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La Legislación Nacional e Internacional de Inspectoria Laboral

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La Legislación Nacional e Internacional de Inspectoria Laboral

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Legislación Nacional

El representante gubernamental informó sobre los progresos realizados por el Gobierno sobre las recomendaciones del comité de expertos. En cuanto a la función de solución de conflictos laborales, el defensor del pueblo ya no realiza tareas de mediación o mediación, sino que se encarga de servicios especializados. En cuanto a la suficiencia de los recursos humanos y financieros, el gobierno implementa un plan de acción para mejorar las inspecciones y desarrolla estrategias, herramientas y logística para mejorar la planificación de las visitas de inspección de acuerdo con los requisitos de la convención. Actualmente hay 141 inspectores, con un aumento de 94 desde ahora hasta 2016. En cuanto a los vehículos, si bien no se utilizan específicamente para las inspecciones, se utilizan para priorizar estas actividades y el plan de acción se propone fortalecer esta logística. En cuanto a la necesidad de garantizar las condiciones de trabajo de los inspectores, la estabilidad laboral y la independencia, se respeta la estabilidad del trabajo de los inspectores, ya que más del 50% de los inspectores tienen de 10 a 25 años de experiencia. Además, hay una clasificación de puestos que divide a los inspectores en tres categorías: inspectores recién nombrados, inspectores de mayor antigüedad y supervisores de inspectores, y los criterios de selección, incluida la competencia, el nivel académico y la antigüedad, se establecen en el nuevo proyecto de ley. En lo que respecta a la independencia de influencias indebidas, se aplican varios instrumentos, como los acuerdos de supervisión y la Ley de servicio público. En cuanto a la implementación correcta y efectiva de las sanciones, las reformas legislativas previstas fortalecen la capacidad de aplicación para evitar infracciones a la legislación laboral, teniendo en cuenta que los obstáculos a la labor de supervisión son muy graves, y para las infracciones detectadas se aplicará el salario mínimo establecido. correspondiente a la empresa infractora. Los despidos se basan en el número de empleados afectados. En 2014, los inspectores revisaron un total de 3.082 infracciones de la legislación laboral, pero solo en el primer trimestre de 2015 hubo más de 5.357 infracciones. Dado que la inspección estatal del trabajo es la base para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, en 2014 se solicitó a la OIT que brindara asistencia técnica, realizara una auditoría del funcionamiento de la inspección del trabajo y realizara la primera reunión con consultores designados por el gobierno. La revisión, que debe comenzar la última semana de junio y cuenta con un comité de apoyo técnico, se basará en el riguroso trabajo del equipo de expertos de la OIT. Representantes gubernamentales ratificaron el compromiso del Gobierno de fortalecer la supervisión de las obras de acuerdo con el plan de acción publicado en el seno de la comisión tripartita de seguimiento y supervisión, que abarca el período 2015-2016 y cuyo programa presupuestario ha sido aprobado por el Presidente. República El plan de acción incluye la opinión del comité de expertos, incluida la necesidad de fortalecer la inspección actual, con siete ejes y más de 15 actividades para completar en 12 meses. Los resultados y el progreso se informarán en el informe de 2016 sobre la implementación de la Convención.

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Los trabajadores alegan que Honduras ha incumplido en todas las áreas debido a una serie de obstáculos en la ley y en la práctica, dejando a los trabajadores completamente desprotegidos y sin ningún recurso efectivo contra las violaciones de sus derechos. Esto fue confirmado en un informe de febrero de 2015 del Departamento de Trabajo de EE. UU. en respuesta a las denuncias presentadas por 26 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil hondureñas. Durante años, el gobierno no ha supervisado el cumplimiento de las leyes laborales a través de las inspecciones laborales y el sistema legal, según el informe. Esto llevó a los miembros laboristas a concluir que el gobierno tenía poca voluntad política para hacer cumplir sus leyes laborales de manera efectiva. Hicieron hincapié en las siguientes áreas clave que no cumplen con el contrato: los inspectores (119 empleados de tiempo completo) son inadecuados, centrándose en la capital del país y los centros comerciales más grandes; A menudo evitan que los inspectores ingresen a la fábrica, y algunos inspectores buscan ayuda de la policía. El Ministerio de Trabajo no permitirá a los empleadores alojar a los empleadores en los tribunales; Sanciones insuficientes (por ejemplo, para evitar que los inspectores se actualicen desde 1980 (por ejemplo, multas que no pagan el salario mínimo. $ 48 de los Estados Unidos, no el número de números se multiplicará por números), y en el caso de Sus multas y documentos recolectados no corrigen la razón (por ejemplo, debido al salario mínimo, las compañías agrícolas deben 129,818 salario mínimo moderado en los EE. UU.: multa $ 240. Después de que se cierra el caso de pago, incluso si el pago está por debajo del mínimo salario); inspección preliminar, la segunda inspección encontró un tratamiento ilegal, la segunda inspección fue en la segunda inspección. Otras operaciones son muy débiles y los inspectores no requieren recursos materiales como vehículos o gasolina para la inspección. La efolestación vive en los países durante el impacto de la pobreza umbral. Es una gran cruz ES. En resumen, el sistema de pruebas de trabajo para las condiciones de trabajo y la protección de los empleados en la implementación del trabajo. Esto no se debe a la falta de recursos, ya que el gobierno se ha beneficiado de varios proyectos de cooperación internacional, en particular dos proyectos financiados por Estados Unidos en la región que cuestan millones de dólares. El gobierno parece haber tomado una decisión clara de no establecer un sistema de inspección laboral para proteger a los trabajadores con el fin de crear un entorno favorable para el comercio y la inversión basado en la explotación de mano de obra barata. La situación es muy grave y se deben tomar medidas efectivas para que Honduras cumpla con la Convención lo antes posible.

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Los miembros empleadores expresaron su seria preocupación por la inadecuada implementación del Convenio en Honduras y destacaron la importancia de mantener un sistema de inspección eficaz. Tuvieron en cuenta los comentarios del comité de expertos y la respuesta del gobierno, en particular las medidas tomadas en relación con la insuficiencia de recursos humanos y financieros, que impidieron al inspector actuar como árbitros y partes, lo que limitó la capacidad de actuar de oficio. o podría crear dificultades. con la idoneidad y aplicabilidad de las sanciones y dificultades en el transporte y las inspecciones de los locales comerciales y de fabricación. La Inspección General del Trabajo se estableció en 1959 y nada ha cambiado desde entonces, los inspectores están mal seleccionados y capacitados, son vulnerables a la corrupción de ambos lados y no actúan con la independencia que deberían. La acción de oficio es rara. Dado que los costos de transporte de los inspectores deben ser sufragados por ambas partes, los empleados sin medios económicos no pueden recibir servicios de inspección. En la administración pública, los inspectores reciben el salario más bajo y su categoría no ha sido revisada durante muchos años. No hay suficientes inspectores para cubrir las necesidades del país, la mayoría de ellos están ubicados en las principales ciudades y no existe una división específica del trabajo; además, las tareas de inspección relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo se mezclan con el trabajo. funcionarios del gobierno del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El sector privado del Estado está de acuerdo en que se debe reformar la legislación laboral y modernizar la inspección del trabajo para hacerla más eficiente y moderna. A través de la reciente reunión tripartita en Honduras, los miembros empleadores enfatizaron la necesidad de acelerar la revisión de las mejoras en consulta con los interlocutores sociales, incluidos los sectores empresariales representativos, para garantizar la pertinencia de las reformas y la plena implementación de los objetivos establecidos en el acuerdo. . . Finalmente, el miembro empleador recordó la importancia de la supervisión laboral no solo en el sector formal, sino también en el informal, a fin de crear las condiciones adecuadas para su formalización.

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El miembro trabajador de Honduras señaló que la inspección del trabajo es una herramienta fundamental para garantizar el libre ejercicio de los derechos consagrados en los convenios internacionales y las leyes laborales nacionales, y que el Gobierno debe tomar las medidas adecuadas para que los empleadores cumplan con la ley. En cuanto a las facultades sancionadoras del régimen de inspección, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no impone sanciones administrativas por infracciones a las leyes laborales a que se refiere el artículo 625 del Código del Trabajo, y al imponer multas, éstas son desproporcionadas a la infracción. La multa máxima es de 5.000 lempiras, equivalente a $228. En cambio, las sanciones deben ser ejemplares. El número total de inspectores es insuficiente, ya que sólo hay un inspector para unos 24.000 trabajadores. Además, las actividades de la inspección del trabajo se centran principalmente en las inspecciones de denuncia y en segundo lugar en las inspecciones de oficio. En general, las actividades de inspección se limitan a realizar investigaciones no solicitadas sin penalizar al empleador. Al no priorizar las inspecciones integrales del lugar de trabajo, el estado tendría una visión realista de cómo abordar las violaciones laborales, que los trabajadores a menudo no denuncian por temor a perder sus trabajos. Por ejemplo, a las empresas maquiladoras en las zonas francas no se les permitió realizar inspecciones laborales, amenazando con cerrar las empresas y despedir a miles de trabajadores. Aunque el artículo 624 del Código del Trabajo establece que los inspectores no pueden cancelar una investigación sin el permiso del superior, en muchos casos los conflictos laborales de los trabajadores quedan sin resolver. Además, los inspectores requieren que los trabajadores paguen por las inspecciones, incluido el transporte, como condición para resolver sus reclamos. Todos los empleados también están obligados a pagar por cualquier evidencia de las acciones del inspector en relación con sus reclamos, violando así el principio de propina. Ha habido denuncias de que los inspectores alentaron a los trabajadores a retirar las denuncias y que los inspectores utilizaron a los empleadores para impedir investigaciones efectivas, a pesar de que dicha conducta estaba prohibida por ley. Sin embargo, las autoridades competentes no iniciarán procedimientos disciplinarios contra los inspectores. Los empleadores a menudo niegan el acceso a los lugares de trabajo, como una gran empresa azucarera. Los inspectores casi nunca usan sus poderes para pedirle a la policía que los deje entrar en los lugares de trabajo y, en muchos casos, incluso la policía se niega a usar sus poderes coercitivos. El Ministerio de Trabajo rara vez multa a los empleadores que se niegan a realizar inspecciones, y cuando se intentan enjuiciamientos, el Ministerio de Asuntos Públicos no los acepta porque no sabe qué hacer. Los gobiernos deben respetar las convenciones y leyes nacionales.

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El miembro empleador de Honduras señaló que las leyes laborales datan de 1959 y que, aunque el Convenio hondureño fue ratificado en 1983, las disposiciones sobre inspección del trabajo no se han reformado sustancialmente desde entonces. Sin embargo, es un acuerdo gubernamental que Honduras está revisando trilateralmente y ha pedido a la OIT que coopere en la revisión del funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. Los resultados se publicarán tripartitamente en el Consejo de Asuntos Económicos y Sociales. Los empresarios de Honduras se comprometen con una reforma integral de la legislación laboral y apoyan la revisión y aprobación de la ley general de inspección del trabajo, que debe asegurar la profesionalización de los inspectores del trabajo, su polivalencia y especialización según la región o actividad económica, así como la creación de una empresa de inspección del trabajo. Las reformas deben garantizar que los procedimientos de inspección sean claros, que las sanciones financieras contra los infractores de la legislación laboral se introduzcan gradualmente según el tipo de infracción y se determinen objetivamente, asegurando el derecho de defensa de todas las partes. Aun conociendo los problemas económicos de Honduras, el número de inspectores en el país -unos 112 para un país de 8 millones de habitantes- aún es pequeño, por lo que el presupuesto a partir de 2015 deberá desarrollarse paulatinamente no solo para el pago de salarios, sino también para apoyo logístico para las inspecciones, de modo que los inspectores viajen con vehículos gubernamentales, en lugar de los vehículos personales de los solicitantes del servicio. Los empresarios hondureños expresaron su disposición de trabajar tripartitamente para adoptar un instrumento legal que garantice lo anterior y cumplir con la hoja de ruta recién aprobada. El nuevo instrumento primero será aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos y Sociales de Honduras y luego presentado a la Asamblea Nacional.