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Minería: Perú es uno de los principales productores de metales en el mundo, con una
industria minera que abarca desde el oro y la plata hasta el cobre, zinc, plomo y estaño,
entre otros minerales. La minería genera empleo y contribuye significativamente a la
economía del país. Sin embargo, también está asociada con graves impactos ambientales
como la contaminación de agua y suelos, deforestación y pérdida de biodiversidad. Los
conflictos socioambientales en la minería suelen surgir por la afectación a comunidades
locales, que ven amenazados sus recursos naturales y su calidad de vida.
- Petróleo y gas: La extracción de hidrocarburos es otra actividad importante en Perú,
especialmente en la Amazonía y la costa norte. Aunque es crucial para el abastecimiento
energético del país, el petróleo y el gas también conllevan riesgos ambientales
significativos, como derrames de petróleo y contaminación del aire y agua. Los conflictos
socioambientales relacionados con esta actividad suelen girar en torno a la contaminación
ambiental y la afectación de comunidades indígenas que dependen de recursos naturales
para su subsistencia.
- Extracción forestal: Perú posee vastas extensiones de bosques tropicales, lo cual lo
convierte en un importante exportador de madera y productos forestales. La
deforestación asociada con la extracción de madera ilegal es una preocupación ambiental
grave y una fuente de conflictos, especialmente cuando se afectan áreas protegidas o
territorios indígenas.
- Pesca: La pesca es vital para las comunidades costeras peruanas y constituye una industria
importante para la economía nacional. Sin embargo, la sobrepesca y la pesca ilegal afectan
la sostenibilidad de los recursos pesqueros y generan conflictos entre pescadores
artesanales e industrias pesqueras.

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El extractivismo en Perú está estrecmente vinculado con los conflictos socioambientales debido
a varios factores:

Impactos ambientales: Las actividades extractivas suelen causar contaminación ambiental, deforestación y pérdida de biodiversidad, afectando directamente a las comunidades locales que dependen de estos recursos para su sustento.

Derechos de las comunidades: Muchas de las operaciones extractivas ocurren en tierras
que tradicionalmente pertenecen a comunidades indígenas o locales. La falta de consulta adecuada y la afectación de sus derechos territoriales suelen generar resistencia y
protestas.

Conflicto por recursos: La competencia por recursos como agua, tierra y bosques entre
las industrias extractivas y las comunidades locales puede intensificar los conflictos,
especialmente en áreas donde estos recursos son escasos o críticos.

Gobernanza débil: En algunos casos, la debilidad institucional y la corrupción pueden
agravar los problemas socioambientales asociados con el extractivismo, ya que las
regulaciones y las normativas ambientales no se aplican de manera efectiva.

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El "Baguazo" se refiere al conflicto ocurrido en la localidad de Bagua, Amazonas, Perú, el 5 de junio de 2009, entre las fuerzas del orden peruano y pobladores indígenas.

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1. Normativa de tierras y recursos: El conflicto se desencadenó principalmente por la
oposición de las comunidades indígenas amazónicas a una serie de decretos legislativos
emitidos por el gobierno peruano bajo el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos. Estos decretos facilitaban la explotación de recursos naturales en sus
territorios sin su consentimiento previo.
2. Consulta previa: Las comunidades exigían el derecho a la consulta previa, libre e
informada, reconocido por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT,
antes de la implementación de cualquier medida legislativa o administrativa que pudiera
afectarles.
3. Intereses económicos: Las políticas promovidas por el gobierno de entonces buscaban
facilitar la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales en la Amazonía
peruana, lo que era percibido como una amenaza a los derechos territoriales y
ambientales de las comunidades indígenas.

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1. Pérdida de vidas humanas: El enfrentamiento dejó un saldo trágico de 33 personas
fallecidas, entre policías y pobladores indígenas, además de decenas de heridos.
2. Impacto político y social: El Baguazo tuvo repercusiones a nivel nacional e internacional,
generando una profunda crisis política en Perú y aumentando la conciencia sobre los
derechos de los pueblos indígenas y la gestión de conflictos socioambientales.

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Estado: Fue criticado por su manejo de la situación, utilizando la fuerza para resolver un
conflicto que podría haberse abordado mediante el diálogo y el respeto a los derechos
indígenas.

Empresa privada: Las empresas extractivas y agroindustriales tenían interés en los
recursos naturales de la Amazonía y fueron percibidas como beneficiarias de las políticas
que generaron el conflicto.

Sociedad civil: La sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales y
movimientos sociales, jugó un papel crucial en la visibilización del conflicto y la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas.

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La Ley de Consulta Previa en Perú es un marco legal que reconoce el derecho de los pueblos
indígenas y comunidades campesinas a ser consultados de manera previa a la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Esta ley es crucial porque busca asegurar que las decisiones que afecten a estos grupos respeten sus derechos,
cultura, territorio y formas de vida.

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1. Identificación y delimitación del ámbito territorial: En esta fase, se determina cuáles son
las comunidades indígenas o campesinas afectadas por la medida propuesta y se define
claramente el territorio sobre el cual se llevará a cabo la consulta.
2. Información sobre la medida propuesta: Se proporciona información clara, accesible y
comprensible sobre la medida que se pretende adoptar, así como sus posibles impactos
sobre los derechos de las comunidades involucradas.
3. Consulta propiamente dicha: Es la fase donde se lleva a cabo la consulta en sí. Las
autoridades deben coordinar y realizar un proceso de diálogo con las comunidades
afectadas, buscando obtener su consentimiento libre, previo e informado respecto a la
medida propuesta.
4. Implementación de acuerdos: En caso de llegar a acuerdos durante la consulta, estos
deben ser implementados de buena fe por las autoridades y las empresas u entidades
responsables, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
5. Seguimiento y evaluación: Después de implementada la medida, se debe realizar un
seguimiento y evaluación para asegurar que se respeten los compromisos acordados y
que no se vulneren los derechos de las comunidades.

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Los conflictos socioambientales son disputas que surgen entre diversos actores sociales, como comunidades locales, empresas privadas y el Estado, en relación con el uso y la gestión de recursos naturales o proyectos que afectan al medio ambiente. Estos conflictos pueden tener múltiples causas y consecuencias significativas.

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Impacto ambiental: Proyectos que afectan negativamente a los recursos naturales locales, como la minería, la construcción de represas, o la explotación forestal.

Desigualdad y justicia ambiental: Distribución desigual de los beneficios y costos ambientales, donde las comunidades locales pueden enfrentar impactos negativos mientras otros se benefician.

Falta de participación y consulta: Las comunidades locales pueden sentirse excluidas de decisiones que afectan su entorno.

Derechos territoriales: Conflictos sobre la propiedad de la tierra y los recursos, especialmente en áreas indígenas o rurales.

Normativas y regulaciones débiles: Falta de cumplimiento de leyes ambientales o debilidad en la regulación por parte del Estado.

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División social: Tensiones y conflictos entre diferentes grupos dentro de una comunidad.

Impactos económicos: Interrupción de actividades económicas locales y nacionales.

Impactos ambientales: Daños irreversibles al medio ambiente local.

Inestabilidad política: Debilitamiento de la legitimidad y gobernabilidad del Estado.

Costos legales y reputacionales: Costos adicionales para las empresas y el Estado debido a litigios y daño a la reputación.

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Identificación del problema: Reconocimiento de la situación problemática por parte de las comunidades afectadas.

Movilización y protesta: Organización y movilización de las comunidades para defender sus derechos y demandas.

Negociación y mediación: Intentos de resolver el conflicto a través de negociaciones entre las partes involucradas o mediante mediación por terceros.

Polarización y radicalización: Aumento de tensiones y posiciones extremas cuando las negociaciones fracasan.

Resolución o escalada: Puede resultar en resolución del conflicto, mediante acuerdos o decisiones judiciales, o en escalada con mayores conflictos y violencia.

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Estado: Debe actuar como regulador imparcial, aplicando leyes y normativas ambientales, facilitando la consulta y participación pública, y asegurando la protección de derechos humanos y ambientales.

Empresa privada: Debe operar de manera responsable, respetando los derechos de las comunidades locales y mitigando impactos ambientales, cumpliendo con las normativas vigentes.

Sociedad civil: Incluye las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y activistas, quienes pueden presionar por la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos, así como participar activamente en el proceso de toma de decisiones.

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Los movimientos indígenas son iniciativas sociales y políticas que buscan defender y promover los derechos, la cultura, la autonomía y el bienestar de los pueblos indígenas. Estos movimientos emergen en respuesta a la marginación, discriminación y explotación que han sufrido históricamente los pueblos originarios.

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Olvido estatal y discriminación: Las comunidades indígenas, como los aymaras, quechuas y huaris, denuncian el abandono por parte del Estado y la humillación por parte de la población urbana, especialmente en Lima.

Desigualdad socioeconómica: A pesar de que una cuarta parte de la población peruana es indígena, enfrentan desigualdades significativas en acceso a servicios y oportunidades.

Estigmatización y racismo: Existe una fuerte estigmatización de los pueblos indígenas, quienes son frecuentemente relacionados con el terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la discriminación étnica, racial y regional en Perú.

Rechazo al sistema político actual: Los movimientos indígenas critican instituciones como el Congreso, considerándolo un invento europeo obsoleto para la realidad peruana.

Demandas de inclusión y representación: Los indígenas exigen ser incluidos en la toma de decisiones y la construcción de un país más equitativo.

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Visibilización de problemas: Las protestas han puesto en el centro del debate nacional la situación de los pueblos indígenas y la discriminación que enfrentan.

Cambios políticos: La presión de los movimientos indígenas puede llevar a reformas políticas y legales que reconozcan y protejan sus derechos.

Estigmatización adicional: La relación de las protestas con grupos terroristas, como Sendero Luminoso, aumenta la estigmatización y puede justificar la represión estatal.

Tensión social y política: Las protestas han creado un clima de tensión y confrontación entre el gobierno y las comunidades indígenas.

Reafirmación de identidad: A pesar de la adversidad, las movilizaciones fortalecen la identidad y la unidad de los pueblos indígenas.

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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un tratado internacional adoptado en 1989 que se centra en los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio tiene como objetivo principal garantizar que estos pueblos puedan preservar su cultura, instituciones, tradiciones y costumbres, y que puedan participar plenamente en la vida económica, social y cultural de los países donde viven.

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Reconocimiento y Protección de Derechos: Establece derechos fundamentales para los pueblos indígenas y tribales, incluyendo el derecho a mantener sus tradiciones y costumbres, y a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Consulta y Participación: Obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas y tribales siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Esta consulta debe ser realizada de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.

Desarrollo Sostenible: Promueve el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos indígenas y tribales, respetando sus valores y prácticas tradicionales.

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Relaciones con conflictos socioambientales e indigenas:

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Relaciones con conflictos socioambientales e indigenas:

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Relación con los Conflictos Socioambientales y Movimientos Indígenas

El Convenio 169 es crucial en el contexto de conflictos socioambientales, ya que muchos de estos conflictos surgen debido a proyectos de desarrollo, explotación de recursos naturales o infraestructura que afectan las tierras y recursos de los pueblos indígenas sin su consentimiento o adecuada consulta.

Ejemplos de su Impacto en Conflictos Socioambientales:

1. Minería y Extracción de Recursos: En muchos países, los proyectos mineros y de extracción de recursos naturales se llevan a cabo en territorios habitados por pueblos indígenas. El Convenio 169 exige que estos pueblos sean consultados y que sus derechos sean respetados, lo que puede prevenir conflictos y promover soluciones basadas en el diálogo.

2. Construcción de Infraestructura: Proyectos como represas, carreteras y oleoductos pueden desarraigar comunidades indígenas y destruir su entorno natural. La implementación del Convenio 169 ayuda a garantizar que estos proyectos se realicen con el consentimiento de las comunidades afectadas y de manera que minimice el impacto negativo.

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1. Noticias y Análisis: Sitios web de noticias como Mongabay, El País, y BBC Mundo frecuentemente publican artículos sobre conflictos socioambientales y la lucha de los pueblos indígenas en el contexto del Convenio 169.

2. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs): Páginas de ONGs como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Survival International ofrecen informes, artículos y campañas relacionadas con los derechos indígenas y el Convenio 169.

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La minería informal se refiere a actividades mineras que no cumplen con todos los requisitos legales y administrativos del país, pero no necesariamente violan otras leyes. Los mineros informales suelen carecer de permisos oficiales y operan fuera de la regulación estatal, aunque pueden estar en proceso de formalización. En el contexto de la transcripción, la minería informal se menciona como una actividad realizada por mineros que desean formalizarse pero enfrentan barreras legales y administrativas.

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La minería ilegal es aquella que se lleva a cabo en total violación de las leyes nacionales, incluyendo la extracción en áreas prohibidas como zonas protegidas, territorios indígenas o áreas de ecoturismo. Los mineros ilegales no solo carecen de permisos, sino que también suelen emplear métodos que dañan gravemente el medio ambiente y la salud pública. En la transcripción, se menciona cómo la minería ilegal ha devastado zonas protegidas como la Reserva Nacional de Tambopata y ha contribuido a la contaminación con mercurio.

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Altos Precios del Oro: La subida de los precios internacionales del oro ha incentivado la fiebre extractiva, llevando a muchos a buscar fortuna en la minería, ya sea informal o ilegal.

Falta de Regulación y Supervisión: La debilidad en la regulación y supervisión estatal permite que estas actividades prosperen sin control adecuado.

Pobreza y Falta de Oportunidades: En regiones como Madre de Dios, la falta de alternativas económicas empuja a las personas a involucrarse en la minería informal e ilegal.

Corrupción y Mafias: La presencia de redes corruptas y mafiosas facilita la minería ilegal, proporcionando protección y canales para la comercialización del oro extraído ilegalmente.

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Destrucción Ambiental: La minería ilegal e informal ha causado la pérdida de grandes extensiones de bosque amazónico, afectando la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Contaminación por Mercurio: El uso indiscriminado de mercurio en la extracción de oro ha contaminado ríos y peces, afectando la salud de las comunidades locales.

Conflictos Sociales: La ocupación desordenada del territorio ha generado conflictos entre mineros, comunidades nativas, reforestadores y otros usuarios del bosque.

Trata de Personas: La minería ilegal ha sido un factor en el aumento de la trata de personas en la región, exacerbando problemas sociales y de seguridad.

Desafíos para la Formalización: La formalización de mineros informales se ve obstaculizada por problemas legales y administrativos, complicando los esfuerzos del gobierno para regularizar estas actividades.

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Chavez Cerna, Jeshua Alexander (0009-0006-1571-5051)

Lazo Medrano, Valentina (0009-0000-0314-2547)