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Los órganos del Gobierno u organizaciones privadas vinculadas con la libertad de expresión

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Los órganos del Gobierno u organizaciones privadas vinculadas con la libertad de expresión

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Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión

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Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión

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Ian Buruma / Jian Ghomeshi

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Al publicar la crónica sobre el testimonio de Jian Ghomeshi, frente a las acusaciones en su contra por maltrato a las mujeres, Buruma fue presionado a renunciar por el rechazo social que generó la crónica.

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Se le tachó como defensor de Ghomeshi, sin embargo, explica que es importante entender su punto de vista, "no como apología al mal, sino para comprender el mal, y saber enfrentarlo"

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Jian Ghomeshi trataba mal a las mujeres. En público, su imagen era perfecta, incluso popular. Tenía un programa cultural en la radio canadiense con cientos de miles de seguidores. Pero debido a su necesidad compulsiva de éxito, sufría dificultades para relacionarse normalmente con las personas. Y una inquietante tendencia a las relaciones violentas.

Hasta que todo explotó en su cara. Una de sus ex parejas lo acusó de asfixiarla, golpearla en la cabeza y morderla, durante el sexo y para conseguirlo. Tras ella, siguió una cascada de denuncias por acoso sexual y agresión, unas 20.

Ghomeshi argumentó que se trataba de sexo consentido. Y el juez le creyó. Durante el proceso, halló contradicciones e inconsistencias en los testimonios de las demandantes. La mayoría de las denuncias fueron desestimadas. En un último caso, Ghomeshi pidió perdón y llegó a un acuerdo extrajudicial.

El locutor se salvó de la cárcel, pero de poco más. Perdió su trabajo, y gastó sus ahorros en abogados. Sus amigos lo abandonaron, o bien por genuina indignación o bien por el peligro que su amistad representaba para sus reputaciones. Se convirtió en el precedente canadiense del #MeToo. Miles de personas que no lo conocían escupieron sobre su nombre y su aparente misoginia. Como sus padres eran iraníes, muchos le gritaron que regrese a Irán a torturar mujeres. Aunque él nunca ha vivido en ese país, su nombre lo convertía en el inesperado punto de encuentro entre feministas y xenófobos. Todo eso lo ha contado el propio Ghomeshi cuatro años después, en una crónica aparecida en el último número de la prestigiosa "New York Review of Books".

El editor de la revista, Ian Buruma, decidió publicar el testimonio de Ghomeshi para cuestionar algunas contradicciones que nuestra sociedad está pasando por alto: consideramos que un criminal se rehabilita después de cumplir su condena. ¿Por qué una persona que ni siquiera ha cometido un delito debe recibir un castigo mayor? Ghomeshi no es un violador múltiple como Harvey Weinstein, y no conocemos el grado de consenso de sus relaciones de pareja. ¿Debe ser arruinado y borrado socialmente? ¿Autoriza la lucha justa contra el acoso a estos daños colaterales?

La respuesta general fue que sí. La publicación de la crónica generó un escándalo internacional que terminó en la dimisión de Buruma. Según la explicación pública del editor, enormes presiones lo forzaron a renunciar.

No escribo esta columna para defender a Ghomeshi. La escribo para defender a Buruma. No sé si Ghomeshi miente. Supongo que edulcora la verdad, es decir, ofrece su versión. ¿Pero puede pedirse otra cosa a un testimonio? ¿Y debemos impedir que se publiquen testimonios?

De hecho, conocemos constantemente historias de terroristas, narcotraficantes y asesinos en serie. En Netflix, vemos el mundo a través de los ojos de Pablo Escobar o 'El Chapo' Guzmán. Yo mismo he escrito un libro que se lee en colegios y universidades para tratar de entender a Abimael Guzmán. Es interminable la lista de libros y películas sobre psicópatas que se han producido desde que Truman Capote escribió "A sangre fría". No nos interesan esas historias como apologías del mal, sino para comprender el mal, y saber enfrentarlo. Conocer nuestros problemas sirve para resolverlos mejor. Publicar solo historias de vidas ejemplares es una característica de las dictaduras que, por cierto, suelen decidir por decreto qué cosa es ejemplar.

Por supuesto, podemos debatir si Ghomeshi merece o no el castigo que recibió. Pero para discutirlo, es necesario conocer su punto de vista. Sin eso, no tendremos un debate, sino solo un linchamiento, cuya principal víctima, a la larga, será la libertad de expresión.

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La verdad del acosador, por Santiago Roncagliolo

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Jian Ghomeshi trataba mal a las mujeres. En público, su imagen era perfecta, incluso popular. Tenía un programa cultural en la radio canadiense con cientos de miles de seguidores. Pero debido a su necesidad compulsiva de éxito, sufría dificultades para relacionarse normalmente con las personas. Y una inquietante tendencia a las relaciones violentas.

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Limitaciones a la libertad de expresión en internet

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Limitaciones a la libertad de expresión en internet

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Will Graham, pastor - Iglesia "Palabra de vida"

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Sin duda alguna las limitaciones a la libertad de expresión en el Internet están presentes en el caso del pastor evangélico Will Graham que tenía una página con más de 150.000 seguidores en Facebook, sin embargo la misma red social canceló su página por emitir una opinión contundente frente al libro de Carlos Osma “Solo un Jesus marica puede salvarnos”, las opiniones y posts de Graham fueron censurados por la red social y denunciados por diferentes liberales españoles que afirmaban que el pastor evangélico incitaba al odio. La red social finalmente cerró su página reabriendo un debate acerca de los límites de la libertad de expresión en las redes y sobre la ideología proLGTBI en España. Actualmente Graham tiene un blog en internet donde manifiesta su rechazo a la censura y la libertad expresión que es limitada continuamente en el internet.

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El pastor evangélico Will Graham ha comunicado que el pasado viernes 29 de marzo Facebook eliminó su página oficial de esta red social.

Graham, afincado en Almería y pastor de la iglesia Palabra de Vida, contaba con más de 150.000 seguidores y una intensa actividad en la red social, compartiendo vídeos, fotografías y textos de contenido cristiano que generaban un alto índice de interacción.

En la última semana, Graham estuvo envuelto en una intensa polémica a causa de varios contenidos en torno a la publicación del libro de Carlos Osma "Solo un Jesús marica puede salvarnos", así como por su venta en la librería cristiana Proyecto Logos en Málaga. Las publicaciones sobre este hilo temático estuvieron rodeadas de un debate intenso y encendido, y habían alcanzado a millones de personas.

Estos posts concretos en cuestión fueron eliminados por Facebook, hasta que poco después se produjo la eliminación de la página completa.

Tras el cierre, ha expresado el propio Graham: "Al oponerme públicamente al libro diciendo que nuestro Salvador no era homosexual, los 'creyentes' liberales en España (...) me han denunciado en masa; y por lo tanto, Face ha eliminado la página por supuestamente 'incitar al odio".

Este cierre supone reabrir el eterno debate acerca de los límites de la libertad de expresión, especialmente aplicados al debate con la ideología proLGTBI, así como dónde y por qué se establece el límite entre la ofensa en el cuestionamiento de las ideas y el "delito de odio" a las personas.

El pastor Will Graham es autor de un blog en Protestante Digital y tiene una cuenta activa en Youtube.
FACEBOOK Y SU POLÍTICA DE CONTENIDOS
Facebook es la mayor red social del mundo. Para la gestión de páginas y el control de las publicaciones utiliza tanto sistemas informáticos como moderación humana. Aproximadamente unos 8.000 empleados se ocupan de eliminar textos, fotos o vídeos que violan sus normas.

Aunque Facebook ha invertido en la mejora de la revisión de las denuncias por delito de odio, sus políticas de control de contenido se han recrudecido en los últimos meses, lo que ha generado críticas hacia la red social. Según la responsable de políticas de gestión de Facebook, Monika Bickert, "Facebook debería ser un lugar donde la gente pueda expresar sus opiniones libremente, incluso en el caso de que algunas personas pueden encontrar esas opiniones cuestionables. Al considerar la naturaleza global de nuestro servicio, eso puede ser un reto (...) Nuestras políticas son buenas en función de la precisión y la fortaleza de su aplicación - y la aplicación no es perfecta".

Facebook reconsidera cada dos semanas sus políticas de contenido en reuniones internas en las que están presentes abogados, especialistas en políticas de comunicación y personal de marketing entre otros expertos.

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Facebook cierra la página de Will Graham

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El pastor evangélico Will Graham ha comunicado que el pasado viernes 29 de marzo Facebook eliminó su página oficial de esta red social. Graham, afincado en Almería y pastor de la iglesia Palabra de Vida, contaba con más de 150.000 seguidores y una intensa actividad en la red social, compartiendo vídeos, fotografías y textos de contenido cristiano que generaban un alto índice de interacción.

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Significa que se limita la libertad de expresión en internet; además, obliga a las empresas incluso extranjeras a cooperar con el Estado para proteger “la seguridad nacional”. Por otro lado, también aprobó la ley de censura cinematográfica que prohíbe los contenidos de películas que perjudicarían “la dignidad, el honor y los intereses del país”.

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Las limitaciones a la libertad de expresión en internet se pueden ver en el partido comunista de china el PCC que restringe desde hace tiempo el acceso a los sitios extranjeros como google, facebook, twitter, youtube, instagram o dailymotion. Esto se da gracias a un sofisticado programa llamado “Gran Muralla Electrónica”. Los artículos, foros, blogs, comentarios y demás en redes sociales también pueden ser censurados o borrados.

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Existe una ley aprobada por el comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que aporta a la censura y la vigilancia de internet un cuadro legal. La ley está centrada en la protección de las redes nacionales y los datos personales de los 710 millones de internautas en China. Al mismo tiempo la nueva ley prohibe que los internautas publiquen cualquier tipo de contenido que atente contra “el honor nacional, que perturben el orden económico o social o destinados para derrotar el sistema socialista”, es decir el PCC.

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Las empresas deben colaborar con el gobierno, incluso empresas internacionales deben aportar “soportes técnicos” a las autoridades en el caso de investigación de crímenes o delitos. La ley ordena a las empresas de internet a ser de hecho agentes del estado, al pedirles que jerzan la censura y aporten datos personales de los usuarios a las autoridades, declaró Patrick Poon, investigador de la organización Amnistía Internacional.

Empresas y ONG denunciaron las formulaciones ambiguas de la ley.

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(Pekín: AFP).- El parlamento chino aprobó una polémica ley sobre la ciberseguridad que limita la libertad de expresión en internet y obliga a las empresas, incluidas las extranjeras, a cooperar con el Estado para "proteger la seguridad nacional".

El parlamento también aprobó una ley de censura cinematográfica, que prohíbe a partir de marzo de 2017 los contenidos considerados como perjudiciales para "la dignidad, el honor y los intereses del país".

En el caso de Internet el gobernante Partido Comunista de China (PCC) restringe desde hace tiempo el acceso a los sitios extranjeros (entre ellos Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o Dailymotion) gracias a un sofisticado programa llamado "Gran Muralla Electrónica".

Los artículos, blogs, foros y comentarios en las redes sociales también pueden ser censurados o simplemente borrados.

La ley aprobada por el comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP) este lunes aportar a la censura y la vigilancia de internet un cuadro legal.

La ley está centrada en la protección de las redes nacionales y los datos personales de los 710 millones de internautas que hay en China.

Pero al mismo tiempo la nueva ley prohíbe a los internautas la publicación de contenidos que atenten contra "el honor nacional", "perturben el orden económico o social" o destinados a "derrocar el sistema socialista", es decir, el PCC.

La ley, que entrará en vigor el 1 de junio de 2017, prohíbe el anonimato en internet y exige que las empresas, incluidas las extranjeras, identifiquen a los usuarios.

Empresas deberán colaborar con gobierno Las empresas tendrán además la obligación legal de aportar "soporte técnico y ayuda" a las autoridades en el caso de investigaciones de crímenes o delitos.

"Esta ley peligrosa ordena a las empresas de internet a ser de hecho agentes del estado, al pedirles que ejerzan la censura y aporten datos personales de los usuarios a las autoridades", declaró Patrick Poon, investigador de la organización Amnistía Internacional.

Empresas y ONG denunciaron las formulaciones ambiguas de la ley.

Las compañía extranjeras se preocupan en particular del artículo sobre la cooperación con las autoridades para "proteger la seguridad nacional".

La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China dijo que estaba preocupada por la nueva ley, que causa "mucha incertidumbre y reacciones negativas en los medios de negocios" y podría "frenar las inversiones y el desarrollo de las empresas extranjeras" en China.

El director del buró de coordinación de la ciberseguridad de la administración china afirmó que la nueva ley no apunta a limitar la entrada de tecnologías y productos extranjeros.

"Algunos amigos extranjeros la consideran sinónimo de barrera comercial. Es una interpretación errónea, un prejuicio", declaró Zhao Zeliang.

China bloquea o censura desde hace tiempo contenidos en internet, pero las restricciones fueron reforzadas desde 2013 en el marco de una campaña contra quienes "propagan rumores en línea", durante la cual centenares de periodistas y blogueros fueron detenidos.

Tras la medidas adoptadas en septiembre de 2013, los internautas chinos son pasibles de hasta tres años de cárcel por mensajes considerado difamatorios publicados más de 500 veces o consultados más de 5.000.

En varias ocasiones, las autoridades chinas utilizaron comentarios publicados en internet para condenar a disidentes.

Ley sobre el cineEn marzo, con la nueva ley, quedarán prohibidas las películas susceptibles de alentar la oposición a las leyes o a la Constitución, que perjudiquen la unidad, la soberanía y la integridad nacionales o que desvelen secretos de Estado o dañen la seguridad de China, su dignidad, su honor o sus intereses.

El texto también rechaza las películas que "calumnien las excelentes tradiciones culturales populares" y aquellas que resulten dañinas para la unidad étnica.

Pekín critica con frecuencia a las estrellas del cine estadounidense como Brad Pitt por su simpatía hacia el dalai lama, el líder espiritual tibetano, considerado como un separatista por el régimen chino.

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China aprobó ley que limita la libertad de expresión en internet

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(Pekín: AFP).- El parlamento chino aprobó una polémica ley sobre la ciberseguridad que limita la libertad de expresión en internet y obliga a las empresas, incluidas las extranjeras, a cooperar con el Estado para "proteger la seguridad nacional".

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Un ejemplo muy claro de una intervención, en este caso por el gobierno (y de manera negativa), en la libertad de expresión, es el cierre de más de 130 medios de comunicación (45 diarios y 16 canales de televisión, aproximadamente) tras el intento de un golpe de estado en Turquía. El gobierno turco liderado por Recep Tayyip Erdogan decidió tomar esta medida con los medios por supuestas vinculaciones con el clérigo Fethullah Gullen y por lanzar críticas acerca de su gobierno, tanto así que el gobierno de Erdogan llegó a encarcelar a dos periodistas, uno del diario Zamman y otro, un presentador del programa de debate político ‘Can Erzincan TV’. Adicionalmente, en los último años, se han ido bloqueando páginas web, cerrando diversos medios de comunicación y efectuado persecuciones a periodistas por ir en contra al régimen de Recep.

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Todo ello ha causado el rechazo de otros países, hasta sanciones impuestas por violar los derechos de expresión en la país.

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En una nueva vuelta de tuerca después del intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, el Gobierno turco ha anunciado este miércoles el cierre de más de 130 medios de comunicación, según la agencia oficial Anadolu. La lista ha sido publicada en la Gazeta Oficial de la República de Turquía, donde también aparecen los nombres de los 1.700 miembros del Ejército que han sido despedidos oficialmente. Al menos 45 diarios y 16 canales de televisión, supuestamente vinculados al clérigo Fetulá Gülen, se han visto afectados por la medida. Ello viene a sumarse a los más de 60.000 profesionales -funcionarios, militares, intelectuales, profesores, jueces o abogados- que han sido detenidos o apartados de sus puestos de trabajo en la purga que ha seguido a la asonada.

El Gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a su antiguo socio político, el clérigo Fetulá Gülen, autoexiliado en Pensilvania (Estados Unidos), de haber orquestado el golpe de Estado infiltrando con sus acólitos el Ejército y buena parte de la élite del país. Una fuente del Ejecutivo ha informado de que "114 compañías vinculadas a Gülen, incluidos diarios locales y nacionales, editoriales, emisoras de radio y televisión, han sido cerrados como parte del mismo decreto". Entre los medios afectados por el cierre se encuentran varios de ámbito nacional como los diarios Zaman y Today's Zaman, así como la agencia de noticias Cihan o el diario opositor anarquista Meydan.

Este miércoles, la fiscalía de Estambul ha ordenado la detención de 47 ejecutivos y periodistas de Zaman por supuestos vínculos con la secta de Gülen, que los afectados han negado. De hecho, entre los informadores de ese diario antaño gülenista hay algunos, como Sahin Alpay -arrestado en la madrugada de este miércoles en Estambul-, que no comparten la visión religiosa del clérigo.

Otro dato reseñable es que en el listado de medios cerrados también figuran canales de televisión en zonas de mayoría kurda, así como Yumurcat TV, un canal infantil con connotaciones religiosas.

Críticos con el Gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) consideran que el presidente está llevando a cabo una caza de brujas tras el fallido golpe de Estado, que se saldó con 290 muertos entre la noche del 15 de julio y la madrugada del 16.

El estado de emergencia instaurado hace una semana por un plazo de 90 días da cobertura legal a estas detenciones, que se han venido sucediendo por centenares en el último año, sobre todo desde que el AKP recuperara la mayoría electoral en las elecciones de noviembre.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Turquía es el país donde más profesionales de la información han sido encarcelados, con 61, y la libertad de prensa ha perdido mucho terreno.

En virtud del estado de emergencia, el Ejecutivo puede decretar la clausura de entidades sin necesidad de presentar cargos, así como extender de cuatro a 30 días el periodo máximo de detención policial bajo las mismas condiciones. El artículo 25 permite además penalizar a periodistas y analistas que "exageren" las noticias.

De los más de 16.000 detenidos en la purga posterior al golpe, la mitad de ellos (8.113) han sido formalmente arrestados a la espera de juicio, según ha informado este miércoles el ministro del Interior turco, Efkana Ala.

Analistas y opositores consideran que Erdogan está aprovechando el fallido golpe de Estado para restringir más las libertades democráticas de esta república oficialmente secular.

La mayoría de los Ejecutivos occidentales han solicitado al partido gobernante turco que mantenga los estándares democráticos tras el golpe de Estado -la Unión Europea volvió a incidir este miércoles en ello-, sobre todo después de que Erdogan haya sugerido la posibilidad de restaurar la pena de muerte contra los golpistas, lo que acabaría por completo con la posibilidad de que el país euroasiático acceda a la UE.

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Turquía cierra más de 130 medios de comunicación tras el intento de golpe

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En una nueva vuelta de tuerca después del intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, el Gobierno turco ha anunciado este miércoles el cierre de más de 130 medios de comunicación, según la agencia oficial Anadolu.

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"Supongo que quien firmó esta exclusiva pagará un alto precio por ello", declaró Tayyip Erdogan, días antes de impulsar una querella criminal contra el director del periódico Cumhurriyet, en la que se pedía cadena perpetua. La exclusiva en cuestión demostraba como los servicios secretos turcos estaban introduciendo armas y combatientes en Siria, hecho que había sido negado por el propio Erdogan. Cumhurriyet continuó cubriendo la noticia y a los pocos meses su director entraba en prisión acusado de espionaje, revelación de secretos y, cómo no, ser miembro de un grupo terrorrista.

Turquía nunca ha sido el país de la libertad de prensa. En su historia moderna este hermoso país, lleno de culturas y de historia, ha sido gobernado por varias juntas militares, y jamás ha sido amigo, por ejemplo, de la transparencia informativa sobre el conflicto kurdo.

Por ser un puente entre Europa y Oriente Próximo, la República Turca siempre ha estado a la búsqueda de un equilibrio entre el laicismo y el islamismo. Cuando Erdogan se convirtió en Primer Ministro, hace ya catorce años, muchos creyeron que empezaba una buena época para los Derechos Humanos. Él mismo había sufrido la censura, condenado en 1998 por recitar en público un poema de corte yihadista. Y durante algunos años parecía que soplaban buenos tiempos para la libertad de expresión. Las cifras macroeconómicas además funcionaban, incluso después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Pero el equilibrio entre religión y laicismo es difícil, sobre todo cuando se ve mezclado con la adicción al poder.

El equilibrio entre religión y laicismo es difícil, sobre todo cuando se ve mezclado con la adicción al poder

Freedom House sitúa el deterioro de la libertad de expresión en Turquía a partir del 2007, y en el 2012 era ya el país con más periodistas en prisión del mundo. Pero hay tres momentos que marcan especialmente el deterioro de la libertad de expresión: Las protestas del parque Gezi en 2013, las elecciones generales en 2015 junto al carpetazo al proceso de paz con el PKK , y el intento de golpe militar en 2016 con su posterior purga.

Muchas de las mejoras que hasta entonces se habían registrado tenían como aliciente el proceso de ingreso en la Unión Europea. Pero este proceso se caracterizaba por su lentitud. Y con el boom económico Turquía se inclinó por convertirse mejor en una potencia regional.

El Código Penal y la Ley Antiterrorista son los instrumentos más utilizados para atacar la libertad de expresión en Turquía. El primero es especialmente restrictivo, y la segunda especialmente vaga.

Con la Ley Antiterrorista se han penalizado acciones no violentas, y a menudo sostener causas (los derechos de la minoría kurda), que sostengan también organizaciones ilegales, como el PKK, es presentado como prueba culpatoria. El Código Penal es el instrumento habitual con el que se acusa por difamación, que en concreto por difamación al Presidente de la República, tenía el año pasado a 18 personas en prisión. El Código Penal permite también imponer un silencio informativo sobre los detalles relativos a atentados terroristas.

El Código Penal y la Ley Antiterrorista son los instrumentos más utilizados para atacar la libertad de expresión en Turquía

Las webs bloqueadas en Turquía son decenas de miles, y desde hace dos años no es necesaria una orden judicial para bloquear un sitio preventivamente. Youtube, Facebook o Twitter han sido habitualmente bloqueadas en momentos de protestas y violencia política. A Junio de este año Wikipedia llevaba dos meses bloqueada. A raíz de una negativa a retirar información sobre la relación de Turquía con grupos yihadistas en Siria y con estados fundamentalistas, las autoridades decidieron bloquear la enciclopedia entera. Desde el año pasado bloquear toda la red por motivos de seguridad nacional ha pasado a ser legal.

Inmediatamente después del intento de golpe militar se cerraron por decreto 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 periódicos, 15 revistas y 29 editoriales acusación de vínculos con el presunto organizador del golpe, y después los cierres se extendieron arbitrariamente a los medios de izquierdas o a los kurdos, incluyendo su canal de programación infantil. Algunas de estos cierres, como el del diario Zaman, pudieron verse en directo, con la policía entrando en plena emisión frente a un equipo de periodistas llenos de coraje.

Otra estrategia habitual durante estos años ha sido la no renovación de contratos para la emisión a través del único satélite nacional, Turksat. Estas denegaciones de servicio no necesitaban estar justificadas, y canales que emitían en kurdo a través de otros satélites, el francés eutelsat, han visto también denegada su emisión cuando la autoridad turca de medios (RTÜK) se lo ha propuesto.

Erdogan ya manifestó públicamente que cuando determinada información no le gustaba telefoneaba a los propietarios del medio

La propiedad de los medios en Turquía está fuertemente concentrada en pocas manos, a menudo grandes grupos empresariales con presencia en otros sectores clave de la economía como infrastructuras, minería o turismo, y cuyos intereses dependen en buena parte de licitaciones estatales. Ciertas políticas editoriales podrían poner en riesgo estos intereses económicos, y Erdogan ya manifestó públicamente, durante una elecciones, que cuando determinada información no le gustaba telefoneaba a los ejecutivos propietarios del medio.

En otras ocasiones el camino escogido para doblegar a un medio incómodo con el poder ha sido abrirle una inspección de hacienda e imponerle una multa desproporcionada, es lo que le ocurrió al grupo Dogan, tras cubrir sus medios unos casos de corrupción relacionados con la familia del Presidente. Suceden también incautaciones de medios, que son colocados bajo la gestión de administradores estatales, o llevados directamente a subasta pública.

Este fue el caso de diario de tirada nacional Sabah. El medio pasó a ser controlado por un grupo de empresarios liderados por el yerno del propio Erdogan, y su línea editorial se transformó en una especie de portavoz del partido en el gobierno.El caso de Sabah ilustra la otra acción gubernamental que ha corrido paralela a la a la represión de voces críticas, y que ha conseguido crear un paisaje de medios privados afines al gobierno, al que a veces se denomina con la expresión "medios de la piscina".

Esta enorme piscina incluye medios dispuestos a variar los porcentajes obtenidos en estudios de intención de voto durante elecciones, o la realización de entrevistas laudatorias al Presidente en momentos de crisis, entre otros favores que solicita el gobierno. En algunas conversaciones filtradas a la opinión pública se pudo escuchar como a propósito de un multimillonario concurso para la construcción del tercer aeropuerto de Estambul, el entonces Ministro de Transportes solicitaba a empresarios concursantes una aportación de 450 millones de dólares, que iría destinada a la compra de medios de comunicación.

Junto a esta piscina cabe situar a los los medios de titularidad pública, como la agencia de noticias Anadolu y el canal TRT, que durante los procesos electorales tiene por costumbre dedicar el espacio de emisión casi en exclusiva al partido gubernamental. Si a esto le añadimos el elevado grado de autocensura que el resto de medios acaban practicando tras años de persecución, el panorama general de medios de información en Turquía sólo puede ser alarmante.

Las cifras más optimistas de periodistas encarcelados son en torno a 80 a día de hoy

Se calcula que sólo tras el intento de golpe militar perdieron su trabajo 2.500 periodistas, y las cifras más optimistas de periodistas encarcelados son en torno a 80 a día de hoy. Siete han sido asesinados en los últimos diez años, a veces por acción del Daesh, otras por fuego cruzado, y en otras ocasiones sin que se conozca el motivo. Las agresiones son muchas, tanto durante la cobertura de situaciones críticas, como después de que Erdogan u otros altos oficiales públicos, hagan de algún periodista blanco de sus críticas.

A Can Dundar, el director de Cumhurriyet, un desconocido lo intentó asesinar fuera de los juzgados . Multitud de periodistas se han visto también imposibilitados de viajar al extranjero porque, al presentar su pasaporte en algún control fronterizo, éste había perdido su validez, al constar en el sistema informático un misterioso aviso de "pasaporte extraviado".

Este mes de agosto 35 periodistas han sido arrestados al tener instalada en su teléfono una app de protección de datos, Byblock, que al haber sido utilizada por personas implicadas en el golpe militar, los vincula según las autoridades a éstos. Y este mes también un grupo de periodistas que han decido cubrir otro juicio contra los empleados del periódico Cumhurriyet, se han encontrado con que los "medios de la piscina" están organizando una sensacionalista campaña en su contra.

La prensa extranjera por su parte también ha recibido su dosis de represión. La deportación es desgraciadamente una práctica habitual. Der Spiegel, el mayor semanario europeo, apenas puede trabajar en Turquía, ya sea porque a su corresponsal se le niega la acreditación, ya sea por sufrir amenazas anónimas tras informar sobre temas relacionados con la familia de Erdogan. Deniz Yucel, corresponsal de Die Welt, está en prisión, y el freelance francés Loup Bureau, con experiencia en Ucrania, Pakistán y Egipto, también está entre rejas tras informar sobre temas kurdos.

Las persecuciones de periodistas no se circunscriben sólo al interior de sus fronteras. En los últimos tiempos Turquía echa mano también de la Interpol para perseguirlos más allá. En España Dogan Akhanli y Hamza Yamçil esperan que la Audiencia Nacional decida sobre su extradición a Turquía. El primero fue puesto en libertad provisional por el juez Fernando Andreu, el segundo lleva ya casi un mes en prisión y ha visto como la Audiencia rechazaba su recurso.

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Turquía: Cómo acabar con la libertad de prensa en diez años

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Bloqueo de páginas web, cierre o incautación de medios, persecuciones y agresiones a periodistas son algunos de los instrumentos empleados por el Ejecutivo de Erdogan para acallar a las voces críticas, amparándose en el Código Penal y la Ley Antiterrorista

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes por primera vez a Turquía por encarcelar a dos periodistas tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, a los que deberá indemnizar con 21.500 euros a cada uno por daños morales.

La sentencia de la Corte europea se apoya en el fallo "claro e inequívoco" que el Tribunal Constitucional publicó el pasado enero y que daba la razón a los querellantes, frente al rechazo de sus demandas por parte de los tribunales penales 13 y 26 de Estambul.

El fallo del Tribunal de Estrasburgo salió adelante por seis votos contra uno, del juez ad hoc turco Ergin Ergül.

Así, se consideró que hubo una violación de su derecho a la libertad y a la seguridad y a la libertad de expresión, según lo estipulado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y se estimó que no se vulneró su derecho a presentar un recurso judicial durante la detención.

Sahin Alpay trabajaba en el diario Zamman, órgano de la red "gülenista", y fue detenido el mismo día que se decretó el cierre del periódico. Mehmet Hasan Altan, presentador de un debate político en "Can Erzincan TV", también fue arrestado el 27 de julio de 2016.

El primero se encuentra bajo arresto domiciliario desde el viernes, mientras el segundo fue puesto en libertad también la semana pasada.

Según el TEDH, que un tribunal cuestione las competencias del Constitucional, con competencia de dictar sentencias definitivas y vinculantes "va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la seguridad jurídica".

Esos principios, añade la sentencia, "son las piedras angulares de las garantías contra la arbitrariedad".

El Tribunal de Estrasburgo añade que mantener la prisión tras la sentencia del Constitucional "crea serias dudas sobre la efectividad de la vía del recurso individual".

Referente a la protección de la libertad de expresión de los demandantes, la Corte europea coincide con el Constitucional turco en que la prisión "es una medida muy dura" por expresar una opinión.

La crítica contra un Gobierno "no debe conducir a la formulación de acusaciones penales particularmente graves, como la pertenencia o asistencia a una organización terrorista, el intento de derribar el Gobierno o el orden constitucional, o la propaganda terrorista".

Fuentes del TEDH confirmaron a Efe que, a día de hoy, hay 1.867 casos pendientes en relación con el intento de golpe de Estado, 1.517 de ellos sobre la detención provisional de periodistas, diputados, jueces y otras personalidades.

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Estrasburgo condena a Turquía por encarcelar a dos periodistas tras el intento de golpe de Estado

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El TEDH considera que hubo una violación de su derecho a la libertad y a la seguridad y a la libertad de expresión, por lo que el Ejecutivo de Erdogan deberá pagar 21.500 euros a cada uno por daños morales.

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En el Perú, la libertad de expresión es un tema que genera controversia. Sobretodo porque esta se suele relacionar a la difamación. Esta atenta contra el honor de una persona y, en Perú, cuenta con una pena máxima de dos años de cárcel. Algunos casos fueron muy mediáticos y tuvieron desenlaces poco favorables.

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La sentencia de cinco meses de prisión y 80 mil soles de reparación impuesta a la conductora de TV Magaly Medina en el juicio de difamación entablado por el futbolista Paolo Guerrero.

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¿Atentado contra la libertad de expresión? ¿Cortina de humo para encubrir la fuga del ex ministro aprista Rómulo León, personaje central de los petroaudios de la corrupción? ¿Veredicto exagerado del Poder Judicial? He aquí algunas de las preguntas que se han deslizado esta semana, tras la sentencia de cinco meses de prisión efectiva y el pago de 80 mil soles de reparación impuesta por la jueza suplente del 27 Juzgado Penal de Lima a la conductora de TV Magaly Medina en el juicio de difamación entablado por el futbolista Paolo Guerrero.

La sentencia a Magaly ha generado una polémica que ha involucrado a todos los medios de comunicación y en la que han participado -y lo siguen haciendo- hasta destacados columnistas políticos. Es natural. El fallo está ligado a un derecho fundamental de nuestra sociedad: el de la libertad de expresión.

Hay periodistas y juristas que han creído ver en esta condena judicial un atentado contra ese derecho. Personalmente no lo creo. Magaly, conductora de un programa que sustenta su alto rating en la propensión obsesiva de lo cruel y de lo prohibido, sin respeto alguno por la vida privada de lo que ella misma llama el "chollywood" peruano, cruzó más de una vez, de manera discutible, la línea que separa lo privado de lo público.

Max Weber, en El político y el científico, dice que "pocas gentes saben apreciar que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la del sabio y que, por término medio, el sentido de la responsabilidad del periodista honrado en nada le cede al de cualquier otro intelectual". Lo que hace el sociólogo y filósofo alemán es advertirnos que a veces los periodistas olvidamos el impacto que tienen la palabra escrita en un periódico, o la dicha en una radio, o las imágenes puestas en un noticiero o en un espacio televisivo.

Esa responsabilidad adquiere un mayor dramatismo cuando, como señala Hélan Jaworski de la Universidad Católica, lo publicado violenta "la privacidad, la intimidad" o "la mirada pública penetra e invade nuestros refugios" y se vuelven consumo de las mayorías. Es indudable que un personaje público está expuesto a la mirada inquisitiva de la prensa. Lo que vale para un político -que representa a sus votantes o que quiere representarlos en una elección- vale también para un deportista destacado o un artista consagrado, a los cuales los jóvenes o adolescentes toman como referentes o modelos.

Pero en la responsabilidad de cruzar esa línea de lo privado y lo público la verdad no puede estar ausente. Ryszard Kapuscinski, el aclamado y desaparecido periodista polaco, decía que en el mundo de los medios se había comenzado a reemplazar una ética por otra y que ya no importaba para algunos directores o jefes si la noticia era verdadera, sino "si la puede vender". Magaly sobrepasó esa línea en varias oportunidades. Su adicción al rating la llevó a invadir la vida privada de las personas en espacios que sólo les pertenecían a ellos y a lanzar denuncias que no siempre pudo sostener. Es lo que ocurrió con el video y las fotos que difundió de Paolo Guerrero. La rectificación es el camino que los periodistas tenemos para aceptar nuestro error. Magaly no solo no se avino a enmendarse, sino que por el contrario se burló de los pedidos de la estrella del Hamburgo y de los propios jueces. Se creyó inmune. Y los periodistas, como cualquier ciudadano, estamos sujetos a la ley. Quienes han padecido cárcel por asuntos relacionados con la libertad de prensa saben lo duro que es la prisión. Magaly tiene el camino de la rectificación, como le ha pedido Guerrero, para dejar la cárcel. ¿Cambiará Magaly? Quienes la conocen dicen que no. Que volverá a la TV y seguirá siendo la misma con sus "ampays", muchos de ellos fabricados. En tanto, el debate está abierto. Hay quienes se preguntan si la jueza no debió optar solo por la sanción pecuniaria, y dejar de lado la orden de prisión efectiva. En este terreno habría que discutir sobre la necesidad de contar, tal vez, con un tribunal especial para los casos en que esté de por medio la libertad de prensa. Hasta el próximo domingo.

¿Atentado contra la libertad de expresión? ¿Cortina de humo para encubrir la fuga del ex ministro aprista Rómulo León, personaje central de los petroaudios de la corrupción? ¿Veredicto exagerado del Poder Judicial? He aquí algunas de las preguntas que se han deslizado esta semana, tras la sentencia de cinco meses de prisión efectiva y el pago de 80 mil soles de reparación impuesta por la jueza suplente del 27 Juzgado Penal de Lima a la conductora de TV Magaly Medina en el juicio de difamación entablado por el futbolista Paolo Guerrero.

La sentencia a Magaly ha generado una polémica que ha involucrado a todos los medios de comunicación y en la que han participado -y lo siguen haciendo- hasta destacados columnistas políticos. Es natural. El fallo está ligado a un derecho fundamental de nuestra sociedad: el de la libertad de expresión.

Hay periodistas y juristas que han creído ver en esta condena judicial un atentado contra ese derecho. Personalmente no lo creo. Magaly, conductora de un programa que sustenta su alto rating en la propensión obsesiva de lo cruel y de lo prohibido, sin respeto alguno por la vida privada de lo que ella misma llama el "chollywood" peruano, cruzó más de una vez, de manera discutible, la línea que separa lo privado de lo público.

Max Weber, en El político y el científico, dice que "pocas gentes saben apreciar que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la del sabio y que, por término medio, el sentido de la responsabilidad del periodista honrado en nada le cede al de cualquier otro intelectual". Lo que hace el sociólogo y filósofo alemán es advertirnos que a veces los periodistas olvidamos el impacto que tienen la palabra escrita en un periódico, o la dicha en una radio, o las imágenes puestas en un noticiero o en un espacio televisivo.

Esa responsabilidad adquiere un mayor dramatismo cuando, como señala Hélan Jaworski de la Universidad Católica, lo publicado violenta "la privacidad, la intimidad" o "la mirada pública penetra e invade nuestros refugios" y se vuelven consumo de las mayorías. Es indudable que un personaje público está expuesto a la mirada inquisitiva de la prensa. Lo que vale para un político -que representa a sus votantes o que quiere representarlos en una elección- vale también para un deportista destacado o un artista consagrado, a los cuales los jóvenes o adolescentes toman como referentes o modelos.

Pero en la responsabilidad de cruzar esa línea de lo privado y lo público la verdad no puede estar ausente. Ryszard Kapuscinski, el aclamado y desaparecido periodista polaco, decía que en el mundo de los medios se había comenzado a reemplazar una ética por otra y que ya no importaba para algunos directores o jefes si la noticia era verdadera, sino "si la puede vender". Magaly sobrepasó esa línea en varias oportunidades. Su adicción al rating la llevó a invadir la vida privada de las personas en espacios que sólo les pertenecían a ellos y a lanzar denuncias que no siempre pudo sostener. Es lo que ocurrió con el video y las fotos que difundió de Paolo Guerrero. La rectificación es el camino que los periodistas tenemos para aceptar nuestro error. Magaly no solo no se avino a enmendarse, sino que por el contrario se burló de los pedidos de la estrella del Hamburgo y de los propios jueces. Se creyó inmune. Y los periodistas, como cualquier ciudadano, estamos sujetos a la ley. Quienes han padecido cárcel por asuntos relacionados con la libertad de prensa saben lo duro que es la prisión. Magaly tiene el camino de la rectificación, como le ha pedido Guerrero, para dejar la cárcel. ¿Cambiará Magaly? Quienes la conocen dicen que no. Que volverá a la TV y seguirá siendo la misma con sus "ampays", muchos de ellos fabricados. En tanto, el debate está abierto. Hay quienes se preguntan si la jueza no debió optar solo por la sanción pecuniaria, y dejar de lado la orden de prisión efectiva. En este terreno habría que discutir sobre la necesidad de contar, tal vez, con un tribunal especial para los casos en que esté de por medio la libertad de prensa. Hasta el próximo domingo.

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¿Atentado contra la libertad de expresión? ¿Cortina de humo para encubrir la fuga del ex ministro aprista Rómulo León, personaje central de los petroaudios de la corrupción? ¿Veredicto exagerado del Poder Judicial?

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Delito de difamación y la condena al "Zorro Zupe"

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Delito de difamación y la condena al "Zorro Zupe"

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Ricardo Zúñiga, conocido como 'Zorro Zupe' ,obtuvo prisión efectiva por dos meses por perder el juicio con el futbolista Carlos Zambrano por el delito de difamación.

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Lo que debes saber sobre el delito de difamación y la condena al 'Zorro Zupe'

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La sentencia de dos meses de prisión efectiva contra el conductor de televisión abre un análisis en torno al delito.