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Nueva Identidad Visual  del Poder Judicial - Perú

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Estimados seguidores: Les presentamos la nueva identidad visual del Poder Judicial, la cual forma parte de una visión orientada a reforzar el posicionamiento institucional a la par de una labor más cercana a la ciudadanía.

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PUCP - Al derecho y al revés: ¿Cómo funciona el Poder Judicial?

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En los últimos cinco años, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha atendido 662 denuncias, las cuales han derivado en 129 destituciones a magistrados del Poder Judicial. Por su parte, en los últimos cinco años, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha impuesto un total de 14,399 sanciones, de las cuales 6,274fueron dirigidas a jueces.
Como se aprecia, son dos los organismos encargados de fiscalizar y sancionar a los jueces: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

El CNM tiene como una de sus atribuciones destituir a los jueces y fiscales del Perú de todos los niveles y jerarquías, con excepción de los jueces que han sido elegidos por elección popular. Por su parte, la OCMA es el órgano disciplinario del Poder Judicial que se encarga de la investigación y aplicación de sanciones (amonestación, multa, propuesta de destitución y suspensión) por inconductas funcionales de magistrados, auxiliares jurisdiccionales y demás servidores del Poder Judicial, con excepción de los vocales de la Corte Suprema.

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Aunque las cifras indiquen que en los últimos diez años el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado en más de 132%, la realidad es que los recursos entregados a este poder del Estado resultan insuficientes para prestar el servicio de administración de justicia en condiciones idóneas. En efecto, el Poder Judicial enfrenta un serio problema de gestión por el reducido presupuesto institucional que se le asigna cada año. Por ejemplo, para el 2015 el Poder Judicial solicitó como presupuesto anual S/. 2,843 millones; no obstante, solo se le asignó S/. 1,961 millones. De igual forma, para el 2016 el Ejecutivo ha pedido S/. 1,803 millones, dejando de lado la propuesta del Poder Judicial de S/. 2,921millones; es decir, solo se solicitó al Congreso el 61% de lo requerido.

Esta situación es particularmente llamativa si recordamos que el Tribunal Constitucional ha establecido que el Ejecutivo no puede modificar el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Judicial (STC Exp. N° 004-2004-CC/TC) y que, en virtud de dicha resolución, se dictó una norma que fijó los mecanismos especiales de coordinación entre ambos poderes del Estado para fijar el presupuesto del Poder Judicial (Ley N° 28821). No obstante, en los hechos, el Ejecutivo modifica y reduce el monto solicitado.

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III.
LA DEMORAEN LOS PROCESOS JUDICIALES

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III.
LA DEMORAEN LOS PROCESOS JUDICIALES

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Uno de los principales problemas de la administración de justicia está relacionado con la demora de los procesos, la cual es justificada por las autoridades judiciales con la excesiva carga procesal.

Hemos constatado que los procesos civiles y penales demoran en promedio más de cuatro años de lo previsto. Por otro lado, los usuarios del sistema de justicia han indicado que los principales factores de la morosidad judicial son la alta litigiosidad del Estado (38%) y el retraso en la entrega de las notificaciones judiciales (27%).

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II.
CARGA Y DESCARGA PROCESAL EN EL PODER JUDICIAL

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II.
CARGA Y DESCARGA PROCESAL EN EL PODER JUDICIAL

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Cada año, cerca de 200,000 expedientes incrementan la sobrecarga procesal del Poder Judicial. A inicios del 2015, la carga que se heredó de años anteriores ascendía a 1’865,381 expedientes sin resolver. Por ello, si hacemos una proyección, tendríamos que cada 5 años un nuevo millón de expedientes se agrega a la ya pesada carga procesal.
Estas cifras demuestran algo innegable: la cantidad de juicios que se inician todos los años en el Poder Judicial so-repasa la capacidad de respuesta que tiene esta institución. Y, como es sabido, la sobrecarga trae como principal consecuencia que los procesos judiciales tarden de forma desproporcionada y que el servicio de la justicia se deteriore.
Ante esta problemática, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto en varias ocasiones la creación de nuevas salas con carácter transitorio o temporal, para así despejar parcialmente la carga de las salas titulares. Sin embargo, esto no ha contribuido a la reducción de la sobrecarga .

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I. EL PROBLEMADE LA PROVISIONALIDAD DE LOS JUECES

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I. EL PROBLEMADE LA PROVISIONALIDAD DE LOS JUECES

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Uno de los más graves problemas que aqueja al Poder Judicial es el alto índice de provisionalidad de sus magistrados. De cada 100 jueces en el Perú solo 58 son titulares, mientras que 42 son provisionales o supernumerarios .
Estas cifras revelan que un importante número de jueces que administran justicia en el Perú no han sido nombrados para ese puesto por el Consejo Nacional de la Magistratura luego de un debido proceso de selección y evaluación, sino que para cubrir las plazas vacantes

En efecto, los jueces que no cuentan con la garantía de la permanencia e inmovilidad del cargo pueden ser más vulnerables ante diversas presiones, tanto del interior del Poder Judicial como externas . La provisionalidad puede ocasionar otros problemas: que los jueces titulares terminen imponiendo sus criterios alas provisionales y supernumerarios, o que el nombramiento la permanencia de los jueces no titulares dependa exclusivamente de la voluntad –muchas veces inmotivada– de los presidentes de las cortes superiores.

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Un reciente reporte denominado "La Justicia en el Perú: cinco grandes problemas" pone en evidencia las dificultades que enfrenta nuestro sistema judicial. El informe elaborado por Gaceta Jurídica y La Ley desarrolla de manera objetiva el estado de la carga y descarga del Poder Judicial, la provisionalidad de los jueces, la demora de los procesos judiciales, entre otra data significativa. Compartimos aquí el documento completo.

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El sistema judicial al que también están integrados otros ministerios y los mismos abogados, no funciona como se requiere o se necesita pues la sentencia llega demasiado tarde, o no se ejecuta. Este problema se debe a los siguientes:

1.     El acceso fácil de los jueces al sistema: Muchos de los que ingresan a la magistratura o son promovidos a jerarquías superiores, no están bien preparados para poder ejercer bien su cargo
2.     La desorganización: Su funcionamiento no cumple las expectativas que requiere la administración de justicia. Hay normas y leyes establecidas que no son respetadas pues no basta sólo con dictar resoluciones y sentencias sino que se requiere que sean oportunamente conocidas y cumplidas como se debe.
3.     Infraestructura insuficiente: El Poder Judicial se encuentra tremendamente atrasado en cuanto a la tecnología que se requiere y a la escasez del esfuerzo necesario en este aspecto.
4.     Falta de confianza ciudadana: Como consecuencia a los problemas presentados anteriormente se da la falta de confianza por partes de los ciudadanos en el poder judicial, ya que día a día salen noticias acerca de los defectos que atraviesa el Poder Judicial.

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La corrupción judicial suprime la posibilidad de que los jueces actúen con independencia e imparcialidad, dos atributos esenciales del servicio público de justicia. Si los tribunales resuelven los litigios en base a sobornos o tráfico de influencias, y no en aplicación justa de la Constitución y las leyes, los efectos nocivos para el país se multiplican.La corrupción es un problema de gran importancia que abarca no sólo a los jueces sino también a los abogados. La corrupción puede ser de dos clases: Económica y  Política. La corrupción se da como consecuencia de las deficiencias en el Poder Judicial. La lentitud en el manejo administrativo de los expedientes judiciales da lugar a la corrupción en los diversos niveles administrativos el Poder Judicial. Un sistema procesal escrito, no concentrado y que permite que otras personas intervengan en su mecanismo provoca la demora y da posibilidad a la corrupción. Si a esto añadimos la carencia de la moral en nuestro país, la precariedad de educación y la carencia de medios efectivos de los Colegios de Abogados con respecto a sus propios miembros la consecuencia será que la administración de justicia recurra a la vía delincuencial para lograr sus metas económicas y poder subsistir.