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cordial saludo estimados estudiantes, se define este espacio para que empecemos a formalizar las actividades del semillero de investigación cada uno realice aportes al desarrollo de la misma

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Tema de investigación es movilidad reducida 

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Tema de investigación es movilidad reducida 

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tengamos en cuenta el alcance, referencias bibliográficas, normativas y demás que puedan aportar a la construcción de la actividad

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cual sera el titulo de nuestro documento?

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cual sera el titulo de nuestro documento?

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Una nueva visión, hacia la inclusión laboral. (Mi propuesta)

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Una nueva visión, hacia la inclusión laboral. (Mi propuesta)

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Me parece que el titulo que da Juan Pablo Gutierrez suena bien. Este titulo refleja el objetivo principal de la propuesta y enfatiza en un enfoque positivo.

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Me parece que el titulo que da Juan Pablo Gutierrez suena bien. Este titulo refleja el objetivo principal de la propuesta y enfatiza en un enfoque positivo.

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Mayerlin Fuentes Herrera La responsabilidad social del empleador (RSE) en Colombia frente a la discapacidad*

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Juan Pablo Gutierrez Ga

Por el cual se establecen incentivos en los procesos de contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad.

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PANORAMA DE LA PROTECCIÓN JURISPRUDENCIAL A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLOMBIA

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PANORAMA DE LA PROTECCIÓN JURISPRUDENCIAL A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLOMBIA

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El presente artículo de reflexión es resultado directo del Proyecto de Incidencia Política para la Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desarrollado en el marco de las actividades de investigación del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes durante el 2008.

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La jurisprudencia constitucional colombiana en relación con la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad ha jugado un rol activo, a través de las sentencias la Corte ha protegido ampliamente a las personas con discapacidad y se ha referido a sus derechos en numerosas ocasiones, los ha ampliado, ha garantizado y en general ha redignificado a la persona con discapacidad y recalcado la posición privilegiada que les otorga el texto constitucional. El artículo desarrolla un panorama general de la protección jurisprudencial en torno a los deberes constitucionales del Estado con respeto a las personas con discapacidad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y el concepto de discapacidad, la igualdad y la prevención de la discriminación, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo y la protección laboral reforzada de las personas con discapacidad, el derecho a la salud, y el derecho a la educación.

Palabras clave autor: personas con discapacidad, derechos humanos, derecho constitucional, Corte Constitucional Colombiana.

Palabras clave descriptor: personas con discapacidad, derechos humanos, derechos civiles, Colombia - derecho constitucional.
ABSTRACT
The Colombian Constitutional Court's precedent regarding the persons with disabilities' human rights has played an active role. It has widely protected and dignified them, it was also reaffirmed the privilege place given to them by the Constitution. The paper presents a general overview of persons with disabilities human rights legal protection and specifically: the Constitutional duties of the State, the disability concept, the equality, the rights to mobility, to work, to health services and education.

Key words author: persons with disabilities, human rights, constitutional law, Colombian Constitutional Court.

Key words plus: people with disabilities, human rights, civil rights, Colombia - constitutional law.

Sumario: Palabras previas con relación a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Los deberes constitucionales del estado con respecto a las personas con discapacidad, Concepto de discapacidad, Igualdad y prevención de la discriminación, Derecho a la movilidad, Derecho al trabajo, protección laboral reforzada de las personas con discapacidad, Derecho a la salud, Derecho a la educación, Conclusiones, Bibliografía.
PALABRAS PREVIAS CON RELACIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Convención es el logro jurídico y político internacional más importante de la comunidad de personas con discapacidad, no solo porque recoge las luchas y los cambios paradigmáticos que han experimentado en años recientes. Principalmente el texto recoge quizás el cambio paradigmático más importante: supera el enfoque de salud para abordar el tratamiento de la discapacidad, según en el cual, las necesidades de las personas con discapacidad se trataban desde la habilitación y la rehabilitación, lo corporal, lo relacionado con la salud era la faceta predominante. Ahora, desde el enfoque de derechos, se integra la salud, pero se concibe a la persona con discapacidad como un sujeto multidimensional al cual deben garantizársele sus derechos humanos y el acceso a los servicios públicos en términos de igualdad e inclusión social; desde el enfoque de derechos la salud es solo una parte y la persona con discapacidad entendida desde su dignidad y autonomía pasa a ser el centro de la atención.

Como antesala a la ratificación de la Convención en Colombia, el presente artículo presenta un panorama general de la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad que ha llevado a cabo la Corte Constitucional Colombiana durante sus casi 16 años de existencia. El texto no pretende abordar exhaustivamente cada uno de los derechos objeto de análisis, sino presentar algunas generalidades y, en algunos casos concretos, algunas subreglas importantes. Dejando abierta la invitación al análisis más profundo de cada derecho y a la construcción de un debate en relación con el papel de los jueces en la protección de las personas con discapacidad.

En la actualidad la jurisprudencia constitucional colombiana en relación con los derechos de las personas con discapacidad no ha jugado un rol pasivo, por el contrario, la Corte Constitucional Colombiana ha protegido ampliamente a las personas con discapacidad y se ha referido a sus derechos en numerosas ocasiones, los ha ampliado, ha garantizado y en general ha redignificado a la persona con discapacidad y recalcado la posición privilegiada que le otorga el texto constitucional. Los retos entonces están a la orden del día, el precedente deberá ser usado en relación con el contenido de la Convención, para ampliar el rango de protección y hacer exigibles las obligaciones que el tratado implica y que a todas luces son coherentes con los postulados constitucionales.

En orden a lograr su objetivo central, el presente artículo abordará los siguientes temas: (i) los deberes constitucionales del Estado con respecto a las personas con discapacidad, (ii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y el concepto de discapacidad, (iii) la igualdad y la prevención de la discriminación, (iv) el derecho a la movilidad, (v) el derecho al trabajo y la protección laboral reforzada de las personas con discapacidad, (vi) el derecho a la salud, y finalmente (vii) el derecho a la educación.
LOS DEBERES CONSTITUCIONALES DEL ESTADO CON RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En segundo lugar, el deber estatal de adoptar medidas de diferenciación positiva a favor de las personas con discapacidad se encuentra consagrado, entre otros, en el artículo 13 de la Carta, según el cual es deber del Estado adoptar medidas a favor de las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

A su vez, el artículo 47 establece que "el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran". Adicionalmente, el artículo 54 de la Constitución consagra como obligación del Estado, entre otras, "garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud".

Finalmente, la Corte ha advertido que la condición de la discapacidad coincide frecuentemente con otras condiciones de vulnerabilidad reconocidas por la Carta, en estos casos se ha reconocido una doble protección constitucional reforzada. Tal es el caso de las personas en situación de desplazamiento, los niños, los negros, los indígenas, las mujeres, entre otras. Para cada caso concreto el enfoque diferencial resulta esencial para atender las necesidades específicas y garantizar los derechos humanos.

El texto constitucional colombiano de 1991 identifica claramente a las personas con discapacidad como un grupo de especial protección constitucional y en su interior establece ciertas obligaciones básicas y concretas a favor de dicha población, obligaciones que a su vez constituyen el punto de partida para la protección jurisprudencial. Eliminar la discriminación removiendo las normas y prácticas excluyentes en función de la discapacidad, así como la implementación de acciones afirmativas para el logro de la igualdad material y la inclusión social, constituyen el primer deber constitucional. En segundo lugar, el Estado deberá desarrollar una política de previsión, rehabilitación e inclusión a favor de las personas con discapacidad, y en tercer y cuarto lugar, el Estado deberá garantizar especialmente los derechos al trabajo y a la educación sin que ello implique la desatención de los demás derechos constitucionales de los cuales también son titulares.
CONCEPTO DE DISCAPACIDAD
La discapacidad será entonces la conjunción de dos elementos esenciales que se encuentran presentes en los dos instrumentos internacionales que se reseñan previamente. El primer elemento es la limitación o deficiencia que puede ser de tres tipos: física, sensorial o cognitiva y que además puede ser temporal o permanente y variar en intensidad o grado. En sí misma la limitación no constituye una discapacidad, sino que necesita interactuar el segundo elemento: así cuando la persona con la limitación interactúa socialmente y encuentra barreras físicas, actitudinales y sociales en general que le impiden integrarse socialmente en condiciones de igualdad, se considera que existe una discapacidad.

El planteamiento anterior reviste una especial importancia por cuanto la jurisprudencia constitucional ha recalcado que es la discapacidad, en los términos expuestos, el objeto de especial protección constitucional y que esta no puede estar limitada por la declaración de invalidez, que se limita únicamente a reconocer el grado o la intensidad de la misma y cuyos efectos son legalmente limitados.
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
Así, para las personas con discapacidad las primeras dos dimensiones se dan por sentadas, es la tercera la que reviste especial importancia, por cuanto serán las acciones afirmativas adoptadas por el Estado y justificadas en el inciso tercero del artículo 13 constitucional condición necesaria para el goce efectivo de los derechos humanos en condiciones de igualdad.

En relación con las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades es un objetivo y a la vez un medio para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. "La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos".

La Corte ha adoptado y reiterado jurisprudencialmente el concepto de discriminación contra las personas con discapacidad que presenta la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación como: "toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales".

El asunto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como se recalca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reduce al tema de la igualdad y de la inclusión social. Éstos no poseen derechos esencial o diametralmente diferentes a los de otros grupos en situación de vulnerabilidad, sino que los mismos deben ser interpretados y aplicados de forma que el acceso pueda darse efectivamente y ello implica eliminar la discriminación, la exclusión y garantizar el acceso real a través de medidas afirmativas concretas que amplían el espectro de cada derecho, pero que no crean nuevos e independientes derechos.

La diferenciación de la discriminación por acción y por omisión que ha realizado la Corte no solo está de acuerdo con lo planteado por la Convención, sino que va más allá y resulta finalmente siendo más garantista, por cuanto institucionaliza el deber de desarrollar acciones afirmativas para la garantía directa de los derechos humanos.
DERECHO A LA MOVILIDAD
El derecho a la movilidad, en el caso de las personas con discapacidad, adquiere una importancia y significación mayores que en las personas sin discapacidad. La posibilidad de movilizarse sin barreras ni obstáculos, no solo físicos sino también sociales, presenta una amplia relación con la autonomía personal, con el libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad para la persona con discapacidad de desarrollar su proyecto de vida con mayor independencia y dignidad. Las personas con discapacidad requieren la ejecución de acciones afirmativas por parte del Estado y de la sociedad en general que garanticen mayor independencia en dicha movilidad y que eliminen las barreras sociales que limitan en la cotidianidad este derecho.

La movilidad de las personas con discapacidad ha tendido erróneamente a reducirse a accesibilidad física, es decir, a garantizarse a través de los ajustes al espacio físico que responden únicamente o en gran medida a las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad física o con movilidad reducida. El norte del derecho a la movilidad es eliminar las barreras sociales para lograr que las personas con discapacidad puedan movilizarse tan autónoma e independientemente como su limitación se los permita, para lograrlo es necesario entender integralmente la complejidad de las necesidades de las personas con discapacidad.

La mayoría de ajustes se limitan a la construcción de rampas, puertas de acceso más amplias para permitir la movilidad de las personas en silla de ruedas, pasamanos y otras ayudas técnicas. Son tradicionalmente omitidas las necesidades de los demás tipos de discapacidades, en especial las sensoriales, como las de los sordos, los ciegos y los sordociegos: la implementación del braille en los avisos y las comunicaciones, la implementación de información sonora, el uso de guías e intérpretes de la lengua de señas, entre otros que constituyen medidas humanas y de diseño para la accesibilidad coadyuvan notablemente al derecho a la movilidad de forma autónoma de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida cotidiana.

De la protección jurisprudencial se destacan dos casos de amplia importancia en la garantía del derecho a la movilidad de las personas con discapacidad:

En la Sentencia T-595 del 2002 la Corte trascendió lo particular y determinó que la dimensión positiva del derecho fundamental a la movilidad implica, por parte de la empresa que presta el servicio público del transporte: (i) contar con un plan concreto para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, (ii) plan que debe además permitir de forma progresiva, pero cierta el goce efectivo del derecho, y (iii) que posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan.

Adicionalmente en la Sentencia C-156 del 2004, la Corte se refirió a la constitucionalidad de la restricción a las personas con discapacidad para obtener licencias de conducción para la prestación del servicio público de transporte colectivo. La Corte definió que, si bien las distinciones que se hagan sobre la base de la discapacidad son sospechosas de discriminación y que, por tanto, deben ser sometidas a un test de igualdad para determinar su constitucionalidad. Para el caso concreto, estableció que como los derechos de todos, los de las personas con discapacidad no son absolutos y que le era posible al legislador, como lo hizo precisamente, limitar el derecho a la movilidad y al trabajo a una persona con discapacidad, cuando dicha restricción obedeciera a fines constitucionales superiores como: la integridad, la vida y la seguridad de los demás. Por ello resolvió declarar constitucional la limitación legal a las personas con discapacidad para acceder a licencias de conducción para el transporte público colectivo, en el entendido de que dicha limitación se estatuye como una protección a la vida y a la seguridad de los demás.

La dimensión del derecho a la movilidad de las personas con discapacidad es mucho mayor que la accesibilidad física. La Convención es consciente de ello y en Colombia la exclusión y las vulneraciones están a la orden del día. Corresponderá entonces a las organizaciones sociales exigirlas sobre la base del precedente constitucional y de la Convención.
DERECHO AL TRABAJO, PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Corte ha sido enfática en la protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad desde varios enfoques. En primer lugar y en relación con la defensa de la igualdad y la eliminación de todas las formas de discriminación. Y en segundo lugar, protegiendo la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad en múltiples circunstancias.

Como manifestación del primer enfoque se encuentra la Sentencia C-076 del 2006, en la cual la Corte estudió si constituía una discriminación injustificada e inconstitucional impedir a los sordos y a los ciegos acceder al cargo de notario público. Para el caso concreto la Corte planteó que "a las personas con discapacidad no se les puede negar, condicionar o restringir el acceso a un puesto de trabajo -público o privado- o la obtención de una licencia para ejercer cualquier cargo, con fundamento en la discapacidad respectiva, a menos que se demuestre que la función que se encuentra afectada o disminuida resulta imprescindible para las labores esenciales del cargo o empleo respectivo".

En relación con el segundo enfoque, es decir, con la protección a la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad, la Corte ha reiterado que dicha protección no deriva únicamente de la Ley 361 de 1997, sino también de los postulados constitucionales de protección a las personas con discapacidad:

Resulta entonces que no existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo. No obstante, en virtud de las particulares garantías que señala la Constitución a algunos sujetos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, la jurisprudencia ha señalado que, en ciertos casos, estos tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada. En esa medida, no se les puede desvincular laboralmente mientras no exista una especial autorización de la oficina del trabajo o del juez. Es el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las (sic) personas limitadas, entre otros.

Dicha estabilidad laboral reforzada ha sido reconocida y protegida por la Corte a distintos tipos de trabajadores con discapacidad, entre ellos los miembros de las Fuerzas Armadas, los servidores públicos y los trabajadores en general.

En la Sentencia C-381 del 2005 se estudió la constitucionalidad de la discapacidad sobreviniente como motivo de retiro de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Policía Nacional. En dicho caso la Corte indicó que el retiro por causa de la discapacidad no es un fin constitucionalmente válido y que se sacrifica un bien de mayor valía, resaltando que: "Es importante considerar las circunstancias concretas de cada persona y tener en cuenta las capacidades que de ellas puedan aprovecharse para no adoptar una medida que resulte ser desproporcionada a los fines constitucionales"; para ello indicó que solo será constitucional el despido cuando se demuestre que la persona no está en capacidad de realizar alguna otra labor administrativa, de docencia o de instrucción.

En relación con los servidores públicos, la Corte, de acuerdo con su Sentencia T-090 del 2006 estableció que:

Los servidores públicos que al momento de la ejecución de los programas de renovación y reestructuración institucional, tengan incapacidad física, mental, visual o auditiva, en aplicación del derecho de protección laboral reforzada de que son titulares y de la obligación del Estado de garantizar su amparo especial, dada su situación de debilidad manifiesta, deben ser incluidos en los programas de protección social y permanecer en el ejercicio de su cargo. En consideración a la protección laboral reforzada de las personas que hacen parte de este colectivo, la Corte Constitucional en diferentes ocasiones ha tutelado su derecho fundamental al trabajo cuando, en virtud del plan de renovación de la administración pública, han sido retirados del servicio.

Para la protección de la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores con discapacidad en general, la Corte, en varios de sus fallos se ha referido a los siguientes puntos esenciales: (i) determinar si procede la acción de tutela para obtener el reintegro a favor del trabajador con discapacidad, (ii) si resulta constitucionalmente válido para el empleador la desvinculación de un trabajador con discapacidad sin justa causa, y con pago de indemnización, (iii) si el concepto de invalidez debe asimilarse con el de discapacidad, y en consecuencia solo aquellos que han sido calificados como inválidos son sujeto de la protección especial y (iv) si resulta necesaria la calificación de invalidez para que un trabajador pueda reclamar la estabilidad laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997.

Adicionalmente, la Corte ha reconocido que la protección laboral reforzada para las personas con discapacidad consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y declarada exequible no solo tiene un fundamento legal sino constitucional, y por eso puede ser protegido directamente por la acción de tutela. Además, dicha protección presenta dos posibles facetas: una positiva y otra negativa en favor de las personas con discapacidad.

Es positiva en la medida que establece una limitación a las personas, indicándoles que no deben obstaculizar una vinculación laboral de una persona con discapacidad, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. La negativa se manifiesta en la medida que ordena que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo. Y quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

En relación con la faceta negativa de la protección, la Corte señaló en su Sentencia C-531 del 2000 que: "el pago de la indemnización al trabajador (sic) discapacitado no convierte el despido eficaz, si este no se ha hecho con la previa autorización. En este sentido, la indemnización se constituye simplemente como una sanción para el empleador, mas no como una opción para este de despedir sin justa causa al trabajador (sic) discapacitado".

La protección jurisprudencial también se ha referido a las condiciones laborales de las personas con discapacidad o de aquellos que adquieren una discapacidad en el desarrollo de la relación laboral. En la Sentencia T-1040 del 2001 se establece que existe una obligación de los empleadores de abstenerse de impartir órdenes que afecten la salud de sus empleados, por virtud del respeto que estos deben a la dignidad de sus trabajadores. Sin embargo, la Corte ha extendido esta obligación, en función de la estabilidad laboral reforzada a que en determinadas situaciones el respeto por esta dignidad implica, además, el deber de reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física.

Finalmente, en el desarrollo y protección del derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad, la Corte Constitucional en la Sentencia C-016 de 1998 estableció el alcance del principio de estabilidad en el empleo en relación con el contrato a término fijo:

De conformidad con el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte en torno al principio de estabilidad laboral que consagra el artículo 53 de la Constitución Política, este se configura y se realiza, en el caso de los contratos a término fijo, cuando confluyen los siguientes presupuestos constitutivos del mismo: cuando el trabajador tiene la certidumbre y la garantía de que conservará el empleo, en la medida en que subsista la materia de trabajo y él haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, de manera tal que el empleador, motivado por las necesidades de la empresa, deba renovar el contrato.

Lo anterior implica que el solo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, solo así se garantizará de una parte la efectividad del principio de estabilidad. La renovación sucesiva del contrato a término fijo no riñe con los mandatos de la Constitución, ella permite la realización del principio de estabilidad laboral, pues siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a este se le deberá garantizar su renovación.

La protección laboral reforzada de las personas con discapacidad es una institución ampliamente reconocida en el precedente, no obstante, en la práctica no es una herramienta útil para garantizar la inclusión laboral, es decir, para garantizar y fomentar el acceso al empleo, solo para protegerlo y mantenerlo, ello es sin duda importante, pero insuficiente. La discusión sobre si la protección laboral reforzada constituye una talanquera para el acceso al empleo está, sin duda, vigente.
DERECHO A LA SALUD
Desde el enfoque de derechos en el tratamiento social y jurídico de la discapacidad, el derecho a la salud pierde preponderancia, pero no importancia. Lo cierto del caso es que el hecho de abordar la discapacidad desde el enfoque de derechos no responde ni implica necesariamente una completa satisfacción de las necesidades en salud de las personas con discapacidad. Lo que ello implica es que la salud, como se ha reiterado, deja de ser el centro de la atención y pasa a ser la persona con discapacidad en todas sus facetas sociales.

La Corte ha precisado que este derecho puede transformarse en un derecho subjetivo y que, bajo determinados supuestos, puede entenderse como un derecho fundamental cuando: (i) en razón de su conexidad con otros derechos fundamentales (ii) frente a sujetos de especial protección constitucional como los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores, y (iii) como derecho fundamental autónomo en relación con su contenido mínimo. En ese orden de ideas y en consideración a que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional titulares del derecho fundamental a la salud que resulta exigible mediante el mecanismo constitucional de la acción de tutela.

Para el caso concreto se estableció que es apenas natural que el Estado:

Se responsabilice de sus jóvenes reclutados proporcionándoles atención suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar, entre otros, desde el día de su incorporación, durante el servicio y hasta la fecha del licenciamiento. Pero la Corte, además, ha señalado que tal deber no se extingue completamente al momento del licenciamiento, pues el Estado, por intermedio de las instituciones de la fuerza pública, debe proporcionar la atención en salud a aquellas personas que durante la prestación de este servicio han visto disminuidas sus capacidades físico-psíquicas, con mayor razón cuando tal mengua se deriva directamente de actividades relacionadas con el servicio.

El segundo caso de especial relevancia por incluir niños en situación de discapacidad, en el cual se discutía si el servicio de transporte hacía parte esencial del derecho a la salud, o si, por el contrario, era un servicio conexo que debía correr a cargo del paciente o de su familia.

De una lectura armónica de los artículos 13 y 47 superiores, es posible concluir que el constituyente primario otorgó una protección especial reforzada a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, para lo cual el Estado debe emprender medidas afirmativas con el fin de proteger los derechos fundamentales de esta población que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta.

Así las cosas, uno de los eventos que presenta restricción es el relacionado con el traslado a sitios diferentes del de la residencia de los pacientes, en la generalidad de los casos, el paciente es quien debe costear y proveerse los gastos y el servicio de transporte. No obstante la jurisprudencia, la Corte ha señalado que pueden presentarse situaciones en las que la entidad prestadora de salud no provea los medios necesarios al paciente para que tenga un acceso efectivo y real al tratamiento o procedimiento dispuesto por el médico tratante, como es el caso del transporte, situación que a la postre hace nugatoria la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas, evento en que será el Estado el que se encargue de suministrar el respectivo desplazamiento, siempre y cuando esté probado objetivamente que tanto el afiliado al sistema como su familia no cuentan con los recursos económicos suficientes para sufragarlo.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
En la Sentencia T-170 del 2007 la Corte ilustró claramente la tensión existente entre las posiciones sobre el sistema educativo más adecuado para los menores con discapacidad: una postura argumenta que dicho servicio debe prestarse integrándolos en las aulas regulares de los establecimientos donde se imparte educación para los niños que no tienen discapacidad (tendencia inclusiva), o si, por el contrario, constituye una mejor alternativa su vinculación a centros donde puedan recibir una educación especial.

Al momento de decidir casos concretos, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el problema central de la educación especial para los niños con discapacidad requiere el análisis detallado del caso que se tenga bajo examen, de tal manera que sea posible determinar cuál de las dos alternativas realmente promueve las condiciones para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva, para ello estableció los siguientes requisitos:

a) La acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores (sic) discapacitados. b) La educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de tutela solo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor. c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo. d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, esta no solo se preferirá sino que se ordenará. e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor (sic) discapacitado.

Finalmente, la Corte abordó la cuestión de si el derecho fundamental a la educación de las personas con discapacidad puede verse limitado por el factor de la edad, esto es, si tal derecho pierde este carácter cuando quien padece la discapacidad alcanza la mayoría de edad. En la Sentencia T-816 del 2007 se estudió el caso de un menor con discapacidad excluido del sistema educativo, en dicha oportunidad se concluiría que: "la especial protección en favor de la población (sic) discapacitada no admite restricciones a sus derechos basadas en la edad".

Los derechos fundamentales de la población con discapacidad, no solo la educación sino también la salud, no pueden verse restringidos por el factor edad. En efecto, se trata de sujetos de especial protección constitucional frente a quienes se tienen deberes particulares y a quienes se les prestará la atención que requieran a fin de cumplir los mandatos constitucionales de "previsión, rehabilitación e integración social", proveer un ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta población, "la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran", así como la educación adecuada.

Específicamente en la Sentencia T-816 del 2007 la Corte afirmó que: "en el caso de las personas con limitaciones psíquicas y físico-sociales, el derecho fundamental a la educación se extiende aún más allá del término definido por la Constitución y las leyes como el límite de la minoría de edad. En efecto, la voluntad del Constituyente, en los términos de los artículos 47 y 68 inciso final, no está mediada por una delimitación del deber de protección en función de la edad, del sexo o de cualquier otra circunstancia. La Constitución reconoce el deber de protección para las personas con discapacidad en términos genéricos y categóricos".
CONCLUSIONES
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el logro jurídico y político internacional más importante de la comunidad de personas con discapacidad, dado que integra las luchas y los cambios paradigmáticos más relevantes en torno al tratamiento de la discapacidad.

El texto presenta el cambio paradigmático más relevante en torno a la discapacidad: supera el enfoque de salud, según el cual las necesidades de las personas con discapacidad se trataban desde la habilitación y la rehabilitación, lo corporal, lo relacionado con la salud era la faceta predominante. Desde el enfoque de derechos, se integra la salud, pero se concibe la persona con discapacidad como un sujeto multidimensional al cual deben garantizársele sus derechos humanos y el acceso a los servicios públicos en términos de igualdad e inclusión social; desde el enfoque de derechos la salud es solo una parte y la persona con discapacidad entendida desde su dignidad y autonomía pasa a ser el centro de la atención.

La jurisprudencia constitucional colombiana en relación con los derechos de las personas con discapacidad ha jugado un rol activo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, los ha protegido ampliamente, en general ha redignificado a la persona con discapacidad y recalcado la posición privilegiada que le otorga el texto constitucional. Frente al cambio de paradigma que fomenta la Convención sobre la inclusión y el enfoque de derechos, el precedente constitucional está más que coherente y coordinado, avanzado.

En relación con las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades es un objetivo y a la vez un medio para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. La igualdad de oportunidades es un derecho fundamental mediante el cual se equiparan a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.

La Corte Constitucional Colombiana ha señalado que existen por lo menos dos tipos de situaciones que pueden constituir un acto discriminatorio contrario al derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Por un lado, la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho las personas con discapacidad, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad.

En relación con el derecho al trabajo, la Corte Constitucional Colombiana lo ha protegido desde varios enfoques. En primer lugar en relación con la defensa de la igualdad y la eliminación de todas las formas de discriminación. Y en segundo lugar, protegiendo la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad en múltiples circunstancias.

El derecho a la salud, en la jurisprudencia constitucional colombiana ha sido considerado, en principio, como un servicio público y como un derecho social de naturaleza prestacional y progresiva que, a primera vista, no es susceptible de ser amparado a través del mecanismo preferente y sumario de la acción de tutela.

La Corte ha precisado que este derecho puede transformarse en un derecho subjetivo fundamental cuando entra en conexidad con otros derechos fundamentales, en relación con sujetos de especial protección constitucional y como derecho fundamental autónomo en relación con su contenido mínimo. En consideración a que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional, titulares del derecho fundamental a la salud que resulta exigible mediante el mecanismo constitucional de la acción de tutela.

Luego de los derechos abordados y los casos concretos fallados por la Corte Constitucional Colombiana, es posible afirmar que, en relación con la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la jurisprudencia constitucional colombiana se encuentra avanzada y es, en términos generales, garantista y coherente con el enfoque de derechos que desarrolla la Convención. Sin duda los contenidos de esta, atados al precedente, serán una herramienta poderosa para la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Pie de página Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, (art. 1º), Nueva York, 2007. BIBLIOGRAFÍA
STEFAN TROMEL STRUMER. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los retos para su implementación. (Ponencia presentada en el Foro Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Universidad de los Andes, Bogotá, 2008).
Cfr. Sentencia C-076 del 2006. Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia
Ibíd.
Cfr. sentencias C-076 del 2006, C-128 del 2002, C-156 del 2004 y C-410 de 2001 entre muchas otras.
El test de igualdad ha sido aplicado en múltiples sentencias T-288 de 1995, T-207 de 1999, C- 673 del 2001, C-128, T-150 y T-983 del 2002.
Sobre las obligaciones especiales del Estado con respecto a los grupos desaventajados físicos o sensoriales se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-644 de 1996, T-556 de 1998, T 134 de 2001, T-786 de 2002 sobre especial atención en materia de salud. Las sentencias T-065 de 1996; T-700 de 2002; C-531 de 2001; T 117 de 1995; T-473 de 2002 sobre los derechos especiales del trabajador discapacitado. Sobre derechos a la educación especial las sentencias T-620 de 1999; T-513 de 1999; T-559 de 2001. En particular sobre medidas de diferenciación positiva y trato especial al discapacitado se pueden consultar las sentencias T-288 de 1995; T-823 de 1999; T-595 de 2002; C- 410 de 2001; T- 1639 de 2000.
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, (art. 1º, num. 1º), Guatemala, 1999.
Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, (art. 1º), Nueva York, 2007.
Cfr. Sentencia T-198 del 2006.
Cfr. Sentencia C-530 de 1993.
Constitución Política Colombiana de 1991, (art. 2º), Bogotá, 1991.
Sentencia T-288 de 1995.
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: C-156 de 2004, C-381 de 2005, C-288 de 1995 y T-378 de 1997.
Artículo 1º, numeral 2º de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación.
Esta regla se ha reiterado desde la Sentencia T-288 de 1995.
Sentencia C-156 del 2004.
Sentencia C-401 del 2003.
Sentencia T-595 del 2002.
Cfr. Sentencias C-072 del 2003 y T 198 del 2006, entre otras.
En este sentido la Corte ya ha señalado que el derecho debe ser protegido incluso cuando las adecuaciones exigen la implementación de planes, programas o políticas antidiscriminatorias que suponen un costo financiero considerable. En estos casos, sin embargo, el juez de tutela debe ser, al mismo tiempo, respetuoso de los procesos administrativos del diseño e implementación de la política respectiva y guardián de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Por ello debe impulsar y promover los procesos para agilizar la satisfacción de los derechos comprometidos.
Sentencia T-198 del 2006.
Cfr. Las sentencias T-1167, T-1031, T-726, T-602 y T-092 del 2005.
Cfr. Sentencia T-198 del 2006.
Sentencia T-198 del 2006.
Sentencia C-016 del 1998.
Esta posición fue sostenida en la Sentencia T-102 de 1998, entre otras.
Cfr. Sentencia SU-819 de 1999.
La Corte ha estimado que el derecho a la salud se transforma en derecho fundamental por conexidad con otros derechos fundamentales tales como la vida (sentencias T-484 de 1992, T-099 y T-831 de 1999, T-945 y T-1055 del 2000, T-968 y T-992 del 2002, T-791, T-921 y T-982 del 2003, T-581 y T-738 del 2004, entre muchas otras) o la dignidad humana (al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-654 de 1999, T-536 del 2001, T-1018 y T-1100 del 2002, T-538 y T-995 del 2003, T-603, T-610 y 949 del 2004).
Sobre el carácter fundamental del derecho a la salud de los menores, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-1331 del 2000, T-671 del 2001, T-593 y T-659 del 2003 y T-956 del 2004, entre otras.
Cfr. sentencias T-1038 del 2001, T-766 y T-977 del 2004.
Sobre la protección reforzada en salud a las personas de la tercera edad, la Corte ha proferido, entre otras, las sentencias T-535 de 1999, T-004 del 2002, T-928 del 2003 y T-748 del 2004.
Esta tesis ha sido un desarrollo jurisprudencial de este Tribunal Constitucional planteado, entre otras, en las sentencias T-859 y T-860 del 2003.
Cfr. Sentencias T-376 de 1997, T-762 de 1998, T-393 de 1999 y T-063 del 2007, entre otras.
Cfr. Sentencia T-063 del 2007.
Sobre el carácter fundamental de los derechos de los niños pueden consultarse las sentencias T-945, T-1166 y T-1223 del 2005, T-127, T-200, T-289, T-548 y T-555 del 2007.
Cfr. Sentencia T-179 del 2000.
Cfr. Sentencia T-281 del 2008.
Sentencia T-170 del 2007.
Cfr. Sentencias T-323 de 1994 y T-534 de 1997.
Cfr. Sentencias T-620 de 1999 y T-826 del 2004.

Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad. (Nueva York. 2007). [ Links ]

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. (Guatemala. 1999). [ Links ]

STEFAN TROMEL STRUMER. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los retos para su implementación. (Ponencia presentada en el Foro Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2008). [ Links ]

T-484 de 1992. M.P. FABIO MORÓN DÍAZ. [ Links ]

C-530 de 1993. M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. [ Links ]

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T-288 de 1995. M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. [ Links ]

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T-644 de 1996. M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. [ Links ]

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T-378 de 1997. M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. [ Links ]

C-16 de 1998. M.P. FABIO MORÓN DÍAZ. [ Links ]

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T-762 de 1998. M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. [ Links ]

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T-150 del 2002. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. [ Links ]

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T-700 del 2002. M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. [ Links ]

T-786 del 2002. M.P. CLARA INÉS VARGAS. [ Links ]

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C-401 del 2003. M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS. [ Links ]

C-478 del 2003. M.P. CLARA INÉS VARGAS. [ Links ]

T-519 del 2003. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. [ Links ]

C-156 del 2004. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. [ Links ]

T-443 del 2004. M.P. CLARA INÉS VARGAS. [ Links ]

T-826 del 2004. M.P. RODRIGO UPRIMNY YEPES. [ Links ]

C-1088 del 2004. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-92 del 2005. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. [ Links ]

T-309 del 2005. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

C-381 del 2005. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-602 del 2005. M.P. CLARA INÉS VARGAS. [ Links ]

T-726 del 2005. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. [ Links ]

T-945 del 2005. M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. [ Links ]

T-1031 del 2005. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-1166 del 2005. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. [ Links ]

T-1167 del 2005. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-1223 del 2005. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-1278 del 2005. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

C-76 del 2006. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-90 del 2006. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-198 del 2006. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. [ Links ]

T-816 del 2006. M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. [ Links ]

T-63 del 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-127 del 2007. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA. [ Links ]

T-170 del 2007. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-200 del 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-289 del 2007. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. [ Links ]

T-487 del 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-548 del 2007. M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. [ Links ]

T-555 del 2007. M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. [ Links ]

T-631 del 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-816 del 2007. M.P. CLARA INÉS VARGAS. [ Links ]

T-988 del 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-1038 del 2007. M.P. HUMBERTO SIERRA PORTO. [ Links ]

T-281 del 2008. M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. [ Links ]

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PANORAMA DE LA PROTECCIÓN JURISPRUDENCIAL A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLOMBIA

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La jurisprudencia constitucional colombiana en relación con la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad ha jugado un rol activo, a través de las sentencias la Corte ha protegido ampliamente a las personas con discapacidad y se ha referido a sus derechos en numerosas ocasiones, los ha ampliado, ha garantizado y en general ha redignificado a la persona con discapacidad y recalcado la posición privilegiada que les otorga el texto constitucional.

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https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad

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Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad - Ministerio del trabajo

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EDITORIAL: La experiencia de nuestro editor asociado con discapacidad visual   Hugo Arias-Flores Editor asociado de la Revista CienciAmérica. Investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica.   La historia en sus múltiples facetas, cuando aborda la discapacidad, evidencia que a lo largo del tiempo estas personas, siempre fueron discriminadas y estigmatizadas, por verse diferentes, por no poder realizar X, Y o Z actividad. En muchos casos, fueron víctimas de la ignorancia y condenados por creer que son la representación de una maldición y toda la familia se veía afectada, condenando al encierro a la persona con discapacidad. Ventajosamente, la mayoría de tabús generados entorno a la discapacidad, han ido desapareciendo, lastimosamente no todos y, esto genera que aún se mantenga rechazo y exclusión hacia las personas con discapacidad.

La experiencia de nuestro editor asociado con discapacidad visual   Hugo Arias-Flores Editor asociado de la Revista CienciAmérica. Investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica.

Arias Flores, H. P. (2018). Editorial Revista CienciAmérica 2018, 7(2). CienciAmérica, 7(2), 1–6. https://doi.org/10.33210/ca.v8i2.163

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Europe, T. (2022, January 6). Contratos de personas con Discapacidad o Movilidad reducida. Home. https://totalcare-europe.com/es/blog/post/contratos-de-personas-con-discapacidad-o-movilidad-reducida

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En la contratación de personas con discapacidad o movilidad reducida se deben cumplir una serie de requisitos. Estos son obligatorios para que se puedan aplicar incentivos, los cuales se utilizan para ayudar a la inclusión social de todas las personas sin importar su condición. En este sentido, la Ley General de la Discapacidad obliga a las empresas que disponen de 50 trabajadores a incorporar un porcentaje de su plantilla con algún tipo de discapacidad. El objetivo de esta normativa es promover la contratación por medio de una obtención de una serie de ventajas.

Tipos de contratos para personas con discapacidad

Los tipos de contrato indefinidos para este sector de la población son los siguientes:

1. Contrato 130. Indefinido a tiempo completo.

2. Contrato 230. Indefinido a tiempo parcial.

3. Contrato 330. Indefinido fijo discontinuo.

También existen modalidades de contratos temporales que pueden favorecer a las empresas. En estos casos, la bonificación de las cuotas será proporcional a la jornada pactada. La compañía deberá elegir uno u otro en función de la modalidad.

Contratación de trabajadores con movilidad reducida o discapacidad

Hemos de tener claro que tanto la empresa como el trabajador deben cumplir varios requisitos. En el caso de los empleados, son los siguientes:

Tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 %.

Estar inscrito como demandante de empleo en el momento de la contratación.

No haber sido contratado por la misma empresa en los 2 años anteriores al contrato.

Deben haber pasado 3 meses desde la baja de la anterior empresa.

Por otro lado, no debemos olvidar que la compañía que contrata a trabajadores con discapacidad o movilidad reducida puede obtener diversas bonificaciones y subvenciones. Pero, para esto, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

Estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

No estar en la lista de empresas excluidas al acceso de beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo. Esto se debe a infracciones muy graves que no han prescrito.

No tener despidos colectivos o reconocidos como improcedentes en los últimos 12 meses.

Acceso a todo el mundo

Aparte de los cuestiones que hemos enumerado en el apartado anterior, es importante que la empresa lleve a cabo una política de accesibilidad para que cualquier persona pueda acceder sin importar su estado de salud. Por ejemplo, disponer de rampas para trabajadores que vayan en silla de ruedas.

En IM by TotalCare disponemos de una amplia gama de productos para personas con movilidad reducida. Además, en nuestra plantilla contamos con empleados sordomudos, por lo que estamos muy concienciados con la importancia de la accesibilidad y la inclusión.

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Contratos de personas con discapacidad o movilidad reducida

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En la contratación de personas con discapacidad o movilidad reducida se deben cumplir una serie de requisitos.

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Ley 1287 de 2009 - Gestor Normativo. Inicio - FunciÃ3n PÃoblica. (2015, December 1). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=35367

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Ley 1287 de 2009 - Gestor Normativo. Inicio - FunciÃ3n PÃoblica. (2015, December 1). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=35367 

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Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la adecuada comprensión y aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:
Bahías de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén destinada al estacionamiento de vehículos.

Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales.

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados.

CAPITULO II

De las bahías de estacionamiento

Artículo 2°. Autorícese el parqueo de vehículos en las bahías de estacionamiento definidas por la Ley 769 del 2002 a las personas con movilidad reducida, ya sean conductores o acompañantes.

Parágrafo. Las autoridades municipales y distritales competentes habilitarán y reglamentarán en beneficio de las personas con movilidad reducida el uso de las bahías de estacionamiento. Por el uso de las bahías se podrán cobrar las tarifas legalmente establecidas.

Artículo 3°. Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las autoridades municipales y distritales autorizarán la construcción de las bahías de estacionamiento y dispondrán en los sitios donde ellas existan, así como en los hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios públicos y privados, de sitios de parqueo debidamente señalizados y demarcados para personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 del 2003.

Parágrafo. Para los efectos previstos en este artículo, se considera que una persona se encuentra disminuida en su capacidad de orientación por razón de la edad, cuando tenga o exceda los sesenta y cinco (65) años.

Artículo 4°. En aquellos municipios y distritos en los cuales las bahías de estacionamiento existentes hayan sido clausuradas, sus autoridades procederán a habilitarlas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y cualquier ciudadano podrá acudir a la acción de cumplimiento para hacer valer lo dispuesto en la misma.

CAPITULO III

De la accesibilidad al medio físico

Artículo 5°. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las entidades indicadas en el artículo 3° de la presente ley, así como las autoridades gubernamentales del nivel nacional, departamental, distrital y municipal que no cumplan con lo establecido en el título IV, Capítulos I y II de la Ley 361 de 1997, y en el Decreto Reglamentario 1538 del 2005 sobre la accesibilidad al medio físico, eliminación de las barreras arquitectónicas, acceso a los espacios de uso público, a las vías públicas, a los edificios abiertos al público y a las edificaciones para vivienda, serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el capitulo IV de la presente ley.

CAPITULO IV

De las sanciones

Artículo 6°. Para aquellos que incumplan con lo establecido en la presente ley se les aplicarán las siguientes sanciones:

Para las personas naturales o jurídicas privadas se aplicará una sanción que irá entre cincuenta (50) y hasta doscientos (200) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Para las autoridades gubernamentales que incumplan los preceptos establecidos por esta Ley y las demás normas de discapacidad serán sancionadas conforme lo prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normas aplicables, como faltas graves y causales de mala conducta.

Artículo 7°. El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Transporte, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

CAPITULO V

Disposiciones finales

Artículo 8°. La presente ley se adiciona a las demás normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar la plena efectividad de sus derechos así como su exigibilidad.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 47280 de marzo 3 de 2009.

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Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la adecuada comprensión y aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:Bahías de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén destinada al estacionamiento de vehículos.

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Jaramillo Giraldo, E. (2016, December 19). La Movilidad reducida de las personas con discapacidad y su regulación en Colombia. Estudio Introductorio y comparado Con España, México, Ecuador y Perú. RI UMNG Principal. https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/15429

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Jaramillo Giraldo, E. (2016, December 19). La Movilidad reducida de las personas con discapacidad y su regulación en Colombia. Estudio Introductorio y comparado Con España, México, Ecuador y Perú. RI UMNG Principal. https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/15429 

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La movilidad reducida de las personas con discapacidad y su regulación en Colombia. Estudio introductorio y comparado con España, México, Ecuador y Perú

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La protección brindada por parte del Estado colombiano a las personas con movilidad reducida es un tema de gran relevancia en un Estado Social de Derecho . Investigar comparadamente sobre su regulación puede ser útil para contribuir al establecimiento del nivel de dicho apoyo estatal en el ámbito jurídico local.

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Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la adecuada comprensión y aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

Bahías de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén destinada al estacionamiento de vehículos.

Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales.

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados.

CAPITULO II

De las bahías de estacionamiento

Artículo 2°. Autorícese el parqueo de vehículos en las bahías de estacionamiento definidas por la Ley 769 del 2002 a las personas con movilidad reducida, ya sean conductores o acompañantes.

Parágrafo. Las autoridades municipales y distritales competentes habilitarán y reglamentarán en beneficio de las personas con movilidad reducida el uso de las bahías de estacionamiento. Por el uso de las bahías se podrán cobrar las tarifas legalmente establecidas.

Artículo 3°. Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las autoridades municipales y distritales autorizarán la construcción de las bahías de estacionamiento y dispondrán en los sitios donde ellas existan, así como en los hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios públicos y privados, de sitios de parqueo debidamente señalizados y demarcados para personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 del 2003.

Parágrafo. Para los efectos previstos en este artículo, se considera que una persona se encuentra disminuida en su capacidad de orientación por razón de la edad, cuando tenga o exceda los sesenta y cinco (65) años.

Artículo 4°. En aquellos municipios y distritos en los cuales las bahías de estacionamiento existentes hayan sido clausuradas, sus autoridades procederán a habilitarlas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y cualquier ciudadano podrá acudir a la acción de cumplimiento para hacer valer lo dispuesto en la misma.

CAPITULO III

De la accesibilidad al medio físico

Artículo 5°. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las entidades indicadas en el artículo 3° de la presente ley, así como las autoridades gubernamentales del nivel nacional, departamental, distrital y municipal que no cumplan con lo establecido en el título IV, Capítulos I y II de la Ley 361 de 1997, y en el Decreto Reglamentario 1538 del 2005 sobre la accesibilidad al medio físico, eliminación de las barreras arquitectónicas, acceso a los espacios de uso público, a las vías públicas, a los edificios abiertos al público y a las edificaciones para vivienda, serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el capitulo IV de la presente ley.

CAPITULO IV

De las sanciones

Artículo 6°. Para aquellos que incumplan con lo establecido en la presente ley se les aplicarán las siguientes sanciones:

Para las personas naturales o jurídicas privadas se aplicará una sanción que irá entre cincuenta (50) y hasta doscientos (200) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Para las autoridades gubernamentales que incumplan los preceptos establecidos por esta Ley y las demás normas de discapacidad serán sancionadas conforme lo prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normas aplicables, como faltas graves y causales de mala conducta.

Artículo 7°. El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Transporte, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

CAPITULO V

Disposiciones finales

Artículo 8°. La presente ley se adiciona a las demás normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar la plena efectividad de sus derechos así como su exigibilidad.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 47280 de marzo 3 de 2009.

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Ley 1287 de 2009 Congreso de la República de Colombia

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Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la adecuada comprensión y aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: Bahías de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén destinada al estacionamiento de vehículos.

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Principales obstáculos a los que se enfrenta una persona con movilidad reducida.

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Principales obstáculos a los que se enfrenta una persona con movilidad reducida.

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Barreras físicas como obstáculos en calles, espacios públicos y edificios que dificultan el desplazamiento .

Falta de accesibilidad en el transporte público, como la ausencia de vehículos equipados con sistemas de montacargas y guías para personas con discapacidad .

Incumplimiento de las normas de accesibilidad por parte de autoridades gubernamentales, que pueden ser sancionadas según la Ley 1287 de 2009 .

Barreras no físicas como falta de señalización y demarcación adecuada de los espacios públicos, lo que dificulta la comunicación y comprensión de los mismos

Estas personas se enfrentan a la carencia de empleo

las principales barreras son de tipo físico, de transporte y normativo, que impiden la movilidad y accesibilidad plena de las personas con discapacidad o movilidad reducida en Colombia

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Respuesta objetivo general y específicos 

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Respuesta objetivo general y específicos 

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cordial saludo estimados tengan en cuenta la definición de los objetivos debe estar en verbo infinitivo

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La Movilidad Reducida en Colombia: Un Estudio sobre las Barreras y las Propuestas de Mejora en la Accesibilidad y la Inclusión

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La empleabilidad es un factor clave para el desarrollo personal, social y económico de cualquier individuo. Sin embargo, para las personas con discapacidad, la empleabilidad se convierte en un gran desafío.

Las personas con discapacidad enfrentan a múltiples barreras y dificultades para acceder al mercado laboral y desarrollar su potencial. En este artículo, analizaremos algunos de los principales problemas que afectan a la empleabilidad de las personas con discapacidad y cómo se pueden superar.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, solo el 34,6% de las personas de 16 a 64 años con discapacidad, tenían empleo en el 2021.

La dificultad para encontrar trabajo

Uno de los principales problemas que afectan a la empleabilidad de las personas con discapacidad es la dificultad para encontrar trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, las personas con discapacidad tienen una tasa de desempleo más alta que las personas sin discapacidad, y cuando encuentran trabajo, suelen ser empleos de menor calidad, con salarios más bajos y menos beneficios.

Causas

La falta de información y orientación laboral adecuada para las personas con discapacidad.

La escasez de ofertas de trabajo accesibles y adaptadas a las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad.

La discriminación y los prejuicios de los empleadores y de la sociedad en general hacia las personas con discapacidad.

La falta de legislación y políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito laboral.

"Las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo." - OIT

La falta de adaptación de las empresas

Otro problema que afecta a la empleabilidad de las personas con discapacidad es la falta de adaptación de las empresas a la diversidad funcional de sus trabajadores. Muchas empresas no cuentan con las condiciones de accesibilidad, seguridad y ergonomía necesarias para que las personas con discapacidad puedan desempeñar su trabajo de forma óptima y cómoda. Además, muchas empresas no ofrecen las medidas de apoyo y ajustes razonables que las personas con discapacidad requieren para desarrollar sus funciones, como por ejemplo:

La falta de capacitación e inclusión

Un tercer problema que afecta a la empleabilidad de las personas con discapacidad es la falta de capacitación e inclusión. Muchas personas con discapacidad no tienen acceso a una educación de calidad que les permita adquirir las competencias y habilidades necesarias para el mundo laboral. Además, muchas personas con discapacidad no tienen oportunidades de participar en actividades de formación, prácticas, voluntariado o emprendimiento que les permitan mejorar su perfil profesional y ampliar su red de contactos.

Soluciones para mejorar la capacitación e inclusión

Garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para todas las personas con discapacidad, desde la etapa preescolar hasta la universitaria.

Fomentar la oferta y la demanda de programas de formación profesional, dual y continua para las personas con discapacidad, adaptados a las demandas del mercado laboral y a las preferencias de los usuarios.

Promover la creación y el fortalecimiento de redes de colaboración entre las personas con discapacidad, las empresas, las organizaciones sociales y las instituciones educativas, para facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y oportunidades.

Contribuyendo a la Solución del Empleo para Personas con Discapacidad

La empleabilidad y la discapacidad son dos conceptos que deben ir de la mano, ya que el trabajo es un derecho humano fundamental y una fuente de dignidad, autonomía e integración social para las personas con discapacidad. Por ello, SUPERCUIDADORES (empresa líder en formación de cuidadores de personas dependientes) y SACYR SOCIAL han sellado un pacto innovador destinado a formar y emplear a personas con discapacidad en el sector de la atención sociosanitaria.

Inscripciones Abiertas:

La fecha máxima de recepción de inscripciones será el 15 de diciembre

El objetivo del proyecto es formar sin coste para los candidatos, a al menos a 15 personas con discapacidad, residentes en la Comunidad de Madrid, para su inserción laboral en los servicios de ayuda a domicilio de SACYR SOCIAL. La formación comenzaría en enero y finalizaría en junio de 2024, incorporándose las personas al mercado de manera inmediata. Posteriormente, este acuerdo se podrá extender a otras provincias de la geografía española. Para aquellas personas interesadas en participar en esta formación gratuita con compromiso de inserción laboral, deberá rellenar el siguiente formulario.

Para más información, pueden dirigirse a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
o llamarnos por teléfono 625 187 803 - 625 127 984

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la empleabilidad de las personas con discapacidad

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La empleabilidad: el principal problema de la discapacidad

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En este artículo, analizamos los principales problemas que afectan a la empleabilidad de las personas con discapacidad y cómo se pueden superar.

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Protocolo para la Contratación de Personas con Movilidad Reducida en el Sector Manufacturero

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Esta es la legislación para contratar personas con discapacidad en Colombia Elizabeth Seguro

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Legislación en colombia contratación personas con discapacidad.

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Santiago Marín arrubla

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Adaptar un puesto de trabajo para una persona con movilidad reducida en el sector manufacturero

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Objetivos del Semillero (Tentativo)

El semillero de investigación en movilidad reducida tiene como objetivo principal promover y desarrollar planes que aborden los retos y necesidades de las personas con movilidad reducida. El cual conforma estudiantes semilleristas, interesados en mejorar la calidad de vida y la inclusión social de este grupo poblacional.

Objetivos específicos del semillero:

Generación de Conocimiento: Desarrollar estudios y planes de investigación que aporten nuevos conocimientos sobre la movilidad reducida, sus causas, consecuencias y posibles soluciones.

Normativas y Legislación: Familiarizar a los empleadores con la normatividad y regulaciones locales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el contexto laboral.

Sensibilización sobre la Movilidad Reducida: Educar a los empleadores sobre los diferentes tipos de discapacidades y las variadas formas de movilidad reducida en lugar de trabajo.

Prácticas de Contratación: Capacitar a los empleadores sobre cómo implementar prácticas de contratación inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los candidatos, incluidos aquellos con movilidad reducida. Ajustando los procesos de reclutamiento y selección.

Concienciación y Sensibilización: Promover la sensibilización sobre los desafíos que enfrentan las personas con movilidad reducida y fomentar una cultura inclusiva que respete y apoye sus derechos.

Adaptaciones Razonables: Enseñar a los empleadores cómo identificar y proporcionar adaptaciones razonables en el lugar de trabajo según las necesidades individuales de los empleados con movilidad reducida.

Transferencia de Resultados: Asegurar que los resultados de la exploración se traduzcan en aplicaciones prácticas que beneficien directamente a las personas con movilidad reducida.

Gestión de la Inclusión: Desarrollar habilidades de gestión inclusiva entre los empleadores y supervisores para apoyar y liderar equipos diversos que incluyan a personas con movilidad reducida. Esto implica fomentar un ambiente de trabajo que valore la diversidad y promueva la colaboración entre todos los empleados.

Es también un objetivo el contribuir a la no discriminación, e inclusión laboral de las personas con movilidad reducida, el cual es crucial para promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

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(Propuesta Tentativa)

Objetivo general

El semillero de investigación en movilidad reducida bus contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Esto implica investigar y proponer alternativas que faciliten la movilidad, la inclusión y la participación activa de este grupo de la población en la sociedad.

Objetivos Específicos

La movilidad reducida afecta a millones de personas en Colombia, limitando su capacidad para realizar actividades de su vida cotidiana y participar plenamente en la sociedad. Esta condición puede ser producto de diversas causas, incluyendo enfermedades crónicas, discapacidades físicas, lesiones, y envejecimiento.

Por consiguiente, se da a conocer los definidos así:

1. Evaluar la Accesibilidad del Entorno:

Analizar la accesibilidad de edificios públicos, transportes y espacios urbanos.

Identificar barreras físicas que impiden la movilidad de las personas con discapacidades.

2. Estudiar el Impacto en la Calidad de Vida:

Evaluar cómo la movilidad reducida afecta la vida diaria, la salud mental y el bienestar general de las personas.

Investigar las dificultades específicas que enfrentan las personas con movilidad reducida en diversas áreas de su vida (trabajo, educación, ocio, etc.).

3. Analizar Tecnologías de Asistencia:

Examinar la efectividad de dispositivos y tecnologías diseñados para mejorar la movilidad (sillas de ruedas, exoesqueletos, prótesis, etc.).

Investigar la disponibilidad y el acceso a estas tecnologías.

4. Evaluar Políticas y Legislaciones:

Analizar la efectividad de las políticas y leyes actuales relacionadas con la accesibilidad y los derechos de las personas con movilidad reducida.

Proponer mejoras basadas en las necesidades detectadas durante la investigación.

5. Proponer Estrategias de Inclusión Social:

Desarrollar y evaluar programas de inclusión social que mejoren la participación de personas con movilidad reducida en diversas actividades.

Investigar iniciativas comunitarias que promuevan la integración y la accesibilidad.

6. Identificar Necesidades Específicas:

Realizar encuestas o entrevistas para identificar las necesidades y expectativas de las personas con movilidad reducida.

Analizar datos demográficos para entender mejor las características de la población con movilidad reducida.

7. Fomentar la Sensibilización y Educación:

Diseñar campañas de sensibilización para educar a la población sobre los desafíos que enfrentan las personas con movilidad reducida.

Evaluar la efectividad de programas educativos en la reducción de prejuicios y el aumento de la empatía.

8. Examinar el Acceso a Servicios de Salud:

Investigar las barreras que enfrentan las personas con movilidad reducida para acceder a servicios de salud.

Proponer soluciones para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica.