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https://youtu.be/WhqNFkgHdzs

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REDA:  Derechos de primera, segunda y tercera generación

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https://youtu.be/rE3HRtRElMA

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https://youtu.be/10POPeVxdWo

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Pacto internacional de derechos civiles y políticos

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https://youtu.be/Fj60rzLNcis

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Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación en base a la raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad y los derechos individuales tales como a la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación.

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Los Derechos de tercera generación, son los Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. Surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX.. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad.

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Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados y que aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión.

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El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es sin duda una valiosa herramienta para luchar contra los abusos que sufren la libertad y otros derechos de las personas, pues especifica de forma clara cuándo se cumplen o no los estándares mínimos en la materia.

El disfrute de los derechos civiles y políticos radica también en cada individuo y constituyen a la vez una herramienta fundamental para vivir en una sociedad libre de cualquier tipo de opresión o discriminación. Estas facultades son intrínsecas a cada ser humano, inclusive a los niños. De otra manera, solo se contemplarían los puntos de vista de los poderosos o las directrices marcadas en los documentos de derechos humanos, y los que sean concebidos con opiniones minoritarias caminarían con el riesgo de ser perseguidos.

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Los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, el debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o compensación legal, y los derechos de participar en la sociedad civil y en política tales como la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que España violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones públicas, previo a la existencia de una condena, tras el referéndum independentista de 2017.

El Comité ha publicado este miércoles su dictamen tras examinar una denuncia presentada por Oriol Junqueras i Vies, exvicepresidente de Cataluña, y tres exconsejeros, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Jordi Turull i Negre. Los cuatro fueron procesados y eventualmente condenados por su participación en el referéndum independentista y en los hechos posteriores que llevaron al Parlamento de Cataluña a declarar la independencia en octubre de 2017.

En septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que autorizaba un referéndum sobre la independencia de Cataluña. A pesar de la orden de suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y de la intervención policial, el referéndum se celebró el 1 de octubre.

A mediados de octubre, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad tanto de la ley como del referéndum. Sin embargo, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, por lo que fue inmediatamente disuelto por el Gobierno de España.

Junqueras y los tres consejeros fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional. En julio de 2018, fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión.

Durante su detención preventiva, los cuatro ex miembros del Parlamento presentaron su caso ante el Comité, alegando que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En octubre de 2019, los cuatro fueron condenados por el delito de sedición que, a diferencia del de rebelión, no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra.

Leyes claras y previsibles

"El Comité dio un paso importante al afirmar que las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito", dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

Tomando nota de que los cuatro denunciantes habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica, el Comité consideró que la acusación en contra de los demandantes por el delito de rebelión, que resultó en la suspensión automática de sus cargos con anterioridad a la existencia de una condena, no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos.

" La decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado. Este enfoque y estas garantías son la mejor manera de garantizar el respeto a las instituciones y de promover el Estado de Derecho en una sociedad democrática", añadió Tigroudja.

El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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España violó los derechos políticos de los exdirigentes del Parlamento Catalán, según el Comité de Derechos Humanos

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El Comité de la ONU acepta la tesis de cuatro políticos catalanes de que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN 

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DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN 

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DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN 

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DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN 

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vLex. (2016). Upaep.mx. https://ezproxy.upaep.mx:2150/#search/jurisdiction:MX/derechos+civiles+y+politicos/vid/pacto-internacional-derechos-civiles-pola-ticos-467172882

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vLex. (2016). Upaep.mx. https://ezproxy.upaep.mx:2150/#search/jurisdiction:MX+content_type:3/derechos+civiles+y+politicos/vid/clasificacion-derechos-humanos-853349031

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Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social.

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DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES 

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DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES 

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Pertenecen a la denominada primera generación de derechos humanos, formulados tras la Revolución Francesa, con vocación de salvaguardar la Liberad de las personas. Están plasmados desde 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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Los Derechos de segunda generación, son derechos económicos, sociales y culturales. Están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales para procurar la mejor condición de vida de las personas.

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DERECHO A NO SER TORTURADO NI SOMETIDO A TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRANTES. 

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DERECHO A NO SER TORTURADO NI SOMETIDO A TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRANTES. 

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DERECHO A NO SER SOMETIDO A ESCLAVITUD O SERVIDUMBRE 

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DERECHO A NO SER SOMETIDO A ESCLAVITUD O SERVIDUMBRE 