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El caso de Sonia Aguilar Quispe es un claro ejemplo de las trágicas consecuencias de la represión estatal durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Sonia, una rondera y madre de dos hijos, perdió la vida de manera injusta mientras participaba en una manifestación pacífica. Su muerte, causada por un disparo en la cabeza, pone en evidencia el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

Este caso también refleja la falta de transparencia y la manipulación de la información, ya que se ha culpado a los manifestantes por hechos violentos que, según testimonios, fueron causados por la policía. La responsabilidad del Estado es garantizar justicia y rendición de cuentas, y la muerte de Sonia no puede quedar impune, ya que simboliza la represión sufrida por muchos que luchan por sus derechos en el Perú.

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El caso de Ronaldo Franly Barra Leyva me genera una gran tristeza e indignación. Es lamentable que un joven que había servido al país y trabajaba para mantener a su familia haya sido víctima de la violencia estatal durante las protestas. Su muerte, causada por un disparo mientras regresaba a casa, muestra un claro uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

Ronaldo, que aspiraba a ser policía, representaba un futuro prometedor que fue injustamente arrebatado. Su caso resalta la necesidad urgente de justicia, no solo para él, sino para evitar que más jóvenes pierdan la vida de manera similar durante manifestaciones legítimas.

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El suceso del 7 de diciembre de 2022 me parece un momento crítico para el Perú, revelando tanto la fragilidad de su democracia como las tensiones profundas que existen en la sociedad. El intento de autogolpe de Pedro Castillo fue un acto irresponsable que socavó la confianza en las instituciones y generó un caos político que afectó a muchos ciudadanos.

La destitución rápida de Castillo y la ascensión de Dina Boluarte como presidenta no solucionaron el descontento generalizado; al contrario, desataron movilizaciones masivas en diferentes regiones del país, reflejando el deseo de cambios estructurales. Estas protestas, especialmente en Puno, muestran que hay un clamor por una mayor inclusión y representación en la política.

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Las manifestaciones en Perú dejan al menos siete muertos desde su inicio

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Las manifestaciones en Perú dejan al menos siete muertos desde su inicio

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La decisión de Dina Boluarte de declarar el Estado de Emergencia en respuesta a las protestas es una señal preocupante de la situación política en Perú. Aunque el gobierno sostiene que busca restablecer el orden, la represión creciente y las muertes de manifestantes son indicativos de un manejo ineficaz de la crisis. En lugar de promover el diálogo y atender las demandas de la población, parece que se está optando por una respuesta militarizada, lo que podría agravar el descontento y provocar más violencia. Es crucial que el gobierno busque una solución pacífica y efectiva que respete los derechos humanos y tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de los ciudadanos.

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