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Deuda de EPS a hospitales en Antioquia asciende a $1,1 billones

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) hizo un llamado de atención por el tamaño de la deuda que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales públicos del departamento, que se ubica en 1,1 billones de pesos.

Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de Aesa, aseguró que el panorama de esta deuda es “crítico” especialmente porque al menos la mitad de esos recursos lo deben las EPS a más de 360 días, es decir a más de un año.

“Las EPS que más le deben a los hospitales en Antioquia son Savia Salud, que adeuda 250.000 millones de pesos; Nueva EPS, que debe 115.000 millones de pesos; y Coomeva, con 70.000 millones de pesos”, planteó Martínez.

En ese contexto, el vocero de Aesa expuso que el caso más preocupante es el de Coomeva ya que será intervenida por la Superintendencia de Salud, y de los 70.000 millones de pesos que adeuda, 50.000 millones de pesos los debe a más de 360 días, por lo que resaltó que “preocupa que esa EPS se declare en proceso de liquidación y se vaya debiendo esos recursos”.

Frente a la mencionada situación, este diario consultó a las tres EPS mencionadas y dos de ellas (Nueva EPS y Coomeva) respondieron que no se pronunciarían al respecto.

Por su parte, el gerente de Savia Salud, Luis Gonzalo Morales, aseguró que la entidad ha avanzado en los pagos al pasar de 532.000 millones de pesos adeudados al inicio de 2020 a 251.000 millones de pesos al cierre de ese año.

Según Morales, además de lograr la reducción de más del 50 % en la deuda en 2020, en la actualidad el 85 % de la misma es considerada como corriente, ya que tiene menos de 180 días, lo que significa, según él, que la EPS ha mejorado en esa materia, ya que anteriormente la mayoría de su deuda superaba los 360 días.

“Debemos una plata y la vamos a pagar, para eso estamos avanzando en el proceso de capitalización. Esperamos que el próximo año podamos estar pagando las deudas y ponernos al día”, apuntó el gerente de Savia Salud.

Afectaciones en hospitales

Martínez señaló que debido a esta situación la deuda de los hospitales públicos en Antioquia alcanzó los 900.000 millones de pesos, que corresponden al pago de las nóminas y, en mayor medida, a pagos a proveedores.

“Al menos 280.000 millones de pesos se deben al talento humano en salud, mientras que el resto de la deuda es con proveedores de los productos y servicios, especialmente por medicamentos”, apuntó el director ejecutivo de Aesa, quien agregó que ese panorama podría facilitar un desabastecimiento de insumos médicos.

Finalmente, desde dicha asociación se señaló que se espera que el caso de Coomeva no termine como ocurrió con EPS liquidadas o en proceso de liquidación como Medimás, Saludcoop, Emdisalud y Cafesalud, que quedaron debiendo 170.000 millones de pesos a los hospitales.

La semana anterior 15 hospitales y clínicas de Antioquia también alertaron por la intervención de Coomeva alegando que la EPS les adeuda 160.000 millones de pesos.

El Colombiano: https://www.elcolombiano.com/antioquia/la-deuda-de-las-eps-a-los-hospitales-publicos-en-antioquia-JB15143486

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Mi Vacuna y las segundas dosis, dos líos de la vacunación en Colombia

En medio del peor momento de la pandemia en Colombia, con un promedio de 570 muertes reportadas en los últimos cinco días, la vacunación contra el covid-19 muestra un descenso preocupante. Del 7 al 13 de junio se aplicaron 201.360 dosis en promedio, una caída del 21 por ciento en el ritmo si se tiene en cuenta que del 31 de mayo al 6 de junio se administraron 255.642 dosis en promedio.
De hecho, entre sábado y lunes festivo el promedio bajó a 151.901 a pesar de que se convocó a una jornada de intensificación de la vacunación y todos los priorizados en la etapa III por 27 comorbilidades o mayores de 50 años podían acercarse a los puntos sin cita y solo estando en el portal Mi Vacuna.
Sin embargo, ese fue uno de los embudos del proceso, tal como denunciaron cientos de personas en redes sociales, quienes querían acceder a las dosis y cumplían con los requisitos, pero no lograban aparecer priorizados en Mi Vacuna.
Tal como indica la epidemióloga Silvana Zapata, “El portal Mi Vacuna se está convirtiendo en la barrera administrativa más compleja para acceder a la vacuna. Personas que llevan dos semanas postuladas, con correos, historias clínicas, contratos de docente, carné y hasta la propia cédula y nada”, expone.
Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que representa a las EPS del régimen subsidiado, coincide en la preocupación que ha generado este proceso. “Estamos muy preocupados porque el Ministerio de Salud anuncia las aperturas de nuevas poblaciones y ni la plataforma PISIS ni Mi Vacuna están debidamente preparadas, lo que genera problemas para los usuarios y para las EPS”, asegura.

Segundas dosis

En medio de este panorama también preocupa el lento avance de las personas que deben recibir segundas dosis para completar sus esquemas de inmunización. Según el dato hasta el lunes, hasta el momento se ha cubierto a 3’875.823 personas completamente, que representan un avance del 11 por ciento en la meta de inmunizar para fin de año al 70 por ciento de la población (35 millones de personas).
En las últimas dos semanas se ha cubierto a 601.968 personas, que equivalen al 18,01 por ciento de las dosis 3’341272 que se han aplicado en ese tiempo.

En términos porcentuales desde el 31 de mayo solo se avanzó en 1,66 por ciento en la meta de este año y el promedio diario de segundas dosis es de 40.131. O en otras palabras, solo una de cada cinco dosis que se aplica cada jornada en el país es para completar esquemas de inmunización.
El Ministerio de Salud es consciente de ese problema y ha llamado para que se completen los esquemas de cientos de miles de ciudadanos. Con datos al jueves, eran 947.521 personas las que estaban pendientes de sus segundas dosis, lo que da un el rezago total del 21,7 por ciento.

El Tiempo: https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-problemas-en-mi-vacuna-y-de-dosis-en-el-plan-de-vacunacion-596111

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Reforma a la Justicia fue aprobada en último debate

La Plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto ley de reforma a la justicia con el que se busca, según ha asegurado el Gobierno, "avanzar en la transformación digital de la justicia y en un mayor acceso a esta por parte de los ciudadanos".

En el texto aprobado se incluyó, entre otras cosas, una disposición que lleva a que el presupuesto de la Rama Judicial pueda llegar hasta el 3% del Presupuesto General de la Nación. Esta disposición fue criticada por la senadora Paloma Valencia, quien cuestionó que se tome una decisión de ese tipo en medio de una crisis económica.
El representante de la Alianza Verde, Wilmer Leal, criticó el hecho de que se hubiera revivido un "mico" para acceder a los altos cargos de la Rama.

"Fue aprobada una proposición que revive un parágrafo que permite que los abogados recién graduados puedan ser magistrados, fiscales y procuradores. Esto se había advertido en la Cámara y se revivió", aseguró.
El proyecto ahora pasará a conciliación para luego pasar a sanción presidencial.

La W Radio: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/reforma-a-la-justicia-fue-aprobada-en-ultimo-debate/20210615/nota/4143401.aspx

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Un proyecto urgente en manos del Congreso

El Congreso tiene una oportunidad histórica de ayudar a mejorar la salud de los colombianos, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Si le da un último y necesario empujón a la Ley de Comida Chatarra, los paquetes de estos alimentos serán mucho más claros en sus advertencias. Las expertas han indicado que se trata de una medida que sí ayuda a reducir el consumo, mejorar la dieta y, ante todo, darles más capacidad de decisión a quienes consumen estos productos. Si, por el contrario, se deja pasar el poco tiempo que tenemos para la aprobación y se hunde, será un fracaso más del Legislativo ante el país.

Partamos del problema. El 21,5 % de los hogares colombianos consumen alimentos ultraprocesados. Hay una cultura desarrollada en torno a ellos, con especial prevalencia en niños, niñas y adolescentes. Los efectos son muy dañinos. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 44 % de las muertes en el continente se deben a dietas poco saludables. Entre ellas, en Colombia, se encuentra la comida chatarra.

El mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló en El Espectador sobre la importancia de tener mejores señales de alerta: “Lo que la sociedad colombiana merece es un etiquetado claro, concreto, que muestre efectivamente los riesgos y las características de los productos. Esto contribuye a las familias, a la industria y a veces hay un debate inane sobre un tema que no debería generar tanta controversia, sino tener la generosidad de proteger a nuestra población infantil”. La Organización Panamericana de la Salud agrega que “las advertencias nutricionales en el frente de los envases de los alimentos que advierten del contenido excesivo en grasas, azúcares y sal son la mejor manera de ayudar a las personas a evitar compras no saludables”.

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El Congreso tiene una oportunidad histórica de ayudar a mejorar la salud de los colombianos, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Si le da un último y necesario empujón a la Ley de Comida Chatarra, los paquetes de estos alimentos serán mucho más claros en sus advertencias. Las expertas han indicado que se trata de una medida que sí ayuda a reducir el consumo, mejorar la dieta y, ante todo, darles más capacidad de decisión a quienes consumen estos productos. Si, por el contrario, se deja pasar el poco tiempo que tenemos para la aprobación y se hunde, será un fracaso más del Legislativo ante el país.

Partamos del problema. El 21,5 % de los hogares colombianos consumen alimentos ultraprocesados. Hay una cultura desarrollada en torno a ellos, con especial prevalencia en niños, niñas y adolescentes. Los efectos son muy dañinos. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 44 % de las muertes en el continente se deben a dietas poco saludables. Entre ellas, en Colombia, se encuentra la comida chatarra.

No se trata, hay que ser claros, de satanizar a las empresas ni la libre elección que tienen los colombianos. En este debate los aportes de la industria han sido significativos. Lo importante es reconocer que los valores nutricionales que tienen los paquetes actuales son difíciles de entender, lo que lleva a que las personas los ignoren. Muchos colombianos terminan no sabiendo qué están comiendo y eso afecta directamente su salud.

El mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló en El Espectador sobre la importancia de tener mejores señales de alerta: "Lo que la sociedad colombiana merece es un etiquetado claro, concreto, que muestre efectivamente los riesgos y las características de los productos. Esto contribuye a las familias, a la industria y a veces hay un debate inane sobre un tema que no debería generar tanta controversia, sino tener la generosidad de proteger a nuestra población infantil". La Organización Panamericana de la Salud agrega que "las advertencias nutricionales en el frente de los envases de los alimentos que advierten del contenido excesivo en grasas, azúcares y sal son la mejor manera de ayudar a las personas a evitar compras no saludables".

Entonces: si la ciencia está de acuerdo, si los beneficios son evidentes, si modificar los empaques no afecta las libertades individuales ni se trata de una cacería contra las empresas que producen los alimentos, no hay motivos para que el Congreso deje pasar esta oportunidad.

El sobrepeso y la obesidad son retos de salud que se convierten en asesinos silenciosos. El rol del Estado, en colaboración con la empresa privada, es dar más información y especialmente fomentar buenas prácticas. Las etiquetas más claras no van a obligar a que las personas dejen de comprar los alimentos, pero sí a que las decisiones sean mucho más conscientes.

En últimas, se trata de una medida que beneficia a todos. Si logramos que las dietas de los colombianos sean cada vez más saludables, le quitamos presión al sistema de salud y mejoramos la calidad de vida. Por eso el proyecto es urgente. El Congreso debe actuar de forma vehemente para aprobarlo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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Un proyecto urgente en manos del Congreso

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El Congreso tiene una oportunidad histórica de ayudar a mejorar la salud de los colombianos, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Si le da un último y necesario empujón a la Ley de Comida Chatarra, los paquetes de estos alimentos serán mucho más claros en sus advertencias.

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Cumbre entre Putin y Biden: ¿cómo avanza la reunión y qué se espera?

La cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, comenzó este miércoles a las 1:35 p.m. hora local (6:35 a.m. hora Colombia), instantes después de que ambos llegaran por separado al lugar del esperado encuentro, una mansión del siglo XVIII llamada Villa La Grange en una zona céntrica de Ginebra, donde cada uno fue recibido por el presidente de Suiza, Guy Parmelin.

Los dos líderes abordarán prácticamente todos los asuntos que preocupan tanto a Moscú como a Washington. En la agenda figuran el estado actual y las perspectivas de las relaciones bilaterales, la estabilidad estratégica, los temas de seguridad informática y lucha contra la ciberdelincuencia. Además tratarán sobre la cooperación económica, el clima, el Ártico y la lucha contra el coronavirus.

Asimismo, Putin y Biden evaluarán la situación en Oriente Próximo, Siria, Libia, Afganistán, la península coreana, así como el programa nuclear iraní.

El líder estadounidense quiere además hablar con Putin de los derechos humanos y la persecución de la oposición rusa, entre ellos el encarcelado Alexéi Navalni.

Previsiblemente mencionará también ante su homólogo los estadounidenses presos en Rusia, entre ellos Paul Whelan, un antiguo infante de marina condenado a 16 años de prisión por espionaje.

Biden busca unas relaciones "estables y predecibles", mientras que Putin quiere un diálogo basado en el respeto mutuo, en la igualdad y sin injerencias en los asuntos internos de Rusia. Ambas delegaciones insisten en que la cumbre en sí misma ya supone un avance.

El Kremlin ha avanzado como posible resultado de la cita el retorno de los embajadores de EE. UU. y de Rusia a sus respectivos destinos y la eliminación de obstáculos al trabajo de las legaciones.

Más allá, están sobre la mesa la reanudación del diálogo sobre estabilidad estratégica para definir la agenda de cara al vencimiento del tratado de desarme nuclear Nuevo START en 2026 y la inclusión de nuevas armas en futuros pactos.

Y el reinició de las conversaciones sobre seguridad cibernética. Ese diálogo comenzó en 2013 pero quedó congelado debido a desacuerdos sobre Ucrania y la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

El Tiempo: https://www.eltiempo.com/mundo/europa/joe-biden-y-vladimir-putin-reunion-en-suiza-en-vivo-hoy-16-de-junio-596286

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Israel lanza nuevos ataques aéreos sobre Gaza

Israel lanzó nuevos ataques aéreos sobre la Franja de Gaza la madrugada del miércoles (16.06.2021) luego que simpatizantes de Hamás impulsaran decenas de globos incendiarios al otro lado de la frontera, según confirmaron fuentes oficiales palestinas e israelíes.

Los ataques con misiles, según Hamás y testigos presenciales, apuntaron a instalaciones militares que pertenecen a las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de ese movimiento islámico, sin que por el momento se haya informado de víctimas. Las mismas fuentes precisaron que drones de reconocimiento sin piloto del Ejército israelí sobrevolaron el enclave costero alrededor de la medianoche y luego se escucharon varias explosiones en el sur y centro de la Franja de Gaza.
"Durante el último día, se lanzaron globos incendiarios desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. En respuesta, hace poco tiempo, aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron recintos militares de la organización terrorista Hamás, que se utilizaron como instalaciones y lugares de reunión para operativos terroristas", informó poco después el Ejército israelí en un comunicado.
La Fuerza Armada de Israel responsabilizó a Hamás de "todos los eventos ocurridos" en el enclave, y aseguró que está preparada para "cualquier escenario, incluido la reanudación de las hostilidades ante las continuas actividades terroristas en la Franja".
Los ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza son los primeros desde el 21 de mayo, cuando entró en vigor una tregua "mutua, simultánea y sin condiciones" que puso fin a una escalada bélica que se prolongó durante once días y acabó con 255 muertes en el enclave y 13 en Israel.

Según las autoridades israelíes, el lanzamiento de globos incendiarios durante el martes provocó más de 25 incendios en el sur de Israel, sin causar heridos ni grandes daños. Organizaciones de Palestina respondieron así a la celebración de la Marcha de las Banderas por las calles de Jerusalén Este.

DW: https://www.dw.com/es/israel-lanza-nuevos-ataques-a%C3%A9reos-sobre-gaza/a-57914526?maca=es-Whatsapp-sharing

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Están en vilo $1 billón del sector de Minas y Energía

Siete entidades están en la mira de la Contraloría General de la Nación luego de que este organismo adelantara, en ellas, varias inspecciones de fiscalización y auditoría financiera.

El resultado de las labores en los primeros seis meses del año es que hay 10 alertas de control interno por un posible riesgo de pérdida de recursos públicos, los cuales ascienden a cerca de 1 billón de pesos.

Orlando Velandia, contralor delegado para el sector de Minas y Energía,  dijo que “hay que precisar que no se comporta una pérdida materializada, sino que se han determinado situaciones que, de no tomarse las actividades correspondientes, pueden desencadenarse en la pérdida de recursos muy cuantiosos”.

Entre los involucradas están grandes entidades como Ecopetrol, Reficar, Ocensa, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto de Colombia S.A., Centrales Hidroeléctricas de Nariño (Cedenar), e incluso el Ministerio de Minas y Energía.

La pérdida de los recursos se concretaría si “sobre dichas situaciones detectadas no se toman las medidas pertinentes y oportunas”, dijo en un comunicado la Contraloría, mientras que el contralor añadió que ya se hicieron las notificaciones respectivas.
El despacho de la Contraloría que lidera Velandia anunció que, de las siete, Reficar es la que presenta el mayor impacto económico de posible pérdida, con una cifra de $583.660.962.800.

Según el órgano de control, en este caso, hasta el 31 de diciembre pasado, 1.956 activos de los 37.992 registrados en dos sociedades no tenían un administrador responsable para ellos. “Hay activos que están a la deriva y no tienen un doliente”, destacó Velandia.

El Ministerio de Minas también fue uno de los implicados. Ellos aparecen en dos de los 10 procesos: en uno junto a Cedenar, y en otro con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas.

En ambos casos, la suma de dinero que está en riesgo es de $283.218.886.428. Esta se debe a que se aluden pagos injustificados de erogaciones, esquemas que no garantizan la sostenibilidad de proyectos y algunos ajustes a realizar.

De hecho, ante este último punto, el contralor resaltó que, tanto el Ministerio como las otras seis, “han mostrado su plena voluntad de tomar las medidas pertinentes, pero no basta con la manifestación, hay que pasar a las acciones”.

La tercera suma que se destaca, luego de la de Reficar y la del Ministerio, es la de Ecopetrol. Allí, según palabras textuales de Velandia, no se acomete una debida acción de repetición para poder recuperar los dineros a través de los cuales la entidad fue condenada.

¿Qué implica esto? “Que no podamos recuperar estas importantes cantidades por este concepto”, añadió Velandia. Por el momento, los hallazgos indican que existe riesgo de perder $20.465.227.110.

Además, hay otro monto por el no cobro del aporte establecido del 5 % en contratos de obra pública. Este diario se comunicó con Ecopetrol, desde donde se informó que “la empresa se reunirá con el organismo de control para explicarle los argumentos legales sobre los que se basa su actuación en estos aspectos”.

En el resto de casos, “no se están acometiendo los cobros a su cartera y se está en eminente riesgo de pérdida de recursos”, añadió el contralor.

Por eso, su mensaje es que “no esperemos hasta que se den situaciones lamentables, sino que podamos alertar a los gestores públicos a tomar medidas pertinentes”. Y añadió que en 2021 sí se han materializado pérdidas en este sector, que ascienden a $28.000.000.000.

El Colombiano: https://www.elcolombiano.com/colombia/estan-en-vilo-1-billon-del-sector-de-minas-y-energia-AB15144567

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Todos sus datos, gastos y gustos podrían ser monopolizados por la Registraduría, un riesgo en elecciones: Colombia Fintech

Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, mostró su preocupación frente a algunos puntos planteados en el Congreso de la República relacionados con la cédula digital que generaría, según él, un millonario gasto innecesario que afectaría no solo el erario, sino que además arrastraría varios problemas que pondrían en riesgo, incluso, la transparencia en las elecciones.

Aclara que es consiente que al igual que en el mundo, es la Registraduría General de la Nación la encargada de identificar a los ciudadanos, pero el verdadero problema radica en pretender que se convierta en el único validador de información de identificación. “Lo que pretende el Estado es que cada vez que alguien haga una compra, una transferencia bancaria, ingrese a alguna plataforma digital que requiera de su identificación, todo quede registrado en una única base de datos, con la gravedad de que se ha conocido desde siempre la corrupción que se ha permeado esta institución”, dijo Rincón.

Advirtió que la privacidad de cada ciudadano se podría ver afectada. “Si siempre yo me estoy identificando con la cédula digital para muchos servicios, pues la Registraduría va a tener muchísimos datos de mis actividades en línea y ellos se van a convertir en El Gran Hermano que no queremos y mucho menos en un Gran Hermano que es autoridad electoral, eso es muy peligroso en una democracia”.

“La Registraduría históricamente no ha sido exitosa en garantizar la seguridad de sus datos, muchos de sus empleados se han visto involucrados en emisión de cédulas falsas, en venta de bases de datos, ¿cómo garantizar que eso no pase en esta nueva etapa?, cuestionó.

Si se ejecuta el proyecto, según Rincón y otros miembros del sector tecnológico y financiero, una de las consecuencias sería que “la Registraduría se va a enterar en qué me gasto la plata, qué productos financieros estoy tomado, cuáles son mis gustos y esto sería muy útil para algunos intereses”. Advirtió que podría empezar a perfilar a los ciudadanos y esa información es muy riesgosa que la tenga la entidad encargada de las jornadas electorales.

“Es inconveniente que ellos tengan perfiles de los ciudadanos a partir de los consumos, de las necesidades, por los usos en los que se están verificando a través de la cédula digital y lo peor de todo es que tendrían acceso a un montón de data de los colombianos que realmente no tienen por qué tener”, insistió, recordando que la norma como quedó redactada no solo servirá para la validación en temas electorales sino para todo un universo de actividades. Por lo que hacen un llamado al magistrado de la Corte para que tenga en cuenta eso dentro del artículo y evitar futuros dolores de cabeza.

Ese es un proyecto que no está bajo la Registraduría realmente, sino bajo a sus aliados técnicos que son los mismos desde hace 15 años; señaló que esto está también violando el derecho a la libre competencia. “Lo que se está creando es una restricción clara a un mercado que hoy en día es muy competido, y lo que se está creando con el Código Electoral que es donde metieron el proyecto de cédula digital es algo que claramente por unidad de materia no puede pasar, porque se está generando un monopolio de pacto”.

Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/todos-sus-datos-gastos-y-gustos-podrian-ser-monopolizados-por-la-registraduria-un-riesgo-en-elecciones-colombia-fintech/202109/

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Amenazas contra líder de la ACVC

El día domingo 13 de junio sobre las 8 de la mañana el líder social y campesino, dirigente de la Asociación campesina del Valle del río cimitarra Miguel Cifuentes Ardila, al arribar a su finca en la vereda las Américas del municipio de Yondó, encontró en los alrededores de su casa y dentro de su vivienda varios panfletos que habían sido lanzados específicamente en el lugar, firmados por el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia ACG.

En dicho comunicado el grupo paramilitar intimida a quiénes participan en lo que ellos denominan, “bloqueos y vandalismo generalizado”. Además, señalan a los responsables del paro de “quebrar los pequeños negocios, destruir la propiedad privada, generar desempleo, afectar el aparato productivo y generar impacto a los recursos de inversión social del Estado”, afirman tener control militar en los departamentos de Antioquia chocó Córdoba y Bolívar y exigen que “deben cesar inmediatamente las acciones de paro”.

Cabe resaltar que el contenido de este panfleto coincide plenamente con el discurso del establecimiento, qué responsabiliza de su incompetencia, su política antisocial y su incapacidad de resolver los problemas de las comunidades, al movimiento social que ha impulsado las acciones de movilización del paro nacional desde el día 28 de abril. Este tipo de modalidad, de lanzar clandestinamente materiales con las insignias de un grupo responsable del asesinato de líderes sociales, se constituye en una abierta amenaza a quiénes se han destacado en las regiones como referentes de las expresiones que confluyen en esta movilización civilista y democrática.

La aparición de estos panfletos en medio de la estigmatización permanente del gobierno al paro nacional, la violación de derechos humanos, denunciada ante la comisión interamericana, y más aún cuando, solo en lo corrido del año 2021 han sido asesinados 72 lideres sociales y 26 firmantes de paz, no puede generar mas que alarma frente a la integridad y la vida del reconocido activista social del Magdalena medio.

La Asociación campesina del valle del rio cimitarra, ha sido victima de la persecución oficial y paraestatal, varios de sus miembros han sido asesinados y sus comunidades desplazadas. Su lucha por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio, acompañada por la solidaridad internacional y el reconocimiento de distintos sectores de la vida nacional, que les hizo merecedores del premio nacional de paz y del premio nacional de derechos humanos, hace que su proceso de zonas de reserva campesina y sus proyectos productivos, sean un referente nacional e internacional.
Miguel es un destacado integrante de la ACVC, fundador de este proceso organizativo, su familia es reconocida en el municipio antioqueño y ha sido activa en la participación en procesos sociales y comunitarios, hasta el año pasado estuvo al frente de la oficina de paz del municipio, y actualmente hace parte de la coordinación política de la asociación y consejero político del partido Comunes en el Magdalena medio.

La organización campesina interpuso denuncia ante la fiscalía y elevara solicitud de protección ante los entes del estado, personería y defensoría del pueblo, he hizo un llamado a la solidaridad con el líder social y campesino. El estado colombiano esta obligado a garantizar la integridad de quienes desarrollan su trabajo para el bienestar de sus comunidades, la estigmatización incita a los grupos armados para aterrorizar a las comunidades y actuar contra la integridad de sus representantes. Es imperativo que se implemente el acuerdo de paz y se desarticulen estas estructuras criminales que ponen en riesgo el tejido social y sus liderazgos.

Agencia Prensa Rural: https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article26846

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“El Clan del Golfo se está tomando a Colombia”: entrevista con el obispo de Quibdó

Monseñor Juan Carlos Barreto, quien hace siete años está en Chocó, advierte el avance de ese grupo paramilitar y denuncia alianzas con integrantes de la Fuerza Pública. Le pide a la comunidad internacional escuchar las propuestas que tienen las organizaciones sociales para acabar la guerra en el departamento.
La hora cero del Paro Nacional llegó en medio de un incremento en los índices de violencia en Chocó. En ese departamento el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Fuerza Pública libran combates por el control territorial, sobre todo en áreas rurales. Además, en Quibdó, la violencia entre bandas arreció y sus mayores víctimas son los jóvenes, como lo contamos en este reportaje: en 2019, según Medicina Legal, esa ciudad reportó 91 asesinatos, de los cuales 66 fueron perpetrados contra menores de 34 años.

Las comunidades que habitan en zonas rurales han visto coartada su movilidad no por bloqueos en medio de la protesta, sino hace meses por cuenta del confinamiento a los que los tienen sometidos los enfrentamientos entre grupos armados.

A eso se suma que las propuestas que han hecho las organizaciones indígenas y afrodescendientes del departamento no han sido escuchadas por los actores en confrontación. Incluso, ellos llevaron el Acuerdo Humanitario Ya a la mesa de negociaciones entre el Eln y el Estado en Quito (Ecuador). Se trata de una serie de exigencias tanto a la Fuerza Pública como a los grupos armados irregulares para desescalar la confrontación en el departamento. Pero la negociación se rompió sin avances humanitarios.

Monseñor Juan Carlos Barreto, que desde 2013 está al frente de la diócesis de Quibdó, ha recorrido el departamento y ha acompañado a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. En entrevista con PACIFISTA!, el obispo señala que las AGC (a las cuales el Estado les ha cambiado varias veces el nombre, por lo que a veces son mencionadas como el ‘Clan del Golfo’) han avanzado en el control del departamento, que lo hacen con connivencia sectores de la Fuerza Pública y pide que el Acuerdo Humanitario Ya sea conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.

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Nicolás Sánchez - junio 14, 2021
Monseñor Juan Carlos Barreto, quien hace siete años está en Chocó, advierte el avance de ese grupo paramilitar y denuncia alianzas con integrantes de la Fuerza Pública. Le pide a la comunidad internacional escuchar las propuestas que tienen las organizaciones sociales para acabar la guerra en el departamento.
La hora cero del Paro Nacional llegó en medio de un incremento en los índices de violencia en Chocó. En ese departamento el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Fuerza Pública libran combates por el control territorial, sobre todo en áreas rurales. Además, en Quibdó, la violencia entre bandas arreció y sus mayores víctimas son los jóvenes, como lo contamos en este reportaje: en 2019, según Medicina Legal, esa ciudad reportó 91 asesinatos, de los cuales 66 fueron perpetrados contra menores de 34 años.

Las comunidades que habitan en zonas rurales han visto coartada su movilidad no por bloqueos en medio de la protesta, sino hace meses por cuenta del confinamiento a los que los tienen sometidos los enfrentamientos entre grupos armados.

A eso se suma que las propuestas que han hecho las organizaciones indígenas y afrodescendientes del departamento no han sido escuchadas por los actores en confrontación. Incluso, ellos llevaron el Acuerdo Humanitario Ya a la mesa de negociaciones entre el Eln y el Estado en Quito (Ecuador). Se trata de una serie de exigencias tanto a la Fuerza Pública como a los grupos armados irregulares para desescalar la confrontación en el departamento. Pero la negociación se rompió sin avances humanitarios.

Monseñor Juan Carlos Barreto, que desde 2013 está al frente de la diócesis de Quibdó, ha recorrido el departamento y ha acompañado a las comunidades más afectadas por el conflicto armado. En entrevista con PACIFISTA!, el obispo señala que las AGC (a las cuales el Estado les ha cambiado varias veces el nombre, por lo que a veces son mencionadas como el 'Clan del Golfo') han avanzado en el control del departamento, que lo hacen con connivencia sectores de la Fuerza Pública y pide que el Acuerdo Humanitario Ya sea conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.
PACIFISTA!: Este estallido social parece vibrar en toda Colombia. ¿Cómo se ha sentido el Paro esta vez en Chocó?
Monseñor Juan Carlos Barreto: Aquí se han hecho algunas marchas y los jóvenes han hecho presencia a través de actos culturales. Pero el nivel tan alto de contagios del Covid-19 ha hecho que mucha gente evite tener una presencia mayor en las calles. Desde aquí se han hecho los reclamos históricos que se sabe que hay que pedir a través de la movilización social, muchos derechos que son negados a través de las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo, como sucedió con los Paros Cívicos de 2016 y 2017 y muchos otros que se han dado anteriormente. Los acuerdos han avanzado poco. Además, acá se siente mucho más que en otras partes el desempleo, se habla de un 70 u 80% de informalidad. El nivel de pobreza nacional estaba en 38% a nivel nacional en 2019 mientras aquí estaba en el 68%. Es un desequilibrio muy grande de la región frente al país. La presencia de los grupos armados hace mucho más difícil la vida en el territorio porque, además del abandono del Estado y de la corrupción de muchos líderes regionales, está también todo el problema de ese accionar tan negativo que tienen el Eln y las Agc y algunos problemas de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con las AGC.
En medio del Paro, el Gobierno insinuó que había acercamientos con el Eln para dialogar ¿Usted cree que la reanudación de la mesa un punto de la movilización?
Se debe abordar desde el Paro o desde las instancias establecidas para eso. Realmente no ha habido ninguna posibilidad de disminuir el accionar de los grupos armados en Colombia y, después de que las Farc dejaron las armas, el Eln y las Agc han retomado esos territorios, concretamente en Chocó. No hay control territorial de la Fuerza Pública ni ha llegado la presencia del Estado con inversión social. Hay que retomar esos diálogos, ojalá lo más pronto posible. Sabemos que ha sido muy difícil porque ni el Gobierno ni el Eln han tenido posiciones definidas a favor de una conversación. Al Gobierno le cuesta mucho decir que podemos solucionar los problemas de violencia a través del diálogo y el Eln tiene discurso político, pero tiene acciones de guerra contra la población civil violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
¿Dónde se vive la situación más crítica de confrontación armada en Chocó?
En este momento están críticos los 30 municipios, todas las subregiones tienen afectaciones. Tal vez uno o dos municipios estarán libres de la acción de los grupos armados, pero el Atrato, el San Juan, el Baudó y la Costa, tienen presencia de las AGC y del Eln, financiados por la minería ilegal y el narcotráfico y dueños de la extorsión de todo el departamento. La situación es muy difícil además porque a Quibdó han llegado estos tentáculos de una manera muy fuerte y muy clara, se están enfrentando por las economías ilegales.
Antes de que iniciara el Paro hubo una situación muy crítica en el Baudó por confrontaciones y minas antipersona ¿Cómo está hoy esa región?
Hemos visibilizado algo que viene pasando hace mucho tiempo, la disputa territorial de los actores armados con muchos matices de connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares. Y todo lo que eso ocasiona: amenazas a líderes y comunidades, confinamientos, desplazamientos, asesinatos selectivos, instalación de minas antipersona, con la consecuente pérdida de autonomía territorial de las comunidades, el hambre en la que están viviendo y el sentido de abandono y de desesperanza que tienen. Lo que encontramos en el Alto Baudó lo logramos visibilizar, parece que ha servido un poco para mitigar la dureza con la que estaban actuando los grupos armados, pero eso todavía es objeto de un mayor seguimiento.
¿Cómo se evidencia la connivencia entre los paramilitares y la Fuerza Pública de la que usted habla?
Desafortunadamente hay casos en los cuales el Ejército logra hacer que el Eln se vaya, pero ahí se abre un boquete para que lleguen las AGC. Primero hubo una avanzada muy fuerte del Eln y luego vino la avanzada de las Agc. Con toda esa presencia de la Fuerza Pública quedan muchos interrogantes sobre por qué se mueven con tanta facilidad estos grupos y en zonas tan centrales. Sabemos que es un territorio difícil de controlar, pero hay interrogantes de fondo.
¿Qué mensaje le manda este momento histórico a un grupo armado como el ELN, que tiene unas bases ideológicas de izquierda?
Lo que nosotros vemos es un grupo armado violando el derecho internacional humanitario con discurso ideológico, esa es la percepción que tienen la Iglesia y las organizaciones etnicoterritoriales. Sin embargo, el camino siempre será el diálogo. Las Farc también eran un grupo armado que violaba el DIH y tenía acciones delincuenciales, pero es "estatus político" sirvió para que dejaran las armas y se reintegraran a la sociedad. Esto debe servir también con el Eln. El camino es que las armas estén en poder del Estado únicamente y que el Estado no las utilice mal contra la población civil. Que no haya grupos armados ni civiles armados en ninguna parte del país.
¿La respuesta brutal de la Policía frente al Paro puede alejar esas expectativas de paz?
Se han constatado muchos abusos, se han hecho muchas denuncias y desafortunadamente no hay transparencia en la información y en las investigaciones, el Estado debería garantizar mucho más esa transparencia. Sabemos que también ha habido personas dentro de la protesta con ideologías extremistas y personas que están afuera de la protesta dedicados a las acciones delincuenciales que han atacado a miembros de la Fuerza Pública. Pero acá el Estado es el que tiene que dar el ejemplo, es el que tiene el imperativo ético de respetar los derechos humanos y de hacer un uso adecuado de la fuerza. Hay signos que son muy negativos, como que los órganos de control y de investigación no le hayan dado la confianza de que están investigando seriamente estas violaciones a los derechos humanos y la resistencia que, de alguna manera, hubo a que organismos del orden internacional vengan a Colombia a revisar lo que está pasando aquí.
Usted se la ha jugado por el Acuerdo Humanitario Ya ¿Por qué?
Porque estamos en una situación donde el Estado no garantiza derechos, no tiene control territorial y no tiene la suficiente empatía con los territorios y en la que existe una guerrilla que tiene un discurso ideológico que se contradice con sus acciones de guerra contra el mismo pueblo. Ahí es necesario que la sociedad civil se pare frente a los dos actores y les diga que tienen que respetar el DIH y que ese es un paso que aclimata para que venga un diálogo serio.
¿Qué espera que pase con el Acuerdo Humanitario Ya?
El Acuerdo se presentó en la mesa de negociaciones de Quito (Ecuador) y allí hubo cierta simpatía de parte del Gobierno y del Eln. Sin embargo, no trascendió de bonitas palabras. Ahora se ha intentado visibilizar ante las dos partes, aunque no estén en la mesa. Creemos que si no se ha podido por esos canales es necesario que la sociedad civil siga insistiendo ante organismos internacionales, formalizar esa solicitud de Acuerdo Humanitario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
¿Por qué es urgente finalizar el conflicto con el ELN?
Es que Colombia debe finalizar muchos conflictos. Debe finalizar el conflicto social que no se ha resuelto, que está en la base de todo. Afortunadamente se puso sobre la mesa cuando la gente decidió salir a la calle y expresarse en diferentes escenarios acerca de su visión crítica de lo que ha sido el Gobierno en estos 200 años y de las leyes y prácticas económicas y políticas que se han tenido. Es muy importante solucionar el conflicto con el ELN y también con el conflicto que ha crecido a través de la presencia de las AGC. El Clan del Golfo se está tomando Colombia, las ciudades, llega primero a través de la extorsión, pero luego va haciendo muchos otros daños y nosotros tenemos que, como nos ha dicho el Papa Francisco, sentarnos a dialogar sobre esas realidades que está viviendo el país, decirnos la verdad, hacer unos acuerdos y reconciliarnos.

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"El Clan del Golfo se está tomando a Colombia": entrevista con el obispo de Quibdó | ¡PACIFISTA!

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Monseñor Juan Carlos Barreto, quien hace siete años está en Chocó, advierte el avance de ese grupo paramilitar y denuncia connivencia con la Fuerza Pública. Le pide a la comunidad internacional escuchar las propuestas que tienen las organizaciones sociales para acabar la guerra en el departamento.