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Existen diversos instrumentos jurídicos que establecen obligaciones para los Estados en materia de protección de derechos humanos en relación con las drogas:

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes: Establece un marco para el control internacional de las drogas, pero también reconoce la importancia de proteger los derechos humanos.

Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971: Complementa la Convención Única y refuerza la protección de los derechos humanos.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988: Enfatiza la necesidad de combatir el tráfico de drogas sin violar los derechos humanos.

Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas (2009): Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce la importancia de un enfoque integral y basado en los derechos humanos para abordar el problema de las drogas.

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Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos en relación con las drogas. Esto se puede hacer a través de diversas medidas, como:

Adoptar leyes y políticas que respeten los derechos humanos: no deben discriminar a las personas que consumen drogas ni criminalizarlas por su consumo.

Garantizar el acceso a servicios de salud y tratamiento: Las personas que consumen drogas deben tener acceso a servicios de salud y tratamiento de calidad, incluyendo servicios de reducción de daños, como la terapia de sustitución con opioides y los programas de intercambio de agujas.

Proteger a las personas de la violencia y la discriminación: Las personas que consumen drogas a menudo son víctimas de violencia y discriminación por parte de las fuerzas del orden y de la sociedad en general. Los Estados deben tomar medidas para proteger a estas personas de la violencia y la discriminación.

Promover la participación de las personas que consumen drogas en la toma de decisiones: Las personas que consumen drogas deben tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas, incluyendo el desarrollo de leyes y políticas relacionadas con las drogas.

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Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para reducir la oferta y la demanda de drogas, pero estas medidas deben hacerse de manera que respeten los derechos humanos.

En Colombia, existen diversos mecanismos de protección de derechos que se pueden aplicar en la problemática de la drogadicción:

La Constitución Política: La Constitución Política de Colombia garantiza una serie de derechos que son relevantes para la problemática de la drogadicción, como el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad personal y el derecho a la rehabilitación.

La Ley 1306 de 1994: Esta ley establece un marco general para la atención y rehabilitación de personas con consumo de sustancias psicoactivas.

La Política Nacional de Drogas: Esta política establece los lineamientos generales para la respuesta del Estado colombiano al problema de las drogas.

La Corte Constitucional: La Corte Constitucional ha emitido varias sentencias que han desarrollado la jurisprudencia sobre la protección de los derechos humanos en relación con las drogas.

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Es importante que las personas que consumen drogas conozcan sus derechos y cómo pueden exigirlos. También es importante que las autoridades y los profesionales que trabajan con personas que consumen drogas estén sensibilizados sobre la importancia de la protección de los derechos humanos.

La protección de los derechos humanos es esencial para garantizar un abordaje efectivo y justo del problema de la drogadicción. Al proteger los derechos de las personas que consumen drogas, podemos contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa para todos.