano, en Plaza Italia, que rebautizaba el espacio como "Plaza Dignidad". El nombre surgió de forma espontánea entre los manifestantes que día a día se acercaban al lugar. Los vecinos y locatarios de la zona presenciaron eso y mucho más. Desde los primeros días de la crisis, Plaza Italia se transformó en una zona prácticamente inhabitable.

Con las manifestaciones llegaron los enfrentamientos con Carabineros, las bombas molotov, las barricadas, la aniquilación del pavimento, los cobros abusivos de individuos violentos a los vecinos, las bombas lacrimógenas, la destrucción de las fachadas de las viviendas y de los locales comerciales. El olor, durante meses, fue insoportable para quienes residían en el área y sus alrededores. Cientos de locales tuvieron que cerrar; muchos jamás pudieron volver a abrir.

Cuando se decretaron las cuarentenas en la Región Metropolitana, Plaza Italia y sus vecinos tuvieron un descanso. La Municipalidad de Providencia volvió a poner pasto alrededor del monumento, repusieron las señaléticas y los semáforos. Aquello solo duró seis meses. Un mes antes del Plebiscito la zona volvió a recibir a decenas de manifestantes y vándalos. Las protestas retornaron, viernes a viernes, con lo que llegaron nuevamente los enfrentamientos y, en paralelo, la destrucción.

El pasado octubre sepultó la imagen del Chile líder organizando eventos de corte internacional. Tanto la APEC y la COP25 debieron cancelarse, lo que se anunció en un punto de prensa en La Moneda. Allí, flanqueado del entonces canciller Teodoro Ribera y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, Piñera dijo que les causaba "mucho dolor" la decisión, pero debían priorizar el restablecimiento del orden público y el cumplimiento de la agenda social que habían anunciado solo días atrás.

Se cancelaron también conciertos, la clásica Teletón que año a año toma lugar durante los primeros días de diciembre, y hasta la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate, que se jugaría el 23 de noviembre en Santiago.

Las cancelaciones se extendieron hasta este año, ya no por las manifestaciones, sino ahora por la pandemia. Eventos masivos como Lollapalooza o el mismo Plebiscito Constitucional fijado para el 26 de abril se reprogramaron.

La destrucción, la violencia y la incertidumbre también causaron daños en la economía. El 28 de febrero de este año, Chile informaba la cifra más alta de desempleo en casi una década. 7,4% fue en ese entonces para el trimestre noviembre-enero, número que no se veía desde 2011 y que desde el Ministerio del Trabajo atribuyeron a la pérdida de puestos de trabajo que el estallido ocasionó. Muchos de esos ya nunca se recuperaron. Las cuarentenas decretadas los primeros meses de 2020 obligaron a suspender contratos y a despedir a varios miles de trabajadores más.

El Imacec durante los meses del estallido estuvo en esa misma lógica: caídas de 3,4% en octubre y de 4% en noviembre. Durante el verano, los números vieron alguna mejora. Pero una vez entrado marzo -y llegada la pandemia-, las cifras volvieron a desplomarse. El Producto Interno Bruto (PIB) también se vio afectado: se contrajo 2,1% en el último trimestre de 2019 y, así, acabó con las cifras positivas de los meses anteriores. Con esa baja, el PIB del año pasado creció solo 1,1%.

Ese cóctel determinó que el Gobierno, con el apoyo del Congreso, preparara un paquete de medidas para ir en ayuda de las familias que quedaron en las condiciones más vulnerables. Un ingreso familiar de emergencia, bonos para la clase media, subsidios al empleo, subsidios al arriendo y préstamos solidarios fueron parte de estas.

Las demandas ciudadanas que surgieron a partir del 18 de octubre eran múltiples, pero algunas muy concretas: mejor salud, mejores pensiones y mejor educación, por ejemplo. El estallido social y luego la pandemia detonaron una explosión de proyectos considerados inconstitucionales que buscaban hacerse cargo de dichas demandas, lo que enfrentó hasta a los mismos partidos del oficialismo. Lo que planteaban desde la oposición era que aquellos proyectos demostraban que la Constitución había quedado vieja.

Mientras, en el Congreso avanzaban iniciativas tildadas de inadmisibles, como la que extendía el posnatal; la que evitaba la suspensión de servicios básicos por no pago; e incluso una que busca generar un impuesto para los patrimonios más grandes del país. Hasta un "mecanismo" para frenar dichos proyectos quiso implementar el Presidente Piñera, con pésimo recibimiento por parte de las testeras de ambas cámaras, desde donde lo acusaron de intromisión en otro poder del Estado.

El máximo hito fue un proyecto cuya tramitación y aprobación propinó una derrota al Gobierno. Cuando el retiro del 10% de fondos previsionales comenzó a cobrar popularidad, desde el Ejecutivo y en el oficialismo argumentaban que se estaba utilizando un "resquicio legal" para hacerlo avanzar. El argumento era que una materia así debía ser de exclusiva iniciativa del Presidente, dado que se relacionaba con seguridad social e irrogaba gastos fiscales. Aquel proyecto no solo se aprobó; actualmente se está discutiendo la posibilidad de un segundo retiro y otros tres más, que abarcan a jubilados con rentas vitalicias (aunque el dinero no sea de ellos), retiros forzosos para deudores de pensión alimenticia y un retiro total para enfermos terminales.

Brevísimas gestiones, enroques y despedidas entre aplausos: todo se vio en un año a contar de octubre de 2019. Desde entonces han pasado tres ministros del Interior, tres Segpres, tres de Desarrollo Social, tres voceros de Gobierno y tres ministras de la Mujer y Equidad de Género.

La primera baja fue la de Andrés Chadwick, ministro del Interior y mano derecha de Piñera. Se fue entre fuertes cuestionamientos 10 días después del inicio del estallido social y en su reemplazo iría Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales, pero quedó fuera por algunas polémicas declaraciones del pasado. Lo reemplazó el entonces Segpres Gonzalo Blumel.

Otras caídas: Felipe Larraín, de Hacienda, y Juan Andrés Fontaine, de Economía. También Marcela Cubillos, ministra de Educación, que se marchó para formar parte de la campaña del Rechazo. La siguió la titular del Ministerio de la Mujer Isabel Plá, quien fue sucedida por Macarena Santelices. Alcanzó a estar solo un mes en su puesto y la reemplazó, por ahora de forma definitiva, Mónica Zalaquett.

Pero entonces lo que incomodaba en La Moneda era el diseño del comité político. Así, Sebastián Sichel abandonó Desarrollo Social y fue reubicado a la cabeza del Banco Estado. La gestión de la pandemia se cobró el cargo de Jaime Mañalich y el último cambio hizo una cirugía mayor al círculo de hierro del Presidente: entraron Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI)y Jaime Bellolio (UDI), todos parlamentarios.

El 18-O también trajo consecuencias en el fútbol chileno. Tras el estallido social, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tomó la decisión de suspender de inmediato las actividades deportivas. El 22 de noviembre, en La Florida, se intentó retornar a disputar la fecha de la Primera División entre Iquique y Unión La Calera. Sin embargo, una manifestación de hinchas de Colo Colo en el minuto 65 impidió la culminación normal del compromiso.

Ante ello, se decidió dar cierre al campeonato, lo que entregó a la Universidad Cátolica el primer bicampeonato en su historia en torneos largos. El equipo cruzado logró una ventaja de 13 puntos faltando 18 por disputar y el elenco, en ese entonces dirigido por Gustavo Quinteros, se alzó con el título nacional. La decisión de dar por terminado el campeonato, y con ello dar el título a la UC, fue aprobada por la unanimidad de los clubes, menos dos. Uno de ellos... la propia UC, que quería ganar en cancha su estrella número 14.

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Los fenómenos sociales, políticos e institucionales provocados por el estallido social del 18-O

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El Metro cerrado; estaciones incendiadas. Miles de personas copando el eje Alameda-Providencia, sin transporte para llegar a su casa; cacerolazos nocturnos, mientras el Presidente Sebastián Piñera era captado en una pizzería celebrando el cumpleaños de su nieto. Así inició un estado de emergencia y una crisis social que se extendió durante meses.

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The important role of secondary students in the path that culminated with the Approval of the Constitutional Convention

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The important role of secondary students in the path that culminated with the Approval of the Constitutional Convention

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The factor that triggered the discontent of the population was the increase in the rate of the Santiago public transport system, which came into effect on Sunday, October 6, 2019. After the increase in rates, hundreds of students organized and held acts of mass evasion in the Santiago Metro.

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El importante rol de los y las estudiantes secundarias en el camino que culminó con el Apruebo Convención Constitucional

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El pasado 25 de octubre, se vivió un hito histórico en Chile, y tras el absoluto triunfo del Apruebo, con un 78,27%, por sobre el Rechazo, con tan solo un 21,73%, se da inicio al nuevo proceso constituyente en nuestro país.

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Through a national plebiscite, on October 25, 2020, Chileans decided to draft a new Constitution through a Constituent Convention.

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On May 16 and 17, the 155 conventions were summoned to establish the Convention. Previously, and after almost 12 months of such hard work, the indigenous peoples managed to get Congress to approve a Law on reserved seats, Law 21,298, with which 17 conventionalists were elected representing the 11 recognized indigenous peoples in Chile.

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Elisa Loncon was one of more than 150 people chosen by the public to draft the new constitution. Woman, Mapuche and doctor in humanities, she was the first president of the constitutional convent

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"Se puede dialogar con nosotros, que no nos tengan miedo, porque también se ha instalado mucho la política del miedo. O sea, se instala una candidata indígena, mapuche y hay mucho prejuicio. Entonces, esto también es un llamado a liberarnos de nuestros prejuicios y relacionarnos en igualdad de condiciones".
La frase es parte de las reflexiones de la presidenta electa de la Convención Constitucional, Elisa Loncón (58), hace una semana atrás en entrevista con La Tercera.
La doctora en Humanidades, Lingüista y académica de las universidades de Santiago y Católica fue electa con 96 votos de sus pares en la segunda votación, tras lograr 58 sufragios en la primera ronda.

De hecho, hace algunos días, la académica ya había recibido el respaldo de sus pares de los escaños reservados del pueblo mapuche para presidir la instancia, mismo gesto realizó la bancada de constituyentes del Frente Amplio.

Sin embargo, y en el intertanto entre la primera y la segunda votación, la bancada constituyente del Partido Socialista, del Partido Comunista y la mayoría de la Lista del Pueblo se plegaron a la opción de Loncón.

Por ahora, el acuerdo es que la presidencia de la Convención Constitucional vaya rotando. Aunque aún no está definido cuánto duraría cada período en la testera de la asamblea.

Nacida en Traiguén en la región de La Araucanía, Loncón vivió su infancia en la comunidad mapuche Lefweluan. La constituyente relató recientemente en una entrevista al diario El País que para ir al colegio "debía viajar ocho kilómetros desde su casa de la comunidad mapuche", un recorrido que muchas veces lo hizo a pie. La mayoría de su familia aún vive en dicha comunidad.

En cuanto a lo académico, se tituló como profesora de inglés de la Universidad de La Frontera y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya y en la Universidad de Regina en Canadá. También posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Leiden y un doctorado en Literatura en la Universidad Católica.

A La Tercera, Loncón relató que "creo que nací con ansias de conocer el mundo. Eso creo que viene de la historia de mis padres. Había que conocer el mundo para resolver los problemas. Me esforcé mucho para estudiar, trabajé para estudiar y esos estudios los volqué para entender la condición de opresión que vivíamos. Entender por qué existía esa opresión y también ver cuáles podían ser las salidas".

Loncón, además, participó del diseño de la bandera Wenufoye del pueblo mapuche, confeccionada en 1992, con ocasión de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América.

"La creación de una bandera en el proceso de descolonización, significó despojarnos de la tutela Occidental y crear un símbolo que nos representara. Porque nosotros íbamos detrás de la bandera chilena, pero 'nosotros no somos chilenos. No somos reconocidos en Chile'", relató hace unos meses a Radio Pauta.

Durante la mañana, Loncón fue parte de la ceremonia del pueblo mapuche previa a la instalación de la convención en el cerro Santa Lucía (o Huelén). Y es que un punto que Loncón ha manifestado que es clave es que en este proceso no se les "folclorizara", ni ridiculizara sus tradiciones.

Después de la suspensión de la primera sesión del órgano constituyente tras las manifestaciones en los alrededores del ex Congreso Nacional, la presidenta de la Convención Constitucional señaló que ante la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros "no podemos estar tranquilos si afuera hay represión".

"No puede ser que afuera se esté reprimiendo al pueblo y que nosotros estemos en una escena oficial, negando lo que ocurre afuera. No podemos estar tranquilos quienes estamos acá mientras afuera hay represión. Este es un acto democrático que deseó el pueblo de Chile, entonces la democracia no se condice con esta represión", comentó.

Tras asumir, saludó a los miembros de la convención en mapudungún en un emocionado discurso donde hizo referencia a la plurinacionalidad, autodeterminación de los pueblos originarios, derechos ambientales, a los derechos de las mujeres y a su familia.

"Es posible refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país", concluyó, haciendo un llamado a la unidad.

Si bien casi la mayoría de los constituyentes de la Lista del Pueblo se sumó en segunda vuelta a Loncón, recibió críticas por parte la constituyente María Rivera.

"Tuve diferencias con Elisa Loncón y en su discurso me queda más claro, porque no habló por la libertad de los presos políticos, no habló de dar una batalla para que está Convención se decrete soberana y yo no voy pensando en el mal menor, sino en mis convicciones y en lo que creo que más le sirve a esta Convención que fue conquistada con lucha en la calle", explicó Rivera.

Desde ese sector, también se han criticado sus eventuales vínculos con el PPD y partidos tradicionales de la Concertación, dado que su hermano, Lautaro Loncón, es secretario indígena del partido.

"Para nosotros el sello es la plurinacionalidad, que deje de ser homogénea la manera de relacionarnos. Eso implica una relación en un contexto de diversidad, que se admita y asuma como normal que tenemos lenguas diferentes, que tenemos maneras de tomar decisiones distintas. Somos pueblos con otros valores y otras formas de entender el conocimiento, la discusión, el desarrollo, la filosofía, y debemos dar espacio a que esa pluralidad que representamos se instale", señaló hace una semana Loncón en entrevista con La Tercera.

Sobre el aporte de los constituyentes mapuches de los escaños reservados, la presidenta de la instancia comentó que "vamos a aportar nuestra memoria, esa memoria que nos ha sido enseñada. Es la memoria histórica. En Chile se ha negado la memoria de las naciones originarias y ahí hay una deuda con los pueblos originarios, porque se han vulnerado a lo largo de la historia los derechos de las naciones originarias. Se nos ha vulnerado el derecho a existir como naciones, con nuestras lenguas, con nuestras culturas, nuestros territorios, nuestras tomas de decisión".

Loncón agregó que "esta deuda se ha arrastrado a lo largo de todo el tiempo y a lo largo de los diferentes gobiernos. Y todo esto siempre termina en conflicto, y mientras eso no se resuelva, esta manera de convivencia tan violenta que ocurre en nuestra comunidad va a persistir y con ese marco no podemos seguir desarrollando este no buen vivir. Hay que hablar de la verdad histórica, porque toda vulneración de derechos humanos requiere reparación y se tendrán que reparar las violaciones que se cometieron con nuestros pueblos".

Asimismo, y sobre temas ambientales y ecológicos, la constituyente aseguró a La Tercera que "el principio del valor a la madre tierra nosotros lo tenemos en nuestra práctica, y eso también lo vamos a instalar y lo vamos a conversar con el resto de los constituyentes, y encontraremos la manera de proteger en conjunto a la madre tierra. Y lo otro, y lo que es todavía más importante, es la capacidad de diálogo. Nosotros somos pueblos dialógicos, y vamos a poner en marcha nuestra forma de dialogar. Y ese diálogo sigue normas nuestras, va a ser en nuestras lenguas".

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Mujer, mapuche y doctora en Humanidades: quién es Elisa Loncón, la primera presidenta de la Convención Constitucional - La Tercera

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Con 96 votos a favor, y en la segunda ronda de votación, el órgano constituyente eligió a la lingüista y profesora de inglés, Elisa Loncón, como presidenta de la instancia.

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Elisa seeks to give a feminist push in the political sphere, towards women, in a joint body and above all towards indigenous peoples, who have always been excluded from the great decisions of the State.

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En entrevista ante CNN Chile, la Constituyente Mapuche y presidenta de la #ConvenciónConstitucional, #ElisaLoncón, se refirió en extenso sobre su opinión acerca del controvertido y crucial tema de la imposición del quórum de 2/3 establecida por el Congreso en diciembre de 2019 en la Reforma Constitucional de la Ley 21.200.

Importante señalar que, al formular la pregunta, el periodista Daniel Matamala desinforma, o habla con mal información, o derechamente miente, al decir que "muchas constituciones se han escrito con este quórum". Eso simplemente no es cierto, y de hecho, es justamente lo contrario: No hay ejemplos de experiencias constituyentes contemporáneas que hayan sido exitosas, que hayan sido redactadas con un quórum supramayoritario tan alto.

Aquí, el fragmento de la entrevista a Elisa Loncón, sobre el tema del quórum de dos tercios:

Ver, relacionado:

Los dos tercios en la Constituyente de Bolivia: Un argumento en contra del "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución"

El proceso constituyente en Sudáfrica, los dos tercios y el referendo dirimente. Lecciones para la experiencia chilena

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Elisa Loncón, Presidenta de la Convención Constituyente: "Necesitamos evaluar la pertinencia de los 2/3"

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En entrevista ante CNN Chile, la Constituyente Mapuche y presidenta de la #ConvenciónConstitucional, #ElisaLoncón, se refirió en extenso sobre su opinión acerca del controvertido y crucial tema de la imposición del quórum de 2/3 establecida por el Congreso en diciembre [...]

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Elisa a woman, Mapuche, doctor in Humanities who today presides over the Constitutional Convention. It represents women and peoples despised and humiliated by racism and patriarchy. This constitution aims to improve conditions and leave behind this history of injustice to build a better society together.