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¿Cómo afecta la minería a los pueblos de la amazonia ecuatoriana?

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¿Cómo afecta la minería a los pueblos de la amazonia ecuatoriana?

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La minería en la Amazonía ecuatoriana tiene importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas para los pueblos indígenas que viven en la zona:

Deforestación

La minería es una importante causa de deforestación. En 2021, 889 hectáreas de áreas boscosas fueron nuevas superficies mineras, lo que representa un aumento del 46%. En poco más de cinco años, Ecuador ha perdido 1.660 hectáreas de selva, lo que equivale a 2.325 campos de fútbol. Las provincias más afectadas son Zamora Chinchipe, Napo, Morona Santiago y Sucumbíos.

Contaminación

La minería ilegal y artesanal ha provocado un aumento de la contaminación por metales pesados en la provincia de El Oro, causando graves daños en los sectores cercanos a ríos o efluentes.

Conflictos

La explotación de recursos minerales genera conflictos sobre la tenencia de tierras.

Afectación de territorios indígenas

Al menos el 46% de la actividad minera ilegal afecta hoy territorios indígenas, que representan el 57% de la Amazonía de Ecuador. Seis son los territorios indígenas más afectados, entre ellos destacan los del pueblo indígena shuar.

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En la demanda contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, los demandantes son los habitantes de los pueblos indígenas amazónicos. Estos grupos indígenas, arraigados en la región desde hace generaciones, enfrentan la devastación ambiental y el riesgo para su salud debido a esta práctica. La minería ilegal, con su deforestación y contaminación de ríos, pone en peligro su modo de vida y su conexión con la tierra. Su demanda busca proteger sus derechos territoriales y su bienestar, representando la lucha por preservar su cultura y el entorno natural que sustenta sus vidas.

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Los habitantes de los pueblos amazónicos demandan la minería ilegal en su territorio debido a sus impactos devastadores tanto para ellos como para el medio ambiente. La minería ilegal implica la extracción no regulada de minerales, a menudo utilizando métodos destructivos como la deforestación y el uso de mercurio. Esto resulta en la contaminación de los ríos y la degradación de los ecosistemas, lo que afecta directamente a la salud y el sustento de las comunidades indígenas, que dependen del agua limpia y los recursos naturales para su supervivencia.

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La demanda social debe existir porque las comunidades dependen de la Amazonia para su sustento y la minería ilegal amenaza su seguridad alimentaria y salud. Además, la preservación del medio ambiente es crucial a nivel global debido al papel de la selva en la regulación climática y conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, detener la minería ilegal es fundamental para proteger a las comunidades locales y garantizar la sostenibilidad ambiental.

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La demanda contra la minería ilegal en la Amazonia ecuatoriana surge debido a la destrucción ambiental, el impacto negativo en la salud y el bienestar de las comunidades indígenas, la violación de sus derechos territoriales y culturales. La minería ilegal, pone en riesgo la salud de las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia. Además, estas actividades se llevan a cabo sin el consentimiento de las comunidades, violando sus derechos y afectando su relación ancestral con la tierra.

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La minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana viola múltiples derechos humanos fundamentales. En primer lugar, afecta el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud debido a la contaminación del agua y el suelo con mercurio y otros químicos. Asimismo, pone en riesgo el derecho a la vida y a la seguridad personal de los habitantes de la región. La destrucción de ecosistemas compromete el derecho a la alimentación y al agua, mientras que la realización de estas actividades sin el consentimiento de las comunidades infringe sus derechos a la propiedad y a la tierra

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La demanda contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana es liderada por varias organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos. Entre las más destacadas se encuentran la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), que representa a numerosas comunidades indígenas de la región, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una organización nacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas.

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Qué cambios de ley o reglamento requiere

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Qué cambios de ley o reglamento requiere

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Para que se cumpla la demanda contra la minería ilegal en la Amazonia ecuatoriana, se requieren cambios significativos en la legislación y su aplicación. Es necesario fortalecer las leyes ambientales para regular estrictamente las actividades mineras, prohibiendo el uso de químicos peligrosos como el mercurio y protegiendo los ecosistemas de la deforestación. Además, deben implementarse y reforzarse leyes que protejan los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, asegurando su consentimiento previo

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Acciones realizadas hasta el momento y logros alcanzados.

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Acciones realizadas hasta el momento y logros alcanzados.

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Hasta el momento, se han llevado a cabo varias acciones significativas en la lucha contra la minería ilegal en la Amazonia ecuatoriana. Las comunidades indígenas, junto con organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han liderado protestas y campañas de sensibilización para atraer la atención pública y gubernamental hacia el problema. Estas acciones han resultado en algunos logros importantes, como la emisión de pronunciamientos judiciales a favor de los derechos indígenas y el medio ambiente, así como la suspensión temporal de actividades mineras ilegales en ciertas áreas.

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Para avanzar en la protección contra la minería ilegal en la Amazonia ecuatoriana, se planifican diversas acciones futuras. Estas incluyen la promoción de reformas legislativas más estrictas para prohibir el uso de químicos peligrosos y proteger los ecosistemas amazónicos, así como el fortalecimiento de la vigilancia y control gubernamental sobre las actividades mineras. Se empoderará a las comunidades indígenas mediante capacitación en monitoreo ambiental y defensa legal, y se llevarán a cabo campañas de sensibilización a nivel nacional e internacional. Además, se buscará colaboración internacional para obtener apoyo técnico y financiero, y se promoverán alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales.

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Minería ilegal: la Amazonía recibe el impacto más grande de su historia

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Minería ilegal: la Amazonía recibe el impacto más grande de su historia

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Los tres operativos llamados Manatí, realizados por la Policía Nacional, Fuerza Terrestre y autoridades de control, han encontrado, en menos de un año, 186 excavadoras y decenas de otras evidencias, que remarcan el hecho de la destrucción ambiental y social en las riberas de los ríos de la Amazonía, sobre todo en Napo y Orellana. Los habitantes se manifiestan. Plan V obtuvo sus testimonios.

Efectivos del GIR y del Ejército custodian una de las decenas de máquinas excavadoras encontradas en esta zona de Orellana, durante el operativo Manatí III. Foto: Policía Nacional

https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/mineria-ilegal-la-amazonia-recibe-el-impacto-mas-grande-su-historia

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El parque La Carolina de Quito tiene 64 hectáreas, es el más grande en el centro norte de la ciudad. Ahora, imagine esa área multiplicada por 53 veces. O imagine el parque Metropolitano, el más grande de la ciudad, con 571 hectáreas, y multiplíquela por seis veces. Ese es el tamaño del área, 3428 ha, que la fuerza pública -Policía Nacional y Fuerzas Armadas- intervino para realizar el último operativo contra la minería ilegal en la provincia amazónica de Orellana, específicamente en el pasado en el sector de San José de Guayusa, en las comunidades de San Lorenzo, Sinchiwaira y Musulla.

El llamado Operativo Manatí III fue un trabajo conjunto de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), con la supervisión de Fiscalía General y el Ministerio del Ambiente. Y el que más impactantes resultados ha obtenido desde el operativo Manatí I, que descubrió al país el magnitud de la destrucción socioambiental de la minería ilegal, sobre todo en Napo y Orellana.

El pasado jueves 4 de mayo, en la provincia de Orellana, en el sector de San José de Guayusa, en las comunidades de San Lorenzo, Sinchiwaira y Musulla, ejecutaron el operativo Manatí III, para neutralizar y judicializar a las personas y materiales que son utilizados para actividades ilícitas de extracción de recursos mineros.

Mediante resolución adoptada por la Agencia de Regulación y Control de energía y Recursos Naturales No Renovables, se obtuvo las autorizaciones jurídicas administrativas para utilizar material explosivo con métodos de detonación controlada, para inhabilitar, inmovilizar o destruir la operación de los bienes, equipos, maquinarias y vehículos utilizados en minería ilegal.

La intervención realizada por unos mil uniformados fue en las 3.428 hectáreas que abarcan estos tres sectores ubicados en Orellana. En esta ocasión se encontraron 37 excavadoras, de las cuales 34 fueron destruidas con explosivos y tres fueron inhabilitadas. Además de 12 clasificadoras, 5.950 galones de combustible, ocho armas de fuego, cuatro generadores de energía, celulares y material aurífero decomisados; cinco motocicletas y tres vehículos, entre otras evidencias.

Como una estrategia operativa, la fuerza pública contó con grupos especializados en el manejo de drones, reconocimiento de terreno, patrullajes aéreos, orientación y la acción del personal que estuvi armado y equipado.

Este es el tercer operativo en la zona. Las comunas kichwas que se asientan sobre el río Punino, donde se realiza la minería ilegal, son las más afectadas debido a la contaminación del agua, lo que ha provoca que este líquido vital sea escaso, mueran los animales como los peces, además de otros efectos para la salud.

Sara Guatatoca, presidenta de la comunidad kichwa General Guami.

Sara Guatatoca, presidenta de la comunidad kichwa General Guami, del Río Punino, lo ratifica. "Me gustaría que estos operativos se hagan de forma constante, para que no sigan destruyendo el medio ambiente. Debemos proteger al medio ambiente, hay muchos animales, flora y peces que ya no existen por el agua que está sucia, está contaminada. Yo les pediría a todas las autoridades que están en esto, que hagan operativos constantes, si es posible un destacamento para que tengan vigilado a estos señores destructores, que ya no sigan mas destruyendo"

Otro de los daños causados por esta actividad ilícita es a los bosques nativos, que por años han sido los guardianes y hogar a miles de especies animales. De acuerdo al Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de 2019 a 2021 se presentaron 32 hectáreas de deforestación asociada a la actividad, mientras que solo en 2022, 185 ha fueron arrasadas, según un nuevo reporte que publicaron en febrero de 2023. El MAAP una iniciativa de Amazon Conservation y Conservación Amazónica (ACCA) en Perú, con el apoyo de socios como ACEAA en Bolivia y EcoCiencia en Ecuador.

Edison Canelos, colono de la comunidad de San Lorenzo.

Edison Canelos, es un colono. Oriundo de Pastaza, mantiene su finca desde hace diez años, en el sector de la comunidad de San Lorenzo. Él dice que desde hace mucho tiempo, en la parte de arriba de la zona, existe la minería ilegal. "Nos hace daño. Aquí hay un río donde sabíamos pescar y bañarnos. En la actualidad el agua es turbia. Todos los peces y animalitos se han muerto, por lo tanto yo como ciudadano del Ecuador, de la provincia de Orellana solicito a quienes están realizando este operativo, que hagan lo posible, que esta minería ilegal que tanto daños nos hace, sea retirada de nuestro lugar.

La minería ilegal también significa violencia para los moradores de la zona. Canelos dijo que "en nuestro territorio han venido secuestros. Se dieron secuestros a nuestra familia y les soltaron. A la media noche nos soltaron. Después de cinco días secuestraron a una señora con el hijo, por esa minería. Acá han venido Los choneros, Los lobos y nos han dicho que, si no trabajan para mí, los matamos, así nos han dicho. Yo quiero que nos resguarden para poder caminar libremente".

Un último reporte geográfico y satelital reveló que, durante el 2022, hubo un aumento de 578% en la superficie afectada por la minería, en donde la actividad se amplía a lo largo del río Punino y sus afluentes. La deforestación minera de 217 hectáreas, equivalente a 304 canchas del Estadio Olímpico Atahualpa, se ha dado en solo los últimos tres años.
maaproject.org Dinámica de la actividad minera entre 2019 y el presente en la zona Punino. Deforestación minera en la zona Punino, comparando noviembre de 2021 (panel izquierdo) con diciembre de 2022 (panel derecho).
El 26 de enero del 2023, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Cosepe, declaró a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional. El Consejo tomó esta decisión tras revisar de forma minuciosa el impacto y los daños de la minería ilegal en lo ambiental, laboral y seguridad. Según el Gobierno, este "flagelo" es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos; convirtiéndose en una estructura delincuencial.

Esta resolución se dio un año después del más grande operativo contra la minería ilegal en la Amazonía, entre el 13 y el 28 de febrero del 2022. Este fue en Tena, provincial del Napo, comunidad Yutzupino, donde un grupo de personas realizaban actividades mineras sin los permisos correspondientes. Emplearon modus operandi de exploración, extracción y aprovechamiento de recursos mineros de forma aluvial y maquinaria pesada como excavadoras y dragas.

En agosto del 2021 se tenía información de cinco excavadoras y aproximadamente 16 personas que realizaban minería ilegal. Pero semanas después, la Policía conoció del incremento desmesurado de excavadoras. A finales del año 2021 había un aproximado de 180 excavadoras en el sector de Yutzupino. Se abrió una investigación por delincuencia organizada y en febrero del 2022 se ejecutó la Operación Manatí I. Se incautaron 148 excavadoras, 98 motores de succión de agua, 80 clasificadoras tipo Z, 16 bombas de agua, 17 cucharas metálicas, 4500 galones de gasolina, 80 kilos de material mineralizado, además de otras evidencias. Todo eso fue judicializado y puesto a órdenes de la Fiscalía. La Unidad de Investigación de Delitos contra el Medioambiente, de la Policía Nacional, advertía entonces que "existiría un grupo de personas que se dedican a la extracción de recursos mineros de los ríos, estos organizados por personas que financian las actividades y maquinaria, quienes a su vez mantienen coordinación con funcionarios de las entidades de control para la evasión de operativos". Es más, que grupos familiares y de gobiernos seccionales eran parte de este delito.

A finales del 2022 se daría el Operativo Manatí II, luego de nueve meses investigación e inteligencia, a y través de técnicas de interceptación telefónica, vigilancias y seguimientos. De esa manera se logró evidenciar la actuación de una organización delictiva que operaba en el sector de Yutzupino y otras provincias como Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La operación dio como resultado la aprehensión de seis personas, una de ellas el ex director de Minería Ilegal de la Agencia De Regulación De Control De Energía Y Recursos Naturales No Renovables, funcionario que se encontraba en funciones cuando se ejecutó el Operativo Manatí I. También fueron capturadas dos armas de fuego, 27 cartuchos, 18 mil dólares, resultado de seis allanamientos. Todos los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía.

Así, en menos de un año, tres grandes operativos policiales y militares, además de la Fiscalía de entidades de control, dieron como resultado 186 excavadoras encontradas, diez detenidos, 12 armas de fuego decomisadas, 10.412 galones de combustible, 351 gramos de material aurífero incautado, 80 kilogramos de material mineralizado, 93 clasificadores, 144 cartuchos, 8 vehículos, 8 generadores de energía, 23.000 dólares y 103 motores de succión de agua.

Elizabeth Chiguango, que vive en el alto Punino, en Napo exigió a las autoridades que los operativos deben hacerse cada mes. "Estas actividades nos están perjudicando al medio ambiente, mucho a la humanidad, porque esta agua en Orellana nosotros la consumimos. El Gobierno debe denunciar a las personas que están dentro de la minería ilegal, a las compañías ilegales, no a gente de la comunidad, no a gente inocente. Si quieren denuncia miren y palpen ese desastre natural que existe, lo que ha hecho es la minería ilegal, señores.

"Desde el 2018 la minería ilegal está aquí. La minería ilegal vino con dos máquinas y ahora hay cientos de maquinas por allá. Vaya por el río y mire como eso está, totalmente destruido. Aquí ya no hay ni flora ni fauna, imagínese. Ya están llegado hasta las cascadas. Veo muy bien el trabajo de la Policía y Fuerzas Armadas pero no están llegando donde se esta haciendo verdadero daño. Yo quisiera que lleguen al lugar donde están haciendo daño. Que demande a la minería ilegal, nuestra montaña virgen ya no hay ahora, todo es un desastre. Que pena que el Gobierno no ponga mano dura. Están contaminando a toda la humanidad porque nosotros tomamos agua también en Orellana, el río Napo está contaminado".

Para Domingo Notemo, habitante de la zona, el daño es irreparable. Aquí "antes teníamos pescaditos ahora ya no tenemos nada, no tenemos agua limpia ni para tomar ni para bañarnos, nos están perjudicando bastante. Yo me dedico a la agricultura, a la pesca, anteriormente con eso hemos vivido pero ahora ya no tenemos. Esta minería ilegal ha venido hacer destrucción. Antes no nos esperábamos operativos, no daban oído las autoridades, el alcalde, el prefecto han venido. Pero esta vez estamos mejorcito, los campesinos no podíamos frenar esto. Yo pediría que esta acción sea con más frecuencia para frenar a la minería ilegal".

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Minería ilegal: la Amazonía recibe el impacto más grande de su historia

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El impacto de la minería ilegal en las provincias de Napo y Orellana es irreparable. Tres operativos, llamados Manatí, dan cuenta de las mafias que destrozan el ambiente.

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Minería en la Amazonía ecuatoriana creció casi un 300 % del 2015 al 2021

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Minería en la Amazonía ecuatoriana creció casi un 300 % del 2015 al 2021

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Minería en la Amazonía ecuatoriana creció casi un 300 % del 2015 al 2021

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La actividad minera, tanto legal como ilegal, cubría más de 7495 hectáreas en la Amazonía de Ecuador en 2021.

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Minería ilegal e irregular avanza a velocidad sin precedentes en la selva amazónica de Ecuador.

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Minería ilegal e irregular avanza a velocidad sin precedentes en la selva amazónica de Ecuador.

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Minería ilegal e irregular avanza a velocidad sin precedentes en la selva amazónica de Ecuador.

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La minería ilegal crece en la Amazonía ecuatoriana

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La minería ilegal crece en la Amazonía ecuatoriana

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La minería ilegal crece en la Amazonía ecuatoriana