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Falta un debate del senado para que pase el proyecto de ley que busca cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

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El Congreso aprobÃ³ modificar el artÃculo 34 de la ConstituciÃ³n, que prohÃbe la prisiÃ³n de por vida, y estableciÃ³ que esa pena aplica en crÃmenes contra menores.

Foto:

Rodrigo SepÃºlveda. Archivo EL TIEMPO

Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

Luego de más de casi dos meses de haber sido radicada por el Gobierno, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores por fin empieza a ver la luz al final del túnel.

Este jueves la Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercero de cuatro debates el proyecto con el que se busca crear el marco reglamentario para empezar a aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. A la iniciativa le queda faltando solo un debate en la Plenaria del Senado para pasar a firmar presidencial.

(Vea también: Congreso analiza alivios para deudores de multas de tránsito)

Con esta decisión, se da un importante paso para que en un futuro se pueda aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños aprobada por el Congreso el año pasado, pues hasta tanto se apruebe esta reglamentación en el Congreso y se dé la sanción presidencial, esta sanción todavía no se podrá aplicar en el país.

"Esta medida es la más efectiva para responder a las lágrimas y los dolores que han padecido miles de familias por culpa de esos criminales", indicó el representante César Lorduy, promotor de este proyecto.

El congresista por el Atlántico explicó que en este momento se "renueva la esperanza" para que pronto se pueda castigar a los violadores de menores con esta pena y llamó a que la Plenaria del Senado agende pronto el último debate del proyecto, que es el último paso que falta para que se haga realidad esta norma.

Esta medida es la más efectiva para responder a las lágrimas y los dolores que han padecido miles de familias.

"Solo nos falta el debate de la plenaria del Senado y la sanción presidencial para que los jueces puedan castigar con penas ejemplarizantes los delitos de homicidio y acceso carnal violento cometidos contra nuestros niños", dijo Yohana Jiménez, promotora del proyecto e hija de Gilma Jiménez (QEPD), quien durante su paso por el Congreso lideró esta causa.

La iniciativa indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.

Igualmente se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión.

(Además: Proyecto que reduciría la jornada laboral está a un debate de ser ley)

Adicionalmente se establece que la imposición de esta pena debe ser excepcional, es decir, se deben cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada, no todo abusador de menores podrá ser condenado a esta pena.

Otro elemento clave es que, contrario a otros condenados, quienes tengan cadena perpetua no podrán acceder a permisos que impliquen salir del centro penitenciario.

POLÍTICA

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¿Cuándo se empezará a aplicar la cadena perpetua para violadores?

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El Congreso aprobÃ³ modificar el artÃ­culo 34 de la ConstituciÃ³n, que prohÃ­be la prisiÃ³n de por vida, y estableciÃ³ que esa pena aplica en crÃ­menes contra menores. Foto: Rodrigo SepÃºlveda. Archivo EL TIEMPO Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

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Se propone reforma para que los ciudadanos de 16 años puedan ejercer el voto. Al ser una reforma a la Constitución Política deberá pasar por ocho debates.

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Ante el Congreso de la República se presentó un proyecto para reforma a la Constitución Política, con el objetivo de reducir la edad en que los ciudadanos colombianos pueden ejercer el derecho al voto. La propuesta está liderada por los partidos de oposición y se pretende que entre en vigor a partir del año 2022.

Se debe decir, que el proyecto de reforma no estaría considerando la posibilidad bajar la edad para que los ciudadanos sean considerados mayores de edad, teniendo en cuenta que los derechos de los niños y adolescentes en el país son prioritarios y no sería conveniente que este grupo etario de la población se hiciera con responsabilidades propias de la mayoría de edad.

Sin embargo, el proyecto tendría como referentes algunos acontecimientos democráticos que han sido ejecutados en otros países, donde se ha permitido que los menores de edad sean participantes activos en las jornadas electorales. En el documento que fue presentado ante el Congreso, se citó el caso del referendo independentista celebrado en Escocia. De igual manera, Brasil y Argentina, países donde los ciudadanos mayores de 16 años pueden votar, fueron países tomados como argumento de ejemplo en la justificación de la propuesta.

En esta línea, se pretende que los jóvenes mayores de 16 años en Colombia puedan sufragar en las diferentes jornadas de elecciones que actualmente se desarrollan en la democracia colombiana. Según fue expuesto por los congresistas ponentes, a la edad de los 16 años la ley colombiana permite que este grupo de la población trabaje, obtenga su licencia de conducción y otorga autonomía para la realización de procedimientos estéticos desde los 14 años.

De acuerdo con lo anterior, se entiende que una persona de 16 años ya tiene la capacidad para discernir las diferentes ideas políticas que se presentan en su contexto y es pertinente que las peticiones de este sector de la población se vea reflejado en algunas decisiones que se relacionan directamente el sector ejecutivo y legislativo de Colombia.

Mayores de 18 años podrían aspirar al Congreso de la República

En adición, el proyecto de reforma a la Constitución también tendría el objetivo de disminuir la edad para aspirar a un cargo como congresista de Colombia. Actualmente, los requisitos para acceder a un cargo de este tipo establecen edades de 25 y 30 años, para Cámara y Senado respectivamente.

Sobre lo anterior, la propuesta plantea que desde los 18 años de edad los ciudadanos colombianos puedan ser aspirantes a un cargo de representante o senador. De esta manera, los requisitos que quedarían establecidos para ser congresista en el país sería ser colombiano y, adicionalmente, ciudadano en ejercicio, eliminando los requisitos de edad que actualmente son considerados para ocupar un cargo legislativo.

Catedra de 'Ciudadanía y Estado' en bachillerato y primaria

Finalmente, según quedó establecido en uno de los seis artículos presentados por congresistas de la oposición. La propuesta estaría respaldada por una estrategia de educación democrática en los jóvenes del país. Sumado al gobierno escolar, se pretende brindar una catedra de 'Ciudadanía y Estado' para concientizar a los estudiantes sobre el papel político que desarrollan en el país. La clase sería impartida en las aulas de primaria y Bachillerato a nivel nacional.

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Reducción en la edad para votar: quién lo ha propuesto y con cuántos años se podrá votar

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Ante el Congreso de la República se presentó un proyecto para reforma a la Constitución Política, con el objetivo de reducir la edad en que los ciudadanos colombianos pueden ejercer el derecho al voto. La propuesta está liderada por los partidos de oposición y se pretende que entre en vigor a partir del año 2022.

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Por medio de la moción de censura el congreso ejerce su control político.

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Como ya se está volviendo habitual, el ministro de Defensa, Diego Molano, está este martes por segundo día consecutivo en el Congreso de la República enfrentando una moción de censura liderada por los sectores de oposición al Gobierno.

Ese mismo ejercicio lo cumplió su antecesor, Carlos Holmes Trujillo García
​(q. e. p. d.), quien pasó semanas completas en Senado y Cámara enfrentando mociones de censura y debates de control político de los mismos citantes.

Pero ni a Holmes en su momento, ni ahora a Molano, la oposición ha podido ponerlos contra la pared de tal manera que se amenace realmente su cargo.

(Vea también: Así fue el tenso debate de moción de censura al Mindefensa en Senado)

No obstante, la oposición ha lanzado duras acusaciones contra le jefe de la cartera de Defensa.

"El ministro le miente al país y pone en grave riesgo la vida de miles de colombianos y el legítimo derecho a la protesta", manifestó la representante de Alianza Verde Katherine Miranda.

La congresista acusó a Molano de "mentir" en el caso de Aliso, la joven que se suicidó luego, al parecer, haber sido abusada sexualmente por miembros del Esmad en Popayán.

"Usted mintió ayer (lunes), ministro, cuando dijo que la Fiscalía había que no había indicios de abuso sexual en el cuerpo de Allison. Eso no es cierto, usted está revictimizando a Allison", señaló Miranda.

Por su parte, el representante liberal Juan Carlos Losada aseguró que el Esmad es responsable de al menos 18 ciudadanos en el marco del Paro Nacional.

"Aprobar la moción de censura contra Diego Molano es mandar un mensaje a la gente que está en la calle exigiendo justicia por los abusos policiales y darle al presidente
Iván Duque una oportunidad para enderezar el rumbo en el manejo de las protestas", dijo Losada

Posteriormente, el representante de oposición David Racero pidió una "reestructuración de la Policía".

"No creo que solo con la salida del ministro se resuelva la situación, nosotros no queremos cambios de nombres, sino cambios de la agenda política y la reestructuración de la Policía", pidió Racero.

Entre tanto, la congresista Ángel Robledo señaló como principal responsable de "tanto dolor, de tanta muerte y de tanta indignación a Iván Duque". Y a Diego Molano, le manifestó que, no es digno de ser el Ministro de la Defensa, "porque siguiendo las instrucciones de Iván Duque y las órdenes de Álvaro Uribe, logró transformar este estallido social, este malestar ciudadano, en una especie de guerra urbana"

Apoyo al ministro de Defensa

A pesar de los señalamientos de la oposición, es difícil que se logren los votos para sacar el ministro. De hecho, ya las mayorías en el Legislativo salieron a anunciar su respaldo a Diego Molano y, en consecuencia, anunciaron su voto negativo a la moción de censura.

De entrada, el mindefensa cuenta con el apoyo del partido de Gobierno, el Centro Democrático, que en Cámara tiene 33 curules. A esto se suma el Partido Conservador, que este lunes anunció su voto negativo a la moción de censura. Los 'azules' cuentan con 21 representantes.

Esta misma posición la asumió este martes Cambio Radical, colectividad que si bien cuenta con 30 curules, podría sumar unos 25 votos, pues en el partido hay algunos en contra de esta decisión y que quieren que el ministro salga de su cargo.

A ellos se sumarán seguramente sectores del Partido de 'la U' (24 curules), que han hecho pronunciamientos en defensa del ministro.

Con estos apoyos, Molano lograría superar el mínimo de 86 votos para mantenerse en el cargo.

De hecho, desde los sectores de Gobierno llegaron pronunciamientos en favor de Molano.

(Vea también: 'Es un error que Cambio Radical empiece a derechizarse': López)

"En momentos en que la humanidad resiste a una de las pandemias más grandes del mundo, en nuestro país se quiere poner a temblar nuestra democracia, nuestra institucionalidad y nuestra sociedad", expresó el representante Ciro Rodríguez, del Partido Conservador.

"Asumamos la responsabilidad que nos corresponde, ¿Qué le achacan al ministro a quien hemos visto como a nadie recorriendo el país abordando esta problemática y poniéndose al frente de esta situación?", dijo por su parte del representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui.

En esta decisión también juega el hecho político de que los sectores conservadores y de centro, como es el caso de Cambio Radical, que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, no están dispuestos a entregarle en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa a la oposición.

De hecho, el propio Iván Cepeda, uno de los más duros opositores y promotores del debate, admitió este lunes en el Senado que es muy probable que Molano no se vaya del cargo con esta moción de censura. La misma oposición sabe que no es fácil sacar a Molano.

El ministro de Defensa, en la Cámara, tiene en contra a la oposición que suma 23 votos. Con ellos votará, seguramente, el Partido Liberal, a juzgar por las declaraciones que en los últimos meses ha dado el director del partido,el expresidente César Gaviria, quien ha hecho cuestionamientos al trabajo que ha desempeñado Molano en el Ministerio de Defensa. No obstante, los 'rojos' aún no han asumido posición.

Un elemento que juega en contra del ministro es que el debate se da justo cuando miles de ciudadanos aún siguen en las calles en el marco del paro nacional, movilizaciones en las cuales se han dado los casos de abuso policial que llevaron al ministro a enfrentar la moción de censura.

(También le puede interesar: Duque atraviesa los días más difíciles de su gobierno)

Adicionalmente, la salida del ministro es una de las peticiones del Comité del Paro y de varios de los sectores que se están manifestando, que ya consiguieron la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el retiro de la reforma tributaria y contribuyeron al hundimiento de la reforma de la salud.

Molano responde

Durante su intervención en la Plenaria de la Cámara, el ministro Molano salió en defensa no solo de la Fuerza Pública sino también del Gobierno Nacional y diferenció entre los manifestantes "y los violentos" que se aprovechan de la situación.

"Aquí se ha tildado al Gobierno Duque como un Gobierno genocida, este Gobierno es legítimo, respetuoso de este Congreso y de la justicia, que se ha dedicado a respetar la Constitución", dijo el ministro de Defensa

Figura poco efectiva

En Colombia, la moción de censura fue establecida en la Constitución de 1991 y luego fue reformada en 2007 (Acto legislativo 01). En ambos casos, el propósito fue limitar el poder presidencial y establecer un control político y rendición de cuentas efectivos del Legislativo sobre el Ejecutivo.

Ha servido fundamentalmente para debatir y para que la prensa y la opinión pública se enteren de algunos temas y problemas de la gestión y de las políticas públicas; pese a esto, ninguna de las mociones propuestas ha prosperado.

Según lo señaló el investigador Javier Duque Daza, en el documento 'La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos', entre 1991 y 2014 se presentaron 23 iniciativas o intentos de moción de censura, y ninguno obtuvo las mayorías requeridas, lo cual se explica porque durante estos seis gobiernos los presidentes siempre han contado con coaliciones mayoritarias en el Congreso.

(Además: Gobierno y Comité del Paro reportan 'avances' en jornada de diálogo)

Entre 2014 y 2020 se han hecho otros seis intentos de moción de censura, cuatro de los cuales han sido en el gobierno del presidente Iván Duque:el exministro de Defensa Guillermo Botero; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra de Transporte, Ángela Orozco, y el exministro Carlos Holmes Trujillo (q. e. p. d.).

"En los casos en que la moción estuvo más cerca de prosperar, los ministros renunciaron y los presidentes hicieron uso de su facultad para nombrar reemplazos. Fueron mociones frustradas, aunque sirvieron de presión para que algunos ministros renunciaran a sus cargos", señaló Duque Daza.

Lo anterior fue lo que ocurrió con el exministro Guillermo Botero, quien al percibir que había perdido las mayorías prefirió renunciar a tener que someterse a la votación de moción de censura. Pero este no parece ser el caso de Molano.

Este martes, el ministro de Defensa deberá entregar las explicaciones de los temas por los que se le pretende censurar y, según la norma, máximo diez días después deberá haber una votación en la que se decide si estos argumentos fueron convincentes y el funcionario puede seguir en su cargo.

POLÍTICA

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'Este es un Gobierno comprometido con la vida': Molano en debate

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Como ya se está volviendo habitual, el ministro de Defensa, Diego Molano, está este martes por segundo día consecutivo en el Congreso de la República enfrentando una moción de censura liderada por los sectores de oposición al Gobierno. Ese mismo ejercicio lo cumplió su antecesor, Carlos Holmes Trujillo García ​(q.

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El fiscal general de la nación es uno de los funcionarios públicos que puede ser acusado por la cámara de representantes. En este caso la cámara decidió archivar la investigación.

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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co lunes, 29 de marzo de 2021

No se encontraron elementos de juicio para continuar con el caso del viaje del funcionario en compañía de su hija en un festivo

Por no encontrar "elementos de juicio para continuar con la investigación" se archivó la investigación en contra del Fiscal General de Nación, Francisco Barbosa, quien estaba siendo supervisado por supuesta malversación de fondos públicos al viajar a San Andrés en medio de una visita oficial, durante un puente festivo, con su hija y otro menor de edad.

La Red de Veedurías fue la entidad que puso la denuncia ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, para determinar su el Fiscal incurrió en un delito, pero sus miembros decidieron archivar el caso.

El encargado de comunicar la decisión, que contó con siete votos a favor y dos en contra, fue el representante a la Cámara, Mauricio Toro.

Según informó La FM, Toro explicó: "se archivó la investigación por el presunto uso de dineros públicos para el viaje que realizó a la isla de San Andrés un fin de semana, en el marco de un toque de queda. La tesis que argumentan quienes respaldaron el archivo es que los funcionarios públicos tienen una prerrogativas de desplazarse con sus familia a esos lugares y que estaba en funciones públicas, por lo cual no se habría violado, por parte de él y su familia, el toque de queda".

Y agregó: "Creo que faltó investigar muchísimo más por el evento del uso de recursos públicos durante ese fin de semana en la isla de San Andrés".

Los dos votos en contra fueron de los miembros de la oposición en la Comisión de Acusación, Mauricio Toro y Wilmar Leal, ambos de la Alianza Verde.

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Comisión de Acusación de la Cámara archivó investigación del Fiscal por viaje a San Andrés

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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co lunes, 29 de marzo de 2021 No se encontraron elementos de juicio para continuar con el caso del viaje del funcionario en compañía de su hija en un festivo Por no encontrar "elementos de juicio para continuar con la investigación" se archivó la investigación en contra del Fiscal General de Nación, Francisco Barbosa, quien estaba siendo supervisado por supuesta malversación de fondos públicos al viajar a San Andrés en medio de una visita oficial, durante un puente festivo, con su hija y otro menor de edad.

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La exministra de Justicia fue acogida por las mayorías en el Senado.

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Margarita Cabello, elegida nueva procuradora general de la nación

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Margarita Cabello, favorita al cargo. Senadores cumplen estricto protocolo para ingreso al Capitolio | Congreso | ElTiempo.com

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La plenaria de la corporación tramita las promociones de seis uniformados de distintas fuerzas, las que han sido duramente criticadas por algunos sectores de oposición

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Duras palabras se escucharon en la noche de este miércoles en el Senado en medio del debate por los ascensos militares, en el cual terminaron enfrentados los congresistas José Obdulio Gaviria e Iván Cepeda.

​La plenaria de la corporación tramita las promociones de seis uniformados de distintas fuerzas, las que han sido duramente criticadas por algunos sectores de oposición, entre ellos Cepeda.

(Le puede interesar: Cargos a Petro por presuntas irregularidades en la campaña de 2018)

Dentro de los cuestionamientos de algunos congresistas opositores están los supuestos perfilamientos que han sido denunciados por algunos medios de comunicación, entre otras críticas.

En medio de estas argumentaciones, el senador Gaviria manifestó que tales expresiones obedecían a que varios congresistas estaban "imbuidos por el manifiesto comunista".

"Los comunistas declaran siempre, repetidamente, que su objetivo solo se puede alcanzar derrocando, por la violencia, el orden social existente. Entonces, ante Fuerzas Militares como las nuestras, tienen que concentrar su odio -lo que llaman el odio de clase- y su estrategia destructiva, para destruirlos moralmente", afirmó el congresista uribista.

Según Gaviria, era evidente el "cambio de estrategia" de los defensores del acuerdo de paz con las Farc, en el que había "un sector" comandado por "el propio firmante y negociador principal del acuerdo, quien sigue en el terreno".

(Recomendado: Discusión en el Congreso ¿Hasta cuándo van las sesiones virtuales?)

Iván Cepeda interpretó que esta mención era contra él y la emprendió contra José Obdulio Gaviria. Dijo que el congresista uribista era "un hombre esencialmente ruin", que "no se atreve ni siquiera a llamar a una persona por su nombre, sino que utiliza una calumnia".

"Pero además de ruin es un embustero, porque si tuviera elementos para sostener una calumnia, como la que ha lanzado aquí, estoy seguro que hubiera procedido ante la justicia y no lo ha hecho", afirmó Cepeda sobre Gaviria.

Agregó que las expresiones del senador por el Centro Democrático obedecían a su "desespero con relación al proceso de paz" y que era "realmente la expresión de una frustración por no haberlo podido destruir".

(Le puede interesar: ¿Por qué Uribe ha guardado silencio sobre imputación a su abogado?)

"Senador José Obdulio Gaviria: yo no tengo ningún problema si usted decide actuar transparentemente y entabla una denuncia penal. Yo le pediría que no se quede en las palabras, sino que proceda, pero le repito, usted es un hombre ruin, cobarde y también es un embustero", le repitió Cepeda a Gaviria.

Varios senadores del Centro Democrático salieron en defensa del congresista uribista, entre ellos el jefe máximo del partido, el expresidente Álvaro Uribe.

POLÍTICA

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La pelea de José Obdulio con Iván Cepeda, en los ascensos militares

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Duras palabras se escucharon en la noche de este miércoles en el Senado en medio del debate por los ascensos militares, en el cual terminaron enfrentados los congresistas José Obdulio Gaviria e Iván Cepeda. ​La plenaria de la corporación tramita las promociones de seis uniformados de distintas fuerzas, las que han sido duramente criticadas por algunos sectores de oposición, entre ellos Cepeda.

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Presidente Iván Duque sanciona la Ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

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Presidente sancionó ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad

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El presidente Iván Duque, sancionó este miércoles la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad. La iniciativa de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, busca lograr que los delitos de agresión sexual en contra de niños, niñas y adolescentes sean investigados y sancionados sin límite de tiempo.

#EnVivo | Sanción de la Ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. https://t.co/tIY65dAFs2
- Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2021
En contexto: ¿Qué significa que los delitos sexuales contra menores no prescriban?
Anteriormente, la norma señalaba que la acción penal frente a estos delitos prescribía 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcanzara su mayoría de edad. Ahora, con la modificación del artículo 83 de la ley 599 de 2000 del código penal precisa que:

"Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el delito de incesto en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible". Es decir que no habrá límite de tiempo para investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

La iniciativa de la representante a la cámara Katherine Miranda permite que hoy estén salvaguardados los derechos de las víctimas. Esta ley fue impulsada y promovida desde hace varios años por el entonces senador y hoy director de Noticias RCN, Juan Lozano.
Vea también: Los antecedentes y reacciones en la lucha para que los delitos sexuales contra menores no prescriban
Las cifras indican que el 87 % de las víctimas de abuso sexual son menores.

¡Felicidad absoluta! 🙏🏻🙏🏻❤️

El Congreso aprobó mi proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en niños!!!

A la espera de la sanción presidencial@IvanDuque

Gracias a mi UTL!!!#NoMasSilencio pic.twitter.com/gf3ixAlECY
- Katherine Miranda (@MirandaBogota) November 18, 2020

En entrevista con Noticias RCN, la representante a la Cámara, Katherine Miranda dijo en 2020, cuando fue aprobada en cuarto y último debate esta ley, que "esta iniciativa viene de mano del director de Noticias RCN, Juan Lozano. Una persona que siempre estuvo al lado mío apoyando este proyecto de ley y que, gracias a su apoyo, hoy en día podemos decir que es una realidad".

Además, explicó que cuando se cometía un delito sexual contra un niño, niña o adolescente, al cumplir su mayoría de edad, tenía 20 años para que el crimen prescribiera. "quiere decir que tiene fecha de vencimiento", dijo.

"Esta ley lo que nos permite a nosotros es que, en cualquier momento de la vida de la víctima, esta puede acceder a la justicia sin importar la edad, ni que hayan pasado más de 20 o 30 años. Esto va a reducir notablemente la impunidad", manifestó la funcionaria.
Le puede interesar: Ofrecen $10 millones por responsable de asesinato y abuso sexual de niña de 11 años en Guapi, Cauca
Miranda detalló que entre el 2015 y el 2018, se conocieron cerca de 68.000 denuncias por abuso sexual, sin embargo, agregó que esta cifra puede ser solamente el 15 % de lo que realmente sucede.

"Por eso es tan importante esta ley, porque muchas veces este niño se queda callado, solamente hasta que llega a una edad adulta reconoce que él no tiene la culpa, reconoce quién es su victimario y quiere hacer justicia".

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Presidente sancionó ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad

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El presidente Iván Duque, sancionó este miércoles la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad. La iniciativa de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, busca lograr que los delitos de agresión sexual en contra de niños, niñas y adolescentes sean investigados y sancionados sin límite de tiempo.

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Presidente Iván Duque insiste a la Conmebol dejar la Copa América en Colombia.

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Gobierno

El organismo deportivo considera "imposible" aplazar el torneo "por razones relacionadas al calendario internacional".

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este viernes que la Conmebol reconsidere su propuesta de aplazar la Copa América que el país iba albergar junto a Argentina desde el 13 de junio, que el ente sudamericano rechazó.

(Le recomendamos: El paro tumbó la Copa América: ¿qué y cuánto perdió Colombia?)

En medio de un estallido social que deja decenas de muertos en casi un mes de protestas, el gobierno colombiano solicitó el jueves postergar la Copa hasta "finales de año", cuando un eventual levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia permitiría recibir público en los estadios.

(Lea: Cuánto invirtió Colombia en mejoras para una Copa que no tendrá)

"El éxito de estos torneos empieza a darse con la apertura del aforo. Yo quisiera que la Conmebol tenga una última reflexión pensando en el fútbol", insistió el mandatario en una entrevista con la televisora Red Más.

(Además: La Copa América y otros proyectos que el paro nacional 'tumbó')

La Conmebol considera "imposible" aplazar el torneo "por razones relacionadas al calendario internacional".

Y anunció que relocalizará los partidos que iban a disputarse en Colombia. Duque sostuvo que "la Conmebol debe dar alternativas" para sacar adelante el torneo en otra fecha. Multitudinarias protestas antigubernamentales dejan al menos 42 muertos y centenares de heridos en medio de una dura represión de la fuerza pública.

La semana pasada, el encuentro de Copa Libertadores entre América y Atlético Mineiro de Brasil, en Barranquilla, fue suspendido varias veces por los lacrimógenos empleados para dispersar a los manifestantes en los alrededores del estadio Romelio Martínez.

El gobierno niega que la situación de orden público haya influido en el fallido pedido para aplazar la Copa América.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, señaló días atrás que su país estaría dispuesto a recibir los partidos si Colombia desistía de ser una de las dos sedes.

Según el ministerio de Defensa colombiano, 37 bloqueos interrumpen actualmente la movilidad y el abastecimiento de varias ciudades. Los manifestantes no tienen una agenda o liderazgo único pero coinciden en la exigencia de una reforma a la policía y mayor equidad social.

El gobierno negocia con un sector de la protesta, pero los diálogos no han prosperado y hay convocatorias para nuevas movilizaciones la próxima semana. Argentina, por su parte, enfrenta su peor ola de contagios por covid.

El virus obligó a imponer un confinamiento estricto de nueve días a partir de este sábado y planea sobre la Copa América 2021.

AFP

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Duque insiste a la Conmebol dejar la Copa América en Colombia

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Gobierno El organismo deportivo considera "imposible" aplazar el torneo "por razones relacionadas al calendario internacional". El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este viernes que la Conmebol reconsidere su propuesta de aplazar la Copa América que el país iba albergar junto a Argentina desde el 13 de junio, que el ente sudamericano rechazó.

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Duque decretó situación de desastre en San Andrés y Providencia por paso del huracán Iota.

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Duque decretó situación de desastre en San Andrés y Providencia por paso del huracán Iota

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La normativa especifica que la declaratoria se da por un término de 12 meses prorrogables hasta por un nuevo periodo igual.

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Duque ordena la militarización de Cali y ocho departamentos tras otra jornada violenta y de caos.

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Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Ante el caos de orden público desatado el viernes, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización tanto de la tercera ciudad colombiana como del departamento del Valle del Cauca, donde murieron al menos seis personas. De madrugada, el Ejecutivo ha decretado también la figura de la asistencia militar a la policía para otros siete de los 32 departamentos del país.

"Comienza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y el Valle", ha dicho el mandatario al final del día, luego de viajar a la gran urbe del suroccidente colombiano, de más de dos millones de habitantes, donde comenzó a regir un toque de queda nocturno. "Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Y nos llevará a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad", agregó.

En su alocución, aseguró que se proponía desbloquear las carreteras, con más de 7.000 hombres desplegados en el Valle para esa labor. "Siempre hemos mantenido canales de deliberación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando los derechos de los ciudadanos. No pueden existir islas de anarquía", afirmó el presidente. Añadió que las fuerzas armadas deben actuar ante actos de vandalismo "que amenacen la tranquilidad". Varios asesinatos y enfrentamientos entre manifestantes y civiles armados llevaron a Duque a desplazarse a Cali, encabezar un consejo de seguridad y anunciar el despliegue militar. De madrugada, el presidente expidió un decreto en el que extiende esa figura de asistencia militar a otros siete departamentos: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio caleño de La Luna, donde murieron tres personas. El presidente no ha hecho referencia a ninguna de estas víctimas en su discurso. Vídeos difundidos en redes sociales muestran a un funcionario de la Fiscalía, armado y vestido de civil huyendo tras haber disparado contra dos manifestantes. En venganza, un grupo de encapuchados lo persigue y lincha hasta matarlo. El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que se trataba de un funcionario de la entidad, pero aseguró que no estaba de servicio. "Fredy Bermudez estaba adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones y, de acuerdo con información recopilada hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles", confirmó Barbosa.

Según las versiones que han trascendido en Cali, Bermúdez se habría molestado por el bloqueo de la vía y usó su arma de dotación contra los manifestantes. En los videos se observa a uno de los jóvenes asesinados en el asfalto. "Esta situación se presentó entre quienes bloqueaban una vía y quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al llamar a la calma y al diálogo. La oficina de derechos humanos de la ONU confirmó al menos otros dos muertos en la capital departamental. En Candelaria, también en el Valle, se reportó el asesinato de un joven que pertenecía a la llamada 'primera línea' de manifestantes. De acuerdo con el alcalde de esa población, Jorge Eliecer Ramírez, se presentó un "enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban en las barricadas". La gobernadora, Clara Luz Roldán, admitió que la situación de seguridad se ha desbordado y decretó un toque de queda desde las 7.00 de la noche.

Conversaciones estancadas

En medio de esa degradación de la situación en algunos lugares, principalmente en departamentos del Pacífico colombiano como Valle del Cauca y Cauca, donde en días pasados fue incendiada una sede judicial y una alcaldía, las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro se antojan estancadas. El preacuerdo para instalar una mesa de negociación todavía no ha sido refrendado, con las partes ancladas en sus líneas rojas. Mientras el comité del paro exige como pasos iniciales garantías para la movilización, que cese la represión policial y que el presidente Duque sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo demanda que las organizaciones que convocan las marchas rechacen y levanten los bloqueos de vías. A pesar del deterioro de la seguridad en Cali, en la mayoría del país hubo marchas pacíficas al cumplir un mes del inicio del paro nacional.

Destrabar las carreteras se ha convertido en una prioridad que produce fricciones, y el Gobierno ahora rechaza la figura de corredores humanitarios en la que han insistido los manifestantes. "Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable", ha dicho Emilio Archila, delegado por Duque para los acercamientos. "Debemos dejar claro que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Afectan la movilidad, el empleo, el emprendimiento, el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo", enfatizó el propio mandatario en una entrevista con Blu Radio, antes de la militarización. "No solo tenemos que rechazarlos sino levantarlos con toda la capacidad de la fuerza pública en el territorio".

Para el Gobierno, la crisis también se ha jugado en el terreno de la diplomacia, pues Colombia ha sido blanco de una infinidad de críticas externas por la represión de las protestas y los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza a lo largo de este mes. En ese frente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha pasado la semana en Estados Unidos, a donde viajó para contener daños tan pronto fue designada también como canciller. Este viernes se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien de acuerdo con su oficina "expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas" y "reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente". El jefe de la diplomacia estadounidense también apoyó el difícil diálogo entre el Gobierno Duque y el comité del paro, además de reiterar el compromiso de la Administración Biden con la paz en Colombia.

A pesar de que la gira de la flamante canciller ha estado dominada por el tira y afloje en torno a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, como reclaman diversas organizaciones sociales, la reunión con Blinken es un logro de la maltrecha diplomacia colombiana. El Gobierno la exhibió como la primera visita que recibe de un líder latinoamericano. El estallido social se ha producido cuando Bogotá todavía lidia con el reacomodo de las relaciones con Washington después de haber apostado por la reelección del republicano Donald Trump, lo que dejó irritó a muchos líderes demócratas. Medio centenar de congresistas del partido del presidente Biden han fustigado la gestión de las protestas e incluso han pedido suspender la asistencia a la policía de Colombia.

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Duque ordena la militarización de Cali y ocho departamentos tras otra jornada violenta y de caos

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Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Ante el caos de orden público desatado el viernes, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización tanto de la tercera ciudad colombiana como del departamento del Valle del Cauca, donde murieron al menos seis personas.

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Se pide adoptar medidas urgentes de prevención y protección en favor del pueblo indígena Muina Murui

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En la tarde de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio a conocer un comunicado en el que le ordenó al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo "adoptar medidas urgentes de prevención y protección en favor del pueblo indígena Muina Murui".

La decisión la adoptó la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, con el objetivo de " evitar y prevenir violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", de esta comunidad de Guaquirá, ubicada en Puerto Leguízamo, Putumayo.

De acuerdo con esta justicia, la Sala le ordenó específicamente a la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) "evaluar los riesgos y proceder a decretar una alerta temprana y/o la actuación correspondiente que proteja a los miembros de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP)".

De igual forma, se informó que la Sala "ordenó" que se comunicara la resolución al Defensor del Pueblo regional del Putumayo, para que ( mediante la gestión directa y en los términos de la Ley 24 de 1992), realice de manera "inmediata los actos urgentes ante las autoridades civiles y militares del departamento, con el fin de que se activen los mecanismos de protección y prevención de la población civil señalada que está en riesgo".

(Podría ser de su interés leer: Quiénes son los 11 generales que ha llamado JEP por 'falsos positivos')

Señaló la JEP en su comunicado que tanto el SAT como la oficina regional de la Defensoría deberán informar de manera periódica sobre sus avances, así como de los eventuales documentos de advertencia que se emitan y las demás actuaciones orientadas a conjurar la situación de riesgo.

Según la UIA, "el contacto con la comunidad de Guaquirá en este momento es imposible, su territorio ha sido minado, la señal de internet y telefónica están afectadas, todo esto por el accionar de grupos armados ilegales", destacó la JEP.

Al ministerio del Interior, particularmente a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), la JEP le ordenó que adopte los actos urgentes necesarios para proteger a los miembros de esta comunidad indígena.

(Lo invitamos a leer: 'Se está superando la inmensa impunidad que había': presidente de JEP)

Y, finalmente, solicitó remitir la decisión a la Dirección de Fiscalías del Putumayo, para que conforme a sus competencias asuma la investigación penal correspondiente.

"Las autoridades con responsabilidades en materializar las obligaciones nacionales e internacionales contraídas por el Estado derivadas del "deber de prevención", deben adoptar las medidas necesarias y urgentes para la salvaguarda de los derechos humanos de las comunidades en riesgo, así como aquellas que garanticen el ejercicio de las tareas misionales de todas las autoridades, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz", dispuso la Sala.

(De seguro podría ser de su interés: Así avanza el caso 05 en la JEP: imputaciones se conocerían este año)

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JEP ordenó medidas urgentes de protección a indígenas Muina Murui

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En la tarde de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dio a conocer un comunicado en el que le ordenó al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo "adoptar medidas urgentes de prevención y protección en favor del pueblo indígena Muina Murui".

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Jurisdicción constitucional: Revisión discrecional de acciones de tutela 

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Jurisdicción constitucional: Revisión discrecional de acciones de tutela 

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LÃ³pez, de 38 aÃ±os, compareciÃ³ ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York y se declarÃ³ inocente.

Foto:

Rodolfo GonzÃ¡lez / Archivo EL TIEMPO

La mujer de 49 años tiene tres hijos y fue despedida de una empresa en donde era operaria.

Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

La Corte Constitucional falló una tutela en favor de una mujer de 49 años que en 2016 empezó a trabajar en una empresa como operaria de producción y en octubre de 2019 fue despedida, luego de haber sido hospitalizada por tuberculosis.

(Le puede interesar: Corte precisa alcance del fallo internacional en el caso Petro)

La mujer, que tenía VIH, es madre de tres hijos mayores de edad. La empresa dijo que el despido no tenía que ver con los ocho días en los que estuvo hospitalizada pues ella volvió a trabajar normalmente sin incapacidades posteriores.

Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte dijo que la mujer adquirió una condición de debilidad manifiesta ocasionada por el VIH y la tuberculosis, que son dos enfermedades que se encuentran estrechamente relacionadas.

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También dijo que la mujer había advertido a su empleador sobre la tuberculosis, por lo que se le autorizaba a salir regularmente para las citas médicas y los exámenes de control.

"La Sala no puede avalar el argumento de la empresa según el cual, como la señora solo estuvo hospitalizada por ocho días sin restricciones laborales posteriores, no se configuraría la estabilidad laboral reforzada, pues es evidente que recibía tratamiento médico y que periódicamente debía ausentarse para sus exámenes de control, al menos por una de las enfermedades conocidas por su empleador", dijo la Corte.

La Corte dijo que si bien la mujer solo informó que tenía VIH en su examen de salida, ese solo hecho debió implicar que la empresa la dejara en el cargo y diera por terminado su proceso de terminación de contrato.

(Le puede interesar: Corte mantiene archivo de indagación en favor de Iván Cepeda)

"Como la accionante trabajó por más de tres años de manera ininterrumpida, la sorpresiva decisión de no renovar el contrato sin justa causa permite inferir que dicha decisión se debió al conocimiento del diagnóstico de al menos una de sus enfermedades", dijo la Corte.

justicia@eltiempo.com
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Corte falla a favor de mujer con VIH despedida sin justa causa

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LÃ³pez, de 38 aÃ±os, compareciÃ³ ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York y se declarÃ³ inocente. Foto: Rodolfo GonzÃ¡lez / Archivo EL TIEMPO La mujer de 49 años tiene tres hijos y fue despedida de una empresa en donde era operaria. Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

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La sección tercera del Consejo de Estado decide en casos de controversias de contratación de licencias y concesiones de minería

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El Consejo de Estado no alcanzó a definir este jueves uno de los procesos judiciales más esperados del año: el futuro del 'fracking' en Colombia. La Sección Tercera del alto tribunal derrotó la ponencia del magistrado Ramiro Pazos que pedía anular las normas que regulan dicha actividad, pero el debate aún sigue vivo.

La Sección Tercera anunció que "la Sala continuará construyendo la decisión colegiada a partir de una nueva ponencia cuyo sentido no se encuentra condicionado por la decisión adoptada en el día de hoy".

Según explicaron fuentes, la decisión tomada hoy no quiere decir que las normas demandadas serán dejadas en firme ya que todavía cabe la posibilidad de que sean parcialmente anuladas.

(Le puede interesar: Duro debate selló recta final en demanda contra reglas del 'fracking')

Se trata del decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014 del Ministerio de Minas, en los que se fijaron los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales con estimulación hidráulica horizontal o 'fracking'.

EL TIEMPO estableció que el magistrado Ramiro Pazos pedía declarar la nulidad por razones de constitucionalidad y de legalidad de dichas normas. En este tipo de discusiones, cuando una ponencia es derrotada, normalmente quiere decir que "gana" la posición contraria.

No obstante, en este caso, el proyecto fue sometido a votación y no alcanzó la mayoría por razones de diversa índole, de modo que "la Sala continuará construyendo la decisión colegiada" a partir de una nueva que podría darse en cualquier sentido.
Ahora, el caso pasó al magistrado Jaime Rodríguez, presidente de la Sección Tercera.

(Lea también: Procuraduría pide declarar nulos decretos que regulan el 'fracking')
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Esta decisión llega dos años y medio después de que la Sección Tercera del alto tribunal, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, suspendió dicha regulación preventivamente al estimar que ante la falta de certeza científica sobre si el 'fracking' provocaba daños ambientales y a la salud humana, debía imperar el principio de precaución, que señala que, ante la duda, se deben evitar tales riesgos.

Este proceso inició por cuenta de una demanda que en 2016 interpuso el abogado Estaban Lagos en contra de ambas normatividades, cuestionando la técnica conocida como 'fracking' que consiste en inyectar en el subsuelo una mezcla de agua con químicos para los hidrocarburos fluyan de piedras compactas ubicadas a varios kilómetros de profundidad.

Para Lagos, está demostrado que ese procedimiento genera efectos adversos, graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente por lo que, en su criterio, su aval es inconstitucional y vulneró el principio de precaución.

(Le puede interesar: E l balance de la recta final de la demanda contra el 'fracking')

Esta posición fue coadyuvada en el proceso por varias organizaciones sociales y en 12 de los 18 alegatos finales que recibió el alto tribunal en total, de parte de expertos, universidades y congresistas, así como por la Procuraduría General. Del otro lado, el Gobierno, la Asociación Colombiana de Petróleo y la Asociación Colombia de Ingenieros de Petróleo, entre otros, pedían mantener las normativas intactas.

Para el Ministerio Público, es claro que hay suficientes pruebas científicas e información sobre los daños y riesgos irreversibles asociados a la técnica. "Puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente, los ecosistemas que dependan de estas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política", indicó el órgano de control en su escrito.

(Le sugerimos leer: Pilotos de 'fracking' seguirán vigentes mientras se decide demanda)

"Teniendo en cuenta que existe peligro de daño al medioambiente, en especial, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano", agregó.

En este caso, a petición del Consejo de Estado, la Universidad Nacional presentó un dictamen técnico consiste en dos informes que señalan que sí hay riesgos asociados a la técnica pero los documentos difieren sobre si estos se pueden mitigar. El primero, mayoritario, dice que no, mientras que el otro informe asegura que sí es posible contrarrestar los riesgos asociados. La existencia de ambos documentos, con posiciones contradictorias, es considerada por algunos expertos como evidencia de que no hay certeza sobre este asunto.

(También le puede interesar: Audiencia clave en demanda contra 'fracking' en el Consejo de Estado)

Juan Pablo Sarmiento, del Grupo de Litigio e Interés Público Universidad del Norte, dijo al Consejo de Estado que está demostrado que los daños "incontrolables e irreversibles se generan indistintamente del marco reglamentario que se expida". El alto tribunal recibió alegatos que aseguran que la técnica aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual dificulta cumplir pactos como el Acuerdo de París, para combatir el cambio climático.

E incluso, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente fue más allá y le pidió al Consejo de Estado que "además de prohibir esta técnica como consecuencia de la declaratoria de nulidad", exhorte al Estado colombiano a dirigir esfuerzos urgentes para la transición energética y combatir la crisis climática.

En la otra orilla, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos aseguraron ante el alto tribunal que como este es un proceso de nulidad simple, el Consejo de Estado se debía limitar a decidir sobre la legalidad de las normas, pero no a definir si prohíbe o permite el 'fracking'.

"El debate no puede ni debe girar en torno a la técnica per se y al análisis de los efectos de la misma, sino en la manera como esta ha sido reglamentada", dijo el Ministerio de Minas. El gobierno señaló que la actividad no ha sido proscrita por el Congreso, por lo que "nada obsta para que el Gobierno pueda reglamentar, mediante nuevos criterios técnicos, el uso de la técnica, incluso en el caso de que se declarara la nulidad de la reglamentación demandada", añadieron en su escrito de alegatos.

(Le puede interesar: Corte estudia demanda que pide tumbar decreto de pilotos de 'fracking')

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'Fracking' en Colombia: debate en el Consejo de Estado sigue vivo

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El Consejo de Estado no alcanzó a definir este jueves uno de los procesos judiciales más esperados del año: el futuro del 'fracking' en Colombia. La Sección Tercera del alto tribunal derrotó la ponencia del magistrado Ramiro Pazos que pedía anular las normas que regulan dicha actividad, pero el debate aún sigue vivo.

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Se declara inconstitucional el decreto 558 del 2020.

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Debido a la crisis por el coronavirus en Colombia, en el marco de la emergencia económica y social, el Gobierno Nacional decretó disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Seguridad Social.
(Colpensiones asumirá pensiones de fondos privados).

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta medida que cobijaba a empresas públicas y privadas y a trabajadores independientes y que está contenida en el decreto 558 de 2020.

Aún no se conoce el alcance del fallo de la Corte y si la decisión contempla que tanto empresas como trabajadores repongan el valor de los aportes no realizados durante esos dos meses.

(Conozca cómo aplicarán los alivios para aportes en pensión).

Esta medida permitía que los empleadores del sector público y privado, al igual que los trabajadores independientes, tengan la posibilidad de reducir voluntariamente su aporte al Sistema General de Pensiones del 16% a un 3%, durante los periodos de cotización de abril y mayo, cuyos pagos se realizaron en los meses de mayo y junio de 2020, según disposición del Gobierno Nacional.

Para el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, la idea buscaba beneficiar a los empleadores y trabajadores independientes, para que disminuyan sus cargas económicas y tengan liquidez durante los próximos meses.

(Nueva controversia en el Gobierno por aportes a salud de pensionados).

En el momento de expedición del decreto, el ministro de Trabajo señaló: "con el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda tomamos esta decisión. Hoy, esa cotización le corresponde en un 12% a los empleadores y el 4% a los trabajadores, para un total de 16%. La idea es dejar la cotización en 3%, en la que el empleador aporte un 75% y el trabajador contribuya con el 25% de ese total", explicó el titular de la cartera laboral.

Para el caso de los independientes, la reducción, que fue optativa del 3%, aplica para la cotización de los meses de abril y mayo y la pueden hacer sobre el 3% del ingreso base de cotización.

Según el Gobierno, este mecanismo mantenía la base de cotización, garantizando la validez de las semanas cotizadas durante el periodo que esté en vigencia.

"Que el pago no se realice sobre el 16% como se hace actualmente, no significa que los cotizantes se vean afectados. En la historia laboral de los trabajadores deberán verse reflejadas las semanas correspondientes a los 2 meses cotizados bajo el 3%. Esto, con el propósito que se contabilicen para completar las mil 150 semanas que le permitan al afiliado acceder a la garantía de pensión mínima establecida por el régimen privado, o a las mil 300 semanas para obtener una pensión de vejez de un salario mínimo legal mensual en el de Régimen de Prima Media, RPM", aclaró el ministro Cabrera Báez.

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Corte declara inconstitucional disminución de cotización a pensiones

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Debido a la crisis por el coronavirus en Colombia, en el marco de la emergencia económica y social, el Gobierno Nacional decretó disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Seguridad Social. (Colpensiones asumirá pensiones de fondos privados).

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María Paula Azcuénaga lleva tres años en un proceso judicial por la custodia de sus hijos.

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María Paula Azcuénaga es una abogada colomboecuatoriana que viene librando un proceso judicial, desde 2015, por la custodia de sus hijos.

Este martes, Azcuénaga realizó una publicación en su cuenta de Twitter para dar una actualización sobre el caso.

" Contundente fallo de la Juez séptima de familia de Barranquilla ratificando mi custodia de los niños debido a la alienación paterna. Llevan 79 días ocultos por Mariano Díaz (padre de los menores). Él debe entregarlos el jueves 27 de mayo a las 8:30 a. m. en el Instituto Colombia de Bienestar Familiar de Barranquilla (...) ¿Será posible este reencuentro? ", fueron las palabras que acompañaron el tuit de Azcuénaga.

(Siga leyendo: El drama que vive una familia por custodia de sus hijos).

Hoy 12:3O pm, contundente fallo de la Juez 7 de Flia de B/quilla ratificando mi custodia de los niños debido a la alienacion paterna. Llevan 79 dias ocultos por Mariano Díaz. Él debe entregarlos el jueves 27 de mayo a las 8:30 am en ICBF Bquilla.

¿Será posible este reencuentro?
- María Paula Azcuénaga (@AzcuenagaPaula) May 25, 2021
(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).
Sin embargo, este fallo solamente es la punta del iceberg de este proceso judicial, el cual ha tenido varias etapas.

Aquí le presentamos un repaso de la batalla legal que han librado María Paula Azcuénaga y Mariano Díaz por la custodia de sus hijos.

El comienzo

De acuerdo con un artículo escrito en este medio, Azcuénaga y Díaz se casaron en 2008, pero tras siete años de matrimonio empezaron a presentarse discrepancias en torno a la forma de tomar decisiones sobre la crianza de su hijo mayor, de 11 años.

En su momento, en entrevista con este medio, Azcuénaga comentó: " Él tiene un estilo muy permisivo. Es un papá muy amoroso, pero no podía poner límites. Yo igual era amorosa, pero para mí los límites son importantes".

Esta situación se habría unido al desarrollo de una presunta actitud de odio del menor hacia su madre, quien argumentó que este comportamiento pudo ser impulsado por el padre del niño.

"Mariano le empezó a transmitir con su lenguaje corporal al chiquito que él estaba ahí para protegerlo de mí. Más adelante ya no era solo una protección con lenguaje corporal, sino que decía: ¡No maltrates al niño! Entonces mi hijo empieza a tener la idea de que su mamá lo maltrata", aseguró Azcuénaga, quien también aclaró que jamás agredió a su hijo.

El tiempo pasó y en noviembre de 2015, meses después de tomar la decisión de separarse, Azcuénaga decidió huir del hogar con los menores para tratar de salvar el vínculo con su hijo mayor.

Al darse cuenta de esto, el padre la denunció ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y logró recuperar la custodia de sus hijos.

Desde entonces, 22 pleitos legales se han desarrollado de forma paralela en juzgados de la ciudades de Bogotá y Barranquilla para tratar de resolver este caso.

Fallo judicial del 4 de marzo de 2021

Hasta el día de hoy, el fallo judicial más reciente que se había hecho sobre el caso se produjo a comienzos del pasado mes de marzo, cuando el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Barranquilla ordenó la " entrega de los menores a su madre, la señora María Paula Azcuénaga Amador, el día 05 de marzo de 2021, a las dos de la tarde, en las instalaciones del Centro Zonal Centro Histórico de esta ciudad, con tal finalidad se solicitará la cooperación institucional del ICBF".

Sin embargo, de acuerdo con un artículo de este medio, Azcuénaga aseguró que esta decisión judicial no se cumplió.

Esto lo dio a conocer la madre de los menores por medio de un video que compartió el pasado 15 de marzo en su cuenta de Twitter.
(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).
En su momento, en entrevista con este medio, Roberto Moncada, abogado y apoderado de Mariano Díaz, explicó el motivo por el cual su cliente no cumplió con el fallo judicial.

"La razón esencial para no cumplir en este momento esa entrega, como ordena el despacho, es porque es sumamente riesgosa para los niños por una condición psiquiátrica que se origina en el maltrato materno", comentó Moncada.

En respuesta, Azcuénaga dijo que era consciente de la salud mental de sus hijos y que, por eso, tiene preparado un equipo de expertos destinado para el acompañamiento de los menores por la reacción que estos podrían llegar a tener en el momento del reencuentro.

"Claramente los niños tienen un temor y rechazo hacia mí, pero en el proceso quedó probado que ese rechazo no se origina en mi maltrato, sino en una campaña que el padre ha adelantado de transmitirles el odio que él me tiene a mí a ellos", aseguró la madre en entrevista con EL TIEMPO.

(Le puede interesar: Mujer denuncia que su expareja tiene retenidos y ocultos a sus hijos).

Alienación parental

Azcuénaga ha intentado demostrar que Díaz ha generado en sus hijos un síndrome denominado 'Alienación parental'. Esta es " una conducta llevada a cabo por el padre o madre que conserva bajo su cuidado al hijo(a) y realiza actos de manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, tema o rechace injustificadamente al progenitor que no tiene su custodia legal", según una publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México.

Frente a esto, en su momento, en declaraciones para este medio, resaltó que en este proceso jurídico, Medicina Legal le realizó unos exámenes a los niños y a sus padres, en 2018.

Según el apoderado de Díaz, el concepto que se emitió luego de las pruebas aseguraba que "la imagen negativa que tiene el hijo de su mamá es por cuenta de sus deficiencias parentales. Proviene de su percepción directa experiencial con Maria Paula y no porque el papá haya deformado la imagen".

Esto generó que la mamá de los menores tuviera que someterse a un tratamiento con especialistas para determinar si "un rango de su personalidad afectaba sus actividades parentales". Los resultados arrojaron que Azcuénaga no tiene impedimento alguno para ser madre.

Posteriormente, la jueza del juzgado octavo de Bogotá permitió que Azcuénaga pudiera reencontrarse con sus sus hijos, pero Díaz no cumplió con esa orden y le impidió encontrarse con los menores.

En su momento, de acuerdo con un artículo de este medio, el abogado del padre explicó que Díaz no permitió estas visitas porque "hay una medida de protección anterior a esa sentencia misma, que es la emitida por la comisaría de familia 10 de Engativá que suspende las visitas".

Esto se dio por un proceso judicial paralelo en la comisaría de familia 10 de Engativá.

De acuerdo con un artículo de este medio, antes de conocerse la decisión judicial de este martes, la defensa de Mariano interpuso una tutela y también aseguró que "van a cumplir el fallo emitido por el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla, pero no en las condiciones escritas allí".

Para ello, realizaron una serie de peticiones para que se pudiera dar el reencuentro entre los menores y su madre.

En su momento la madre de los menores mencionó a EL TIEMPO que "e llos no merecen más trauma, más daño. Yo no voy a impedir que Mariano tenga un vínculo con sus hijos".

Quizá mañana puede llegar ese momento tan anhelado para Azcuénaga después de tres años.

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Expareja de abogada María Paula Azcuénaga debe entregarle a sus hijos

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María Paula Azcuénaga es una abogada colomboecuatoriana que viene librando un proceso judicial, desde 2015, por la custodia de sus hijos. Este martes, Azcuénaga realizó una publicación en su cuenta de Twitter para dar una actualización sobre el caso. " Contundente fallo de la Juez séptima de familia de Barranquilla ratificando mi custodia de los niños debido a la alienación paterna.