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Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron instalaciones secretas empleadas por las fuerzas armadas y de seguridad de Argentina para torturar, interrogar, violar, mantener detenidas ilegalmente y eventualmente asesinar a personas. Los primeros fueron instalados en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Su cantidad y uso se generalizaron a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, cuando tomó el poder la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas en el marco de un régimen de terrorismo de Estado. Con la caída de la dictadura y la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, los CCD dejaron de funcionar, aunque existen pruebas de que algunos de ellos continuaron en funcionamiento durante los primeros meses de 1984.

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Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación argentina formada durante la dictadura con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crimenes contra la humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente trataron de continuar lo que ellas entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos.

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La lucha por los derechos humanos durante la dictadura militar de 1976-1983

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Se enfatizan la anulación los derechos a la libertad y a la seguridad personal; a no ser arbitrariamente detenido o preso, a un juicio imparcial en materia penal, a no ser sometidos a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado arbitrariamente de la vida.

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Una Junta Militar dirigida por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, tomó el poder el 24 de marzo de 1976. La Junta Militar disolvió el Congreso, impuso la ley marcial y gobernó por decreto.

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Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos.