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Después de ver el documental, y pensando un poco me he dado cuenta de lo avanzado que esta el capitalismo en la sociedad estadounidense... Hemos llegado a un punto en el que no solo además de capitalizar el ocio, el trabajo, la familia, etc… hemos capitalizado la propia salud de nuestra propia raza.

Sin embargo, aún hay países como el nuestro que siguen con un sistema sanitario público y gratuito. Esto, tanto me alegra por la oportunidad de todos para tener una salud mínima y a su vez me preocupa. Si le preguntas a gente de calle, te dirán todo el descontento que tienen con ellas: Meses para una cita en la seguridad social, horas de espera en ambulatorios, centros de salud, AÑOS para operaciones importantes a la salud… Y normalmente, siempre finalizan con la misma frase “¡Esos políticos son unos cabrones, mira como nos tienen!”. Sin embargo, aplauden al autónomo que no declara cuando tiene dinero de sobra. A lo mejor, toda la culpa no son de los políticos, y que nosotros; la clase obrera también aportamos nuestro granito de arena de manera negativa.

Otro tema aún más importante en la actualidad es el de la salud mental: Por mucho que se diga que la salud es gratis en España en este tema no es cierto. Intenta coger cita para un psicólogo mediante seguridad social. Meses para citas. Psicolog@s agotados por tratar con tantos pacientes, etc… La salud mental se ha privatizado de una manera horrible en este país. Si quieres acudir a un psicólogo, te tendrás que gastar al menos 30€ por sesión, en una de las peores épocas para la sociedad en cuanto este tema: Una pandemia mundial que no nos deja total libertad, conflictos bélicos, etc… Sin contar el estrés y la ansiedad que nos deja el sistema laboral de este mundo. Ver si llegas a final de mes, si vas a poder tener un plato en la mesa todos los días, etc… Hay gente en este país que cada domingo no sabe cómo tirar hacia delante con la semana. La salud mental es algo BÁSICO para nuestra sociedad.

"Si necesitas ayuda, no tienes que avergonzarse. Ser fuerte no es aparentar ser fuerte, sino reconocer las debilidades"

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Después de haber visto Sicko me reafirmo en la creencia de que la privatización de la sanidad, la mercantilización de la salud, sólo conduce a situaciones inhumanas. Las situaciones que se muestran en el documental son preocupantes, además de tristes, pues pertenecen a una primera potencia mundial que pretende ser el espejo en el que mirarnos. La imagen de una primera potencia que deja morir a sus ciudadanos.

El sistema de seguridad social que posee nuestro país, con sus muchos defectos y deficiencias, afortunadamente nos proporciona una gran variedad de prestaciones, económicas, sociales y sanitarias. Y, sin embargo, son muchos los que buscan su progresiva privatización reduciendo cada vez más esta red de protección.

Curar a las personas no debería ser un negocio porque se pone precio a nuestro cuerpo, a nuestra salud y a nuestra vida. La gestión pública de estos servicios debería garantizar que los profesionales sanitarios se dediquen a aquello para lo que se prepararon: curar; y no a calcular beneficios económicos. Todos queremos que el médico nos proporcione el mejor tratamiento, no el más barato.

Pero para ello, obviamente, también necesitan recursos. Una mayor inversión en sanidad y en investigación es fundamental para poder hacer frente a los desafíos que vienen. La pandemia ya ha dejado claro que no estábamos preparados.

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Después de ver parte del documental tratando la sanidad en Estados Unidos, me doy cuenta de la diferencia de servicios médicos con respecto a nuestro país.

En Estados Unidos, el servicio médico está privatizado, haciendo que las empresas privadas se encarguen. El objetivo de una empresa es la de obtener beneficios, y dar la atención necesaria a cada cliente significan gastos, ya que la manera principal para obtener ingresos se realiza con las subscripciones para estar afiliados al sistema.

En España, al ser el estado quien se encarga, la Seguridad Social dispone de un presupuesto que puede cambiar según la ley, haciendo que los ciudadanos puedan tener un control más directo sobre su funcionamiento que el que se tiene sobre las empresas privadas.

Estas diferencias entre los dos distintos sistemas hace que el trato que reciben los ciudadanos sea muy diferente, ya que en Estados Unidos se te negarán las peticiones que supongan costes a la empresa mientras que en España el problema del sistema es el tiempo que se tarda entre cita y cita, aun más desde que empezó la pandemia.

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Nuestros países vecinos están más vinculados emocionalmente a su país. En España no existe ese sentimiento patriótico y de alabanza a la nación y sus representantes como puede ocurrir en Estados Unidos, pero después de ver el documental me doy cuenta de que deberíamos remarcar y enorgullecernos de algunas de las cosas buenas que tiene España; la sanidad pública.

La privatización de la sanidad pone en riesgo la salud de la población y la equidad en el acceso a la misma. Como se observa en el documental, dicha privatización convierte la guerra entre la vida y la muerte en un simple negocio del que todos quieren sacar provecho. Primas abusivas, clausulas excluyentes y trucos de ingeniería fiscal son lo que se espera si la salud y el bienestar se convierten en negocio.

Es triste ver como la primera potencia del mundo, a la que todos hacemos referencia como ejemplo de triunfo y en la que muchos ven reflejado su futuro, deja morir o pone en situación de bancarrota a sus propios ciudadanos por el simple hecho de sacar tajada hasta la saciedad.

Creo que todos estamos de acuerdo en que la sanidad debería ser publica y accesible para todos y que no se debería negociar un tratamiento o una operación. Un paciente que necesita ayuda lo más que quiere evitar son quebraderos de cabeza y políticas absurdas, recordemos que necesitar asistencia sanitaria, en la mayoría de casos no es premeditado, es por ello que no se le pueden cobrar dicha ayuda. Muchas de las personas que necesitan algún tipo de tratamiento tienen que hasta vender su casa para poder permitírselo como veíamos en uno de los casos en el documental.

Para concluir y que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando: en Estados Unidos, el coste de cada estancia en el hospital por COVID-19 alcanza, de media, los más de 23.000 dólares (casi 18.800 euros), según informa el medio 'The New York Times'; El precio de una simple consulta médica ronda los 100€, pero si es de un especialista puede llegar a los 300€; Un diagnóstico de esclerosis múltiple puede conllevar una deuda de por lo menos 50 mil dólares al año etc. Unos precios de lujo para una necesidad básica.

“La sanidad no se vende… se defiende”

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El mejor país del mundo, con la mejor economía y donde todos, de todos los lugares del mundo deberían querer vivir, la tierra de las oportunidades. Es, tan solo, un lugar donde las entidades de seguros médicos dejan que mueras por el sencillo hecho de ahorrar su dinero. Desde el primer instante, hasta el último, el sistema dará lo mejor de si. Pero no por salvar la vida de las personas aseguradas, dedican todo su tiempo en buscar razones para rechazar cualquier tratamiento, para evtar el pago de este. Una sencilla batalla para ver la manera de no pagar, de no permitir a las personas salvarse, vivir una vida sin miedo.

Y es que en todos los sistemas hay personas que buscan la forma de ganar dinero a costa de otros, pero a tal punto en que los políticos prioricen la economía a la salud, me parece insostenible. Dejar que miles de personas tengan problemas que pueden desencadenar en la muerte, mientras pasas de ser un cargo político a un magnate de la medicina por enchufe y para cobrar más... En fin, un poco hipócrita desde mi punto de vista.

Una pastilla puede ser la que me dejase sin casa, sin coche... O sencillamente no podría permitirle a mis hijos los estudios que se merecen. Yo me niego a pensar que el sistema sanitario de Estados Unidos sea algo comprensible. No soy capaz de estar de acuerdo con un sistema que ve morir a sus ciudadanos y se siente feliz por ahorrar unos dólares.

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Os he recomendado esta serie danesa en clase. Muestra los entresijos de la política desde múltiples ángulos de la mano de la primera mujer en llegar a la presidencia del Gobierno: la relación entre los partidos y los medios de comunicación, cómo afecta la llegada al poder a las relaciones personales y familiares, negociaciones... Se estrena la cuarta temporada en breve.

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A shocking turn of events puts Birgitte Nyborg in the Danish prime minister's seat as her country's first female leader in this landmark drama. Watch trailers & learn more.

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Nueva subida del SMI sin la patronal: 1000 euros

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Nueva subida del SMI sin la patronal: 1000 euros

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El Ejecutivo acuerda con los sindicatos aumentar en 35 euros el SMI desde el 1 de enero

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras su encuentro con los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo (izquierda), y de UGT, Pepe Álvarez, este miércoles. JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá hasta los 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, en 2022. Así lo ha decidido el Gobierno en sintonía con los sindicatos, UGT y CC OO, y a pesar del rechazo de las patronales CEOE y Cepyme. De esta forma, el salario base se incrementará en 35 euros con respecto a los 965 en los que quedó fijado desde el 1 de septiembre de 2021, siguiendo con las recomendaciones del informe del comité de expertos que reunió el Ministerio de Trabajo. El objetivo del Ejecutivo sigue siendo situar el SMI al final de la legislatura, en 2023, a la altura del 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social europea a la que se suscribió.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, han anunciado la subida durante una comparecencia conjunta tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social de este miércoles en la sede del ministerio. "El Gobierno y los agentes sociales que rubrican este acuerdo cumplen con su país", ha indicado Díaz. "Lejos de todo lo que se ha dicho, subir el salario mínimo ha sido muy positivo para nuestro país y para la economía. Una distinta política de rentas es lo que hace que hoy estemos mejor que en tiempos antecedentes", ha añadido.

"Es incompresible que las organizaciones empresariales no avalen una subida del SMI a los 1.000 euros, cuando esta cantidad ya tenía que ser el salario mínimo acordado en los convenios colectivos, tal y como se pactó en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2018″, ha recordado Sordo. "Este acuerdo es de una muestra evidente de la obcecación de las fuerzas sindicales de que las medidas que estamos pactando estén dirigidas a mejorar la vida del precariado. Esta medida tiene que tener continuidad en el futuro", ha completado.

"Este es un Gobierno que cumple. En septiembre se comprometió con nosotros a elevar el SMI hasta los 1.000 euros, y hoy es una realidad. Se trata de una cifra simbólica que rompe con el techo que parecía difícil de conseguir", ha comentado, por su parte, Pepe Álvarez. El líder de UGT también ha recordado que la senda de crecimiento del salario mínimo continuará el próximo año. "Es una decisión que va en la dirección que están tomando otros países europeos. Y con esta subida no se destruye empleo ni se generan bolsas de ahorro, en contra de lo que defienden algunos", ha remachado. Según establece el estudio del comité de expertos, este debería situarse en los 1.050 euros mensuales, por lo que la próxima subida sería de 50 euros, la más alta de la legislatura.

❗️ Subimos el salario mínimo a 1.000€ con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

Llegamos a un acuerdo con sindicatos para seguir con un compromiso firme del Gobierno: acabar con la desigualdad y mejorar la vida de cerca de 2 millones de trabajadoras y trabajadores. pic.twitter.com/kxbZxA2JNH
- Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 9, 2022

Como ya sucediera con el anterior aumento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), se han posicionado en contra, lo que ha vuelto a impedir un acuerdo a tres bandas con el Gobierno y los sindicatos. Los órganos de gobierno de ambas organizaciones rechazaron el martes de manera unánime la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo, por entender que el contexto económico sigue siendo de "incertidumbre", y asegurando que las empresas "van retrasadas en la recuperación de la normalidad". A pesar de la confirmación del aumento, desde el organismo rector de los empresarios se remiten a los argumentos contrarios a la subida que trasladaron una vez se conoció la propuesta del Gobierno para volver a rechazar esta decisión.

300.000 beneficiarios más

Con la subida a los 1.000 euros brutos mensuales, que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero, a pesar de que se haya decretado en febrero, cerca de dos millones de trabajadores verán mejorada su remuneración, según las estimaciones de Trabajo. Serán, además, los más jóvenes y las mujeres quienes se beneficien mayoritariamente, como destalla el último estudio elaborado por el gabinete económico de CC OO. Se trata de 300.000 personas más que las que venían siendo favorecidas últimamente, puesto que la nueva cantidad obligará a modificar más categorías salariales dentro de las empresas, y, por tanto, impactará sobre un mayor número de personas.

Además, este estudio refleja que serán beneficiados precisamente los trabajadores de la agricultura, cuyos representantes sectoriales se han manifestado en contra de la subida, y de los servicios. "No es verdad que vaya a destruirse empleo en este sector, en el que se ha producido un aumento significativo del número de ocupados en el último año", ha replicado la ministra.

Videoanálisis sobre el alza del salario mínimo.

La subida se ratificará en el próximo Consejo de Ministros, el martes, y a pesar de que entrará en vigor en febrero, las nóminas de enero también se verán retocadas.

Sobre la firma

Más información

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El Gobierno cierra sin la patronal la subida del salario mínimo a 1.000 euros al mes este mismo año

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El Ejecutivo acuerda con los sindicatos aumentar en 35 euros el SMI desde el 1 de enero El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá hasta los 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, en 2022. Así lo ha decidido el Gobierno en sintonía con los sindicatos, UGT y CC OO, y a pesar del rechazo de las patronales CEOE y Cepyme.

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Los siete principios del aprendizaje dialógico

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Los siete principios del aprendizaje dialógico

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Aprendizaje dialógico

Es la concepción del aprendizaje que subyace en las comunidades de aprendizaje y que se basa en siete principios apoyados por contribuciones de algunos de los autores más importantes en el ámbito de la educación, por ejemplo, Vygotsky, Bruner, Wells, Paulo Freire, Habermas, Chomsky, Scribner y Mead.

"El Aprendizaje Dialógico se produce en diálogos que son igualitarios que son igualitarios, en interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas y que están orientadas a la transformación de los niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todas y todos.
El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido de sentido personal y social, están guiadas por solidariedad solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores."

(Aubert et al., 2008:167)

Creación de sentido

Uno de los mayores problemas de la escuela actual es la falta de motivación de gran parte de los estudiantes que no encuentran sentido a asistir a las clases. Este problema ha sido identificado y discutido por muchos autores. Freire, por ejemplo, reconoce que la enseñanza ocurre de manera distanciada a las experiencias vividas por los estudiantes. Los profesores crean un ambiente hostil y no se preocupan por las reales experiencias de los niños y niñas. El significado es construido cuando las contribuciones y diferencias culturales son tratadas de manera igualitaria y el alumno siente que la escuela valora su propia identidad.

Significa hacer posible un tipo de aprendizaje que parte de la interacción y de las demandas y necesidades de las propias personas. Cuando la escuela respeta las individualidades de sus alumnos, garantizando su éxito en el aprendizaje, el estudiante encuentra sentido en aquello que está aprendiendo. Fomentar la creación de sentido mejora visiblemente la confianza y el empeño de los alumnos en la búsqueda de sus realizaciones personales y colectivas.

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Es la concepción del aprendizaje que subyace en las comunidades de aprendizaje y que se basa en siete principios apoyados por contribuciones de algunos de los autores más importantes en el ámbito de la educación, por ejemplo, Vygotsky, Bruner, Wells, Paulo Freire, Habermas, Chomsky, Scribner y Mead.

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Varios repartidores a domicilio, en la plaza de Alonso Martínez de Madrid. Santi Burgos

La juventud fue un divino tesoro hasta que llegó la crisis. Desde 2008 hasta hoy los menores de 25 años han sido claramente los mayores damnificados de la regresión experimentada en el mercado laboral. Incluso ahora que las estadísticas llevan cuatro años reflejando mejoras en el empleo, a las nuevas generaciones les está costando arrancar. No es algo nuevo, sucede desde que en 1984 se abrió la espita de la precarización, indica Javier Polavieja, catedrático de Sociología del Banco Santander de la Universidad Carlos III; desde entonces la dualidad se ha convertido en una pieza estructural del mercado de trabajo, que implica que con cada recesión se expulse del mercado a los trabajadores temporales. "Ahora, aunque los jóvenes están mejor que estaban [la tasa de paro ha pasado del máximo de 2013 del 55% al 33,5% de 2018], arrastran ese problema endémico que es la precariedad, que no parece que vaya a cambiar hasta que no se tomen medidas más radicales".

Dos razones explican la singularidad del modelo español, donde el desempleo y los contratos de duración determinada y a tiempo parcial duplican ampliamente las cifras europeas: "La estructura productiva del país, en el que las actividades de servicios, como el turismo o el comercio, tienen un enorme peso y también la cultura de determinados empleadores públicos y privados de eludir contratar por tiempo indefinido para actividades que son indefinidas", sostiene el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, que ha visto cómo crecían, además, los contratos de emprendedores y falsos autónomos en los últimos años.

Un fraude que viene determinado porque la flexibilidad laboral no está asentada en el país y porque los empresarios tienen miedo al compromiso, según el presidente de Asempleo (patronal de las empresas de trabajo temporal), Andreu Cruañas. Ello propicia que el desempleo juvenil sea el doble que el del resto de la población española, lo que, para Nieto, tiene consecuencias muy adversas para la sociedad.

Para empezar, la drástica caída de las remuneraciones de los ciudadanos de entre 16 y 29 años hace prácticamente imposible que puedan diseñar un proyecto de vida con unos sueldos medios anuales de entre 8.000 y casi 16.000 euros. Por eso no es de extrañar que España ocupe una de las últimas posiciones europeas en emancipación, junto con Italia, Eslovaquia, Croacia y Malta, según el estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que asegura que esta "es la brecha más grande con Europa, por delante del empleo". Entre los 20 y 24 años solo un 8% de los jóvenes se van de la casa familiar (frente al 30% de la media europea), y suman casi el 39% cuando tienen entre 25 y 29 años en lugar del 59% continental. Y tampoco es raro que España tenga la tercera tasa de natalidad más baja de Europa, solo por detrás de Italia y Grecia.

Sin embargo, hay algo mucho peor todavía y es que este colectivo de 6,5 millones de personas se está descolgando socialmente, en opinión del Consejo de la Juventud de España, ya que casi cuatro de cada diez jóvenes se encuentran en riesgo de pobreza. "La actual pobreza juvenil se intuye como un próximo devenir hacia otro modelo social", asegura la institución. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) lo expresa de otra manera: los jóvenes doblan su peso en el grupo de población más pobre, tras empeorar sus oportunidades de empleo un 40% desde 2007. El 45,7% de los españoles de entre 16 y 30 años se sitúa en el grupo de menor renta (frente al 21,3% de 2007), refleja el estudio realizado con datos de 2016, los últimos disponibles.

Carmen Herrero, investigadora del Ivie y una de las autoras del informe, cree que la situación no ha cambiado demasiado desde entonces porque la calidad del empleo de los jóvenes apenas se ha movido (el 37% tiene contratos temporales y el 19%, además, a jornada parcial) y porque tampoco se les está formando para responder a la flexibilidad que necesita el mercado laboral; las universidades se empeñan en la tradicional especialización en lugar de en adecuar las competencias a los requisitos que exige el mercado laboral.

"A pesar de que el paro haya bajado mucho, la inestabilidad laboral sigue siendo enorme para los jóvenes. Nunca antes hemos tenido más contratos de una semana y los contratos a tiempo parcial se han convertido en una forma de exprimir los turnos de trabajo. Las empresas no quieren tener trabajadores y por eso optan, además de por la temporalidad, por los autónomos o por subcontrataciones en cascada", señala Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico de CC OO. Tanto es así que hasta organismos como la Comisión Europea han advertido a España de que el uso generalizado de contratos temporales contribuye a la desigualdad de ingresos y expone a los jóvenes a un mayor riesgo de pobreza.

"Somos el colectivo sobre el que más ha recaído la crisis porque, cuando empezaron las medidas de austericidio y se aprobó la reforma laboral de 2012, los expulsados del mercado laboral fuimos los jóvenes y, después, cuando se impulsaron acciones para contener el paro, se nos discriminó con el contrato de emprendedores y con las prácticas en empresas, donde más de la mitad de la plantilla son becarios. Así es imposible tener la estabilidad básica para hacer un planteamiento de vida", explica Eduardo Magaldi, portavoz de Ruge, la organización juvenil del sindicato UGT. Eso sin contar que los jóvenes no expulsados del mercado, los que trabajaban, fueron los que más vieron reducido su salario, un 28% en el caso de los menores de 20 años y un 15% en el de los de menos de 24, prosigue.

Tampoco han podido acceder a las prestaciones sociales y se han tenido que refugiar en casa de sus padres o marcharse al extranjero en busca de oportunidades de empleo. Incluso la Garantía Juvenil auspiciada por Europa fracasó en España, según el director de la OIT; su mal diseño impidió que todos los fondos disponibles fuesen utilizados para incrementar la contratación "y nadie se ha responsabilizado de que haya salido mal", según UGT.

Aunque, en este contexto, destaca un hecho positivo: muchos jóvenes han aprovechado estas carencias para volver a estudiar o continuar con sus estudios, reduciendo así la tasa de abandono escolar temprano entre los 18 y 24 años, desde cerca del 32% de 2008 al 18% actual. Un tercio de los jóvenes tiene formación básica, el doble que en los países de la OCDE, y su situación es la más preocupante junto con la del 23% que cuenta con estudios de Secundaria; mientras que el 44% son universitarios o tienen formación profesional superior.

Con todo, hasta pasados los 33 años, los jóvenes sufren una brecha salarial importante. Tienen que esperar casi hasta la década de los cuarenta para conseguir cobrar el salario medio en España, señala Magaldi, para quien "la sociedad parece admitir con normalidad el calvario de precariedad que viven los jóvenes", aprecia. Algo que está afectando a su sentido de pertenencia, que es un asunto económico, y produciendo un desgajamiento del contrato social, que se transforma en desafección política y desconfianza en las instituciones, según Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES). "Actualmente lo que más anima al joven bienintencionado es la indignación", asegura.

Estamos fracasando como país al no ofrecer a los jóvenes unas condiciones laborales adecuadas, en particular, trayectorias que les permitan crecer en la empresa como trabajadores, como ocurre en el resto de países de nuestro entorno, a los que se están marchando para salvarse de la precariedad y, cada vez son más los que, viendo el panorama de precariedad laboral, optan por no volver, aprecia Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. "Estamos perdiendo un capital humano enorme, que además es ya escaso por la trayectoria demográfica de nuestro país, por actuar de modo muy miope", advierte.

El problema está diagnosticado. Y se enmarca además en una época en la que la revolución digital viene a modificar las condiciones laborales en una dirección que todavía se desconoce y cuyo primer impacto, el provocado por las plataformas de servicios de Internet, está siendo lo que se ha dado en llamar la uberización del empleo, que no deja de incidir una vez más en la precariedad, como están decidiendo los tribunales. Un momento en el que el horizonte demográfico dibuja una España envejecida y carente de jóvenes, que es la cuestión por la que el catedrático de Sociología de la UNED, Luis Garrido, se muestra optimista: "Ya se está notando que las cohortes que se jubilan son superiores en número a las de jóvenes que acaban sus estudios universitarios, que encuentran y encontrarán su hueco en el mercado laboral".

Aunque, pese al diagnóstico, las recetas para combatir la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes en este mundo tan incierto como cambiante no son nada sencillas. De momento, la importante subida del salario mínimo hasta 900 euros aprobada por el Gobierno el pasado diciembre es bien acogida por todas las fuentes consultadas. Es más, aunque algunas instituciones auguraron que provocaría descensos notables en el empleo, por ahora no parece que al menos en el corto plazo haya provocado un crecimiento inferior en la contratación, señala Sara de la Rica.

Sin embargo, no goza de tanto crédito el plan de choque por el empleo joven que dio salida unos días antes el Consejo de Ministros tras el acuerdo con los agentes sociales. Llega con 2.000 millones de euros bajo el brazo para destinarlos sobre todo a formación, para que 225.000 jóvenes adquieran competencias digitales y para contratar a 3.000 orientadores con el objetivo de reducir hasta el 23,5% el paro. El programa del Gobierno tiene buenas intenciones, pero habrá que ver cómo se pone en marcha o si se pone cuando haya un nuevo Ejecutivo tras las elecciones, señala Carmen Herrero. "Se han desarrollado muchos planes juveniles y el problema sigue estando ahí. O se toman más medidas estructurales, como el desarrollo de competencias profesionales, de prácticas, becas o la formación profesional dual y se ponen de acuerdo las comunidades autónomas, competentes en políticas de empleo, o no funcionará. El Gobierno entrante hará su propio plan", prevé Santiago Soler, secretario general de Adecco.

Y es que, en opinión de Marcos Peña, la educación es la principal política activa de empleo que tiene un país. "Y, o se toma en serio, de manera que no cambie con cada nuevo Gobierno, o España no se arreglará. La base del valor de las naciones es la capacitación, la inteligencia. Tenemos que ajustar el conocimiento a la realidad del país. O nos ponemos las pilas o nos quedamos fuera del mundo", asegura el presidente del CES. Desde su punto de vista, la pretensión de aplicar un tipo de contrato o una reforma laboral para hallar la solución al problema de los jóvenes es un espejismo. "El mercado laboral está exhausto de tantas reformas, solo hay que simplificarlo, armonizarlo y expurgar las medidas que se han demostrado ineficaces, como las bonificaciones, y reforzar a los agentes sociales", aprecia.

Algunas recetas

No lo creen así el sociólogo Javier Polavieja, que es partidario del contrato único con indemnización creciente por despido conforme a la antigüedad en el puesto de trabajo; o Carlos Martín, para quien "el verdadero legado que deberíamos dejar a los jóvenes para que sus vidas abandonen la inestabilidad es eliminar el contrato por obra y servicio, que explica junto al contrato eventual, el 90% de la precariedad laboral; además de procurarles el acceso a la vivienda generando un parque público de alquiler de precio regulado".

Las medidas para acabar con la temporalidad y rotación juvenil deberían pasar, según Sara de la Rica, por exigir que tengan una duración determinada solo los contratos cuya naturaleza es temporal y penalizar el fraude cuando se detecte. "Hay que supervisar ese fraude, ya que si no se persigue nunca se erradicará. Pero esta medida debiera ir acompañada de una mayor seguridad jurídica en los contratos indefinidos para que no se desincentive este tipo de contratación. Es fundamental, además, habilitar en las empresas medidas concertadas de flexibilidad interna para que lo último ante un momento recesivo sea el despido".

Carmen Herrero, catedrática emérita de la Universidad de Alicante, va más allá y cree que para los jóvenes que no pueden vivir con su sueldo y tampoco acceder a ayudas públicas se debe introducir una renta básica sometida a controles para evitar irregularidades y gravar con más impuestos a las partes altas de las rentas para que estas se redistribuyan de manera que se pueda reducir el riesgo de pobreza juvenil, algo de lo que también son partidarios los sindicatos mayoritarios. Todo esto se debe acompañar, no obstante, con un mayor control en las empresas. "Hay mucho trabajo por hacer", afirma.

Los jóvenes no han hecho la revolución en la calle porque sus familias les han arropado, prosigue Carmen Herrero. El futuro es incierto, pero las nuevas generaciones tienen la fuerza de la edad, el divino tesoro al que aludía el poema de Rubén Darío después de haberlo perdido.

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La maldición de los jóvenes: paro o precariedad

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La juventud fue un divino tesoro hasta que llegó la crisis. Desde 2008 hasta hoy los menores de 25 años han sido claramente los mayores damnificados de la regresión experimentada en el mercado laboral. Incluso ahora que las estadísticas llevan cuatro años reflejando mejoras en el empleo, a las nuevas generaciones les está costando arrancar.

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En la literatura y las artes en general, no es necesario para la vida social un consenso estético, a alguien puede preferir Verdi y otra persona puede preferir Beethoven y puede convivir perfectamente. Sin embargo, si hay consenso en que hay obras mejores que otras, por ejemplo que los libros de Shakespeare, la Odisea o el Ramayana que los libros de los y las "celebrities" en los programas basura de la televisión. Las Tertulias Dialógicas de estos ámbitos se basan solo en las obras que todo el mundo esta de acuerdo que forman parte de las mejores creaciones de la humanidad.

¿Cómo se organizan?

En cada sesión todo el alumnado participante expone su interpretación sobre aquello en lo que se está trabajando en la tertulia dialógica (un texto literario, una obra de arte, una pieza musical, una aportación matemática, etc.). Así, expresa al resto aquello que le ha suscitado, explicando por qué le ha llamado la atención, relacionándolo con diálogos previos en tertulias anteriores, exponiendo su reflexión crítica al respecto, etc. A través del diálogo y las aportaciones de cada estudiante se genera un intercambio enriquecedor que permite profundizar en aquello sobre lo que versa la tertulia, promoviendo a su vez la construcción de nuevos conocimientos. En cada sesión una de las personas participantes asume el rol de moderadora con la idea de favorecer una participación igualitaria entre todo el alumnado.

Por ejemplo, en la tertulia literaria todo el alumnado se compromete a leer un número de páginas o capítulos y a elegir párrafos que luego en la tertulia leen en voz alta y explican el porqué de su elección. Debatiendo alrededor de ellos.

Existen diversos tipos de Tertulias Dialógicas como:

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Tertulias Dialógicas - Comunidades de Aprendizaje

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En la literatura y las artes en general, no es necesario para la vida social un consenso estético, a alguien puede preferir Verdi y otra persona puede preferir Beethoven y puede convivir perfectamente.

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Enrique Flores

Más información

El Gobierno de coalición ha acordado finalmente con los sindicatos esta semana una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin que la patronal haya respaldado esta decisión.

Y, sin embargo, si se miran en conjunto las decisiones transcendentales tomadas hasta ahora, este descuelgue de la patronal sería la excepción que confirma la norma. O más concretamente, los empresarios estarían subrayando la voluntad de no abandonar el antiguo dogma de que subir los salarios es negativo para el empleo y, sobre todo, un gesto de cara al próximo debate sobre la reforma laboral. La decisión de la CEOE de no sumarse a este acuerdo convive con la realidad de que las empresas ya están pactando en convenios unos porcentajes de incrementos salariales prácticamente equivalentes a los que se prevén para el SMI, y ha sido comunicada de manera contenida, sin demasiados aspavientos. En definitiva, parece ser más un mensaje para fijar posición en mesa del diálogo social, sin que parezca, por suerte, que nadie tiene intención de levantarse.

Pero si se mira con un poco de perspectiva la historia de los últimos dos o tres años, la fortaleza y la continuidad del diálogo social no estaban garantizadas. Al contrario, todo eran obstáculos: una situación política convulsa, las incertidumbres después de que la pandemia rompiera el ritmo de la recuperación, un largo historial de desencuentros y la presencia -desde 2019- de un Gobierno progresista con una ministra procedente de la tradición política del PCE y sobre todo de la cultura sindical.

En lo que va del segundo Gabinete de Sánchez, en cambio, se han materializado 11 acuerdos, todos ellos con la firma de los tres grandes actores implicados. Se trata de cuestiones centrales. Algunas corrigen las auténticas barbaridades austeritarias perpetradas por los gobiernos del PP después de la crisis de 2008, como el primer incremento a 950 euros del SMI. Otras derivan de la necesidad de intervenir en la emergencia generada por la covid, como la aplicación masiva de los ERTE en los momentos más duros de la pandemia, que ha permitido salvar puestos de trabajo y viabilidad de muchas empresas. Pero también se abordaron cuestiones relativas al mercado del trabajo del presente y, sobre todo, del futuro, como son las normas -pioneras en Europa- de regulación del teletrabajo.

En los últimos dos años, y bajo la batuta del Ministerio de Trabajo, sindicatos y empresarios han llevado a cabo una tarea importante. Evidentemente, cada uno ha defendido intereses sociales y económicos diferentes, en la mayoría de los casos incluso contrapuestos, pero con la voluntad de mantener un espacio de confrontación, negociación y deliberación común, reconocido como válido por todas las partes.

Probablemente sea esa la diferencia más importante con lo que ha pasado en ese mismo tiempo en la política. La oposición de derechas al Gobierno de coalición ha preferido impugnar no tanto, o no sólo, las decisiones concretas del Gobierno de Pedro Sánchez, sino su propia legitimidad. En realidad, ha considerado como no válido el terreno de juego de la dialéctica democrática "ordinaria" al no reconocer la legitimidad de los otros actores. De ahí arrancan muchas disfunciones de nuestra vida institucional: desde la negativa a la renovación de los órganos constitucionales hasta la inutilidad de las aportaciones de la oposición en los procesos parlamentarios. No parecen buscar otra cosa que erosionar al Gobierno, conceptualizado más como enemigo que como adversario.

Ciertamente esto depende de muchos factores, entre ellos también unos tiempos y unos modos de la política que, en España y en todo el mundo, se han hecho tan veloces como aparatosos, al ritmo endiablado de las redes sociales, y que premian la polarización y las actitudes reactivas.

La centralidad de las nuevas formas de comunicación y la hipertrofia performativa son un hecho. Sucede en la vida política, y, en parte, en otros aspectos de la vida social. Quien piense que se puedan obviar, se equivoca, pero parecen equivocarse también quienes creen que la polarización enconada crecida en esos cambios es sustantiva o pueda llegar a determinar a la opinión pública. Basta mirar los datos del último CIS: Yolanda Díaz, la ministra de trabajo que fue mecedora de todos los grandes acuerdos entre los agentes sociales, aparece firmemente como la ministra mejor valorada (al igual que había sucedido ya en encuestas precedentes). El dato tiene que ver con su línea política y el apoyo que le brinda el electorado de las izquierdas, pero no solo. Su empeño en construir y cuidar espacios de diálogo y de entendimiento es un mensaje que valora todo el electorado. Vaya, que la ciudadanía -independientemente de lo que después vote- piensa que pactar -si se quiere utilizar el lenguaje rápido de las redes sociales- mola.

Paola Lo Cascio es historiadora y politóloga.

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Más información El Gobierno de coalición ha acordado finalmente con los sindicatos esta semana una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin que la patronal haya respaldado esta decisión. Y, sin embargo, si se miran en conjunto las decisiones transcendentales tomadas hasta ahora, este descuelgue de la patronal sería la excepción que confirma la norma.

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Dos jóvenes durante un curso de Formación Profesional. JUNTA DE ANDALUCÍA (Europa Press)

El Gobierno ha aprobado este jueves unas cuentas públicas para 2022 marcadas por la búsqueda de una "recuperación justa". Para el segundo año de crecimiento tras la pandemia, en el que se espera que la economía española regrese a los niveles de actividad previos al virus -aunque con el lastre de un déficit y una deuda mucho mayores-, los Presupuestos más expansivos de la historia prevén un respiro en tres conceptos: el gasto en vacunas cae gracias a la mejora sanitaria, la partida de desempleo desciende por el aumento de las contrataciones tras el fin de las restricciones, así como lo que se paga por la deuda pública gracias al alivio del Banco Central Europeo. Estas son algunas de las grandes prioridades que recogen las nuevas cuentas.

Inyección en políticas de juventud. Los Presupuestos incluyen 12.550 millones de euros para políticas de juventud, un 84,8% más, gracias, en buena parte, al uso de fondos europeos. El Gobierno trata así de acortar la brecha generacional, con España convertida junto a Grecia en el principal foco de desempleo juvenil de la UE después de dos crisis demoledoras en poco más de una década. La educación es uno de los puntales con los que se busca salir del hoyo. Crece la inversión en becas hasta los 2.199 millones, de los que se beneficiarán 808.517 estudiantes -una media de 2.719 euros para cada uno-. Y se destinarán 2.076 millones a la formación profesional.

También aparecen dos medidas estrella anunciadas en los últimos días. Un bono cultural de 400 euros para que los entre 450.000 y 500.000 jóvenes que cumplen 18 años en 2022 lo gasten a su antojo en libros, cine, música y otros productos culturales, con un coste para el erario público de 210 millones. Y una ayuda al alquiler de vivienda de 250 euros al mes durante dos años a los jóvenes de entre 18 y 35 años con salarios inferiores a 23.725 euros, que supondrá a las arcas del Estado unos 200 millones. En un contexto de dificultades para emanciparse, la iniciativa busca aliviar el alto porcentaje del sueldo que supone el alquiler, pero existen dudas sobre si será útil para paliar un problema estructural, y existe el riesgo de que los caseros traten de repercutir en el precio parte de esa ayuda.

Más inversión en ciencia. Los recursos para I+D+i y digitalización aumentan un 7,7% hasta los 13.299 millones de euros, el mayor importe jamás registrado. En el impulso tiene mucho que ver la llegada de los fondos europeos: un 19,6% de los 27.633 millones de euros que el Gobierno augura que España recibirá de la UE irán destinados a innovación, investigación y digitalización. Eso la convierte en la segunda partida más importante a la que se dedicará el dinero comunitario, solo ligeramente por detrás de la energía, que copará el 19,8% de las transferencias de Bruselas.

Apoyo para las pymes. En un país especialmente dependiente, por su estructura empresarial, de las firmas de menor tamaño -más del 90% lo son-, el Ejecutivo espera que 8.503 millones de euros en inversiones de los fondos europeos beneficien a las pymes. Sobre todo para dar nuevos bríos a tres áreas: su digitalización, la recuperación del turismo y la llamada Estrategia España Nación Emprendedora con la que, entre otros objetivos, se pretende promover la creación de start-ups y ayudar a las empresas españolas a crecer en tamaño para que sean más resistentes cuando llega una crisis. Dejando a un lado las subvenciones de Bruselas, la partida para comercio, turismo y pymes de los Presupuestos aumenta un 32,1%, hasta los 2.932 millones.

Facilitar el acceso a la vivienda. El rubro que más crece en los Presupuestos es el de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. El gasto previsto se dispara hasta los 3.295 millones, un 46,3% más, muy por delante de cultura (38,4%). Entre las medidas, habrá 500 millones destinados a incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. La mayoría del montante en este ámbito proviene de los fondos europeos, cuya presencia se notará con fuerza en la ayuda a la rehabilitación de viviendas.

El maná europeo. El Gobierno anticipa que podrá contar en 2022 con 27.633 millones de los fondos europeos, aunque para obtenerlos deberá superar cada seis meses los sucesivos exámenes de Bruselas sobre sus reformas. Los principales gastos se dedicarán a industria y energía (19,8%), I+D+i y digitalización (19,6%), infraestructuras y ecosistemas resilientes (17,4%), acceso a la vivienda y fomento de la edificación (9,4%) y comercio, turismo y pymes (7,1%). Si todo va bien, España percibirá 70.000 millones en transferencias a fondo perdido de Bruselas entre 2021 y 2023, y tiene derecho a pedir otros 70.000 millones en créditos hasta 2026.

Sin cambios en la Casa del Rey. Por segundo año consecutivo, el Gobierno ha congelado la partida destinada a la Casa Real. Percibirán unos ocho millones de euros. Sus gastos han alternado años en los que no se ha tocado (2015 y 2016), con las leves alzas de 2017 y 2018. En 2019 y 2020, a falta de Presupuestos, se prorrogaron las cuentas de 2018, cuando esta partida fue de 7.887.150 euros. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, inmerso en una polémica por su renovación que enfrenta a los dos grandes partidos, verá incrementados sus recursos de 73 a 76 millones. Otras instituciones también contarán con más medios: el Tribunal de Cuentas pasa de 69 a 75 millones, el Constitucional de 27 a 28 millones, y el Consejo de Estado de 13 a 14 millones.

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Jóvenes, ciencia y cultura, entre los más beneficiados por las nuevas cuentas

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El Gobierno ha aprobado este jueves unas cuentas públicas para 2022 marcadas por la búsqueda de una "recuperación justa".

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El documental me ha hecho ver la mala situación que tienen en una potencia tan grande como Estado Unidos, dejando morir a personas en la calle por no poder permitirse una sanidad privada ya que carecen de pública.
Pienso que la gente en España está buscando lo mismo. Cada vez más gente paga la sanidad privada, lo cuál me hace pensar que en un futuro, haya tan poca gente en la pública, que acabe desapareciendo, lo cuál no me gustaría nada, ya que hay gente que no podría permitírselo.
No puedo imaginarme la sensación de tener a mi hijo enfermo y no tener dinero para pagarle una sanidad. Habrá gente que lo habrá perdido todo por poder pagarle una sanidad decente a su familia en Estados Unidos. Por suerte, aquí seguimos teniendo sanidad pública, y aunque la gente se queje mucho, debemos estar agradecidos de ello ya que en caso de un accidente o algo más grave, nos atenderán al instante y nos salvarán la vida sin necesidad de tener una sanidad privada.