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Autoridades Responsables del Control de Constitucionalidad

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Autoridades Responsables del Control de Constitucionalidad

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Te Enseño el caso 👨‍🎓 MARBURY vs MADISON en Español. - Código del Derecho 2#

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https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12786/13343

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Vista de La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el examen de Constitucionalidad y el modelo de Control Derivado y sinérgico

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Definición control de constitucionalidad. 

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Definición control de constitucionalidad. 

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El control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales.​

Gabriel C.

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Justicia Constitucional: Conjunto de técnicas destinadas a asegurar la supremacía constitucional. y su interpretación son mecanismos jurisdiccionales.

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Orígenes Y Antecedentes Del Tribunal Constitucional

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https://www.youtube.com/watch?v=Z8VN3XWNPyM

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XXVI Encuentro de Tribunales Constitucionales de América Latina

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Autores.

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Se dice que la profesión más antigua del mundo es la prostitución pero lo curioso es que las primeras referencias la sitúan junto a la abogacía. En efecto, si damos un salto temporal hacia la Grecia clásica podemos recordar el abogado de la bella Friné, acusada de inmoralidad ante un Jurado popular. El abogado envolvió a Friné desnuda en una gran manta roja y la presentó de esa guisa ante el Jurado; mientras desarrollaba sus alegatos de defensa fue desenrollando la manta para mostrar la belleza de la acusada, que determinó su inmediata absolución por unos jueces dulcemente asombrados.

Desde entonces los juristas han proliferado en la historia. Allí donde hay sociedad, hay colaboración pero también conflicto ( ubi societas, ibi ius; ibi litis). Allí donde el poder se manifiesta no falta la resistencia ni quien domina las artes de la persuasión y el conocimiento de la Ley. La comunidad que vive del Derecho en el mundo es inmensa: abogados, jueces, procuradores y profesores de derecho, junto a profesiones aledañas.

Si los suprimiésemos la máquina de la justicia se paralizaría y la anarquía conduciría a la destrucción del mundo porque confiar en la defensa de la propia razón o derecho por los propios medios del afectado, conduce al atropello, el escarnio y a la implantación de la fuerza física, la coacción o el poder de los grupos.

Sería tarea inagotable pretender establecer un ranking de los mejores o más grandes juristas de la historia ya que es difícil medir la productividad o aportación de un jurista: ¿se valoran sus méritos académicos y legado teórico o sus victorias en el foro?, ¿cuestión de número de obras o litigios o de calidad en los mismos?, ¿depende o no de su ideología?, ¿se toma en cuenta lo que significaron en su tiempo o su legado actual?, ¿importan mas las cuestiones dogmáticas que la relevancia histórica del caso que les ocupó?, ¿pueden compararse méritos jurídicos de distintos mundos y modelos de Derecho, variables según países y tiempos?, ¿es más relevante la labor del abogado grandilocuente o la discreta?, ¿prima el abogado de tribunales de mayor rango que sobre los modestos?, ¿es mejor abogado quien mas convence o quien sabe ceder para satisfacer la justicia?, ¿importa el tamaño del bufete para encumbrar al abogado responsable?. ¿Es mejor abogado quien llega a transacciones que evitan el litigio o quien prefiere la lucha en el foro?, ¿es mejor abogado quien gana sin tener razón o quien gana por saber demostrar que la tiene?, ¿o resulta mas admirable quien gana con armas procesales que quien gana con la persuasión del derecho sustantivo?...

Sin embargo, expondré a modo de cuadro impresionista, los treinta nombres de quienes, ya fallecidos, se han ganado letras de oro en el muro de la historia del Derecho, con la advertencia de su carácter necesariamente incompleto y necesariamente subjetivo.

1. En la antigua Roma debemos comenzar con Marco Tulio Cicerón (106 a.c. - 43 a.c) , orador y abogado modélico e innovador, caracterizado por su antiformalismo (eludía fórmulas sacramentales), flexibilidad (adaptaba el discurso según la naturaleza civil, penal o política del litigio) y vehemente. Con nobleza afirmó que "La ciencia que se aparte de la justicia mas que ciencia debe llamarse astucia".

2. Sin embargo, el mejor jurista académico era Ulpiano (170) quien comentaba las fuentes de derecho de la época: leyes, senadoconsultos, edictos de pretores y ediles y ofrecía guías para los magistrados imperiales. Su obra "Las Instituciones" fue el punto de arranque del Derecho Romano hasta el punto que la tercera parte de la Compilación de Justiniano bebe de su labor.

3. Al menos en la Edad Media el considerado mejor jurista era Bártolo de Sassoferrato (1313-1357), doctorado en Bolonia, y cuyas enseñanzas superaron el criterio literal de las leyes hacia la metodología crítica, combinando letra y espíritu. De hecho la expresión "bártulos" de los estudiantes trae origen en los "Bartolos" o textos facilitados por el maestro. Numerosos reyes posteriores, entre ellos los Reyes Católicos, decretaron que en caso de discrepancia doctrinal se aplicará el criterio interpretativo de Bartolo.

A partir de la Edad Moderna comienzan a alzarse juristas relevantes que dejan huella en la Ciencia del Derecho. Unos como abogados, otros como Catedráticos y otros como jueces (e incluso algunos sumando ambas condiciones). En un repaso necesariamente rápido y a modo de pincelada podemos señalar los siguientes. Además siempre es útil ponerle rostro a los maestros que admiramos o a los que tanto debemos.
4. Edward Coke (1552-1634)
Abogado de la Corona británica y primer juez del Tribunal Supremo, no sólo fue defensor de los derechos de la persona sino que se enfrentó al Rey Jacobo I para defender la independencia judicial y negarle la posibilidad de asumir competencias judiciales cuando quisiese, llegando a afirmar en sentencia que: "El Rey mismo no debe estar sujeto al hombre, sino a Dios y a la ley, porque la ley lo hace Rey".

Filósofo y jurista flamenco que sentó las bases del Derecho Internacional (" De iure belli at pacis ", 1625), afirmando que se asienta sobre el Derecho de Gentes y este deriva de la razón y "existiría aunque Dios no existiese".

Pensador político francés y magistrado es considerado el padre de la teoría de la división de poderes del Estado que inspira las Constituciones modernas ("El espíritu de las leyes", 1748).

Filósofo y jurista italiano inspiró el derecho penal moderno introduciendo racionalidad en la definición de los delitos y humanidad en la ejecución de las penas, frente a la crueldad de etapas precedentes. Para él, "la sociedad tiene derecho a defenderse de los delincuentes con penas proporcionales que nunca deben alcanzar la privación de la vida". (De los delitos y las penas, 1764).

Un brillante abogado francés que apoyó la Revolución francesa aunque criticó los excesos del Terror. Fue nombrado miembro del Consejo de Estado por Napoleón y responsable del Código Civil francés, ejemplo de armonía de Derecho Romano, Derecho Canónico, y Derecho consuetudinario francés, bajo los principios revolucionarios de libertad e igualdad que rechazaban los privilegios.

Pensador inglés cuyos estudios sobre pruebas judiciales (Fundamento de la evidencia judicial, 1827) son la base del derecho procesal en materia probatoria. Igualmente postuló el concepto utilitario de la pena, tanto en cuanto a su utilidad para prevenir el delito como para corregir al delincuente.

Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Berlín que sentó las bases para el análisis del Derecho como "Ciencia del Derecho" con objeto, método y principios propios, aunque de inspiración fuertemente romanista. Defendía la ley como producto de la razón y no de la voluntad del legislador.

Abogado y juez del Tribunal Supremo de EEUU fue ponente de la sentencia Marbury vs. Madison (1803) que sentó la vinculación de jueces y legisladores a la Constitución.

12. Alexis de Tocqueville (1805-1859)

Magistrado y pensador francés, heredero de las enseñanzas de las revoluciones francesa y americana, expuso la esencia de la democracia ("La democracia en América", 1835-40) como camino hacia la igualdad y alertó de los riesgos de la tiranía democrática pues "concibo entonces una sociedad en la que todos, mirando a la ley como obra suya, la amen y se sometan a ella sin esfuerzo".

Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Berlín y Premio Nobel de Literatura por su Historia de Roma, ofreció la base para conocer el derecho y sociedad clásicas que dieron lugar al Derecho civil europeo.

Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Viena es considerado padre de la Sociología jurídica. Afirmaría que "El Derecho que no lucha contra la injusticia, se niega a sí mismo" (Der Kampf ums Recht , 1872-o "La lucha por el Derecho").

Magistrado francés conocido como "el buen juez" por su sensatez en las sentencias y clemencia al humanizar el derecho penal.

16. Maurice Hauriou (1856-1929)

Catedrático de la Universidad de Tolouse combinó el Derecho Natural y el Derecho Positivo, y elaboró sus célebres "Principios de Derecho Constitucional" que traspasaron fronteras.

Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Burdeos que legó la visión del Derecho y del Estado desde la perspectiva de la solidaridad social así como novedosos enfoques de las categorías iuspublicistas (el servicio público). Un bonito ejemplo fue su adhesión activa a la campaña de Émile Zola contra el affaire Dreyfus ("Yo acuso").

18. Hans Kelsen (1881-1973)

Miembro del Tribunal Constitucional austriaco alzó su "Teoría Pura del Derecho" en el pilar del Derecho Positivo actual, como sistema cerrado y sin recurrir a hipótesis ni valores propios del Derecho Natural.

Constitucionalista británico popularizó el rule of law ("An Introduction to the Study of the Law of the Constitution", 1885).

Abogado y juez del Tribunal Supremo de EEUU, luchó contra la rigidez del Derecho para postular su adaptación al contexto social. Una de sus frases más célebres fue: "La vida del Derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia" ("The Path of the Law", 1897). Era conocido como "El Gran Disidente" ya que prodigaba votos particulares en el Tribunal Supremo para defender sus convicciones.

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Roma es uno de los padres de las garantías procesales, que dotó de fuerza y autonomía las piezas del proceso (jurisdicción, acción, procedimiento); no en vano le llamaban "El gran Chiovenda", y fue el Maestro de otros tres grandes Maestros: Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei y Salvatore Satta.

22. Rudolf Smend (1882-1975)

Profesor y Rector de la Universidad de Göttingen, donde impartió Derecho constitucional, encabezó la escuela integradora que propicia la Constitución como todo unitario que unifica la sociedad y que impone una interpretación armónica (cada precepto en su contexto), incorporando el principio de lealtad institucional para garantizar la supervivencia del Estado, en abierta oposición al decisionismo del también prestigioso Carl Schmitt (la superioridad del Estado sobre la validez de la norma legal y la emergencia como pauta que doblega las normas), aunque este último mancillado por su servicio activo y teórico al nacionalsocialismo.

Uno de los abogados y jueces británicos más creativos del Reino Unido. De cultura enciclopédica, verbo fluido e insobornable tutela a los débiles, fue un férreo defensor de la primacía de la Ley y de su interpretación para defender las libertades, hasta el punto de intentar apartarse de los caducos precedentes. Parafraseó a Thomas Fuller en una sentencia: "no importa cuan elevado estés, la ley siempre estará por encima".

Abogado de estilo sobrio y elegante, y ministro francés de asuntos exteriores, fue el artífice de la Unión Europea, proporcionando las bases para su nacimiento, pese al colosal reto de intereses en conflicto.
25. Karl Loewenstein (1891-1973)
Profesor alemán de la Universidad de Munich que tras su exilio en EEUU por la amenaza nazi, sentó las bases del constitucionalismo contemporáneo.

26. Eduardo Juan Couture (1904-1956)

Abogado uruguayo y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo ofreció una visión del Derecho Procesal al servicio de las garantías del justiciable.
27 y 28. Joaquín Garrigues Díaz Cañabate (1899-1980) y Rodrígo Uría González (1906-2001)
Ambos Catedráticos de Derecho Mercantil de las Universidades Complutense de Madrid así como de Salamanca, respectivamente, fundaron la Revista de Derecho Mercantil (1946) y sentaron los pilares de la disciplina, además de encabezar los despachos con su nombre, de reconocido prestigio e influencia en el panorama mundial de la abogacía.

29. Federico de Castro y Bravo (1903-1983)

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y juez del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, cuyo legado conceptual, entre el que destaca su teoría del negocio jurídico, está plasmado en leyes civiles de España e Iberoamérica.

Abogado y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, recientemente fallecido, fue el artífice de la construcción del Derecho Público en España e hispanoamérica aportando unas sus sólidas tesis y modelo para el control del poder público, nutriéndose del Derecho alemán y francés.

Finalmente no hay que olvidar aquéllos que fueron eminentes abogados que prestaron valiosos servicios a la Justicia en el foro (y no en la academia o Universidad). Es el caso de Tomás Moro (consejero de Enrique VIII), Thomas Jefferson (padre de la Declaración de Independencia Americana), Abraham Lincoln (el liberador de la esclavitud), Mahatma Gandhi (el apóstol de la no violencia) o Nelson Mandela (abogado que sería encarcelado antes de ser Presidente de Sudáfrica).

Y si alguien prefiere asomarse a los que por un diario fueron calificados como los juristas más influyentes de España en el año 2012, aquí lo tenéis.

Por supuesto que si alguien quiere añadir mas juristas que deban figurar en el Olimpo de los Maestros pues bienvenidas las sugerencias.

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Los 30 mejores juristas de la historia delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves

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Se dice que la profesión más antigua del mundo es la prostitución pero lo curioso es que las primeras referencias la sitúan junto a la abogacía. En efecto, si damos un salto temporal hacia la Grecia clásica podemos recordar el abogado de la bella Friné, acusada de inmoralidad ante un Jurado popular.

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La justicia constitucional es la facultad que la Constitución otorga a algunos jueces para declarar inválida una ley, reglamento o un acto de la autoridad política cuando éstos contravienen a la Carta Magna. La justicia constitucional es un medio para salvaguardar la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes y actos de las autoridades políticas; es decir, para garantizar que no haya norma o acto gubernamental que se oponga a los mandatos de la ley fundamental. Por lo tanto, la piedra angular de la justicia constitucional es la jerarquía de las normas legales donde la Constitución está por encima de los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos y los decretos y por ello éstos deben siempre obedecer los preceptos que indica.
Quienes participan
La justicia constitucional en México busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones jurisdiccionales independientes y a través de criterios que otorguen certeza y predictibilidad jurídica a la ciudadanía. Los tribunales mexicanos constantemente emiten criterios que contribuyen a fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, los avances en este proceso se ven condicionados por la cambiante realidad del país. Estas transformaciones obligan al poder judicial a actualizar los principios que rigen el orden normativo para hacerlo efectivo.
Cuando los jueces de la scjn declaran que una ley aprobada —por los poderes Ejecutivo y Legislativo— o un acto del gobierno contradicen la Constitución, imponen límites a la acción de estos poderes políticos. Esta función judicial se deriva del sistema de separación de poderes que considera que las tres ramas del gobierno —ejecutiva, legislativa y judicial— deben participar conjuntamente en la toma de decisiones, y que cada una de ellas debe contar con herramientas que pongan límites a la concentración del poder y al uso arbitrario de los instrumentos del Estado.
Aunque las funciones específicas de cada rama sean distintas, la participación de las tres es necesaria para tomar decisiones importantes que se traduzcan en leyes. Por ejemplo, para que en México una ley se publique y entre en vigor es necesario que la apruebe al menos una mayoría de los miembros del Poder Legislativo (tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores) y que la firme o no la vete el Poder Ejecutivo. Además la constitucionalidad de una ley que cumpla con estos requisitos puede ser cuestionada ante la scjn que podría anular la ley si juzga que contraviene la Constitución. En otras palabras, en el sistema de separación de poderes las tres ramas del gobierno deben ser independientes pero al mismo tiempo ninguna debe tomar una decisión sin tomar en cuenta a las otras dos.

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Supremacía de la Constitución: el caso de Marbury vs Madison

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Control de CONSTITUCIONALIDAD DIFUSO | MARBURY VS MADISON

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Lamento la situación por la que esta pasando su país hermano del Perú, cuenta con nuestro apoyo. #FuerzaPerú

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El papel de los tribunales constitucionales en los Estados democráticos: la actuación del juez constitucional frente a la ley en la potenciación de los derechos fundamentales

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Ensayo ganador de mención de honor del Primer Concurso de Ensayo del CEC democrática en contra del control de constitucionalidad es una premisa confusa (Ferreres, 1997, 143). Dado que el tribunal en el caso que se equivoque al invalidar leyes, su consecuencia r las condiciones democráticas sino generará un coste que no es mayor al que se produce cuando el legislador se equivoca" (Dworkin, 1996, 32).

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Noticias - Justicia Constitucional Local

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PRESENTA TEPJF LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

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Listen to this episode from Actividad 5 on Spotify. Tribunales constitucionales y en Mexico

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la Constitución

-Poder constituyente permanente

Órganos
con capacidad jurisdiccional

La justicia constitucional 270810.indd 13 7/1/11 11:32:21

2. ¿Qué es la justicia constitucional

La justicia constitucional es la facultad que la Constitución otorga a algunos jueces para declarar inválida una ley, reglamento o un acto de la autoridad política cuando éstos contravienen a la Carta Magna. La justicia constitucional es un medio para salvaguardar la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes y actos de las autoridades políticas; es decir, para garantizar que no haya norma o acto gubernamental que se oponga a los mandatos de la ley fundamental. Por lo tanto, la piedra angular de la justicia constitucional es la jerarquía de las normas legales donde la Constitución está por encima de los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos y los decretos y por ello éstos deben siempre obedecer los preceptos de aquélla.

La Constitución es la norma suprema porque en ella se establecen las funciones y prerrogativas de todas las instituciones del gobierno, y se especifican los derechos y obligaciones básicos de los ciudadanos. A diferencia de las leyes ordinarias, la Constitución no puede ser alterada por mayorías simples del Poder Legislativo (esto es el cincuenta por ciento más uno de los miembros del Congreso de la Unión) y mucho menos por otras instituciones del gobierno. Para cambiarla se requiere un amplio consenso representado por la participación de todos los órganos que conforman el poder constituyente permanente -o poder reformador- de un país.

El poder constituyente permanente es el único órgano facultado para llevar a cabo una reforma constitucional, y la propia Constitución de cada país determina quién lo conforma. En la gran mayoría de los países el poder constituyente permanente está compuesto por al menos una mayoría calificada del Poder Legislativo, por ejemplo de dos terceras partes de los legisladores, más la mayoría de las legislaturas estatales en regímenes federales y - también muchas veces- la mayoría de los ciudadanos mediante un referéndum aprobatorio.

La justicia constitucional, también llamada control de constitucionalidad, es una capacidad jurisdiccional; es decir, de administración de justicia, por lo que su ejercicio se lleva a cabo por jueces en cortes y tribunales. Las características del control constitucional se especifican en la Constitución de cada país, por lo que éstas solamente pueden ser alteradas por el poder reformador de la Constitución mencionado en el párrafo anterior. En algunos países, como en Alemania, existe un órgano especializado llamado Tribunal Constitucional que es el

único capaz de realizar el control constitucional. En otros, como en México, esta facultad corresponde a la scjn, mientras que en países como Estados Unidos todos los jueces tienen esta capacidad.

Cuando los jueces de la scjn declaran que una ley aprobada -por los poderes Ejecutivo y Legislativo- o un acto del gobierno contradicen la Constitución, imponen límites a la acción de estos poderes políticos. Esta función judicial se deriva del sistema de separación de poderes que considera que las tres ramas del gobierno -ejecutiva, legislativa y judicial- deben participar conjuntamente en la toma de decisiones, y que cada una de ellas debe contar con herramientas que pongan límites a la concentración del poder y al uso arbitrario de los instrumentos del Estado.

Aunque las funciones específicas de cada rama sean distintas, la participación de las tres es necesaria para tomar decisiones importantes que se traduzcan en leyes. Por ejemplo, para que en México una ley se publique y entre en vigor es necesario que la apruebe al menos una mayoría de los miembros del Poder Legislativo (tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores) y que la firme o no la vete el Poder Ejecutivo. Además la constitucionalidad de una ley que cumpla con estos requisitos puede ser cuestionada ante la scjn que podría anular la ley si juzga que contraviene la Constitución. En otras palabras, en el sistema de separación de poderes las tres ramas del gobierno deben ser independientes pero al mismo tiempo ninguna debe tomar una decisión sin tomar en cuenta a las otras dos.

Históricamente, el ejercicio del control constitucional se estableció por primera vez en Estados Unidos en una famosa decisión del caso Marbury vs. Madison (1803), escrita por el entonces presidente de la Corte Suprema, John Marshall. El caso en cuestión consistía en un conflicto de atribuciones entre el Presidente saliente, John Adams, y el Presidente entrante, Thomas Jefferson, con respecto a la nomina ción de varios jueces (entre ellos William Marbury). El conflicto requería la interpretación de la Constitución respecto a las atribuciones de los poderes públicos. En su decisión, el juez Marshall no sólo ofreció una solución al caso concreto que la Corte tenía frente a sí, sino que argumentó que el Poder Judicial y los jueces son los árbitros responsables de interpretar y determinar el sentido de la Constitución en casos concretos, así como de nulificar la validez de las leyes y...

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la Constitución -Poder constituyente permanente Órganos con capacidad jurisdiccional La justicia constitucional 270810.indd 13 7/1/11 11:32:21 2. ¿Qué es la justicia constitucional La justicia constitucional es la facultad que la Constitución otorga a algunos jueces para declarar inválida una ley, reglamento o un acto de la autoridad política cuando éstos contravienen a la Carta Magna.

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Ricardo Velásquez Ramírez
1. Antecedentes internacionales

a. La doctrina del Juez Coke

b. La Revisión Judicial Norteamericana

c. El control político de la constitucionalidad de las leyes

d. La jurisdicción constitucional de Europa de entreguerras

e. La jurisdicción en América Latina

2. Antecedentes nacionales

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1. Antecedentes internacionales
Por cuestiones estrictamente metodológicas,

Se remonta a los inicios del siglo XVII (1610) en Inglaterra, en el caso del doctor Thomas Bonham.

Coke afirmó que el derecho natural esta por encima de las prerrogativas del rey.

Estableció la supremacía del Common Law sobre la voluntad real, y a partir de tal premisa la voluntad y los actos del Parlamento también quedan supeditados al Common Law.

Sentó las bases de lo que posteriormente sería el control constitucional de las leyes por parte de los jueces, es decir el control constitucional difuso.

La Revisión Judicial Norteamericana

Es la base de la estructura constitucional de los Estados Unidos.

So origen se encuentra en la etapa colonial, cuando los tribunales coloniales apelaban a los tribunales ingleses con respecto a determinadas leyes de las Asambleas coloniales. Esta práctica continua entre la Declaración de Independencia (1776) y la Convención Constituyente (1787).

Recién la Convención de 1787 asume la revisión judicial, teniendo como sus propulsores a Hamilton, Madinson y Jay, que en sus comentarios a la Constitución publicados en diversos periódicos de New York bajo el título de "El Federalista", sostienen, sobre todo Hamilton "el derecho de los tribunales a declarar nulos los actos y leyes del legislativo que son contrarios a la Constitución". Por lo tanto, los jueces deben preferir la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios, es decir la Constitución a la ley ordinaria.

Otro antecedente se encuentra en la Constitución de Massachussets de 1780, en cuyo artículo XXIX de su Declaración de Derechos sostenía que los tribunales tenían el derecho de declarar nulos los actos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución.

Sin embargo, a pesar de los antecedentes descritos, no se implantó de modo inmediato y efectivo la revisión judicial.

Recién a partir del gobierno de Jefferson, se consagró la revisión judicial (judicial review) con el famoso caso "Marbury versus Madison" , en 1803 con la sentencia de John Marshall, magistrado de la Corte Suprema.

Este caso se inicia cuando el Presidente federalista Adams, estando a punto de culminar su período de gobierno, posterior a las elecciones de 1800 donde triunfo el republicano Thomas Jefferson; se le ocurre efectuar algunos nombramientos judiciales, contando con la anuencia del Congreso que recién concluía sus actividades el 4 de marzo de 1801. El Presidente Adams nombro a personas que le eran afectas, dentro de las cuales se encontraba William Marbury para que ocupe el cargo de juez de paz en el Distrito de Columbia, siendo ratificado por el Senado que le extendió la respectiva credencial. Al asumir Jefferson la presidencia ordenó a su Secretario de Estado, Madison, que se niegue a facilitar tales credenciales, a modo de protesta.

Frente a esta situación Marbury recurrió al tribunal Supremo para que se le expidiera oportunamente el mandato de comparecencia "writ of mandamus", para obligar a Madinson a que le expediera oportunamente la credencial que le nombra como juez. La demanda se apoyaba en la sección décimo tercera de la "Judicial Act" de 1789, que autorizaba a la Corte Suprema a emitir un mandato de acuerdo a los fines principales y a los usos de la ley, respecto de los tribunales inferiores o autoridades públicas.

Esta situación lo que planteaba era que si los jueces acataban una ley aprobada por el Congreso, pero contraria a la Constitución, podía seguir siendo aplicada y conservar su vigencia una vez demostrada su inconstitucionalidad.

La respuesta del Juez Marshall fue inteligente y contundente, declarando la inconstitucionalidad de la sección decimotercera de la "Judicial Act" de 1789, por considerar que las facultades del Congreso están delimitadas por el texto de la Constitución.

De esta manera se sienta las bases de los principios de jerarquía de las normar jurídicas, la primaria de la Constitución y la inviolabilidad de la Constitución. Asimismo se plantea la necesidad de establecer mecanismos que permitan el control de constitucionalidad de las leyes.

El control judicial sólo volvió a utilizarse en 1857, en el caso Dred Scott versus Sandford, bajo otra Corte y con otro presidente, el juez Tanney y solo empieza a tener cierta importancia a fines del siglo XIX.

Solo en pleno siglo XX, en la llamada revolución constitucional en la época de Roosevelt, el principio se afirma, convirtiéndose el caso Marbury versus Madison en un caso tipo que orienta y fundamenta la vida constitucional de los Estado Unidos.

c. El control político de la constitucionalidad de las leyes

Es el control de constitucionalidad de las leyes ejercidos por órganos políticos, con exclusión de órganos judiciales, que adoptó Francia.

El primer antecedente lo encontramos en el instituto jurídico del "referé legislatif", el mismo que hacía referencia a la facultad del Poder Legislativo para interpretar el texto oscuro de la ley. Posteriormente fue legalizado por una Ley del 27 de noviembre de 1790, siendo elevado a rango constitucional en 1791.

El abate Enmanuel Sieyés propuso en 1795 un organismo constitucional que vele por la vigencia del orden constitucional. Posteriormente, Sieyés propuso la creación de un Tribunal de Casación Constitucional para temas de reforma constitucional y de vacíos de ley, asimismo plantea la declaración de inconstitucionalidad del acto inconstitucional.

En un tercer momento Sieyés el 20 de julio de 1795 propone ante el Parlamento la institucionalización de una especie de Tribunal Constitucional para juzgar todo incumplimiento de la Constitución, con potestad para declarar la nulidad de dichos actos viciados de inconstitucionalidad, permitiéndosele al Consejo de los Quinientos y el de los Ancianos y a los propios ciudadanos el derecho de apelación o reclamación ante el Tribunal. Finalmente Sieyés presenta un nuevo proyecto donde el Tribunal Constitucional sería formado por 108 miembros elegidos anualmente por tercios por la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa y la Convención; sin embargo dicha propuesta fue rechazada por unanimidad por la Convención.

La Constitución de 1799 creó un Senado conservador conformado por 80 miembros vitalicios e inamovibles que cumplía la función de control de la constitucionalidad, pues tenía capacidad para juzgar los actos aparentemente inconstitucionales.

En la Segunda República y durante la vigencia de la Constitución de 1848, será el único momento histórico en que el Tribunal de Casación ejercerá el control de constitucionalidad de las leyes.

En el Segundo Imperio se propició, a través de la Constitución de 1852, el restablecimiento del Senado como órgano encargado de velar por el control de la constitucionalidad de todas las leyes.

Después de la segunda guerra mundial, la Constitución de 1946 institucionalizó el Comité Constitucional integrado por el Presidente de la República -quién lo presidía-, los Presidentes de la Asamblea Nacional y del Consejo de la República, 7 miembros elegidos por la Asamble a Nacional y 3 por el Consejo de la República. Dicho Comité realizaba un control preventivo, es decir, que debía llevarse a cabo con anterioridad de la promulgación de la ley.

En la Constitución de 1958 el control político adquirió nuevo sesgo con la creación del actual Consejo Constitucional, que tiene como función garantizar la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, obligando al Parlamento a permanecer dentro del marco de sus atribuciones constitucionales.

El control constitucional en la Europa de entreguerras

Si bien es cierto, que como antecedentes del control constitucional previos al período de entreguerras tenemos la Constitución de Frankfurt de 1849, el proyecto de Kremsier del mismo año, la Constitución Federal de Suiza de 1848 y su reformas de 1848 y 1874; sin embargo, en el primer cuarto del siglo XX aparece el control constitucional en la Constitución de Weimar de 1919 bajo la figura del control por el poder judicial.

Asimismo, en 1919 la Constitución Federal de la República de Austria por vez primera crea el Tribunal Constitucional, sentando las bases por primera vez del control constitucional de tipo concentrado, es decir de un órgano especializado "ad hoc", la misma que fue promovida por el ilustre jurista Hans Kelsen. Este órgano fue creado con la misión de garantizar la defensa de la jerarquía normativa y el principio de la supremacía constitucional, así como de los derechos fundamentales.

Este modelo concentrado o también denominado kelseniano, recién se empieza a expandir y ser asumido doctrinariamente después de la segunda guerra mundial.

El control constitucional en América Latina

Se desarrolla a partir del siglo XX, siguiendo inicialmente el control a cargo del Poder Judicial, apareciendo por vez primera en la Constitución de Venezuela de 1858.

El modelo que sirve de referencia es el modelo de los Estados Unidos, sin embargo no es mecánica, tampoco inmediata, ni mucho menos completa.

Como sostiene García Belaunde "...puede sostenerse que nos mantenemos en el modelo americano o europeo, según sea el caso, pero pudiendo distinguir, dentro de cada uno de ellos, cierta peculiaridad en su desarrollo y adaptaciones". En esa misma linea sostiene que el constitucionalismo latinoamericano han tenido un desarroloo pecualir, que los hace dificil clasificar dentro de los modelos europeo o americano, aunque ciertamente parten de ellos, más del segundo que del primero, y que además se alimenta de la doctrina de tales países.

Hans Kelsen (Viena)

Obra: "La garantía jurisdiccional de la Constitución" - 1928.

Jurisdicción Constitucional = Justicia Constitucional

Órgano Ad Hoc = Tribunal Constitucional

Piero Calamandrei (Italia)

Mauro Cappelletti (Italia)

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (España)

Utiliza en iberoamerica la denominación de Derecho Procesal Constitucional - 1933, 1938

Eduardo J. Couture (Uruguay) - 1948

Héctor Fix Zamudio (México) - 1956

Domingo García Belaunde (Perú) - 1971

Jesús González Pérez (España) - 1980

2. Antecedentes nacionales

Breve referencia a la Constitución de Cádiz de 1812.

La Constitución de 1856 (Art. 10: Es nula toda ley contraria a la Constitución).

En 1848, Bartolomé Herrera introduce en el Perú al plano doctrinario.

En 1858, Felipe Masías nos habla que el control constitucional de las leyes debe ser ejercido por el poder judicial.

A partir de 1920 se desarrolla con mayor plenitud el control constitucional de las leyes; sin embargo el primero que hizo referencia a los tribunales especiales es Toribio Alayza y Paz Soldán (D. Const. General y Comp., Lima, 1935).

La necesidad de un enfoque procesal y de una disciplina llamada "Derecho Procesal Constitucional", fue planteda en 1971 por Domingo Garcia Belaunde.

En 1919, una Comisión presidida por Javier Prado propone introducir en la Constitución de 1920 el control judicial de la constitucionalidad, a cargo de la Corte Suprema; sin embargo no es tomado en cuenta.

La Comisión Reformadora del Código Civil, instalada en 1922, acogió una norma para el futuro Código, que establecía el principio de inaplicación; pero el Código recién fue promulgado en 1936.

Recién se generaliza en 1963 con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, hasta acá el Perú solo apostó por un control constitucional a cargo del poder judicial; es decir por el sistema difuso, incidental, disperso y con alcances interpares

Como dice Domingo García Belaunde, "Sin embargo, al lado del control difuso a cargo del Poder Judicial, se ha incorporado, desde 1979, el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional, con lo cual tenemos en principio dos sistemas coexistiendo en un mismo ordenamiento. Por una lado, el sistema difuso a cargo del Poder Judicial, y por otro, el sistema concentrado, a cargo del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional."

En la Constitución de 1979:

- Se consagra por primera vez, a escala constitucional, el control difuso.

- Se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, con dos funciones específicas: 1) Conocer en casación las resoluciones denegatorias de habeas corpus y amparo; y, 2)Conocer la acción de inconstitucionalidad, o sea, el control abstracto de las leyes

- Se repite el mismo esquema, pero añade el conocimiento en última instancia (y no en casación) por parte del Tribunal Constitucional de todas las acciones de garantía, que han sido aumentadas (habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento).

- Y, además, el conocimiento de los conflictos de competencia o de atribuciones entre determinados órganos del Estado.

Desde 1979 el Perú se afilió al modelo difuso del control constitucional, y desde este año hace coexistir el modelo difuso con el modelo concentrado, no siendo una mixtura, sino una coexistencia de dos sistemas en un mismo entramado normativo; que no se cruzan ni se oponen en lo esencial (Domingo García Belaunde).

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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL: ALEXANDER RIOJA BERMUDEZ

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Ricardo Velásquez Ramírez 1. Antecedentes internacionales a. La doctrina del Juez Coke b. La Revisión Judicial Norteamericana c. El control político de la constitucionalidad de las leyes d. La jurisdicción constitucional de Europa de entreguerras e. La jurisdicción en América Latina 2. Antecedentes nacionales ----------------- 1.