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En ciclos agrícolas donde, debido a causas de fuerza mayor, el agua no sea suficiente para cubrir la demanda del distrito de riego, el Organismo de Cuenca correspondiente se encargará de distribuir el agua disponible según lo establecido en el reglamento del distrito.

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En cada distrito de riego se formará un comité hidráulico, cuya estructura y funcionamiento serán definidos en el reglamento elaborado y aplicado por cada distrito. Este comité funcionará como un órgano colegiado para coordinar el manejo eficiente del agua y de la infraestructura.

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Los distritos de riego serán gestionados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios organizados según lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley o por la entidad que ellos designen. Para ello, "la Comisión", a través de los Organismos de Cuenca, otorgará la concesión de agua y, si es necesario, la infraestructura pública a las personas morales que los usuarios constituyan. Los usuarios del distrito también podrán adquirir la infraestructura del área de riego conforme a la ley.

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Los distritos de riego incluirán las áreas dentro de su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y subterráneas destinadas al suministro de agua, así como los depósitos de almacenamiento y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento.

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Las unidades de riego que así lo convengan podrán integrar un distrito de riego. Independientemente de

lo anterior, las unidades de riego se podrán asociar libremente entre sí, para los efectos del Artículo 14 de la presente

Ley.

Lo establecido para los distritos de riego se aplicará en lo conducente a las unidades de riego.

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En los casos mencionados en las fracciones II y III del Artículo 59 de la Ley, el órgano directivo de las personas morales presentará a la asamblea general el reglamento de operación y el monto de las cuotas necesarias para la autosuficiencia. "La Autoridad del Agua" podrá revisar cómo se realiza el servicio de riego, implementar medidas correctivas e intervenir en la administración según lo establecido en el reglamento de operación. Tanto el reglamento de operación como el monto de las cuotas y sus modificaciones deberán contar con la aprobación de "la Autoridad del Agua".

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Según la fracción II del Artículo 59, las personas morales deben pagar la parte recuperable de la inversión federal y proporcionar las garantías necesarias. "La Comisión" establecerá las normas para la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura para unidades de riego. Además, podrá construir estas obras parcial o totalmente a través del Organismo de Cuenca competente o directamente, previa coordinación con los productores y, si corresponde, con acuerdos con los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales.

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El título de concesión de aguas nacionales otorgado a las unidades de riego por el Organismo de Cuenca incluirá el permiso de construcción y, si aplica, la concesión para el uso de bienes públicos mencionados en el Artículo 113 de la Ley. El estatuto social de la persona moral y el reglamento de las unidades de riego deben alinearse con lo establecido en el Artículo 51 y no contradecir lo estipulado en el título de concesión.

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Los productores rurales pueden asociarse libremente para formar personas morales con el objetivo de crear sistemas que ofrezcan servicios de riego agrícola a diversos usuarios, constituyendo así unidades de riego. En estos casos, la concesión de aguas nacionales se otorgará a las personas morales que representen a los usuarios, quienes recibirán certificados transferibles según los reglamentos de la Ley. Sin embargo, esto no será obligatorio dentro de los distritos de riego.

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Cuando se transfiera el dominio de tierras ejidales o de uso común, o se aporte el usufructo de parcelas a sociedades o personas morales según la Ley Agraria, los nuevos propietarios mantendrán los derechos sobre el uso del agua. "La Autoridad del Agua" otorgará la concesión correspondiente a solicitud del interesado, de acuerdo con la ley y sus reglamentos.

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Cuando la asamblea general del ejido decide que los ejidatarios pueden adoptar el dominio pleno de sus parcelas, se transmiten automáticamente los derechos de uso de las aguas necesarias para regar esas tierras, especificando las fuentes y volúmenes de agua, y estableciendo las condiciones necesarias. El dominio pleno permite al ejidatario usar las aguas como concesionario, debiendo obtener el título correspondiente según la ley.

Los ejidatarios que asuman el dominio pleno de sus parcelas conservarán sus derechos sobre el uso de agua. "La Autoridad del Agua" otorgará la concesión requerida al presentar la constancia de cancelación de la inscripción de la parcela. Al conceder la solicitud, "La Autoridad del Agua" ajustará el volumen de agua de la dotación ejidal y registrará la concesión y la reducción del volumen en el Registro Público de Derechos de Agua.

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El uso de aguas en ejidos y comunidades para asentamientos humanos o tierras de uso común se hará según el reglamento interno del ejido o comunidad, siguiendo lo establecido en el Artículo 51 de la Ley. En ejidos o comunidades parceladas, los ejidatarios o comuneros tienen el derecho de usar el agua necesaria para regar sus parcelas. La asamblea o el comisariado ejidal no pueden decidir sobre el uso del agua destinada a las parcelas sin el consentimiento de los ejidatarios, salvo que sea para necesidades domésticas esenciales.

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Las personas físicas o morales que integran una unidad o distrito de riego pueden modificar parcial o totalmente el uso del agua, de acuerdo con sus reglamentos, y con la intervención de "la Autoridad del Agua" conforme a la ley.

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Los ejidos o comunidades que formen parte de unidades o distritos de riego seguirán las normas establecidas en la ley. Aquellos no incluidos en estos distritos se considerarán concesionarios y, si comparten sistemas de riego o aprovechamientos de agua, aplicarán lo dispuesto en los Artículos 51 y 52. Los ejidatarios o comuneros que usen estos sistemas establecerán su reglamento interno.

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Los titulares de tierras agrícolas, ganaderas o forestales tienen derecho a usar aguas nacionales concesionadas. La "Autoridad del Agua" puede permitir el uso de estas aguas en otros terrenos, si el nuevo dueño es también el propietario del terreno y no se perjudica a terceros.