# data[].attributes.body
El Ejecutivo Administra las gestiones cotidianas del Estado. La noticia muestra  al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) notificando el desempleo en Colombia .

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El desempleo en Colombia llegó al 15,8 % en septiembre pasado, un 5,6 % más que lo registrado en el mismo mes de 2019, reveló este viernes el Departamento Nacional de Estadística, Dane.

Aunque el indicador laboral sigue siendo una de las principales preocupaciones e autoridades económicas y analistas, el balance frente a abril del presente año es relativamente positivo pues cerca de 3,7 millones empleos fueron recuperados.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, señaló que "rápidamente, las contracciones de la población ocupada han tendido un ajuste, tanto así que la contracción en septiembre es apenas el 37 por ciento del máximo histórico que se dio en abril".

Lea también: En estas fechas proponen realizar el Tercer Día sin IVA

La entidad destaca que la apertura gradual de varios sectores productivos fue un factor determinante para el recuperación de empleo y el sostenimiento de las empresas.

Es de resaltar que se está viendo una contracción generalizada del empleo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.

La brecha de género, por su parte, siguió ampliándose. En el caso de los hombres, la tasa de desempleo fue de 12,3%, mientras las mujeres presentaron un 20,7%.

# data[].attributes.attachment_link.title
Desempleo en Colombia en septiembre llegó al 15,8 %, reveló el Dane

# data[].attributes.attachment_link.description
El desempleo en Colombia llegó al 15,8 % en septiembre pasado, un 5,6 % más que lo registrado en el mismo mes de 2019, reveló este viernes el Departamento Nacional de Estadística, Dane.

# data[].attributes.body
Vela por la supremacía de la Constitución Política Colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio Nacional.
*Corte Constitucional:
Función Control de Constitucionalidad
- Control Automático.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co martes, 27 de octubre de 2020

El alto tribunal terminó el análisis de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional por la pandemia

Con el propósito de atender la pandemia del covid-19 y mitigar sus efectos, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades, declaró dos emergencias económicas que le permitieron emitir una avalancha de decretos legislativos. Estos, por diseño institucional, deben ser sometidos a control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Esta Alta Corte terminó la semana pasada la verificación de los 115 decretos expedidos durante este periodo, con un balance de 57 decretos exequibles, 51 con exequibilidad parcial o condicionada y siete inexequibles.

Cabe anotar que, bajo el artículo 215 de la Constitución, cuando sobrevengan hechos "que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente (...) dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos".

La última parte del artículo, que estipula que los decretos deben estar destinados a conjurar la crisis, es importante, en cuanto establece que las medidas del Presidente tienen un marco de acción definido y eso, justamente, es lo que analiza la Corte Constitucional, con el fin de evitar que los mandatarios se arroguen poderes que les son ajenos, como el legislativo.
Los decretos
De los 115 decretos analizados, 73 hicieron parte de la primera emergencia económica y, los restantes 42, de la segunda. En total, fueron 884 los artículos estudiados: 554 de los decretos de la primera emergencia y 330 de los de la segunda (ver gráfico). Si se toma el análisis por decretos, se encuentra que, del total, 57 (49,57%) fueron declarados exequibles completamente, siete (6,09%) fueron totalmente inexequibles y 51 (44,35%) tuvieron exequibilidad parcial o condicionada.

La diferencia entre estos dos, explicó el exmagistrado Jaime Arrubla, es que en la exequibilidad parcial se cae una parte del decreto "porque a veces dentro de uno solo se incluyen varias medidas", mientras que en la exequibilidad condicionada la Corte "modula la sentencia y advierte que la medida es válida solamente en ciertas condiciones" y puede introducir modificaciones.

Los siete decretos que se cayeron totalmente fueron los siguientes: 487, que planteaba la suspensión de términos en trámite de extradición durante el estado de emergencia; 558, que permitía la reducción temporal de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social; 567, que otorgaba funciones jurisdiccionales a los procuradores judiciales de familia para conocer de los procesos de adopción; 580, que generaba un descuento entre 40% y 80% en el servicio de agua, alcantarillado y aseo para estratos 1, 2 y 3 y la reconexión del servicio cuando no se tuviera, cobros sin intereses y congelación de tarifas; 797, que regulaba temporalmente la terminación unilateral de contratos de arriendo de local comercial para las actividades más afectadas por la pandemia; 802, que modificaba el Decreto 558; y 811, que fijaba las normas para que el Gobierno comprara acciones de empresas privadas que luego podrían ser enajenadas.

Entre los declarados parcialmente exequibles estuvo el 572, relacionado con el Presupuesto General de la Nación 2020. En ese, la Corte declaró la constitucionalidad de la adición presupuestal con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias, "no obstante, la liquidación dispuesta como medida de excepción resulta inconstitucional, habida consideración que corresponde a facultades ordinarias del Gobierno Nacional".

Otro decreto parcialmente exequible fue el 568, con el que se creó el impuesto solidario a trabajadores del Estado con salarios superiores a $10 millones
Los artículos
Si se mira, en cambio, el balance de las medidas tomadas por artículos, se encuentra que, de los 884 estudiados, 706, que equivalen a 79,86% del total, fueron declarados ajustados a la constitución; 80 (9,05%) tuvieron condicionamientos o expresiones inexequibles; y 98, que equivalen a 11,09% del total, fueron declarados inconstitucionales.
El balance
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, el balance del ejercicio legislativo del Gobierno es positivo. "Que solo les hayan tumbado siete de 115 decretos y que la mitad hayan pasado sin modificaciones es un buen nivel de acierto", dijo. Sobre los parcial o condicionalmente exequibles, anotó que habría que establecer la diferencia porque se trata de circunstancias distintas y explicó que "en las leyes ordinarias es muy común que la Corte haga declaratorias de exequibilidad condicionada o parcial, por lo que el balance es bueno si se tiene en cuenta que el grueso de las decisiones pasó con ajustes".

En cambio, para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el diagnóstico no es tan bueno. "Siete decretos inexequibles puede parecer una cifra baja, pero la realidad es que a uno no le deberían tumbar nada. Lo que se ve es que la mitad de los decretos expedidos fueron declarados inconstitucionales, parcialmente exequibles o de exequibilidad condicionada, y era previsible que eso pasara, porque hay medidas que era claro que no se podían tomar".

Para Arrubla, en decisiones como la inconstitucionalidad del decreto 797, sobre los arrendamientos de locales comerciales, la Corte fue inoportuna, al haberse pronunciado después de que la medida hubiera perdido vigencia. Para Charry, en cambio, esto obedece a que hay un procedimiento y unos términos, pero advirtió que pronunciarse sobre una decisión expirada, cuando el análisis ya no tiene efecto, es un error y contradice la jurisprudencia de la misma Corte.

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.

# data[].attributes.attachment_link.title
La Corte Constitucional tumbó siete de los decretos expedidos durante la emergencia

# data[].attributes.attachment_link.description
Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co martes, 27 de octubre de 2020 El alto tribunal terminó el análisis de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional por la pandemia Con el propósito de atender la pandemia del covid-19 y mitigar sus efectos, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades, declaró dos emergencias económicas que le permitieron emitir una avalancha de decretos legislativos.

# data[].attributes.body
El senador Roy Barreras pide moción de censura al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, la cual ya en menos de un mes presentará un nuevo debate. El Ministro deberá comparecer ante la alta cámara del Congreso para el debido proceso de control político.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Así lo dijo el congresista durante debate de control político a la gestión del ministro Carlos Holmes Trujillo, realizado en el Senado. Además de eso, el funcionario público también está enfrentando la moción de censura.

La oposición del Senado llevaba más de un mes preparando un debate presencial en contra de Carlos Holmes Trujillo. Sin embargo, por el positivo por COVID-19 de la senadora María del Rosario Guerra se tuvo que llevar a la virtualidad. A pesar de la molestia por no poder estar en el capitolio, los senadores citantes siguieron adelante con la comparecencia de Carlos Holmes Trujillo ante la cámara alta del Congreso. El debate comenzó con el control político pedido por el senador Roy Barreras, que hace unos días renunció al Partido de la U.

Parte I: el debate de control político a Trujillo

Barreras comenzó el debate criticando que se tuviera que hacer en la virtualidad, dado que no se podía contradecir de frente a Carlos Holmes Trujillo. Además, aseguró que la convocatoria en contra del ministro de Defensa ha sido saboteada incluso por el debate de moción de censura que fue citado en la Cámara. Este señaló que se trataba de un intento presuroso para que el ministro "saliera en hombros".
(Lea: La estrategia de la oposición para sacar al ministro de Defensa)
Las denuncias del senador citante iniciaron con la remembranza del bombardeo en Caquetá en contra de las disidencias en 2019, en el que murieron 8 menores de edad que estaban en el campamento del reducto de las Farc. Luego pasó a decir que serían más de 36 los niños y niñas que han muerto en operativos del Ejército, según cifras de Medicina Legal. Según Roy Barreras, los menores víctimas de los operativos de la Fuerza Pública estarían entre los 12 y 18 años. "Ministro, ¿por qué no le avisó a Colombia? ¿Por qué solo cuando nosotros investigamos es que se sabe?", cuestionó el senador al ministro Trujillo.

Roy Barreras también denunció que, según cifras oficiales, serían cerca de 54 niñas violadas por parte de miembros de la Fuerza Pública. "Usted le ocultó al país un amplio saldo de niñas violadas", señaló Barreras al ministro Trujillo, que también recordó los casos de las jóvenes indígenas que habrían sido violadas por miembros del Ejército.

En su intervención, Barreras volvió a mencionar el bombardeo en Caquetá. "Pediré explicaciones por la niña desaparecida", expresó el citante, que luego dijo que esta menor duró dos meses desaparecida hasta que apareció de la mano del Ejército con un brazo amputado y con un reloj de dicha fuerza. La menor fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero, según el denunciante, volvió a desaparecer dos días después. Versiones recolectadas indicarían que la menor habría sido usada como informante, "fue usada como carne de cañón", dijo Barreras.
(Lea también: El último "round" del mindefensa en el Congreso)
Sobre el bombardeo, Barreras también cuestionó sobre otros dos niños que estarían desaparecidos: "Los muertos en esa noche trágica puede que no sean 8 sino 10". En este punto, el senador aseguró que, a pesar de que no tenía que ver con la administración de Trujillo el asunto del bombardeo, sí es responsable por ascender a la persona que dirigió la operación. En este punto mencionó al actual comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.

Otro de los varios temas que fue tocado por el exmiembro de la U fue el supuesto suicidio del italiano Mario Paciolla, voluntario de la misión de verificación de la ONU. Primero, mencionó que la fiscalía italiana ha señalado que es imposible que el extranjero se haya colgado dado que tenía heridas profundas en sus manos que le impedirían armar los nudos con los que estaba colgado. El senador de la oposición cuestionó a Carlos Holmes Trujillo sobre supuestos informes de inteligencia que atribuyeron falsamente que fue Paciolla el que entregó los informes sobre el bombardeo en el Caquetá. "¿Existe ese informe? Si ese informe existe, no solo es un crimen sino una estupidez", afirmó a renglón seguido.

Barreras censuró las declaraciones hechas por la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa sobre las masacres en Llanoverde (Cali) y Samaniego. Sobres esta primera masacre, el congresista cuestionó a la cabeza de la Defensa por no revelar que tres uniformados de la Policía de la dependencia de Jamundí se encontraban en las inmediaciones donde fueron asesinados los cinco menores de edad.

El citante al debate de control político también denunció que la instrucción en Derechos Humanos del Ejército estaría en mano de un neonazi, que identificó como Fernando Vargas Quemba. Supuestamente este tiene fotos con la esvástica y en lugares icónicos en Alemania del partido Nazi.

Barreras también hizo mención de la renuncia del general encargado del centro de doctrina. Según el senador, el alto oficial encargado de la doctrina del Ejército habría dejado las fuerzas por una pérdida de la confianza "en este ministerio y esta cúpula". En esta línea, también hizo un balance de los generales del Ejército: "De 60 generales que recibió este Gobierno, han destituido a 24. No le han contado al país si fue por actos de corrupción o por razones politiqueras, porque venían del gobierno anterior".

Las revelaciones en contra de Trujillo siguieron con los señalamientos de que supuestamente Luigi Echeverry, amigo y cercano del presidente Iván Duque, estaría haciendo llamadas para favorecer algunos oficiales y garantizar sus ascensos. Las llamadas para influir en la Fuerza Pública, según Barreras, también vendrían del expresidente Andrés Pastrana -que estaría pidiendo el despido de algunos generales- y de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Estos supuestos llamados también los estarían haciendo el general retirado Freddy Padilla de León y el exministro de Defensa Guillermo Botero, antecesor del actual responsable de la cartera.

El senador vallecaucano también aseguró que el ministro Carlos Holmes Trujillo habría ocultado que el director de inteligencia del Ejército general Gonzalo García Luna fue a principios de siglo subdirector de inteligencia del DAS, justo cuando la institución de inteligencia fue dirigido por Jorge Noguera, condenado por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis.

En una línea parecida, Roy Barreras cuestionó supuestos usos irregulares de la inteligencia del Ejército. Para ejemplificar este hecho, mencionó que un periodista cercano al Gobierno y al uribismo reveló que generales estaban en el apartamento del senador preparando el debate contra el ministro de Defensa. El congresista cuestionó al citado de si estaba usando "fuerzas de inteligencia para defenderse de este debate" y entregar la información a estos comunicadores.
(Conozca: Desmilitarizar la Policía, la propuesta de la oposición para evitar abusos contra civiles)
El citante también le preguntó a Trujillo si está usando la inteligencia militar para "chuzar a sus copartidarios y competidores". En este punto sugirió que oficiales de inteligencia al mando del ministro filtraron a la prensa la información del tráfico de drogas por el que fue condenado el hermano de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. De una forma similar, cuestionó si el audio de Francisco Santos con la canciller, Claudia Blum, venía de cercanos al ministro que habrían filtrado la polémica conversación para garantizar la candidatura presidencial del también excanciller de este gobierno.

En la parte final, Roy Barreras se refirió a supuestas irregularidades en el conteo del sistema de erradicación e hizo referencia a un supuesto cartel de insumos para la producción de cocaína: "Los insumos pasan por las narices y nadie dice nada. ¿cómo es que pasan?". Por último, las preguntas del principal citante apuntaron a por qué no se han reanudado las aspersiones con glifosato, reuniones secretas en Miami con cercanos a Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, y la supuesta caída de un helicóptero del Ejército con 11 militares por falta de combustible.

Otro de los que figuraban como citante fue el senador Jorge Enrique Robledo, pero este cedió su turno, ya que su intervención venía para la fase del debate sobre la moción de censura. Esto implicó que se le diera paso directamente a los defensores del Ejecutivo y al ministro de Defensa. Paola Holguín y Ernesto Macías se fueron en contra del senador Roy Barreras y los cuestionaron por su renuncia al partido de la U y por casos de corrupción en el que ha sido mencionado.

Los dos senadores del Centro Democrático señalaron que la principal responsabilidad del reclutamiento de menores de edad viene de los grupos ilegales y no del Ejecutivo. Ambos destacaron la política de seguridad del Gobierno, que ha llevado a una reducción de homicidios y secuestros. Por último, la senadora Holguín aseguró que la denuncia del aumento de estaciones de gasolina en zonas cocaleras, hecha por Barreras, era muy importante, pero que no era responsabilidad del gobierno central sino que estos permisos venían de los gobiernos locales.

A los senadores del Centro Democrático lo siguió el ministro Carlos Holmes Trujillo. En la primera parte de su intervención criticó que el propio Roy Barreras haya dicho que el debate era un juicio político. Luego procedió a rechazar los señalamientos de que la política en contra del narcotráfico del gobierno de Iván Duque fracasó. En este punto, volvió a destacar, como lo ha hecho en otras ocasiones, que del gobierno de Juan Manuel Santos se recibió la mayor siembra de coca en todo el territorio colombiano. Asimismo rechazó la afirmación de que en esta administración se ha perdido el control territorial.

Trujillo negó que sea política del Ejército atacar menores de edad, como habría señalado Barreras, y aseguró que no era deber del Ejército sino de Medicina Legal revelar que en las acciones militares murieron niñas, niños y jóvenes. "No es deber del Ejército revelar información de la que no tienen certeza o no es de su incumbencia", declaró el funcionario, que luego pasó a destacar las cifras de menores de edad recuperados por el Ejército.

Sobre el tema de los niños y niñas muertos en combate, Trujillo García fue más allá y aseguró que el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es el que regula el conflicto, protege al civil no combatiente y los menores reclutados de forma forzosa pueden perder la condición de civil no combatiente en algunos casos.

Trujillo también negó que conociera de un informe de inteligencia relacionado con Mario Paciolla. En este caso rescató que el informe de Medicina Legal señalaba que las heridas y la forma de muerte del voluntario italiano coincidían con suicidio, contradiciendo los señalamientos hechos por la fiscalía italiana. También negó una supuesta estigmatización por parte de su cartera contra el italiano o contra otros opositores: "Jamás estigmatizamos al que defiende sus ideas democráticas".

El ministro aceptó que hubo problema con el sistema de conteo de hectáreas de coca erradicadas, por lo que se ha venido trabajando en un nuevo sistema, al que defendió: "No se hace para inventarse cifras y engañar a los Estados Unidos". Trujillo hizo énfasis, como en veces anteriores, que el narcotráfico estaba ligado con las masacres.

En este tema de las masacres, a las que iba a llamar asesinos colectivos, pero se contuvo, reconoció que en los dos años del gobierno de Iván Duque han sido más que el segundo periodo de Juan Manuel Santos. Sin embargo, señaló que lo importante es luchar en contra este fenómeno, porque los que están muriendo son colombianos.

En otros puntos, Trujillo dijo que el nombramiento del general Gonzalo García Luna fue en julio de 2019, cuando todavía no era ministro. Sin embargo, hizo la salvedad de que este oficial no ha sido hallado culpable de ningún crimen, por lo que no entendía los señalamientos que estaban haciendo los senadores de la oposición. Además, recordó que el alto oficial fue ascendido a la dirección de inteligencia bajo el visto bueno del Senado.

Por último, el considerado como precandidato para 2022 se refirió al accidente del helicóptero mencionado por Barreras y dijo que las investigaciones se están llevando a cabo, por lo que no se puede dar una causa puntual como lo hizo el senador citante. Luego pasó a hablar del supuesto uso de la inteligencia para descalificar a sus contendientes. "Rechazamos todo lo que tenga que ver con mala utilización de mecanismos de la Fuerza Pública", declaró el funcionario, que luego señaló que Marta Lucía Ramírez es su amiga y que no tenía ningún sentido filtrar el audio del embajador Francisco Santos, pues en él salía mal parado.

El cierre del Congreso por contagio de COVID-19: un punto de discordia entre Petro y Char

La sesión también fue escenario para encontrones, acusaciones y polémicas sobre la decisión de la mesa directiva del Senado de abogar por una moción de censura y debate de control político virtual, como estrategia para evitar contagios de COVID-19. Arturo Char, presidente de la corporación, optó por ese modelo a distancia, luego de que la uribista María del Rosario Guerra anunciara que era positivo para el coronavirus y a pesar de los rumores manifestados por otros congresistas sobre supuestas "intenciones" de sabotear la moción de censura presencial.
(Lea: María del Rosario Guerra da positivo para COVID-19)
Pues bien, durante la primera parte de la sesión, el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, sacó a relucir y criticar este hecho. Petro le enrostró a Char el privilegio al que estaba sujeto el Congreso para tomar una determinación de cerrar sus puertas, algo que no harían ni han hecho muchas empresas en el país, luego de conocer de empleados con casos positivos. El congresista progresista le dijo directamente a Char que esa actuación mostraba como la moción de censura "está siendo saboteada por usted".

" Si el señor propietario de Alkosto, que es un financiador de Duque, tiene en su negocio una persona que se enferma de COVID-19, ¿qué sucede? La persona enferma es confinada. Se hacen unas pruebas para quienes hayan tenido algún tipo de riesgo frente a la persona. Le pregunto a usted, señor Char, ¿cierran Alkosto? ¿o Alkosto seguiría vendiendo?", cuestionó Petro.

A ello, añadió su propia respuesta frente a la situación: "Si usted fuese dueño de Alkosto, o 'Las Olímpicas', hubiera mandado a cerrar esas tiendas, que fue exactamente lo que hizo con el Congreso. Eso no es lo que hacen en las fábricas y centros comerciales cuando alguien se enferma. Usted utilizó la supuesta enfermedad de la señora Guerra para cerrar el Congreso y sabotear la importancia del debate de la moción de censura", le increpó al político barranquillero. Eso sí, argumentó que, si le demostraban que dichas tiendas de alimentos también cerrarían en una situación de estas, presentaría disculpas públicas.

Ante la declaración de Petro, la senadora Guerra le pidió respeto y le solicitó no tratar de supuesto un resultado que estaba dado, ni su intención de cuidar su salud y la de sus copartidarios. "No puedo aceptar que el senador [Roy] Barreras, y [Gustavo] Petro quieran insinuar que salir positivo en la prueba de COVID-19 es un montaje en contra del debate. Es un irrespeto", comentó Guerra, agregando sobre el debate que sus contradictores políticos "no tiene argumentos" y acusándolos de "deslegitimar a la Fuerza Pública".

A su turno, el congresista Arturo Char se refirió al asunto. "Aquí estamos trabajando. Esta es una sesión que se está desarrollando. Como presidente de la corporación tengo que garantizar la salud de todas las personas, incluyendo a la jefe de relatoría, al secretario general, al vicepresidente y a todos los congresistas que estuvimos trabajando 11 horas presencialmente en la aprobación del presupuesto [refiriéndose a la sesión en la que estuvo Guerra]. He tomado una decisión acertada", dijo, mientras le recordó a Petro que él no estuvo en la sesión del Presupuesto General de la Nación, entonces no corría el riesgo que ellos sí.

Con cada nueva intervención, el debate de control político se fue alejando de los temas de fondo y, en su lugar, relucieron las acusaciones entre unos y otros, sobre su defensa a "la institucionalidad", como han denominado su apoyo al ministro Trujillo, y otros sobre su descontento con dichos argumentos. Tal fue el caso, por ejemplo, del senador Armando Benedetti, quien recientemente renunció al Partido de la U.

"Una cantidad de frases comunes para rodear al ministro. Llevan 30 años en esas. No dicen nada sino unas palabras sin narrativa, sin cifra, sin políticas de Estado", afirmó, mientras hizo conjeturas sobre el futuro: "nos va a ganar Petro". Y le mandó un mensaje al ministro, pidiéndole que si lo van a defender así "pídale que no lo defiendan", expresó.

Al final, ante las respuestas del ministro Carlos Holmes Trujillo, el presidente del Senado preguntó a su plenaria si declararía o no moción de satisfacción. De inmediato, el senador Barreras respondió que él como citante no consideraba satisfactoria la actuación del ministro y, por tanto, presentará una proposición para llamar a una moción de censura, otra distinta a la que le sigue a este debate de control político.

"Presentaré con la firma de 15 senadores más, la solicitud para la programación de moción de censura, esto ante la insatisfacción frente al ministro Trujillo", concluyó. Sin embargo, el asunto escaló en un disenso imposible de conciliar: la oposición y los senadores de partidos independientes que están en desacuerdo con la gestión de Trujillo encontraron como incoherente la intención del uribismo de declarar satisfactoria la intervención del ministro en el debate. Por ello, procedieron a abandonar la sesión para no votar esa moción. Así, con 66 votos a favor, los parlamentarios que permanecieron en la sala virtual declararon como suficientes las respuestas del funcionario citado. Solo una persona votó en contra: Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

Aun así con una votación que reflejó una mayoría satisfecha con las respuestas del ministro, Barreras y otros 17 senadores radicaron la proposición de moción de censura al considerar que Trujillo ha tenido una mala gestión en su cargo y ha faltado a la verdad. "El ministro de Defensa no ha demostrado con su gestión la búsqueda eficiente de la protección de los colombianos, evitando la extralimitación de las tropas de las Fuerzas a su cargo, ni garantizando la seguridad y protección de las personas residentes en Colombia, razón por la cual se solicita a los miembros del Senado de la República que una vez se lleve a cabo la audiencia previa de que trata el artículo 135-9 de la Constitución Política se proceda a desvincular del cargo al mencionado ministro a través de la moción de censura", se lee en la misiva.
Así transcurrió el debate de control político:

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
debate de moción de censura ministro de defensa

# data[].attributes.attachment_link.title
Las denuncias de Roy Barreras en contra del ministro Carlos Holmes Trujillo

# data[].attributes.attachment_link.description
Así lo dijo el congresista durante debate de control político a la gestión del ministro Carlos Holmes Trujillo, realizado en el Senado. Además de eso, el funcionario público también está enfrentando la moción de censura. La oposición del Senado llevaba más de un mes preparando un debate presencial en contra de Carlos Holmes Trujillo.

# data[].attributes.body
*Corte Constitucional:
Revisión discrecional de acciones de tutela.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El pasado 5 de octubre, la periodista Vanesa Restrepo, en compañía de la FLIP y Dejusticia, radicó una solicitud de selección de tutela en la Corte Constitucional, denunciando la presunta ineficacia del periódico El Colombiano para atender un supuesto caso de violencia sexual. En menos de un mes la alta corte eligió su caso y, en diálogo con El Espectador, expone los argumentos de su petición ante la justicia colombiana.

Vanesa Restrepo asegura que la noche del 17 de mayo de 2019 vivió uno de los peores momentos de su vida. Tras compartir unos tragos con algunos compañeros de trabajo, la entonces periodista de E l Colombiano habría sido violentada sexualmente en la casa de un editor del medio de comunicación. Reportó la situación en la empresa, pero allí la habrían victimizado de nuevo, incluso preguntándole sobre cómo estaba vestida ese día. Por eso, radicó una tutela en la que buscaba que su empleador le diera garantías para no tener que compartir su espacio laboral con su agresor o que creara protocolos de atención. La tutela acaba de ser seleccionada para estudio por la Corte Constitucional.

En contexto: Periodista víctima de presunta agresión sexual pide a la Corte Constitucional que revise su tutela.

"La (magistrada) tomó la decisión mas o menos a las tres (de ayer). Todo el día tuve mucha ansiedad. Apenas dijeron 'aceptado', salí de mi habitación a abrazar a mi mamá. Estoy muy contenta", cuenta Vanesa Restrepo. La periodista, que decidió renunciar a El Colombiano, había pedido el pasado 5 de octubre, en compañía de Dejusticia y la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), al alto tribunal que seleccionara su caso revisión. La Corte Corte Constitucional lo hizo en menos de un mes, lo que podría desembocar en una reconfiguración de los métodos para enfrentar denuncias por violencia sexual.

"Todos los periodistas tenemos miedo de que nos amenacen por lo que estamos investigando o nos pase algo cuando vamos a cubrir algún tema, pero además nosotras las mujeres tenemos ese miedo de que una fuente malinterprete un gesto o que un compañero de trabajo se sobrepase con comentarios. El ejercicio periodístico consume tanto tiempo y es tan importante para la sociedad, que necesitamos tener esa tranquilidad. Las empresas pueden hacerlo implementando este tipo de protocolos, hablando del tema. Eso es lo que pido", argumenta Vanesa Restrepo.

Días después de la presunta agresión sexual, por la cual el editor Juan Esteban Vásquez está vinculado a un proceso penal, Restrepo presentó el caso en la oficina de gestión humana del periódico. Sn embargo, allí encontró una respuesta totalmente distinta a la que esperaba. "Yo no puedo creer que me hayan preguntado cómo estaba vestida, cuánto había tomado. Eso está por fuera de toda la lógica. Yo lo comparo como con un atraco: es como si estas en el centro y te roban, pero entonces te empiezan a preguntar ¿usted porque sacó el celular? ¿usted porque tiene celular caro? No se puede seguir culpando a las víctimas por cualquier hecho", dice.

El 12 de junio de 2019, en vista de la presunta ineficiencia de El Colombiano, Vanesa Restrepo interpuso una tutela contra el periódico pero el Juzgado Segundo de Envigado dijo en su fallo que no era clara la manera en que la adopción de un protocolo para atender casos de violencia sexual -lo que pidió la periodista- podría contribuir a evitar violencia particular en el trabajo. Luego, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín falló nuevamente en contra de ella, considerando que la presunta agresión habría ocurrido en circunstancias ajenas al ámbito laboral. "Las dos instancias favorecieron a El Colombiano ", dice Restrepo.

Así las cosas, la periodista renunció a El Colombiano en octubre de 2020, tras más de un año sin encontrar respuestas eficientes a sus reclamos. Antes de que la redacción entrada en teletrabajo por el Covid-19, Restrepo dice haberse sentido cada vez más desprotegida: "Era horrible. Él se sentaba muy cerca de mí. Una vez nos llevaron a una capacitación, era en una salita chiquita y a mi preciso me tocó junto a él. Hubo un momento en el que yo salí a servirme un café, dejé la puerta abierta, pero este tipo me cierra la puerta. Eran cosas muy incómodas. Yo sentía una actitud como de burla, porque yo sentía la normalidad de él mientras yo estaba mal".

Lea también: Acoso sexual y laboral, también en los medios.

Hoy Vanesa Restrepo sigue ejerciendo su carrera, pero alejada de las redacciones. Trabaja como freelance en diferentes proyectos para la Universidad de Antioquía o incluso para organizaciones protectoras de DD.HH. A pesar del episodio que vivió en El Colombiano, siente la tranquilidad de pasar más tiempo con su familia y, además, se comprometió a trabajar para que su caso sea ejemplarizante. "Creo que las empresas pueden empezar a tocar temas con enfoque de género porque permite prevenir situaciones que afectan a los mismos empleados. En un asunto de ponerle perspectiva, entender que los derechos de las mujeres trabajadores deben ser protegidos, ninguna debe pasar por este tipo de cosas. Debemos intentar que nada de esto quede impune", asegura.

El 23 de septiembre de 2019, por su parte, el procesado editor Juan Esteban Vásquez habló en la emisora Blu Radio sobre la denuncia que Vanesa Restrepo interpuso ante la Fiscalía. No reconoció responsabilidad por los hechos: "Estoy totalmente tranquilo de mis actuaciones y esperaré a que la justicia actúe y resuelva esta situación, que no es cómoda para mí, ni para mi familia", aseguró. Sin embargo, la semana pasada el organismo investigador acusó a Vásquez por el delito de acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir agravado. Además, enfrentará audiencia preparatoria de juicio en marzo del próximo año, cuyo desenlace podría ser una pena de 12 a 20 años en prisión.

Por último, Vanesa Restrepo asegura que la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre su acción de tutela, podría garantizar mejores espacios de trabajo para la mujer en Colombia. "Eso va a redundar en productividad, tranquilidad y un montón de cosas buenas. No tenemos un fallo, yo entiendo que aún tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que ya estamos empezando a hablar del tema, hacer estudios para medirlo, y esto se puede llevar a otros espacios incluso en empresas privadas. De verdad esto le va a ayudar a muchas mujeres a poder seguirle aportando a su economía y a la sociedad de una manera más tranquila y con más seguridad", concluye.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
vanesa restrepo periodista el colombiano

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
corte constitucional elige tutela para revisión

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
corte constitucional revisará tutela de vanesa restrepo

# data[].attributes.attachment_link.title
Corte Constitucional revisará tutela de periodista víctima de presunta agresión sexual

# data[].attributes.attachment_link.description
El pasado 5 de octubre, la periodista Vanesa Restrepo, en compañía de la FLIP y Dejusticia, radicó una solicitud de selección de tutela en la Corte Constitucional, denunciando la presunta ineficacia del periódico El Colombiano para atender un supuesto caso de violencia sexual.

# data[].attributes.body
El Congreso se encuentra decidiendo sobre un Proyecto de Ley, ejerciendo su Función Legislativa.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La iniciativa bajaría a 0 la tarifa del Impoconsumo para bares y restaurantes durante todo el 2021. Entre tanto, el impuesto del IVA para la compra de pasajes aéreos pasaría 19 % al 5 %.

La iniciativa propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con mensaje de urgencia para reactivar la economía del país debido a los efectos de la pandemia, fue aprobada en primer debate el día de ayer en las Comisiones Sextas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

En la sesión se aprobó la eliminación de la sobretasa de energía y del Impoconsumo para alimentos y bebidas durante todo el 2021; la renovación del Registro Nacional de Turismo sin cobro de sanción por extemporaneidad hasta marzo del próximo año; la reducción del IVA al 5% en tiquetes aéreos y tasa administrativa; así como la regulación a las plataformas electrónicas o digitales que comercialicen servicios turísticos.

Tras la decisión, en su cuenta de twitter la senadora Ruby Chagüi, coordinadora del proyecto de ley, señaló que "esta es una gran noticia para el país porque permitirá la reactivación de este sector que tanto lo necesita".

Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, manifestó que "agradezco a las bancadas aquí presentes, este sin duda es un Proyecto de Estado. Nos ha unido este sector que permite sostenibilidad y recoge el activo más poderoso, el talento humano".

Según el funcionario, con este proyecto, que complementa la Ley General de Turismo, se busca fortalecer aspectos de sostenibilidad ambiental, así como impulsar la formalización para la competitividad y dar herramientas que permitan la reactivación del sector en el corto, mediano y largo plazo. "Esto nos permitirá apuntar a una 'mejor nueva normalidad' pos pandemia", recalcó Restrepo

Mientras tanto, el presidente ejecutivo nacional de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, afirmó que "desde Cotelco celebramos la aprobación, en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, del proyecto de ley que modifica las leyes de turismo existentes, que es trascendental para la reactivación del turismo nacional y que será un gran alivio y un importante apoyo para el sector. Estamos seguros de que las plenarias del Congreso darán trámite expedito a los debates faltantes, de tal forma que el sector disponga de un marco normativo ajustado a las nuevas realidades y preocupaciones de la industria turística".

# data[].attributes.attachment_link.title
Proyecto de Ley del turismo avanza en el Congreso * La Nación

# data[].attributes.attachment_link.description
La iniciativa bajaría a 0 la tarifa del Impoconsumo para bares y restaurantes durante todo el 2021. Entre tanto, el impuesto del IVA para la compra de pasajes aéreos pasaría 19 % al 5 %.

# data[].attributes.body
El excomandante de las FARC fue sometido a la JEP para que juzgaran sus delitos cometidos durante el conflito armado.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Boris Miranda (@ivanbor)*

Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

El exguerrillero Jesús Santrich, quien llegó a asumir como miembro oficial de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, ahora es buscado por Interpol.

Este jueves se publicó la circular roja para que el excomandante de las FARC pueda ser detenido en cualquiera de los más de 190 países donde opera la entidad.

Santrich permaneció detenido desde el 9 de abril de 2018 hasta el 30 de mayo de 2019, acusado dos veces por la Fiscalía de Colombia y con un pedido de extradición de Estados Unidos.

Su liberación se produjo en medio de una larga controversia entre las instituciones judiciales colombianas y el rechazo del gobierno de Iván Duque.

El exguerrillero accedió poco después al Congreso colombiano gracias al acuerdo de paz de 2016, que estableció que el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionario del Común se beneficiaría de manera automática con 10 escaños para el periodo 2018-2022.

Sin embargo, poco después de asumir, a mediados de junio, desapareció y su paradero hasta ahora es desconocido.

Por ello, la justicia colombiana decidió emitir una nueva orden de captura y desde esta semana se encuentra en la mira de Interpol.

¿Quién es?

Era uno de los excomandantes de las FARC protagonistas de las negociaciones de La Habana para el fin del conflicto armado.

Seuxis Paucias Hernández Solarte estuvo 25 años en la exguerrilla, a la que ingresó con 27 años (actualmente tiene 52).

Eligió Jesús Santrich como nombre de guerra en homenaje a uno de sus mejores amigos, que murió asesinado.

Perdió la vista hace una década debido a una enfermedad degenerativa que se le detectó desde la juventud.

Después de estudiar Derecho, se incorporó al movimiento armado en 1991 y, subiendo poco a poco en el escalafón de las FARC, se mantuvo sublevado en armas hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de desarme con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Sometido a la JEP

Firmado el pacto de desarme a finales de 2016, Santrich se sometió a la Justicia Especial Para la Paz (JEP), un tribunal especial para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado.

Ese régimen especial otorga penas reducidas y garantía de no extradición a militares, guerrilleros y otros involucrados en la guerra de cinco décadas que protagonizaron el Estado colombiano y las FARC.

El acuerdo señalaba que cualquier otro delito cometido después de la fecha de la firma (1 de noviembre de 2016) debe pasar directamente a la justicia ordinaria.

Ese fue el argumento que usó la Fiscalía, a la hora de detenerlo en abril del año pasado.

La entidad señaló que el exguerrillero intentó enviar cocaína entre 2017 y 2018, por lo que ya no podía gozar de ningún fuero especial y podía ser extraditado.

Santrich tenía tal relevancia que, tras esa detención en 2018, otros excomandantes amenazaron con romper el tratado de paz si se llegaba a consumar su entrega a Estados Unidos.

Desde ese momento se comenzó a debatir qué institución tenía la competencia de llevar su caso, la Fiscalía General de la Nación o la Jurisdicción Especial para la Paz.

A principios de mayo de este año, la JEP se declaró competente para atender el caso Santrich y congeló su orden de extradición.

A partir de ese momento comenzó un tira y afloje con la Fiscalía que incluyó una fugaz liberación de prisión y su recaptura apenas unos minutos después debido a una segunda acusación de narcotráfico.

Finalmente la Corte Suprema, el 30 de mayo intervino en la controversia al reconocer la condición de congresista de Santrich y disponiendo su liberación.

La controversia por Santrich

Además de el conflicto entre las instituciones judiciales colombianas, otros actores de la política de ese país intervinieron en la controversia,

En numerosas ocasiones, el presidente Duque lamentó la liberación de Jesús Santrich e incluso llegó a pedir que la decisión sea apelada.

Desde Buenos Aires, donde se encontraba de gira el lunes, el mandatario condenó que el exguerrillero acceda al Congreso.

"¿Cómo puede uno pretender que tengamos un mafioso posesionándose como congresista?", criticó Duque, quién además pidió a la Procuraduría de su país que suspenda al flamante parlamentario.

En las últimas semanas, debido al caso Santrich, varios representantes de la bancada oficialista le pidieron al presidente Duque que impulse una Asamblea Constituyente capaz de cambiar las reglas de juego del acuerdo de paz.

"No es posible seguir alcahueteando la impunidad y premiando a aquellos responsables de delitos atroces. No más a la JEP cómplice de Santrich, Colombia necesita una Constituyente ya", señaló en su momento el senador uribista Alejandro Corrales.

Antes, Estados Unidos también lamentó que se haya impedido la entrega del exguerrillero.

"Consideramos esta decisión (de liberarlo) lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos", señala el mensaje.

EE.UU. señala que la acusación contra Santrich, hecha en un tribunal en Nueva York, establece que los delitos por los que se lo acusa se produjeron después de la firma del acuerdo de paz.

La desaparición de Santrich, cuyo paradero se desconoce hace más de dos meses, dio mayor fuerza a aquellos que criticaron su liberación e investidura como congresista.

* Este artículo se publicó originalmente el 16 de mayo y se actualizó el 22 de agosto.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

# data[].attributes.attachment_link.title
Jesús Santrich, el excomandante de las FARC que pasó de detenido con pedido de extradición a congresista y ahora es buscado por Interpol - BBC News Mundo

# data[].attributes.attachment_link.description
Boris Miranda (@ivanbor)* Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia El exguerrillero Jesús Santrich, quien llegó a asumir como miembro oficial de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, ahora es buscado por Interpol. Este jueves se publicó la circular roja para que el excomandante de las FARC pueda ser detenido en cualquiera de los más de 190 países donde opera la entidad.

# data[].attributes.body
El presidente pone en marcha el tratado de libre comercio con Israel con el fin de incrementar la inversión extranjera. Se resalta el manejo de relaciones internacionales del presidente como jefe de estado.

# data[].attributes.body
El presidente toma la decisión de extender aislamiento selectivo  a causa de la coyuntura por el COVID-19, destacando su rol como jefe de gobierno.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El Gobierno, a través del decreto 1408 del 30 de octubre de 2020, prorrogó la vigencia del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1.° de diciembre de 2020, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

En síntesis, durante noviembre seguirán rigiendo las mismas reglas que están actualmente.

Por ello, aquí recordamos quiénes pueden salir y quiénes no a partir del 1.º de noviembre:

(En otras noticias: 'Mi mamá murió cuando hacíamos el viaje de nuestros sueños')

Actividades no permitidas:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas,
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de
Salud.

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.

3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos.
de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Sin embargo, hay que aclarar que los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto en establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, y para la realización de ferias empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud, tal como ya ha ocurrido.

¿Quiénes pueden salir?

El resto de sectores y actividades se pueden realizar, cumpliendo con el respectivo protocolo de bioseguridad.

(Le sugerimos: La advertencia del Gobierno de EE. UU. sobre viajar a Colombia)

Adicionalmente, los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del coronavirus.

En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada afectación del coronavirus no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.

¿Qué pasa con los vuelos internacionales?

La reactivación de vuelos internacionales comerciales, que empezó el 21 de septiembre, continúa y el Gobierno está coordinando para incrementar el número de rutas.

(En detalle: Vuelos internacionales: países que exigen a colombianos prueba covid)

¿Qué pasa con las fronteras terrestres, marítimas y fluviales?

A través del decreto 1408 de 2020, el Gobierno señaló que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país se extenderá hasta el próximo 1.° de diciembre. No obstante, puede haber pilotos de reapertura.

POLÍTICA
Síganos en Si tiene dudas sobre las medidas escríbanos a luimer@eltiempo.com

# data[].attributes.attachment_link.title
Aislamiento selectivo: ¿qué cambia desde el 1.º de noviembre?

# data[].attributes.attachment_link.description
El Gobierno, a través del decreto 1408 del 30 de octubre de 2020, prorrogó la vigencia del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1.° de diciembre de 2020, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

# data[].attributes.headline
Función: Jefe supremo de las fuerzas armadas

# data[].attributes.subject
Función: Jefe supremo de las fuerzas armadas

# data[].attributes.body
El presidente expide un decreto para que los alcaldes municipales y distritales tomen las medidas requeridas en su deber de conservar el orden público a fin de hacer respetar “el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”, haciendo valer su función como Jefe supremo de las fuerzas armadas.

# data[].attributes.body
Velar que los funcionarios públicos desempeñen fielmente su cargo. En la noticia, la procuraduría sanciona a el exalcalde de Pasto por irregularidades en la contratación.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bogotá, 6 de noviembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por cuatro meses al entonces alcalde (e) de Pasto, Nariño, Víctor Raúl Erazo Paz (2015), por irregularidades en el contrato suscrito con la Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS, para la dotación del hospital de baja complejidad tipo 1B del barrio Santa Mónica.

Por los mismos hechos fue sancionado con suspensión por seis meses el exsecretario de Infraestructura y de Valorización, Jhon Fredy Burbano Pantoja (2012-2015).

El ente de control demostró que los disciplinados omitieron prever un lugar alterno para recibir los elementos comprados, a pesar de conocer el inminente riesgo de incumplimiento en la entrega, pues al momento de suscribir el contrato de compraventa, apenas iniciaba la construcción del hospital donde debían ser instalados y puestos en funcionamiento.

Esta improvisación implicó que los equipos biomédicos y odontológicos, y el mobiliario adquirido tuvieran que depositarse en una bodega de la sede "San Andrés" de la alcaldía, por cuanto la ejecución de la obra tardaría más de 12 meses, y el suministro de los bienes quedó pactado en un plazo de seis meses.

Para la Procuraduría los exfuncionarios pusieron en riesgo los recursos municipales así como la integridad, calidad y operatividad de los equipos, y demás suministros contratados para ser puestos al servicio de la comunidad.

Entre las normas vulneradas el Ministerio Público citó el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que señala como función de quien intervenga en la contratación estatal "la obligación de analizar el riesgo del no cumplimiento del objeto a contratar con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato".

En fallo de primera instancia las faltas del exmandatario y el exsecretario fueron calificadas como graves a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

CCJ/ccj | Fecha Publicación: viernes, 6 noviembre 2020 04:35 PM

# data[].attributes.attachment_link.description
Bogotá, 6 de noviembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por cuatro meses al entonces alcalde (e) de Pasto, Nariño, Víctor Raúl Erazo Paz (2015), por irregularidades en el contrato suscrito con la Unión Temporal Clinimédica Pasto SAS, para la dotación del hospital de baja complejidad tipo 1B del barrio Santa Mónica.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Diario La Libertad - Periódico Noticioso de Colombia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Dentro del conflicto de jurisdicciones surgido entre la Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá y el Juzgado 143 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, con ocasión al conocimiento del proceso penal adelantado contra los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz, por la presunta comisión del delito de homicidio agravado y tortura agravada, siendo víctima el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia de fecha 7 de octubre del presente año, resolvió asignar el conocimiento del asunto a la Justicia Penal Ordinaria representada por el Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá.

Las presentes diligencias se originaron en hechos acaecidos el día 9 de septiembre de 2020, cuando el ciudadano Javier Ordóñez fue requerido por la autoridad policial del CAI Villa Luz de esta ciudad, concretamente por los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes según testigos le propinaron descargas eléctricas siendo posteriormente trasladado a la sede el CAI en mención, donde presuntamente se le ocasionaron golpes por parte de los uniformados, por lo que fue trasladado a un Centro Asistencial donde llegó sin signos vitales.

En el caso en mención, se consideró por parte de la Sala que de conformidad con las pruebas arribadas al proceso, el conocimiento de las presentes diligencias debe ser atribuido a la Justicia Penal Ordinaria, pues se evidencia con claridad que no existe la relación del hecho investigado penalmente con la prestación del servicio, en los términos que demanda el artículo 2 del Código Penal Militar.

En efecto, inicialmente sostuvo esta Colegiatura que de los medios de prueba obrantes en el plenario se observaba una actuación inicial por parte de los uniformados consistente en propinarle descargas eléctricas al ciudadano Javier Ordóñez, existiendo un claro uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes involucrados, pues no obstante estar este ciudadano ya controlado por los uniformados continuaron propinándole dichas descargas, excediendo totalmente el ámbito de sus funciones constitucionales y legales y es precisamente ese actuar desproporcionado el que rompe cualquier nexo de causalidad con el servicio que para el día 9 de septiembre de 2020 prestaban los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, indicó la Sala que, de ninguna manera puede admitirse que una actuación totalmente desproporcionada, excesiva y alejada de las funciones constitucionales y legales de los miembros de la Fuerza Pública, se considere como un acto del servicio. Por el contrario, este tipo de procedimientos que van en contravía de los derechos de los ciudadanos, que desconocen por completo los protocolos para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, bajo ninguna circunstancia pueden ser asignadas a la Justicia Castrense, pues no existe relación alguna con el servicio, todo lo contrario, desdibujan por completo las funciones que el constituyente asignó a los miembros de la Policía Nacional quienes deben velar por proteger la vida, honra y bienes de todos los Colombianos.

Así las cosas, vislumbró la Sala que no se encuentra presente en el sub examine, la relación próxima y directa de las funciones que ejercían los uniformados con el presunto punible de homicidio agravado y tortura agravada, con relación a lo acaecido el 9 de septiembre de 2020, en ese contexto, no obran en el expediente pruebas que permitan determinar un nexo causal entre la comisión de la conducta investigada -situación fáctica- y el servicio encomendado a los policiales, menos aún, se puede sostener que las conductas descritas dentro del plenario, puedan tener relación directa con la prestación del servicio, pues no se debe perder de vista que el material probatorio obrante en el plenario lo que muestra es un actuar desproporcionado por parte de los uniformados, alejado por completo de sus funciones constitucionales y legales y totalmente ajeno a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho prevista en el artículo 1º de la Carta Política, el cual se funda en el principio de la dignidad humana.

Finalmente, sostuvo la Sala que dentro del presente asunto no era aplicable el precedente contenido dentro del radicado No. 1100101020002019-2728-00, donde se resolvió asignar a la Justicia Penal Militar la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz Medina. Al respecto indicó esta Colegiatura: "Nótese que a esa conclusión llegó la Sala porque precisamente los hechos en que resultó lesionado el joven Dilan Cruz tuvieron como génesis una manifestación que se tornó violenta y que requirió de la participación de la Policía Nacional para dispersarla, luego la actuación del uniformado involucrado en los hechos si se dio como consecuencia de un acto del servicio. Por el contrario, en el caso del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, la actuación de los uniformados investigados traspasó esa línea que existe para poder asignar un asunto a la Justicia Castrense, pues precisamente al atacar de manera reiterada a un ciudadano desarmado, esposado y reducido, golpeándolo y propinándole descargas eléctricas pese a sus súplicas para que se detuvieran, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y justamente ese uso excesivo de la fuerza desproporcionado e irracional es lo que rompe cualquier nexo con el servicio que como miembros de la Policía Nacional prestaban los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos".

HL

#DIARIOLALIBERTAD

# data[].attributes.attachment_link.title
Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirime conflicto de jurisdicciones en el caso Javier Ordóñez - Diario La Libertad - Periódico Noticioso de Colombia.

# data[].attributes.attachment_link.description
Dentro del conflicto de jurisdicciones surgido entre la Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá y el Juzgado 143 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, con ocasión al conocimiento del proceso penal adelantado contra los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz, [...]

# data[].attributes.body
Asegura que apelará el caso ante el contencioso administrativo. Puede durar 10 años el pleito.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA

23 de octubre 2020 , 09:59 p. m.

Ramón Jesurún notificó que la Federación Colombiana de Fútbol pagó la millonaria multa impuesta por la Superintendecia de Industria y Comercio dentro del escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

EL TIEMPO estableció que el pasado 19 de octubre, extendieron un cheque por 16.016'028.600 pesos. Sin embargo, Jesurún, quien había guardado silencio, dijo que interpondrán un recurso ante el contencioso administrativo para tumbar la sanción.

(Lo incitamos a leer: Caso contra 'zares' del fútbol pasa a justicia penal y a EE. UU.)

"Conforme a las políticas de cumplimiento y transparencia de la Federación Colombiana de Fútbol, se informa a todos sus afiliados que el 19 de octubre de 2020, la entidad procedió a cumplir con el pago del valor total de la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)", dice el comunicado.

(Le puede interesar: Los audios del presunto pago turbio a los 'zares' del fútbol)

Y agrega: "De manera inmediata, se interpondrán los recursos que contempla la ley ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por considerar que la Superintendencia no tuvo en cuenta el voluminoso material probatorio que obra dentro del expediente que demuestra que no se incurrió en el acto que se endilga y que inexplicablemente fue omitido a la hora de valorar las evidencias".

El proceso en el contencioso administrativo del que habla Jesurún -una acción de nulidad contra el acto administrativo sancionatorio- puede durar entre 8 y 10 años.

(Además: El partido secreto del 'exzar' del fútbol Luis Bedoya en EE. UU.)

El dirigente también dice que el desembolso se hizo por el acatamiento estricto de la decisión adoptada por la SIC, pero advierte que no constituye un acto de reconocimiento de responsabilidad de las conductas señaladas en la resolución sancionatoria.

(Le puede interesar: Por escándalo, minjusticia renuncia a comité de la Fedefútbol)

Y remata diciendo que las prácticas de buen gobierno corporativo que emprendió la
administración de la Federación, le permitió asumir el pago.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @UinvestigativaET

CONOCE MÁS

# data[].attributes.attachment_link.title
Fedefútbol paga millonaria multa, pero anuncia demanda

# data[].attributes.attachment_link.description
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Por: UNIDAD INVESTIGATIVA 23 de octubre 2020 , 09:59 p. m. Ramón Jesurún notificó que la Federación Colombiana de Fútbol pagó la millonaria multa impuesta por la Superintendecia de Industria y Comercio dentro del escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

# data[].attributes.body
Con fines de extinción de dominio,  fueron embargados algunas propiedades del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, de su esposa Madeleine Pantoja, y de otros miembros de su equipo de gobierno, vinculados por la fallida remodelación del escenario deportivo.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Con fines de extinción de dominio, fueron embargados algunas propiedades del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, de su esposa Madeleine Pantoja, y de otros miembros de su equipo de gobierno, vinculados por la fallida remodelación del escenario deportivo.
RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

La Fiscalía General de la Nación ocupó ayer con fines de extinción de dominio, algunas propiedades del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez y de otros de sus colaboradores, investigados por las irregularidades en la fallida remodelación del estadio 'Guillermo Plazas Alcid'.

La decisión fue ordenada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Derecho de Dominio como medida cautelar por las probables irregularidades en el proceso de contratación de la fallida remodelación de la tribuna occidental que se desplomó en agosto de 2016.

La extinción de dominio es un proceso judicial, independiente que el Estado ejerce sobre los bienes obtenidos presuntamente ilícitamente o usados en actividades ilegales.

La Fiscalía Delegada inició oficiosamente el trámite de la acción de extinción del derecho de todos los implicados. Hasta anoche solo se habían ocupado los bienes de los tres ex funcionarios, detenidos en agosto de 2017, quienes se encontraban en plena libertad, respondiendo en lento proceso penal, hoy en pañales.

Aunque el juicio no ha empezado ni existe una condena sobre los hechos que originaron la acusación, la Fiscalía inició de manera oficiosa la acción extintiva, independientemente del proceso penal que se adelanta actualmente.

En esta primera fase fueron ocupados algunos bienes del ex alcalde Pedro Hernán Suárez y de su esposa Madeleine Pantoja. También fueron ocupados algunos bienes del antiguo jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes y su grupo familiar y propiedades del ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací y de su esposa.
El embargo
El operativo arrancó el miércoles pasado, coincidiendo con la continuación de una frustrada audiencia preparatoria, vez aplazada nuevamente por dificultades en el descubrimiento probatorio.

Según fuentes del organismo investigador, fueron ocupados algunos locales comerciales, un apartamento en Bogotá y otros bienes no precisados.

La Fiscalía Delegada para la Extinción de Dominio con el apoyo el grupo de Policía Judicial ocupó los inmuebles, notificaron las medidas y asumieron el control temporal de los inmuebles, que serán puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Una de las viviendas ocupadas está ubicada en la carrera 18 con calle 42, en el barrio Villa Regina, sede de la campaña del ex alcalde y de su portal Akí Noticias.

También otro apartamento en Bogotá a nombre de su esposa, Madeleine Pantoja. Hasta el cierre de esta edición no se había reportado el listado de los bienes.

Igualmente se ocupó un establecimiento comercial, ubicado en la carrera segunda con calle 9, en el centro de Neiva, de propiedad de la esposa del ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací.

En su calidad de director de Deporte y Recreación de Neiva, le correspondió realizar los estudios previos, incluyendo la adecuación, remodelación arquitectónica y reforzamiento estructural del estadio, inscrito en el banco de proyectos desde septiembre de 2013.
Sorpresa
La medida causó enorme sorpresa, no solo entre los afectados y su círculo familiar, toda vez que estas propiedades fueron adquiridas mucho antes de la adjudicación del polémico contrato de remodelación del estadio, origen del proceso penal, que se viene adelantando desde el 4 de diciembre de 2017 cuando se radicó el escrito de acusación.

"La extinción de dominio, es una institución autónoma, de rango constitucional, de carácter patrimonial, que la Fiscalía puede iniciar independientemente del proceso penal, por lo tanto, es legítima. Solo que tendrá que demostrar el origen ilícito", explicó uno de los abogados consultado sobre la intempestiva decisión.

La medida incluye también a los contratistas. Hasta el cierre de esta edición no se habían confirmado otros embargos con el mismo fin.

"Solo conocimos estas primeras acciones, pero no sabemos si se extendió a otras personas. Es posible, que incluya a los contratistas y demás personas que han sido vinculadas en este proceso", respondió uno de los abogados.
Suspendida audiencia
La acción de extinción de dominio se inició el miércoles pasado, el mismo día en que se había programado la continuación de la audiencia preparatoria del juicio oral después de un año y ocho de meses de haber iniciado.

La diligencia no pudo realizarse, esta vez, por solicitud de un abogado de la defensa. Mientras se notificaba esta decisión, el equipo encabezado por un fiscal delegado, inició la ocupación de las propiedades del ex alcalde Pedro Hernán Suárez y su grupo familiar.

La continuidad de la audiencia preparatoria se frustró una vez más, por petición de uno de los abogados de la defensa, por la imposibilidad física de asimilar el material probatorio y las evidencias físicas, entregadas a cuenta gotas, por parte de la Fiscalía. Esta excesiva morosidad, frustró la realización de la diligencia judicial.

El escrito de acusación fue radicado el primero de diciembre de 2017, pero fue adicionado en marzo y abril de 2018.

Sustentada la acusación, la audiencia preparatoria fue citada para el 6 de marzo de 2018 pero fue suspendida.

Se reprogramó por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril. Luego se aplazó para el 8 de agosto de ese mismo año. Ese día tampoco pudo realizarse la audiencia preparatoria. Entonces se volvió a programar para el 15 de febrero de 2019. Finalmente, se fijó para este 17 y 18 de septiembre. Tampoco se pudo realizar.

El fiscal la reprogramó para mayo de 2020 y fijó fecha para iniciar el juicio oral en julio. El cronograma tampoco se cumplió.

Los abogados de la defensa pidieron de nuevo el aplazamiento, argumentando que después de 13 meses no han recibido toda la evidencia probatoria que le Fiscalía hará valer en el juicio oral.

A esta morosidad se sumó el cambio de fiscal. El titular, Rodrigo Hernández, quien documentó y preparó la imputación, renunció al cargo. El nuevo fiscal, Carlos Alberto Ladino, tuvo que retomar el caso.

Adicionalmente, el juez de conocimiento, Jorge Enrique Luna Corrales, fue designado en diciembre del año pasado Juez de Ejecución de Penas y tuvo que entregar el proceso. Lo reemplazó la juez Elvira Inés Zamora Gnécco, quien se declaró impedida, por haber conocido el proceso, siendo juez octavo de garantías.

La juez Cuarto Penal del Circuito María del Pilar Ochoa asumió el caso a pesar de la complejidad del proceso.

La funcionaria reprogramó la continuación de la audiencia preparatoria para el 4 de noviembre de 2020 y la iniciación del juicio oral. Pero tampoco se pudo.

El abogado de la ingeniera Érika Johana Hernández solicitó nuevamente el aplazamiento la audiencia volvió a aplazarse, indefinidamente.

La congestionada agenda del despacho judicial impedirá una nueva fecha este año. La funcionaria tiene copada su agenda hasta mayo de 2021, lo que significa que después de esa fecha podría convocar nuevamente la continuación de la audiencia, que puede extenderse todo el año.

El juicio, por el volumen de evidencia y número de procesados, puede tardar, según los propios abogados, otros cuatro años.

La Fiscalía presentó 280 elementos materiales probatorios, 104 testigos (87 de la Fiscalía y 17 de la defensa).

Los elementos materiales probatorios están contenidos en cien gigas de información, unos 20 millones de documentos que hay que revisar uno por uno. La norma contempla que la Fiscalía tiene tres días para entregar las pruebas y lleva casi dos años y no ha terminado.
El origen
Un año después de la tragedia que dejó cuatro muertos y diez herido, la Fiscalía ordenó las capturas de los funcionarios y contratistas, por las probables irregularidades en el proceso de contratación.

La Fiscalía les imputó cargos en calidad de coautores como supuestos coautores "con probabilidad de verdad" de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros, cometidos en concurso, con dolo y en condiciones de mayor agravación.

El representante legal del consorcio Estadio 2014, Miguel Alejandro Lozano Castañeda, fue vinculado formalmente por las mismas conductas pero a título de interviniente.

Según la Fiscalía desde el comienzo, la licitación estuvo 'amarrada' para favorecer al único contratista.

"Como alcalde de Neiva direccionó los pre-pliegos, que dieron lugar a los pliegos definitivos del proceso de licitación pública No. 004 de 2014 para que fuera elegido el contratista Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del Consorcio Estadio 2014 al establecerse que estos fueran ajustados a circunstancias financieras, técnicas y experiencia que representaba el consorcio Estadio 2014, negando cualquier posibilidad que se presentaran otros proponentes", argumentó la Fiscalía.

"Los pliegos se diseñaron acordes a la medida del consorcio ganador, el único oferente que se presentó finalmente a la licitación", afirmó el fiscal durante la imputación. Los implicados, entre ellos, el ex mandatario neivano, han negado los cargos. Incluso, se preparan para rendir versión libre en la Contraloría, donde se adelanta el juicio de responsabilidad fiscal por el mismo caso.
Licitación amarrada
La Fiscalía argumentó por ejemplo que el capital de trabajo, contemplado en los pliegos, se redujo del 50 al 35%; la experiencia se fijó en 30 años, y se colocó otro requisito que solo Lozano Castañeda podía cumplir: haber construido o remodelado dos estadios en los últimos ocho años.

Igualmente subió el nivel de endeudamiento. Lo pasó de ser igual o mayor al 30% lo fijó en igual o mayor al 35%.

También se ajustó la cantidad de acero a las condiciones del contratista. Se pasó de 450 toneladas a ejecutar en el proyecto que no cumplía a sólo 40 toneladas de acero.

Asimismo dispuso que la suma de dos contratos de obra aportados en la experiencia específica, sea equivalente al 50% del presupuesto oficial del proyecto. Igualmente estipuló que el área mínima intervenida en los contratos que acrediten la experiencia sea de 20 mil metros cuadrados.

"Lo que indica que se vulneró el principio de selección objetiva por parte del señor Alcalde de Neiva, al direccionar el contrato hacia este proponente en la etapa de tramitación", subrayó el fiscal investigador.

Durante la ejecución de la obra, dice el escrito de acusación, se adicionaron desproporcionadamente mayores cantidades de obra para justificar presupuestos adicionales.

Según el escrito de acusación, el ex mandatario "sabía que no tenía estudios previos de sismo-resistencia para el sector occidental del estadio, no contaba con presupuesto aproximado a las obras a realizar, sino completamente desfasado, con diseños incompletos de rampas, gradas, red de gasoducto, juntas entre estructuras nuevas y viejas, entre otros".

# data[].attributes.attachment_link.title
Fiscalía ocupó bienes de implicados en anomalías en el estadio de Neiva * La Nación

# data[].attributes.attachment_link.description
Con fines de extinción de dominio, fueron embargados algunas propiedades del ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, de su esposa Madeleine Pantoja, y de otros miembros de su equipo de gobierno, vinculados por la fallida remodelación del escenario deportivo.

# data[].attributes.body
José Gallego es procesado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Fiscalía lo procesará por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El hombre, identificado como José Willingtong Gallego, sería un disidente de la extinta guerrilla de las Farc y no aceptó cargos en la audiencia de este miércoles.

El pasado 20 de octubre, cuando se movilizaba en su vehículo en la vereda La Cabrera, zona rural de Popayán, el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Cauca y líder de la Colombia Humana, Gustavo Herrera, fue asesinado. La Fiscalía capturó por el crimen a José Willintong Gallego Ceballos, supuesto disidente de la extinta guerrilla de las Farc que sería conocido con el alias de Gonzalo Martínez; le imputó los delitos de homicidio agravado y porte de armas, y este miércoles un juez de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva mientras se esclarece su responsabilidad.

(Lea también: Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial de Petro en el Cauca, fue asesinado)

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, celebró la operación que dio como resultado la captura del presunto homicida. "La aprehensión de alias Gonzalo Martínez se registró en el área urbana de Popayán, haciendo efectiva la orden de captura que reposaba en su contra por el delito de homicidio agravado. Alias Gonzalo Martínez habría integrado las filas guerrillas desde el 2005 hasta el 2012, cuando decidió acogerse al proceso de paz" aseguró el alto funcionario.

Sin embargo, continuó diciendo el ministro este miércoles, Gallego Ceballos, "hacia el año 2016 abandonó el Acuerdo y regresó nuevamente a efectuar acciones al margen de la ley para desempeñarse como jefe de sicarios de los grupos delincuenciales organizados que delinquen en el Cauca". Según Trujillo, la captura de este hombre es un duro golpe a la delincuencia organizada en esa región del país.

El hecho ocurrió mientras Herrera se movilizaba, acompañado por un familiar, en la vía que de la capital del Cauca lleva al municipio de Conocuco. Allí, contó la Fiscalía, fue atacado por un sujeto que se encontraba en el sector. "Las labores de policía judicial permitieron a la Fiscalía establecer la plena identidad del presunto implicado, para solicitar la orden que captura que fue materializada durante un allanamiento este 2 de noviembre en el barrio La Paz, de Popayán", dijo el ente investigador en un comunicado.

Asimismo, al momento de la captura de Gallego Ceballes, le incautaron un celular, una simcard, un casco para moto y drogas. La Fiscalía lo puso a disposición de un juez de control de garantías para anunciarle que será formalmente vinculado a una investigación por su supuesto rol en este homicidio. El hombre se declaró inocente. "Con el importante material probatorio recaudado por la Fiscalía, el CTI, en articulación con la Policía y el Ejército, logran la captura, y es presentado a un juez", explicó el director seccional de fiscalías del Cauca, Raúl González Flechas.

(También le puede interesar: Líder indígena Aurelio Jumi no fue asesinado: estuvo retenido y está vivo)

En los últimos días han sido asesinados varios miembros del movimiento político. El primero fue el líder campesino Eduardo Alarcón, en Campoalegre (Huila). El segundo fue Herrera. Luego vino el de Campo Elías Galindo en Medellín, reconocido historiador y profesor, asesinado en el barrio Los Pinos de la capital de Antioquia. Sin embargo, hasta ahora, ni el partido ni su líder natural, Gustavo Petro, se han pronunciado de fondo sobre los crímenes, más allá de declaraciones cuando se ha presentado cada uno.

Por ejemplo, tras el asesinato de Herrera, Petro escribió en su cuenta personal de Twitter:

Atención, segundo dirigente de Colombia Humana, asesinado hoy, Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial de la Colombia Humana en el Cauca.

Todos los nodos deben desatar la campaña internacional. Toda Colombia Humana en alerta. Masivamente Al paro nacional, mañana
- Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2020

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
asesinato de miembros de colombia humana

# data[].attributes.attachment_link.title
A la cárcel el hombre señalado de asesinar a Gustavo Herrera, líder de Colombia Humana

# data[].attributes.attachment_link.description
La Fiscalía lo procesará por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El hombre, identificado como José Willingtong Gallego, sería un disidente de la extinta guerrilla de las Farc y no aceptó cargos en la audiencia de este miércoles.

# data[].attributes.headline
Máximo órgano de control fiscal del Estado.

# data[].attributes.subject
Máximo órgano de control fiscal del Estado.

# data[].attributes.body
La Contraloría identificó 185 proyectos que fueron aprobados por los OCAD, pero que no habían sido contratados y superan los $821.000 millones.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Contraloría identifica alertas en proyectos con recursos de regalías en Colombia

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
¿Ya es suscriptor? Ingrese aquí

Bienvenido a Dinero.com, disfrute

artículos gratuitos en el mes

Acceda sin restricciones

a todos nuestros contenidos digitales

Acceso ilimitado a todo el contenido en Dinero.com

Acceso a la app Revista Dinero para Android y iOS

Disfrutará beneficios exclusivos adicionales por ser suscriptor

Si desea

acceder sin restricciones

a todos nuestros contenidos digitales

# data[].attributes.attachment_link.title
Contraloría detecta alertas en millonarios proyectos con recursos de regalías

# data[].attributes.body
El Congreso elige entre los candidatos preseleccionados a los que conformaran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que reemplazará y que debió hacerlo desde el 2015 a El Consejo Superior de la Judicatura.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer los nombres de quienes podrían integrar sus cuatro ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que fue creado en 2015, pero que no ha empezado a funcionar.

En Colombia hay un despacho judicial que, en realidad, no debería existir ya: la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En 2015, tras la reforma de equilibrio de poderes, la sala "dejó de existir" para darle paso a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que también vigilará y adelantará procesos disciplinarios en contra de abogados y jueces del país. En papel, la nueva sala solo funcionará después de la creación de una ley estatutaria, que busca regular situaciones de especial importancia, pero ante el caos institucional que este tema ha causado y acatando una reciente orden de la Corte Constitucional, el Consejo de Superior de la Judicatura publicó su lista de preseleccionados.

En contexto: El enredo de no acabar en la Sala Disciplinaria de la Judicatura.

De acuerdo con la Judicatura, de conformidad con la sesión de ayer 4 de noviembre, ya se configuró la lista de preseleccionados que integrarán las cuatro ternas de candidatos que serán presentados ante el Congreso para que, como lo dice la reforma de equilibrio de poderes, escoja cuatro de los siete magistrados que integrarán la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los otros tres magistrados, que completarán el despacho, también serán escogidos por el Congreso, pero de ternas enviadas por el presidente Iván Duque.

Se trata de 80 profesionales del derecho, entre los que se encuentran 48 hombres y 32 mujeres, quienes se disputan ser incluidos en las cuatro ternas que evaluará el Congreso por parte de la Judicatura. De acuerdo con la alta corte, las entrevistas a los aspirantes a preseleccionados se realizarán en audiencia pública a partir del próximo 12 de noviembre. Según la reforma de equilibrio de poderes, quienes sean elegidos en la Comisión Nacional de Disciplina desempeñarán su función por un periodo de ocho años y, después de la elección, cesarán sus funciones quienes están en la polémica y extinta Sala Disciplinaria.

Se suponía que la actual Sala Disciplinaria dejaría de existir en 2016, pero a falta de la creación de una ley estatutaria por el Congreso, que reglamentase una convocatoria pública, los nuevos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina no han sido escogidos. El proceso se ha dilatado tanto que dos exmagistrados de la Sala Disciplinaria han durado más de 11 años en su puesto, cuando la ley establece que tales funcionarios solo pueden durar ocho años. Se trata de los togados Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, que el pasado 1 de octubre pusieron sus cargos "a disposición del Congreso".

Tanto Sanabria como Garzón siguieron tomando decisiones en la Judicatura, dado el vacío legal que enfrentó tal despacho durante años. Recién el pasado 27 de agosto la Corte Constitucional se pronunció sobre los denominados "magistrados eternos" y, luego de estudiar una tutela elevada por tres abogados, decretó que debían salir de sus cargos. "Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta sentencia, (la Judicatura) deberán enviar al Congreso de la República, previa convocatoria pública reglada, las ternas que les corresponden, para efectos de que el Congreso de la República proceda a la conformar para la elección de los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial", consignó la alta corte en el documento conocido por El Espectador.

Le puede interesar: Corte Suprema pide investigar a magistrados "eternos" de la Judicatura por no salir de sus cargos.

La reciente convocatoria del Consejo Superior de la Judicatura llega en medio de una investigación que la Corte Suprema pidió contra los "magistrados eternos", quienes aseguran no haber dejado su cargo por temor a un proceso disciplinario. Ellos han asegurado que la reforma de equilibrio de poderes dejó claro que la actual sala que vigila a los abogados y a los jueces solo terminaría sus funciones una vez se pusiera en marcha la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Tanto Pedro Sanabria como Julia Emma Garzón presentaron su renuncia al Congreso en septiembre pasado, aunque solo después del fallo de la Corte que ordenó su salida.

Ambos serán investigados por la Fiscalía, o al menos eso espera la Corte Suprema de Justicia, que compulsó copias contra ellos luego de ordenar que se levantaran unas medidas cautelares de embargo, decretadas en 2015, sobre unos predios que ofreció el presunto narcotraficante Miguel Ángel Melchor Mejía, alias El Mellizo, para la reparación de víctimas de una estructura paramilitar. De acuerdo con Germán Bernal, alias Rojo, uno de los jefes de seguridad de Melchor Mejía, el mismo Mellizo compró en Barranquilla la concesión de grupos paramilitares y montó una oficina de cobro para recuperar dineros que le debían otros supuestos narcos.

Estos son todos los preseleccionados:

Adriana Cecilia Alarcón, Luis Ernesto Arciniegas, Wilson Laureano Báez, Luis Fernando Barrera, Alfonso Cajiao Cabrera, Diomar Camacho Montes, Martha Cecilia Camacho, María Eugenia Carreño, Luis Hernando Castillo, Rafael Albeiro Chavarro, Roque Luis Conrado, Aura Yineth Correa, Elizabeth Cristina Dávila, Orlando de Jesús Díaz, Juan Carlos Espeleta, Ingrit Cecilia Espinosa, Jorge Eliecer Gaitán, Miguel Ángel García, Beatriz Elena García, Tanny Liliana García, Martha Isabel García, María Helena Giraldo, Juan Fernando Gómez, Luzana Guerrero Quintero, Juan Carlos Hermosa, Adriana Herrera Beltrán, Carlos Mario Isaza, Jhon Javier Jaramillo, Germán de Jesús Londoño, Nohora Leonor Losada, Carlos Aníbal Lozano, Gisele Manrique Vaca, Nelson Marín Franco, Marcela Márquez Rodríguez, Julio César Martínez, Elizabeth Martínez Barrera, Lorena Ivette Mendoza, Martín Antonio Moreno, Rafael Moreno Vargas, Roberto Felipe Muñoz, Helia Marcela Niño, Mary Lucero Novoa, Diego José Ortega, Luis Gilberto Ortegón, Álvaro Osorio Chacón, Germán Eduardo Palacio, Labrenty Efrén Palomo, Luis Gonzalo Peña, Samuel Ricardo Perea, Pedro Albertho Pérez, Carlos Eduardo Pimienta, Gloria Yanet Quintero, Víctor Eduardo Quiroga, Samuel José Ramírez, Gloria Edith Ramírez, Carlos Arturo Ramírez, César Augusto Rengifo, Antonio Emiliano Rivera, Gloria Arcila Robles, María Liliana Rodríguez, Gilberto Rondón Gonzales, Moisés Sabogal Quintero, Julio Andrés Sanpedro, Mónica Sánchez Medina, Martín Leonardo Suarez, Barbara Liliana Talero, Nora Tapia Montoya, Isduar Javier Tobo, Lía Isabel Torregrosa, Claudia Rocío Torres, Martha Alexandra Vega, Diana Marina Vélez, Elka Vanegas Ahumada, Luz Adriana Vivas, Joaquín José Vives, Cruz Antonio Yanez, Luis Alfredo Zamora, Manuel Alfonso Zamudio, Carolina Zuluaga Herreño y Víctor Manuel Zuluaga.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
sala disciplinaria del consejo superior de la judicatura

# data[].attributes.attachment_link.title
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya tiene lista de preseleccionados

# data[].attributes.attachment_link.description
El Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer los nombres de quienes podrían integrar sus cuatro ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que fue creado en 2015, pero que no ha empezado a funcionar.

# data[].attributes.body
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación al Presidente Iván Duque por las declaraciones de la excongresista Aida Merlano sobre querer asesinarla.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió este lunes dos investigaciones sobre el presidente Iván Duque relacionadas con los señalamientos que le hizo la excongresista Aida Merlano.

Así se lo confirmó a EL TIEMPO el presidente de esta célula congresional, Jhon Jairo Cárdenas, quien encabezará una de ellas.

De acuerdo con Cárdenas, las investigaciones se originan en las denuncias que presentaron los representantes a la Cámara David Racero y Fabián Díaz, ambos de la bancada opositora al Gobierno Nacional, y se basan en lo dicho por la excongresista Aida Merlano.

(Le puede interesar: Fiscalía abre investigación por declaraciones de Aida Merlano)

En las últimas semanas, la excongresista, quien está prófuga de la justicia, ha venido haciendo señalamientos contra algunos líderes políticos, entre ellos el jefe de Estado, a quien acusó de querer asesinarla.

"Cada denuncia de los dos representantes a la Cámara hace señalamientos diferentes",afirmó Cárdenas, quien explicó que por esta razón se abrieron dos procesos distintos sobre el presidente Duque, en el segundo de los cuales también está el fiscal General, Francisco Barbosa.

En este último caso, el del jefe del ente acusador, Cárdenas dijo que hay señalamientos de "presunta denegación de funciones y prevaricato por omisión".

El fiscal Barbosa se ha negado a enviar una comisión de fiscales para que escuchan a el testimonio de Aida Merlano argumentado que no hay canales de comunicación con Venezuela, donde permanece la excongresista, y solo hasta este lunes anunció una investigación sobre lo dicho por ella.

Sin embargo, el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien es uno de los investigadores designados por la Comisión, aseguró este martes en su cuenta de Twitter, que no se le ha abierto ninguna investigación al presidente Duque

#ATENCION La comisión de Investigación y Acusación de @CamaraColombia no ha abierto ninguna investigación contra el Presidente @IvanDuque

La comisión ha designado un triunvirato para analizar una denuncia y determinar si es procedente o se rechaza de plano.
- Edward Rodríguez (@EDR_CD) February 25, 2020

POLÍTICA

# data[].attributes.attachment_link.title
Investigarán al presidente Duque luego de acusaciones de Aida Merlano

# data[].attributes.attachment_link.description
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió este lunes dos investigaciones sobre el presidente Iván Duque relacionadas con los señalamientos que le hizo la excongresista Aida Merlano. Así se lo confirmó a EL TIEMPO el presidente de esta célula congresional, Jhon Jairo Cárdenas, quien encabezará una de ellas.

# data[].attributes.body
El Congreso aprueba el proyecto de acto legislativo, por el cual se reforma el artículo 361 de la Constitución Política Nacional.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El debate que se realizó en la Comisión Primera del Senado contó con la asistencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y del viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez.

Bogotá D.C., noviembre 12 de 2019 (Prensa Senado). Con 17 votos a favor y dos en contra, fue aprobado el proyecto de acto legislativo por el cual se reforma el artículo 361 de la Constitución Política Nacional, para modificar la distribución de los recursos generados por las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables.

El proyecto tiene como objeto establecer una distribución más equitativa con las necesidades que se plantean en cada región para la inversión social, procedentes del Sistema General de Regalías, cuyos recursos se orientarán para financiar proyectos productivos para el desarrollo social, educación, ambiental y económico para todas las regiones del país.

En el desarrollo del debate, en su segunda vuelta, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), una de las ponentes de la reforma constitucional, insistió en la urgencia de destinar un porcentaje más amplio de dineros para proteger el medio ambiente en las zonas productoras de hidrocarburos, minerales y recursos naturales como una inversión social para los habitantes de dichas zonas donde prevalecen necesidades básicas insatisfechas por la falta de inversiones en los sectores educativos y ambientales.

Por su parte, el congresista Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) solicitó también ajustar los valores asignados y que los dineros sean girados y destinados en su manejo por los alcaldes y gobernadores en los proyectos que beneficien a sus comunidades con una previa y constante vigilancia para su ejecución y culminación satisfactoria y determinar que los recursos de regalías se destinen en programas específicos en el tema de educación en todas las regiones del país para evitar corrupción.

"La distribución de los recursos de las regalías debe ser ecuánime y con especial atención a las zonas marginadas con inversiones sociales" recomendó por su parte el senador Temístocles Ortega ( Cambio Radical), a quien se unió el legislador Fabio Amín (Partido Liberal), quien indicó que se deben evitar inversiones en infraestructura que luego sean abandonados y se conviertan en elefantes blancos en los municipios y por lo tanto es necesaria una constante vigilancia e incluir mayores recursos en los municipios explotadores de recursos para que se destinen en proteger, mantener y renovar el medio ambiente.

A su vez, el congresista Julián Gallo (Farc) afirmó que se tiene que priorizar inversiones económicas más amplias para los municipios pobres, donde se requiere con agilidad la generación de inversión social en temas como la educación, infraestructura para atención en salud y vías, además para proyectos que fomenten las economías locales y regionales.

El senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) señaló que lo más importante en la reforma que se plantea a la Constitución Nacional en la distribución de los recursos de las regalías es actuar con equidad, para beneficiar todas las regiones donde sus habitantes sufren adversidades por falta de inversión social.

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en la distribución de los recursos generados por las regalías es el ajuste que se ha hecho donde se están compensando a los municipios productores para reparar el ecosistema intervenido en las exploraciones de recursos no renovables, señaló por su parte el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical).

Sin embargo, el congresista Gustavo Petro (Colombia Humana) señaló que es una discusión inútil la distribución de las regalías, porque no es válido vivir de las regalías de los recursos naturales no renovables y lo que se debe buscar son fuentes alternativas e iniciar un proceso que reemplace los hidrocarburos por energías amigables con el ecosistema e invertir en esos proyectos y por lo tanto anunció su voto negativo para la aprobación de la iniciativa y agregó que deberíamos estar debatiendo la transición de los combustibles fósiles a los amigables con el medio ambiente, en vez de estar discutiendo los porcentajes por la extracción de hidrocarburos y minerales que dañan la naturaleza en medio ambiente.

El viceministro de hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que los recursos de las regalías en los municipios en materia de educación se invertirán no solo en infraestructura únicamente, sino en formación intelectual y no gastos recurrentes. A su vez señaló que la propuesta de girar recursos de las regalías directamente a las entidades territoriales para su manejo, es muy complejo y se requiere analizarlo en detalle.

Otro aspecto que se analizó en el desarrollo del debate es el referente al rubro de ciencia y tecnología, donde el legislador Iván Name (Alianza Verde) indicó que las inversiones en ciencia y tecnología con los recursos de las regalías, lamentablemente no se invierten de la mejor manera y en algunas veces se pierden y no se van a los sectores de emprendimiento y por lo tanto es necesaria una vigilancia constante por parte de los entes de control.

Tras la aprobación del proyecto de acto legislativo, este pasa a conocimiento de la plenaria del Senado para su último debate.

Según señala la iniciativa, se destinaría un 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. Los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables tendrán además una participación adicional del 5% que podrán ser anticipados en los términos que defina la ley que desarrolle el Sistema.

El 15% iría para los municipios y distritos priorizados de acuerdo con los criterios que establezca la Ley que desarrolle el Sistema. Así mismo, el 34% para los proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y Distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo. Priorizando proyectos de alto impacto regional.

De otra parte, se destina el 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Además el 10 % se destinará para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, mientras un 2% se destinará para el funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, para el incentivo a la exploración y a la producción.

En la reforma se contempla también un 1% para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno; de este, la mitad se destinará a la Contraloría General de la República.

Por su parte, el remanente se destinará al ahorro para el pasivo pensional y para estabilización de la inversión. El mayor recaudo generado, con respecto al presupuesto bienal de regalías, se destinará en un 25% para mejorar los ingresos de las entidades territoriales donde se exploren y exploten recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos o fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, un 15% para los municipios priorizados de acuerdo con los criterios que establezca la Ley que desarrolle el Sistema, un 20% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación y el 40% restante se destinará para el ahorro de los departamentos, municipios y Distritos.

El próxima y definitivo debate para aprobar la reforma constitucional se adelantará en plenaria, donde se discutirán modificaciones que se han hecho a algunos de los incisos que plantearon los senadores ponentes de la Comisión Primera.

# data[].attributes.attachment_link.title
Aprueban en séptimo debate reforma constitucional que modifica la distribución de regalías

# data[].attributes.attachment_link.description
El debate que se realizó en la Comisión Primera del Senado contó con la asistencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y del viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. Bogotá D.C., noviembre 12 de 2019 (Prensa Senado).