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HISTORIA II 14 DESIGUALDAD Y MARGINACION EN EL CAMPO

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Preservar el territorio rural, lucha contra la desigualdad y la pobreza

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Preservar el territorio rural, lucha contra la desigualdad y la pobreza

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Los efectos colaterales del temblor ocurrido en Oaxaca en septiembre del 2017 siguen afectando a la zona. Miles de personas han perdido sus viviendas y los planes de reconstrucción por parte de las instituciones gubernamentales no han sido suficientes para restituir el patrimonio demolido.

Bajo este contexto y como parte del ciclo de conferencias Ciudad. Territorio. Patrimonio, el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura (DADA) de la IBERO Puebla realizó la octava ponencia titulada: Gestión Integral de Riesgo en contextos patrimoniales. El coloquio fue liderado por la Mtra. Isadora Hastings García.

La maestra egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lleva una década como directora en Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C. Las actividades de esta organización están enfocadas e reducir las vulnerabilidades de las zonas rurales de México e impulsar mejores condiciones de vivienda.

"La vivienda tradicional en muchos lugares ha sufrido cambios al perder los saberes originales". Isadora Hastings planteó que la combinación de la desconfianza por parte de los pobladores para reconstruir sus casas, así como la mala gestión de las empresas de bienes raíces que ven la pobreza como una oportunidad para lucrar, daña la preservación del patrimonio.

Durante su presentación, Isadora Hastings compartió con el auditorio que a raíz de los desastres naturales que han sucedido en los últimos años en el sur del país, muchas personas se han visto forzadas a migrar hacia nuevos espacios carentes de sus tradiciones culturales.

Para la Directora y Fundadora de la ONG es importante preservar estos espacios originarios, porque con la expansión de proyectos de construcción en los que se aglomeran a los habitantes en espacios minúsculos erigidos todos de la misma forma, la pérdida patrimonial es brutal.

"Estos nuevos espacios a los que se trasladan tienen menor normativa y la marginación no ha alcanzado la participación de los gobiernos y poblaciones en este tipo de atrocidades". Hastings argumentó que la ausencia del diseño participativo en estos complejos edificados genera más conflictos que beneficios.

Construir con consciencia crítica

En ese sentido, la arquitecta de la UNAM estipuló durante el coloquio la urgencia de generar proyectos más amigables con la naturaleza y la cultura de los locales. Expuso que, en caso de pretender gestionar una intervención arquitectónica en una zona rural, es indispensable tomar en cuenta las opiniones de los residentes para evitar complejizar aún más su situación.

" El sismo de 2017 nos dejó muchas lecciones [...] numerosos estudiantes de arquitectura salieron a los pueblos a ayudar a demoler las viviendas pensando que estaban ayudando y sin conocer en muchos de los casos que estaban destruyendo el patrimonio arquitectónico de los pueblos ".

La Mtra. Isadora Hastings estipuló que a partir de los eventos ocurridos hace tres años, ha habido un incremento de la participación estudiantil en proyectos rurales que buscan reconstruir, pero que al mismo tiempo cuentan con una mayor consciencia sobre lo que significa ese patrimonio para los pobladores.

La última conferencia del ciclo fue un recordatorio sobre por qué es elemental planificar siendo sensatos. "Pensar la vivienda como un sistema conectado con otras escalas del barrio, ciudad y territorio es muy importante". Hastings concluyó su intervención abogando a favor de la inclusión y la igualdad.

Prensa y Relaciones Públicas / Germán Báez Monterrubio

Reportero Multimedia y tecto / Emiliano Harispuru Ponce de León/RPR

Capturas de pantalla / Ramón Tecólt González

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Preservar el territorio rural, lucha contra la desigualdad y la pobreza

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Los efectos colaterales del temblor ocurrido en Oaxaca en septiembre del 2017 siguen afectando a la zona. Miles de personas han perdido sus viviendas y los planes de reconstrucción por parte de las instituciones gubernamentales no han sido suficientes para restituir el patrimonio demolido. Bajo este contexto y como parte del ciclo de conferencias Ciudad.

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La desigualdad de la tierra en el corazón de las sociedades desiguales

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La desigualdad de la tierra en el corazón de las sociedades desiguales

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En la mayoría de los países, la desigualdad en materia de tierras está aumentando. Peor aún, las nuevas medidas y análisis muestran que la desigualdad de la tierra es significativamente mayor que la que se había informado anteriormente. Esta tendencia amenaza directamente los medios de vida de unos 2 500 millones de personas en todo el mundo que se dedican a la agricultura en pequeña escala.

El " terreno irregular " al que se alude en el título de este informe de síntesis es donde se encuentra cada vez más la mayoría de la población rural. Son el centro de este informe y de la labor de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. Los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, los pueblos indígenas, las mujeres rurales, los jóvenes y las comunidades rurales sin tierra están siendo comprimidos en parcelas más pequeñas o expulsados de la tierra por completo, mientras que cada vez más tierras se concentran en menos manos, sirviendo principalmente a los intereses de empresas agroindustriales e inversores lejanos, utilizando modelos industriales de producción que emplean cada vez a menos personas.

Más allá de sus efectos directos en la agricultura de pequeña escala, es evidente que la desigualdad de la tierra socava la estabilidad y el desarrollo de sociedades sostenibles, y nos afecta a todos en casi todos los aspectos de nuestras vidas.

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La desigualdad de la tierra en el corazón de las sociedades desiguales | Oxfam International

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En la mayoría de los países, la desigualdad en materia de tierras está aumentando. Peor aún, las nuevas medidas y análisis muestran que la desigualdad de la tierra es significativamente mayor que la que se había informado anteriormente.

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La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia: Obstáculo principal para una paz duradera y democrática 

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La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia: Obstáculo principal para una paz duradera y democrática 

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José Antonio Segrelles Serrano Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante

Palabras clave: concentración de la tierra, proceso de paz, postconflicto, Colombia.

Resumen

La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia y la consiguiente pobreza rural es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de cincuenta años. La concentración de la tierra en pocas manos, el poder de la agroindustria y los ganaderos, así como la preeminencia de una agricultura orientada más a la exportación que al consumo interno, hacen necesaria una reforma agraria que vaya más allá de la mera redistribución de tierras, pues el campesinado necesita una democratización del campo mediante el acceso a los insumos, al crédito y a la asistencia técnica, además de infraestructuras, educación, vivienda y sanidad. Las nuevas legislaciones agropecuarias y rurales, nacidas en el seno del proceso de paz y con el fin de gestionar la etapa posterior al conflicto armado, son incompletas, tienen muchas limitaciones y no modifican sustancialmente el origen de todos los problemas: la estructura de la propiedad de la tierra.

Ver las citas del artículo

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La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia: Obstáculo principal para una paz duradera y democrática

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José Antonio Segrelles Serrano Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante Palabras clave: concentración de la tierra, proceso de paz, postconflicto, Colombia. La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia y la consiguiente pobreza rural es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de cincuenta años.

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América Latina y el Caribe enfrenta múltiples desafíos. Pero hay uno en particular que se interpone en el camino de la región hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y un futuro mejor para todos: la desigualdad.

La desigualdad no es nueva en esta región. De hecho, uno podría argumentar que la desigualdad es el pecado original con el que nuestros países comenzaron su historia. Todo el Imperio Inca, que abarcaba el actual Ecuador, Perú y partes de Argentina, Bolivia y Chile, fue dividido tras la Conquista en 5 mil encomiendas, mientras que millones de miembros de las civilizaciones originales de la región se quedaron sin nada. Tal fue el origen de nuestras economías y de nuestras sociedades.

El viejo desafío de la desigualdad extendida continúa actuando como un poderoso freno al potencial de desarrollo de nuestra región en general, y de nuestras áreas rurales en particular, las cuales están siendo limitadas por una serie de desigualdades estructurales.

La desigualdad reduce el crecimiento económico, disminuye el impacto de dicho crecimiento en la reducción de la pobreza, debilita nuestras democracias y el Estado de Derecho, erosiona nuestras instituciones formales e impide que millones expresen todo su potencial de desarrollo.

La desigualdad económica es quizás la expresión más evidente. El índice de Gini del ingreso rural se encuentra en los niveles más altos en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En todos estos países, el ingreso rural ha mostrado un crecimiento significativo, en parte gracias al comercio agroalimentario, pero el índice de Gini en las zonas rurales apenas se ha movido, lo que significa que pocos están capturando la mayoría de los beneficios. De hecho, Chile, México y Perú, son líderes en términos de sus exportaciones agrícolas y son también líderes en la desigualdad económica rural. El crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural.

La desigualdad étnica es otro gran desafío. Cerca de 45 millones de ciudadanos indígenas viven en América Latina y el Caribe, y sufren muchas formas de exclusión. En México, hay 2.4 individuos indígenas que sufren desnutrición crónica por cada persona no indígena. En Guatemala es 1.4; en Honduras 1.7; en Panamá 3.2.

La desigualdad de género en las áreas rurales también es muy generalizada. En Chile hay 137 mujeres rurales que viven en la pobreza, por cada 100 hombres. En Uruguay, 143. En Costa Rica, 125. Estos tres países están profundamente comprometidos con el crecimiento agroalimentario, pero en ellos, de una u otra forma, las mujeres rurales parecen beneficiarse mucho menos que los hombres rurales de las oportunidades.

Tanto los hombres como las mujeres rurales realizan cantidades significativas de trabajo no remunerado. Pero en nueve países en los que tenemos datos, entre el 65 por ciento y el 86 por ciento del trabajo total de las mujeres rurales no se paga, lo que es entre 38 y 58 puntos porcentuales mayor que la misma estadística para los hombres.

Las desigualdades territoriales son otra expresión de los desequilibrios estructurales que afectan a esta región, que dan lugar a una mentalidad de "nosotros contra ellos" que nos frena a todos. En México, la gente habla del centro y el norte de México y el sur; en Perú y Ecuador es la costa y la sierra; en Colombia se habla de Bogotá y de la región del Caribe. Lo mismo es cierto para las costas del Pacífico y el Caribe en Nicaragua y en el sur de Brasil con sus fenomenales Cerrados, en contraste con el Nordeste. Existen estructuras de poder e instituciones profundamente arraigadas que sostienen y reproducen estas desigualdades. La erosión de la influencia nociva de estas estructuras e instituciones no es una tarea sencilla, incluso en las mejores circunstancias.

En la región hay ejemplos de comercio agroalimentario que ha sido una fuerza positiva, no sólo en términos económicos sino también en la creación de mayores oportunidades para los sectores de la población que se han quedado atrás, no durante décadas sino durante siglos. Sin embargo, hasta ahora, estos ejemplos son muy pocos, tal vez más la excepción que la norma.

En la FAO, proponemos que hacer que el comercio sea socialmente inclusivo debe ser la norma, el estándar al que aspiramos. Pero ésto sólo ocurrirá si lo convertimos en un objetivo político explícito. A menos que lo hagamos, el que las zonas rurales de América Latina y el Caribe cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible será una ardua lucha, y continuaremos reproduciendo las desigualdades que atrofian el potencial de desarrollo de nuestra región.
Representante Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe

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América Latina y el Caribe enfrenta múltiples desafíos. Pero hay uno en particular que se interpone en el camino de la región hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y un futuro mejor para todos: la desigualdad. La desigualdad no es nueva en esta región.

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Hogares rurales, empleo agrario y desigualdades sociales

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Hogares rurales, empleo agrario y desigualdades sociales

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El objetivo de este dossier es promover el debate científico y difundir investigaciones empíricas sobre las desigualdades sociales en el medio rural, centrándose particularmente en la problemática de los hogares rurales, el empleo agrario y la vulnerabilidad social. Esta publicación es parte del trabajo conjunto realizado en el marco del grupo de investigadores e investigadoras del Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidad, del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

En el siglo XXI, los territorios rurales de la mayoría de los países continúan siendo un escenario de pobreza, desigualdad y falta de acceso a derechos. Son varios los estudios que señalan que estas situaciones se han profundizado a consecuencia de la fuerte reestructuración de la producción agrícola a escala global y los efectos más recientes de la pandemia por COVID-19. Esto ha llevado a que, en los últimos años, estas problemáticas sean un eje central de las preocupaciones y de la agenda de las ciencias sociales y de los organismos internacionales.

Entre estas transformaciones se destacan los cambios ocurridos en los mercados laborales, que producen empleos cada vez más eventuales y precarizados, reforzando aún más las vulnerabilidades y los riesgos de exclusión de los trabajadores, que continúan siendo sujetos invisibilizados política y socialmente ante el resto de sus conciudadanos. La débil institucionalidad que existe en las áreas rurales ofrece escasas garantías a los trabajadores y se convierte en un factor importante para que las relaciones sociales en estos territorios sean cada vez más asimétricas.

Concomitantemente, los hogares rurales han tenido que modificar sus modos de vida y desplegar múltiples estrategias para resistir y poder garantizar su reproducción social, e intensificar las movilidades territoriales en busca de oportunidades. Todo esto está provocando cambios sociales de gran magnitud en las ruralidades del continente.

En la mayoría de los países, las acciones de los gobiernos han sido débiles para enfrentar los efectos más negativos de estas transformaciones y las políticas públicas aplicadas no han tenido la capacidad de revertir estas situaciones. Ante esto, los hogares y las comunidades rurales han debido resolver por sí mismos las funciones de protección social que deberían proveer los Estados.

Los seis artículos que componen este dossier profundizan en estos aspectos desde diferentes perspectivas, explorando los múltiples determinantes y contextos en que se generan y reproducen estos fenómenos. En ellos se muestran situaciones específicas de Argentina, Uruguay, México, Centroamérica y España.

Los temas propuestos por los autores entrelazan de manera creativa y novedosa las desigualdades sociales, la reconfiguración de los territorios rurales y urbanos, las desigualdades de género y el problema de los cuidados en el medio rural, la vulnerabilidad laboral de los jornales transitorios y la fragilidad social de los trabajadores migrantes. Estos fenómenos son analizados desde las trayectorias de los sujetos, sus hogares y sus comunidades.

El primer artículo del dossier, de Luis Camarero y Julio A. del Pino, "Ruralidad, agricultura y exclusión social. Los efectos de la desigualdad territorial", aporta una mirada crítica sobre la incidencia del hábitat en la reproducción de las desigualdades sociales. En su trabajo, que se centra en la ruralidad española, estudia las condiciones de vida de los hogares rurales en comparación con los urbanos, para mostrar las brechas existentes en el riesgo de exclusión social que se produce en función de la residencia en uno u otro espacio. Mediante un riguroso análisis estadístico de las bases de datos disponibles, deja al descubierto el esfuerzo que deben realizar los hogares rurales para contrarrestar la falta de los beneficios que otorga el Estado de bienestar.

El segundo trabajo, de Paola Mascheroni Laport, "Ruralidad, cuidados y políticas públicas. Reflexiones a partir del caso de Uruguay", tiene como propósito principal el análisis de las desigualdades de género en torno a la organización social del cuidado en espacios rurales. El estudio se focaliza en las acotadas políticas de cuidado en el medio rural de la última década y en las principales limitantes para su implementación. Para finalizar, la autora reflexiona sobre la importancia de considerar conjuntamente elementos estructurales y culturales que imponen trabas a la desfamiliarización y desfeminización del cuidado, y, consecuentemente, a la autonomía de las mujeres en estos territorios.

El artículo de Guillermo Neiman y Alfonsina Albertí, "Trabajar en el campo, vivir en la ciudad. Conformación de territorios periurbanos en Misiones", aborda la problemática de la creciente residencia urbana de trabajadores agrícolas. Para comprender este proceso, busca poner de manifiesto el papel que juega el barrio como un territorio que organiza las relaciones de trabajo, de reproducción social de las familias tareferas y de acceso a las políticas sociales. La investigación muestra cómo estos hogares están atravesados por una doble exclusión: la precariedad de las inserciones laborales en las áreas rurales y las críticas condiciones de vida en las ciudades que constituyen su nuevo entorno de sociabilidad y de vida.

Alberto Riella y Jessica Ramírez, en su artículo "El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social", ponen foco en la situación de los asalariados rurales zafrales y la vulnerabilidad social a las que están sujetos sus hogares. Su estudio busca explorar, mediante evidencia empírica, cómo la transitoriedad en el empleo que sufren estos trabajadores se traslada a sus hogares, haciéndolos socialmente vulnerables. La investigación concluye que este grupo constituye uno de los sectores más vulnerados de la sociedad, dado que las condiciones de vida y trabajo a la que están sujetos sus integrantes llevan a la reproducción de las múltiples carencias y desprotecciones que enfrentan sus hogares y, por tanto, a profundizar de las desigualdades sociales que los afectan.

El quinto artículo, de Kim Sánchez Saldaña y Adriana Saldaña Ramírez, "Albergue de Jornaleros Agrícolas en Morelos. Un espacio de intercambio y reconocimiento", tiene como motivación el estudio de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas migrantes en México durante el tiempo que permanecen en las zonas de trabajo. En especial, se detiene en la experiencia de los albergues públicos como espacios para implementar estrategias de promoción social, a la vez que permitir relaciones de intercambio y reconocimiento entre trabajadores, productores y población local. A partir de un caso, la investigación propone una reflexión sobre las posibilidades y limitaciones de estos centros para promover políticas públicas alternativas para el reconocimiento y empoderamiento de los trabajadores agrícolas migrantes.

El artículo de Eduardo Baumeister, que cierra el dossier, "Inserción laboral en el agro costarricense. El caso de los nicaragüenses", introduce la ruralidad centroamericana a partir del análisis de las migraciones laborales de nicaragüenses que van a trabajar al sector agrario de Costa Rica. Parte de una caracterización sociodemográfica rigurosa de las regiones productivas de los dos países para explicar las condiciones que generan este flujo migratorio entre ambos territorios rurales. El autor destaca la importancia que tienen estos trabajadores migrantes en el sector agrario, ya que conforma casi el 30% de la mano de obra asalariada del sector en Costa Rica. La investigación también muestra que la mayoría de ellos trabajan y viven en condiciones precarias y con niveles de pobreza muy similares a los que tenían en sus lugares de origen, pero, a pesar de ello, logran con enorme esfuerzo enviar remesas a sus hogares en Nicaragua.

En síntesis, los temas propuestos por los autores entrelazan de manera actual y rigurosa las problemáticas de las desigualdades territoriales, los procesos de cambio rural, la especificación de las desigualdades de género, el estudio de los cuidados en los territorios rurales, la precarización de los trabajadores transitorios, la fragilidad social de los migrantes y el análisis de las vulnerabilidades y las exclusiones sociales. De esta forma, los artículos que integran el dossier brindan una amplia perspectiva conceptual y una profunda evidencia empírica, que se nutren de observaciones en países y ruralidades muy disímiles, lo que enriquece la agenda de investigación sobre los problemas actuales en torno a los hogares rurales, el empleo agrario y las desigualdades sociales.

Por último, agradecemos al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales la posibilidad de realizar esta publicación para difundir los resultados de las investigaciones del Grupo de Estudios en Sociología Rural, Territorio y Desarrollo y del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidad.

Alberto Riella y Paola Mascheroni Laport
Coordinadores del dossier

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Hogares rurales, empleo agrario y desigualdades sociales

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El objetivo de este dossier es promover el debate científico y difundir investigaciones empíricas sobre las desigualdades sociales en el medio rural, centrándose particularmente en la problemática de los hogares rurales, el empleo agrario y la vulnerabilidad social.

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GAVIRIA-MESA, Jorge Iván; GRANDA-VIVEROS, Mónica Lucia; LOPEZ-MEDINA, Juan Diego VARGAS-CANO, Rafael. Desigualdad rural y conflicto interno armado en Colombia: un círculo vicioso. Izquierdas (Santiago) []. 2018, 39, pp.209-228. ISSN 0718-5049. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000200209.

La causa fundamental de la violencia en Colombia ha sido la inequitativa repartición de la tierra, que en el escenario mundial es una de las más desiguales. En ese punto, las políticas del Estado colombiano se han movido en dos direcciones: o han sido equivocadas o fueron concebidas de manera dolosa para beneficiar a una minoría, en desmedro del conglomerado campesino. Aquella torpeza, o esta insania, han tenido una clara expresión violenta que tal vez con un desarrollo público a largo plazo pueda ser detenida, a partir de los Acuerdos de la Habana.

: desigualdad; tierra; Estado; violencia; acuerdos.

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Desigualdad rural y conflicto interno armado en Colombia: un círculo vicioso

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GAVIRIA-MESA, Jorge Iván; GRANDA-VIVEROS, Mónica Lucia; LOPEZ-MEDINA, Juan Diego VARGAS-CANO, Rafael. Desigualdad rural y conflicto interno armado en Colombia: un círculo vicioso. Izquierdas (Santiago) []. 2018, 39, pp.209-228. ISSN 0718-5049. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000200209. La causa fundamental de la violencia en Colombia ha sido la inequitativa repartición de la tierra, que en el escenario mundial es una de las más desiguales.

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desarrollo sostenible y asentamientos humanos

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comite de desarrollo y cooperacion del caribe

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innovacion y tecnologias de la informacion y las comunicaciones

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conferencia regional sobre poblacion y desarrollo de america latina y el caribe

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consejo regional de planificacion del ilpes

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observatorio america latina - asia pacifico

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observatorio fiscal de latinoamerica y el caribe

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe

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La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.

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Últimas noticias de actualidad, política, economía, sociedad, cultura y deporte de Iberoamérica. Toda la actualidad, información y última hora

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MADRID, 29 Oct. (Notimérica) -

Durante los últimos años la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe ha buscado comprender por qué las positivas cifras de crecimiento que ha exhibido la agricultura en la región no se traspasan --al menos no en la misma medida y al mismo ritmo-- a los diversos sectores sociales y productivos del mundo rural.

La agricultura familiar, los trabajadores asalariados rurales, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y en general toda una diversidad de personas y comunidades, a pesar de ser partícipes de la economía rural, no logran los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades principales. Dicho de otro modo, se trata de entender por qué en las zonas rurales de la región la pobreza y la desigualdad son fenómenos tan extendidos como persistentes.

En Iberoamérica la pobreza es percibida mayoritariamente como un problema urbano, ya que el 70 por ciento de la población vive en las ciudades. Sin embargo, la pobreza afecta a un alto porcentaje de personas en las áreas rurales. Es decir, un 30 por ciento de la población de este continente está expuesta a la pobreza rural.

Existen diferentes causas que pueden explicar el fenómeno de la pobreza y desigualdad en las zonas rurales: un sistema desigual de distribución de las tierras, un acceso inadecuado a la información, la ausencia de reformas agrarias, la inestabilidad política y los conflictos civiles, la alta concentración de la propiedad agrícola y la corrupción.

La pobreza normalmente se vincula con el ingreso medio de una sociedad y la desigualdad con la distribución de ésta. No existe una relación lineal entre ambos. Por ello pueden existir países pobres muy desiguales, pero también países de ingresos medianos o de altos ingresos, como Brasil o Estados Unidos, con altos niveles de desigualdad.

En la actualidad, entre los países con mayores niveles de pobreza rural destacan Honduras, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Paraguay, según la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL). Si se analizan los datos por regiones y no por países, se puede deducir que los más pobres del continente latinoamericano viven en remotas comunidades andinas de Bolivia, Perú y Ecuador.

En el caso de Honduras, según el Banco Mundial (BM) este país tiene un 64,5 por ciento de la población en situación de pobreza y un 42,6 por ciento en extrema pobreza (menos de 2,5 dólares al día). Del mismo modo, el BM ha establecido que Guatemala consiguió una reducción de la pobreza del cinco por ciento a principios de este siglo, pero para 2011 los índices volvieron a subir hasta llegar al 53,7 por ciento con una situación particularmente difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde ocho de cada diez personas son pobres.

Entre los países latinoamericanos de ingresos medio y altos, Colombia se encuentra en primer lugar en niveles de desigualdad, apenas unos puntos por debajo de Honduras. En Colombia el diez por ciento de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40 por ciento más pobre.

MUJERES E INDÍGENAS

La pobreza rural, como la pobreza en general, en cuanto fenómeno social inserto en las condiciones de desigualdad que caracterizan a las sociedades de América Latina y el Caribe, afecta más a ciertos grupos que a otros, que por diversas razones, especialmente culturales, se ven sometidos a diversas formas de discriminación. Es el caso particular de las mujeres y los pueblos indígenas.

Existen elementos objetivos que inducen a pensar que la condición de mujer constituye un factor discriminatorio, como por ejemplo la condición desmedrada en los mercados laborales, su acceso limitado a los activos agrícolas (tierra y capital) y la alta proporción de trabajo no remunerado que realizan, todo lo cual constituye desventajas económicas y mayores niveles de inseguridad y vulnerabilidad.

La situación de exclusión en el caso de los pueblos indígenas es tal vez aún más acentuada, debido a las múltiples formas de discriminación y violación de derechos a la que están sometidos. De ahí que los niveles de pobreza y extrema pobreza entre la población indígena en América Latina sean significativamente mayores que los del resto de la población.

MEDIDAS

En Brasil, el Fondo de Asistencia y Previsión del Trabajador Rural (FUNFURAL) --sistema previsional rural de Brasil-- atiende a seis millones de beneficiarios en el sector rural, con una inversión de aproximadamente 750 millones de dólares al mes, cerca del 1,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

De igual modo, Colombia ha diseñado un plan para luchar contra la pobreza en el campo, que incluye la construcción de viviendas rurales, escuelas agrícolas y acceso a créditos. En Bolivia, el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) del BM tiene desde 2005 el objetivo de mejorar el acceso de los pequeños productores rurales a los mercados a través de un modelo de alianzas productivas con el comprador. La idea principal es garantizar la sostenibilidad en diversos sectores.

A pesar de las variaciones de los ciclos económicos de la región y de los cambios políticos, que están cerrando ciclos de izquierdas en países como Brasil y Argentina, se puede afirmar que América Latina y Caribe están a la vanguardia de la lucha mundial contra el hambre.

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Pobreza y desigualdad, fenómenos que persisten en las zonas rurales de Iberoamérica

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MADRID, 29 Oct. (Notimérica) - Durante los últimos años la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe ha buscado comprender por qué las positivas cifras de crecimiento que ha exhibido la agricultura en la región no se traspasan --al menos no en la misma medida y al mismo ritmo-- a los diversos sectores sociales y productivos del mundo rural.

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Desigualdad en América Latina y el Caribe

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Coeficiente Gini: La medida más común para medir desigualdad es el Coeficiente Gini. Este índice está basado en la Curva de Lorenz, una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución de una variable específica (por ejemplo, el ingreso) con una distribución uniforme que representa la igualdad. Para construir el coeficiente Gini, se grafican el porcentaje acumulado del ingreso (o gasto) en el eje vertical. El Gini captura el área entre esta curva y una distribución completamente equitativa. Si no hay diferencia entre estas dos, el coeficiente Gini es igual a 0, que implica igualdad perfecta mientras que, si están muy alejadas, el coeficiente Gini es igual a 1, que corresponde a una distribución completamente desigual.

Medidas de Desigualdad de Atkinson: Atkinson (1970) ha propuesto otra clase de medidas de desigualdad que se usan de vez en cuando. Esta clase también tiene un parámetro ε que mide la aversión a la desigualdad. Al incrementar ε, el índice se vuelve más sensible a las transferencias en el extremo inferior de la distribución y menos sensible a las transferencias en la parte superior. En el caso limite, ε→ 0, el índice refleja la función de Rawls, que sólo toma en cuenta las transferencias al grupo de ingresos muy bajos; en el otro extremo, cuando ε=0, obtenemos la función de utilidad lineal.

Relación de dispersión decil: Una medida sencilla y popular de la desigualdad es la relación de dispersión decil, que presenta la relación entre el ingreso promedio o el consumo del 10 por ciento más rico (por ejemplo, el percentil 90) por la del 10 por ciento más pobre (el percentil 10). Esta relación es fácilmente interpretable expresando el ingreso de los ricos como múltiplos de la de los pobres. Sin embargo, no toma en cuenta la información sobre los ingresos en el medio de la distribución de la renta y no utiliza la información sobre la distribución del ingreso dentro de los deciles superiores e inferiores o percentiles.

Medidas de Entropía Generalizada: Entre las más utilizadas son los índices de Theil y la desviación logarítmica media. Ambos pertenecen a la familia de entropía generalizada (GE) de medidas de desigualdad. Los valores de las medidas de GE varían entre cero y el infinito, donde cero representa una distribución equitativa y los valores más altos representan niveles más altos de desigualdad.

Para GE(0), GE es más sensible a los cambios en la cola inferior de la distribución, y para los valores más altos como GE(2), la medición es más sensible a los cambios que afectan a la cola superior. Los más utilizados son GE(0), GE(1) y GE(2). GE (1) es el índice de Theil.
El proyecto de armonización SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) es un esfuerzo de armonización para aumentar la comparabilidad entre países. Sin embargo, cambios metodológicos en las encuestas pueden generar datos que no son comprables y que la armonización no puede resolver por completo. Es importante que el usuario sepa que datos no son comparables. Para más información, visite el gráfico interactivo de comparabilidad.

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LAC Equity Lab: Desigualdad - Desigualdad Urbana/Rural

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Coeficiente Gini: La medida más común para medir desigualdad es el Coeficiente Gini. Este índice está basado en la Curva de Lorenz, una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución de una variable específica (por ejemplo, el ingreso) con una distribución uniforme que representa la igualdad.

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Introducción

Cerca del 15% de la población en los Estados Unidos viven en zonas rurales. Hay muchas razones diferentes por las que puede elegir vivir en una comunidad rural. Es posible que desee un menor costo de vida y un ritmo de vida más lento. Puede disfrutar el tener acceso a grandes espacios abiertos para la recreación. Las zonas rurales están menos pobladas y pueden ofrecer más privacidad. También puede preferir un área rural para vivir cerca de su familia y amigos.

Pero vivir en un área rural también presenta desafíos, incluyendo lo relacionado a cuidar su salud. En comparación con las áreas urbanas, las comunidades rurales tienden a tener:

Tasas más altas de pobreza

Un mayor porcentaje de adultos mayores, quienes tienen más probabilidades de tener problemas de salud crónicos

Más residentes sin seguro médico

Menos acceso a la atención médica, ya que las clínicas y los hospitales pueden estar muy lejos

Tasas más altas de consumo de ciertas sustancias, como fumar cigarrillos y uso indebido de opioides y metanfetaminas

Tasas más altas de problemas de salud crónicos, como hipertensión y obesidad

Mayor exposición a peligros ambientales, como los productos químicos utilizados para la agricultura

Sin embargo, existen soluciones para lidiar con estos problemas. Algunos ejemplos incluyen:

Clínicas que ofrecen telesalud para brindar atención a personas que viven lejos de especialistas o que no pueden llegar fácilmente a las oficinas de sus profesionales de la salud

Agencias locales de salud pública que trabajan con sus comunidades para promover una vida saludable, por ejemplo, dando clases de bienestar y ejercicio, o establecer un mercado de agricultores

Carriles para bicicletas y senderos proporcionados por Gobiernos locales para alentar a las personas a andar en bicicleta y caminar

Las escuelas rurales pueden ofrecer servicios de consejería y salud mental para sus estudiantes

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Introducción Cerca del 15% de la población en los Estados Unidos viven en zonas rurales. Hay muchas razones diferentes por las que puede elegir vivir en una comunidad rural. Es posible que desee un menor costo de vida y un ritmo de vida más lento.

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Cerca de 70 por ciento de los pobres del mundo está concentrado en las comunidades rurales. Estas comunidades que dependen de la agricultura, la silvicultura, la pesca, la ganadería para ganarse la vida. Dentro de estas comunidades, los más pobres entre los pobres son con frecuencia mujeres y jóvenes que carecen de un empleo decente y regular, que padecen hambre o malnutrición, y que tienen una falta de acceso a la salud, la educación y los bienes productivos. Aunque las desigualdades de género varían de manera considerable entre las diversas regiones y sectores, existen pruebas de que, a nivel mundial, las mujeres se benefician menos del empleo rural - bien sea trabajo por cuenta propia o remunerado - que los hombres.

2. ¿Por qué las mujeres en las zonas rurales son por lo general más pobres y enfrentan peores condiciones de vida que los hombres?

Existen diversas causas. En primer lugar, las mujeres están empleadas de manera desproporcionada en trabajos de baja calidad, incluyendo trabajos en los cuales sus derechos no son suficientemente respetados y la protección social es limitada. Otra razón, relacionada con la anterior, es que las mujeres reciben salarios inferiores que los hombres (cerca de 25 por ciento menos, para ser más precisos). Esto no significa que trabajen menos, al contrario. El problema es que gran parte del trabajo que realizan no es valorado ni remunerado como corresponde. De hecho, muchas mujeres rurales son trabajadoras familiares no remuneradas. Esto no sólo reduce su ingreso laboral, sino que además puede aumentar su nivel de estrés y fatiga.

3. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad de género en el sector rural?

La desigualdades de género en el empleo rural existen y persisten debido a una serie de factores sociales, económicos y políticos interrelacionados. Sin embargo, existe una causa específica que supera a todas las otras: el papel invisible, pero poderoso, de instituciones sociales que debilitan a un sexo frente a otro. Esto incluye las tradiciones, las costumbres y las normas sociales que rigen el complejo funcionamiento de las sociedades rurales, y que actúan como limitante de las actividades de las mujeres y restringen su capacidad de competir en igualdad de condiciones con los hombres. No queremos decir que las mujeres que viven en las ciudades no sufran la pobreza, pero el contexto rural suma una presión extra sobre la igualdad de oportunidades.

4. ¿Puede darnos algunos ejemplos de estas tradiciones y costumbres?

Este es un ejemplo que cualquier persona que ha vivido y trabajado en zonas rurales aisladas puede reconocer: la visión generalizada de que las mujeres tienen la obligación de trabajar en el hogar, cocinar, limpiar y cuidar de los niños, así como de los enfermos y los ancianos. Otra es la convicción de que las mujeres son menos capaces de administrar recursos que los hombres. La idea de que las mujeres tienen que pedirle permiso a sus esposos o protectores para salir de la casa es otra de estas costumbres. También las restricciones sociales - en algunos casos legales - que impiden que las mujeres posean una propiedad o tengan derecho a heredar bienes. Estas prácticas son muy difíciles de erradicar y perjudican la capacidad de las mujeres de progresar como miembros activos de la sociedad, además de reprimir su emancipación económica.

5. ¿Por qué resulta importante abordar las desigualdades de género en el empleo rural?

En primer lugar, porque no ofrecer igualdad de oportunidades a las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos. Segundo, porque no lograremos erradicar la pobreza extrema (como establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio) hasta que no reconozcamos el hecho de que las mujeres figuran de manera desproporcionada entre las personas más pobres en las zonas rurales. Tercero, y este factor no se aplica sólo a las zonas rurales, la igualdad de género es beneficiosa desde el punto de vista económico. Está demostrado que educar a las mujeres y ofrecerles oportunidades de acceso a empleos calificados y bien remunerados beneficia a sus familias y a sus comunidades de diversas maneras: tasas de fertilidad más bajas, disminución de la mortalidad infantil, y mejoras en la salud, la nutrición y en los niveles de educación de los niños. En fin, sería casi imposible vencer la lucha contra el trabajo infantil a menos de que los padres (madres y padres) puedan producir o ganar lo suficiente para garantizar el sustento de la familia.

6. ¿Puede decirse que la crisis económica mundial ha tenido un impacto particular sobre las mujeres en empleo rural?

La crisis financiera llegó en un momento en el cual muchas personas en los países en desarrollo ya estaban enfrentando dificultades a causa del aumento de los precios de los alimentos y del combustible. Es difícil cuantificar el impacto de la crisis en términos de igualdad de género, pero se pueden prever algunas tendencias. Por ejemplo, es posible anticipar que en la mayoría de los países las mujeres asuman la responsabilidad de actuar en última instancia como redes de seguridad y de garantizar la supervivencia de sus familias. También es posible que se intensifique aún más la carga de trabajo no remunerado de las mujeres rurales, sobre todo en los hogares de bajos ingresos, y en particular cuando los servicios públicos (los pocos que en la actualidad llegan a las zonas rurales) sean reducidos como parte de las medidas de austeridad. Al mismo tiempo, es probable que las mujeres, más que los hombres, reciban ofertas de trabajo precario y con pocas perspectivas de progreso, y que esto afecte su salud y la de sus hijos. En México, durante la crisis de 1995, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil aumentaron más en las zonas donde incrementó la participación laboral de las mujeres, siendo las niñas las más afectadas.

7. ¿Qué está haciendo la OIT para promover la igualdad de género en las zonas rurales?

¡Mucho! Las mujeres enfrentan desigualdades en todos los pilares del Trabajo Decente: normas y derechos en el trabajo, creación de empleo, protección social y diálogo social. Es por este motivo que para la OIT la igualdad de género es un tema transversal. La OIT ha implementado un número de proyectos que promueven la igualdad de género en las zonas rurales. Uno de ellos es el Sistema Cooperativo para África, que promueve el desarrollo de las cooperativas en todo el continente. La OIT organizó hace poco un taller participativo en el Cooperative College de Kenya para discutir sobre las estrategias destinadas a estimular la participación de las mujeres en las juntas de administración de las cooperativas. El Programa de desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer y la igualdad de género (WEDGE, por sus siglas en inglés) de la OIT está en su tercera y última fase. El objetivo de este proyecto es incrementar las oportunidades económicas para las mujeres, al realizar acciones positivas dirigidas a apoyar el establecimiento, formalización y desarrollo de sus empresas, y al integrar la perspectiva de género en la labor de la OIT a favor de la creación de empresas. En Timor- Leste, la OIT apoya al Instituto de Apoyo al Desarrollo Empresarial y a la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Economía para estimular el progreso económico local, mejorar la calidad de los servicios públicos y a crear empleos de calidad en las zonas rurales. Lo hace fomentando el acceso de las PYME a los mercados, fortaleciendo a los contratistas locales y mejorando la oferta de servicios dirigidos al desarrollo de empresas.

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La igualdad de género en el sector rural: un desafío siempre presente

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El Día Internacional de la Mujer de este año - Empoderamiento de las mujeres rurales, erradiquemos la pobreza y el hambre - destaca la necesidad de enfrentar las desigualdades entre los géneros en el sector rural. Las mujeres que viven y trabajan en las zonas rurales con frecuencia son consideradas y tratadas como ciudadanas de segunda categoría.

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Razones de la desigualdad en Latinoamérica

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Razones de la desigualdad en Latinoamérica

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En la serie de artículos iniciada en abril de este año nos hemos ido centrando en la temática de las desigualdades territoriales, enfocadas como comparación relativa de los estándares de bienestar de la población, primero, en los distintos países del planeta y en la posición que ocupa España en esa comparación; en segundo lugar en la situación diferencial de las distintas Comunidades Autónomas españolas y, en tercer lugar por su relevancia, dado el creciente proceso de urbanización de la población, en la comparación entre las principales ciudades españolas y del mundo.

Hasta ahora, como elementos de comparación se utilizaban una serie de indicadores relacionados con las dotaciones que objetivamente contribuyen al bienestar de la población y con los niveles subjetivos de bienestar manifestados por la misma, con particular referencia a indicadores asumidos por Naciones Unidas y los 193 países que apoyaron la Agenda 2030 (Transformar el mundo) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia los que todos esos países se han comprometido a avanzar, con el horizonte del señalado año 2030. Se trataba de considerar las desigualdades territoriales y la eficiencia relativa implícita de los Gobiernos de cada territorio en la mejora -o empeoramiento- de su situación relativa en los últimos años.

En este artículo pretendemos una aproximación a las desigualdades en el medio rural y, lo que es más importante, a la incidencia de esas desigualdades en la conservación -o destrucción- del rico patrimonio territorial -natural y cultural- que es uno de los elementos más característicos de ese medio rural y uno de los elementos fundamentales de la riqueza de este país que es, además, fundamental para la sostenibilidad ambiental de su desarrollo.

La primera dificultad que nos encontramos es la de la propia definición y delimitación del medio rural y, por lo tanto, del establecimiento de los indicadores que nos permitan avanzar en el análisis de las desigualdades territoriales en el mismo. Las delimitaciones existentes de la OCDE, la UE, o las que han venido realizando a lo largo del tiempo el Ministerio competente en materias agrícolas, u otros Ministerios, incluida la del propio INE, no son coincidentes ni homogéneas, lo que obliga a una consideración relativamente difusa de lo que denominaremos medio rural. En efecto existen partes claras del territorio español que podemos considerar no-rurales, correspondientes a los municipios integrados en Regiones Funcionales Urbanas, Áreas Metropolitanas o Ciudades, a las que nos hemos referido en artículos anteriores, pero que no dejan de tener ámbitos específicos de suelo rural, aunque los elementos con los que caracterizaremos a los rural, son secundarios o marginales. Existen ámbitos territoriales en España claramente rurales, a los que nos referiremos fundamentalmente en este artículo, que constituyen la inmensa mayoría del territorio español; y, por último, ámbitos intermedios de límites necesariamente imprecisos, donde lo rural tiene un peso decreciente y es sustituido por comportamientos, actividades y dinámicas específicamente "urbanas". Y veremos cómo entre cada una de estas tres grandes zonificaciones existen fuertes desigualdades en las dotaciones y condiciones para el bienestar de sus habitantes, aunque éstas aparecen también entre los distintos territorios incluibles en cada una de ellas.

Definamos que vamos a considerar una caracterización del Medio rural como el territorio en el que la población se distribuye en asentamientos de pequeño tamaño, atendiendo a las necesidades de explotación de un medio natural del que se extraen, predominantemente, materias primas y recursos naturales, y en los que el sector primario ha tenido históricamente una importancia básica (especialización productiva), pero crecientemente descendente, lo que lleva a que ganen importancia relativa una amplia gama de actividades económicas, entre las que crecen distintas formas de las del sector servicios, muchas de ellas asociadas a las características naturales del medio -turismo ambiental o cultural, servicios de los ecosistemas, etc.- que permiten mantener la relación entre actividad económica y el medio natural. Por otra parte, la población residente en municipios rurales es reducida y decreciente en términos absolutos y en densidad de ocupación del territorio, tiene un elevado grado de envejecimiento, y tiende a tener carencias en el acceso a ciertos servicios y dotaciones básicos, que son más acusadas que en las ciudades; y sus pautas de comportamiento y su cultura se diferencian de los urbanos, aunque estas diferencias tienden a disminuir, sobre todo en las nuevas generaciones, por la influencia de los medios de comunicación, de las TIC y del incremento de movilidad que proporciona un índice de motorización creciente. Un último aspecto fundamental desde el punto de vista territorial es su escasa capacidad real para gestionar el territorio municipal, pese a las competencias teóricas que le asigna la ley en su ordenación y custodia del mismo, y su fuerte dependencia de dinámicas externas (ayudas agrícolas, nivel de pensiones, decisiones de inversión, etc.). Dependencia que hace a los habitantes de estas zonas rurales también "conservadores" en el sentido político, tendiendo a votar a los partidos con capacidad de decisión sobre las variables de las que dependen (las citadas ayudas agrícolas, la incidencia de las pensiones, etc.) pudiendo señalarse que en muchas zonas del territorio rural español se mantienen tradiciones caciquiles, características de épocas históricas muy anteriores. Fenómeno de elevada importancia política dada la alta ponderación relativa del voto rural en el actual sistema electoral español.

Atendiendo a la legislación vigente sobre desarrollo sostenible del medio rural, éste se caracteriza por ámbitos integrados por municipios menores de 30.000 habitantes con densidad inferior a 100 hab/km2, que sea definido como tal por las comunidades autónomas (CCAA) respectivas. De esta consideración saldría que más del 84% del territorio español sería rural, destacando las CCAA de Castilla y León, Aragón, Castilla la Mancha, Navarra y La Rioja por encontrarse con porcentajes de su superficie total por encima de los índices rurales medios.

En segundo lugar, hay que constatar que, efectivamente, el sector primario sigue ocupando un extensa área de actividad que afecta a la inmensa mayoría de la superficie del país, aunque las zonas cultivadas o de explotación ganadera tengan una tendencia decreciente en el tiempo, frente a una creciente superficie forestal, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente.

En este marco, importancia singular tienen el número y características de las explotaciones agrarias que inciden sobre el medio rural, ya que éstas son las que permiten establecer las condiciones de la renta productiva que se producen en este medio. De una forma general podemos señalar que del orden de las tres cuartas partes de las explotaciones agrícolas españolas pueden considerarse de baja o muy baja rentabilidad, afectando a del orden de un tercio de la superficie agraria útil (SAU) y a más del 30% del empleo y renta agraria, manteniéndose su viabilidad básicamente gracias a las ayudas a la agricultura: Política Agraria Común, sin la que se estima que del orden del 85% del total de explotaciones agrarias del país no serían viables económicamente.

Alrededor del 75% de la producción forestal de madera se concentra en la Cornisa Cantábrica y Galicia en una superficie que supone el 20% de la superficie forestal arbolada española. En el resto de la superficie arbolada, salvo excepciones, la rentabilidad de los montes es prácticamente nula. Sin embargo debe también tomarse en consideración el valor de los beneficios indirectos generados (servicios de los ecosistemas) que, por ahora, no se valoran económicamente de forma significativa.

En el otro extremo, del orden de un 5% de las explotaciones pueden caracterizarse como de alta rentabilidad, afectan aproximadamente a otro tercio de la SAU, y vienen a representar algo menos del 60% de la renta agraria y del orden de una cuarta parte del empleo total. En este tipo de explotaciones el regadío tiene una importancia capital.

Atendiendo a este hecho, los datos referidos a la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE 2015) nos proporciona la situación relativa del regadío en España, donde se observa la relevancia de éste, tanto con respecto a la superficie geográfica total como con respecto a la superficie de cultivo, principalmente en las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Andalucía, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Aunque por importancia del regadío con respecto a la superficie de cultivo, es Canarias la región más relevante, y también Extremadura supera la correspondiente media regional.

Una idea de la destacada rentabilidad efectiva del regadío (en media para todo el territorio nacional se puede decir que la puesta en regadío de una superficie de secano puede llegar a incrementar su rentabilidad en más de tres veces) viene recogida en el hecho de que la superficie regada con riego localizado, que exige una inversión significativa y una cierta gestión industrial de la producción, se haya incrementado en un 50% entre 2005 y 2015, afectando ya a cerca del 50% de la superficie regada del país.

No obstante, frente a esta distribución regional del tipo de explotaciones, es importante señalar que la mayor incidencia del Valor Añadido del sector primario respecto al total autonómico se produce en Extremadura y las dos Castillas, por delante de La Rioja, Murcia, Galicia y Andalucía. De hecho, las provincias con una mayor especialización agrícola en su VAB serían Badajoz, Cuenca, Lugo y Zamora, aunque en otras cinco ha venido teniendo en los últimos años una importancia relevante el sector construcción (Murcia, Tarragona, Girona, Granada y Almería) que coexiste con una agricultura de alta productividad y una cierta preponderancia del turismo. No obstante, también es preciso reseñar la necesidad de ser cautos con los datos referidos al empleo, producción y productividad en un sector donde la economía sumergida tiene históricamente una alta y desigual incidencia territorial.

En cuanto a la estructura de los asentamientos españoles y su dispersión territorial, ésta es muy elevada en amplias zonas del norte e interior peninsular. En efecto, con los últimos datos disponibles del INE (padrón continuo de población a 1/1/2016) la estructura municipal española vendría reflejada en el siguiente Cuadro, en el que se han recogido las provincias en las que más del 25% viven en municipios de características netamente rurales, con los casos extremos de Soria (más de tres cuartas partes de la población en municipios con menos de 2.000 habitantes) y Teruel (del orden del 65% de la población en esa situación):

Lo curioso del caso es que el proceso de despoblamiento asociado a la crisis de 2008, con el retorno de muchos de los inmigrantes acogidos en España a lo largo de este siglo, hasta 2008, y con la nueva salida de población española en busca de trabajo en el extranjero ante la falta de posibilidades de encontrar un trabajo decente en este país, ha dado lugar a que, desde el censo de 2011, los únicos estratos de tamaño municipal que ganan población significativamente, sean los de menos de 100 habitantes (un 14%), aunque fundamentalmente por el incremento del número de estos municipios (en un 16%) y los de 20.000 a 100.000 habitantes (+1%, misma proporción en la que crecen los municipios en este estrato) que son ya municipios urbanos de tamaño medio, en los que la estabilidad de las condiciones de trabajo han sido algo mejores que en las ciudades mayores y en las áreas metropolitanas y regiones funcionales urbanas.

En todo caso, crece el número de municipios rurales y se amplía una desfavorable estructura municipal que, unida a la distribución de competencias administrativas, favorece una situación ineficiente e ineficaz en la dotación de muchos servicios básicos a la población rural que, como hemos constatado, adquiere proporciones muy significativas en un número muy relevante de provincias españolas. Y, además, en algunas de ellas el porcentaje de población respectiva mayor de 65 años y mayor de 85 años, alcanza cifras muy preocupantes; particularmente en Zamora, Ourense y Lugo, pero también en Soria, Teruel, Ávila, Salamanca, León y Palencia. A las que habría que añadir Cáceres y Huesca en la tendencia negativa en lo que se refiere a estas variables demográficas, y a su negativa incidencia sobre el medio rural.

No obstante, hay que señalar que desde el punto de vista de la población activa, la del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) representa, a 1 de abril de 2016, algo más del millón de personas. Y ha crecido entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2016 en 51,7 miles de activos (5,2%), pasando a representar la población activa en el sector primario, del 4,3% al 4,5% de la población activa del país, que alcanza a 1 de abril de 2016 cifras semejantes a las de 1 de abril de 2008. Se rompe así una cierta tendencia descendente de la participación de la población activa del sector primario en el conjunto de la economía española, que había llevado a ésta desde cifras cercanas al 6% de la población activa, en 2002, con unos activos totales de 19,1 millones de personas, a la señalada del 4,3% en abril de 2008, con unos activos que ahora se situaban en 23,1 millones. Lo que implica que la población activa en el sector primario goza de una cierta estabilidad, habiendo variado en el total del período 2002-2016 considerado, entre 1,0 y 1,2 millones de activos. Situación que nos muestra un sector primario con mayor capacidad de resistencia a las crisis que el sector industrial o ramas muy importantes del sector servicios.

No obstante, existe una cierta desventaja respecto a la media nacional si tenemos en cuenta la tasa de ocupación del sector, considerada como porcentaje de ocupados (777,4 miles para el sector primario: un 4,3% de los 18.029,6 miles de ocupados para el total nacional) respecto a la población activa correspondiente, que se situaba en el orden del 75% para 1 de abril de 2016, frente a un 78% de la media de todos los sectores para España. E igualmente, la estructura de la situación profesional en el sector muestra una clara desventaja para el logro de elevadas productividades en un ámbito en el que los empresarios sin asalariados y los trabajadores independientes representan del orden del 30%, los asalariados el 61% y los empleadores el 6%.

Nuevamente la reducida fiabilidad de los datos de empleo, producción y valor añadido llevan a manejar con cautela las cifras disponibles, pero no cabe duda que la situación es muy distinta en los territorios rurales especializados en el regadío y en la agricultura intensiva en invernadero, con asalariados en una gran variedad de condiciones (desde inmigrantes en condiciones de semiesclavitud a asalariados con remuneraciones acordes con la normativa) a las que caracteriza a la agricultura familiar tradicional en una parte mayoritaria del medio rural español.

En todo caso, el mayor problema en el acceso de las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles se produce más en las áreas urbanas marginales que en el medio rural; aunque en éste todavía existe un importante parque de infraviviendas y asentamientos con problemas (sobre todo para los trabajadores eventuales de temporada) y generalizados en muchos ámbitos rurales, sobre todo en las zonas desfavorecidas que se comentan a continuación, en lo que se refiere al acceso a los servicios básicos adecuados.
CONCLUSIONES FINALES SOBRE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES EN ESPAÑA.
El primer artículo sobre las desigualdades territoriales de esta serie, concluía señalando que España, en media, aunque mantiene posiciones aceptables en los indicadores de desarrollo humano mundiales, ha perdido posiciones con el Gobierno de Rajoy en el ranking de países respecto a los indicadores globales de "felicidad" de sus habitantes tras la crisis. Y que si bien España se sitúa en la actualidad en un proceso de crecimiento económico, éste incide de forma desigual sobre, por una parte, una clase media acomodada, rentista o con empleo estable, que aunque ha padecido los efectos de la crisis se encuentra optimista ante el futuro económico cercano; y, por otra parte, sobre un grupo social mucho más amplio, que se encuentra en riesgo de pobreza, desempleado y con pocas posibilidades de acceso a un empleo de calidad, porque ha quedado subordinado a la precarización laboral y a los bajos sueldos, y tiene unas expectativas de futuro fuertemente restringidas.

Se destacaba en el primer artículo que la situación no era fruto de la casualidad, sino que respondía a unas políticas conscientes del Gobierno del PP que, en paralelo a las políticas dominantes conservadoras de la UE, iban dirigidas a recuperar los deterioros auto-infligidos por el sistema financiero y las principales multinacionales, a costa de penalizar el empleo, los salarios y las dotaciones y servicios para el bienestar ciudadano, convirtiendo sus políticas en elementos básicos de transferencia de renta desde el trabajo al capital.

El resultado, como se citaba en el primer artículo, venía reflejado en datos como los recogidos, en septiembre de 2015, por Oxfam y Unicef, que calcularon que del orden del 29% de la población española (más de 13 millones de personas) se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social; y que desde principios de siglo su patrimonio se incrementaba en un 3%, mientras que el del 10% de la población más rica lo hacía en un 56%. Hoy sabemos que desde 2008, el número de patrimonios millonarios españoles (personas con capacidad de inversión superior al millón de dólares) se ha incrementado en un 50%, pasando a representar el 0,41% del total de la población en 2015 (www.worldwealthreport.com), a la vez que, según la Fundación BBVA, la "clase baja de la sociedad española" pasó a representar un 12% adicional de la población total, pasando del 26,6% de la población, en 2007, al 38,5%, en 2013.

Es decir, la crisis financiera internacional y las políticas del partido popular han contribuido a producir un trasvase de un 12% de la población total que podíamos considerar clase media a clase desfavorecida, mientras que el número de personas con renta millonaria se incrementaba en un 50% y alcanzaba al 0,41% de la población en 2015.

En el segundo grupo de artículos sobre la situación de las Comunidades Autónomas españolas partíamos de la constatación de que la evolución media española no incidía de manera homogénea sobre todos los territorios españoles, y que las desigualdades entre las comunidades autónomas (CCAA) españolas se habían acrecentado con la crisis, siendo imprescindible valorar hasta qué punto la gobernanza de las mismas estaba asociada a los resultados diferenciales encontrados. Para ello se utilizaban una serie de Indicadores básicos regionales cuya evolución entre 2011 y 2015 (población, empresas, ocupación y producción total, evolución del riesgo de pobreza, del empleo y de la tasa de paro) permitían establecer las desigualdades no estructurales que son achacables a los Gobiernos regionales responsables de la gestión en las correspondientes CCAA entre los citados años de 2011 a 2015.

Las respuestas autonómicas a la crisis iniciada en 2008 en España las llevaron a un fuerte nivel de endeudamiento y déficit ante la desaparición, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, de una de las fuentes de ingreso que les permitía mantener adecuados niveles de dotación de servicios (educación, sanidad, dependencia, etc.) que ante las presiones de la UE y del Gobierno del PP para potenciar un rápido "ajuste fiscal" devinieron en fuerte deterioro de las dotaciones de servicios de bienestar a la población respectiva. Los Gobiernos regionales que en 2011 heredaron una dinámica económica muy negativa, con fuertes condicionantes internacionales y estatales, tuvieron que hacer un esfuerzo por reconducir la situación. Pero no todos han tenido la misma eficacia y eficiencia en el proceso, destacando respecto al conjunto de las variables consideradas la positiva evolución relativa, entre 2011 y 2015, de las Illes Balears, La Rioja, Cataluña Madrid y Canarias. Mientras que, en el aspecto negativo, destacaban las dos Castillas, Asturias y, sobre todo, Cantabria.

Este proceso característico de la evolución de cada Comunidad Autónoma debía diferenciarse respecto a lo ocurrido en dos ámbitos claramente diferenciados; el medio urbano y el medio rural. Las diferencias entre ciudades se han considerado en el artículo anterior y nos llevaban a unas conclusiones claras en el sentido de destacar la importancia del tamaño de la ciudad, y la importancia del gobierno específico de cada ciudad en el grado de satisfacción de sus ciudadanos. En el hecho de que las dificultades del empleo en España y la crisis han incidido en la pérdida de satisfacción en el acceso a los servicios del bienestar de los ciudadanos, de forma general, pero de una manera menos sensible en las ciudades de tamaño medio. Y que, dada la importancia de las ciudades en la evolución relativa de las provincias españolas, sobre todo en aquellas más urbanizadas, la evolución de lo que acontece en esas provincias es el mejor ejemplo de lo que acontece en las respectivas ciudades. Y en ese sentido, quedaba clara, por orden de mayor a menor, la positiva evolución y potenciales medios de futuro para los residentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga. Bilbao, Área Central de Asturias, Zaragoza, Alicante-Elche, Bahía de Cádiz, Murcia, Vigo-Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Granada, Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, A Coruña, Valladolid, San Sebastián, Tarragona-Reus, Pamplona, Córdoba, Santander-Torrelavega y Castellón de la Plana, aunque las desigualdades personales y los niveles de bienestar de la mayoría de los ciudadanos no correspondiera a ese orden, tal y como se apreciaba al considerar los niveles de riesgo de pobreza o de calidad ambiental urbana.

En este artículo bajamos a valorar las desigualdades en un medio rural con tendencia a una pérdida de importancia del sector agrario frente a otros sectores, pero que, sin embargo, es superior en España a la de la mayoría de los países de la UE, como consecuencia de la considerable incidencia de sistemas de producción basados en el regadío y del alto valor de los productos tempranos o de primor, producidos en ciertas zonas del país, ciertos tipos de ganadería o la fruticultura tradicional, entre otros, que conducen a una Balanza comercial agraria con superávit.

Pero como ya hemos venido señalando, las condiciones del sector primario en España presentan muy fuertes desigualdades territoriales. Y muchas de ellas vienen asociadas a la pervivencia e incremento de lo que se han denominado zonas desfavorecidas del territorio español, bien por sus circunstancias orográficas -200.850 km2 del orden del 40% de España- o por problemas de despoblamiento y dificultades especiales -196.106 km2, del orden del 39% de España- lo que hace que el 78,8& del territorio español se considere desfavorecido, con unos niveles de depresión municipal que se recogen en la Figura siguiente, elaborada a partir de la delimitación de zonas de montaña y de las consideradas especiales por el Ministerio de Agricultura, y también a partir de las consideraciones socioeconómicas específicas de cada municipio y de las particularidades del sector primario en los mismos.

La peor situación se corresponde con el nivel 4 que, como se aprecia, corresponde al área noroccidental de España (Lugo y Ourense, fundamentalmente) que presenta características fuertemente depresivas, en gran parte por motivos orográficos (altitud sobre el nivel del mar, pendientes, capacidad agrológica y forestal) pero también, y muy directamente ligados a estos, por motivos socioeconómicos y de aislamiento relativo territorial. En menor medida, el fenómeno también afecta a las provincias a las que hemos hecho reiterada referencia en la primera parte de este artículo: Zamora, Soria, Teruel, Ávila, Salamanca, León, Palencia, Cáceres, Cuenca y Huesca. En otras provincias como Lleida, Almería, Albacete, Burgos o Castellón, la situación provincial es menos representativa de la dicotomía entre zonas fuertemente depresivas (en violeta, azul o verde en la Figura) y las no desfavorecidas (resto en blanco).

El resultado de los procesos considerados es que una gran parte de los municipios existentes tienen una población muy reducida y van a seguir sufriendo procesos de despoblamiento que harán insostenible económica y técnicamente la actual delimitación municipal. Pero, por otra parte, estos espacios representan la inmensa mayoría de la superficie de España y es donde se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico o los espacios de mayor biodiversidad y riqueza; y, por último, poseen numerosos bienes patrimoniales, arqueológicos y culturales de elevado interés. Sin embargo, su dinámica de despoblamiento progresivo es difícilmente reversible en la mayoría de ellos, aunque una adecuada política territorial, basada en el desarrollo de los potenciales endógenos disponibles y en la creciente valoración de los elementos medioambientales de su entorno, puede significar un importante incremento en los niveles y en la calidad de vida de sus ha

No obstante, la necesidad de prever y poner solución en la actualidad a una estructuración municipal obsoleta para lo que son las necesidades del siglo XXI, es una de las demandas no adecuadamente consideradas ni resuelta por nuestros poderes públicos para el conjunto de España, desde la década de los setenta del siglo pasado. La modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no ha resuelto ni va a resolver el problema que requiere concierto y acuerdo entre los distintos niveles administrativos y políticos si se desea avanzar en la cohesión y eficiencia de la gestión territorial.

En este marco, el espacio rural depende cada vez menos de la agricultura y la gestión del medio rural debe entenderse como un asunto territorial, no como una cuestión de política agrícola. La agricultura juega un papel muy importante en el medio rural en algunos territorios con agricultura intensiva o de regadío de alta productividad, pero en el resto su importancia es más cualitativa que cuantitativa. Y el desarrollo de los habitantes en este medio depende más de una Ordenación del Territorio coherente que de políticas de subvención cuyos beneficiarios, en muchas ocasiones, residen en las ciudades y los beneficios derivados sólo inciden de manera muy marginal sobre el medio rural.

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DESIGUALDADES Y PROBLEMÁTICA DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL

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En la serie de artículos iniciada en abril de este año nos hemos ido centrando en la temática de las desigualdades territoriales, enfocadas como comparación relativa de los estándares de bienestar de la población, primero, en los distintos países del planeta y en la posición que ocupa España en esa comparación; en segundo lugar en la situación diferencial de las distintas Comunidades Autónomas españolas y, en tercer lugar por su relevancia, dado el creciente proceso de urbanización de la población, en la comparación entre las principales ciudades españolas y del mundo.