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La adopción de diversos modelos económicos con el objetivo de reorientar la política económica en México ha provocado desequilibrios en el crecimiento y la distribución interna de la riqueza, puesto que el control del entorno macroeconómico en nuestro país, ha rezagado diversos indicadores de bienestar social, ocasionando el incremento de la pobreza y desigualdad.

Si bien se ha buscado compensar de alguna forma el deterioro en las condiciones de vida en nuestra población, los alcances han sido insuficientes en medida que las mismas políticas económicas imponen límites que obligan a focalizar el gasto público hacia poblaciones objetivo, dejando a una gran proporción en un estado de vulnerabilidad.

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Tras periodos prolongados de crisis económicas desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los gobiernos mexicanos han tenido que enfrentar situaciones complicadas en distintos rubros, donde podemos observar el campo energético, la baja demanda de metales en el exterior, el sector manufacturero y de transportes, la falta de integración del sistema productivo y de mercado, la dependencia tecnológica y sobre todo, la deuda externa de la nación.

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Una de las respuestas de los gobiernos, particularmente a partir de los años 80’s, fue la adopción de un nuevo modelo económico: el neoliberalismo. Este sistema planteó como principio la desaparición o reducción de la intervención del Estado. México inserto en el contexto económico de la globalización por lo que tuvo que enfrentarse a la competencia cada vez más amplia de otras economías. Esto se vio reflejado en la necesidad de establecer tratados internacionales con otros países.

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La economía mexicana dejó de crecer y el Estado tuvo que incrementar la solicitud de préstamos monetarios en el extranjero lo cual contribuyó a una situación de déficit y de endeudamiento público. Con el pasar de los años la población resintió los efectos de una economía débil y cada vez resultó más complicado para el gobierno mantener la situación económica. De tal forma que el escenario interno aunada al contexto internacional provocó una situación de crisis económica en México.

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Al paso de las décadas la economía mexicana comenzó a estabilizarse. En el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas se incrementó el reparto agrario. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, una de las tendencias adoptadas fue la búsqueda del desarrollo de la industrialización y establecer el sistema de sustitución de importaciones, promoviendo el consumo de productos nacionales, cobrando un mayor índice de impuestos a los productos del extranjero.

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Con el estallido de la guerra revolucionaria la economía del país disminuyó, no obstante, no se paralizó del todo, algunas regiones como la zona norte y centro se mantuvieron ampliamente ante los efectos del conflicto bélico. Finalizada la guerra civil los gobiernos de la posrevolución, se dedicaron a tratar de reconstruir al país desde el punto de vista económico. México, que para entonces ya se encontraba inserto en el mercado mundial, resintió efectos económicos exteriores como la crisis ocurrida en 1929 en Estados Unidos o el descubrimiento de yacimientos petroleros en Venezuela.

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El régimen porfirista buscó impulsar reformas legales que exacerbaran el librecambismo, permitiendo mayor inversión extranjera en nuestro país, grosso modo, elimina cualquier traba estatal del comercio, como los aranceles y cuotas. El objetivo es la extensión libre del mercado nacional a las relaciones entre países, con el argumento de que las fronteras no debían invalidar las leyes económicas que dan sustento al libre mercado.

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La llegada al poder de Porfirio Díaz y su prologada permanencia en la presidencia, significaron la tan anhelada paz política del país y un amplio desarrollo económico. Se impulsaron actividades como la minería, la cual destacaba ya que, la extracción de plata facilitaba la obtención de dinero, la fabricación textil, tabaco, artesanías y comercio exterior fueron incrementando su relevancia en la economía mexicana.

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Poco se pudo lograr con tal ley, esto generó como consecuencia que prácticamente una producción agrícola de autoconsumo y cultivo en volumen que quedaba en manos de las personas ricas, quienes fueron los únicos que tenían el poder adquisitivo para comprar las grandes porciones de tierra, convirtiéndose en hacendados.

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Esta etapa se caracterizó por ciertas leyes, por ejemplo, la Ley Lerdo, que tenía como propósito la desamortización de fincas rústicas y urbanas que estaban bajo corporaciones civiles y la Iglesia, es decir, llevar a cabo la enajenación y venta de propiedades consideradas en "manos muertas", puesto que no se producía nada en manos de la Iglesia.

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La política económica adoptada en esta época fue el proteccionismo, esto quiere decir que se buscó la protección de los productores nacionales, debido a esto, se comenzó a cobrar un mayor número de impuestos a cualquier producto extranjero (aranceles). La agricultura se vio fuertemente afectada por la guerra, por ello, el Estado buscó reactivarla mediante la dotación de tierras a varios pobladores con el fin de ponerlas a producir.

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Durante este período la lucha independentista había traído consigo una situación complicada para el país. De alguna manera, se busco incentivar la inversión extranjera en la minería, la exportación de metales preciosos, tinturas naturales, productos agrícolas, medicinas y fibras vegetales, asimismo, gracias a la industralización, se buscó otorgar apoyos para la compra de maquinaria moderna.

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En concreto, la política mercantilista consiste en que si un país deseaba continuar manteniendo una posición relevante y de poderío en el contexto internacional, debía acumular grandes riquezas basadas en la acumulación de oro y otros metales preciosos como reflejo de dominio.

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Uno de los cambios fundamentales que dio lugar a una política mercantilista durante el virreinato, fue que la vigilancia, organización y explotación de recursos estaba bajo el cargo de la Corona Española, es decir, el rey sería quien debiese encargarse de supervisar y controlar cualquier actividad económica que se estableciera en la Nueva España.

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La desigualdad económica que atraviesa actualmente nuestro país es resultado de una serie de condiciones no solo estructurales, si no también culturales, que impiden el acceso equitativo a las oportunidades. Vivimos bajo una ideología donde el privilegio tiene sus cimientos y perpetua la discriminación a lo que no se considera "europeo".