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Los bellos paisajes antes de que comiencen a realizar minería.

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Estas son las consecuencias del impacto de la minería.

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Un delito penado y sancionado en nuestros dias es la minería ilegal , actividad económica informal donde se desarrolla la minería contaminante, donde no se paga impuesto y contribuye a la deforestación de la madre naturaleza, generando con ello caos, trata de personas, prostitución` infantil, delincuencia, robos y asesinatos, pues se ha comprobado que esta actividad genera muchos miles millones de dólares con ello se acrecienta la informalidad, pues mucha gente que trabaja en esta ilícita actividad su esperanza de vida se acorta , pues usan en esta actividad elementos químicos radioactivos como el mercurio ,el cadmio y el azufre por no decir uno de los tantos productos contaminantes.

Se ha establecido que esta actividad va de la mano con la tala ilegal que son negocios prósperos en un conglomerado de miles de hectáreas de bosques vírgenes , esta actividad con sus dragas y maquinarias deforestan toda vida silvestre, la flora y la fauna del lugar se erosionan con la explotación irracional, pues ha estos responsables les llamaríamos con mayúsculas TERRORISTAS AMBIENTALES , se practica en forma indiscriminado una forma exterminio ambiental ha toda forma de vida , de ecosistema y de vida natural y salvaje.

Pero aquí va la pregunta ¿ Existe el Estado en los centros donde se explota la minería ilegal ?, ¿ Que papel cumplen las fiscalías especializadas en medio ambiente ? , ¿ Será que en las zonas alejadas de frontera muchos funcionarios públicos como jueces, policías y fiscales tienen su denuncio y concesiones mineras ?, ¿ Cuanto más se contamina ?, ¿ No se respeta la constitución y las leyes ?, ¿ Cuantos sentenciados hay por dañar el ecosistema ?, ¿ Cuantos terroristas ambientales tienen actualmente pena privativa de libertad por la minería informal ?, ¿ Es una figura decorativa o una mera mesa de partes de los mineros informales el Ministerio del Ambiente ?.

Son preguntas que se le planteo al Estado Peruano y de los países de la región de América y el Mundo donde se explota y desarrolla la minería informal contaminante, pues yo lo veo como cómplice primario y responsable político y penal en no hacer casi nada para frenar esta actividad. Con los Decretos Legislativos modificados ,y los Estudios de impacto Ambiental reducidos a nada, pues veo que los mineros informales tienen más carta libre para seguir contaminando y hacerse millonarios.

La flexibilizaciòn de esta actividad también atenta contra el ecosistema, el Estado se siente impotente por no controlar esta actividad, es cómplice y víctima a la vez, pero lo más perjudicados son las poblaciones cercanas a la contaminación de relaves mineros, donde los rios que antes eran manantial hoy se convierten en veneno de aguas oscuras contaminadas.

Es por eso que en las campañas políticas o cuando hay elecciones generales muchos de estos mineros informales financian las campañas de los candidatos que postulan a la Presidencia, de la República, al Congreso , al Gobernaciones Regionales o a la Alcaldías Distritales , muchos de ellos cuando ganan y son autoridad le dan carta abierta a estos señores para que puedan desarrollar su actividad libremente a cambio de un interés particular , pues las autoridades y los mineros informales van de la mano en su estrategia de seguir trabajando juntos.

Los EIA ( Estudio de Impacto Ambiental ) se ha reducido a un Estudio Técnico Sustitutorio ( ETS ) ,con esto quita potestad al ente fiscalizador como es la OEFA ( Organismo Supervisor de Fiscalización Ambiental ) de seguir monitoreando los lugares y concesiones mineras en donde se desarrolla esta actividad ilícita, pues bueno no se ve VOLUNTAD POLÍTICA NI A CORTO , MEDIANO NI LARGO PLAZO POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL EN SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA QUE AQUEJA A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN.

En el caso peruano como lo seguía explicando falta una verdadera autoridad que se ponga los pantalones en que una verdadera formalización conlleva a un trabajo coordinada en las instancias involucradas, desde el poder Judicial , Ministerio Público , Ministerio del Ambiente , la OEFA, y otras instituciones de gobierno involucradas.

Hago un llamado de conciencia para que estas personas no sigan contaminando y explotando indiscriminadamente a nuestra madre naturaleza, pues será ella quien nos destruirá sino la respetamos, es el hombre que trae consigo una involución con sus actos de seguir contaminando a tajo abierto y sin un mayor control las concesiones mineras que dà el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas.

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¿ Como combatir la mineria ilegal en nuestros paises ?

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Un delito penado y sancionado en nuestros dias es la minería ilegal , actividad económica informal donde se desarrolla la minería contaminante, donde no se paga impuesto y contribuye a la deforestación de la madre naturaleza, generando con ello caos, trata de personas, prostitución` infantil, delincuencia, robos y asesinatos, pues

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Principal químico destructor del medio ambiente.

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El mercurio envenena a Colombia: efectos devastadores de la minería ilegal  19\09\16

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Noticia de la minería ilegal en Colombia.

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Especial: Minería ilegal, problemática ambiental y económica - Especial - El Tiempo

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Desde el espacio, a 702 kilómetros de altura, satélites de la Nasa revelan el crecimiento de un cáncer que, literalmente, se está comiendo la tierra y los ríos

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Buscamos leyes para juzgar a la minería ilegal

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Tres proyectos de ley (uno del Gobierno Nacional y dos de origen parlamentario) en manos del Congreso de la República buscan endurecer las penas y sanciones para quienes adelantan proyectos mineros no legales, y más cuando el fin de la extracción es para financiar acciones de grupos armados al margen de la ley.

(Lea: Así 'lavan' el oro de la minería ilegal en el país)

En el caso del proyecto del Gobierno Nacional, la redacción del articulado corrió por cuenta de los ministerios de Defensa, Minas y Energía y Medio Ambiente, y cuyo contenido no solo contempla fortalecer los operativos para detenciones, decomisos o destrucción de maquinaria, con multas superiores a los 5.000 salarios mínimos, sino además, ofrece el programa de formalización minera.

En materia penal, el proyecto del Gobierno Nacional reformaría el Código Penal, el cual consagra el delito por el aprovechamiento ilícito de minerales. " Estas acciones criminalizan conductas que actualmente resultarían impunes y que, sin embargo, causan un gran impacto al bien jurídico", señala el Ejecutivo en el texto.

A renglón seguido precisa el contenido del proyecto que la pena sería aún mayor "para el delito de financiación del terrorismo, cuando es fruto de actividades de minería ilegal".
Además, se incluirían los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, así como delitos base del lavado de activos, y se agravaría la pena para los de receptación, cuando la conducta sea ejecutada sobre minerales extraídos ilícitamente.

También, se habilitaría la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para los casos de exploración o explotación ilícita de minerales.

De igual forma, se le otorgarían más competencias a la Policía Nacional para suspender actividades de exploración o explotación minera sin título y el registro para los contratos de operación minera.

Iniciativa parlamentaria

Los dos proyectos de origen legislativo fueron radicados por el senador Juan Diego Gómez Jiménez y por la bancada del Centro Democrático, respectivamente.
La iniciativa presentada por el Centro Democrático pretende aumentar en una tercera parte la pena cuando la actividad extractiva ilegal afecte gravemente los recursos naturales.

Pero se incrementaría de una tercera parte a la mitad cuando la destrucción parcial o total de un ecosistema se realice con fines terroristas.

"Tras el estudio de los antecedentes citados en la lucha contra la minería ilegal, se hace necesario modificar diferentes normas (Código Penal) así como crear nuevas instituciones que no generen mayor carga burocrática ni un impacto fiscal desmedido. Esto, para lograr mayor coordinación de las diferentes entidades llamadas a combatir la extracción ilícita de minerales en el país", señala uno de los apartes del texto.

En el mismo sentido, el proyecto de ley del senador Gómez Jiménez pide aumentar de entre una tercera parte y hasta la mitad, toda actividad ilícita minera que tenga como fina la financiación de actos terroristas.

" La iniciativa pretende fortalecer las sanciones en el ámbito penal y ambiental. En el país se viene presentando de forma continua la explotación ilícita de yacimientos, y el índice ha alcanzado niveles hasta del 63% sin tener mecanismos eficaces que detengan esta actividad", señala el senador Gómez Jiménez.

Por su parte, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), destaca los citados proyectos de ley a los que se debe acelerar su curso legislativo "con el fin de incrementar las penas para evitar la posibilidad de excarcelación de los delitos relacionados con la extracción ilícita de minerales".

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Congreso busca endurecer leyes para combatir la minería ilegal

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Tres proyectos de ley (uno del Gobierno Nacional y dos de origen parlamentario) en manos del Congreso de la República buscan endurecer las penas y sanciones para quienes adelantan proyectos mineros no legales, y más cuando el fin de la extracción es para financiar acciones de grupos armados al margen de la ley.

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La corrupción aliada de la minería ilegal.

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Hace cinco años, el presidente Juan Manuel Santos decidió crear una unidad de la Policía de Carabineros que se dedicara exclusivamente a luchar contra la minería ilegal, que en ese entonces era un monstruo que apenas mostraba los colmillos. Sus esfuerzos, sin embargo, no fueron suficientes: el monstruo se ha tragado miles de hectáreas de selva, ha contaminado a los ríos y, además, según el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, se ha convertido en el mayor financiador de los grupos armados organizados, incluso por encima del tráfico de drogas.

Por eso, hace un año se creó la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército, para que, en conjunto con la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de la Policía, ataque el fenómeno, que se calcula se ha expandido a 289 municipios del territorio nacional y su producción representa el 80 % del oro que exporta el país. De acuerdo con el comandante de la Brigada, el coronel Federico Mejía, al comenzar el trabajo se dieron cuenta de que "el centro de gravedad de la minería ilegal en Colombia es la corrupción dentro de instituciones y agencias que velan por una minería bien hecha", dice.

Desde la unidad que dirige le propusieron al Gobierno una nueva estrategia para acabar con la minería ilegal en el país, cuyo piloto se adelantará en Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca y sur de Bolívar, los lugares más afectados por este flagelo. El plan, que ya fue aprobado, articula a todos los ministerios e instituciones estatales que tienen que ver con la minería ilegal: desde la DIAN, que regula la entrada de mercurio en el país, pasando por las corporaciones autónomas regionales (CAR), los ministerios de Minas y de Ambiente y entidades como la Fiscalía y la Procuraduría.

El plan propuesto por la brigada plantea que la minería ilegal funciona como una cadena que tiene varios eslabones. "La cadena comprende tres momentos: la producción, el acopio y compra-venta, y finalmente, la comercialización", explica el coronel Mejía, quien añade que los esfuerzos deben concentrarse en la producción, pues en Colombia, "una vez el oro es extraído, es imposible de rastrear. Nosotros apenas estamos pensando en desarrollar un sistema para lograr la trazabilidad del oro, pero es costoso".

En la etapa de producción, dice, se ha atacado principalmente a las máquinas. Pero ellas son solo un eslabón de la cadena. "Identificamos varios eslabones: maquinaria, mercurio, acpm -sin el cual no se podrían mover las máquinas-, motores, dragas y cianuro en algunas ocasiones, así como plantas eléctricas para los implementos que necesitan energía, como martillos neumáticos". Para cada uno de ellos, la Brigada contra la Minería Ilegal designó un analista que durante todo el año pasado se dedicó a estudiar a fondo lo que estaba fallando.

La situación más crítica tiene que ver con la compra de mercurio. Si bien desde 2013 se dispuso que para el 2018 deberá prohibirse el uso de mercurio en todas las actividades mineras, según la DIAN, mientras en los nueve entre los nueve años que transcurrieron entre 2003 y 2012 se importaron en Colombia 902 toneladas de mercurio, entre los años 2013 y 2016 se importaron 441 toneladas.

A eso se le suma otro problema: si bien las regulaciones internacionales establecen que para almacenar este metal tóxico deben tenerse bodegas con condiciones especiales, en Colombia, ni el Ejército ni la Policía cuentan con este espacio. "Si hacemos una incautación grande de este insumo, ¿qué hacemos?, ¿dónde lo guardamos? Así de mal preparados estamos", comentó Mejía. Además, si bien la Ley 1658 o Ley del Mercurio ordenó crear un "Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados", conseguir mercurio sigue siendo tan fácil como comprar cualquier otro producto.

El segundo de los eslabones que preocuparon al grupo que dirige el coronel Federico Mejía tiene que ver con el Acpm, clave para que la minería siga marchando. Es simple: sin combustible, las máquinas no se mueven. Mejía comentó que los analistas de la Brigada les hicieron seguimiento a los 12.589 galones de diversos combustibles que se incautaron en el país en el pasado mes de enero. "Todos fueron regresados a las personas que lo transportaban, después de haber registrado la incautación", explicó Mejía, quien añade que "lo ilegal no es el acpm, es la distribución irregular del mismo", señala el coronel.

De hecho, por la devolución de 3.000 galones de acpm, la Fiscalía le abrió una investigación al inspector de Policía de Caucasia. El funcionario se escudó, señaló la Fiscalía, en que la procedencia del combustible era lícita, desconociendo que, en el momento de la incautación, el acpm estaba surtiendo a frentes de explotación ilícita de oro. "Ellos se hacen los de la vista gorda porque saben que ninguna institución mira cuál es la disposición final del elemento. Se contentan con la foto del resultado pero por el contrario se devuelven los elementos", le dijo a El Espectador.

Además, existe evidencia de que, presuntamente, las necesidades de quienes hacen minería ilegal podrían alterar la cantidad de combustible que solicitan ciertos municipios cercanos a puntos claves para la minería criminal. Es el caso, presuntamente, de Tadó, en Chocó. En este poblado, con menos 20.000 habitantes, cinco de las ocho estaciones de gasolina han solicitado 27.278 galones en lo que va del año. ¿Quién usa ese combustible? La respuesta, cree el Ejército, son quienes están detrás de la minería ilegal.

Por último, está el tema de la maquinaria y de las dragas. Uno de los interrogantes más grandes es qué tan efectiva ha sido la estrategia de destruir las máquinas. Mejía cuenta que "con la venta de autopartes están recuperando las máquinas. Metí a un infiltrado en el mercado de autopartes aquí en Bogotá y lo que encontramos fue que ellos pueden vender las partes de las máquinas destruidas. Algunas autopartes entran por la frontera con Brasil. Una máquina nueva les cuesta $400 millones, pero para ellos es más rentable una máquina usada y vieja, que les cuesta entre $200 y $300 millones".

Además, les sorprendió la "capacidad" que tienen estas enormes máquinas de "ocultarse" en las carreteras del país. De hecho, el año pasado solo se incautaron seis. "¿Qué pasa en las carreteras de Colombia que nadie las ve? Desde 2012, este tipo de maquinaria debe contar con un registro que, al parecer, nadie les pide. Sospechamos que hay un grave problema de corrupción en este aspecto. A eso se suma que en buena parte de los municipios mineros, los alcaldes son quienes están expidiendo las autorizaciones para dejar entrar la maquinaria", cuestiona Mejía.

Con las dragas ocurre una historia similar. "¿Cómo puede explicarse que el río Quito, en Chocó, haya entre 30 y 40 dragas en todo su curso, cuando hay un puesto marítimo y una inspección fluvial sobre su cauce?", aduce Mejía. La situación, asegura, se repite en ríos y riachuelos de todo el país. En este punto, el Ministerio de Transporte juega un papel fundamental, pues es esta entidad la que debe autorizar la existencia y el paso de las dragas por vía fluvial.

Lo más grave es que esta falta de controles sobre los insumos de la minería ilegal no solo propicia su expansión, sino que enriquece a los actores armados ilegales de las zonas donde esta se desarrolla. "Las estructuras como el clan del Golfo viven de minería ilegal y cada insumo paga", dice el comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal. Y añade que, por ejemplo, la mensualidad para mantener máquinas operando en una mina -legal o ilegal- sería de $7 millones, y el solo hecho de llevar un nuevo equipo costaría $8 millones. Además, cobrarían $700.000 por cada caneca de acpm que entra a las zonas, así como por el mercurio.

Mientras se ejecuta esta nueva estrategia, la minería ilegal sigue comiéndose las orillas de los ríos y sigue alimentando las arcas de los actores armados ilegales, que según datos de 2011, son dueños de por lo menos la mitad de las minas del país. Asimismo, el informe para el 2016 de la Iniciativa Global contra el Crimen Trasnacional reportó que en el país existen por lo menos 44 redes criminales involucradas en esta actividad. La tarea que se viene por delante resulta clave; si no, el monstruo que hace tan solo cinco años mostraba los dientes, podría engullirse los ríos y selvas del país.

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Corrupción: la aliada de la minería ilegal | ELESPECTADOR.COM

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Hace cinco años, el presidente Juan Manuel Santos decidió crear una unidad de la Policía de Carabineros que se dedicara exclusivamente a luchar contra la minería ilegal, que en ese entonces era un monstruo que apenas mostraba los colmillos.

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- Se busca crear leyes para combatir la minería ilegal.
- Tener más permisos para el uso adecuado del mercurio.
- Más control policial y aduanero contra el transporte y uso de estos químicos.
_ Efectividad de la justicia y multas millonarias.