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El exdirector del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas
El actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh
El exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

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Guardería ABC: La política le ganó a la justicia

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Deudos de la víctimas del caso de la Guardería ABC exigen justicia . Foto: Octavio Gómez

jueves, 24 de febrero de 2022 · 15:54
En el que pudo ser un histórico debate, de un lado estaban el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director general del IMSS, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, señalados como responsables en la tragedia de la guardería ABC. Del otro, las familias de los niños que hallaron una terrible muerte y de los que padecen las secuelas de aquel incendio. Fácil decisión en términos de poder: el gobierno federal y el grupo mayoritario en la Suprema Corte se volcaron en favor de los políticos.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El cabildeo y las presiones funcionaron: la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció, una vez más, a salirse de la interpretación estrecha de la ley y la tragedia de la guardería infantil, la más grave de su tipo en el país, quedó sin responsables.

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Un bloque de seis ministros "letristas", encabezado por el presidente de la Corte y máximo representante del Poder Judicial, Guillermo Ortiz Mayagoitia, abogó por los principales señalados en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 dejó 49 niños muertos y 104 heridos.

Con el apoyo parcial de otros dos ministros se formó en el máximo tribunal una cómoda mayoría que terminó por favorecer al exdirector del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; al actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh, y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

El grupo mayoritario estuvo conformado por los ministros Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández y Luis María Aguilar Morales, a los que se sumaron parcialmente José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.

No importó que dos ministros, Franco y Valls, como funcionarios federales, hubieran estado involucrados en decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías subrogadas. Valls fue director jurídico del IMSS, y Franco formó parte del Consejo Técnico encargado de aprobar los contratos de las guarderías, además de que una de sus hermanas trabaja en la Coordinación de Guarderías del instituto.

Ese sólido bloque de ministros fue el mejor equipo de abogados que pudieron tener los señalados inicialmente como responsables, quienes junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hicieron un intenso cabildeo en la Corte desde que el 3 de junio pasado el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer el dictamen en su contra.

Al tiempo que asociaciones médicas hacían una fuerte campaña mediática contra el dictamen, con el argumento de que se atacaba al IMSS -del que se hizo eco Ortiz Mayagoitia-, el cabildeo del gobierno federal en la Corte fue intenso. Horcasitas, Karam y Gómez Mont estuvieron en las prioridades de la agenda de los ministros. Lo mismo Bours. Todavía la mañana del martes 15, en plena discusión del caso, el secretario de Gobernación estuvo en la oficina del presidente de la Corte.

El jueves 17, liberados de toda responsabilidad los colaboradores del presidente Felipe Calderón, Gómez Mont declaró ante la Asamblea General del Colegio de Abogados que la Corte "actuó con libertad y sin cortapisas" y deliberó de manera "puntual, pulcra y difícil" para acabar con el "clima de linchamiento".

El lunes 14 comenzó el debate en el pleno de la Corte, que generó una amplia cobertura periodística. Ese día, el IMSS decidió cerrar su guardería número 48 de la Ciudad de México, destinada desde hace 20 años a las madres periodistas. Adujo razones de seguridad para la cancelación del servicio, que beneficiaba a 80 niños.

El grupo compacto de ministros, que osciló entre seis y ocho, fue más que suficiente para bloquear la pretensión de Zaldívar de darle sentido a la facultad de investigación de la Suprema Corte y limitar "el ejercicio abusivo del poder" en el caso de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las autoridades.

Con abrumadoras votaciones, el bloque de ministros avasalló a Zaldívar, quien lanzó una propuesta que de antemano generó el rechazo de sus colegas: cambiar los criterios fijados por la Corte en agosto de 2007 para pronunciarse en esos casos.

En esa ocasión, Valls, Aguirre y el ahora ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón elaboraron las reglas para el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte, establecida en el artículo 97 de la Constitución y a la que ha recurrido en cuatro ocasiones en los últimos cinco años.

Esos lineamientos se definieron en respuesta al informe presentado en junio de 2007 por Juan Silva Meza, quien tras señalar la existencia de un "grave problema" de pederastia y pornografía infantil en México, pidió al pleno de ministros responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

El informe se detuvo y el pleno decidió elaborar las reglas. Con ellas, los ministros se ataron de manos. La número 21 dice que "no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".

Además del caso Puebla, esas reglas se han aplicado para los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco, Estado de México, ambos registrados en 2006. En el primer caso, sin embargo, los ministros sí hablaron de "responsabilidad lisa y llana" del gobernador Ulises Ruiz en las violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto gubernamental con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pero desvincularon, entre otros, al expresidente Vicente Fox y a su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Gran Bretaña.

En Atenco desligaron al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y al entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, actual encargado de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.

"No somos autoridad moral"...

En el caso ABC, Zaldívar buscaba que la Corte hiciera una nueva interpretación de su facultad investigadora para obligar a responder legalmente a los funcionarios públicos implicados en violaciones a derechos fundamentales de los gobernados. Propuso que se estableciera "responsabilidad ética y política" de 14 funcionarios por el incendio, empezando por Molinar, Karam, Bours y el expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

Incorporado como ministro en diciembre pasado, en reemplazo de Genaro Góngora Pimentel, Zaldívar sólo tuvo el respaldo, en casi todo su proyecto, de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

"No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños... Es necesario determinar (a) los servidores públicos responsables... Sería irresponsable no señalar responsables... Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?... Servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable", dijo Zaldívar.

La respuesta de sus opositores en el pleno fue contundente: "No creo que seamos el ombudsman supremo, con autoridad política y moral", le dijo el presidente de la Corte. "No somos tribunal de conciencia", aseguró Valls, quien busca presidir el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal para convertirse así en el máximo representante del Poder Judicial de México.

Aguirre Anguiano consideró que establecer responsabilidades morales y éticas no sólo es "reprobable", sino "fundamentalismo puro". Y calificó el proyecto de Zaldívar: "Es una declaración jurídico-política que excede los límites de la facultad de investigación", ante la cual, "de asunto en asunto, hemos dado tumbos y no hemos encontrado el sentido".

Luis María Aguilar, quien en diciembre sucedió a Azuela, acusó a Zaldívar de querer darle a la Corte "un carácter de autoridad moral, ética y política, y una superioridad jerárquica que es inadecuada".

La Corte no está para determinar cómo deben comportarse las autoridades, le dijo Margarita Luna Ramos; a su vez, Franco Guzmán le señaló que pretendía "desnaturalizar" la función del tribunal constitucional.

Ante esos cuestionamientos, a los que se sumaron Cossío y Gudiño, Zaldívar dijo que si la atribución constitucional de investigación le impide a la Corte establecer responsabilidad, "mejor no ejerzamos la facultad". Propuso entonces sustituir la frase "responsabilidad política y moral" por "responsabilidad constitucional" y explicar en qué contexto se usaría.

Pero una mayoría de ocho a tres volvió a cerrarle el paso: el alcance de la facultad de investigación se discutió suficientemente en la Corte antes de que él llegara como ministro, y las reglas se habían aplicado no sólo en Oaxaca, sino también en Atenco, le resumió Gudiño.

Contenida la nueva interpretación que buscaba Zaldívar, siete ministros -a los que se sumó Sánchez Cordero- avalaron la legalidad del sistema de guarderías subrogadas, a pesar de que varios señalaron que el Congreso debe legislar la prestación del servicio de guarderías del Seguro Social para evitar que el esquema de subrogación deje de operar a partir de favoritismos o amiguismos, como ocurrió con el establecimiento ABC.

Lo que siguió en el pleno fue desechar lo aseverado por el informe de los magistrados y el dictamen de Zaldívar: que existe un vínculo entre la tragedia y "el desorden generalizado" en las guarderías subrogadas del IMSS. Así, el grupo compacto de ministros exculpó al IMSS y abrió el camino para liberar de las acusaciones a Molinar y a Karam.

Ortiz Mayagoitia, quien ha sido renuente a que la Corte ejerza su facultad de investigación, hizo fuerza con el principal crítico de esa atribución, el exregidor del PAN por Guadalajara, Aguirre Anguiano.

El bloque mayoritario lo integraron también dos ministros que tuvieron que ver con decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías: Fernando Franco y Sergio Valls. Previsiblemente, los seis integrantes de este bloque aseguraron que no estaban impedidos de participar en el pronunciamiento de la Corte.

Durante el gobierno de Fox, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004, Franco fue representante de la Secretaría del Trabajo en el Consejo Técnico del IMSS, la instancia encargada de autorizar los contratos de guarderías subrogadas. Además, una de sus hermanas trabaja desde hace años en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Esa doble condición le impidió hacerse cargo del dictamen, pero no participar en el debate.

Ministro con intereses y vínculos tanto políticos como familiares en el PRI, el PAN y el PRD (Proceso 1725), Valls Hernández también actuó bajo sospecha. Entre abril de 1993 y mediados de 1999 fue subdirector y director jurídico del IMSS, la instancia encargada de la legalidad del sistema de subrogación del servicio de guarderías.

Con el argumento de que la subrogación en el llamado "esquema vecinal comunitario único" se echó a andar después de que salió del Seguro Social -aunque se aprobó en mayo de 1999-, Valls pudo participar en las discusiones para echar abajo el dictamen y convertirse, junto con Aguirre Anguiano, en el principal defensor de Molinar, Karam y Bours. El pleno de ministros convalidó el argumento de Valls a pesar de que en la discusión quedó demostrado que el ministro, como funcionario del IMSS, estuvo involucrado en el diseño del esquema.

Cossío Díaz describió cómo se desarrolló el sistema de subrogación. Precisó que el 4 de septiembre de 1995 -durante la gestión de Valls en el jurídico del IMSS-, la Comisión Ejecutiva para la Organización Administrativa del instituto "aprobó el esquema de guardería vecinal comunitario, del cual no se da noticia sino hasta mayo de 1999 en el documento denominado Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario emitido por la Coordinación de Guarderías".

El sistema de subrogación se expandió a partir de ese año, indicó Cossío, quien es mencionado como uno de los probables sucesores de Ortiz a partir de enero de 2011.

Cabildeo exitoso

El informe de la investigación del incendio, realizado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, determinó que "desde 1983 empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios". El antecedente cobra más importancia porque, de acuerdo con el reporte elaborado por los magistrados, desde esa fecha y hasta el día de la tragedia, el 5 de junio de 2009, operaron mil 480 guarderías con ese esquema.

Tras revisar la operación de esas guarderías, mediante una muestra estadística elaborada por el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, los magistrados encargados de la investigación determinaron que había un "desorden generalizado" en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías.

Ese desorden fue comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, en la revisión de la Cuenta Pública de 2008. Zaldívar lo avaló en su dictamen, pero el bloque de seis echó abajo esa consideración.

El informe de la comisión investigadora, que se dio a conocer el 1 de marzo, indicaba que de las mil 480 guarderías que operan mediante un contrato de prestación de servicios, sólo 0.3% cumple cabalmente con los requisitos, como son los de protección civil y contar con instalaciones adecuadas. Aguirre Anguiano descalificó las cifras.

Pero el defensor más explícito del Seguro Social fue Ortiz Mayagoitia: "En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa... He recibido comentarios en otro sentido: el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios".

Previamente había justificado: si el Seguro Social no subroga el servicio, tendría que incorporar 70 mil empleados a los 400 mil que ya tiene. Además, necesitaría por lo menos 10 mil millones de pesos para construir mil guarderías. Si el Seguro diera este servicio de manera directa, añadió, "generamos seguramente mala atención o hasta desatención de los derechohabientes".

Y reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastará 60 millones de pesos para construir una guardería "con todos los avances en materia de protección civil".

En una clara expresión de la efectividad que tuvieron las presiones de las asociaciones médicas, Ortiz expresó: "Hablar de la fragilidad del sistema de salud en los tres niveles de gobierno se me hace sumamente delicado, hemos tenido reacciones de agrupaciones de médicos que ven con profunda preocupación ésta y otras expresiones dentro del proyecto".

Con las negativas a establecer responsabilidades de funcionarios y a reconocer un desorden generalizado en la subrogación de guarderías, lo que liberó de todo cargo a los funcionarios y al IMSS, el bloque mayoritario ya había desechado el proyecto de Zaldívar.

Lo demás fue trámite: Primero declararon la existencia de violación grave de garantías y luego precisaron que ésta afectó los derechos del niño, a la protección de la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.

Como implicados directos mencionaron, en el caso del IMSS, a Arturo Leyva Lizárraga, delegado en Sonora de 2006 a 2009, y a Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías de 2001 a 2009.

Del gobierno de Bours, identificaron a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; a Fausto Salazar Gómez, exdirector general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, y a Jorge Luis Melchor Islas, exsubdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.

En el caso del municipio señalaron a Jesús Davis Osuna, exdirector de Inspección y Vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de la Unidad de Protección Civil. Sólo sobre estos siete exfuncionarios podría recaer alguna responsabilidad legal si la Procuraduría General de la República investiga y consigna, y si los jueces sentencian en su contra.

Al final de tres días de sesiones, Ortiz Mayagoitia dijo que los ministros hicieron lo que pudieron, ya que "el fallo tiene los límites estructurales" establecidos en la Constitución.

"Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves... Las responsabilidades política, penal y administrativa les corresponden a las autoridades constitucionalmente encargadas", dijo.

Reportaje publicado el 20 de junio de 2010 en la edición 1755 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.

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Guardería ABC: La política le ganó a la justicia

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Proceso dio cuenta, en 2010, de las presiones que recibió desde el gobierno de Felipe Calderón el ministro Arturo Zaldívar por el dictamen que realizó del caso de la Guardería ABC, y que pondría bajo investigación a funcionarios federales y familiares de Margarita Zavala.

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Foto de Vanguardia.MX por Milenio. Artículo publicado el 29 Septiembre 2015 "Familiares de caso ABC lamentan amparo de Marcia Gómez del Campo"

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Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la esposa del presidente mexicano Margarita Zavala

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El Universal. Artículo del 9 Enero 2017 "Celebran Calderón y Zavala 24 años de matrimonio"

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Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, miembro del Partido Acción Nacional hasta 2018.
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, la primera dama de México y prima de Marcia Matilde.

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Los ministros
Ortiz Mayagoitia
Sergio Salvador
Aguirre Anguiano
Margarita Luna Ramos
José Fernando Franco González Salas
Sergio Armando Valls Hernández
Luis María Aguilar Morales
José Ramón Cossío Díaz
José de Jesús Gudiño Pelayo

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¿Qué fue lo que pasó en el caso de la Guardería ABC? Aquí la reconstrucción de los hechos

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Desde el año 2019, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar , ha afirmado públicamente que recibió presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón , previo a resolver el caso del incendio de la Guardería ABC.

Ayer, Zaldívar recordó una vez más estas presiones y afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de la entonces primera dama, Margarita Zavala quien ya refutó las declaraciones del ministro presidente.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué familiar de Margarita Zavala podía verse afectado por este caso? ¿qué propuso Zaldívar y cómo reaccionó la Corte en aquel entonces?

El 5 de junio de 2009 a las 14:45 horas un incendio en la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora apagó la vida de 49 pequeños de menos de cinco años de edad y dejó 104 lesionados, no pasó ni un mes cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se empezó a analizar la posibilidad de investigar directamente el caso.

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue el encargado de elaborar el proyecto y, de entrada, consideró que la Corte no debía investigar de manera paralela a lo que ya estaban haciendo las autoridades ministeriales.

Sin embargo, por ocho votos el proyecto fue desestimado y el Pleno ordenó crear una comisión especial para investigar el siniestro.

Los ministros que apoyaron la creación de la comisión fueron Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas.

El caso fue uno de los primeros que recibió el ministro Arturo Zaldívar cuando recién fue designado por el Senado de la República y el 3 de junio de 2010 informó al Pleno que ya tenía listo el proyecto derivado de los resultados de la investigación realizada por el Máximo Tribunal.

El asunto fue sometido a votación el 14 de junio siguiente y en su proyecto original Zaldívar propuso declarar que en el caso de la Guardería ABC se incurrió en violaciones graves de garantías individuales (hoy reconocidas como derechos humanos) como la vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad.

Para ello, debían ser declarados culpables funcionarios federales como Juan Francisco Molinar Horcasitas , exdirector del IMSS y hasta el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.

En los peritajes del incendio se señaló que la Guardería, que operaba bajo el sistema de guarderías subrogadas del IMSS, parecía más una bodega con puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y estructuras endebles, que un jardín de niños.

Entre los señalados por su responsabilidad en estos hechos estaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella , prima de Margarita Zavala, quien era una de las dueñas del lugar, pues la guardería estaba subrogada a la sociedad civil privada que ella dirigía.

Sin embargo, Gómez del Campo no aparece entre las personas señaladas como responsables por el ministro Zaldívar ni en ninguna otra parte del proyecto.

En el documento el ministro propuso declarar legal el esquema de subrogación de guarderías del IMSS .

"La interpretación legal con base en la cual el Instituto ha asumido competencia para el diseño del esquema y la suscripción de los contratos de subrogación con particulares, es válida a la luz del marco constitucional y legal", indica el documento.

Pero de manera sorpresiva en sesión del 15 de junio votó en contra de este punto al considerar ilegal este esquema.

En mayoría, el Pleno avaló el esquema de subrogación de guarderías del IMSS y determinaron no nombrar responsables en el caso, pues indicaron que el artículo aplicado por el ministro Zaldívar no prevé "responsabilidad", sino que en todo caso se trataría de personas involucradas o vinculadas con los hechos.

"Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para señalar a los responsables? Debemos mandar la señal de que no somos una Suprema Corte que se pierde en legalismos, sino que está a la altura y cercana a la sociedad y que no se excede en sus atribuciones", indicó.

Finalmente, el 16 de junio de 2010 los ministros, con 10 votos contra uno, resolvieron que efectivamente existieron violaciones graves de garantías en el caso del incendio de la guardería.

El entonces ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia , abandonó en definitiva el proyecto de Zaldívar, quedaron deslindados de los hechos Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam , también exdirector del IMSS, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Lee también:
Los únicos señalados como involucrados en los hechos fueron Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia Municipal en Hermosillo; Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil; Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad de Protección Civil del gobierno de Sonora; Fausto Salazar Gómez, director general de recaudación de Hacienda; Jorge Luis Melchor Islas, sbdirector de control vehicular de Hacienda.

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¿Qué fue lo que pasó en el caso de la Guardería ABC? Aquí la reconstrucción de los hechos

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El ministro presidente, Arturo Zaldívar afirmó que en el caso hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de la entonces primera dama, Margarita Zavala; ¿qué propuso Zaldívar y cómo reaccionó la Corte en aquel entonces? Esto fue lo que pasó

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Margarita Zavala: ¿qué relación tiene con la Guardería ABC?

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El 5 de junio del 2009 quedó marcado en la historia de México. Se registró la tragedia de la guardería ABC, en Sonora, la bodega que se encontraba en la estancia infantil comenzó a incendiarse, por lo que 25 niñas y 24 niños fallecieron. Pero, ¿qué tiene qué ver Margarita Zavala?

Todo se centra en Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Matilde Altagracia era una de las dueñas del lugar, porque la guardería estaba subrogada a la sociedad civil privada que ella dirigía.

De acuerdo con los primeros reportes, se determinó que el incendio fue a causa de una negligencia en el manejo del lugar, por lo que la amilia de Zavala quedó exonerada de todo cargo.

La escritora argentina, Olga Wornat -en su libro "Felipe, el oscuro"- detalló que a los pocos días de la tragedia se reveló que Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, era una de las dueñas de la guardería. "Tiempo después, y gracias a su ayuda, Marcia fue exonerada de toda responsabilidad judicial por la tragedia", agregó.

Además, la escritora detalló que "sin culpa ni cargo de conciencia, Margarita movió los hilos del poder judicial y su parienta quedó liberada de un crimen, el peor de todos, el más injusto. Hasta hoy, la tragedia de la guardería ABC está impune y la pareja presidencial nunca pidió perdón a los padres".

Arturo Zaldívar vs Margarita Zavala

En 2020, el ministro Arturo Zaldívar declaró que en 2011 presentó un proyecto para responsabilizar a funcionarios del sector público, por el caso de la guardería ABC, pero fue presionado por Felipe Calderón para detenerlo.

Ahora, durante la presentación de su libro " 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial " el ministro confesó que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo presionó para que cambiara el proyecto de sentencia.

Según lo relatado por Zaldívar, las presiones del gobierno federal tenían el objetivo de proteger a la familia de la esposa de Felipe Calderón, pues entre los dueños de la guardería ABC resalta Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala.

"Nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo", resaltó.

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Margarita Zavala: ¿qué relación tiene con la Guardería ABC?

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La dueña de la guardería ABC era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala.

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ABC: el incendio que mostró todos los rostros posibles de la corrupción - Este País

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Existe una foto que le dio la vuelta al mundo: una niña en llamas, huyendo del fuego después de haber sido quemada con napalm en Vietnam. El terror en su rostro, el dolor, el desconcierto, la fuerza instintiva para sobrevivir, está en esa imagen en blanco y negro. Una sola niña en llamas nos revela la capacidad que tenemos los adultos para generar horror y tragedia.

Con el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no fue un niño, no fue una niña. Fueron 104 criaturas asediadas por las llamas; 49 de ellas murieron en el fuego. Y la imagen es tan terrible, que en colectivo hemos decidido cancelarla. En su lugar se ha construido un antimonumento frente al Palacio de Gobierno en el estado de Sonora, con 25 cruces rosas y 24 azules; en la Ciudad de México existe otro antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, además del recién colocado frente a la Secretaría de Gobernación el 4 de noviembre del 2020, ante la no solución, a pesar de que padres y madres habían sido citados para ello.

Cruces de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC ubicadas en la Plaza Zaragoza frente al Palacio de Gobierno de Hermosillo, Sonora. Wikimedia Commons.

Este 5 de junio se cumplen 12 años de la tragedia innenarrable. Este 5 de junio la justicia sigue convenientemente extraviada en el laberinto del tráfico de influencias, simulaciones, compradrazgos, complicidades, omisiones.

Soy de Hermosillo. Y por más que se extienda la ciudad, sigue siendo un pañuelo con muchos dobleces, en el que de alguna manera casi todos nos conocemos directamente o por referencia. Así puedo contar que un ex compañero de trabajo tenía a su niño en la Guardería ABC y sobrevivió, pero no así su sobrino; la amiga de una amiga era una de las cuidadoras de los infantes; y de igual forma, el vecino de cubículo de mi primer trabajo era uno de los dueños de la guardería; y la nuera de una ex alumna que tuve en un taller de lectura era también otra de las propietarias.

En la ciudad podías encontrarte en un centro comercial a uno de los sobrevivientes de la guardería, con las marcas en su piel y en su vida; y en un restaurante, a uno de los dueños impune, brindando con sus amigos con todo el cinismo en la mesa junto a la tuya.

Esa es una herida que sigue abierta en la entraña de nuestra comunidad. A 12 años del incendio, la justicia aún no se hace presente: aún no se nombra la tragedia en su totalidad, no se nombran a cada uno de los culpables con claridad, aún no son enjuiciados todos los responsables.

Y en ese mismo pañuelo en el que nos encontramos y coincidimos con todo el dolor, la injusticia y la rabia, también se dieron cita todos los tipos de corrupción posibles.

"la Guardería ABC estaba en una nave industrial que se alquilaba a un familiar de uno de los mismos dueños; y mientras en 2007 el gobierno del estado pagaba una renta mensual de 38 mil pesos mensuales por la bodega en la que estaba la guardería, en el 2009 -año de la tragedia- se pagaba una renta mensual, con cargo al erario, de medio millón de pesos al mes."

Cuando este caso abrió la cloaca del sistema de subrogación de guarderías, quedó a la vista que muchas de esas estancias habían sido asignadas a familiares y amistades de funcionarios. Se trataba de negocios redondos que caminaban "solos": se contrataba a una directora, a cuidadoras, se conseguía una bodega amplia y se llenaba de infantes. Por cada infante admitido, los dueños cobraban la cuota a los padres y madres, y el gobierno daba un subsidio. Así que a mayor número de ocupación, mayor ganancia. Además, la Guardería ABC estaba en una nave industrial que se alquilaba a un familiar de uno de los mismos dueños; y mientras en 2007 el gobierno del estado pagaba una renta mensual de 38 mil pesos mensuales por la bodega en la que estaba la guardería, en el 2009 -año de la tragedia- se pagaba una renta mensual, con cargo al erario, de medio millón de pesos al mes.

Los dueños de la Guardería ABC resultaron ser el primer círculo del gobernantes y funcionarios a nivel estatal y federal: Gildardo Francisco Urquides había sido secretario de Finanzas del PRI; Matilde Gómez del Campo es prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón; Alfonso Escalante Hoeffer es cuñado de Ricardo Mazón, el principal empresario inversionista en gobiernos del PRI desde el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, muy allegado al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Hoy es inadmisible que las regulaciones, revisiones, protocolos de Protección Civil se hubieran aprobado. La guardería se encontraba contraesquina a una gasolinera y enseguida de una bodega de la Secretaría de Hacienda que no estaba registrada de manera pública y no contaba con revisiones de Protección Civil; aunado a esto, los materiales de la guardería eran altamente flamables, como poliestireno aislante, no había detectores de humo ni extintores y carecía de salidas de emergencia adecuadas.

"La única salida de emergencia de la estancia infantil estaba bloqueada con un candado que se abría de afuera hacia adentro. Las 50 cuidadoras nunca pudieron abrirla durante el incendio para evacuar."

Según los peritajes, el fuego inició en la bodega contigua y se propagó rápidamente a la guardería. La única salida de emergencia de la estancia infantil estaba bloqueada con un candado que se abría de afuera hacia adentro. Las 50 cuidadoras nunca pudieron abrirla durante el incendio para evacuar. La camioneta de un ciudadano que pasaba casualmente, golpeó contra la pared las veces necesarias para romper la pared y que pudieran desalojar el inmueble y rescatar a heridos.

En esa cadena de negligencias, omisiones, permisividad, favores, fueron cómplices desde autoridades federales hasta estatales y locales. La narrativa que se construyó muy pronto desde el gobierno del estado para exculpar a protección civil y a Hacienda fue replicada casi a calca por el gobierno federal. Al exculpar a Protección Civil, la responsabilidad última no llegaba a las figuras del Ejecutivo Estatal ni Federal.

"El año del incendio, 2009, era año electoral, con relevo en lo local y en lo estatal."

En el nudo de complicidades, coincidió una coyuntura más. El año del incendio, 2009, era año electoral, con relevo en lo local y en lo estatal. Muchos de los involucrados tenían intereses electorales: Eduardo Bours cuidaba su carrera mediática rumbo a la presidencia; Ricardo Mazón (el cuñado de uno de los dueños) era el principal donante de las campañas del PRI; y quien firmó el contrato de arrendamiento por la bodega de Hacienda no registrada era candidato del PRI a la Alcaldía de Cajeme.

La tragedia fue aprovechada electoralmente, con todo el cinismo que cunde entre círculos de poder que navegan en la impunidad. Algunos peritajes e interrogatorios han dispersado la versión de que la bodega no registrada de Hacienda contenía evidencias de la corrupción en el gobierno de Eduardo Bours, y que hubo una orden expresa de que se incendiara la bodega. La justificación que dieron (un corto circuito en un aparato de clima artificial) no contó con evidencias, sino contradicciones en los registros e interrogatorios.

"En 2018 se descubrió que algunos servicios, medicamentos y materiales estaban siendo tasados con un sobreprecio de hasta el 500 por ciento en algunos casos, en detrimento del erario y de los apoyos a las familias."

Se dio el relevo político del PRI al PAN en el gobierno del Estado de Sonora. E inmediatemente se creó el Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (CAICE) por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender a las familias del caso ABC en sus necesidades psicológicas, médicas, terapias físicas y demás. Pero quienes medraron con la tragedia no tuvieron empacho en ir más allá. En 2018 se descubrió que algunos servicios, medicamentos y materiales estaban siendo tasados con un sobreprecio de hasta el 500 por ciento en algunos casos, en detrimento del erario y de los apoyos a las familias.

Cuando la SCJN finalmente atrajo el caso, dictaminó que todo sucedió debido a un desorden generalizado del sistema de subrogación de las guarderías del IMSS; incluso esta institución se vio obligada a publicar los nombres de los propietarios de las guarderías en el país, y entre los 1400 nombres se repetían apellidos de gobernantes y funcionarios, y sus amigos y parentela.

La tragedia de la Guardería ABC es un crimen de Estado. Bajo esta premisa, el 13 de marzo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que dio certeza jurídica a las víctimas de la estancia infantil, comprometiéndose a garantizar la atención médica de por vida a las víctimas y sus familias, así como pensiones vitalicias a partir de los 18 años. Pero esos apoyos no alcanzan para la justicia.

"La tragedia de la Guardería ABC es un crimen de Estado."

Por lo que en agosto de ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la Guardería ABC y se comprometió a analizar a fondo los hechos "para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano". La CIDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no han avanzado al respecto.

Las víctimas y sus familias merecen justicia plena, que incluye no solo la sanción de quienes resulten culpables, sino también la reparación integral del daño y la garantía de no repetición. Los infantes que perdieron su vida, las criaturas que hoy viven las secuelas de esa ominosa tragedia, las madres y los padres de las víctimas, necesitan que se investigue el "accidente", se nombre, se juzgue y se sancione como crimen de lesa humanidad a las y los responsables.

Es vomitivo el argumento por el cual se exoneró a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella: ella, como priopietaria de la Guardería, "no tenía el deber de cuidado".

Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los infantes que murieron en el incendio, migró de su activismo por justicia a ser una de las principales impulsoras de una legislación para que el Estado garantice el deber del cuidado. El Congreso de la Unión aprobó la llamada Ley 5 de Junio, la cual promulgó y publicó el Presidente de la República el 24 de octubre de 2011. En 2020, Patricia asesoró a una legisladora de Sonora, Wendy Briceño Zuloaga, para que la misma ley, llamada Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, tenga rango constitucional.

Sería un final feliz, en cuanto a que parte de la justicia plena es procurar la garantía de no repetición. Pero el manto de impunidad y privilegios sigue arropando a los responsables en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de la administración de gobierno; sigue cubriendo a esas familias a las que se les ocurrió hacer negocio con las vidas de niñas y niños, sin comprometerse a su cuidado, invirtiendo 50 mil miserables pesos que les reportaron ganancias millonarias y la impunidad hasta el día de hoy. EP
Referencias
Sobre el caso:
https://www.jornada.com.mx/2010/06/04/opinion/012a1pol https://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/RED001104.pdf
Sobre el CAICE:
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/denuncian-corrupcion-en-recursos-para-atender-a-afectados-de-caso-abc/ https://cimacnoticias.com.mx/wp-content/uploads/2018/06/Carta.pdf
Sobre la construcción del discurso político alrededor de ABC:
https://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/RED001104.pdf https://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/2016-02/comunicacion_politica.pdf
Sobre la legislación:

https://diputadosmorena.org.mx/se-aprueba-en-el-articulo-4o-constitucional-el-derecho-de-la-ninez-a-contar-con-los-servicios-para-su-atencion-cuidado-y-desarrollo-integral-en-terminos-de-lo-dispuesto-en-la-ley-5-de-junio/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/01/asun_3987507_20200115_1579124513.pdf
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ABC: el incendio que mostró todos los rostros posibles de la corrupción - Este País

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El 5 de junio del 2009, el incendio de una guardería cuyo nombre recordamos con dolor, tan sólo con decir las tres primeras letras del abecedario, reveló la red de corrupción en la que estaba envuelto el sistema de subrogación de guarderías por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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La Jornada: Guardería ABC: la dolorosa impunidad

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añana se conmemoran 14 años del incendio que quitó la vida a 25 niñas y 24 niños en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Los padres de las víctimas mortales y de los más de 100 infantes que sufrieron heridas y secuelas anunciaron que volverán a movilizarse para protestar y exigir justicia por la tragedia infantil más grande en la historia de México.

El siniestro del 5 de junio de 2009 en una bodega improvisada como estancia para pequeños en la capital sonorense y el comportamiento posterior de las autoridades, condensan la descomposición institucional imperante en las administraciones panistas. Durante el sexenio de Vicente Fox, se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para flexibilizar los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada, es decir, un servicio privado pagado con recursos públicos. En los hechos, esto significó la entrega indiscriminada de concesiones para el manejo de las estancias a personas sin experiencia ni capacitación alguna en el cuidado de bebés y niños. Se había creado un boyante negocio para los dueños de las casas cuna, quienes explotaron la necesidad de las familias trabajadoras y cobraron al IMSS por sus servicios, muchas veces negligiendo las más elementales normas de seguridad que deben observarse al estar a cargo de la educación y las vidas de infantes.

El incendio, cuyo origen permanece inexplicado, sacó a la luz otro aspecto oscuro de este esquema: la corrupción con que se otorgaron los contratos, los cuales recayeron en individuos con nexos políticos y familiares dentro de la clase gobernante. Una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es prima tanto de la entonces primera dama y hoy diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo como de Lourdes Laborín, esposa de quien era gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Estas conexiones se mostrarían determinantes en la impunidad de que gozaron todos los implicados, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones, como el director del IMSS que firmó el contrato con la ABC, Juan Molinar Horcasitas, y quien encabezaba el instituto al momento del siniestro, Daniel Karam.

A sólo unos días de este infausto aniversario, el pasado 28 de mayo un grupo de personas violentas que se manifestaba a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arremetió contra el memorial colocado por los padres de los niños fallecidos o heridos frente a la sede del máximo tribunal. Desprendida de una marcha en la que participó Margarita Zavala, la turba de ultraderechistas arrancó las 49 cruces blancas, cada una con el nombre de un niño muerto en el incendio, y las usó para arremeter contra los miembros del campamento que exige una reforma del Poder Judicial.

Las cruces no se encuentran a las puertas de la Suprema Corte por casualidad: ésta fue un actor central en el gran operativo de Estado urdido por el gobierno de Calderón para garantizar impunidad a los personajes poderosos cuyas acciones desembocaron, por acción u omisión, en la tragedia de la guardería. Pese a que su comisión investigadora determinó que en las estancias subrogadas del IMSS había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia, así como que ese organismo carecía de fundamento legal para contratar a terceros, en junio de 2010 el pleno de la Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, quien ubicó a 14 funcionarios federales, estatales y municipales como responsables de violaciones graves de garantías individuales en el incendio. Contra sus propias evidencias, la SCJN decidió no fincar responsabilidades, avalar la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindar a Karam, Molinar y Bours de lo ocurrido.

A 14 años de la tragedia y 13 de que la Suprema Corte diera un portazo a la justicia, el reclamo de los padres sigue siendo el mismo: castigo a los responsables y garantías de no repetición. Este clamor resonará mañana, y atenderlo es la única vía para cerrar la dolorosa herida en las vidas de quienes perdieron a sus pequeños o los han visto sufrir las secuelas perdurables de aquel episodio.

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La Jornada: Guardería ABC: la dolorosa impunidad

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La Jornada: Guardería ABC: la dolorosa impunidad

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Guardería ABC, el ejemplo perfecto de la corrupción

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Guardería ABC, el ejemplo perfecto de la corrupción

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Maestras narran la tragedia de la Guardería ABC

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Maestras narran la tragedia de la Guardería ABC

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A 10 años de la tragedia, así viven los niños sobrevivientes de la guardería ABC

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A 10 años de la tragedia, así viven los niños sobrevivientes de la guardería ABC

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Videos indican que el incendio en una guardería donde murieron 49 niños fue provocado

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Videos indican que el incendio en una guardería donde murieron 49 niños fue provocado

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Los sobrevivientes de la guardería ABC ahora son adolescentes que exigen justicia

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Los sobrevivientes de la guardería ABC ahora son adolescentes que exigen justicia

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Imágenes obtenidas de @Ari_3492 (2022) "Justicia Guardería ABC, 5 Junio!" Video: https://vm.tiktok.com/ZMMhad4G4/

Proceso por Jorge Carrasco Araizaga (24 Feb, 2022) "Guardería ABC: La política le ganó a la justicia" https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/2/24/-abc-la-politica-le-gano-la-justicia-281497.html

El Universal - Nación (23 Feb, 2022) "¿Qué fue lo que pasó en el caso de la guardería ABC? Aquí la reconstrucción de los hechos" https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guarderia-abc-que-fue-lo-que-paso-en-el-caso-aqui-la-reconstruccion-de-los-hechos/

Este País por María Antonieta Mendívil (27 May, 2021)  "ABC: el incendio que mostró todos los rostros posibles de la corrupción" https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/sociedad/abc-el-incendio-que-mostro-todos-los-rostros-posibles-de-la-corrupcion/

Azteca Noticias (2014) "Guardería ABC, el ejemplo perfecto de la corrupción" 3:05 minutos, obtenido de: https://youtu.be/Oab_IIma2H0?si=ROPYMjz1HtA3q41A

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Incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 5 de junio

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"La guardería es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país".
Stephanie Erin Brewer
Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

El día 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 14:45 horas, ocurrió el lamentable incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como resultado fallecieron 49 menores y hubo un número indeterminado de niños y adultos lesionados[1].

Todo comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y el humo migró hacia la guardería sin mayor obstáculo: el muro de uso común tenía dos rieles metálicos horizontales incrustados, presentaban orificios y en algunas secciones no alcanzaban a unirse a la pared; además, en la parte superior del muro había otros boquetes. A temperatura alta, el humo circuló hacia la guardería[2].

De acuerdo con testimonios recabados entre vecinos de lugar, cuando el incendio comenzó fue imposible sacar a los niños por la forma en que estaba construida la guardería. Minutos después la situación se salió de control: las 17 ambulancias que se dedicaban a llevar a los heridos quedaron rebasadas y los niños tuvieron que ser trasladados en carros y patrullas a los hospitales.

Para operar, los dueños de la estancia debieron haber cumplido con los diversos requisitos del documento Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal, del IMSS. No los cubrían, pero el 8 de mayo de 2001 se les concedió un permiso por cinco años, y en 2007 otro, a vencer hasta finales de 2009. El 8 de julio de 2005 la Guardería ABC fue inspeccionada por José Verdugo Ibarra, un arquitecto independiente contratado por el IMSS. En su reporte estableció que, debido a una serie de irregularidades, el inmueble no cumplía con los requisitos para garantizar la seguridad de las personas en su interior[3].

Debido a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 49/2009, que incluyó los siguientes puntos[4]:

Recomendaciones al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social:

1. Gire sus instrucciones a efecto de que les brinde la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación de por vida a los menores que resultaron lesionados el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, S.C.

2. Se tomen las medidas administrativas correspondientes para iniciar o, en su caso, agotar los procedimientos administrativos conducentes, para verificar la manera en que están operando las guarderías subrogadas y determinar si resulta procedente la continuación del servicio de guarderías.

Recomendaciones al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora:

Se dicten los lineamientos administrativos correspondientes a efecto de que todos los bienes inmuebles arrendados o propiedad de cualquier dependencia de la administración pública estatal sean sometidos a una revisión periódica.

Por otro lado, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la sesión vespertina del 16 de junio de 2010, determinó que el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, resultaron vulneradas las siguientes garantías[5]:

1. Los derechos del niño y el principio del interés superior del niño.

2. El derecho a la protección de la vida.

3. El derecho a la integridad física

4. Derecho a la seguridad social.

5. Derecho a la salud.

En marzo de 2020 entró en vigor un decreto por el que se garantizó atención médica a las víctimas, tanto menores, padres, madres y maestras que resultaron lesionados por el incendio de la Guardería ABC, amparando a alrededor de 180 personas. La decisión del presidente mexicano implica la entrega de una pensión vitalicia para los menores afectados que "tengan una lesión incapacitante por quemaduras que les impida mantenerse por su propio trabajo", e incluye a las madres de aquellos menores que perdieron la vida en el incendio[6]. También señaló el director del Seguro Social que las personas afectadas buscaban certeza jurídica y por ese motivo se decidió firmar el nuevo decreto con el fin de proteger los derechos humanos por parte del gobierno; es por ello que se garantizará atención médica a través del Instituto del Seguro Social a niños, padres, madres, maestros y adultos expuestos a gases tóxicos producto del incendio[7].

Por su parte, en la misma fecha Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró que en 2011 presentó un proyecto para fincar responsabilidades a funcionarios del sector público, pero que fue sujeto de linchamiento mediático y presión del entonces presidente Felipe Calderón para detenerlo[8].

Como consecuencia de este terrible acontecimiento, la Secretaría de Gobernación, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, convocó a distintas instituciones públicas para elaborar una norma oficial que culminó en la publicación de la NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en Centros de Atención Infantil en la modalidad pública, privada y mixta, la cual cuenta con el objetivo de establecer las medidas de seguridad en materia de protección civil que se deben implementar en los inmuebles o instalaciones destinados a la operación y funcionamiento de los centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta, a fin de ratificar los criterios para normalizar su diseño y elaboración, con el propósito de eliminar prácticas discrecionales en su aplicación y para facilitar su comprensión[9].

El 26 de mayo de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó de manera definitiva la responsabilidad por el delito de negligencia de 22 funcionarios locales y federales por la por la muerte de 49 infantes y por lesiones de otros 38 en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Asimismo, los ministros que integran la Primera Sala ordenaron a un Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en Hermosillo, Sonora, volver a revisar el caso para imponer nuevas penas a los exfuncionarios y particulares que habían sido condenados a penas de cárcel

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Incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 5 de junio

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"La guardería es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país". Stephanie Erin Brewer Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)