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La legislación sobre la trata de personas, en la región, en los últimos 10 años: Un análisis de derecho comparado

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La legislación sobre la trata de personas, en la región, en los últimos 10 años: Un análisis de derecho comparado

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Analizar la legislación sobre la trata de personas, en la región, en los últimos 10 años en Perú, México y España

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Analizar la legislación sobre la trata de personas, en la región, en los últimos 10 años en Perú, México y España

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The crimes of trafficking in human beings in Spain and Chile. Legally protected interest and conflict of laws Clara Moya Guillem*
Profesora Ayudante de Derecho penal Universidad de Alicante (España) clara.mg@ua.es

El bien jurídico protegido en los delitos de trata de seres humanos previstos en España y Chile ha sido objeto de interesantes debates doctrinales. En el presente trabajo se examinan de manera conjunta las cuatro tesis defendidas mayoritariamente: la dignidad de la víctima, su integridad moral, su libertad y la pluriofensividad del delito, puesto que la gran similitud entre las figuras delictivas de ambos países permite llevar a cabo este análisis global; y, a continuación, se dan las razones para apoyar una de ellas. Planteada la determinación del bien jurídico protegido que se considera más adecuada, por un lado, se delimita la relación concursal existente entre los delitos de trata de seres humanos y aquellos que sancionan la explotación perseguida (delitos contra la libertad sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos de tráfico de órganos humanos); y, por otro lado, se llega a la conclusión de que los delitos de trata de seres humanos examinados no tienen el alcance que se pretendía desde el Derecho internacional.

Palabras clave: Bien jurídico protegido, trata de seres humanos, explotación, relaciones concursales.

The legally protected interest in crimes of trafficking in human beings as defined in Spain and Chile has been the subject of interesting doctrinal debates. This paper examines the four main theses argued: the victim's dignity, the victim's moral integrity, the victim's freedom and the multi-offence nature of the crime; since the strong similarity between the definitions of offences in both countries permits a global analysis, and following this analysis, the grounds are given for supporting one of these theses. Having determined the legally protected interest considered most appropriate, on one side, the conflict of laws between crimes of human trafficking and crimes of exploitation (crimes against sexual freedom, crimes against workers' rights and crimes of trafficking in human organs) is defined; and, on the other hand, it is concluded that the crimes of trafficking in human beings examined do not have the scope intended in international law.

Key words: Legally protected interest, trafficking in human beings, exploitation, conflict of laws.

La trata de seres humanos constituye una violación flagrante de los derechos humanos, que genera, aproximadamente, 150.200 millones de dólares en beneficios ilegales cada año y deja tras de sí cientos de miles de víctimas .

"La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos" (art. 3).

Como puede observarse, el concepto de trata de seres humanos establecido en el Protocolo de Palermo, que es el que se reitera en las sucesivas normas internacionales sobre la materia, se caracteriza por la concurrencia de tres elementos: la conducta (captar, transportar, trasladar, acoger o recibir al sujeto pasivo), el medio de determinación de la voluntad de la víctima (la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra) y la finalidad de explotación. Y, del mismo modo, los Estados que han ratificado alguno de los textos legales internacionales contra la trata de seres humanos requieren, en sus respectivas legislaciones penales, para que se estime consumado el delito de trata de seres humanos, que se realice alguna de esas conductas típicas empleando alguno de esos medios de determinación de la voluntad de la víctima con la finalidad de explotarla.

Entre los Estados que han ratificado el Protocolo de Palermo y que, por ende, han tipificado la trata de seres humanos en estos términos se encuentran España y Chile.

España incorporó el delito de trata de seres humanos al Código penal mediante la Ley Orgánica 5/2010 (art. 177 bis C.p.). Este tipo, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, castiga con la pena de prisión de cinco a ocho años al que:

"empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

c) La explotación para realizar actividades delictivas.

d) La extracción de sus órganos corporales.

e) La celebración de matrimonios forzados".

"mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos".

Considerando, entonces, la gran similitud entre ambas figuras delictivas, en el presente trabajo me voy a referir a "los delitos de trata de seres humanos" para examinar indistintamente el tipo penal español y el chileno, porque entiendo que los argumentos que voy a sostener son perfectamente aceptables en ambos casos.

1. El bien jurídico protegido en los delitos de trata de seres humanos.

Como ha considerado Soto Donoso, "en el plano de la trata de personas el problema del bien jurídico se torna complejo, no por su debilidad o carencia, sino que al contrario, por la frondosidad de su contenido, pues la comunidad internacional ha entendido que son variados los valores comprometidos en la realización de las conductas constitutivas de la trata de personas .

Al respecto, en el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, por la que se incrimina la trata de seres humanos en España, se establece que "el artículo 177 bis tipifica un delito en el que prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la sufren". Sin embargo, entre la doctrina española se discute si el concreto interés tutelado en esta figura delictiva se identifica con la dignidad, con la integridad moral, con la libertad o si este no sería más bien un delito pluriofensivo.

Como sostiene Villacampa Estiarte, la dignidad humana se identifica, en este ámbito, con la prohibición de instrumentalizar a la persona, pero también con el respeto a la integridad (física y moral) del ser humano, a su libertad y a la igualdad . Es por esta razón por la que los partidarios de esta opción estiman que la determinación de uno sólo de estos intereses como el bien jurídico protegido en los delitos de trata de seres humanos resulta insuficiente, ya que tratan de tutelarse todos ellos .

Esta postura doctrinal, sin embargo, se enfrenta a un doble obstáculo: por un lado, la aceptación de la dignidad como bien jurídico-penal; y, por otro lado, su concreto alcance.

No obstante, en contra de la integridad moral como el objeto tutelado en estas figuras delictivas también se alegan distintas razones. Entre ellas se sostiene que cualquier atentado contra la integridad moral implica la realización de conductas dirigidas a humillar y degradar a la persona, y ello no necesariamente sucede en los supuestos de trata de seres humanos . Sin embargo, siendo definido el bien jurídico-penal "integridad moral" como la proscripción de una instrumentalización degradante de otro sin su consentimiento, que es como entiendo que debería definirse este interés, perfectamente podría considerarse protegido en los delitos de trata de seres humanos porque las conductas en ellos previstas orientadas a la explotación del sujeto pasivo implican, necesariamente, una cosificación humillante .

El problema es que para amparar la integridad moral de las víctimas no hubiese sido necesaria en los delitos de trata de seres humanos la referencia a ciertos medios de determinación de su voluntad. Téngase en cuenta que las conductas que se prevén en estos delitos destinadas a las mismas finalidades de explotación en ellos contempladas, aunque supusiesen un ataque a la integridad moral de la víctima, no se podrían sancionar como delitos de trata de seres humanos si se llevasen a cabo sin hacer uso de los medios comisivos establecidos. Es decir, por ejemplo, si un sujeto con ánimo de lucro convenciese a otro para que vendiese uno de sus riñones y lo trasladase al lugar donde va a realizarse la doble intervención ilegal, pero lo hiciese sin abusar de su situación ni emplear violencia, intimidación o engaño, entonces no sería responsable del delito de trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, aunque se pueda entender que el donante ha sido degradado a la condición de cosa. Consecuentemente, la exigencia de que concurra alguno de los medios de determinación de la voluntad de la víctima tiene gran trascendencia en la concreción del bien jurídico protegido, pues parece impedir que la integridad moral sea el único interés tutelado en estos delitos.

A pesar de tal restricción, para quienes defienden que la libertad es el objeto amparado en los delitos de trata de seres humanos existen diversos argumentos que respaldan una concepción de estas características. Alegan, fundamentalmente, que en la captación, así como también en el transporte o en el traslado, se disipa la libertad deambulatoria de la víctima; y, más adelante, en sucesivas fases de recepción o alojamiento, esta pierde su libertad de obrar, su libertad de decisión; en suma, su libertad de autodeterminación personal. También a favor de este bien jurídico arguyen que los delitos de trata de seres humanos no exigen la efectiva ejecución de ningún fin de explotación, sino que basta con la intención de llevarlo a cabo para que se consideren consumados. Por ello, entiende Bedmar Carrillo que:

Por estos motivos, el mencionado autor llega a la conclusión de que, en realidad, el interés que se ampara mediante la incriminación de la trata de seres humanos es la libertad, entendida en un sentido amplio, que él define como "la defensa de cualquier resquicio en que la persona sea privada de su propia autonomía y de su propia toma de decisiones" . Parece, entonces, que este autor identifica la libertad amparada en los delitos de trata de seres humanos con la "libertad general de acción" , que ni en España ni en Chile se configura como un bien jurídico-penal; pero, este autor, en realidad, argumenta que dicho status libertatis se protege, en estas figuras delictivas, mediante las distintas manifestaciones jurídico-penalmente protegidas de la libertad (concretamente, alude a la libertad deambulatoria, a la libertad de decisión y a la libertad de obrar).

Y, precisamente por esta razón, también descarto que la libertad se erija en el único bien jurídico protegido en los delitos de trata de seres humanos.

1.4. La libertad, la dignidad y otros bienes jurídico-penales. Los delitos de trata de seres humanos como delitos pluriofensivos.

Por su parte, los autores partidarios de la perspectiva pluriofensiva de estos delitos, en la segunda variante indicada, advierten, además de lo anterior, que se ha considerado merecedora de pena únicamente la trata de seres humanos que va dirigida a determinadas formas de explotación. Esto indicaría, según argumentan, que puesto que sólo se castigan las conductas de trata de seres humanos cuando van dirigidas a la consecución de ciertos fines, están tratando de protegerse, junto a los bienes jurídicos directamente afectados (la dignidad y/o la integridad moral de la víctima y/o su libertad), otros bienes jurídico-penales que este fenómeno pone en peligro en función de la explotación que se persiga. De este modo, según Mapelli Caffarena,

Sin embargo, a mi juicio, la aceptación de los referidos intereses como bienes jurídicos protegidos en los delitos de trata de seres humanos no niega la autonomía de estas figuras delictivas respecto de los delitos de explotación, pues, aunque en estos últimos se sancione la efectiva lesión de los mismos objetos tutelados que en los delitos de trata de seres humanos se ponen en peligro, en los de trata de seres humanos también se protegerían otros intereses, que se verían directamente lesionados (la dignidad y/o la integridad moral y/o la libertad). Por esta razón, no comparto que los delitos de trata de seres humanos pierdan su razón de ser si se entiende que son delitos pluriofensivos en el sentido apuntado, ya que los delitos de explotación no abarcarían completamente el desvalor de los delitos de trata de seres humanos.

1.5.1. Bienes jurídico-penales comunes en todas las modalidades delictivas.

Comenzando por el primero de los análisis anunciados, la existencia de un bien jurídico común en todas las modalidades delictivas de la trata de seres humanos resulta obvia, puesto que comparten, además de la ubicación sistemática, las conductas típicas, los medios de determinación de la voluntad de la víctima y las penas a imponer. Por este motivo, es decir, porque actualmente se otorga un tratamiento uniforme a las distintas modalidades delictivas de la trata de seres humanos, se puede deducir que se persigue la protección de un mismo bien jurídico, con independencia de que en cada una de ellas se tutele, a su vez, otro interés.

Como avanzaba con anterioridad, a pesar de las diversas definiciones que la doctrina ha elaborado sobre el bien jurídico-penal "integridad moral", entiendo que la más adecuada, por razones cuya explicación excedería del propósito del presente trabajo, es la prohibición de instrumentalizar de un modo vejatorio a una persona sin su consentimiento. Siendo este el significado del objeto de tutela "integridad moral" y asumiendo que, a diferencia de la dignidad, es un bien jurídico-penal tanto en el ordenamiento español como en el chileno, parece indiscutible que en los delitos de trata de seres humanos se erige en uno de los objetos amparados.

Sin embargo, como también apuntaba supra, los delitos de trata de seres humanos no prohíben sólo la cosificación degradante de la víctima sino que, además, impiden que se determine su voluntad hacia alguno de los fines de explotación previstos. Por esta razón, resulta inevitable incorporar la "libertad" al elenco de bienes jurídicos que se protegen en estas figuras delictivas. En particular, puesto que la libertad, como estado, tampoco se tutela jurídico-penalmente ni en el ordenamiento español ni en el chileno, la libertad amparada en los delitos de trata de seres humanos sería la libertad de decisión, la libertad de acción o la libertad deambulatoria.

Pues bien, bajo mi punto de vista, al prohibir la trata forzada (con violencia o intimidación) de seres humanos se ampararía, concretamente, la libertad de obrar; es decir, el mismo bien jurídico tutelado en los delitos de coacciones . Adviértase que los delitos de trata forzada de seres humanos comparten el fundamento de los de coacciones; el núcleo central de ambos consiste en imponer con violencia una conducta a otro a través de diversas modalidades de actuación . Por su parte, con la incriminación de la trata fraudulenta o abusiva de seres humanos se tutelaría la libertad de decisión, ya que mediante el engaño, así como también abusando de la situación de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o aprovechándose de una situación superioridad, se interfiere, sin duda alguna, en el proceso deliberativo de este sujeto . Pero, en cualquier caso, dado que se han equiparado todas estas formas de comisión de la trata de seres humanos, entiendo que los tipos penales en los que se prevén protegen la libertad de autodeterminación del sujeto pasivo, sin necesidad de concretar si se tutela en la fase de formación de la voluntad o en la fase de ejecución. Lo que descartaría es que la libertad deambulatoria de la víctima sea uno de los objetos tutelados en los delitos de trata de seres humanos, pues resulta perfectamente posible consumarlos sin que se afecte de ninguna manera esta facultad. Así pues, habrá que apreciar un delito de detenciones ilegales si concurren sus elementos .

En suma, en los delitos de trata de seres humanos se tutelan tanto la integridad moral del sujeto pasivo como su libertad de autodeterminación.

1.5.2. Bienes jurídico-penales distintos en cada una de las modalidades delictivas.

La previsión de estas concretas finalidades de explotación (y, por ende, la exclusión de los tipos penales de la trata de seres humanos con otros fines de explotación, como la orientada a la adopción ilegal de menores, a la experimentación científica no consentida con seres humanos, a la recluta de niños para desarrollar actividades militares, etc.) y el resto de los argumentos expuestos me llevan a deducir que la prohibición penal de la trata de seres humanos, no sólo busca la tutela de la integridad moral del sujeto pasivo y de su libertad de autodeterminación, sino que, además, pretende amparar otros intereses que se ponen en peligro con estos comportamientos y que se han estimado especialmente relevantes.

En conclusión, los delitos de trata de seres humanos deben suponer, en todo caso, además de la lesión de la integridad moral de la víctima y de su libertad de autodeterminación, la puesta en peligro de alguno de los bienes jurídico-penales señalados, según la modalidad delictiva de la que se trate, porque también estos conforman los tipos penales.

2. La relación concursal entre los delitos de trata de seres humanos y los delitos que sancionan la explotación que con ella se persigue.

A mi juicio, sin embargo, no debería ofrecerse una única respuesta a estos problemas concursales. Para solucionar la concurrencia de normas penales en este ámbito habría que distinguir dos supuestos distintos que se resolverían también de manera diferente.

En cambio, la solución sería distinta si la norma que entra en conflicto con el delito de trata de seres humanos también sanciona la puesta en peligro del bien jurídico protegido indirectamente en el respectivo delito de trata de seres humanos. Esta situación se daría, por ejemplo, entre el delito de trata de seres humanos con fines de extracción de órganos y el delito de tráfico de órganos humanos, en su modalidad de obtención ilegal de órganos . Entre ellos no debería existir, como afirma gran parte de la doctrina , un concurso de delitos, ya que se trata de un mismo hecho (facilitar la obtención ilegal de órganos) prohibido en dos tipos penales que pondrían en peligro el mismo bien jurídico (la salud pública) . Por ello, en este caso, parece que estamos ante un concurso de normas, a resolver por el principio de especialidad, entre el delito de trata de seres humanos con fines de extracción de órganos y el delito de tráfico de órganos, pues el primero contendría todos los elementos del segundo, en su modalidad de actos tendentes a la obtención ilegal de órganos humanos, y, a su vez, otros que lo especifican (la lesión a la integridad moral de la víctima y a su libertad de autodeterminación). Así pues, cuando el órgano hubiese sido extirpado, a mi juicio, debería apreciarse un concurso (en principio, medial) de delitos entre el delito de trata de seres humanos con fines de extracción de órganos y el correspondiente delito de lesiones, por las mismas razones por las que este se apreciaría entre el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y el de prostitución coactiva, a las que me he referido anteriormente; pero, habría que apreciar un concurso de normas entre el delito de trata de seres humanos con fines de extracción de órganos y el de tráfico de órganos humanos.

El delito de trata de seres humanos previsto en la legislación española y también el establecido en el Código penal chileno han incorporado, prácticamente en los mismos términos, las exigencias que el Derecho internacional imponía en este ámbito. Precisamente esta similitud entre las dos figuras delictivas, permite que el análisis del bien jurídico protegido en ambos tipos y la relación concursal entre estos y los delitos que materializan la explotación que con la trata de seres humanos se persigue puedan llevarse a cabo de una manera conjunta. Es más, los resultados alcanzados en el presente estudio, en principio, podrían servir para el examen de los delitos de trata de seres humanos previstos en la mayoría de los Estados latinoamericanos y europeos, pues en ellos la incriminación de la trata de seres humanos procede de los mismos instrumentos normativos internacionales y se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos de una manera prácticamente idéntica.

Como he expuesto, los delitos de trata de seres humanos tutelarían, por un lado, la integridad moral de la víctima y su libertad de autodeterminación, que son los bienes que se lesionarían con las conductas constitutivas de trata de seres humanos; y, por otro lado, dependiendo del caso, los derechos laborales de los trabajadores, la libertad sexual de la víctima o la salud pública, que son los intereses que se pondrían en peligro en cada una de las modalidades delictivas de la trata de seres humanos. Por lo tanto, estaríamos ante delitos pluriofensivos porque los Estados examinados han decidido tipificar sólo la trata de seres humanos cuando se lleva a cabo con ciertos fines de explotación (en este caso, laboral, sexual y de extracción de órganos humanos).

El desenlace, en cambio, podría haber sido distinto si se hubiese sancionado la trata de seres humanos con fines de explotación, sin un numerus clausus de finalidades, como exigía, de manera prioritaria, el Protocolo de Palermo. En este hipotético caso, podría haberse sostenido que los delitos de trata de seres humanos tutelarían, exclusivamente, la integridad moral del sujeto pasivo y su libertad de autodeterminación. Pero, estos ilícitos, así previstos, no protegerían ni los derechos laborales de los trabajadores, ni la libertad sexual de la víctima, ni tampoco la salud pública.

Por ello, si se hubiesen previsto en estos términos los delitos de trata de seres humanos la solución en caso de concurrencia de normas penales hubiese sido absolutamente distinta. Así, mientras que, actualmente, parece existir un concurso de normas entre los delitos de trata de seres humanos y los que también sancionan la puesta en peligro del objeto amparado indirectamente en los delitos de trata de seres humanos; si no se hubiese previsto un numerus clausus de finalidades de explotación probablemente se apreciaría un concurso ideal de delitos entre ellos. Es decir, mientras que de la regulación actual se infiere, por ejemplo, que entre el delito de trata de seres humanos y el de tráfico de órganos humanos existe un concurso de normas; si la trata de seres humanos se hubiese incriminado, como pretendía el Protocolo de Palermo, con cualquier finalidad de explotación, se apreciaría un concurso ideal de delitos. Ello sería así porque ya no coincidiría el bien jurídico protegido, pues el delito de trata de seres humanos tutelaría exclusivamente la integridad moral de la víctima y su libertad de autodeterminación, y el delito de tráfico de órganos humanos protegería la salud pública.

Carnevali sostiene que se tutelan la libertad, la seguridad personal y la salud (en: CARNEVALI, Raúl, "La trata de personas y la normativa internacional. Algunas consideraciones de su regulación en Chile", Revista de Diritto Penale Contemporaneo, n° 4 (2013), pp. 170-186, p. 182); y Soto Donoso establece que el delito de trata de seres humanos es pluriofensivo, porque "cautela diversos bienes jurídicos de carácter personalísimo, como la vida e integridad física y psíquica, libertad y seguridad personal, libertad sexual individual, indemnidad o intangibilidad sexual, libertad de tránsito y de residencia, libertad de trabajo, vida privada y honra" (en: SOTO DONOSO, "Aspectos dogmáticos del delito de trata de personas", cit. nota n° 9, p. 174). Finalmente, en la Conferencia Regional sobre Migración de 2008, Gabriela Rodríguez Pizarro afirmó que el bien jurídico protegido varía según los casos, pero puede ser: la vida, la libertad, y la dignidad y la libertad física. Al respecto, RODRÍGUEZ PIZARRO, Gabriela, Ponencia en la mesa de trabajo "Migración, derechos humanos y ciudadanía" de la Conferencia Regional sobre Migración, disponible en http://www.crmsv.org/documentos/SEGIB/7%20terceraParte.pdf[última consulta: 13/11/2015].

QUERALT JIMENEZ, Joan Josep, Derecho penal español. Parte especial, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 172; IGLESIAS SKULJ, "De la trata de seres humanos: artículo 177 bis C.p.", cit. nota n° 8, p. 598; DAUNIS RODRÍGUEZ, Alberto, El delito de trata de seres humanos, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 73-81; VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho internacional, Pamplona: Aranzadi, 2011, pp. 396-409; TERRADILLOS BASOCO, Juan María, "Trata de seres humanos", en: ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier y GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (Dirs.), Comentarios a la reforma de 2010, Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, pp. 207217, p. 208; CUGAT MAURI, Miriam, "Trata de seres humanos: la universalización del tráfico de personas y su disociación de las conductas infractoras de la política migratoria", en: QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.), La reforma penal de 2010: Análisis y comentarios, Pamplona: Aranzadi, 2010, pp. 157-164, p. 160; LLORIA GARCÍA, Paz, "Trata de seres humanos", en: BOIX REIG, Javier (Dir.), Derecho penal. Parte especial. Volumen I, Madrid: Iustel, 2010, pp. 293-313, p. 297; JUANES PECES, Ángel, "El delito de trata de seres humanos en el Proyecto de Reforma del Código penal de 1995", Actualidad Jurídica Aranzadi, n° 803 (2010); RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ignacio, "Trata de personas", en: ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo (Coord.), Memento experto. Reforma penal, Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2010, pp. 71-88, p. 73; y RODRÍGUEZ PIZARRO, Ponencia en mesa de trabajo "Migración, derechos humanos y ciudadanía", cit. nota n° 10.

Partidario de esta tesis del bien jurídico protegido en el delito español de trata de seres humanos es BEDMAR CARRILLO, Eulogio, "El bien jurídico protegido en el delito de trata de seres humanos", La Ley Penal, n° 94-95 (2012), pp. 82-95, pp. 90 y ss. Otros autores han considerado que la libertad es el objeto tutelado en el delito del artículo 177 bis del Código penal, aunque no de manera exclusiva. Entre ellos, MAPELLI CAFFARENA, "La trata de personas", cit. nota n° 19, p. 51; y SANTANA VEGA, Dulce, "El nuevo delito de trata de seres humanos", Cuadernos de Política Criminal, n° 104 (2011), pp. 79-108, p. 84. Y aluden a la libertad como uno de los bienes jurídicos protegidos en el delito del artículo 411 quater del Código penal chileno, por ejemplo, AGUILAR ARANELA, Cristian, Delitos sexuales. Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming, doctrina y jurisprudencia, Santiago de Chile: Ed. Metropolitana, 2012, [ Links ] p. 199; SOTO DONOSO, "Aspectos dogmáticos del delito de trata de personas", cit. nota n° 9, p. 176; CARNEVALI, "La trata de personas y la normativa internacional.", cit. nota n° 10, p. 182; GUZMÁN DALBORA, "La trata de seres humanos y el problema de su bien jurídico", cit. nota n° 23, p. 14; y RODRÍGUEZ PIZARRO, Ponencia en la mesa de trabajo "Migración, derechos humanos y ciudadanía", cit. nota n° 10. Conviene, asimismo, poner de manifiesto que, en la mayoría de los países, los delitos de trata de seres humanos se ubican entre los delitos contra la libertad individual. Esto sucede, por ejemplo, en Alemania, Portugal, Italia, Brasil o Costa Rica.

AGUILAR ARANELA, Cristian, Delitos sexuales. Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming, doctrina y jurisprudencia, Santiago de Chile: Ed. Metropolitana, 2012.

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Los delitos de trata de seres humanos en España y Chile: Bien jurídico protegido y relaciones concursales

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Los delitos de trata de seres humanos en España y Chile. Bien jurídico protegido y relaciones concursales

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Analizar la legislación sobre la trata de personas (explotación sexual ) en el Perú, México y España

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Analizar la legislación sobre la trata de personas (explotación sexual ) en el Perú, México y España

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Evaluar los años con mayor incidencia de trata de personas.

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Evaluar los años con mayor incidencia de trata de personas.

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http://anterior.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/difus/16certamenlibro.pdf#page=10
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9736/Villarroel_Quinde_Bien_jur%c3%addico_protegido1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-contra-la-trata-decreto-supremo-n-017-2017-in-1530366-1/
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882019000100163
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1322

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Matriz para analizar antecedentes (SII).v.3 (9)

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En el 2020, el Perú registró 394 denuncias por el delito de trata de personas. El 73.4% relacionadas con la explotación sexual (INEI 2020). El 86,8% de los casos correspondieron a mujeres. 41% menores de 18 años, y el 50.6% entre 18 y 29 años de edad.

Las estadísticas muestran que, la mayoría de las víctimas son captadas a través de una oferta laboral (71.1%) generalmente con fines de explotación sexual.

Según las denuncias registradas, en el año 2019, los lugares de explotación son los Night Club y el Prostíbulo en el 52.1% y 31.6%, respectivamente. Durante la pandemia estas cifras disminuyeron alcanzando el 26.5% el Night Club y el Prostíbulo el 13%. Otra forma de explotación como el servicio doméstico paso del 8.5% en el año 2019 al 23.4% para el año 2020.

Ante este problema, cada 23 de septiembre, se conmemora en el Perú el Día Nacional contra la trata de personas con el fin de concientizar y reafirmar el compromiso del Estado en la lucha contra este delito.

Cabe mencionar que, el año 2007, el Perú se aprobó la Ley n.° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, norma que, junto a su Reglamento (Decreto Supremo N° 001-20216-IN), regula un conjunto de acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como de protección y asistencia a las víctimas de los referidos delitos.

Además, el presente año se aprobó la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación con Decreto Supremo N° 009-2021-IN.

Ver Política y Decreto Supremo aquí:

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Día nacional contra la trata de personas

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En el 2020, el Perú registró 394 denuncias por el delito de trata de personas. El 73.4% relacionadas con la explotación sexual (INEI 2020). El 86,8% de los casos correspondieron a mujeres. 41% menores de 18 años, y el 50.6% entre 18 y 29 años de edad.

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Introducción

La trata de personas es considerada el tercer crimen más expandido en el mundo(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2016). Los estudios destacan cuatro características centrales. Primero, es un fenómeno poco analizado(Zhang, Pacheco y Campos 2011; Weitzer 2014) e incluso invisibilizado en diversas partes del mundo; a lo cual se suman las dificultades para contar con información precisa (Bernat y Winkler 2010; Montenegro y Santa Cruz 2014; Shelley 2010). Pese a lo anterior, ha recibido mayor atención en la agenda de seguridaddurante la última década. Segundo, es un mercado ilegaldonde la mercancía es el control sobre un ser humano (Campana 2015). La trata-a diferencia de otros fenómenos como la migración irregular- siempre involucra explotación y es una violación de los derechos humanos (Pontón 2014). Tercero, como todo mercado ilegal, involucra distintos niveles de coordinación entre actores, múltiples escalas y formas de desplazamiento entre espacios inter e intra-países. Finalmente, la trata de personas se traslapa y refuerza -principalmente- con dimensiones de género y de vulnerabilidad. Es decir, expresa con claridad el carácter interseccional del régimen de desigualdad contemporáneo.

Un subtema en los estudios sobre trata es su articulación con la migración irregular y las áreas fronterizas. Las investigaciones señalan la necesidad de establecer una relación de ida y vuelta entre migración irregular y la trata. La principal diferencia está en la explotación como elemento central de la trata. Pero, al mismo tiempo, la migración irregular puede constituir una condición de vulnerabilidad que posibilita situaciones de trata (Blanco y Marinelli 2017; Maria de Oliveira 2006; ; Pontón 2014; Torres 2016). Además, las fronteras nacionales son relevantes para comprender las lógicas de la trata de personas por el propio carácter de las fronteras como espacios de acumulación de desventajas sociales y vulnerabilidades (Barvinsk 2014). Las fronteras cumplen un papel estratégico:articulan una serie de actividades legales, ilegales e informales que inciden en las dinámicas de trata de personas, al tiempo queestas modifican las características del área fronteriza (Van Schendel 2005).

Pese a estos estudios, existe la necesidad de ahondar en la comprensión de las dinámicas socioespaciales de la trata de personas en las fronteras. El presente artículo discute esta arista desde el tipo de trata de personas con explotación laboral y sexual en el Perú.La atención se centra en las dinámicas socioespaciales de la trata de personaspara elperíodo 2000-2014 en las áreas fronterizas de Perú-Ecuador y Perú-Bolivia. El texto aporta en el camino hacia el reconocimiento de la complejidad de la problemática, así como sus raíces estructurales en las sociedades andinas.

Los hallazgos presentados provienen de la revisión de información secundaria y de prensa (dos periódicos de circulación nacional) para elperíodoseñalado. Reconocemos la dificultad de trabajar con este tipo de material. Sin embargo, dados los problemas de la información oficial y la escasa información generada por otros organismos, se propone que el análisis de "casos" de trata en las fronteras nacionales permite identificar sus principales características y proponer un modelo de análisis que pueda ser utilizado para guiar futuras investigaciones.

El texto se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta la aproximación al tema de la trata a partir de la identificación de seis dimensiones centrales de análisis y la elaboración de tipos ideales. En la siguientesección, se analizan las dinámicas socioespaciales (circuitos y anclajes) para el caso de las fronteras de Perú-Ecuador y Perú-Bolivia. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y líneas de discusión a futuro.

Definición y construcción de una tipología de la trata de personas

La trata de personas es posiblemente uno de los mercados ilegales globales más reconocidos y menos estudiados en el mundo. Debido a la compleja red de organizaciones vinculadas con su desarrollo, su estudio -pero también su control- ha sido una tarea llevada a cabo con evidente limitación (Capital Humano y Social Alternativo, 2014; Observatorio de la Criminalidad, 2015).

La trata resulta de la captación de personas cuya condición de vulnerabilidad permite quesean involucradas en un proceso de explotación sea de tipo sexual, laboral o en forma de mendicidad, servidumbre, entre otras. Posteriormente, se recurre al desplazamiento desde el lugar de captación y se aseguran las condiciones para la viabilidad de la actividad tales como la demanda de los bienes y/o servicios (según sea el tipo de explotación), la retención de las víctimas (mediante el uso de la violencia u otro tipo de cooptación), entre otras.

A grandes rasgos, latrata de personas involucra cuatro momentos: captación, traslado, recepción y explotación.Durante ese proceso, intervienen diferentes actores (víctimas, victimarios,así como agentesestatales y miembros de grupos criminales), con distintas características, recursos y lógicas de acción. Las víctimas son aquellas personas que son involucradas en las dinámicas de trata de personas con fines de explotación por parte de los victimarios, aquellos que obtienen algún beneficio material o de otra índole por permitir o facilitar dicha práctica. La interacción entre víctimas y victimarios ocurre en un determinado contexto político-institucional que condiciona sus decisiones. Dicho contexto está vinculado con la intervención del actor estatal, sea mediante políticas públicas o acciones puntuales.

La trata de personas ha experimentado una serie de cambios en sus dinámicas y alcances como parte del proceso globalizador. Por un lado, se ha incrementado la demanda y el abastecimiento de mano de obra barata vinculada con altos niveles de precariedad y vulnerabilidad de grupos importantes de la población, que terminan facilitando el despliegue de la trata de personas (Shelley 2010). Por otro, el proceso de globalización y la intensificación de los flujos de personas, bienes e información han logrado configurar un escenario de creciente interconexión e interdependencia, donde la movilidad humana hoy en día resulta una dinámica más cotidiana, en tanto las condiciones tecnológicas y sociales permiten los desplazamientos con mayor facilidad y fluidez (Grimson 2011).

Las dinámicas de la trata de personas dependen de la interacción entre actores con diferentes características, recursos y lógicas de acción, así como también del contexto económico, social y cultural donde se movilizan. Además, implican vínculos diferenciados con el territorio. Las lógicas de captación, desplazamiento y explotación involucran una disposición socioespacial que configura pasos, rutas y circuitos dispuestos a propósito de la actividad ilegal, además de anclajes socio-territoriales en tanto la actividad ilegal articula diversas dinámicas económicas, prácticas culturales, capacidad de control estatal, etcétera.

A partir de estos criterios y de la información sistematizada, se identifican seis dimensiones de análisis, las cuales están asociadas a las características de la víctima, así como al funcionamiento de la actividad (Dammert Guardia et al. 2017). Estas dimensiones permiten proponer tres tipos ideales sobre la trata de personas ( cuadro 2). Es decir, se generan estos tipos como herramienta heurística que luego servirá para caracterizar las dinámicas socioespaciales en algunas de las fronteras del Perú.

El primer nivel de complejidad se caracteriza por la ausencia de desplazamiento entre la captación y la explotación. Las víctimas, por lo general, son menores de edad captadas mediante el convencimiento de los padres o el secuestro, y retenidas por medio de amenazas en contra de sí mismas o de su entorno más inmediato (familia, amigos, entre otros). Dadas las facilidades para la captación y explotación de las víctimas, no se suele requerir la intervención de muchos actores para la viabilización de la actividad, por lo que el grado de especialización es bajo.

El segundo nivel de complejidad es aquel donde ocurre un desplazamiento que rompe con el entorno inmediato de la víctima, es decir, que la aísla de sus principales redes de soporte como puedenser la familia, amigos o conocidos. El desplazamiento puede ocurrir al interior de una misma región o entre una región y otra.Este nivel de complejidad se desarrolla a partir de la diferencia en las demandas de mano de obra existentes entre una zona y otra. Ciertas actividades como la agricultura, el comercio o la minería se desarrollan con mayor intensidad en determinadas zonas que en otras, lo cual configura un foco de atracción de mano de obra para las regiones aledañas. En este contexto, personas en condición de vulnerabilidad por su posición socioeconómica y su situación laboral (desempleo, subempleo) se tornan susceptibles de ser captadas por tratantes. La complejidad de este nivel es más alta pues interviene un mayor número de actores, que además cumplen funciones más especializadas. Se ha documentado la intervención de agencias de empleo que ofrecen puestos de trabajo y prometen altas remuneraciones. Las víctimas son retenidas por medio de amenazas, chantaje o, incluso, el uso de la violencia.

En el tercer nivel de complejidad, el desplazamiento de la víctima entre su lugar de captación y el de explotación involucra el cruce de una o más fronteras internacionales, potenciando así la condición de vulnerabilidad de las víctimas en tanto las coloca en una posición en la cual se suspenden ciertos derechos ciudadanos asociados con su pertenencia a un determinado Estadonación.En este nivel, la trata de personas se articula con el tráfico ilícito de migrantes, otro tipo de mercado ilegal ligadocon la movilidad humana. Las víctimas suelen ser hombres y mujeres en condición de migración irregular que son captados mediante la promesa de ser traficados hacia un país distinto al de su residencia, donde podrían acceder a puestos de trabajo con altas remuneraciones para mejorar sus condiciones de vida. En estos casos, el traslado puede ocurrir en condiciones de hacinamiento e inseguridad. Una vez involucrada la víctima en la dinámica de la trata, puede ser trasladada entre diferentes centros de explotación, ubicados en diferentes regiones. Dado queeste nivel de complejidad involucra la migración como un elemento que potencia la condición de vulnerabilidad de las víctimas, los mecanismos de retención suelen estar asociados con la confiscación de documentos y amenaza de denuncia y deportación.

Dinámicas socioespaciales de la trata de personas en las fronteras

Las actividades ilegales requieren de mecanismos alternativos a los regulares (Andreas y Wallman 2009). En el aspecto socioespacial, esto significael uso de determinados lugares clave con condiciones favorables para asegurar el despliegue de la actividad ilegal sin posibilidad de interdicción. Estos lugares son entendidos como pasos, es decir, puntos del territorio utilizados por los actores que intervienen en la actividad ilegal.Los arreglos organizacionales de la actividad ilegal utilizan diversos pasos, dando pie a una articulación entre ellos y laconfiguración de lo que, en este estudio, seentenderá como una ruta. De esta manera, el desarrollo de la actividad puede involucrar varias rutas. A partir de la estabilidad de condiciones, ciertas rutas resultan más frecuentesque otras y seterminan institucionalizando en el tiempo. Con esto, las diversas rutas queforman parte de la dinámica de la actividad ilegal configuran un circuito.

Las fronteras experimentan unaserie de transformaciones en términos de su configuración socioespacial, su rol en los flujos y dinámicas de movilidad de bienes, servicios y personas (Bradshaw y Linares 1999; Anderson 2001). También han adquirido mayorrelevancia en el funcionamiento de los principales mercados ilegales, a la vez que estos han modificado las dinámicas fronterizas en términos económicos, sociales, culturales, entre otros (Van Schendel 2005).

La trata de personasse articula con las áreas fronterizas en cuatro sentidos: i) como un punto importante en términos de la configuración de circuitos, rutas y pasos propios del mercado ilegal de la trata (y con distintos grados de articulación con otros mercados ilegales); ii) como configuraciones socioespaciales en las que las particularidades de las áreas fronterizas adquieren importancia como espacio de reproducción y desarrollo de actividades vinculadas con la trata; iii) como espacios que modifican la situación de vulnerabilidad de las víctimas en tanto incorpora la migración como nuevo eje de reproducción de la vulnerabilidad; y iv) dado que otorga visibilidad a arreglos institucionales y organizativos propios del subsistema fronterizo en el quese articula y que no dependen únicamente de la particularidad nacional o del ámbito local.

Para discutir las dinámicas socioespaciales de la trata de personas y el lugar de las fronteras nacionales, se trabajó con áreas fronterizas diferenciadas por el país con el cual comparte frontera. Dos criterios sustentan esta decisión. Por un lado, el conjunto de transformaciones en las fronteras a escala global deja clara la necesidad de no abordarlas como casos aislados, sino quese requiere un análisis que ponga atención en las dinámicas del sistema fronterizo, esto es, las interconexiones que unifican las fronteras en su diversidad. Por otro lado, las zonas fronterizas son espacios heterogéneos. Existen particularidades que las diferencian en términos de la presencia y capacidad de control estatal; dinámicas y actividad de actores económicos, legales e ilegales; prácticas culturales; características topográficas y de accesibilidad; entre otros aspectos. Dichas características están influenciadas -en parte- por la gestión estatal del territorio en cuestión, por lo que un criterio válido para el análisis es el país con el cual se comparte la frontera.Para fines de los objetivos del artículo, el análisis se ha concentrado endos áreas fronterizas: la frontera Perú-Ecuador y la frontera Perú-Bolivia, las cuales se desarrollan a continuación.

Frontera Perú-Ecuador

El área fronteriza Perú-Ecuador se dispone a lo largo de 1528 kilómetros de límite fronterizo.Abarca los departamentos peruanos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, y las provincias ecuatorianas de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Francisco de Orellana y Sucumbíos. El área fronteriza cuenta con siete puestos de control de la movilidad humana en territorio peruano: CEBAF-Tumbes; Aguas Verdes (Tumbes); PCF La Tina (Piura);El Alamor (Piura); Espíndola (Piura); La Balsa (Cajamarca); Cabo Pantoja (Loreto).

La frontera Perú-Ecuadores heterogénea. En términos demográficos, los distritos fronterizos del lado peruano pertenecientes a las regiones de Tumbes, Piura y Cajamarca se diferencian de los de las regiones de Amazonas y Loreto por su mayor concentración poblacional y mayor presencia de población urbana (INEI 2007). Dichas regiones, además, involucran las provincias con los más altos niveles de desarrollo humano (IDH) y densidad del Estado (IDE) entre las que componen el área fronteriza (PNUD 2013). Asimismo, existen diferencias en términos de la intensidad de la movilidad humana. Como prueba, para 2014, dos de los puestos de control (CEBAF-Tumbes y PCF La Tina-Piura) concentraron el 94% del flujo de movimientos registrados, entre ingresos y salidas (Superintendencia Nacional de Migraciones 2014).

Entre las transformaciones más recientes del área fronteriza, estála intensificación de la movilidad humana y de la actividad comercial. Cambios, en buena parte, se han visto acicateados porla intervención de los actores estatales. Como parte de lo suscrito en el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad entre Perú y Ecuador en 1998 -tras la firma de paz entre ambos países-, se incluyó el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador (Hocquenghem y Durt 2002), el cual incorpora una serie de proyectos orientados a potenciar la infraestructura productiva, social y cultural de la región fronteriza, de la mano de la promoción de la inversión pública y privada.

El área fronteriza quese acaba de describir tiene un lugar en el despliegue de diversas actividades ilegales, entre ellas, la trata de personas. Resultado del análisis de información disponible, se han identificado cincocircuitos de trata de personas, los cuales se presentan en el siguiente mapa.

El primer circuitose configura a partir de la captación de víctimas peruanas con el fin de trasladarlas a centros de explotación sexual y laboralen el lado ecuatoriano del área fronteriza. Se trata principalmente de menores de edad captadas en centros poblados de la frontera o en otras regiones de la costa para ser explotadas en centros nocturnos como meseras y/o "damas de compañía" (en diversas oportunidades, orilladas a ejercer trabajo sexual) o en cultivos y canteras como peonesen las localidades de Machala, Huaquillas, Quito (Ecuador). Las modalidades de trata de personas pueden variar desde la captación de las víctimasmenores de edadmediante el consentimiento de sus padres,hastael uso de mecanismos más organizados de captación como la oferta laboral engañosa o el secuestro, lo cual a su vez implica mayor complejidad para la retención.

Lo que unifica a este circuito son las condiciones que hacen posibles las dinámicas de trata, así como la relación queentablan con el área fronteriza. En estos casos, la trata de personas se sostiene en la vulnerabilidad que supone ser habitante de frontera, de manera transversal a los diferentes perfiles de las víctimas. Las dinámicasdependen de las características locales del área fronteriza, las cuales permiten asegurar el desplazamiento y la explotación, como por ejemplo las vías de comunicación terrestre o la demanda de servicios sexuales. La disposición de rutas de trata de personas que involucran centros de explotación a lo largo del área fronteriza hace que el límite nacional no solo funcione como punto de paso, sino como un anclaje socio-territorial.

El siguiente mapa presenta la disposición espacial de los centros de explotación que han sido identificados en el área fronteriza. Como se observa, estos centros de explotaciónse disponen sobre todo a lo largo de los principales ejes viales (aquellos cuya construcción ya está avanzada y presentan mayor flujo de movilidad de bienes y personas) y próximos a las aglomeraciones urbanas. Una hipótesis para explicar esta disposición socioespacial es que las mejoras en infraestructura vial y los avances en materia comercial de las últimas dos décadas constituyen un incentivo al ofrecimiento de diversos servicios y desarrollo de actividades comerciales orientadas a aprovechar el tránsito fluido de personas. Entre ellos, se encuentra el ofrecimiento de servicios sexuales, el cual puede involucrar la mediación de trata de personas para captar a las mujeres que desempeñan trabajo sexual.

Elsegundo circuito seinicia con la captación de mujeres en departamentos de la selva peruana como Loreto, Ucayali, San Martín. Posteriormente, son trasladadasa través de Piura, Tumbes, atravesando la frontera por el paso Aguas Verdes-Huaquillas hastalas regiones ecuatorianas de Huaquillas, Machala, Guayaquil o Quito, donde son explotadas sexualmente. En estos casos, las dinámicas de trata de personas se sostienen en la vulnerabilidad dada por la posición socioeconómica, el género y origen étnico, y dispone sus puntos de explotación alrededor del anclaje socioterritorial configurado en torno al área fronteriza.

El tercer circuito involucra la captación de ciudadanas colombianas, venezolanas y ecuatorianas que son trasladadas para su explotación en ciudades peruanas como Lima, Lurín, Ica, Pisco, Arequipa. Mediante operativos policialesen estas ciudades, se pudo identificara víctimas mujeres extranjeras de las nacionalidades mencionadas cuyas edades oscilaban entre 18y 19 años. Algunas habían sido captadas por medio de ofertas laborales engañosas, mientras otras habían sido secuestradas en Ecuador. Se supo que las víctimas utilizaron el paso de Huaquillas-Aguas Verdes para ingresar a territorio peruano en calidad de turistas ( El Comercio(Perú), 20 de septiembre de 2014). En este caso, el circuito se configura alrededor de una demanda dispuesta en ciudades de la costa y utiliza el área fronteriza como paso en las rutas de las víctimas.

El cuarto circuito parte con la captación de víctimas ecuatorianas desplazadas hasta centros de explotación en regiones de la sierra peruana como Ayacucho, Puno, Madre de Dios, queforman parte del anclaje socio-territorial del área fronteriza Perú-Bolivia y que utilizan la frontera Perú-Ecuador como punto de paso. Las víctimas son mujeres ecuatorianas quese desplazan a través de regiones de la costa hacia sus centros de explotación en zonas mineras de la sierra sur del Perú. En estos casos, las víctimas son trasladadas en situación de alto riesgo y retenidas por medio de la amenaza de denuncia y/o deportación.

Muestra de este caso es el de la niña ecuatoriana que fue captada en Pichincha (Ecuador) y era trasladada hacia Ayacucho con fines de trata sexual. La niña viajaba con un hombre que decía ser familiar suyo y portaba documentación falsa. Ambos atravesaron los diferentes controles del área fronteriza Perú-Ecuador sin problemas y sin que nadie detectara la situación vulnerable de la niña. El caso llamó la atención cuando la niña denunció frente a funcionarios de la empresa de transportes que el chofer del bus había abusado sexualmente de ella. Este la había llevado a la cabina del bus con el pretexto de esconderla de un operativo de control durante el viaje y la amenazó con entregarla a las autoridades ( El Comercio(Perú), 17 de noviembre de 2014).

Finalmente, un quinto circuito es el de los ciudadanos migrantes que utilizan la frontera Perú-Ecuador como paso en su desplazamiento hacia Brasil. Este es el caso de los ciudadanos haitianos, muchos de ellos estafados por traficantes que, aprovechando su intención de paso por el área fronteriza Perú-Ecuador, les venden documentos falsos o les prometen contactos queles podrían apoyar a lo largo de su desplazamiento. Los múltiples riesgos y engaños a lo largo del traslado los coloca en una situación de vulnerabilidadque los vuelve potenciales víctimas de trata de personas. Así,se han reportado casos de migrantes haitianos que resultan víctimas de trata de personas al ser captados mediante el enganche por deudas. Las víctimas se endeudan con los traficantes a fin de que los apoyen en el cruce del límite fronterizo y estos incrementan la deuda hasta montos que las víctimas no pueden pagar, por lo que los traficantes los trasladan hacia centros de explotación sexual o laboral ( El Comercio(Perú), 18 de agosto de 2012). En este caso, las dinámicas de trata de personas se sostienen en la vulnerabilidad que supone desplazarse entre los anclajes socio-territoriales de las áreas fronterizas de Perú-Ecuador y Perú-Brasil.

En el tercer, cuarto y quinto circuitos, la frontera se vincula con las dinámicas de trata de personas no solo como paso y configuración socio-territorial, sino también en tanto potencia la situación de vulnerabilidad de las víctimas migrantes. Por un lado, los riesgos de la migración irregular facilitan el involucramiento de víctimas en arreglos de trata de personas.Los obstáculos al paso de ciudadanos en movimiento, así como la selectividad de los controles fronterizos sientan las condiciones para la búsqueda de estrategias alternas a la regular, lo cual facilita el despliegue de arreglos organizacionales que viabilizan la captación y posterior explotación de estos ciudadanos. Por otro lado, la condición de irregularidad migratoria facilita la retención de las víctimas en los centros de explotación. La constante criminalización de la migración irregular traba la confianza por parte de las víctimas y dificultasu búsqueda de soporte en instituciones estatales con competencias en lucha contra la trata de personas.

Por su parte, el cuarto y el quinto circuito dan cuenta de las conexiones sistémicas del mercado ilegal. En el caso del cuarto circuito, el área fronteriza Perú-Bolivia configura un anclaje socio-territorialquefuncionacomo foco de atracción para las redes de comercio sexual e involucra el paso de víctimas de trata a través del área fronteriza Perú-Ecuador. En el caso del quinto circuito, la dinámica se sostiene en la vulnerabilidad migratoria de los ciudadanos en movimiento quese desplazan entre las áreas fronterizas de Perú-Ecuador y Perú-Brasil. En ambos circuitos, se trata de dinámicas en las que las áreas fronterizas se conectan en tanto lugares estratégicos para el despliegue de la actividad ilegal, pero cumplen papeles diferenciados.

Frontera Perú-Bolivia

La frontera Perú-Bolivia involucra unlímite fronterizo de 1047 kilómetrosy se compone porlos departamentos peruanos de Madre de Dios y Puno, así como por los departamentos bolivianos de Pando, La Paz, Oruro, Potosí.El área fronteriza cuenta con cinco puestos de control: Desaguadero (Puno); Kasani (Puno); Tilali (Puno); Collpa (Puno); Iñapari (Madre de Dios). De los cinco, el último es también compartido por Brasil.

Esta frontera es una de las más heterogéneas del subsistema peruano. De los 44 distritos fronterizos que involucra, apenas dos (Puno en la región Puno y Tambopata en la región Madre de Dios) concentran el 29% de la población total y el 55,1% de la población urbana.

Asimismo, hay evidencia de que, en ciertas zonas del área fronteriza, operan diversas organizaciones dedicadas a actividades como la minería ilegal o la tala ilegal de madera, que-facilitadas por la limitada capacidad de control estatal- logran mantenerse operando impunemente. Las dinámicas ilegales coexisten con las dinámicas legales, se articulan a ellas y configuran así la dinámica fronteriza. En este contexto, la trata de personas forma parte de la dinámica local fronteriza. Resultado del análisis de la información disponible, se han identificado cuatrocircuitos de trata de personas, los cuales se presentan en el siguiente mapa.

El primer circuito consiste en la captación de ciudadanos peruanos y bolivianos que habitan el área fronteriza con fines de explotación sexual y laboral en campamentos mineros y de tala ilegalen Madre de Dios y Puno.

El siguiente mapa presenta los centros de explotación sexual y laboral identificados en el área fronteriza. Como se observa, estos se disponen en tres zonas. La primera se dispone a lo largo de la carretera interoceánica en la región de Madre de Dios. Lasegunda, en la zona norte de la región Puno. La tercera, en la zona sur del Lago Titicaca.

Una hipótesis que podría ayudar a explicar esta disposición socioespacial es que las zonas que hacen uso constante e intensivo de mano de obra funcionan como focos de atracción para el comercio sexual. A diferencia de la frontera peruano-ecuatoriana, donde los centros de explotación se disponían a lo largo de los principales ejes viales y se dinamizaban a partir de la intensificación de movilidad humana, en la frontera peruano-boliviana los centros de explotación se disponen sobre todo en zonas que presentan fuerte incidencia de minería o tala ilegales.

Esto convierte al área fronteriza en un anclaje socio-territorial que incorpora las dinámicas de la actividad ilegal a la dinámica local. Hay evidencia de la existencia de estos centros de explotación desde la década de 1990. No obstante, las dinámicas de la actividad ilegal se han complejizadopor medio de la captación de ciudadanas extranjeras (sobre todo bolivianas) y la expansión de los centros de explotación.

El segundo circuito de trata de personas involucra la captación de víctimas en situación de pobrezaen diversas regiones del país como Ucayali, Huánuco, Cusco, Arequipa, Tacna, Piura, que luego son trasladadas hacia centros de explotación en el área fronteriza (Puno, Madre de Dios). Este circuito suele involucrar a agencias de empleo formales que captan a las víctimas mediante ofertas laborales engañosas, para luego entregarlas a los centros de explotación sexual o laboral ubicados principalmente en campamentos mineros o de tala ilegal en Madre de Dios. Estas agencias reciben una comisión por parte de las organizaciones o compañías dedicadas a la explotación.Los tratantes utilizan la amenaza, así como la violencia tanto física como psicológica para retener a las víctimas.

El tercer circuito de trata de personas resulta de la captación de ciudadanos peruanos con fines de explotación laboral en calles, fábricas y negocios en ciudades bolivianas como Sucre o La Paz. En 2009, se encontró evidencia de queciudadanos peruanos venían siendo explotados en cebicherías y calles de Cochabamba ( El Comercio, (Perú), 10 de mayo de 2009). Posteriormente, en 2011, fueron rescatados nueve ciudadanos peruanos que eran explotados en fábricas textiles de La Paz ( El Comercio(Perú), 15 de junio de 2011).Las víctimas eran retenidas mediante amenazas de ser denunciadas por la condición irregular de su desplazamiento. En estos casos, la condición migratoria funcionó como un elemento clave para la reproducción de la vulnerabilidad de las víctimas.

Finalmente, el cuarto circuito parte de la captación de ciudadanas bolivianas que son trasladadas hacia Chile con fines de explotación sexual. Este circuito involucra el área fronteriza Perú-Bolivia como punto de paso.De estaforma, otorga visibilidad a la vinculación de las dinámicas de trata de personas a nivel del sistema global fronterizo en tanto conecta las áreas fronterizas Perú-Bolivia y Perú-Chile como parte de una misma dinámica, aunque con papeles diferenciados.

A modo de conclusión

La trata de personas involucra diferentes niveles de complejidad definidos por la condición de vulnerabilidad y el perfil de las víctimas, así como por los mecanismos utilizados para captarlas, trasladarlas o explotarlas.El análisis de la información disponible permitió proponer una tipología de análisis de tres niveles según su complejidad.

Un primer nivel poco complejo involucra la captación de víctimas en condición de vulnerabilidad, dada por la posición socioeconómica, de género u origen étnico, para ser explotadas por victimarios organizados en arreglos de baja especialización, en zonas generalmentealedañas al lugar de captación. Un segundo nivel quese diferencia del primero en la medida que involucra desplazamiento y ruptura de las redes de soporte inmediato para las víctimas, así como un mayor nivel de especialización por parte de los victimarios. Finalmente, un tercer nivel altamente complejo, con alta especialización, involucra la ruptura del soporte que supone la pertenencia a un Estadonación al incorporar la migración como eje de reproducción de la vulnerabilidad, facilitando la captación, así como la retención de las víctimas.En este nivel de complejidad, el vínculo de la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes adquiere mayor centralidad.

El despliegue de la actividad supone dinámicas socioespaciales en la medida en que configura pasos, rutas, circuitos y vínculos diferenciados con el territorio. En estas dinámicas, las fronteras cumplen un rol estratégico en cuatro sentidos.En primer lugar, las áreas fronterizas resultan un lugar estratégico para los diferentes momentos de la trata de personas. Pueden resultar funcionales a la captación de víctimas por la vulnerabilidad que supone habitar un área fronteriza; puede funcionar como punto de paso en las rutas de las víctimas; y puede resultar un espacio propicio para disponer centros de explotaciónsexual o laboral, dependiendo de la complejidad propia del área fronteriza en términos de capacidad de control estatal, dinámicas económicas, prácticas culturales, etcétera.

En segundo lugar, la configuración de rutas, pasos y circuitos de trata de personas en torno a las áreas fronterizas permite la configuración de anclajes socio-territoriales en la medida que articulan la actividad ilegal a las dinámicas económicas y sociales locales, dando forma a las dinámicas fronterizas, a la vez queestas inciden en los arreglos de la actividad ilegal.En el caso de la frontera Perú-Ecuador, asociadas a la intensificación de la movilidad de bienes y personas y al incremento de la actividad comercial; y en el caso de la frontera Perú-Bolivia, a la intensificación de la minería y tala ilegales en puntos estratégicos de la zona.

Así, para el caso del área fronteriza Perú-Ecuador, existen indicios que permiten suponer quela intensificación de la movilidad humana y el incremento de la actividad comercial en determinadas zonas (ejes viales), de la mano con la limitada capacidad de control estatal y su articulación a otras actividades ilegales, ha permitido un escenario propicio para el despliegue de la trata de personas y la configuración de circuitos de explotación sexual y laboral de alcance local, nacional y regional. Del mismo modo, en el caso del área fronteriza Perú-Bolivia, la articulación que logra la trata de personas con las dinámicas económicas locales (como los eslabonamientos a propósito de la minería y tala ilegales) facilita su despliegue, al tiempo que complejiza las dinámicas fronterizas.

En tercer lugar, las fronteras modifican la vulnerabilidad de las víctimas al incorporar la migración como eje de reproducción de la misma. La vulnerabilidad que supone la migración puede ser uno de los determinantes para la captación de las víctimas como también puede resultar funcional a la retención forzosa de las mismas en la dinámica de explotación. Los circuitos que involucran el área fronteriza Perú-Ecuador dan cuenta de cómo la vulnerabilidad propia de ser un ciudadano en movimiento constituye un factor facilitador para la captación de víctimas. Del mismo modo, los circuitos que involucran el área fronteriza Perú-Bolivia muestran cómo es que dicha vulnerabilidad puede ser aprovechada por los victimarios como mecanismo de retención de las víctimas.

En cuarto lugar, las dinámicas de trata de personas visibilizan las conexiones a nivel del sistema fronterizo global en la medida en que pueden involucrar distintas áreas fronterizas en un mismo circuito, con papeles similares o diferenciados. Los casos analizados evidencian cómo es que un circuito puede involucrar una o más áreas fronterizas como pasoso como anclajes socio-territoriales funcionales a su despliegue.

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La trata de personas en los Andes:dinámicas socio-espaciales en las fronteras de Perú

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Introducción La trata de personas es considerada el tercer crimen más expandido en el mundo(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2016). Los estudios destacan cuatro características centrales.

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Citado por SciELO

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MISCELÁNEA
Víctimas de trata de personas versusmigrantes en situación irregular. Retos ylineamientos para la atención y protección delas víctimas de trata de personas extranjerasen el Perú*

Human Trafficking Victims versus Irregular Migrants. Challenges and Guidelines for the Attention and Protection of Foreigners Victims of Human Trafficking in Peru

** Pontificia Universidad Católica del Perú

*** Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen: El texto apunta a determinar los aspectos que deben ser considerados para perfeccionar el funcionamiento del aparato estatal con el fin de luchar efectivamente contra la trata de personas de carácter transnacional y para orientarlo por los principios propios de un enfoque de derechos humanos con respecto a la víctima de trata de personas. Aborda cuatro puntos centrales. Primero, advierte la problemática particular de las víctimas de trata extranjeras, al ser proclive su confusión o superposición con otras categorías, como la de tráfico de migrantes y migrante en condición irregular. Posteriormente, se desarrollan tres argumentos fundamentales que otorgan primacía a su condición de víctima de trata y a su atención especializada desde un enfoque de derechos humanos. Como tercer punto, se brindan directrices sobre los elementos que deben componer este enfoque, a partir de los derechos específicos de víctimas de trata extranjeras. Por último, se analiza el marco normativo e institucional peruano, y sus posibilidades y retos para lograr una atención adecuada a las víctimas de trata extranjera.

Palabras clave: trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, migrante irregular, víctimas extranjeras, deberes estatales, protección, asistencia

Abstract: The text aims to identify aspects that should be considered in preparing the State's institutions to effectively combat human trafficking of a transnational nature. It addresses four main issues. First, it notices the specific problems of foreign human trafficking victims, which could be confused or overlapped with other categories, such as migrant smuggling and illegal migrant status. Subsequently, it develops three fundamental arguments that give primacy to their status as victims of human trafficking and their specialized attention from a human rights perspective. Thirdly, it provides guidelines on the elements that should constitute this approach from the specific rights of foreign victims of human trafficking. Finally, the Peruvian legal and institutional framework is analyzed, as well as its possibilities and challenges for adequate attention to foreign victims of trafficking.

Keywords: trafficking, smuggling of migrants, irregular migrants, foreign victims, State duties, protection, assistance

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.– II. LA TRATA DE PERSONAS, EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA MIGRACIÓN IRREGULAR. BREVES REFLEXIONES SOBRE SUS RELACIONES PROBLEMÁTICAS.– III. LA TRATA DE PERSONAS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: HACIA UN ENFOQUE ESPECIALIZADO PARA VÍCTIMAS EXTRANJERAS.– III.1. NECESIDAD DE LA PRIMACÍA DE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE TRATA ANTES QUE DE LA DE MIGRANTE IRREGULAR.– III.2. DERECHOS ESPECÍFICOS DE VÍCTIMAS EXTRANJERAS Y DEBERES ESTATALES CORRELATIVOS.– IV. PRINCIPALES RETOS Y PROBLEMÁTICAS EN LA RESPUESTA ESTATAL.– IV.1. FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ADECUADO: INVISIBILIZACIÓN DEL PROBLEMA.– IV.2. RESPUESTA ESTATAL A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES APLICABLES.– V. PRINCIPALES CONCLUSIONES.

La historia de la regulación normativa de la trata de personas se remonta a inicios del siglo XX, cuando los Estados adoptaron los primeros tratados que prohibían la conducta que, en aquel momento, se conocía como "tráfico de blancas" (Gallagher, 2010; Allain, 2013; para un análisis completo de la evolución de la regulación internacional en materia de trata de personas, véase Marinelli, 2015). Si observamos los avances alcanzados particularmente a partir del siglo XX en la lucha contra la trata de personas, podemos decir que esta ha atravesado tres grandes procesos subsecuentes.

Un primer proceso tuvo lugar en el ámbito internacional, dirigido a la consolidación de una definición universal del fenómeno y al consenso general sobre los principales cursos de acción para combatirlo. Dicho objetivo se logra con la adopción del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (en adelante, Protocolo de Palermo) en el año 2000 (sobre la definición de trata de personas alcanzada en el Protocolo de Palermo y las críticas contemporáneas a la misma, véase Borg Jansson, 2015, cap. IV). Como consecuencia del anterior, un segundo proceso en el que está involucrada gran parte de los Estados es la incorporación —con mayor o menor éxito— en el ámbito interno de estos compromisos internacionales alcanzados; esto es, la adecuación del marco normativo e institucional para la prevención del fenómeno, la persecución de los responsables y la protección de las víctimas. Casi todos los Estados de la región, sin excepción, cuentan con normas e instrumentos de política pública para implementar tales deberes ("Global Report on Trafficking", 2016, p. 102; Ribando, 2016, p. 12).

Un tercer momento se refiere a un proceso que denominaremos regionalización de la lucha contra la trata de personas. Vemos que, durante los años inmediatamente posteriores a la adopción del Protocolo de Palermo, los Estados concentraron sus esfuerzos, como era natural, en la adopción de normativa e instrumentos a nivel interno. Sin embargo, la lucha contra la trata de personas, por su misma naturaleza —que claramente trasciende fronteras nacionales— y para su efectividad, requiere de acciones conjuntas y de coordinación entre los distintos Estados. Partiendo de este reconocimiento, se han emprendido en la actualidad importantes iniciativas para fortalecer un actuar unido frente a la trata entre países vecinos.

Nuestro país no ha sido la excepción. Encontramos una expresión de esta regionalización en la política exterior impulsada desde la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (en adelante, CMNP TP-TIM) ¹ y, especialmente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha política comprende la conformación de cinturones de protección jurídica a través de la firma de acuerdos bilaterales con los países de la región ("Plan Nacional de Acción contra la Trata", 2016, p. 124). Como parte de la implementación de esta política exterior, el país cuenta con convenios binacionales suscritos con Colombia y Bolivia, y están en curso procesos de negociación con relación a Ecuador, Argentina, Chile y Brasil (pp. 140-142).

En el caso de la relación Perú-Bolivia, los máximos mandatarios de ambos Estados declararon conjuntamente, en un encuentro en el año 2015, su preocupación "por la creciente actividad de los grupos delictivos en relación a la trata de personas" y decidieron la adopción de acciones para "proteger los derechos de las víctimas" (Declaración de Isla Esteves, 2015). En virtud de ello, suscribieron en junio de 2015 un Acuerdo para Fortalecer la Lucha contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos Conexos, dando así un paso fundamental para la atención y protección conjunta y coordinada de las víctimas de trata de personas.

Ahora bien, la implementación práctica y la operativización de estos convenios bilaterales suponen hacer frente a determinados retos específicos. Tales desafíos se refieren, primero, a problemas de superposición con otras categorías jurídicas que pueden recaer sobre la víctima de trata (como puede ser su condición migratoria irregular) y tener como consecuencia su falta de protección. Adicionalmente, desde un enfoque de derechos humanos, resulta necesaria una respuesta estatal especializada para la atención de víctimas extranjeras, la que exige que se tenga en cuenta su situación de especial vulnerabilidad y los derechos específicos que les asisten. Además, en atención a ello, como mínimo cabe asegurarse de que el marco normativo e institucional interno sea apto para dar cumplimiento al compromiso bilateral asumido, y llevar adelante un proceso de concreción de los acuerdos alcanzados con el fin de hacerlos operativos.

En este trabajo buscamos determinar cuáles son aquellos aspectos que deben ser considerados para la protección de las víctimas extranjeras de la trata de personas, y cuál es el estado de la cuestión a nivel normativo en el caso peruano. Para ello, abordamos cuatro puntos. Primero, señalamos la problemática particular de las víctimas de trata extranjeras, al ser proclive la confusión o superposición de su situación con otras categorías, como la de tráfico de migrantes y migrante en condición irregular. En segundo lugar, desarrollamos tres argumentos fundamentales que otorgan primacía a su condición de víctima de trata frente a cualquier otra categoría y a su atención especializada desde un enfoque de derechos humanos. Como tercer punto, brindamos directrices sobre algunos elementos que deben componer este enfoque, a partir de los derechos específicos de las víctimas de trata extranjeras, como el deber de identificación, de no devolución, de repatriación segura, entre otros. Por último, nos referimos al marco normativo e institucional peruano para indicar qué tan preparado se encuentra para atender casos de víctimas de trata extranjera y cuáles son los pasos a seguir.

El presente texto constituye un estudio preliminar que, antes que brindar respuestas acabadas, tiene el propósito de fomentar un debate y compartir algunas reflexiones iniciales sobre la protección de las víctimas extranjeras en nuestro país. Es, además, un documento que busca constituir un punto de partida al brindar un marco teórico y describir la problemática general. Puede ser complementado en un siguiente momento con investigaciones de campo para conocer casos concretos, tarea que se encuentra pendiente.

II. LA TRATA DE PERSONAS, EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA MIGRACIÓN IRREGULAR. BREVES REFLEXIONES SOBRE SUS RELACIONES PROBLEMÁTICAS

Se reconoce, de modo unánime, que la adopción del Protocolo de Palermo supuso como gran aporte una adecuada definición de la trata de personas. En efecto, en este tratado se define a este delito como la captación, el traslado o la recepción de una persona, por medio de la subyugación de su voluntad, con el fin de someterla a una serie de situaciones de explotación, totalmente contrarias a la dignidad humana y a los valores esenciales de una sociedad democrática. Dado que la trata de personas internacional o transnacional constituye una forma especialmente abusiva de migración y conlleva obligaciones estatales específicas hacia las víctimas, conviene distinguirla de figuras cercanas con las que puede ser confundida o incluso entrecruzarse.

Tal es el caso de la migración irregular voluntaria, esto es, la entrada o permanencia de una persona en un Estado (del cual no es nacional) en contravención de las disposiciones migratorias nacionales. Desde un punto de vista objetivo, si se cruzan una o más fronteras en violación de las disposiciones legales nacionales, estamos ante un supuesto de migración internacional ilegal. Teóricamente, si no existieran restricciones legales a los movimientos migratorios, la cuestión de la migración ilegal no hubiese surgido (Blanco, 2011, p. 28). En efecto, como afirman Archavantikul y Guest, la migración ilegal puede ser vista como un "producto de la regulación de la migración [...] [pues] [s]in leyes que restringen la entrada a países o el empleo de extranjeros, no habría migración ilegal" (1993, p. 3).

Aunque es claro que puede darse de modo independiente, hoy en día gran parte del ingreso ilícito de migrantes no es posible sin la existencia de redes clandestinas que lo faciliten. En efecto, desde la década de 1980, procurar el ingreso o la estancia ilegal de personas migrantes se tornó un negocio rentable a nivel mundial, intensificándose la migración irregular hacia Estados Unidos y los países europeos (Gallagher & David, 2014, p. 2). Ello llevó a la adopción, en el año 2000, del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (en adelante, Protocolo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes).

Según lo define el artículo 3, literal a, de este instrumento, el tráfico ilícito de migrantes es entendido como "[l]a facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material". De esta definición, se derivan tres elementos importantes: "(i) el carácter necesariamente transfronterizo de la movilidad o traslado de las víctimas; (ii) el ingreso irregular a un país de destino; es decir, vulnerando las normas de control migratorio; y (iii) el propósito subjetivo de obtener lucro o una ventaja patrimonial con el traslado de personas" (IDEHPUCP & OIM, 2017, p. 66). El segundo elemento coincide con la migración irregular, pero para que constituya tráfico ilícito de migrantes deben estar presentes los otros dos elementos adicionales.

Dicho de otro modo, a diferencia de la migración irregular, donde las "personas se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o receptor, [la persona que es objeto de tráfico] se desplaza por el intermedio de un traficante [que obtiene un beneficio por dicho traslado]" (OIM, 2006, p. 40). De este modo, "todas las personas objeto de tráfico son migrantes en situación irregular, pero no todos los migrantes en situación irregular han sido objeto de tráfico ilícito" (IDEHPUCP & OIM, 2017, p. 66).

De otro lado, como se reconoce ampliamente, aunque el tráfico y la trata de personas suponen el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio, en el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales: que tenga lugar una forma de captación indebida (por ejemplo, con coacción, engaño o abuso de poder)y que la actividad se realice con algún propósito de explotación (aunque ese propósito finalmente no se cumpla) (Kleemans, 2012, p. 410). Así, mientras la trata implica la vulneración de los derechos humanos de una persona, el tráfico de migrantes es un delito contra el Estado y sus normas migratorias. Es importante notar que, a pesar de esta diferencia en la regulación penal, durante el proceso de tráfico también existen una serie de vulneraciones a los derechos del migrante, provocadas por los traficantes o —en algunas situaciones— por los agentes estatales. Dichas vulneraciones deben ser adecuadamente reparadas. Asimismo, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y otras obligaciones internacionales crean un marco jurídico de protección que debe ser aplicado también a los casos de tráfico de migrantes (Obokata, 2005; Gallagher & David, 2014).

Ahora bien, aun cuando la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes poseen autonomía a nivel normativo, obligaciones estatales diferentes en el derecho internacional y una regulación distinta a nivel de políticas públicas nacionales, en la realidad tal diferencia parece desdibujarse y dar lugar a situaciones mucho más complejas. En efecto, la interrelación entre tales fenómenos no solo es mucho más común de lo que las cifras oficiales parecen indicar, sino que acarrea consecuencias de importancia para la lucha contra la trata de personas. Podemos identificar —como mínimo— tres situaciones donde existe una compleja interrelación entre la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la migración irregular.

La primera situación es aquella donde el proceso de tráfico encubre un delito de trata. En este caso, suele suceder que es el propio migrante quien solicita de manera voluntaria los servicios de un traficante, pero, al cruzar la frontera, el migrante es sometido a un proceso de trata de personas (Aronowitz, 2001, p. 167). Esto puede darse si el propio traficante, luego de cumplir con el traslado pactado, retiene los documentos de la víctima, le impone el pago de una deuda por los servicios prestados (transporte, alojamiento, pago de sobornos a funcionarios estatales, etcétera) y recorta su libertad para explotarlo; o cuando el traficante procede a entregar al migrante a otro sujeto o grupo de sujetos, a fin de que sean estos quienes continúen con el traslado del migrante hacia su explotación final. En ambos supuestos, nos encontramos desde el inicio ante una conducta de trata de personas encubierta, toda vez que el traficante tuvo desde el inicio la intención de explotar a la víctima (fin de explotación) y utilizó el engaño (medio) para captarlo y trasladarlo (conducta).

La segunda posibilidad en que la trata y el tráfico ilícito de migrantes pueden relacionarse es aquella donde ambos fenómenos se producen de forma consecutiva. De esta manera, existe en un inicio un proceso de migración irregular favorecido por la acción de un traficante, el que, una vez alcanzado el lugar de destino, recibe el pago pactado y sale de escena. Al quedar el migrante irregular en una condición de vulnerabilidad —signada por la falta de los documentos de identidad en su poder o por la falsedad de los mismos, una pobre situación económica y la carencia de soporte familiar o amical—, es fácilmente captado por redes de trata de personas que suelen operar en las zonas fronterizas. Estas proceden a transportar y explotar a la nueva víctima, o la dejan en poder de terceros que cumplirán con dicho cometido. En este caso, el migrante irregular se convierte en víctima de trata por un proceso distinto y separado de aquel a través del cual llegó al lugar de destino, coexistiendo el delito de tráfico ilícito de migrantes (cometido por el traficante) y el delito de trata de personas (cometido por un sujeto distinto).

Finalmente, un tercer escenario posible lo conforman aquellas situaciones en las que la persona víctima de trata se encuentra, además, en una situación migratoria irregular, sin que se presente un supuesto de tráfico de personas. Solo por mencionar algunos ejemplos, ello ocurre cuando, como consecuencia del proceso de trata, la víctima extranjera permanece en el país de destino más allá del tiempo autorizado por su calidad migratoria. Como ejemplo puede mencionarse a la víctima extranjera con calidad migratoria de turista que, por estar siendo explotada, permanece en el país por un plazo mayor a aquel autorizado por la autoridad migratoria; o bien al caso en el que, precisamente como parte del proceso de trata y explotación a la que es sometida, la víctima se ve obligada a ejercer actividades laborales sin contar con los permisos necesarios para ello (Schloenhardt & Markey-Towler, 2016, p. 14).

Más allá de las implicancias penales distintas en cada supuesto, lo relevante a efectos de la presente investigación radica en advertir que en tales situaciones se produce una superposición de categorías jurídicas sobre la persona explotada. Esta será, por un lado, víctima de trata y, por otro, migrante irregular. Ello puede traer como consecuencia que las víctimas de trata extranjeras no sean identificadas como tales y que se dé prevalencia a su calidad migratoria irregular. Como veremos a continuación, se pone así en serio peligro a la víctima, la cual no es protegida ni asistida debidamente. Asimismo, se merma el propio esfuerzo estatal en aras de la erradicación de la trata de personas como fenómeno delictivo.

III. LA TRATA DE PERSONAS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: HACIA UN ENFOQUE ESPECIALIZADO PARA VÍCTIMAS EXTRANJERAS

Como advertimos, frente a víctimas de trata extranjeras se presenta una problemática particular relacionada con las dificultades para identificarlas como tales debido a la cercanía con otras figuras y a la superposición con categorías como aquella de migrante en situación irregular. Ante esta situación, desarrollamos tres argumentos que consideramos centrales para sostener que debe primar la calificación como víctima de trata de personas antes que aquella relativa a la irregularidad migratoria.

III.1. Necesidad de la primacía de la condición de víctima de trata antes que de la de migrante irregular

Una clara contribución del Protocolo de Palermo a la lucha contra la trata de personas es que dicha lucha deja de centrarse únicamente en la criminalización de la conducta e incorpora una serie de obligaciones estatales centradas en la atención a la víctima. Estas obligaciones se desarrollan en los ejes de prevención, persecución y protección, los que no solo tienen por finalidad la aprehensión de los tratantes, sino que generan acciones respecto a la etapa previa y posterior al delito mismo, etapas donde la víctima es el actor central a proteger. Así, se ha dejado atrás la concepción clásica, enfocada en la persecución del delito, para dar paso a una etapa centrada en las víctimas, al reconocer que la trata constituye una grave afectación de los derechos humanos y de su dignidad.

De este modo, el enfoque de los derechos humanos se ha incorporado a la lucha contra la trata de personas para complementar el enfoque tradicional del derecho penal, de modo tal que permita la adecuada protección de las víctimas y un efectivo proceso de asistencia para su reincorporación plena a la sociedad (Marinelli, 2015, p. 57). Consideramos que, de manera coherente con este enfoque, la categoría de víctima de trata y no la de migrante en situación irregular es la que debe primar. Admitir lo contrario implicaría perder de vista el objetivo central de la lucha contra la trata de personas con un enfoque de derechos humanos, la protección de la víctima, retornando al estadio donde la principal preocupación era la persecución penal del delito.

En segundo lugar, otorgar primacía a la condición migratoria irregular supone el desconocimiento de obligaciones internacionales adoptadas en relación con la trata de personas y, en particular, con el deber de protección. Este último supone la adopción de una serie de garantías que apuntan a un único objetivo: la recuperación de la víctima a efecto de que pueda reconstruir y continuar con su proyecto de vida (Pati, 2011, p. 133). Por ello, comprende acciones de capacitación profesional, programas de reinserción laboral, formación educativa, asistencia médica y psicológica, entre otras medidas. En cambio, la protección brindada al migrante irregular resulta más limitada. Este tiene derechos específicos como el derecho a la asistencia letrada, el derecho a no ser perseguido penalmente por su condición migratoria y el derecho a que se discuta su solicitud de permiso de residencia en un proceso con las debidas garantías judiciales.

Se observa una diferencia importante entre los derechos que posee una víctima de trata de personas frente a aquellos que se otorgan al migrante irregular. En función de ello, si ante la superposición de condiciones jurídicas aquí analizada el Estado privilegia la condición de migrante irregular, es evidente que la víctima extranjera ve disminuida notablemente la protección a la que tiene derecho. Así, no se le proporcionarán los medios necesarios para que supere lo ocurrido y continúe con su vida, quedando en una situación muy vulnerable.

Esta situación se agrava cuando la víctima, por su condición migratoria, es expulsada de las fronteras estatales. En estos casos, no solo no existió una protección in situ, sino que existe un abandono total por parte del Estado, el cual no le brinda a la víctima los servicios a los que ella tiene derecho, no le proporciona medios de apoyo y no la protege ante una posible revictimización. Así, la víctima queda sola y en una situación similar a aquella que dio origen al proceso de tráfico-trata: vulnerabilidad social, económica y personal. Ello podría agravarse si consideramos aquellos supuestos donde la víctima es además revictimizada por su propio entorno familiar y comunitario debido a los estereotipos existentes en relación con la explotación a la que se le sometió, especialmente aquella de índole sexual (Cunningham & De Marni, 2016, pp. 237-238).

Por último, la desprotección de la víctima de trata extranjera no solo tiene un efecto negativo en ella y conlleva la posible responsabilidad internacional del Estado. Además de ello, tiene consecuencias negativas para la propia erradicación de la trata como fenómeno delictivo y es contraria al deber de prevención, establecido en el artículo 9 del Protocolo de Palermo. La falta de garantías para las víctimas y su expulsión al lugar de origen se convierten en factores que contribuyen a que se generen nuevos casos de trata de personas.

Presentamos a continuación algunas reflexiones en las que se basa dicha afirmación: advertimos que, cuando una víctima de trata no es identificada como tal y es alejada sin más del territorio nacional, el Estado pierde la posibilidad de que esta brinde información valiosa respecto de la investigación y sanción del delito. Es notorio que las víctimas de trata no suelen colaborar en la investigación del delito si no tienen un espacio de protección que les brinde seguridad y tranquilidad. Este espacio no puede construirse durante una primera entrevista luego del rescate, cuando la víctima se encuentra en una situación de estrés, miedo y desconfianza, sino que requiere de tiempo y de una serie de condiciones mínimas. Ello no puede ocurrir si la víctima es alejada del territorio nacional luego de su rescate. El Estado pierde también la posibilidad de que participe del proceso judicial contra los tratantes y testifique contra ellos. No cabe subestimar el testimonio de la víctima como prueba para alcanzar la condena de los tratantes, pues muchos de los casos de trata de personas no suelen alcanzar sentencias condenatorias al no existir pruebas suficientes.

Por otro lado, la devolución de las víctimas de trata de personas a su lugar de origen sin la coordinación suficiente para asegurarle una protección adecuada se convierte en un factor de impulso para la continuación del delito. Cuando la víctima es dejada sin protección, vuelve a encontrarse en una situación similar o incluso peor: ya no posee los recursos que tenía al momento de emprender su viaje, ha sido sometida a una situación de explotación y, en muchas ocasiones, es estigmatizada por su familia y su comunidad por lo ocurrido. Ante ello, no cabe duda de que nos encontramos frente a una gravísima situación de vulnerabilidad que puede ser fácilmente aprovechada por redes de trata. Se crea así un círculo vicioso donde la víctima rescatada, ante la falta de protección y la repatriación o el retorno a su lugar de origen, se convierte en víctima potencial de este delito (Andreatta, 2015, p. 31; Adams, 2011, p. 208). Ya sea por la imposibilidad de que las víctimas cooperen o por su probable revictimización, la falta de protección adecuada a las víctimas de trata en situación irregular refuerza el delito y promueve la falta de sanción adecuada a los perpetradores.

III. 2.Derechos específicos de víctimas extranjeras y deberes estatales correlativos

Ante esta situación, los sistemas diseñados por los aparatos gubernamentales para la lucha contra la trata de personas deben incorporar de modo transversal una especial atención hacia las víctimas extranjeras, dados sus derechos específicos y las condiciones que determinan su situación de particular vulnerabilidad. A continuación, vamos a describir brevemente cuáles serían los elementos más importantes de las obligaciones estatales frente a las víctimas de trata de personas extranjeras.

a) Adecuada identificación de la víctima

El primer paso fundamental es la adecuada identificación de la persona como víctima del delito de trata. Sin este paso previo, será imposible construir un marco de protección que lleve a su recuperación completa y duradera en el tiempo. Si bien el Protocolo de Palermo no hace mención específica al deber de identificación, se trata de una cuestión implícita en la obligación de brindar asistencia y protección a las víctimas (Gallagher, 2010, pp. 280-281). En efecto, una inadecuada identificación —como, por ejemplo, el otorgamiento del estatus de migrante irregular y no de víctima de trata de personas, implicará la falta de reconocimiento de una serie de derechos y, por ende, su desprotección ("Explanatory Report", 2005, p. 127).

Así, por ejemplo, los Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyen una directriz específica sobre la identificación de la víctima (directriz 2). En similar sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos incluye el deber de identificación de la víctima. En cuanto a víctimas extranjeras, establece la obligación de "verificar [...], cuando las autoridades competentes estimen que existen motivos razonables para creer que una persona ha sido víctima de la trata de seres humanos, que no se aleje de su territorio hasta que finalice el proceso de identificación como víctima de [trata]" (2005, artículo 10.2). Además, desde lo trabajado en el continente americano, se promueve que estas "no sean procesadas por infracciones de las leyes de inmigración o por actividades en que participen como consecuencia directa de su situación de tales [como el ejercicio de la prostitución cuando estuviera penada]" ("Segunda reunión de autoridades nacionales en materia de trata", 2009, p. 16).

De este modo, un correcto procedimiento de identificación permitirá, desde un ámbito negativo, evitar la criminalización de la persona por algún tipo penal o la atribución de responsabilidad por faltas administrativas que pudo cometer en el proceso de trata por causas ajenas a su voluntad (Pearson, 2002, pp. 32-34). Asimismo, en una faceta positiva, la identificación de una persona como víctima de trata supone reconocer que, muy probablemente, ha sufrido violaciones de sus derechos humanos; que se encuentra en una situación de vulnerabilidad; y que, por ende, son exigibles las obligaciones estatales de protección y asistencia a las que tiene derecho.

Sería incompatible con lo anterior proceder a repatriar o retornar a una persona extranjera que se encuentre en condición migratoria irregular si existiesen motivos razonables para considerar que se puede estar frente a una víctima de trata (como evidencia su inclusión expresa en el referido Convenio europeo). Desde un enfoque de derechos humanos, en estas circunstancias se hace imprescindible que, previamente a su alejamiento del territorio nacional, se establezca claramente cuál es su situación y sus derechos. La actuación estatal debe asegurar mecanismos para que las víctimas extranjeras de trata u otros que actúen en su nombre puedan intentar obtener el reconocimiento de su condición para tener acceso al apoyo y la asistencia que necesitan.

b) Asistencia y protección

Una vez identificada la víctima de trata de personas extranjera, se deben poner en acto ciertas medidas de protección y asistencia, para lo cual es imprescindible referirse al contenido del artículo 6 del Protocolo de Palermo. En efecto, dicha disposición refiere que las medidas que el Estado debe asegurar a las víctimas son tanto aquellas garantías propias del proceso penal seguido contra los tratantes, como aquellas garantías ajenas a este y enfocadas en la propia víctima y su proceso de recuperación. Entre las primeras, encontramos los derechos que le competen en el proceso judicial contra sus tratantes y en aquel correspondiente a la solicitud de reparación por el daño sufrido. A su vez, entre las segundas, se encuentran —como mínimo— la asistencia médica y psicológica, ayuda para su reinserción educativa y laboral, y el alojamiento adecuado en la fase de recuperación. Todas estas garantías apuntan, en suma, a atender de manera integral la situación de la víctima después del proceso delictivo. No es objeto del presente estudio realizar un análisis pormenorizado sobre cada componente, pero sí cabe hacer énfasis en aquellos aspectos que cobran relevancia frente a víctimas extranjeras.

En cuanto al asesoramiento e información sobre sus derechos jurídicos, es de especial relevancia anotar dos aspectos: por un lado, es consustancial al cumplimiento de este deber el asegurar que se realice en un idioma que las víctimas de trata de personas puedan comprender; por otro, es importante advertir que, en el caso de las personas extranjeras, estas tienen derechos específicos vinculados, por ejemplo, a las garantías para su repatriación o retorno seguros, o al principio de no devolución, a los que nos referiremos más adelante. Asimismo, como se establece en los Principios y Directrices sobre Derechos Humanos y Trata de Personas, debe informarse a las víctimas sobre su derecho a ponerse en contacto con representantes diplomáticos y consulares del Estado de su nacionalidad, salvo que soliciten asilo o refugio en el país ("Principios y Directrices", 2002, p. 10).

La obtención de asistencia médica y psicológica es otro deber estatal frente a las víctimas de trata. Como advierte el Informe de la ex Relatora Especial sobre la Trata de Personas, Ngozi Ezeilo, "[...] la orientación [y asistencia médica] tiene varias fases: antes de la identificación de la persona como víctima y en la etapa de investigación; durante el procesamiento y en la fase de acogida; y en la fase de reinserción y como parte del seguimiento y la asistencia posterior [...]" (2009, p. 56). Es importante constatar que, según lo dispuesto por la normativa internacional, y acorde con un enfoque de derechos humanos, no cabe eximirse del cumplimiento de este deber por razones de nacionalidad de la víctima ni desentenderse del mismo procurando únicamente su repatriación. Corresponde, por el contrario, asegurar su acceso a asistencia médica y psicológica en condiciones iguales a las de las víctimas nacionales mientras se encuentre en el territorio nacional, así como realizar gestiones con el Estado de origen para que este pueda continuar brindando tal servicio a la víctima una vez que retorne a su jurisdicción.

En cuanto al derecho a la reinserción social a través de oportunidades de empleo, educación y capacitación, es pertinente señalar lo siguiente: si bien este derecho no debe ser entendido como un derecho de la víctima a permanecer en el territorio del Estado donde fue rescatada, sí exige que, en caso ella permanezca en él, se le brinden tales oportunidades en condiciones igualitarias con respecto de las de las víctimas de trata nacionales. En el supuesto en que la persona no permanezca en el territorio, corresponde realizar acciones para que este deber pueda ser asumido por el Estado de origen.

Al respecto, los Principios y Directrices sobre Derechos Humanos y Trata de Personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomiendan "hacer que se proporcione a las víctimas [...] que regresen a sus países de origen la asistencia y el apoyo necesarios" ("Principios y Directrices", 2002, p. 10). En sentido similar, en el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, se dispone la obligación de los Estados partes de "realizar todos los esfuerzos necesarios para favorecer la reinserción de las víctimas en la sociedad del Estado de retorno [...]" (2005, artículo 16.5). De este modo, si bien se trata de una obligación fundamental, es innegable que, para el Estado donde fue identificada la víctima, constituye un deber de medios, pero no de resultados. En efecto, estando la víctima fuera de su territorio, recaerá finalmente en el Estado adonde haya sido repatriada o retornada el cumplimiento efectivo de esta obligación.

c) Repatriación segura, período de reflexión y acceso a permisos temporales de permanencia

Además de los derechos de asistencia y protección, existe un conjunto de garantías que permite asegurar que, tras su rescate como víctima de trata o frente a indicios razonables de un posible caso de trata de personas, la persona extranjera no sea retornada a su Estado de origen sin un análisis adecuado de su condición y sin el aseguramiento de sus derechos. Este conjunto de garantías frente a su alejamiento arbitrario engloba, a nuestro entender, el derecho a la repatriación segura, el período de reflexión y el acceso a permisos temporales de permanencia.

En cuanto a la repatriación segura, el Protocolo de Palermo establece que debe darse con las debidas medidas de seguridad, de forma voluntaria y considerándose el estado de los procesos judiciales relativos al delito (artículo 8, inciso 3). Por medidas de seguridad se entienden aquellas que aseguren que la víctima, una vez que haya retornado a su lugar de origen, no pueda ser amenazada ni dañada por los tratantes que la captaron, ni quede en tal situación de vulnerabilidad que no tenga otra opción que la de volver al círculo de explotación del cual fue rescatada (Gallagher, 2010, pp. 339-344). Además, cabe señalar que la condición concerniente al estado del proceso penal como variable a tener en cuenta para la repatriación obliga a que el Estado donde se encuentre la víctima le permita a esta participar del proceso penal contra los tratantes u obtener una reparación. De este modo, la devolución de la víctima extranjera al Estado de origen inmediatamente después de su rescate podría implicar un incumplimiento de este deber. Es importante, por ello, buscar asegurar mecanismos de participación de la víctima extranjera en el proceso, ya sea mediante su estancia en el país o a través de mecanismos de representación por vía consular, diplomática u otra. Cabe señalar que la participación de la víctima en el proceso comprende mecanismos para su protección y no revictimización, los cuales deben ser asegurados por el Estado (Pearson, 2002, pp. 50-52).

Al respecto, los Principios y Directrices sobre Derechos Humanos y Trata de Personas agregan que corresponde ofrecer a las víctimas "alternativas jurídicas a la repatriación en los casos en que sea razonable llegar a la conclusión de que ella constituiría un grave riesgo para su seguridad o la de sus familias" (2002, p. 2). Esto último supone evaluar la posibilidad de que residan en el país de destino o la de reasentarlas en un tercer país frente a circunstancias que así lo ameriten, como puede ser el evitar represalias o cuando se crea que es probable que vuelvan a ser objeto de trata (p. 10). Por su parte, el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa dispone que "[c]uando una de las Partes devuelva una víctima a otro Estado, este retorno tendrá lugar dentro del respeto de los derechos, la seguridad y la dignidad de la persona, y del estado de los procedimientos judiciales vinculados al hecho de que se trata de una víctima y será preferiblemente voluntario" (2005, artículo 16.1). En contrapartida, el Estado de su nacionalidad o aquel donde tenga derecho a residir debe aceptar y facilitar el retorno sin retrasos indebidos.

De este modo, resulta contrario al derecho a la repatriación segura proceder al retorno o repatriación de la víctima sin hacer previamente una evaluación que permita considerar, de manera integral, tal condición. Esto supone determinar si existen indicios razonables para creer que se pondrá en riesgo su seguridad y, de ser el caso, ofrecer otras alternativas. De modo general, debe asegurarse que este proceso respete sus derechos como víctima de trata y, de manera particular, debe tenerse en cuenta su derecho de acceso a la justicia frente a la afectación de sus derechos, el cual probablemente será inviable si se la aleja del territorio nacional sin más consideración.

Estrechamente vinculado a esto último se encuentra el otorgamiento de un periodo de reflexión, inmediatamente después de su rescate. Este momento resulta clave para que la víctima pueda restablecerse, alejarse de la influencia de los traficantes y decidir libremente y debidamente informada si colabora con los operadores de justicia en el proceso judicial, sin miedo a sufrir represalias (Adams, 2011, p. 216). La importancia de dicho momento es tal que el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, en su artículo 13, reconoce el derecho a permanecer en el estado en cuestión por "un periodo de restablecimiento y de reflexión de al menos 30 días cuando existan motivos razonables para creer que una persona determinada es una víctima [de trata]" (2005, artículo 13.1). Durante este tiempo, las víctimas recibirán ayuda para su restablecimiento físico, psicológico y social.

El retorno seguro también ha sido abordado desde la posibilidad de otorgar a las víctimas un permiso de residencia. El Protocolo de Palermo señala que los Estados podrán adoptar medidas que permitan a las víctimas de trata permanecer en su territorio, permanente o temporalmente (artículo 7). Esta posibilidad, de ser temporal, podría dar a la víctima la oportunidad de colaborar con los agentes estatales y tener un breve periodo de recuperación que le permita enfrentar la situación en la que se encontrará luego del retorno a su lugar de origen.

Dicha permanencia, además, no necesariamente debe encontrarse relacionada con la colaboración de la víctima con el proceso penal, sino que, como señala el Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, puede darse también ante situaciones personales especialmente consideradas, entre las que podría figurar un retorno al lugar de origen no seguro (2005, artículo 14.1). Finalmente, es importante señalar que la residencia permanente resulta, claramente, más protectora y favorece en mayor medida un proceso completo de rehabilitación y reintegración social, en comparación con los permisos temporales de corta duración.

d) Derecho a solicitar asilo o refugio y principio de no devolución

Por último, a lo analizado en los apartados anteriores debemos agregar el derecho a solicitar asilo o refugio. Conforme con la definición internacional, independientemente de su condición de víctima de trata o de la obtención de un permiso temporal de permanencia, una persona podrá ser reconocida como refugiada "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas" (Convención sobre el Estatuto de Refugiados, 1951, artículo 1, sección A). En el ámbito de la trata de personas, corresponde cerciorarse de que existan procedimientos y procesos para que las víctimas puedan ser informadas sobre este derecho y presentar, si así lo desean, las solicitudes respectivas.

Adicionalmente, el principio de no devolución o non refoulement tiene una importancia fundamental frente a las víctimas de trata. Este principio se refiere a la prohibición de expulsar a una persona a un Estado en el cual su vida o libertad se vean amenazadas por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o debido a sus opiniones políticas. Este principio, considerado en la actualidad como una norma consuetudinaria e imperativa del derecho internacional, debe ser especialmente evaluado al momento de determinar el retorno de una persona víctima de trata a su lugar de origen, teniendo en cuenta el riesgo que puede correr de ser nuevamente objeto de este delito (Obokata, 2006, pp. 155-157). Esta evolución en la relación entre refugio, no devolución y víctimas de trata ha sido analizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual ha indicado que la posibilidad de revictimización en el retorno al Estado de origen podría constituir un supuesto de persecución ("Directrices sobre la Protección Internacional", 2006, § 15).

Los derechos y las garantías analizados conforman el conjunto de obligaciones estatales ante una víctima de trata de personas extranjeras. Constituyen deberes a la luz del enfoque de derechos humanos. Dichos derechos y garantías buscan proteger a la víctima y asegurar su plena recuperación. Es por ello importante que las políticas públicas de lucha contra la trata de personas los incorporen al momento de diseñar las diversas acciones estatales y que se adopten instrumentos que permitan operativizarlos y concretizarlos. A continuación, analizaremos brevemente el caso peruano.

IV. PRINCIPALES RETOS Y PROBLEMÁTICAS EN LA RESPUESTA ESTATAL

En el Perú existe una política pública de lucha contra la trata de personas que se ejecuta a nivel multisectorial y descentralizado. Esta política posiciona a la víctima como eje central del trabajo del Estado. De este modo, se ha adoptado una serie de medidas normativas e institucionales que buscan asegurar la prevención del fenómeno criminal, la persecución de los tratantes y, sobre todo, la protección de las víctimas. Sin embargo, como se verá a continuación, la problemática de la víctima extranjera parece ser aún un punto pendiente en la agenda nacional.

IV.1. Falta de identificación y registro adecuado: invisibilización del problema

La situación de las víctimas extranjeras de trata de personas en el Perú plantea, en primer lugar, el problema de su visibilización. Se trata de un problema nacional que debe ser adecuadamente abordado por los instrumentos de política pública y las instituciones competentes. Esta falta de visibilización se debe a los obstáculos que conciernen a la identificación de los extranjeros como víctimas de trata y, ligado a ello, a la ausencia de un registro adecuado de este tipo de casos que permita conocer la magnitud del problema.

En efecto, los sistemas nacionales de registro de trata de personas parecerían indicar que no existe una variante transnacional de este delito. Así, por ejemplo, el porcentaje de víctimas extranjeras registradas por el Sistema Estratégico de Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público entre 2009 y 2014 no supera, en promedio, el 4,3% del total de víctimas de trata de personas en el Perú (Observatorio de Criminalidad, 2015).

Para comprender la complejidad del problema del registro de casos de trata de personas con víctimas extranjeras, cabe poner de ejemplo lo que ocurre en Puno, región limítrofe con Bolivia. El Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines de la Policía Nacional del Perú (RETA/PNP) registró, entre 2007 y 2016, solo 59 casos de trata de personas en Puno, lo que representa un 2,62% del total de casos a nivel nacional ². Según el SISTRA, entre 2009 y 2014, se registraron un total de 95 casos, lo que representa el 4,2% del total de denuncias fiscales presentadas por este delito. Ello ubica a la región Puno en el sexto lugar de las zonas de incidencia de trata de personas a nivel nacional (Observatorio de Criminalidad, 2015) ³. Todo ello parecería indicar que, si bien no por ello menos grave, la casuística de trata de personas en esta zona transfronteriza no es muy amplia.

Sin embargo, analizando otros datos, se observa que Puno se ubica como zona de tránsito desde la frontera boliviana hasta Madre de Dios y Cuzco, regiones que han sido calificadas como zonas de alta incidencia de trata (Observatorio de Criminalidad, 2013). Asimismo, una de las rutas de trata transnacional es aquella entre Puno y Bolivia ("Plan Nacional de Acción contra la Trata", 2016, p. 6) y, según las últimas investigaciones nacionales, Puno es lugar de origen de diversos flujos de víctimas de trata de personas en el país (Capital Humano y Social Alternativo, 2016). Cabe también señalar que, en el último diagnóstico sobre la trata de personas en Perú realizado por la UNODC, se estableció la existencia de una ruta entre Desaguadero y Puno, específicamente en la región de La Rinconada (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012, p. 135). De igual modo, en el caso boliviano, el Ministerio Público ha perseguido penalmente 105 casos de trata de personas entre 2009 y 2013, de un total de 235.

Así, parecen existir indicios de la existencia de un número más amplio de casos de trata de personas con víctimas extranjeras —por ejemplo, en el caso de la frontera binacional Perú-Bolivia— que el que corresponde a aquellos registrados por los sistemas oficiales de información. Ello implica que las víctimas no son identificadas como tales y no reciben la asistencia y la protección a la que tienen derecho.

Las causas de la falta de identificación adecuada pueden ser reconducidas, por una hipótesis basada en estudios realizados en otras regiones, a los siguientes elementos: la superposición o confusión de categorías, como la de víctima de trata y la de migrante en situación irregular, donde se priorizaría la última sobre la primera; la falta de capacitación y sensibilización sobre este tema de los operadores migratorios y los agentes policiales de extranjería; y, finalmente, la existencia de estereotipos negativos en relación con las víctimas de explotación sexual o el ejercicio de la prostitución (Laczko & Gozdziak, 2005, p. 136).

Esta situación debe ser analizada y estudiada en los próximos años, debiendo promoverse trabajos de campo que trabajen específicamente en la temática de trata de personas con víctimas extranjeras y su interrelación con la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes. Sin este tipo de estudios, resulta difícil conocer la real situación del fenómeno a nivel nacional y adoptar instrumentos de política pública que permitan atender de manera específica esta problemática y asegurar un cumplimiento de los estándares de protección y asistencia también en relación con las víctimas de trata extranjeras.

IV.2.Respuesta estatal a la luz de los estándares internacionales aplicables

En el Perú, el deber de asistencia y protección para las víctimas de trata de personas ha sido recogido por el artículo 7 de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (ley 28950, 2007), indicando que "[e]n el caso de la trata de personas, el Estado directamente o en coordinación con otros [...] proporciona a las víctimas [...] como mínimo: la repatriación segura; alojamiento transitorio; asistencia médica, psicológica, social, legal; y mecanismos de inserción social [...]". Al analizar esta disposición, encontramos que no establece diferencia alguna respecto de la nacionalidad de la víctima, debiéndose por tanto brindar los servicios enunciados en todos los casos de trata debidamente identificados.

Esta norma ha sido desarrollada por el Reglamento de la Ley (decreto supremo 001-2016-IN), el cual tampoco realiza una distinción entre víctimas nacionales y extranjeras. Este instrumento, además, recoge entre sus principios los siguientes: el principio de igualdad y no discriminación, con mención expresa a la aplicación de este en el caso de la reparación y de la reintegración; así como el principio de no devolución, antes analizado. Asimismo, recoge, entre sus criterios de ejecución, el de presunción de condición de víctima, el cual implica el otorgamiento de la calidad de víctima en todos aquellos casos donde se presenten indicios razonables de la dación del delito de trata de personas. Este criterio se aplicaría, a nuestro entender y en una actuación acorde con los estándares internacionales, a todos aquellos casos de víctimas extranjeras que, además, son migrantes irregulares.

Asimismo, el Perú cuenta con el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2011-2016, el cual desarrolla diez objetivos estratégicos para cumplir con los deberes de prevención, persecución y protección. Es pertinente destacar el objetivo estratégico 9, según el cual el Estado asistirá a los extranjeros víctimas de trata. Para cumplir con esta tarea, se establecen dos actividades: brindar acceso a las víctimas extranjeras a los sistemas de protección y favorecer la regularización de su situación migratoria. El gobierno peruano ha venido realizando esfuerzos para cumplir con estas acciones a través de la aprobación de una serie de herramientas de actuación y de índole normativa que se describen a continuación.

Se ha aprobado el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención, y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas (decreto supremo 005-2016-IN), el cual desarrolla el deber de asistencia y protección. Este instrumento tampoco establece una distinción entre los derechos que asisten a las víctimas extranjeras frente a las nacionales: más bien, establece el deber estatal de "[p]romover el retorno de las víctimas nacionales y extranjeras a sus lugares de origen y/o residencia, cuando la víctima así lo desea y verificar las condiciones adecuadas para la restitución de sus derechos" (apartado 4.2da.g). De este modo, se recoge la obligación de retorno voluntario y seguro analizada en el apartado III.2 de este trabajo. La aplicación de este deber, además, deberá incluir acciones para asegurar que la víctima extranjera reciba protección y asistencia en el lugar donde se la devuelva (Estado de origen o Estado del cual es nacional). En ese sentido, un protocolo para la repatriación de víctimas extranjeras de trata de personas, que indique procesos y responsabilidades específicas, será el próximo paso a seguir.

En efecto, el Protocolo Intersectorial establece que la CMNP TP-TIM desarrollará un instrumento técnico especial de repatriación, donde seguramente se incluirán los deberes internacionales del Estado peruano y el enfoque de derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá un rol protagónico en dicha herramienta, toda vez que el Protocolo Intersectorial le asigna la competencia de comunicar y coordinar, con los consulados de origen de las víctimas extranjeras, el retorno seguro de las mismas. Finalmente, este instrumento hace explícita la prohibición de multa a la víctima extranjera de trata de personas o de expulsión de la misma en aquellos casos donde se superponga dicha categoría a la de migrante irregular.

El Protocolo para la Atención y Protección de Víctimas y Testigos del Delito de Trata de Personas por parte de la Policía Nacional del Perú, actualizado por la resolución ministerial 0430-2016-IN, sigue los mismos lineamientos. En efecto, no realiza distinción de víctimas por nacionalidad y dispone expresamente que, cuando la víctima extranjera posea una situación migratoria irregular, bajo ninguna circunstancia perderá la calificación de víctima y será sometida a un procedimiento distinto de aquel indicado de forma general en el texto del Protocolo. De este modo, se indica que la sanción de la víctima de trata de personas por infracción a la normativa migratoria peruana es contraria a la protección de sus derechos humanos. Asimismo, para su devolución al lugar de origen, se deberán adoptar medidas de protección adecuadas y coordinar con las instituciones que la recibirán para asegurar su asistencia y atención. De igual modo, el Protocolo Intrasectorial para la Atención a Víctimas de Trata del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (resolución ministerial 203-2014-MIMP) señala que las víctimas extranjeras recibirán alojamiento temporal y atención médica, psicológica y legal mientras esperan su repatriación segura.

Finalmente, en septiembre de 2015, se promulgó el Decreto Legislativo de Migraciones (decreto legislativo 1236), el cual establece la protección de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, incluyendo en este grupo a las "víctimas de presuntos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes" (artículo 17). Para operativizar tal protección, la norma también crea la calidad migratoria humanitaria (visa humanitaria), la cual se otorga al extranjero víctima de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes (artículo 59.2). Este representa un paso fundamental en la asistencia a las víctimas extranjeras en el país, cambio que fue recogido también por el decreto legislativo 1350, el cual modifica el Decreto Legislativo de Migraciones y que fue aprobado en enero de 2017. Esperamos que su reglamentación tome en cuenta las obligaciones internacionales del Perú y los avances dados en este tema en el ámbito europeo.

En cuanto a la relación bilateral, como indicamos, existen una serie de tratados bilaterales que se han suscrito o se encuentran en proceso de negociación con los Estados de la región. Estos acuerdos, creados justamente ante la problemática de un proceso de trata de personas binacional o de rutas transnacionales, recogen deberes estatales hacia la protección de las víctimas. Un ejemplo de ello es el Acuerdo para Fortalecer la Lucha contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos Conexos, suscrito entre Perú y Bolivia. Este Acuerdo dispone una serie de medidas relativas a la protección de víctimas de trata y el retorno voluntario a su lugar de origen.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este tipo de convenio, los compromisos allí recogidos son aún demasiado amplios y no abarcan a cabalidad la complejidad del problema. En ese sentido, si bien el acuerdo bilateral plantea que el retorno se dará a través de la coordinación entre las entidades públicas competentes, no indica nada respecto de las medidas de protección que recibirá la víctima una vez que haya sido repatriada. Por ello, es de suma importancia que en las herramientas que se adopten para la implementación del acuerdo se incluyan obligaciones de protección para víctimas repatriadas y se designen a las entidades responsables de tal atención. Sin ello, el retorno propuesto podría producir las mismas consecuencias de victimización y peligro de recaptación que ya se vienen dando en la realidad.

En suma, observamos que, en el Perú, las normas legales y reglamentarias, así como los instrumentos operativos de actuación, poseen disposiciones que permitirían aplicar los estándares internacionales de protección también a las víctimas extranjeras, con independencia de su condición migratoria. Sin embargo, estas disposiciones son de reciente aprobación y no existe información oficial o estudios académicos que verifiquen su implementación o uso adecuado. Asimismo, algunos de estos compromisos requieren de procesos de operativización que, necesariamente, deberán incluir capacitaciones a operadores estatales, así como herramientas de sensibilización hacia el problema dirigidas a la población. Ello deberá ser incluido en el nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2017-2021 que se viene elaborando en el seno de la CMNP TP-TIM.

V. PRINCIPALES CONCLUSIONES

La lucha contra la trata de personas transnacional exige un conjunto de acciones internacionales, regionales, nacionales y locales para hacerle frente a la trata. La situación específica que atraviesan las víctimas de trata extranjeras exige de los Estados una respuesta institucional que asegure que estas sean tratadas como tales y no sean perseguidas por su situación migratoria irregular o las ofensas a las normas migratorias que pudieran haber cometido durante el proceso de trata de personas. Su reconocimiento y el otorgamiento de derechos de protección y reintegración pasa por la coordinación y el trabajo conjunto entre el Estado de destino y el Estado de origen, así como por la asignación de responsabilidades y competencias específicas entre ambos países y las instituciones internas de ambos.

Actualmente, en el Perú parece existir una invisibilización de la existencia de casos de trata de personas transnacionales y, como consecuencia, de la presencia de víctimas que puedan tener una situación migratoria irregular. Ello parece reflejarse en las cifras estadísticas oficiales, como, por ejemplo, en el caso de la frontera entre Perú y Bolivia. Una falta de identificación clara de este tipo de situaciones y de la primacía que podría estarse dando a la condición migratoria frente a la calidad de víctima implica un proceso de revictimización y el incumplimiento de una serie de obligaciones de derechos humanos adoptadas por nuestro país.

Para proteger a las víctimas extranjeras de trata de personas, el Perú ha adoptado una serie de disposiciones normativas y protocolos de actuación. Tales instrumentos se encuentran redactados de forma amplia, sin hacer distinción entre las víctimas nacionales y las extranjeras, brindándose la posibilidad de que las obligaciones de atención y protección allí enunciadas puedan también ser cumplidas en relación con las víctimas en situación irregular. De igual modo, reconocemos lo valiosa que resulta la suscripción de acuerdos bilaterales para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos, y sobre todo la mención expresa a la situación de las víctimas extranjeras que se encuentren en el territorio de una de las partes.

Es momento ahora de completar lo allí dispuesto con herramientas concretas de actuación que permitan operativizar la protección de las víctimas extranjeras y asegurar una repatriación voluntaria de las víctimas en condiciones de seguridad y con miras a no dejarlas desprotegidas una vez que vuelvan al territorio del Estado del que son nacionales. Es necesaria la creación de una ruta de atención para víctimas extranjeras, la cual comprenda, como mínimo, los siguientes elementos: los pasos a seguir una vez que la víctima ha sido rescatada; las entidades encargadas de la coordinación a nivel nacional y aquellas competentes para su protección temporal mientras permanezca en el territorio del Estado; las modalidades de repatriación, retorno o de regularización de su calidad migratoria, especificando para los primeros dos casos los deberes de coordinación con el Estado receptor; y, finalmente, las medidas de protección específicas que la víctima pudiera requerir una vez que haya regresado al lugar de origen y las entidades (o el Estado) encargadas de proveerlas. La oportunidad para incorporar todos estos ajustes se encuentra dada con el compromiso de adoptar un Protocolo de Repatriación por parte del Estado peruano, cuya adopción urgente requiere voluntad y compromiso por parte de todos los sectores involucrados.

Capital Humano y Social Alternativo (2010). La trata de personas en el Perú. Manual para conocer el problema. Lima: CHS Alternativo/Comisión Europea/ Embajada del Reino de los Países Bajos. [ Links ]

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* El presente estudio fue presentado por las autoras en el IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, el cual se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, del 14 al 16 de octubre de 2015. La presente es una versión adaptada para la revista y actualizada en función de los últimos avances normativos. Las opiniones vertidas en el presente documento no comprometen a las instituciones a las cuales pertenecen las autoras.

** Abogada y magíster en derechos humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigadora. Área Académica y de Investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) y profesora del Departamento de Derecho de la PUCP. Código ORCID: 0000-0003-0157-1158. Correo electrónico: cblanco@pucp.pe

***Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Código ORCID: 0000-0002-5178-5106. Correo electrónico: cmarinelli@pucp.pe

1 La CMNP TP-TIM es el espacio institucional que propone, implementa y monitorea la política pública de lucha contra la trata de personas en el Perú. Creada por el Decreto supremo 001-2016-IN, sustituyó al Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas (que venía funcionando desde el año 2014). Se instaló formalmente el 09 de marzo de 2016. Actualmente ya cuenta con un Reglamento Interno (Resolución ministerial 0488-2016-IN) y un Plan de Trabajo Anual. La Secretaría Técnica se encuentra a cargo de la Dirección General para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

2 La información del Sistema RETA/PNP se obtuvo por medio de solicitud a la Dirección de Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad del Ministerio del Interior.

3 La disparidad de cifras se debe a la falta de interconexión entre ambos sistemas. Desde el Ministerio del Interior se está promoviendo un proceso de interconexión que, actualmente, tiene implementada la primera fase. Parte de esta etapa supone la ejecución de INTERTRATA, proyecto piloto de interconexión entre el Sistema RETA/PNP, SISTRA y la Línea 1818 Opción 1, en el Distrito Fiscal Lima Sur (véase "Plan Nacional de Acción contra la Trata", 2016, p. 173).

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Víctimas de trata de personas versusmigrantes en situación irregular: Retos y lineamientos para la atención y protección delas víctimas de trata de personas extranjerasen el Perú

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Citado por SciELO Similares en SciELO MISCELÁNEA Víctimas de trata de personas versusmigrantes en situación irregular. Retos ylineamientos para la atención y protección delas víctimas de trata de personas extranjerasen el Perú* Human Trafficking Victims versus Irregular Migrants.

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El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana | Derecho PUCP

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El delito de trata de personas es un delito de naturaleza compleja y presenta problemas dentro de su interpretación en la jurisprudencia peruana. Estos problemas obligan al autor a estudiar la delimitación del bien jurídico protegido detrás de este delito, el consentimiento de menores…

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Diego Tuesta Pontificia Universidad Católica del Perú

Licenciado y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y miembro del Grupo Interdisciplinario de Criminología. Doctorando y afiliado en el Centro de Criminología y Estudios Sociolegales de la Universidad de Toronto, Canadá.

Correo electrónico: diego.tuesta@mail.utoronto.ca

Palabras clave: criminalización, experiencia social, pruebas, selectividad penal, trata de personas

Resumen

La literatura empírica sobre judicialización de la trata de personas es relativamente escasa en Sudamérica. El artículo aporta evidencia sobre diligencias judiciales contra este delito en Madre de Dios, región emblemática de minería artesanal en Perú. Demuestro que la actuación fiscal obedece a un conjunto de lógicas de acción, en contraste con narrativas que la interpretan como resultado de elecciones racionales. Dicha constatación permite abordar el problema de la selectividad penal, o por qué los fiscales priorizan algunos casos en vez de otros. Si bien la discrecionalidad que estos actores disponen es un importante para explicarla, existen factores poco discutidos -por ejemplo, la cultura organizacional de los grupos profesionales que conforman el sistema de justicia- que influirían también en dicho comportamiento. Esta exploración permite promover algunas categorías novedosas en la sociología del derecho.

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"Son prácticamente casos perdidos". Trata de personas y respuesta judicial en Madre de Dios, Perú

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Diego Tuesta Pontificia Universidad Católica del Perú Licenciado y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y miembro del Grupo Interdisciplinario de Criminología. Doctorando y afiliado en el Centro de Criminología y Estudios Sociolegales de la Universidad de Toronto, Canadá.

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Legislación sobre trata de personas : Perú

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Legislación sobre trata de personas : Perú

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Legislación sobre trata de personas México

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Legislación sobre trata de personas México

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Legislación sobre trata de personas España

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Legislación sobre trata de personas España

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Lima (2017) comenta:
El delito de trata de personas es posible evidenciarlo en distintas modalidades puede ser de abuso y explotación que, muchas veces, son toleradas diariamente por la sociedad. De algunos estudios se sabe que cada modalidad de trata muestra una dinámica dispareja, existiendo similitudes en los procesos, pero cada situación demuestra su peculiaridad. (p.9)

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Defensoria del Pueblo (2020), menciona que "La trata de personas, es  la tercera forma delictiva más rentable en el mundo, después del narcotráfico y el tráfico ilícito de armas". (p.5)

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Según los estudios realizados por  Pasapera (2018), "los delitos como la trata de personas, atentan directamente contra los Derechos Humanos, ya que darle un valor de consumo al ser humano, deshumaniza a las personas" (p.9).

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Según los estudios realizados por Montoya (2016), "la trata de personas se trata de un delito que presupone una situación de dominio entre un agresor o agresores y una víctima vulnerable, sea esta mayor o menor de edad" (p.4).

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De acuerdo a las ideas mencionadas, Tuesta (2019) resalta la interveción de los fiscales, quienes priorizan ciertos casos relacionados a menores de edad, de esa manera facilita la judilización de la trata a menores de edad, tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, los fiscales son conscientes de la ineficicencia del personal del Instituto de Medicina Legal para procesar cientos de casos que son denunciados. Es así como, un fiscal opta atender los casos con menor complejidad en acreditación.

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https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2012-09-Trata-de-seres-humanos-en-Espa%C3%B1a-v%C3%ADctimas-invisibles-ESP-Resumen.pdf

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Según lo compartido por el Defensor del pueblo de Esapaña (2015) rescata a las leyes como dispocisión de seguridad para las víctimas, ofreciendole un entorno con plena seguridad para realizar las denuncias e incorporase a la recuperación de lo ocurrido. La trata de personas es un delito que se castiga a través Código Penal. Sin embargo, la carencia de datos sobre los datos actualizados y la verdadera dimensión de la trata involucra a adoptar ciertas medidas para lucha de la misma, estás pueden funcionar como pueden fallar y perjudicar el avance.

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Según los estudios realizados por Marinelli (2015), "Resulta innegable que la trata de personas implica una afectación grave a los derechos de las víctimas tanto directa como indirectamente" (p.6).

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Según la tesis de la bachiller Chiara Marinelli, (2017), “Actualmente, en el Perú parece existir una invisibilización de la existencia de casos de trata de personas transnacionales y, como consecuencia, de la presencia de víctimas que puedan tener una situación migratoria irregular.” (p.21)

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Según lo mencionado por Montoya (2016), la trata de personas es un delito que aún no se encuentra esclarecido, es decir, que presenta complejidades para su correcta interpretación en el Código Civil peruano. Además, este tipo de delitos, se presenta, en la mayoría de los casos, en menores de edad, ya que los que cometen estos actos delictivos buscan personas que sean fáciles de someter.

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Según lo mencionado por Pasapera (2018), la trata de personas es un delito que se encuentra en todas partes del mundo, es decir, es un delito global. Incluso la Organización Mundial de las Naciones Unidas lo califica en el 3er lugar de negocios ilícitos.  Este tipo de acto delictivo atenta contra nuestros derechos fundamentales como lo son la dignidad humana y la libertad.

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Según la tesis de la bachiller Chiara Marinelli, (2015), "Resulta innegable que la trata de personas implica una afectación grave a los derechos de las víctimas tanto directa como indirectamente" (p.6).

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Según los estudios realizados por Colina (2021) " Se analiza la consecuencia jurídica internacional del Estado al ser declarado responsable de violación de los derechos humanos, los modos de reparación dispuestos por la Corte para los familiares de la víctima"

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Según los estudios realizados por Gutiérrez (2013) "Se busca comprender a la inadecuación de las normas nacionales a las extranjeras, como el Estatuto de Roma, y proponer una concreta recomendación para que las mismas se acoplen a dichas normas."

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Sepún los estudios realizados por Colina (2021) Describe un caso particular del derecho procesal para tomar las  bases específicas de lo mencionado y alucir a las fuentes principales del derecho, así como mencionando los derehocs fundamentales yla preservación de los derechos naturales en contra de la desaparición forzosa o no voluntaria.

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Según los estudios de Gutierrez (2013) Se resaltan las características fundamentales del derecho normativo internacional y la adaptabilidad a los casos problemáticos como perfectamente puede tratarse de nuestra patria. Focalizando su eje temático en el acoplo de dichas normas a las perticualridades de nuestra nación para proponer proyectos de solución más factibles y rentables.

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He creado este cómic con Pixton, una app para generar cómics que hace la escritura fácil y divertida a mi grupo: https://edu-es.pixton.com/solo

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¿Cómo se desarrolla la legislación sobre la trata de personas en la región, en los últimos 10 años, haciendo un análisis de derecho comparado en el Perú, México y España?

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¿Cómo se desarrolla la legislación sobre la trata de personas en la región, en los últimos 10 años, haciendo un análisis de derecho comparado en el Perú, México y España?

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Analizar la legislación sobre la trata de personas (explotación laboral ) en el Perú, México y España

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Analizar la legislación sobre la trata de personas (explotación laboral ) en el Perú, México y España