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Género/Estratificación social/Acceso a la justicia/Poder y Derecho

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|Córdoba|

Semanas después de la muerte de Ramona Bustamante, otro intento de desalojo a una campesina cordobesa tomó relevancia pública. Agustina Tolosa, de 70 años, tenía orden de abandonar su pequeña casa en un terreno de Salsipuedes por decisión del juez provincial Eduardo Bruera.

Tolosa ocupa actualmente un terreno de cuatro hectáreas cedido 18 años atrás por el ex intendente Facundo Torres. Vive allí junto a su hija, que llegó al predio hace siete años luego de perder su propia vivienda en las inundaciones de Unquillo, en 2015.

En 2003, Tolosa residía en el barrio Villa Sol, Salsipuedes, donde se dedicaba a la cría de animales que, según reportan algunos medios y ella misma confirma a InterNos, molestaban a los vecinos y dificultaban la convivencia por la falta de espacio.

"Yo tenía como 20 conejos en ese tiempo. Y el intendente me dice: 'Agustina, vos tenes que salir de ahí porque los conejos le molestan a la gente. Yo te voy a mandar a un lugar que nadie te va a molestar y nadie que te va a sacar de ahí", nos cuenta.

Torres, por entonces intendente de Salsipuedes, le cedió un terreno a las afueras de la localidad que Tolosa describió "como un baldío". Si bien estaba libre, no era habitable. "Limpié tanto, acomodé tanto. Hice un alambrado nuevo. Acá era un basural, venía la gente a tirar la basura, estaba abandonado", relata la campesina.

Con los años construyó su casa y comenzó a pagar allí sus impuestos. "Cuando yo llegué no había dueño de la tierra. Yo fui al Catastro de Jesús María, también al de Córdoba. Y no había dueño ni heredero. Yo pagué los impuestos, puse la luz, el agua", afirma Tolosa.

El conflicto comenzó en el año 2016, cuando una familia de apellido Cardozo se presentó en la Justicia argumentando la posesión de dichos terrenos, escrituras mediante. Cinco años después, el juez Eduardo Benito Bruera le dio la razón a la familia y dictaminó que Tolosa debía abandonar el predio el día 6 de julio de 2021.

No obstante, gracias a la intervención de organizaciones sociales el desalojo fue postergado y reprogramado para el pasado 17 de agosto. Durante ese mes extra concedido por el juez, la abogada de Agustina -perteneciente al colectivo La Ollera- inició la gestión de una alternativa para ella, su hija y su nieta -menor de edad-, evitando así que estas queden en situación de calle.

A través de una mesa de diálogo que incorporó a concejales, abogados, trabajadores del PAMI y el actual intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos , se firmó un documento para construirle una casa a Agustina en tierras cedidas por la municipalidad, con "todo lo necesario para que pueda seguir trabajando sus animales", según afirman desde La Ollera.

Silvia Márquez, hija de Agustina Tolosa, afirma que más allá del acuerdo -anunciado en varios portales digitales de la provincia- todavía no han tenido novedades formales sobre el traslado. "El desalojo está parado hasta nuevo aviso. Pero por ahora es todo de palabra, no hemos firmado ningún papel", expresó a InterNos.

No obstante, según pudo averiguar este medio, tanto los abogados de la municipalidad como la abogada de Tolosa están trabajando en "los papeles"; es un hecho que el documento que ratifica el arranque de la obra saldrá durante los próximos días.

Dicho documento asegurará que, en un plazo de 90 días, la campesina sea reubicada en una fracción de tierra aledaña al lugar donde vive actualmente, de 1200 metros cuadrados aproximadamente, en la cual se levantará una casa de tres ambientes, más el alambrado perimetral correspondiente y los corrales necesarios para sus animales.

"Estamos convencidas que esto es un triunfo, teniendo en cuenta la situación jurídica en la que se encontraba Agustina cuando la conocimos. Sin embargo, es necesario que continuemos presentes, acompañándola y atentas a que se cumpla todo lo acordado por las partes intervinientes", indicaron desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias Autoconvocadxs de Salsipuedes, una de las organizaciones que intervino en favor de Agustina Tolosa.
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El caso de Agustina Tolosa y la importancia de la organización popular

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Córdoba| Semanas después de la muerte de Ramona Bustamante, otro intento de desalojo a una campesina cordobesa tomó relevancia pública. Agustina Tolosa, de 70 años, tenía orden de abandonar su pequeña casa en un terreno de Salsipuedes por decisión del juez provincial Eduardo Bruera. Tolosa ocupa actualmente un terreno de cuatro hectáreas cedido 18 años [...]

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EL PAíS › UN HIJO SE LE MURIO DE DESNUTRICION Y EN LUGAR DE AYUDARLA LA DETUVIERON

Arminda Martínez tuvo una vida de abusos y pobreza. El año pasado, justo antes de que el tema llegara a las pantallas, se le murió un bebé de hambre. En lugar de recibir ayuda, la metieron presa y le quitaron a sus otros hijos. Ni siquiera la dejaron despedirse de Hugo Damián, el nene al que enterraron lejos de su casa y como NN. El caso era insostenible y la liberaron, pero no tiene a sus chicos.

Por Marta Dillon

Arminda se acuerda de la lluvia, se acuerda del agua cayendo con violencia sobre ese móvil policial que la trasladaba a la cárcel de San Rafael, en Mendoza. Ya no volvería a ser la misma. No lo sabía entonces ¿y qué importaba? Su bebé, el séptimo de los hijos de esta mujer de 29 años, se había muerto en sus brazos y de ese abrazo se lo habían arrancado. Tenía seis meses pero pesaba casi lo mismo que cuando nació, por eso Arminda fue detenida y procesada: el juez de instrucción Waldo Yacante la presumió culpable por abandono de persona seguido de muerte. Ni siquiera la dejaron despedirse de su hijo, mucho menos explicar que desde hacía dos meses el centro de salud al que iba a buscar la leche maternizada para el bebé -nacido prematuro-, caminando cuatro kilómetros, había cerrado.
Eso lo explicó después Daniel Cánovas, responsable de salud del área de San Rafael, dijo que el cierre se debió a un recorte presupuestario, y que para encontrar otro pediatra la mamá debería haber andado al menos 25 kilómetros. Pero ya era tarde, Arminda estaba presa, había perdido la tenencia de sus otros seis hijos y tardaría siete meses en recuperar su libertad, sobreseída por falta de mérito. En octubre ella volvió a su rancho en el paraje El Escorial, a 30 kilómetros de San Rafael. Pero todavía no pudo recuperar la tenencia de sus chiquitos, una escalera de niños entre los 8 y los 3 años de edad. Aquella violencia que se descargó sobre ella en abril y que Arminda recuerda como una lluvia pesada, la golpea de nuevo cada día que pasa lejos de sus hijos.
Hugo Damián murió el 12 de abril, todavía los casos de desnutrición no ocupaban el centro de la agenda política y las tapas de los diarios. Fue sencillo entonces encontrar en su mamá a la responsable por su fallecimiento. Según Zulimán Bitar, abogado de oficio de Arminda Martínez, "lo peor de todo es que aquí hubo una desidia general, todos desprotegieron a esta mujer y después la acusaron. Si estuvo tanto tiempo presa es porque las pericias se demoraron: no encontraban la manera de desincriminarse. Porque ese bebé había sido atendido y detectado su riesgo en el Hospital Schestakow. Pero nadie hizo nada por evitar lo que finalmente pasó".
Sin embargo, eso no es lo peor para Arminda. Lo que ella no puede soportar es toparse cada mañana con la ausencia de sus otros seis hijos. ¿Por qué no le devolvieron la tenencia aun cuando quedó demostrado judicialmente que la familia completa fue abandonada de la protección del Estado? "Lo que pasa es que a esa señora le faltan caramelos en el frasco", dijo a este diario Daniel Cánovas, el responsable de salud del área de San Rafael, como única respuesta. Se anima a decirlo aun cuando las pericias que se le hicieron a Arminda mientras estuvo detenida, según su abogado defensor, comprobaron que era una persona "totalmente normal, acorde con sus limitaciones culturales". Y son esas limitaciones las que todavía la tienen presa, ella no sabe a quién reclamar, ni siquiera conocía el centro de la ciudad de San Rafael, la más cercana a ese paraje en el que vive, hasta el día en que se dispuso su libertad. Y no hubiera sabido dónde ir si el capellán de la cárcel no la hubiera subido en su auto para devolverla a ese campo abierto que fue su hogar desde que es capaz de recordar.
Tiburcio Martínez, el hermano de Arminda, es quien tiene la guarda de los chiquitos, nacidos uno detrás del otro, sin que la mamá supiera cómo evitar esa seguidilla de partos. El subsidio que él recibe por esos chicos es el ingreso más importante con que cuenta, él lleva a los niños a control y los cuida bien, dice, ¿por qué habría de devolvérselos a su hermana si nadie lo obliga? "Antes venía siempre a pedir que azúcar, que aceite. Desde que cobra no se lo ve más por acá y ni siquiera a mí me deja ver a los chicos", dice Rosa Sandoval, mamá de Arminda, pensionada desde hace ocho años cuando falleció su marido. Durante largos años esa pensiónmínima era el único ingreso seguro en una familia que depende de la "cosecha y la pelada del ajo".
Las razones de Tiburcio pueden parecer miserables cuando no se ha pasado una vida en un rancho de adobe y teniendo el campo abierto como único baño. Faltan las razones de un Estado que ha dejado librada a su suerte a una mujer que, como consta en el expediente judicial, ha sido víctima y no culpable.
Violencias
"Mi marido se fue hace tiempo. El primero me vendió la casa y después una motito que nos compramos con esa plata, para ir de acá para allá. Se llevó todo y no volvió. Después me junté con el padre del último. Había sido el primer novio que tuve, pero le gusta mucho tomar y cuando tomaba pegaba fuerte." Arminda se deshace en atenciones para con quien la visita, desde que salió de la cárcel casi nadie la saluda en esa línea de casas de adobe que se acomoda sobre la calle Vieja de El Escorial, un paraje que está señalado en el mapa de la provincia como un posible paseo turístico. Hay un balneario allí, sobre el río Atuel, aunque muy lejos de la casa de Arminda y Rosa.
Donde madre e hija viven, el barro acusa las noches de tormenta que arruinaron casi toda la cosecha de frutas de este departamento de la provincia y hasta dañaron la producción de ajo. Es curioso que en esa geografía en que el agua es tan deseada caiga en el verano como piedras de hielo, destruyendo el trabajo de todo el año. Arminda, de todos modos, está ajena a los vaivenes de la producción. Dice que esta vez, cuando pasaron llamando a quienes podrían cosechar, como lo hacen cada vez los productores de la zona, a ella la ignoraron. Es que no puede quitarse de encima el estigma de haber estado presa. Por eso se emociona cuando recibe visitas, no sabe cómo salir a buscar ayuda y cualquiera que llegue le acerca una posibilidad.
A sus tres varones les dio como primer nombre el de su padre, Oscar. A las tres nenas, Rosa, el de su madre. Hace pocas semanas trasladó los juguetes de sus chicos al único ambiente del rancho de adobe y tejas que no tiene grietas, así aspira a demostrar que tiene un buen lugar donde alojarlos. Lástima que haya tenido que vender las cuchetas, dice. Tuvo que hacerlo para seguir comiendo. Desde que perdió la guarda de sus hijos ya no recibe ninguna ayuda, ni siquiera los 60 pesos del Vale Vida del programa municipal que la asistía a cambio de limpiar el jardín de infantes de El Escorial. Cuando en este caserío se supo de la muerte del bebé, los vecinos denunciaron la falta de atención médica en el lugar, hubo solidaridad con ella. Pero al quedar detenida, la palabra de la Justicia silenció todo apoyo para con Arminda.
"El día que tuve al Hugo Damián fue muy feo. Me tuve que ir sola para el hospital. El padre había amenazado con que iba a tirar a mi mamá al zanjón y como yo sé que ella no sabe nadar, me desesperé. Tenía la panzota de siete meses y así y todo me le subí a la espalda a él y le rompí toda la camisa. Me dio tremenda paliza y rompí bolsa. Me dolía todo, sabía que venía el nene pero él me decía que me hacía la tonta porque no quería estar con él", dice y hace un gesto que implica alguna intimidad en ese "estar". Arminda caminó con el vientre seco los cuatro kilómetros que la separaban del centro de salud y allí consiguió una ambulancia que la trasladó al Hospital Schestakow, donde nació Hugo Damián, un NN al momento de su muerte ya que, como sucede en esa zona rural habitualmente, no fue inscripto en el Registro Civil.
Desde entonces su caso quedó registrado en el GAR -Grupo de Alto Riesgo-, un grupo interdisciplinario creado por la ley provincial 6551 que atiende el maltrato a la niñez, adolescencia y familia. El mismo que según Cánovas depende de la policía y según la asistente social Susana Caló de Latandi, del Ministerio de Salud. El niño necesitaba atención particular y leche maternizada, pero su control se interrumpió en el mismomomento en que dejó de pagarse el salario del médico pediatra que atendía en El Escorial. "Se nos había caído un programa federal, por eso se quedaron sin pediatra. Había un clínico, pero usted no le puede pedir que atienda a un bebé en riesgo. Yo soy pediatra y si me traen a un viejo hecho puré no lo atiendo porque no sé por dónde empezar", dice Cánovas que no sabe nada de la suerte de Arminda ya que "hasta hace poco esa mujer estaba presa".
"Yo lo llevé al centro de salud dos días antes porque lo vi jodido, pero no lo atendieron. Después hizo una convulsión y mi prima, que es la enfermera de la salita, me dijo que me fuera al centro, pero no había ambulancia." Arminda no tenía dinero ni para el colectivo, entre los vecinos no había quien la pudiera auxiliar hasta que la situación fue desesperante. Entonces apareció una chata, con un problema de dirección, "por eso andaba despacio". En ese vehículo destartalado hicieron el camino hasta Salto de las Rosas, a 20 kilómetros. "Yo lo llevaba contra el pecho, el nene me agarraba el dedo, me lo apretaba fuerte, pero ahí nomás se me cortó." Se me cortó, dice, como si ese vínculo fuera un lazo que se tensó al mismo tiempo que el cuerpo del bebé se puso rígido. "Di un grito porque supe, se había muerto."
Después, todo fue rápido, llegaron al centro de salud, le quitaron el niño, "y vino el milico y me puso las esposas". No la dejaron despedirse, dice, ni siquiera lo enterraron cerca de su casa como para que ella le llevara flores. Hasta lo enterraron con otro nombre, uno que eligió su hermano. "No sé por qué hicieron eso, todos sabían que se llamaba Hugo Damián." Al padre del bebé nadie le preguntó nada, ni siquiera si era el padre, aun cuando visitó a Arminda en la cárcel diciendo que era su concubino. Zuliman Bitar dice que eso es lógico, al no estar inscripto el bebé, "habría que hacer un ADN para verificar la paternidad y que se haga responsable". Lo cierto es que Arminda fue señalada como culpable, y aunque después se la haya sobreseído, perdió lo único que le daba sentido a su vida: sus hijos.
Es enero ahora, en el juzgado de familia en que cayó su caso no hay quien responda durante la feria judicial. Antes estuvo detenida siete meses por haberse perdido su caso en los laberintos de la burocracia judicial. Probablemente, si algún abogado se ocupa de su caso, se demuestre también que puede hacerse cargo de sus chicos si recibe ayuda adecuada. Lo cierto es que demasiadas violencias han caído sobre ella, como una lluvia densa, como las piedras de hielo que año a año destruyen las cosechas en San Rafael, Mendoza.

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Página/12 :: El país :: Presa por ser pobre y perder a su hijo

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Arminda Martínez tuvo una vida de abusos y pobreza. El año pasado, justo antes de que el tema llegara a las pantallas, se le murió un bebé de hambre. En lugar de recibir ayuda, la metieron presa y le quitaron a sus otros hijos.

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Norma Cuevas vive en Vera, un pueblo rural a 250 km al norte de Santa Fe. Pasó el tiempo pero todavía enfurece cuando habla de la muerte de su hija. " Es que no murió, la mataron de a poco", dice a Infobae. La hija de la que habla se llamaba Ana María y tenía 19 años cuando le diagnosticaron cáncer en la boca. La operaron para extirparle el tumor pero, cuando iban a empezar a hacerle quimio y rayos, los médicos descubrieron que estaba embarazada. Correspondía que le hicieran un aborto legal, porque su salud y su vida estaban en riesgo, sin embargo, se negaron "por cuestiones morales y religiosas". Tanto ella como la hija que terminó gestando terminaron muertas.

En mayo de 2006, Ana María empezó a quejarse de un fuerte dolor de muelas. Le sacaron una, otra, pero el dolor siguió hasta volverse insoportable. La internaron en su pueblo y le dieron el alta varias veces pero, como seguían sin saber qué tenía, la derivaron a Santa Fe. Su mamá tardó 5 meses en conseguir el traslado: le decían que era "una exagerada". En el Hospital Cullen la operaron y ordenaron una biopsia. Lo que tenía era un rabdomiosarcoma alveolar: un tumor canceroso maligno en los músculos que van adheridos a los huesos de la cara.

Ana María, en la foto de su comunión (Gentileza familia Acevedo)

La derivaron, con carácter de urgencia por escrito, al Hospital Iturraspe para que le hicieran quimioterapia y rayos. "Pero la tuvieron dos meses yendo y viniendo sin empezar el tratamiento. Ella estaba separada del marido pero se seguían viendo, y en ese interín quedó embarazada", cuenta su mamá. Ana María no lo sabía.

"Le hicieron un análisis de sangre y salió. Entonces se negaron a empezar la quimio para no afectar a la bebé y dejaron a mi hija así, sin hacerle nada, matándola de a poco mientras la panza crecía. Yo me hincaba ante los médicos y le pedía que le hicieran el aborto para poder curarla, porque el cáncer no estaba tan avanzado. Pero se negaron y nos mintieron, nos decían que querían salvarlas a las dos".

Norma Cuevas coloca flores en homenaje a Ana María, la segunda de sus 5 hijos

En la Argentina existen causales claras en los que la interrupción del embarazo es legal: cuando hay peligro para la vida de la mujer, para su salud y en los casos de violación. A Ana María le correspondía. No es eso lo que se empezará a discutir en el Congreso. Se supone que es la parte del camino que ya está allanada.

Paula Condrac, una de las abogadas que llevó el caso junto con Lucila Puyol y con Mirta Manzur, lo pone en contexto: "Era un saco gestacional sin embrión de 5 semanas. La familia pedía que le hicieran el aborto legal que le correspondía para poder tratar el cáncer. Primero plancharon la situación: no le hicieron ni aborto ni tratamiento. Al final, el Comité de Bioética del hospital se reunió y manifestó textualmente que, ' en este hospital y en Santa Fe, por causas culturales, motivos morales y religiosos no se hacen abortos'. Es claramente un caso paradigmático de fundamentalismo religioso", explica Condrac a Infobae.

En abril de 2007, casi un año después de aquel primer dolor de muelas, Ana María ya estaba moribunda. Las fotos que conservan sus padres la muestran con una panza de 5 meses de gestación y tomándose la cara desfigurada. Recién ahí le hicieron una cesárea. La niña a la que se empeñaron en salvar pesó 500 gramos y vivió 17 horas.

El horror: Ana María y el dolor de su enfermedad mientras el embarazo avanzaba

"Ocho días después de la cesárea empezaron la quimio. Alcanzaron a hacerle tres sesiones", dice Norma, llorando por teléfono a más de 700 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Ana María murió el 17 de mayo de 2007, tres semanas después de la cesárea. Su muerte dejó a tres chicos huérfanos en un contexto de pobreza. El más chico tenía, en ese entonces, 1 año y 3 meses. Uno quedó a cargo del padre, los otros dos a cargo de Norma y su marido.

"Le negaron el aborto y me entregaron a las dos muertas. Era su derecho, si se lo hubieran hecho, hoy tendríamos a mi hija acá con nosotros", lamenta. "A veces miro la televisión y escucho a esos políticos que dicen que no están de acuerdo con el aborto en ningún caso. Yo quisiera que les pase lo que le pasó a mi hija a ver si siguen pensando lo mismo".

Cuando las mujeres de la Multisectorial de Santa Fe se enteraron del caso, empezaron a ir al hospital todos los días. También fueron mujeres de otras organizaciones, instituciones y partidos políticos. "Como el director no nos daba una reunión nos metimos en el despacho. Nos dijo que no le habían hecho el aborto legal porque la familia no lo había pedido. Sin embargo, el pedido constaba en la historia clínica", cuenta la abogada. El caso generó tal escándalo en Santa Fe que el entonces gobernador, Jorge Obeid, terminó echando al director.

El juez Eduardo Pocovi procesó a 2 médicos y 1 médica por incumplimiento de deberes de funcionario público y a otros 3 médicos por el mismo incumplimiento más lesiones culposas. " Al principio nos pareció poco pero sentó las bases de que no hacer un aborto legal es un delito", dice Condrac. La decisión del juez recibió el premio Género y Justicia al descubierto, otorgado por la agencia colombiana-española Women's Link Internacional. "Fue la primera vez en América que se procesaban médicos por esta causa". Sin embargo, las artimañas legales hicieron que los tiempos se vencieran y ninguno fue condenado.

Norma y Aroldo, los padres de Ana María. Quedaron a cargo de 2 de los 3 hijos que dejó Ana María

El reclamo no fue penal, sino también administrativo. Y el Gobierno de Santa Fe reaccionó. El movimiento de mujeres hizo tanta fuerza que, por primera vez en América Latina, una provincia emitió un dictamen en el que reconoció la mala actuación de los médicos, pidió disculpas a la familia, los indemnizó y asumió el compromiso de adoptar "medidas de no repetición". Este dictamen del fiscal de estado, Pablo Saccone, también fue premiado en 2016.

Un año después de la muerte de Ana María, su historia se presentó en un Congreso Internacional sobre Fundamentalismos religiosos en el mundo que se hizo en Sudáfrica. Había casos de lapidación de mujeres en Irán, de ablación de clítoris en comunidades africanas y de persecución a lesbianas en países en los que rigen leyes musulmanas. El de Ana María fue considerado el más aberrante de Occidente.

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"Mi hija tenía cáncer y estaba embarazada: le negaron el aborto legal y terminaron las dos muertas"

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Cuando iban a empezar la quimioterapia, los médicos descubrieron que Ana María Acevedo estaba embarazada. Como su vida y su salud estaban en riesgo, correspondía que le hicieran un aborto legal para poder tratar su enfermedad. Tenía 20 años cuando murió

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El caso de M. trajo varias preguntas acerca de la privacidad de las y los menores de edad, en especial en situaciones de violencia y de vulnerabilidad.

(Buenos Aires - 25 de marzo de 2021) - A inicios de marzo el país estuvo pendiente de la historia de M., una niña de 7 años que fue secuestrada por un hombre quien la tuvo por tres días en cautiverio. El lunes 15 de marzo, Carlos Savanz le preguntó a la madre de M. si podía llevarla de paseo, a lo cual ella accedió. El hombre y la niña fueron captados por diferentes cámaras de seguridad en Capital Federal y el conurbano y se emitió la alerta Sofía para localizar a la niña. Su foto y nombre circuló por las redes sociales, medios de comunicación y grupos de WhatsApp. Finalmente la niña fue hallada con vida por una mujer de Luján quien había visto al hombre por el barrio. Savanz fue detenido y la niña fue rescatada. Pero allí no terminó la historia.

M. proviene de una familia pobre en situación de calle. Ella y su madre vivían en una carpa al costado de la autopista Dellepiane. Desde el minuto cero de la cobertura de su desaparición, este fue un factor sobreexplotado por los medios de comunicación que invadieron no solo la vida privada de la niña, sino también de la familia. Uno de los puntos tratados constantemente fue el rol de la madre de M. y su adicción a las drogas. Tras el hallazgo de la niña, la mujer fue entrevistada en el programa Seres libres conducido por el actor Gastón Pauls y que trata la temática de adicciones, donde relató su adicción a la pasta base y también reiteró su pedido por un lugar para vivir. Esta entrevista fue tomada por distintos medios de comunicación que repetían las frases dichas por la mujer. La mujer, que sufre una adicción y vive en un estado de completa vulnerabilidad, fue juzgada como una "mala madre", situación que viven miles de mujeres que tienen que maternar en situación de pobreza. En este caso, esta situación suma un condimento más al amarillismo que produjo la noticia del secuestro, es un punto más al rating de las noticias.

Al mismo tiempo este caso tuvo la presencia de diferentes personas políticas, funcionarios públicos que opinaron y fueron entrevistados por los medios, tales como Sergio Berni, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteñoEn una nota de La Nación, destacaron las declaraciones del ministro: "Tengamos en cuenta que la provincia tiene 31 millones de manzanas, hay que rastrillar y analizar toda la información", "Es como la búsqueda de un tesoro". Esta misma nota detalló paso a paso los lugares y horarios en los que estaban investigando y también los momentos en los que detenían los rastrillajes. Toda esta era información que jugaba en contra de la investigación ya que podía alertar al secuestrador en caso de que hubiese tenido acceso a los medios de comunicación.

Desde el minuto en que empezó a circular la noticia de la desaparición tanto el nombre de la niña como su foto tuvieron vía libre de circulación. En el marco de una búsqueda de paradero esta información, junto con la ropa que tenía puesta y descripciones del momento de su desaparición, podían colaboran con la investigación. Cuando fue hallada, su nombre cambió a solo una inicial y sus fotos comenzaron a ser censuradas. Resulta una práctica común en grupos feministas quienes ante la aparición de alguna mujer, niña, niño o adolescente desaparecida comienzan a pedir que quienes hallan difundido esas fotos den de baja esos posteos. Esto en parte tiene que ver con la protección de la privacidad de esa persona, en especial en un caso como el de M. en que se trata de una menor de edad.

La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes destaca el Derecho a la dignidad de niños y niñas prohibiendo "exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar". La Defensoría del Público también emitió una serie de recomendaciones para el tratamiento de los casos de niñas, niños, adolescentes extraviados. Entre ellas afirman: "previo a difundir imágenes o datos del niño, niña o adolescente, se recomienda consultar y pedir autorización a los organismos competentes intervinientes, ya que en algunos casos la difusión de imágenes puede generar más riesgos para las niñas y niños que los posibles resultados a obtener". Al eliminar su foto, más allá de que la misma ya había circulado, los medios de comunicación están acatando las obligaciones de una ley y ayudando a proteger los derechos de una menor de edad. Son dos cosas muy distintas cuando una fotografía se utiliza con un fin práctico de ayudar a una investigación o como forma de indagar en la vida privada de la niña.

Pero la historia de M. nos lleva a otra cuestión que los medios de comunicación raramente interpelan. Una vez hallados esas niñas y niños, ¿Qué sucede con ellas y ellos? De M. se sabe que fue llevada a un hospital donde fue atendida y luego puesta bajo custodia. Uno de los puntos más importantes era que no volviera a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba antes. Pero así como el de M. hay otros miles en el país. Según UNICEF el 2020 terminó con casi el 63% de las infancias de Argentina en situación de pobreza, aproximadamente 8.3 millones de niñas y niños. Su historia nos sensibilizó y nos mantuvo al vilo durante tres días, pero su hallazgo no debe significar que descuidemos su situación y la de muchas otras y otros. Es necesario seguir discutiendo, crear y aplicar recursos y políticas públicas que nos permitan ayudar sin revictimizar.

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La desaparición de una niña y la explotación de los medios de comunicación

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El caso de M. trajo varias preguntas acerca de la privacidad de las y los menores de edad, en especial en situaciones de violencia y de vulnerabilidad. (Buenos Aires - 25 de marzo de 2021) - A inicios de marzo el país estuvo pendiente de la historia de M., una niña de 7 años que fue secuestrada por un hombre quien la tuvo por tres días en cautiverio.

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Estratificación social/ Acceso a la justicia/Poder y derecho

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Mientras los gobiernos atribuyen las inundaciones y los incendios solo a fenómenos climáticos extremos, Darío Avila - abogado especializado en derecho ambiental - precisa las responsabilidades políticas, judiciales y empresarias que posibilitan el avance sobre el monte nativo. El rol del agronegocio, la ganadería y la especulación inmobiliaria. Por Darío Ávila* (Agencia Tierra Viva).
"Un tsunami que nos cayó del cielo". Así se refirió el ex gobernador cordobés José Manuel De La Sota en ocasión de las inundaciones ocurridas en la zona de Sierras Chicas el 15 y 16 de febrero de 2015. Por ese hecho fallecieron siete personas. Seis años después, el gobernador Juan Schiaretti dijo a través de Twitter -en relación a los incendios acontecidos en 2021 en Córdoba-: "El clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento" . La frase circunstancial procuró dar una respuesta espasmódica ante el amplio cuestionamiento social y a la afectación de 700 mil hectáreas entre 1999 y 2017, el equivalente a doce veces la superficie de la ciudad de Córdoba.

Ambas frases, dichas por los gobernadores de turno, podrían ser adjudicadas a cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, a la luz de acontecimientos notorios que sucedieron en la provincia y que tienen a las inundaciones y a los incendios como principales protagonistas. Pero estas palabras adquieren otra dimensión cuando quienes las profieren tienen a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de las políticas públicas en general y de las ambientales en particular. Quienes se expresaron de esta manera vienen gobernando Córdoba de manera ininterrumpida desde hace más de 20 años. Por lo tanto, más allá de las atribuciones climáticas que realizan los gobernantes y que despojan los hechos de toda responsabilidad humana, corresponde indagar sobre las políticas que hoy generan inundaciones y un desmonte feroz en tierras cordobesas.
La competencia provincial en la protección del ambiente
La Reforma Constitucional de 1994 en Argentina estableció un nuevo marco competencial entre la Nación, las provincias y los municipios en materia ambiental. Esta reforma se dio en un contexto de fortalecimiento de las autoridades locales, (provincias y municipios). A esto alude la Constitución Nacional cuando menciona que las normas de presupuestos mínimos a cargo del Congreso de la Nación no pueden alterar las jurisdicciones locales. Adicionalmente, la Constitución vigente establece, en su Artículo 124, la potestad de las provincias para gestionar los recursos naturales existentes en su territorio.

Esta delegación de potestades debería haber generado nuevos andamiajes institucionales que permitieran llevar adelante el cumplimiento de ese mandato constitucional. La pregunta es: ¿hubo modificaciones en las estructuras orgánicas del Estado cordobés para atender estos asuntos?

Como resultado de las políticas públicas implementadas desde el Estado provincial, podemos afirmar que Córdoba exhibe un pronunciado, acelerado y creciente proceso de degradación ambiental. Esto se evidencia en la pérdida de masa boscosa, en inundaciones, en la pérdida de fertilidad de los suelos y en la contaminación de suelos, agua y aire.

Desde las organizaciones socioambientales, académicos, investigadores y ciudadanos en general coinciden en señalar la responsabilidad política de la dirigencia que hace dos décadas gobierna la provincia. Este señalamiento se fundamenta en las decisiones desacertadas que se vienen adoptando en materia de gestión de los recursos naturales.
¿Qué hizo el gobierno de Córdoba para proteger los bosques?
Comenzaremos por analizar el accionar del Poder Ejecutivo, que detenta la competencia para diseñar, planificar y ejecutar la política pública ambiental local en el marco de la autonomía provincial y del sistema republicano y federal de gobierno establecido en la Constitución Nacional. Como regla general, la administración pública provincial -a través de sus órganos específicos- es la primera obligada a velar por la tutela ambiental. A ella está dirigida toda la normativa ambiental preventiva y precautoria.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo de Córdoba es el que menos se adaptó a los cambios que impuso la Reforma Constitucional de 1994. La actividad ambiental en la provincia se centraliza a través de la Secretaría de Ambiente. Su tarea es llevar adelante el procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental, debiendo garantizar la participación ciudadana y el acceso completo, veraz, adecuado, oportuno y gratuito a la información pública ambiental, en forma previa a cualquier decisión.

Es alarmante la falta de profesionalización de varios de sus funcionarios. Pero más preocupante aún es que muchos de ellos están siendo investigados penalmente por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, tras haber autorizado actividades, obras o proyectos violando la normativa ambiental vigente.

Basta con analizar la estructura orgánica para advertir la marcada línea productivista que alienta el gobierno cordobés. Mientras el área de Agricultura y Ganadería adquiere el rango de Ministerio, el sector de Ambiente asume la modalidad de Secretaría, dependiente del Ministerio de Coordinación. Es decir: una menor jerarquía administrativa, que implica menos recursos presupuestarios.
Leyes que profundizan el agronegocio
La manifiesta orientación productivista se robustece con la sanción de leyes sectoriales que profundizan el modelo extractivo del agronegocio. A eso se suma el desarrollismo inmobiliario, la minería y la ganadería intensiva. Todo esto en detrimento del patrimonio natural ambiental en general y de los bosques nativos en particular.

En este sentido, se destaca la sanción en 2019 de la Ley 10.663, que crea el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs). Esta legislación es la primera en su tipo en el país. Algunos de los objetivos que plantea son generar un cambio cultural en el sistema productivo incorporando la medición de variables productivas, sociales y ambientales, concientizar que el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos debe acompañar el desarrollo productivo y promover la generalización en la adopción regular y sistemática de las BPAs. Todo ello a cambio de un incentivo o aporte económico no reintegrable que recibirá el productor que desee voluntariamente adherir al programa. La autoridad de aplicación de esta norma es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia.

La implementación del programa de BPAs implica la profundización del modelo del agronegocio. La ley tiene una marcada visión productivista, desatendiendo totalmente la mirada ambiental y sanitaria. En el programa no se plantea la reducción de agrotóxicos: muy por el contrario, alienta su uso a través de lo que llaman la agricultura de precisión. La Ley de BPAs contraría los objetivos de la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en tanto promueve la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo.

La misma crítica puede hacerse en relación a la Ley 10.467, que crea el Plan Provincial Agroforestal. Dentro de sus objetivos procura promover y complementar la producción, en el marco de las BPAs, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica o hídrica, favoreciendo la infiltración, reducción y consumo de excesos hídricos. El plan comprende acciones de forestación o reforestación de predios públicos y privados, para la protección ambiental y la producción foresto industrial. En esa ley están comprendidos los predios destinados a la producción agropecuaria.

El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Conicet, presentó un reclamo al Ministerio de Agricultura y Ganadería por esta ley. Solicitaron la eliminación, del listado de especies forestales recomendadas, de las especies del género eucalyptus y pinus en las zonas serranas y de pedemonte de la provincia por su alto consumo de agua.

Otra decisión política desacertada involucra a la Ley Provincial 8751, que crea el Plan Provincial de Manejo del Fuego, sancionada en 1999. Esta ley estableció las acciones, normas y procedimientos para el manejo del fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales, forestales y urbanas en el ámbito del territorio de la provincia. Prohíbe el uso del fuego en el ámbito rural y/o forestal, salvo en aquellos casos en que se cuente con autorización emanada de la autoridad de aplicación. Establece la obligación de toda persona, que tenga conocimiento de un foco ígneo, de formular la denuncia ante la autoridad más próxima.

Además, esta ley determina la obligación de elaborar un Plan Anual de Prevención y Lucha contra el fuego y un mapa de zonificación de riesgos. Para poder llevar a cabo estas acciones, principalmente de prevención, la ley provincial creó el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2019. Ese fondo estaba integrado por un aporte que se abonaba juntamente con la facturación por el consumo de energía eléctrica en el territorio de la provincia. Recaudaba 98 millones de pesos mensuales, para la adquisición de aviones hidrantes y tareas de educación y prevención sobre la problemática. Sin embargo, en julio de 2017, y en plena campaña electoral, el gobernador Schiaretti anunció públicamente la finalización de este fondo, procediendo a su derogación mediante el Decreto 1155/17, manifiestamente inconstitucional.

Actualmente, el financiamiento que estaba previsto por ley, depende de una partida incluida discrecionalmente en el presupuesto del Ministerio de Gobierno.
Sin presupuesto no hay prevención
La primera tarea que se abandona, como consecuencia del desfinanciamiento es la prevención. Se dio de baja el sistema de alerta temprana y se desactivó la función vigía que desarrollaban los cuerpos de bomberos voluntarios. Seis bomberos en cada uno de los 62 cuarteles de zonas de riesgo (el área serrana y el noroeste provincial) durante años, cumplieron esta función vigía, en torres especialmente ubicadas, para detectar a distancia cualquier inicio de humo y dar alerta al sistema. Este cuerpo cumplía un rol preventivo fundamental: mientras funcionó, el plan fue un éxito. Las estadísticas del momento dan cuenta de ello.

La última medición disponible corresponde al año 2010. Allí, el coordinador del Área de Prevención daba cuenta que durante ese año se habían registrado un total de 210 incendios, con una superficie afectada de 10.298 hectáreas. Se advierte claramente una abrupta disminución de incendios que abarcan extensiones entre 100 y 1000 hectáreas (2009-2010).

Por otro lado, la Ley Provincial 6964 declara de interés público la conservación de los ambientes naturales y sus recursos. Establece distintas categorías: Parques Naturales Provinciales, Monumentos Naturales Provinciales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Provinciales de Uso Múltiple y Reservas Hídricas Naturales. Según datos oficiales, actualmente, la Provincia -a través de la Secretaría de Ambiente- tiene a su cargo 17 áreas naturales protegidas y dos corredores biogeográficos creados por decreto.

Sin embargo, de los testimonios recogidos con personal vinculado al funcionamiento de este sistema, todos indican que, a la fecha, el sistema de áreas protegidas no cuenta con presupuesto propio para su funcionamiento. No se designaron guardaparques para su atención, a pesar de que la Universidad Provincial posee la carrera de guardaparques y ya han egresado de la misma más de 70 profesionales. De todos las áreas creadas por decreto y por ley, solo dos tienen guardaparque: las reservas de Cerro Colorado y Pampa de Achala.

Tampoco se elaboraron los planes de manejo de las distintas áreas. A la fecha, ni siquiera se creó el Servicio Provincial de Áreas Naturales, que es la autoridad de aplicación de la ley.
Quemar el monte: un delito que no se persigue
El Código Penal argentino establece penas por la comisión de los delitos de incendios y otros estragos. Un reciente relevamiento realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales sobre las causas que ingresaron a la Justicia de Córdoba da cuenta de que en los últimos cinco años se sustanciaron 25 causas, en las cuales se investigan y juzgan supuestos hechos de incendio. En esas causas hubo 44 personas imputadas, de las cuales 28 son a título doloso (intencionales, deliberados, queridos) y 16 son a título culposo (negligencia, imprudencia o impericia). Hubo sólo un imputado condenado, 11 sobreseídos, 31 imputados sin resolución y 19 sentencias dictadas en los últimos cinco años. Las causas corresponden a hechos anteriores al año 2015, en 16 de ellas se declaró extinta la acción penal por el transcurso del tiempo.

La incidencia de estas causas alcanza el 0,01 por ciento de la materia penal sujeta a investigación por año. Es decir, un delito de incendio cada 10.000 delitos comunes investigados e imputados.

Si comparamos estos datos relevados por el Poder Judicial provincial con los datos sobre incendios ocurridos en Córdoba que surgen del trabajo realizado por las y los investigadores del Instituto Gulich (Conae-UNC), en el período 2015-2017, se advierte que se registraron 432 incendios en las sierras cordobesas. Es decir, la cantidad de incendios registrados no se condicen con las 25 causas penales iniciadas. Esto evidencia una gran inacción judicial que acompaña el curso de las políticas públicas y la decisiones políticas adoptadas en materia de gestión de los recursos naturales.

La cuestión se agrava cuando se advierte que los incendios son hechos públicos y notorios, que obligan a los representantes del Ministerio Público Fiscal a intervenir de oficio, tal como ocurre en el caso de cualquier otro tipo de delito perseguible mediante acción pública. Es decir: no hace falta la existencia de denuncias penales para actuar en concreto.
No fue un tsunami, fue el desmonte
Según un estudio recientemente publicado por el Instituto Gulich (UNC-Conae), en las sierras de Córdoba, se produjeron 5358 incendios-entre 1999 y 2017- afectando 700.385 hectáreas. Es decir, lo equivalente a 12 ciudades de Córdoba.

En ese lapso temporal, el año en que se registró el mayor número de incendios fue 2003, con un total de 364 incidentes que perjudicaron una 102.992 hectáreas. Sin embargo, el récord de superficie quemada se alcanzó en 2013, con 106.206 hectáreas consumidas por 153 focos de fuego.

Llamativamente, y tal como lo refleja la publicación de los investigadores de la UNC, Sierras Chicas es el área donde se produjo la mayor cantidad de incendios. Esa zona es, a la vez, el sector donde se acentuó el desarrollismo inmobiliario y donde se registró la inundación más importante, en 2015. Aquella que De la Sota definió como "un tsunami que cayó del cielo".

Al momento de la sanción de la ley provincial, en 2010, existían -según datos de la Secretaría de Ambiente Provincial- 532. 964 hectáreas de bosque cerrado, 1.300. 014 hectáreas de bosque abierto, 2.037.989 hectáreas de bosques secundarios y arbustales y 11.593.711 de hectáreas de superficie cultural (agricultura, urbanizaciones).

Un nuevo Informe de 2015-2016 da cuenta de la existencia de 1.986.158 hectáreas de bosque Categoría I y 4.002. 062 de bosque Categoría II (según las clasificaciones de la Ley de Bosques nacional). Comparando estas superficies con las existentes en 2008, se puede observar que en menos de una década se destruyeron por desmontes ilegales, representados por cambios de uso del suelo, 232.777 hectáreas de bosque abierto en muy buen estado de conservación y 434.206 hectáreas de bosque nativo abierto en muy buen estado de conservación. En total, en siete años, se destruyeron ilegalmente 666.983 hectáreas de bosques en muy buen estado de conservación, a razón de 100.000 hectáreas por año.

Hoy no existen datos actualizados, pero se estima que en Córdoba subsisten 300.000 hectáreas de bosque nativo en buen estado de conservación y 3.500.000 de bosque nativo en diferente estado de conservación.

La fórmula es muy perversa pero simple de entender: desmontes, desarrollismo inmobiliario, inundaciones. Según la doctora Alicia Barchuk "las urbanizaciones en Sierras Chicas, tanto las antiguas como las actuales, están ubicadas en las zonas de mayor riesgo de inundación. A esto contribuyó el desmonte de bosque nativo".

La investigadora agrega que, según estimaciones del propio equipo del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) - en un estudio publicado en 2008 - en siete años se perdieron 2000 hectáreas de bosque en esa zona. "Los mayores riesgos de inundación recaen sobre las ciudades, porque el agua tiene pocos obstáculos en su recorrido. Y lo opuesto sucede en la zona de mayor cobertura vegetal", explica Barchuk. "La zona de las Sierras Chicas se convierte en una especie de 'tobogán' por el que se desliza el agua de las lluvias, lo que se ve potenciado por la escasa cobertura boscosa y la gran presencia de piedras y superficie urbanizada que facilitan el escurrimiento del agua. En las zonas de baja pendiente, ubicadas mayormente en las ciudades, el agua tiende a estancarse", añade.
El ordenamiento territorial: una urgencia postergada
En cuanto a las decisiones políticas, sobresale la falta de actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) N° 9814, conforme lo establece la Ley Nacional 26.331. El ordenamiento debe verificarse cada cinco años, mediante un proceso participativo. La situación de los bosques nativos es muy cambiante, muy dinámica. Existen múltiples factores antrópicos que afectan a su conformación o estructura (desmontes, incendios, desarrollismo inmobiliario, ganadería intensiva); de allí la necesidad de ajustar esa información cada cinco años y en base a ello revisar las políticas públicas protectoras del bosque.

Córdoba ordenó territorialmente sus bosques a partir de la sanción, en 2010, de la Ley Provincial 9814. Debió actualizar su OTBN en dos oportunidades, en 2015 y en 2020. La Secretaria de Ambiente provincial es la encargada de llevar adelante la convocatoria para que se proceda a la mencionada actualización. Nada de esto ocurrió. ¿Cuáles son los motivos? La respuesta es sencilla: la decisión política de no convocar a la ciudadanía para que, a través de un proceso participativo que involucre a todos los actores sociales, se proceda al debate y discusión sobre la situación de los bosques cordobeses.

En 2014, el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos creó la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Resolución N° 100/14), la que funcionó dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente, y que tenía, entre otras funciones, elaborar la propuesta de actualización del OTBN, incluyendo los documentos técnicos, como así también, los mapas pertinentes. Esta Unidad Ejecutora dejó de funcionar por pedido del Coordinador de la Unidad Ejecutora, Sergio Nirich, sin haber cumplimentado con ninguno de los objetivos y fines planteados en la citada resolución. La tarea quedó inconclusa hasta la fecha.

A partir de allí, el gobierno de Córdoba intentó sacar ese debate del ámbito administrativo, para trasladarlo a otro que no es el previsto por la normativa vigente: el ámbito legislativo. Fue así que los legisladores oficialistas provinciales de Unión por Córdoba (UPC) presentaron un proyecto de ley por el que se proponía regular -en reemplazo de la actual Ley Provincial 9814- el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes. Esta iniciativa fue paralizada mediante una acción de amparo promovida por la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa).
Responsabilidades políticas y humanas
La actividad antropogénica degradante del ambiente y la naturaleza ha alcanzado límites realmente peligrosos, de no retorno, donde se evidencia daños ambientales graves e irreversibles. Atravesamos un umbral muy peligroso donde la naturaleza ve colmada su capacidad de resiliencia, de recuperación natural y de reacción frente al daño. En Córdoba, el Estado provincial se ha desentendido de la obligación de brindar protección a los bosques nativos.

Ni "el tsunami que cayó del cielo" ni "el clima que nos castiga" son los responsables de las inundaciones y los incendios ocurridos en Córdoba. Por el contrario, estos fenómenos naturales extremos son el resultado del diseño, la planificación, y ejecución de políticas públicas que durante más de 20 años vienen profundizando un modelo productivo que arrasó con los bosques nativos, ocasionando un grave desequilibrio ecológico. Este modelo alteró los ciclos biológicos, con pérdida de flora, fauna, biodiversidad y suelos. También generó un escenario propicio para la aparición de enfermedades (pandemias) vehiculizadas por el contacto de los seres humanos con los animales silvestres (zoonosis).

Frente a este escenario, resulta imperioso que el Estado provincial asuma definitivamente su deber constitucional de preservar el ambiente y de manera urgente proceda a diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas específicas para el cuidado del ambiente, con real y efectiva participación ciudadana.

En esta tarea, el rol de los municipios y las comunas es clave. Es necesario pensar globalmente y actuar localmente. Por una cuestión de cercanía, de inmediatez, entre funcionarios y ciudadanos, los gobiernos locales se encuentran en inmejorables condiciones para generar espacios de debate que permitan decidir colectivamente qué producir y cómo, cómo vivir y habitar el territorio, en qué lugares hacerlo, qué actividades se van a permitir y cuáles no. En este sentido, el ordenamiento ambiental del territorio es la herramienta adecuada para alcanzar los objetivos señalados. Sólo falta la decisión política y el interés ciudadano de querer llevarlo a cabo.
*Abogado especializado en derecho ambiental. Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/las-responsabilidades-politicas-de-los-desmontes-en-cordoba/
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ordenamiento territorial de bosques nativos (otbn)

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Las responsabilidades políticas de los desmontes en Córdoba | ANRed

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Mientras los gobiernos atribuyen las inundaciones y los incendios solo a fenómenos climáticos extremos, Darío Avila - abogado especializado en derecho ambiental - precisa las responsabilidades políticas, judiciales y empresarias que posibilitan el avance sobre el monte nativo. El rol del agronegocio, la ganadería y la especulación inmobiliaria.

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La violencia-Agarrate Catalina
Aporte de Manuel Perrier

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La violencia-NTVG Y Agarrate Catalina- Letra 2014

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La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional porteña confirmó las prisiones preventivas de otros ocho integrantes de la Policía de la Ciudad acusados de encubrir el homicidio de Lucas González, el futbolista juvenil de Barracas Central asesinado en noviembre pasado.

Entre los uniformados detenidos se encuentra el subcomisario Ramón Chocobar, quien además está procesado y próximo a enfrentar un juicio oral en el marco de una causa por trata de personas, que investiga la Justicia Federal. Lo acusan de haber falsificado un acta.

Las prisiones preventivas fueron confirmadas por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña y alcanzaron, además de a Chocobar, a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a los oficiales Sebastián Baidon, Daniel Espinoza y Jonathan Martínez. Así lo informaron fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias Télam.

En el caso de los primeros siete, los magistrados Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto rechazaron las apelaciones de las defensas en base a la gravedad del delito que se les imputa y el peligro de entorpecimiento de la investigación aún en curso, mientras que la apelación en favor de Martínez fue desestimada por “improcedente”.

Sobre el caso del subcomisario Chocobar, la resolución judicial señala que “no puede soslayarse que el acusado registra una causa en la que se le enrostra haber confeccionado un acta de levantamiento de clausura apócrifa para dejar sin efecto la inhabilitación dispuesta sobre una residencia donde se investiga la comisión del delito de trata de personas”, según Télam.

Tanto Chocobar como el resto de los diez policías acusados de encubrir el crimen de Lucas están procesados con prisión preventiva por encubrimiento doblemente agravado por ser funcionarios públicos en concurso real, con la privación ilegal de la libertad doblemente agravada de sus tres amigos, y porque cometieron vejaciones en desempeño de un acto de servicio.

“No pueden pasarse por alto las graves características de los episodios que se le atribuyen en esta investigación pues habrían privado ilegalmente de la libertad a las víctimas y alterado rastros y pruebas del delito”, cuya autoría se les atribuye a los policías Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, agrega el fallo. Los tres policías fueron los primeros detenidos y procesados por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidios de tres amigos que lo acompañaban.

Reconstrucción del asesinato de Lucas González. Los policías acusados. Silvana Colombo

Según los camaristas, los acusados integrarían “el grupo de funcionarios que arribó al lugar instantes después del suceso e intentó aparentar un enfrentamiento armado, para lo cual, entre otras acciones, se habría introducido maliciosamente –”plantado”– un arma de utilería en el rodado que ocupaban las víctimas”, al mismo tiempo que cometieron vejaciones contra los jóvenes.

Asimismo, los jueces consideraron que “se podría presumir la existencia de riesgo de presión a los damnificados, a sus familiares y testigos”, teniendo en cuenta “la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”. También destacaron, según Télam, la posibilidad de que “exista riesgo de fuga de ser excarcelados”, debido a que, de ser declarados culpables en un futuro juicio, las penas que les corresponderían superan el límite previsto por ley para el cumplimiento de una prisión condicional.

De esta manera, son 11 los policías procesados con prisión preventiva hasta el momento. La semana pasada, en un fallo de 17 páginas al que también accedió la agencia Télam, la misma Sala IV había revocado el procesamiento de las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño por la falta de mérito “para procesar o sobreseerlas” y, en efecto, ordenó sus libertades.

En el fallo que liberó a las policías, los camaristas argumentaron que, al dictar el procesamiento de ambas policías, el magistrado de primera instancia “ponderó que fueron las primeras en llegar al lugar, que los menores les pidieron auxilio atemorizados y en estado de shock, todo lo cual no se compadecía con el hecho de enfrentamiento anunciado” por los otros efectivos.

El asesinato de González, de 17 años, ocurrió el 17 de noviembre de 2021, alrededor de las 9.30, cuando el joven y tres amigos, de su misma edad, salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos. Allí, fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, sin patente ni signos de ser un vehículo policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

La investigación judicial realizada hasta el momento señala que los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles y huyeron del lugar. En este momento, comenzó la persecución policial que acabó con los tiros desde distintos ángulos, que habrían sido disparados desde el móvil en el que iban a bordo los policías Isassi, López y Nieva.

Según fuentes policiales, al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien murió horas más tarde.

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El crimen de Lucas González: confirman la prisión de otros ocho policías acusados de encubrir el homicidio

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Son 11 los efectivos procesados hasta el momento; entre ellos, el subcomisario Ramón Chocobar, que está acusado en una causa por trata de personas - LA NACION

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Objetivo:

valorar la comprensión y capacidad de transferencia de los conceptos estudiados a lo largo del cuatrimestre.

Actividad:

1. Elegí un artículo/canción/ilustración de los propuestos en el padlet. Sugerimos que esté en la línea de lo que trabajaste con tu grupo en el semestre.
2. Analizá el artículo/canción/ilustración elegido considerando:

a) por qué es importante abordar la problemática desde la perspectiva sociológica (deberás fundamentar en base a lo estudiado en la primer unidad al respecto: concepto de imaginación sociológica, características, diferencias con el sentido común).
b) los aportes de al menos dos de los temas sugeridos en los comentarios de la publicación.
c) podés enriquecerlo con referencias a otros textos que hayas estudiado en función de la temática elegida.

3. Si lo hacés en la compu: texto debe contener entre 400 y 600 palabras. Si lo escribís a mano no debe superar una carilla. En ambos casos debe estar escrito en forma clara y organizada, dar cuenta de la comprensión de los conceptos estudiados de modo que la argumentación los explicite y ponga en relación con la problemática estudiada.

4. Si lo hacés en la compu, debe ser en un documento Word, que deberás guardar con tu apellido y nombre y enviar a 8902785@ucc.edu.ar

Criterios de evaluación:
* Pertinencia
* Profundidad teórica
* Organización de las ideas
* Claridad

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La polémica por la liberación de presos en medio de la pandemia del coronavirus sigue generando distintas posturas. El fiscal federal Federico Delgado habló sobre el tema y si bien aseguró que "las víctimas deben ser escuchadas" antes de tomar una decisión, manifestó que "no pueden ser colocadas en el lugar de jueces" para tomar la decisión sobre los detenidos.

"Estamos en un contexto de emergencia, pero nos está explotando un problema en las manos que viene desde hace mucho tiempo que es la sobrepoblación carcelaria. Y fundamentalmente con el drama de la prisión preventiva", inició el fiscal en diálogo con Todo Noticias.

En esa línea, comentó: "El criterio más atinado es que obviamente que los delincuentes más graves no pueden salir simplemente porque hay un riesgo abstracto, sino verificar los casos concretos porque no hay dos casos iguales. Hacerlo con rigidez y responsabilidad, escuchando a todos los actores".
Alberto Fernández: "Quieren hacer creer que va a haber una salida masiva" de presos
"Hay que resolver de manera creativa y asegurando que las personas cumplan su encierro de una forma distinta a que estar apilados en un penal", aseguró Delgado. "Hemos transformado las cárceles en depósitos de gente vulnerable, de gente pobre que ha delinquido pero que nunca deja de ser gente. La Constitución los sigue protegiendo".

En ese sentido, el fiscal mencionó los casos de quienes "están presos porque tienen que pagar culpas con la sociedad, pero siguen siendo personas que algún día van a salir, y deben salir mejores". "La Constitución castiga con la esperanza de que las personas vuelvan a la sociedad y no las castiga para que mueran en las cárceles", afirmó

Asimismo, advirtió que "cuando se hacen las cosas a las apuradas, sin planificación, en el medio se cuelan interese políticos. Y ahí se cometen errores y salen quienes no deben salir".

"En las cárceles nosotros apilamos gente que está con prisión preventiva durante muchos años, son invisibles, y no forman parte del top 5 de la agenda pública del sistema judicial y político. El coronavirus corre el velo y nos muestra lo mal que funciona un sector de nuestras instituciones. Nuestras cárceles se asemejan a las cárceles medievales. Eso estaba olvidado", alertó.

Por último, habló sobre la situación de las víctimas que están preocupados por la liberación de algunos presos: "Las víctimas tienen razón en preocuparse. Pero el Estado nunca puede colocar a las víctimas en el lugar de jueces. Las víctimas tiene que ser escuchadas, pero los magistrados tienen que hacerse cargo. Si alguien no oye a una víctima y toma una decisión a escondidas está cometiendo una irregularidad".

Federico Delgado: "La Constitución no castiga a los presos para que mueran en las cárceles"

Por su lado, el ex juez y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, León Arslanian, también dialogó con TN y advirtió: "Esto es una situación de emergencia y que debe ser analizada como tal. Y también el hacinamiento carcelario que da lugar permanentemente a reclamos y motines".

"Frente al dato objetivo del hacinamiento y al carácter extremadamente contagioso del virus, y que esto no solo afectaría a los presos sino también a quienes los cuidan. No se podía dejar de actuar. Autorizadas voces emitieron opinión como el Papa Francisco, la ex presidenta Bachelet, Naciones Unidas", señaló.

Asimismo, comentó: "Es un dilema. O se corre el riesgo de que algunas o varias personas evadan la acción de la justicia favorecidos por la libertad o bien que haya una gran cantidad de muertos, de contagios de gente que quizás no tenga nada que ver con el tema".

Arslanian descartó que sea un plan del Gobierno sacar presos: "La intervención del Ejecutivo es limitada"

" La fuga tiene un valor relativo (en presos con delitos menores) porque a ninguno de ellos les va a convenir vivir en estado de prófugo. Lo que es criticable es que esto se extienda a personas que no es necesario que se beneficien y es injusto, no tiene racionalidad, porque si se descomprime el tema carcelario liberando a personas con delitos menores, el riesgo de hacinamiento cae y aquellas personas con penas más graves, podrán evadir las consecuencias de la pandemia", expresó.

En esa línea, Arslanian descartó que sea un plan del Gobierno la liberación masiva de presos: "Los jueces de la causa tienen que decidir. La intervención del Ejecutivo es limitada, lo único que podría hacer es usar la facultad del indulto de la conmutación de pena, la remisión o reducción de pena. Ese listado (por el que recibió el juez Violini para liberar presos) es de la situación de cada preso, es una mera información, pero la decisión es tomada judicialmente.
ED / CP / DS

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Federico Delgado: "No se puede colocar a las víctimas en el lugar de jueces"

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La polémica por la liberación de presos en medio de la pandemia del coronavirus sigue generando distintas posturas. El fiscal federal Federico Delgado habló sobre el tema y si bien aseguró que "las víctimas deben ser escuchadas" antes de tomar una decisión, manifestó que "no pueden ser colocadas en el lugar de jueces" para tomar la decisión sobre los detenidos.