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https://youtu.be/jnogDo1Ozaohttps://youtu.be/jnogDo1Ozao

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https://youtu.be/A5dyp6M2PVQhttps://youtu.be/A5dyp6M2PVQ

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La presidencia de Alfonsín significaba el retorno de los ideales a la democracia en paz. Su propuesta fundamental era la construcción de un Estado de derecho donde se castigase a los máximos culpables de los atroces crimines cometidos durante la última dictadura, y a partir de allí se encontrara un equilibrio en la sociedad.

Económicamente, el ministro Bernardo Grinspun llevó adelante una fórmula redistributiva que mejorara los salarios reales de los trabajadores, reactivara la economía a través de créditos a los empresarios medios y se proveyera a los sectores indigentes con los alimentos básicos para su subsistencia. Así nació el P.A.N (Plan Alimentario Nacional). También, cultural y educativamente el retorno de la democracia significó la liberta de expresión y creación.

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Dos factores empeoraron nuestra situación. Uno, que en el mundo redujeron los precios de los productos agrícolas, por lo que nosotros obteníamos cada vez menos por nuestras exportaciones. Otro, que en los estados Unidos aumentaron unilateralmente el tipo de interés que debíamos pagar por la deuda externa.

No había capitales necesarios para invertir en nuestra industria a fin de poder competir en el mercado mundial de artículos manufacturados, ni podíamos capitalizarnos al tener que pagar miles de millones de dólares anuales solamente en concepto de intereses por la deuda externa.

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Con la implementación del nuevo plan económico, se frenó la inflación instantáneamente y el pueblo le dio nuevamente su confianza. El gobierno se apropió de dinero con la aplicación de desindexación a los pagos que debía hacer por lo que tuvo cierto respiro. Con el apoyo de la gente y la promesa del gobierno de que se pararía la emisión de dinero, se congelaron los precios, tarifas públicas y salarios.

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La indignación popular iba en aumento, por lo que una de las primeras medidas de Alfonsín fue crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (decreto de diciembre de 1983). La CONADEP tenía como misión investigar y reunir pruebas sobre los secuestros, la tortura, los asesinatos, el destino de los desaparecidos-detenidos, y las prisiones secretas ilegales. Durante nueve meses reunió miles de expedientes con testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración, y de familiares y amigos de desaparecidos.

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Alfonsín estaba dispuesto a disminuir el poder de los militares, reduciendo su presupuesto y pasando oficiales de alto rango a retiro.

En diciembre de 1986 Alfonsín anunció una ley que impusiera un límite de 60 días para presentar acciones penales contra militares o policías que hubieran actuado ilegalmente en la represión. Más de 50.000 personas se reunieron en protesta por tal medida, a fin de que no se implemente, pero la ley se sancionó igual, y es conocida como Ley de Punto Final. En repudio a esta ley, las Madres de Plaza de Mayo lanzaron una campaña nacional con la consigna “Cárcel a los genocidas”: se firmaron pañuelos blancos en repudio a esta amnistía en cubierta, y se colgaron con el décimo aniversario del movimiento.

El viernes santo de 1987, el mayor Ernesto Barreiro se acuarteló en el regimiento 14. Esa misma semana santa, bajo la consigna “Subordinación y valor”, una centena de militares se embetunaron la cara en señal de guerra y bajo el mando de Aldo Rico se sublevaron en Campo de Mayo. Distintos partidos políticos firmaron un Acta de Compromiso democrático en el que admitían que “la reconciliación de los argentinos sólo será posible en el marco de la Justicia, del pleno acatamiento de la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado. Antes de fin de año el Congreso sancionó la Ley de Obediencia Debida, por medio de la cual se descargaba de responsabilidad a los oficiales de menor graduación que hubieran obedecido órdenes de sus superiores.

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La iglesia, que en 1981 había comenzado a defender la democracia, pasó a tener una creciente hostilidad hacia el gobierno radical cuando éste quiso sancionar la Ley de divorcio. La oposición fue con amenazas incluso de excomunión y manifestaciones callejeras. Se complementó la modernización de las relaciones familiares con la legislación referida a la patria potestad compartida, ya que antes pesaba principalmente la decisión paterna. A cambio, la Iglesia obtuvo un lugar privilegiado en el Congreso Pedagógico que debatía las bases de la futura ley federal de educación.

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Alfonsín sabía que los gremios eran peronistas y por lo tanto opositores. Trató de restringir su poder por medio de un mayor control de los recursos económicos, y de desplazar a los viejos sectores convocando a elecciones con supervisión estatal, pero los sindicatos resistieron la medida. La ley no pudo ser sancionada y los sindicatos siguieron bajo el control peronista.

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Tras el fracaso del Plan Austral, en agosto de 1988 el gobierno lanzó el plan “Primavera”, para llegar a las próximas elecciones del 14 de mayo de 1989 con la inflación controlada. Esta vez el congelamiento de tarifas, salarios y precios no tuvo el aval de la población ni tampoco del exterior.

Con la devaluación del peso en febrero, la carrera de los precios fue infernal, y la economía se descontroló. Después de largos períodos de alta inflación, se había llegado a la hiperinflación, donde los precios se remarcaban todos los días y a veces 2 veces en el día.

Las elecciones de mayo le dieron el triunfo al peronismo. El gobierno saliente no podía esperar hasta el 10 de diciembre: era un plazo demasiado largo, y ya se había afectado la credibilidad del equipo económico. Habían comenzado los saqueos de almacenes y supermercados por gente que estaba al borde del hambre. Raúl Alfonsín debió anticipar la finalización de su período, entregándole la banda presidencial a Carlos Saúl Menem el 8 de Julio de 1989.