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Un sector del profesorado achaca el origen de muchos de los problemas existentes en la escuela y en el aula a la falta de disciplina, la ausencia de valores, el deterioro de las familias o la falta de reconocimiento de la figura del profesor, y piden como solución un mayor reconocimiento social y un reforzamiento de su autoridad. Por "autoridad" suelen entender ante todo potestad para imponer el orden y para sancionar y expulsar (del aula y/o del centro) a los alumnos más difíciles o recalcitrantes. En otras palabras, si algo o alguien impide la buena marcha de una clase, reivindican poder quitárselo de encima con más facilidad. Qué pueda ser del sancionado o expulsado después, no es un problema ya del profesor o del centro: allá la Administración.

Ese sector del profesorado identifica la autoridad con la potestad de ejercer la fuerza para imponer el orden de cosas deseado, y exige en consonancia instrumentos adecuados para imponer tal autoridad, para que haya disciplina y orden en el aula, para que su autoridad no sufra merma. A ese mismo sector del profesorado quizá le parecerá una memez si alguien, remontándose a los orígenes mismos de la palabra "autoridad" para clarificar algo más el concepto, vincula las palabras latinas auctor y augere al significado primigenio de autoridad: hacer crecer o aumentar. El auctor, quien tiene autoridad, es, pues, fuente u origen de algo, y está relacionado con engendrar, hacer que alguien o algo se desarrolle. Según esto, la autoridad no se tiene propiamente, sino que se ejerce y se va haciendo dinámica y constantemente en la medida en que alguien crece y se desarrolla.

La verdadera autoridad no se impone, sino que se reconoce. Es en la persona misma de quien tiene autoridad donde residen la dignidad, la valía para que se acepte y se reconozca en ella libremente esa autoridad. Quien quiere imponer autoridad sólo por coerción está admitiendo que no le quedan otros instrumentos para hacerlo. Un profesor puede ejercer esa autoridad por estar legitimado para cumplir unas funciones que le son institucionalmente reconocidas. En este sentido, nadie discute que tiene autoridad, tiene el mando, tiene la potestad de imponer orden o hacerse respetar. En el mundo educativo, sin embargo, ese tipo de autoridad sirve para casos o situaciones extremas, pero reivindicarla como principal solución puede ser síntoma de incapacidades e impotencias personales e institucionales poco deseables.

La educación debe buscar formar y desarrollar personas y ciudadanos, lo cual conlleva fomentar su libertad y responsabilidad. A veces puede ser frustrante constatar las dificultades que esta tarea conlleva, especialmente cuando un profesor asegura que lo único que tiene que decir y hacer en un aula es enseñar su asignatura, por lo que cree que a quien no está interesado en estudiarla y aprenderla sólo le queda callar y no molestar o, en caso contrario, sufrir la sanción correspondiente.

Hay alumnos que parecen desconocer las reglas elementales de convivencia y no haber pasado por un proceso de socialización básica. Esos alumnos deben tener claro a fin de cuentas que deben respetar las reglas comunes de un colectivo, pero eso no sucede de la noche a la mañana, por ciencia infusa, más cuando en algunas de sus casas eso se cumple poco y deficientemente. A pocos de esos alumnos les vale realmente la autoridad como imposición de reglamentos y sanciones. Sin embargo, esos alumnos, como todos los demás alumnos, reconocen y agradecen la autoridad de quien sabe, aprecia, valora, anima. Más aún, muchos de esos alumnos descubren por primera vez en sus vidas que hay alguien que a la vez enseña unos contenidos, establece unas normas de convivencia, se interesa por sus vidas, establece una corriente de aprecio y los anima a ir desbrozando su propio camino, y no sólo el camino general que está prefijado a priori para todos sin excepción.

En muchos ámbitos es general la opinión de que la juventud, la enseñanza, los valores eternos sufren un grave deterioro por falta de disciplina, respeto y esfuerzo por parte del alumnado. En consecuencia, muchos creen también que el profesor es una pobre víctima diariamente acosada, insultada, agredida, vilipendiada, por lo que concluyen repitiendo lo mismo que dice machaconamente un sector del profesorado: se necesita ante todo más disciplina y más respeto. En consonancia, piden un reforzamiento de su autoridad. Confunden así la auténtica autoridad con un elenco institucional de automatismos sancionadores que posibiliten que cualquier problema quede borrado a golpe de reglamento.

Profesor de Filosofía

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Un sector del profesorado achaca el origen de muchos de los problemas existentes en la escuela y en el aula a la falta de disciplina, la ausencia de valores, el deterioro de las familias o la falta de reconocimiento de la figura del profesor, y piden como solución un mayor reconocimiento social y un reforzamiento de su autoridad.

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"La autoridad docente antes se

imponía, hoy se debe construir"

El especialista sostiene que antes un docente sólo por ser adulto y ocupar una cátedra ya era respetado. Ahora, la autoridad no se impone sino que se construye. Algunas claves: ser bueno en el oficio, respetar al alumno, generar orden y motivación en la clase.

"¿Cómo puede ser que un maestro no pueda establecer un orden mínimo de respeto en un grupo de niños de 11 años?", cuestiona el especialista.

Foto: Flavio Raina

Mariela Goy

mgoy@ellitoral.com

El halo de respeto y prestigio que tuvo siempre el magisterio se fue desdibujando con los cambios sociales y el cuestionamiento hacia las instituciones en general, entre ellas, la escuela. El Dr. Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Ciencias Políticas y especializado en educación, se refirió en diálogo con El Litoral a uno de los temas de debate entre los docentes: la pérdida de autoridad en el aula.

- ¿Cuáles son los desafíos que esperan al maestro en el aula hoy?

- Uno de los grandes desafíos es que deben resolver problemas nuevos para los cuales no tienen recursos ni conocimiento porque las situaciones son totalmente inéditas, novedosas y cambian permanentemente. Cambian los adolescentes, los conocimientos, la familia, los contextos. Vivimos momentos de grandes transformaciones, pero los institutos de formación docente van siempre más lentos. Entonces, cuando un maestro llega al aula a trabajar ya los problemas son novedosos y no encuentran respuestas.

-La pérdida de autoridad en el aula ¿es uno de esos problemas?

- Esto ya es grave. La docencia es un oficio que requiere reconocimiento y respeto. Eso es lo que quieren los periodistas y todos aquellos que ejercen una función pedagógica. Tienen que ser creídos. Si la gente no le cree a un periodista, si cree que es un mentiroso, que no es digno de ser escuchado, todo lo que diga le va a entrar por un oído y salir por otro. Pasa lo mismo con el maestro. Tiene que tener crédito y ser confiable, porque eso es la autoridad.

-Muchos sostienen que la autoridad hay que construirla ¿Qué opina?

- Lo que pasa es que el sistema escolar es viejo. Cuando se fundó, los niños por ser niños ya le daban crédito al maestro sólo por ser adulto. Antes la institución te daba esa autoridad, te ponía al frente de la cátedra en el secundario y hasta al profesor más imbécil era respetado sólo porque el tipo fue nombrado para ocupar ese trono que era estar al frente de la clase. Hoy no es así. Cada vez más depende del esfuerzo; la autoridad hay que construirla. Es decir, es el maestro el que tiene que crear las condiciones de su credibilidad. Si se dice que las familias y los niños ya no respetan al maestro, no les creen, no confían en ellos ¿qué hay que hacer? En España sancionaron una ley para declarar al maestro "autoridad pública", de manera que si le faltás el respeto, eso configura una carga mayor que si insultás a tu vecino. Eso pasa con los policías que ejercen la autoridad pública.

- ¿Usted estaría de acuerdo con implementar algo así?

- No creo en esta cuestión voluntarista. El respeto, el reconocimiento no se puede imponer, obligar. Siempre el respeto, el reconocimiento es el derivado de algo. El maestro que es bueno en su oficio y que respeta al otro, es respetado. Si un maestro desconoce a sus alumnos, los trata de ignorantes, les dice que escuchan cumbia villera que es de una cultura de segunda, que no hablan sino que emiten ruidos; es decir, si desvalorizan a sus alumnos, ellos le va a responder con la misma moneda. Porque ese chico merece respeto y exige reciprocidad, cosa que antes no ocurría. Cuando fui alumno, sabía que el docente tenía derechos que yo no tenía. Él podía fumar en la clase pero no me dejaba a mí, él podía tutearme pero yo no a él. Hoy en día esto no es así: si no se fuma, no lo hace nadie. Entonces, quizá una primera manera de obtener respeto es empezar por respetar. Nos cuesta porque antes no era así, sino que la autoridad se imponía. Hay que reconocer que los chicos tienen derechos y que no basta con emitir una orden, sino que hay que poder justificarla y argumentarla.

Orden e interés

- ¿Qué otros desafíos tiene el docente?

- Esto de la autoridad se asocia al tema del orden. Tanto en una familia como en una empresa o en un partido político debe haber reglas comunes. Hay escuelas donde prima el desorden, donde no hay reglas y ese es un indicador de debilidad de la institución. Un maestro que dice: "Yo no puedo con mis alumnos", es algo que yo no concibo. ¿Cómo puede ser que un maestro no pueda establecer un orden mínimo de respeto en un grupo de niños de 11 años? Ése no es un problema de los chicos, es un problema del adulto; él es el profesional de la educación y tiene que saber producir un orden, que tiene que ser democrático, no impuesto. Tenemos que hacer un pacto entre todos y los chicos tienen que participar en la producción de ese orden desde el primer día de clase. Porque el orden no puede ser autofundado ni impuesto por una autoridad superior al estilo "las tablas de la ley" de Dios.

El otro desafío es el interés. Muchos maestros se quejan porque a los chicos no les interesa la matemática, ni la física, no les interesa nada. Cuando me dicen eso en toda América Latina, yo les respondo: ¿Usted puede concebir que a un ser vivo no le interese nada? Puede ser que no le interese lo que vos le estás contando pero que no le interese nada en la vida, no. Entonces, primero hay que reconocer que si no hay interés, no hay aprendizajes, porque el conocimiento no se impone. Segundo, saber reconocer los intereses de los demás. La pregunta que hay que hacerse en todo caso es: ¿el interés es natural o es cultural e histórico? ¿No será mi primera obligación desarrollar el interés en el chico? ¿Hacer que encuentre un sentido en esto que yo le enseño? Incluso antes de tirarle contenidos, hay que generar una motivación.

- Otra de las quejas que se escucha entre los docentes es que tienen que contener a los chicos y que no fueron preparados para eso.

- En la etapa fundacional de la escuela, había una división del trabajo entre la escuela y la familia. Hoy, la escuela tiene que responder a una demanda de sociabilización del chico, tiene que enseñarle cómo comportarse, el respeto a las reglas, a no agredir, no pegar, no escupir en el suelo. Todas cuestiones que en el modelo tradicional correspondía a las familias. Eso se llamaba "educación" y la gente sabe distinguir. "Ese tipo tendrá un doctorado pero es un maleducado terrible, un egoísta, agresivo, mala gente", se dice. Esos valores antes correspondían inculcarlos a la familia y el maestro daba por descontado que el chico llegaba con esa base a la escuela. Hoy en día no es así sino que se le agrega esta tarea al docente. Entonces se los escucha decir: "Nosotros somos especialistas en pedagogía y nuestra tarea es enseñar conocimientos, instruir, no tener que andar pacificando, calmando a los chicos, controlando sus sentimientos, su comportamiento; ése es un problema del psicólogo o de la familia". Pero resulta que si un chico no tiene estabilidad emocional, no ha educado sus sentimientos, no tiene la madurez suficiente en sus emociones, no puede aprender. Si son agresivos o vienen excitado, se generan situaciones de violencia en el aula y no puede aprender.

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hoy se debe construir  -  educación   el especialista sostiene que antes un  docente sólo por ser adulto y ocupar una cátedra ya era respetado.  ahora

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la autoridad no se impone sino que se construye. algunas claves:  ser bueno en el oficio

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generar orden y motivación  en la clase.   ellitoral

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"La autoridad docente antes se imponía, hoy se debe construir" - Educación

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El especialista sostiene que antes un docente sólo por ser adulto y ocupar una cátedra ya era respetado. Ahora, la autoridad no se impone sino que se construye. Algunas claves: ser bueno en el oficio, respetar al alumno, generar orden y motivación en la clase.

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Los representantes de los tres pilares básicos de la educación -profesores, padres y alumnos- coinciden en la percepción de que el sistema educativo tiene problemas -convivencia, fracaso escolar, figura del maestro- y debe mejorar, pero discrepan en el cómo hacerlo.

MAITE DUCAJÚ VALENCIA El portavoz de los directores de los institutos de Secundaria, Vicent Baggetto; la presidenta de los padres de alumnos de la escuela pública, Gemma Piqué, y la de la Federació d'Estudiants, Sofia Mangiagli, han analizado en un debate organizado por Levante-EMV el estado del sistema educativo en la Comunitat Valenciana desde la perspectiva de la nueva figura de la autoridad docente.

AUTORIDAD EN LAS AULAS

Vicent Baggetto. Hay varios tipos: el respeto que el profesorado se gana día a día con los alumnos y el que se gana con la experiencia y esfuerzo, aunque hay quienes no lo logran en la vida. Otra cuestión es la cobertura jurídica ante una agresión. Ahí es donde la cosa flojea porque o no la conocemos o no sabemos dónde acudir. La figura jurídica reconoce la condición de autoridad pública y comporta la presunción de veracidad. En casos muy conflictivos, de palabra contra palabra, es dónde opera. Se entiende que el funcionario, profesor, expresa la veracidad del hecho.
Gemma Piqué. Creemos que no hacía falta llegar tan al límite como el Decreto de derechos y deberes de la Conselleria de Educación. La autoridad es el prestigio que se gana una persona. Padres y madres deben enseñar que a los maestros se les ha de respetar y apreciar porque son personas que están haciendo de tu vida un futuro. Ante esa virtud hay que enseñar a los hijos que el respeto está por encima de todo. Pero no entendemos el autoritarismo, la fuerza, el poder. Está claro que si hay un problema entre un maestro y un hijo o entre un profesor y una madre tiene que haber una reglamentación para que se pueda trabajar. Pero de eso a que el profesor tenga la última palabra... Es muy importante saber resolver conflictos y que cada uno diga su opinión. Con autoridad creo que no se enseña bien. Además, se habla mucho de la defensa del profesor, pero no de la defensa del alumno. Al maestro se le da autoridad para decidir por encima de los otros y eso me preocupa.
Sofía Mangiagli. Estamos en la misma línea que los padres, creemos que debe haber unas medidas pero con un límite. Si la última palabra la tiene el profesor, aunque el alumno tenga la razón, no hay justicia. La autoridad se le aplica a un profesor por medio de un decreto cuando la autoridad se la tiene que ganar, no se tiene que imponer.

PERDIDA DEL RESPETO

S. M. Puede ser, pero se tiene que dejar al alumno que participe en el centro, así mejora la convivencia y la relación de profesores y alumnos. Lo que hace falta es más inversión en la educación.
G. P. Si no analizamos la propia sociedad en que vivimos, mal vamos. Hemos pasado del autoritarismo a una permisividad total. Del todo se hace por decreto ley al todo vale. Hemos de saber llegar a un punto intermedio. Hace falta formación. Los padres no deben sacar las castañas del fuego al hijo, debe protegerlo y educarlo. Las normas de convivencia las deben crear las propias personas que las ejercen. Así, nadie diría nada. Eso significa convivencia, y no el decreto ley. El profesor tiene más herramientas para aplicar la autoridad en la clase, pero al alumno le da igual porque dice: "cojo a mi madre y viene aquí". Tenemos que sentarnos a dialogar.
V. B. Las tareas de mediación tienen toda la razón pero previamente debe haber un conjunto de medidas. El decreto supone un avance muy flojo respecto a la situación anterior. La Generalitat no dota a las direcciones de los centros de mecanismos ágiles. Continúa siendo garantista porque no hizo caso al informe que escribimos en su momento. Deja posibilidad de presión sobre el sistema, en este caso a las familias, que en mi opinión es excesiva. Dota de herramientas, pero continuamos con la manos atadas a la hora de hacer planteamientos. Como directores, reclamábamos una actuación mayor. No está claro cuál es el marco de actuación. Si yo me paso, hay quien me pide cuentas y me parece muy bien. La situación ha cambiado. La educación básica es obligatoria hasta los 16 años y estudia prácticamente todo el mundo. Pero antes venía un padre y aconsejaba al profesor dar dos bofetadas al hijo y, ahora, inmediatamente te denuncian.
S. M. En el caso extremo de tener que expulsar a un alumno, hay que prevenir antes de llegar a eso. Fomentar la convivencia.
G. P. Hemos de llegar al punto medio, ser permisivos y autoritarios. Llegar a acuerdos. Los hijos han de asumir las consecuencias de sus actos. Y los padres deben enseñar a respetar. Al final, en el día a día, cuando un profesor llega a clase, se arremanga y se gana el respeto, no hay tanto conflicto como cuando los profesores aplican el decreto ley: "porque yo lo he dicho".

EL PROFESOR COLEGA

V. B. Para nada.
G. P. Y los padres, tampoco.
S. M. No es que sean amigos, pero deben hacer caso a los alumnos. Cuando un compañero dice porqué hay que hacer esto y se le dice que el reglamento del centro está redactado por nosotros, lo hace. No porque lo impongan.
V. B. Me parece bien, pero hay que asumir que la relación formal de alumno/profesor ha cambiado. Ni el profesor puede volver a ser figura impositiva ni puede recuperarse el modelo del colegueo, agotado hace años, y que tuvo su momento histórico y sus motivos. Hay profesores que tienden a una cierta imposición entre comillas -en el sentido de que la figura impone autoritariamente- y otros, que sin el colegueo de los ochenta, tienen más proximidad con el alumno, por edad o carácter, por conexión. Creo que llegaremos a un modelo intermedio. Por otra parte, los actos que se hacen tienen consecuencias y eso el alumno de hoy en día no lo entiende.
S. M. No estoy en contra de un profesor con autoridad, pero con límites. Prefiero un profesor guay, que te dé confianza, a que te imponga y haya que respetarlo porque sí. Aprendo más del que me hace partícipe que del que echa el rollo y luego se va.
S. M. Decir que ahora nos hemos hecho vagos es la respuesta fácil al fracaso escolar. La educación no sólo es responsabilidad de los padres, sino también de toda la sociedad. Si un alumno no tiene ganas de ir al centro, o no se lleva bien con los profesores, y no siente ese proceso de educación que está viviendo, deja de acudir. Se nos tiene que dar confianza.
G. P. Antes, para aprender o ibas al colegio o no sabías. Pero ahora la vida te ofrece muchos mecanismos para aprender. Todo lo que te tengan que enseñar te lo encuentras en un ordenador. La formación del profesorado en nuevas tecnologías es muy importante.
V. B. Continúa habiendo una parte de transmisión del conocimiento que no se perderá nunca y, sobre todo, la capacidad de selección, de elegir información que está al alcance de casi todos, ayudar a seleccionar, focalizar. Y eso se puede ligar perfectamente con la cultura del esfuerzo del que hablamos. Lo que hay que exigir es una respuesta que esté basada siempre en el trabajo personal. Sin codos, no hay éxito educativo. El ambiente que se respira en la sociedad es que "ya me lo darán hecho", y así no vamos a ningún lado.
S. M. Pero el profesor debe motivar al alumno para que no baje los trabajos de internet.

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El portavoz de los directores de los institutos de Secundaria, Vicent Baggetto; la presidenta de los padres de alumnos de la escuela pública, Gemma Piqué, y la de la Federació d'Estudiants, Sofia Mangiagli, han analizado en un debate organizado por L

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Imagen del personal del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde falleció una doctora agredida en un centro de salud. Saturnino Espin EFE

En los últimos cinco años se han contabilizado más de 2.000 agresiones a médicos en toda España. En ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel.

Una enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y educativos, algo que la jurisprudencia ya venía recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, calificó este cambio como "el logro más importante en la lucha contra esta lacra" cuando presentó en marzo los últimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un Observatorio Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los años, muchas fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades autónomas -Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla y León- han aprobado leyes que así lo prevén, según Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.

Becerra dice estar contento y a la vez disgustado con la reforma. Contento porque las denuncias ante una agresión a un médico van a ser tratadas de forma homogénea, considerándolas delito y con pena de cárcel para el agresor. Y disgustado porque "se ha dejado pasar la oportunidad de hacer una ley específica" que incluyera también las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones. "No incluirlo de alguna manera supone que se permite la gratuidad del insulto al médico", señala.

No solo los sanitarios quedarán más protegidos. La Fiscalía General del Estado considera desde 2008 que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos penales. Así lo estableció en una circular para las fiscalías de toda España. Ya distintas comunidades autónomas han impulsado normativas para proteger a los docentes públicos. Madrid abrió el debate en 2009. Le siguieron La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La Lomce incluye a directores y profesores como "autoridad pública" y reconoce que su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.

El cambio en el Código Penal apuntala así una realidad que ya se venía reconociendo. "En los últimos años se han producido un gran número de sentencias en las que se ha condenado por el delito de atentado a padres y alumnos"; señala la abogada Carmen Perona en su libro Práctica docente. El Derecho en defensa de tus derechos, publicado por CC OO.

"Ser autoridad en el Código Penal supone también responsabilidades. Si un docente da un cachete, por ejemplo, se considerará ahora delito de lesiones. Dirigirse a un alumno con un '¡Cállate, gordito!' era una amonestación administrativa y ahora es un delito contra la dignidad de la persona", explica Perona. Para Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato educativo ANPE, el cambio es "importante pero no suficiente". "Hay que mejorar los protocolos de intervención e implicar a profesores, familias y autoridades. Hacer pedagogía y evitar estos casos".

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Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con cuatro años

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En los últimos cinco años se han contabilizado más de 2.000 agresiones a médicos en toda España. En ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar.

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Comienza el nuevo curso escolar y reaparecen opiniones sobre la situación que se vive en las aulas, describiéndola en términos preocupantes, como marcada por la violencia psíquica y física que ejercen los alumnos hacia sus profesores, concluyendo que la situación es insostenible. A continuación, se proponen soluciones, la principal de las cuales es reintegrar de nuevo al profesorado la autoridad perdida, reforzando su poder sobre los alumnos. El lector se plantea dos cuestiones: ¿Qué situación se está viviendo en los centros educativos? ¿La solución necesaria es la recuperación de la autoridad perdida y su refuerzo entre el profesorado?

Podemos consultar el amplio estudio que en el curso 2007-08 llevó a cabo el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar; en él participaron 301 centros de Educación Secundaria de todo el Estado, 23.100 alumnos/as y 6.175 profesores. Su elaboración, concreción de preguntas, aplicación y elaboración de conclusiones se llevó a cabo por consenso de las diecisiete Comunidades Autónomas y de los representantes del Ministerio de Educación.

La situación que describe el estudio puede calificarse de buena, aunque persisten problemas que es preciso abordar a fondo. La mayoría del profesorado y del alumnado (entre el 85 y el 90%) valora positivamente el clima de convivencia que hay en el centro y las relaciones entre alumnos, entre profesores y de ambos entre sí. El profesorado considera que su trabajo es importante, se siente orgulloso de trabajar en su centro, valora como muy alta la calidad de las relaciones que mantiene con sus compañeros y piensan que son bien valorados y apreciados por sus alumnos. Parecida opinión mantienen los alumnos respecto de sus relaciones con los compañeros, los vínculos de amistad que mantienen con otros compañeros y el buen nivel de integración existente.

Pero también pone de manifiesto problemas de convivencia; la mayoría de los profesores mantienen una relación difícil con otros sectores no profesionales y más del 10% manifiestan que dejarían la profesión si pudieran. Asimismo, un 15% del alumnado desearía cambiar de centro y destaca sus dificultades para una buena relación con otros compañeros. También hay dificultades de relación entre los distintos sectores educativos. Un 1,5% del profesorado dice haber sufrido con frecuencia o muchas veces insultos por parte del alumnado y un 0,6% haber sido objeto de agresiones físicas. En cuanto a la interacción de las familias con el profesorado, el 0,7% reconoce haber recibido con frecuencia un trato ofensivo por parte de los padres y un 0,2% habérselo dado a los padres. Pero, aun siendo poco frecuente el trato ofensivo entre familias y profesorado, la violencia entre ambos es especialmente significativa e indicadora de un déficit muy grave en la tarea educadora.

Como obstáculos importantes para la convivencia en los cense detectan, además del acoso entre iguales, las "conductas disruptivas" que llevan a cabo los alumnos hacia sus profesores: hablar en clase, interrumpir al profesor, levantarse y desplazarse por el aula, no llevar el material necesario para la actividad, contestar inadecuadamente al profesor, etc.; estas conductas no son consideradas como importantes por lo alumnos, pero son las que más preocupan al profesor y las que más inciden en su moral y motivación profesional.

¿Los problemas son de falta de autoridad, de permisividad del centro o de algunos profesores? ¿Se solucionarían con más "mano dura", incremento de las sanciones y refuerzo del poder del profesorado? Como siempre en educación, el problema es complejo, en él inciden varias variables y precisa soluciones complejas, sin simplificaciones que no llevan a ninguna parte.

Estas conductas de los alumnos en las clases son síntoma de problemas más profundos e importantes y, sólo si se abordan desde su complejidad, encontrarán solución. Centrarse únicamente en el refuerzo de la "autoridad" del profesorado es utilizar un tratamiento sintomático, pero no causal, de los problemas.

Un análisis de las situaciones conflictivas en las clases nos muestra que tienen lugar, sobre todo, en la educación secundaria y, dentro de ella, en 2º y 1º de ESO; tres de cada cuatro incidentes están protagonizados por alumnos y uno por alumnas; dos tercios de los alumnos disruptivos son repetidores, lo que muestra que es un fenómeno asociado al fracaso escolar; una cuarta parte del alumnado acumula el 70% de las sanciones, el mismo porcentaje que se da entre el profesorado a la hora de sancionar, ya que un 75% del mismo apenas tiene problemas; no todas las asignaturas suscitan similares problemas, que se acumulan más en unas que en otras, y están muy vinculados a la metodología y recursos de estos profesores; por último, influyen claramente factores organizativos, con más frecuencia disruptiva a principio de curso, los primeros días de la semana y, según el recreo, a últimas horas de la mañana.

Estas conductas disruptivas son síntoma de problemas más profundos. En primer lugar, de la inadecuación de los contenidos curriculares a los intereses y niveles de los alumnos: sobrecarga en contenidos, academicismo, primacía del currículo sobre los intereses y preocupaciones de los alumnos; así, en el estudio del Observatorio un 34% del alumnado manifiesta no entender la mayoría de las clases y un 67% que éstas no despiertan su interés.

En segundo lugar, el sistema educativo aún no ha encontrado cómo tratar eficazmente la diversidad de los alumnos; en épocas anteriores sólo estudiaban determinados grupos de alumnos y había itinerarios para encauzar a los buenos, los menos buenos y los malos estudiantes. Ahora, la educación atiende a todos, chicos y chicas con distintos intereses, motivaciones, actitudes, etc.; la rigidez del currículo, la inflexibilidad de los programas, la uniformidad de las enseñanzas son todavía obstáculos importantes que impiden la adecuada atención a la diversidad del alumnado.

En tercer lugar, la organización de los centros de secundaria es la misma que atendía a alumnos seleccionados y motivados. Un ejemplo, el profesorado se organiza por departamentos didácticos, cuando los problemas se concentran en grupos concretos de 2º A o 1º C; ¿Cuándo se reúne el profesorado que da clase a estos alumnos para analizar estas situaciones y establecer criterios comunes de actuación, ya no organizados por asignaturas? No hay espacio ni tiempo previstos para ello.

En cuarto lugar, y no menos importante, la falta de formación para abordar estas situaciones que caracteriza al profesorado de secundaria. Con una pésima formación inicial, la mayoría tiene que llevar a cabo un aprendizaje de "ensayo y error", aprendiendo sobre la marcha y en solitario cómo hacer frente a estas situaciones.

Tantos variados factores, que explican las dificultades para dar clase hoy en secundaria, no pueden reducirse a una simple falta de "autoridad". Es cierto que estas situaciones afectan profundamente al profesorado y minan su motivación. Y es preciso apoyar todo lo posible a los profesores, especialmente a quienes viven mayores dificultades para impartir sus clases.

Hay medidas que corresponden a la administración educativa, dotando a los centros que más dificultades encuentran con más recursos humanos y materiales e introduciendo los cambos normativos necesarios. Sólo desde planteamientos de inclusión de todos, de adecuada atención a la diversidad y de garantía del éxito escolar para todos se podrán solucionar estas situaciones. Es preciso contar de verdad con los padres y madres, no verlos como peligro a evitar, sino como colaboradores necesarios e imprescindibles para la educación. Y hay que apoyar al profesorado con más formación, más trabajo en equipo, mayor facilitación de su docencia y eliminación de trabas burocráticas innecesarias.

Sobre todo hay que contar con el propio alumnado. ¿Qué papel, qué protagonismo tienen hoy los alumnos en los centros de secundaria? Frente a opiniones que pueden circular por ahí, los alumnos son los grandes ausentes del proceso educativo, sin que se cuente apenas con ellos en cuanto a valoraciones, opiniones y decisiones para la mejora de los centros. Y, por experiencia propia, mejoran mucho las condiciones y las situaciones problemáticas cuando se les da a los alumnos la oportunidad de diseñar y formar parte activa de las soluciones.

Reforzar la "autoridad" del profesorado no es solución si la medida no va acompañada de otras decisiones. No hay que olvidar que la autoridad no se otorga y concede, sino algo que se consigue y se obtiene. Además, hablando de reforzar la "autoridad" del profesorado, ¿no se están confundiendo los conceptos y se está queriendo decir que la solución es reforzar el poder de los profesores? A diferencia del poder, caracterizado por la capacidad de conseguir determinadas conductas a través de recompensas y castigos, la autoridad se basa en la capacidad de influencia, en el prestigio moral que convence a las personas para que, sin necesidad de recurrir al poder, asuman determinadas conductas.

La educación sólo es posible desde la autoridad moral del profesorado; desde el poder es muy difícil, por no decir imposible, educar personas autónomas. Trabajemos por reforzar la verdadera autoridad del profesorado y por reforzarla con otras medidas imprescindibles para la mejora de nuestro sistema educativo.

Pedro Mª Uruñuela Nájera es catedrático de Filosofia e Inspector de Educación

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Opinión | ¿Han perdido la autoridad los profesores?

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¿Han perdido la autoridad los profesores?. Comienza el nuevo curso escolar y reaparecen opiniones sobre la situación que se vive en las aulas, describiéndola en términos preocupantes, como marcada por la violencia psíquica y física que ejercen los alumnos hacia sus profesores, concluyendo que la situación es insostenible.

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El 73,8% de los españoles creen que los profesores no tienen toda la autoridad que necesitan y el 51,8% opina que deberían ser considerados como autoridad pública, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero y hecho público este miércoles. Los principales problemas del colectivo son, según recoge el CIS, la falta de disciplina de los alumnos (32,5%), el número de estudiantes por aula (28,9%) y la falta de interés de los alumnos (28,8%). Para solucionarlo, prosigue el barómetro, la ciudadanía opina que hacen falta más recursos materiales y técnicos (22,3%) y dotar al profesor de más autoridad (21,4%).

Además, el 62,4% de los encuestados ven poco o nada motivados a los profesores españoles, una situación que achaca principalmente a la crisis económica y a los recortes (19,8%), aunque también consideran atribuible a la falta de respeto que les muestran los alumnos (13,6%) y al poco prestigio social que tiene la profesión (12,8%).

Mejorar la formación
También hay quien opina, en un 11,3% que convendría proporcionar más recursos de formación continua al profesorado y, en un 10,9%, mejorar los criterios de selección para acceder a carreras y puestos docentes.

La mitad de los entrevistados (53,2%) opina que la imagen del profesorado ha empeorado en los últimos diez años, y todo ello a pesar de que se trata de la segunda profesión más valorada por los españoles tras los médicos (81,58%). El 41% de los padres y el 39% de los alumnos tienen una imagen regular del colectivo docente. Solo un 3,2% de los padres y un 1,2% de los alumnos la tienen muy buena.

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La mitad de los españoles creen que el maestro debe ser autoridad pública

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El 73,8% de los españoles creen que los profesores no tienen toda la autoridad que necesitan y el 51,8% opina que deberían ser considerados como autoridad pública, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero y hecho público este miércoles.

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A partir de ahora, que los alumnos respeten a su profesor va a ser un poco más fácil. Y es que, desde hoy, los educadores son considerados como "autoridad pública". Eso quiere decir que se les otorga presunción de veracidad y que si un alumno o un padre les agrede, tendrán que responder por un delito de atentado a la autoridad, castigado con penas de cárcel de entre 2 y 4 años de prisión. Una reivindicación histórica del sindicato de profesores ANPE ante el aumento de la violencia en las aulas.

El curso pasado, 3.339 docentes denunciaron ser víctimas de agresiones verbales o físicas. 171 de esas agresiones tuvieron lugar en Andalucía, en todos los niveles educativos. La ANPE reclama que la medida vaya acompañada de una dotación económica para que se pueda asistir legalmente al profesorado. Y pide, además, que se baje la ratio en las clases y se sustituyan las bajas de los docentes.

Aunque la LOMCE ya está en vigor, no será efectiva hasta el próximo curso. Sin embargo, calificar al profesor como autoridad ha sido de aplicación inmediata

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Los profesores pasan a ser considerados autoridad pública

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A partir de ahora, que los alumnos respeten a su profesor va a ser un poco más fácil. Y es que, desde hoy, los educadores son considerados como "autoridad pública".

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Concentración de protesta en un instituto de Córdoba tras la agresión a un profesor - rafael carmona

Los dramáticos según el sucesos del Instituto Joan Fuster de Barcelona han reabierto el debate sobre si la pérdida de autoridad de los docentes trae implícita un aumento de la violencia en las aulas. Al margen de hechos excepcionales, la realidad es que, informe del Defensor del Profesor del sindicato independiente Anpe, en el curso 2013-2014, las denuncias de agresiones de alumnos a profesores se han incrementado un 1% respecto del anterior.

La defensora del profesor, Inmaculada Suárez, reconoce que "aunque lo de Barcelona es un caso aislado, sí que es verdad que la pérdida de autoridad del profesor tiene que ver con la creciente dificultad para mantener el orden en las clases de los colegios españoles. La falta de respeto que se vive en las aulas es cada vez más generalizada". Hoy por hoy, dice Suárez, "el alumno no admite que el profesor le pueda llamar la atención".

Aunque muy llamativas, las agresiones de los alumnos a los profesores suponen solo el 7% de los incidentes. Más preocupantes son esas faltas de respeto, que alcanzan el 27% de los incidentes, y que según Suárez "generan un gran estrés al docente"; sobre todo, dice, "cuando este no se ve apoyado ni por la dirección del centro ni por la inspección, que no quieren problemas. En teoría, tenemos leyes que dotan de autoridad al profesor, pero en la práctica no se cumplen".

Padres más agresivos

Pero los alumnos no son los peores. Asombrosamente el mayor número de agresiones a los profesores corresponde a los padres (28%). "Ven al profesor como un enemigo, no como un colaborador. Quieren ser amigos de sus hijos, no sus padres, y no se dan cuenta de que desautorizar al profesor acaba volviéndose contra ellos. Necesitamos una reflexión colectiva como sociedad", afirma Suárez.

Con esta necesidad de plantearnos qué educación queremos para nuestros hijos, coincide María Antonia Casanova, profesora de la Universidad Camilo José Cela y Directora de Formación del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. "El problema de la violencia en las aulas, que afortunadamente no está en absoluto generalizado, desborda el ámbito escolar. Los padres también han perdido autoridad porque quieren dárselo todo hecho a sus hijos y con eso solo se consiguen personas inmaduras. El niño pide límites y pautas. El ser todos colegas no funciona", dice Casanova, que descarta que la solución tenga que venir de más legislación.

"No hacen falta más normas, ya tenemos la Lomce, los planes de convivencia, de diversidad, consejos escolares... Lo que necesitamos es una educación integral, aprender a vivir juntos", concluye.

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Los profesores denuncian su pérdida de autoridad ante los alumnos

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Los dramáticos según el sucesos del Instituto Joan Fuster de Barcelona han reabierto el debate sobre si la pérdida de autoridad de los docentes trae implícita un aumento de la violencia en las aulas.

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dio ayer el visto bueno al decreto que desarrolla la Ley de Autoridad del Profesorado, lo que convierte a esta región, según palabras del consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, en pionera a la hora de regular una normativa de estas características, dirigida exclusivamente al profesor. Leyes como ésta ya están implantadas en otras seis comunidades autónomas, aunque aún ninguna las ha regulado.

Con este decreto se trata de homogeneizar las medidas educativas correctoras o disciplinarias, así como las conductas infractoras, para que todos los centros educativos, ante la misma falta o hecho, apliquen la misma respuesta.

Uno de los puntos que destacó el consejero es la "presunción de veracidad del docente". Y es que, según Marín, "la protección a los profesores no resta garantías jurídicas contra los alumnos, ni implica un menoscabo o castigo a los mismos". A partir de ahora, cuando el profesor consiga recuperar su autoridad, "tendremos unos alumnos más motivados en las aulas".

El decreto contempla la realización de tareas educativas en función de la gravedad de los hechos. En el caso de que haya daños materiales, el alumnos, o en su defecto los padres, correrán con el coste económico de su reparación.

Aulas hospitalarias

El consejero de Educación también anunció de la puesta en marcha para el próximo curso de tres nuevas aulas hospitalarias en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, de forma que se garantice a los niños hospitalizados el derecho a la educación y complementa así un servicio que ya se presta en otros dos hospitales de la región, los de Guadalajara y Albacete.

Por otro lado, Marín anunció que se ha tomado en conocimiento por parte del Consejo de Gobierno el decreto que regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la región; son 8.121 alumnos con necesidades de educación especial los que se atienden en Castilla-La Mancha por parte de más de 1.034 especialistas.

Además se han implantado siete aulas para niños con trastorno del espectro autista (TEA), durante este curso académico.

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno de ayer, según explicó el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, hacían referencia a la Ley de Adecuación de Procedimientos Administrativos, que va a reducir en un 43 por ciento los trámites de la administración.

De esta forma, de las 209 gestiones que se regulaban en la ley anterior, ahora se pasa a 112.

Destacó la importancia de que esta Ley recoja el "silencio administrativo positivo", como regla general, en la contestación de cualquier trámite a los ciudadanos. Si antes tenían silencio negativo 177 procedimientos, ahora se reducen a 74.

También se tomó en consideración la orden que regula las bases para la concesión de ayudas a la contratación colectiva de los seguros agrarios.

Se aprobó, además, la convocatoria para 2013 de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de atención a infancia y familia, de las que en 2012 se beneficiaron más de 5.000 familias y 2.500 menores.

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La Junta, pionera en desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dio ayer el visto bueno al decreto que desarrolla la Ley de Autoridad del Profesorado, lo que convierte a esta región, según palabras del consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, en pionera a la hora de regular una normativa de estas características, dirigida exclusivamente al profesor.

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El Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha tiene la "esperanza" de que la Ley de Autoridad del Profesorado de la comunidad autónoma sea aprobada por unanimidad mañana en el pleno de las Cortes regionales. Así se pronunció ayer en rueda de prensa su portavoz, Francisco Cañizares, quien aseguró que si sucede lo contrario, sería "bastante incompresible". El pasado 25 de abril la Comisión de Educación y Ciencia de las Cortes aprobaba dicho proyecto de Ley, en el que se incluían nueve de las 25 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, rechazando 15 y transando una. Así, Cañizares se motró esperanzado de que la ley salga por consenso, después de que el PP aceptara buena parte de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, haciendo un esfuerzo por incluir estas cuestiones, por lo que "esperamos que se apruebe por unanimidad". En rueda de prensa, Cañizares criticó a los socialistas por llevar al próximo pleno de las Cortes temas que se han visto en sesiones plenarias recientes como es la Universidad de Castilla-La Mancha, el desempleo en la región, la ordenación del transporte público o la gestión público-privada de hospitales. Esta actitud de los socialistas indica, a su juicio, que el PSOE va "con el piloto automático" y "la ley del mínimo esfuerzo" y demuestra la "debilidad" de la organización.

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El Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha tiene la "esperanza" de que la Ley de Autoridad del Profesorado de la comunidad autónoma sea aprobada por unanimidad mañana en el pleno de las Cortes regionales. Así se pronunció ayer en rueda de prensa su portavoz, Francisco Cañizares, quien aseguró que si sucede lo contrario, sería "bastante incompresible".

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Un docente da clase en una escuela - roldán serrano

El Grupo Socialista e IU creen "innecesaria" la ley de Autoridad del Profesorado, con la que la Consejería de Educación pretende blindar a los docentes con la presunción de veracidad ante posibles casos de conflicto en las aulas, y anuncian ya que la norma no tendrá el voto favorable de ambas formaciones en el pleno de las Cortes, mientras que el PP valora que sale un "buen texto" para la protección y reconocimiento de las personas dedicadas al servicio público de la enseñanza.

El proyecto de ley de Autoridad del Profesorado llega al pleno de la Cámara este miércoles -9 de abril- sin acuerdo con la oposición mayoritaria, aunque con una tercera parte de las enmiendas de UPL, cuyo procurador votó a favor en la Comisión, y del Grupo Socialista pactadas, mejoras que valora la portavoz de Educación del Grupo Popular, Isabel Blanco, pero "insuficientes" para el socialista Fernando Pablos, mientras que José María González (IU) rechaza de plano el texto y va más allá, al hablar de que se presenta a los docentes como "policias".

Pablos explica que ese reconocimiento está en la LOMCE del Ministerio de Educación y no se precisa tal texto, al tiempo que apunta a la compleja definición de autoridad pública. El socialista pregunta si alguien que tiene un contrato temporal o está en la concertada se le puede dar esa categoría o por qué no se incluye a directores y personal de los centros que no sean profesores. Desde la "mejor valoración" para los docentes, considera que la autoridad se debe vincular a un proceso de "selección objetiva, de compromiso público y a un papel estable del profesorado".

Además, expresa el temor de que la ley cree "falsas expectativas en la resolución de conflictos" cuando en su opinión "no se van a cumplir y no va a aportar mucho", si bien destaca que se incluya la asesoría jurídica, aunque recuerda que los conflictos en las aulas son "bajísimos" en Castilla y León, como señalan las cifras de la Consejería de Educación.

Fernando Pablos considera que las mejoras introducidas, aunque las valora, son "insuficientes" y recuerda los recortes realizados en el ámbito de la Educación de Castilla y León, que Isabel Blanco rebate porque entiende que no es el objetivo de esta ley, si bien defiende que haya más medios. Tampoco comparte la procuradora popular que se convierta a los profesores en policías, como señala González. "Su carácter de autoridad se ciñe al ámbito educativo, no pueden poner multas en la calle", precisa en declaraciones recogidas por Ical.

Aunque la ley remitida por el consejero Juan José Mateos no recibió ninguna enmienda a la totalidad de la oposición, Blanco afirma que en la práctica las parciales pueden tener esa consideración porque la inmensa mayoría -en especial las de IU- están orientadas a suprimir artículos. Para la procuradora, la tramitación deja una buena norma porque el debate se inició con "dos proyectos antagónicos"

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PSOE e IU ven "innecesaria" la ley de Autoridad del Profesorado

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El Grupo Socialista e IU creen "innecesaria" la ley de Autoridad del Profesorado, con la que la Consejería de Educación pretende blindar a los docentes con la presunción de veracidad ante posibles casos de conflicto en las aulas, y anuncian ya que la norma no tendrá el voto favorable de ambas formaciones en el pleno de las Cortes, mientras que el PP valora que sale un "buen texto" para la protección y reconocimiento de las personas dedicadas al servicio público de la enseñanza.

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La Ley de Autoridad del Profesor, cuyo borrador pretende presentar el Gobierno de Aragón antes de final de año, no cuenta con el respaldo unánime de los propios docentes. De hecho, solo uno de los cinco sindicatos que conforman actualmente la mesa sectorial de la escuela pública, se muestra abiertamente a favor del decreto. El resto o lo rechaza o considera que tiene contraindicaciones que pueden resultar peligrosas para los propios docentes.

La ley, por la que el profesorado pasará a contar con la consideración de autoridad pública y, por consiguiente, gozará de presunción de veracidad en caso de conflicto que afecte a la convivencia escolar, sí convence a CSIF. "Estamos a favor porque, entre otras cosas, de cara a la opinión pública, viene a reforzar la figura del docente, a la que se dota de presunción de veracidad", incidó José Ramón Serra, que aseguró que el decreto "sí cuenta con el apoyo del profesorado" aunque reconoció que "puede que no sea de forma unánime",

RECHAZO Y DUDAS A partir de ahí, las dudas o el rechazo frontal. Esta última postura es la que adoptan CGT y STEA, que ya han dejado claro en reiteradas ocasiones que están en contra de la futura ley. "La autoridad se gana en el aula y no la vemos necesaria", expuso Manuel Zamarreño, de STEA, que apeló a la existencia del Acuerdo de Convivencia, firmado en 2008 y que contó con el respaldo unánime de todos los sindicatos y resto de comunidad educativa. "Eso sigue vigente y la Carta de Derechos y Deberes, aplicada al final del curso pasado, se incluye en ese acuerdo marco. Si no le gusta al actual Ejecutivo, que lo denuncie, pero nosotros no podemos apoyar esa ley que no sabemos cómo será cuando está vigente otro texto que en el que trabajó mucha gente".

En este sentido también se expresó Enrique García, de CGT, que reconoció ser "muy crítico" con la consideración de autoridad pública al profesorado. "Se va a judicializar la docencia y eso no va a resolver los conflictos que se producen en las aulas ni mejorará la convivencia", subrayó. Además, García abogó por otras soluciones como "educadores sociales" en lugar de "crear un estatus similar al de la Policía Local porque eso no gana el respeto de los alumnos".

Tampoco CCOO y UGT lo tienen del todo claro. Su postura descarta la oposición frontal a la ley, pero supeditan su decisión final a la redacción definitiva del texto y, sobre todo, a la adopción de otra serie de medidas. "Una ley sin aplicar otras medidas de consolidación real de la autoridad del profesorado no es adecuada y tampoco va a resolver problemas por sí sola", advirtió José Manuel Larrodera, de CCOO, que, además, consideró que el decreto incluiría una serie de "contraindicaciones" para los docentes. "Puede ser un arma de doble filo porque, la consideración de autoridad le protege y aumenta la sanción para el agresor, pero también en el caso de que sea el docente el condenado".

En todo caso, tanto CCOO como UGT recelan de la supuesta protección que la ley promete al maestro después de la polémica que ha sacudido estos días Madrid, una comunidad en la que ya se aplica esa ley que ahora prepara Aragón. "En vez de reforzar esa autoridad se ha recortado en sitios como Madrid, donde esa supuesta campaña de prestigio se ha convertido en desprestigio afirmando que no trabajamos lo suficiente", expuso Gloria Pardillos, de UGT que, en todo caso, admitió que su sindicato espera "receptivo" ante la redacción del texto "aunque habrá que ver en qué contexto se formula" y aclaró que "el respaldo no se da por promulgar una ley si no se resuelven, además, otros problemas que afectan a la convivencia, como la masificación de los centros".

En lo que coinciden todas las organizaciones sindicales es en exigir el mantenimiento del Acuerdo de Convivencia. "No tiene por qué afectar a todo lo acordado entonces o, al menos, no debería porque estamos hablando de algo que fue consensuado por todos", expuso Larrodera, una opinión compartida por Pardillos. "Esa ley de autoridad puede complementarla pero nunca suprimirla porque son perfectamente compatibles", sentenció.

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Los propios docentes cuestionan la ley de autoridad del profesorado

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La Ley de Autoridad del Profesor, cuyo borrador pretende presentar el Gobierno de Aragón antes de final de año, no cuenta con el respaldo unánime de los propios docentes. De hecho, solo uno de los cinco sindicatos que conforman actualmente la mesa sectorial de la escuela pública, se muestra abiertamente a favor del decreto.

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La autoridad es inexistente y busca la felicidad de los alumnos y el mínimo esfuerzo.

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Es una autoridad indirecta y liberal, centrado en el alumno. Existe una mayor participación del alumno

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Es una autoridad directa y tradicional, centrado en el profesor

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Existe poca autoridad en el profesor y se pide menos responsabilidad a los hijos.

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El profesor tiene un papel referente en la sociedad y su autoridad era incuestionable.

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Cualidad que presenta a una persona hacia los demás para hacerse respetar.