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Con éste mural se pretende hacer un balance de las actividades contaminantes  cotidianas que se llevan a cabo en nuestros hogares, también se establece la relación que tienen dichas acciones con la optimización y cuidado de los recursos hídricos en mi estado, comunidad y mi propio hogar relacionándolo con nuestra huella contaminante, las políticas, nuestros hábitos y estrategias para su conservación.

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Las actividades cotidianas son claramente uno de los motivos principales de la contaminación y desperdicio de los recursos hídricos, debido a que nosotros como usuarios consumidores del recurso no lo utilizamos de forma óptima ni consciente dando como resultado la contaminación y desabasto por exceso de consumo del recurso natural afectando también a la biodiversidad y a la misma población humana.

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El Congreso de la Unión, lleva 8 años sin aprobar una Ley General de Aguas lo que provoca el acaparamiento empresarial, inequidad en el acceso al líquido, sobre explotación, un mercado negro y la contaminación de los principales afluentes.

Por otro lado, sabías que el gobierno declaro la suspensión provisional de libre alumbramiento en todo el país desde el 2013 debido a la sobre explotación de los mantos acuíferos en todo el país para su protección y regulación.

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Mediante ocho Acuerdos de Carácter General firmados por el Ejecutivo Federal, el día 5 de abril del año 2013 se suspendió provisionalmente el libre alumbramiento de las aguas subterráneas en todo el territorio nacional.

Unos 100 de los 653 acuíferos definidos a nivel nacional, están sometidos a sobreexplotación debido a que la extracción de agua ha rebasado con mucho su recarga, estimándose que en el curso de las últimas cinco décadas el minado de su reserva de agua se ha incrementado gradualmente hasta llegar al ritmo actual del orden de 6,000 hectómetros cúbicos por año (hm3/a), con una pérdida total en ese lapso del orden de 90,000 hm3. La sobreexplotación ha generado diversos efectos perjudiciales: el agotamiento de manantiales, la desaparición de lagos y humedales, la merma del gasto base de ríos, la eliminación de vegetación nativa y pérdida de ecosistemas, la disminución del rendimiento de los pozos, el incremento de los costos de extracción, el asentamiento y agrietamiento del terreno, la contaminación del agua subterránea y la intrusión salina en acuíferos costeros, entre otros.

No obstante lo anterior, el crecimiento demográfico y el desarrollo de los sectores productivos siguen generando demandas crecientes de agua. Consecuentemente, en varias de las principales cuencas, los efectos de la sobreexplotación progresan, a pesar de las acciones emprendidas para frenarla; el suministro de agua a las grandes ciudades es cada vez más difícil de satisfacer, no obstante lo cual la población urbana sigue en aumento; la rentabilidad de la agricultura de riego por bombeo se ve comprometida por el incremento de los costos de extracción; el uso competitivo del agua subterránea ha provocado enfrentamientos físicos, legales o virtuales entre individuos, sectores, poblaciones y aún entidades políticas.

A todo esto se suma la seria amenaza del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Según los pronósticos, este fenómeno global provocará la disminución de la precipitación pluvial y el incremento de la temperatura en varias regiones de México, factores que a su vez redundarán en un decremento del escurrimiento superficial y de la recarga de los mantos acuíferos; la ocurrencia de sequías más severas, prolongadas y frecuentes, y el ascenso del nivel del mar, con la consiguiente disminución de la disponibilidad de agua dulce en los acuíferos costeros, derivada de la migración tierra adentro del agua marina, en la superficie y en el subsuelo.

El Libre Alumbramiento de las aguas subterráneas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que el agua es propiedad de la Nación. En cuanto a las aguas subterráneas, dispone que puede ser libremente alumbrada, lo cual significa que cualquier interesado puede construir una captación y extraer de ella el volumen de agua que requiera, sin necesidad de contar con un permiso o concesión de la Autoridad del Agua en turno, que actualmente es la Comisión Nacional del Agua. Pero a la vez, ese mandato constitucional faculta al Ejecutivo Federal para establecer ordenamientos que regulen su extracción (reglamentos y vedas) o suspender temporalmente su libre alumbramiento, siempre que existan causas de utilidad o interés público o cuando se afecten otros aprovechamientos.

En la época en que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) se tenía poco conocimiento de los recursos hídricos del país, especialmente de los subterráneos. No obstante, los legisladores dispusieron su libre alumbramiento porque en aquél tiempo el país tenía un desarrollo incipiente y una densidad de población relativamente baja -la población nacional era apenas de unos 14 millones de habitantes, mientras que ahora es de 105 millones-; por tanto, acertadamente juzgaron que no había razón para limitar la extracción y uso del agua subterránea, pues era lógico suponer que en general su demanda era de magnitud inferior al volumen renovable de los mantos acuíferos. Pero, al mismo tiempo, previeron que el crecimiento demográfico y el desarrollo de los sectores productivos, harían necesario regular su extracción y uso en un futuro mediato.

Hasta mediados del siglo XX, cualquier interesado pudo alumbrar o extraer libremente agua del subsuelo para todo uso y con ello fue aumentando la extracción de aguas nacionales subterráneas, a medida que lo requirió el desarrollo del país. A partir de los años "50", la explosión demográfica, la creación de extensas zonas de riego y el desarrollo industrial, generaron cuantiosas demandas de agua, que en parte tuvieron que ser satisfechas por el subsuelo, principalmente en las vastas regiones áridas y en las porciones centrales del territorio nacional, donde se concentró el desarrollo. Al identificarse indicios de sobreexplotación de acuíferos en varias cuencas, la Autoridad del Agua en turno inició, en 1948, el establecimiento de ordenamientos legales que condicionaban el otorgamiento de concesiones con base en los resultados de estudios técnicos, ordenamientos que ahora cubren un 55% del territorio nacional, quedando su porción complementaria, de 45%, en condición de libre alumbramiento.

Luego, en las décadas siguientes, se promulgaron leyes reglamentarias de la Constitución en materia de aguas nacionales. El instrumento reglamentario actual, la Ley de Aguas Nacionales, declara: que el agua es un bien público federal, vital, vulnerable y finito, cuya preservación, en cantidad y calidad, es tarea fundamental del Estado y de la sociedad, y un asunto prioritario de seguridad nacional; que la protección, el mejoramiento, la conservación y restauración de los acuíferos y el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales del subsuelo, son de utilidad pública, y que son de interés público la sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos.

En particular, para prevenir la generación de nuevos casos de sobreexplotación de acuíferos y corregir los ya existentes, la CONAGUA formuló una estrategia para el desarrollo sustentable de los acuíferos, que incluyen: el manejo de la demanda, las campañas de conservación y uso eficiente del agua, la participación activa de los usuarios organizados en la gestión del recurso, el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, la recarga artificial, la cosecha de agua de lluvia y la desalación de aguas salobre y marinas, entre otras acciones.

Pero estas acciones encaminadas a alcanzar la sustentabilidad hídrica, así como la mayoría de las disposiciones contenidas en la ley, no podían ser aplicadas cabalmente en las zonas donde aún prevalecía la condición de libre alumbramiento, esto es, en 45% del territorio nacional, y el proceso administrativo legal para eliminarla, aplicado casuísticamente, resultaba muy tardado y enfrentaba oposición de usuarios, sectores y autoridades de los diferentes niveles, que se oponían a un ordenamiento legal que limitara las extracciones de agua, por suponer que implicaría un freno para el desarrollo.

Y mientras, en esa porción del territorio nacional continuaba la construcción incontrolada de pozos y la extracción ilimitada de agua del subsuelo: en la última década, grupos organizados de productores agrícolas, con gran capacidad económica y técnica, se expandieron en los estados áridos del norte de México, donde adquirieron grandes extensiones de tierra y construyeron cientos de pozos en corto tiempo, para extraer importantes volúmenes de agua del subsuelo, probablemente mayores que la pobre recarga natural de los acuíferos, provocando la inconformidad de los concesionarios de las zonas de veda colindantes y, aún más, dando lugar a enfrentamientos violentos entre grupos de usuarios.

La suspensión del libre alumbramiento y la emisión de los subsecuentes ordenamientos particulares, no frenará el desarrollo; por el contrario, contribuirá a que éste sea sustentable, al estar basado en los volúmenes renovables del recurso hídrico, en lugar de que sea aparente y temporal por estar basado en una extracción libre e ilimitada a costa de una reserva finita del mismo. Tampoco afectará a los usuarios establecidos en las zonas que fueron de libre alumbramiento, sino que reconocerá y adecuará sus extracciones de agua, de tal manera que sean sustentables.

En esencia, de la suspensión del libre alumbramiento se derivarán los beneficios siguientes:

La Autoridad del Agua estará facultada para la aplicación cabal y consistente de la ley a nivel nacional, que regule las extracciones de agua conforme a su disponibilidad; Se dispondrá de un padrón de usuarios de las aguas subterráneas a nivel nacional, con lo cual todos ellos quedarán igualmente sujetos a las disposiciones de la ley; los usuarios tendrán certeza jurídica de sus derechos sobre sus volúmenes concesionados de agua, mediante su titulación y registro; se tendrá conocimiento de la magnitud y distribución espacial de las extracciones de agua en las zonas que fueron de libre alumbramiento, lo cual a su vez hará posible la determinación más precisa de los volúmenes renovables y de la disponibilidad de agua; tal conocimiento contribuirá al desarrollo sustentable, al proporcionar las bases técnicas para orientar su manejo conforme a su disponibilidad y distribución, y para prevenir o corregir la sobreexplotación de los acuíferos; contribuirá a prevenir conflictos entre los concesionarios sujetos a las disposiciones de las vedas y los usuarios de hecho que en zonas colindantes disfrutan del libre alumbramiento; permitirá adecuar el manejo del agua a escenarios hidrológicos cada vez más complejos y amenazados por el impacto del cambio climático,

En suma, la suspensión del libre alumbramiento y los ordenamientos consiguientes constituyen un gran paso en la gestión de los recursos hídricos, al proporcionar a la CONAGUA los elementos técnicos, administrativos y legales, para hacer viable la administración de la riqueza hídrica patrimonial que guarda el subsuelo.

Conforme a lo dispuesto en la LAN, los resultados de dichos estudios serán objeto de presentaciones públicas y de publicación oficial, como pasos previos para la emisión de los decretos respectivos.

¿Por qué era necesario suspenderlo en las zonas lluviosas del país?
Porque aun en esas zonas se prefiere captar agua subterránea para usos público-urbano, industrial y doméstico, por razones de costo, calidad de agua o facilidad de acceso, y con frecuencia su extracción sin control provoca efectos a terceros, además de impacto ambiental negativo. Pero otra razón de peso, generalmente ignorada, es que una parte significativa del agua que sostiene a los humedales, al caudal de los ríos durante las temporadas de estiaje, a los manantiales y a los ecosistemas costeros, proviene de la descarga natural de los acuíferos. Si la extracción de agua subterránea no se regula, ya no en cantidad sino en distribución espacial, pueden desaparecer esas descargas, que ya están parcialmente concesionadas como agua superficial o comprometidas con el medio ambiente.

¿Cuántos acuíferos consideran los ocho acuerdos?
Comprenden 333 acuíferos, diseminados en 23 entidades federativas y que ocupan, aproximadamente, el 45% del territorio nacional, donde prevalecía la condición de libre alumbramiento.

¿Por cuánto tiempo se suspenderá el L ibre Alumbramiento?
El Libre Alumbramiento no será restablecido, sino que será sustituido por el ordenamiento que se establezca en cada acuífero conforme a la disponibilidad de agua del mismo: un reglamento o una veda, según que el acuífero de que se trate tenga o no disponibilidad de agua; una reserva de agua cuando sea solicitada para usos prioritarios, generalmente el público urbano.

¿Qué pasa si los volúmenes registrados por los usuarios rebasan la disponibilidad de agua?
La Conagua vigilará en todo caso que el otorgamiento de concesiones se realice conforme a la disponibilidad efectiva del recurso, para lo cual se solicitará a los usuarios la acreditación de volúmenes realmente utilizados conforme a lo señalado en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. No obstante, si en el proceso de registro el volumen total que sea acreditado por los usuarios resulta superior a la disponibilidad de agua, se otorgarán las concesiones por volúmenes ajustados para que la extracción total no rebase la disponibilidad de agua. Concluido el registro de los usuarios establecidos, la CONAGUA procederá a tramitar el establecimiento de la veda.

¿Los Acuerdos emitidos implican algún perjuicio para los usuarios?
No los afectan; por el contrario, el control de las extracciones a través de un ordenamiento (veda o reglamento) les dará certeza jurídica a su derecho sobre sus volúmenes de agua concesionados, y sobretodo les asegurará a ellos y a sus sucesores el suministro permanente de agua, dando sustentabilidad a sus desarrollos.

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CONAGUA / Suspensión Provisional de Libre Alumbramiento

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Mediante ocho Acuerdos de Carácter General firmados por el Ejecutivo Federal, el día 5 de abril del año 2013 se suspendió provisionalmente el libre alumbramiento de las aguas subterráneas en todo el territorio nacional.

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Actividades cotidianas que ayudan a optimizar el agua en mi entorno

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Actividades cotidianas que ayudan a optimizar el agua en mi entorno

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1. Utilizar productos no contaminantes para la limpieza del hogar y nuestra higiene personal

2. Acondicionar un captador de agua de lluvia.

3. Reutilizar el agua de lavado para otras actividades de limpieza del hogar.

4. Acondicionar nuestro hogar para evitar el desperdicio en las descargas del inodoro, regadera, lavabo y fregadero, optimizando agua en cada uno de ellos.

5. Dar mantenimiento a nuestro hogar para evitar fugas.

6. Ser responsables en nuestra obligaciones en el pago de los servicios para que los gobernantes puedan hacer su parte.

7. Cambiar a una economía familiar circular.

8. Adoptar las 8 erres: reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, reincorporar, resistir y si encontramos otra también es aplicable.